Sentencia 2000-09578 de agosto 4 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. Exp. 11001-3103-009-2000-09578-01

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., cuatro de agosto de dos mil nueve.

EXTRACTOS:«La demanda de casación

El recurrente planteó tres cargos contra la sentencia impugnada, de los cuales se decidirán solo los dos primeros que tratan materias relacionados y están llamados a prosperar.

Primer cargo

Con invocación de la vía indirecta de la causal primera de casación, el censor denunció que hubo error de derecho, precisamente por desatención del deber de apreciar las pruebas en conjunto, como manda el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, equivocación que, por reflejo, produjo el quebranto de los artículos 928, 931, 934 a 942 del Código de Comercio; 1880, 1893, 1914 a 1927 del Código Civil y 210 del Código de Procedimiento Civil.

El recurrente hizo enseguida un recuento de las pruebas tenidas en cuenta por el tribunal, para luego aseverar que las mismas fueron apreciadas solo parcialmente, pues el vehículo materia del contrato era un “microbús marca Non Plus Ultra, con frenos de aire” y no marca Nissan como mencionó el juzgador de segunda instancia.

Para el casacionista se realizó apreciación fragmentaria de la comunicación mediante la cual el demandante autorizó a Non Plus Ultra S.A. para que efectuara el cambio del sistema de frenos (fls. 10 y 11, cdno. 1), pues “dicha autorización se hizo después de haber recibido el vehículo, cuando ya le habían fallado los frenos”.

Luego, el censor llamó la atención sobre la falta de valoración integral de algunos testimonios, en especial, trascribió apartes de las declaraciones de Carlos Escarpeta, empleado de la firma Non Plus Ultra S.A., Miguel Jonson Benítez Coy, trabajador de NTS, Francisco Javier Gacha Castro, ex empleado de NTS, elementos probatorios a partir de los cuales el recurrente insistió en que el automotor comprometido en la negociación era marca Non Plus ultra “montado sobre un chasis marca Nissan, pero en definitiva el vehículo adquirido es el que resulta de montar la carrocería sobre ese chasis, para lo cual el ‘carrocero’ debe hacer las conversiones y acoplamientos que sean necesarios, respondiéndole al comprador por la garantía de las mismas”.

Argumentó enseguida que al ensamblar la cabina Non Plus Ultra sobre el chasis Nissan, la demandada tuvo que convertir o acoplar los frenos y el sistema de carrocería, modificaciones para las cuales no obtuvo autorización del comprador; por el contrario, dichos cambios fueron realizados después de la entrega y en talleres elegidos por la vendedora.

Sostuvo el casacionista que ambas conversiones implicaron variación en el sistema original de admisión de aire, modificación “que en definitiva causó el daño del motor, lo cual constituye el vicio oculto”, al tiempo que resaltó cómo “el cambio del sistema de frenos se hizo con posterioridad a la fecha en que el demandante recibió el vehículo, por insinuación del representante legal de la demandada”, cuando los frenos del vehículo ya estaban averiados, todo lo cual, según el censor, demuestra que el demandante ignoraba el vicio oculto al momento de la entrega, en tanto que su antagonista sí lo conocía.

La ineptitud del automóvil para el fin previsto en el contrato —el transporte público de pasajeros— resulta “no solamente son las fallas que presenta en su sistema de frenos, sino el mal funcionamiento del motor causado por los acoplamientos hechos por la vendedora”, pues de acuerdo con el censor, “los daños en cuanto a la modificación del vehículo (chasis) en su originalidad, fueron ocasionados por la demandada, al acudir a una instalación de las carrocerías Non Plul (sic) Ultra, sin las técnicas establecidas por el mismo fabricante”, es decir, Distribuidora Nissan. En el mismo sentido, el casacionista argumentó que las fallas que presenta el vehículo, “fueron creadas y provocadas por la sociedad demandada, para poder acondicionar y vender el vehículo”.

Según el recurrente, los daños o vicios ocultos “sufridos por el automotor se presentaron con posterioridad a la entrega, vicios o defectos ocultos, cuya causa fue anterior al contrato, ignorados sin culpa por (sic) el comprador”, pues el rodante era nuevo y por lo tanto sus piezas no tenían desgaste alguno, defectos que, revelados después, impidieron que aquel pudiera cumplir con la destinación para la cual había sido adquirido el bien. Agregó que no existen medios de prueba de que el demandante tuviera conocimientos especiales de mecánica, porque su profesión de conductor, no implica ese saber técnico, para el cual se requiere ser mecánico o ingeniero de la especialidad.

Expuso que tampoco había elementos de convicción que apuntaran a que el comprador hubiera hecho reparaciones al vehículo sin autorización del vendedor, pero, en todo caso, descartó que las simples soldaduras a que se refiere el documento obrante a folio 19 cuaderno 1, tuvieran la “envergadura de ocasionar los desperfectos que ha sufrido el rodante”. Además, argumentó el censor, que el dictamen de la Nissan se refiriera a las modificaciones realizadas por la demandada, pues no hay piezas que permitan deducir que el automotor haya sido llevado a talleres distintos de los que esta ordenó.

Según la censura, hubo también una violación del tribunal a la carga de la prueba prevista en el artículo 935 del Código Comercio, pues correspondía al vendedor demostrar que el comprador conocía o debía conocer el mal estado de la cosa vendida al momento del contrato. Sin embargo, de acuerdo con el recurrente, ningún medio existe en el expediente que acredite ese conocimiento.

De otro lado, se denunció la infracción del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, pues el representante legal de la firma Non Plus Ultra S.A. no compareció al interrogatorio de parte decretado, por lo tanto, debió declararse a la demandada confesa de los hechos del libelo.

Finalmente, el casacionista aludió al artículo 230 de la Constitución, para invocar la sujeción de los jueces al imperio de la ley y la importancia de la prueba como fundamento de las decisiones judiciales.

Con los anteriores elementos, el recurrente concluyó que las pretensiones debieron tener buen suceso, ya que se acreditaron los elementos de la acción emprendida.

Segundo cargo

Con apoyo en la causal primera de casación, el censor denuncia errores de hecho que determinarían la vulneración de los artículos 928, 931, 934 a 942 del Código de Comercio y 1880, 1893, 1914 a 1927 del Código Civil.

Con un esquema argumental semejante al desarrollado en el primer cargo, el recurrente repasó nuevamente las pruebas apreciadas por el tribunal, para anunciar que vistos esos medios en su conjunto, conducirían a la prosperidad de las aspiraciones formuladas en la demanda.

Así, nuevamente sostuvo que la marca del vehículo es Non Plus Ultra, no Nissan como dijo el tribunal, y que la demandada hizo acoplamientos para montar la carrocería Non Plus Ultra sobre el chasis Nissan, cambio que implicó la modificación del sistema de admisión de aire, circunstancia desconocida para el comprador, y que produjo aquel daño del motor que es constitutivo del vicio oculto.

Según el recurrente, a despecho de lo que sostuvo el tribunal, la demandada carecía de la aprobación de la Distribuidora Nissan para realizar las conversiones y acoples, tampoco acudió a los concesionarios de esta, sino que envió el rodante al taller de la firma NTS, que carece de autorización del fabricante. Además, ningún medio suasorio muestra que el demandante hubiera elegido el taller para llevar a reparar el vehículo.

El censor protestó porque el juzgador de segunda instancia hubiera estimado de modo significativo el documento que refleja el pago por la soldadura y las reparaciones de yugos y collarines (fl. 19, cdno. 1), para dar por demostrado desde allí, que el demandante acudió a otro taller sin respaldo del demandado, cuando no se acreditó tal cosa; no obstante, si fuera cierto que así aconteció, “las simples soldaduras a que se refiere [el documento] no tienen la envergadura de (sic) ocasionar los desperfectos que ha sufrido el rodante”.

Recriminó al juzgador por dejar de lado que el dictamen de la casa Nissan se refiere a modificaciones y acoples realizados por la demandada, así como al mantenimiento que esta tenía que suministrar al comprador.

La crítica a la providencia comprende haber omitido que el artículo 935 del Código de Comercio coloca a hombros del vendedor, la carga de probar que el comprador conocía o debía conocer el mal estado de la cosa al momento del contrato.

Insistió en que no se estimó la confesión de la demandada, como efecto de la ausencia de su representante legal al interrogatorio de parte; por lo tanto, debieron presumirse ciertos los hechos de la demanda inicial y de la contestación de las excepciones, por no haber sido desvirtuada la confesión ficta, todo conforme al artículo 210 del Código de Procedimiento Civil.

Como agregado, el recurrente aludió al artículo 230 de la Constitución, para resaltar la vigencia del imperio de la ley en las sentencias y el valor de la prueba como fundamento de las decisiones judiciales.

Con ese análisis, el recurrente planteó el mismo corolario del anterior cargo, es decir, tuvo por satisfechos los presupuestos que estructuran la acción promovida por Pedro José Barón Pineda y la iniquidad del fallo.

Consideraciones de la Corte

1. La protesta del casacionista, como se ve, es semejante en ambos cargos y puede resumirse en que el tribunal no apreció la prueba que había en el expediente sobre la presencia de vicios ocultos en el automotor que vendió la sociedad Non Plus Ultra S.A. a Pedro José Barón Pineda, en particular, por las adecuaciones que desde un comienzo tuvo que hacer al vehículo, la calidad del motor; ora por las refacciones que el vendedor realizó en desarrollo de la garantía, circunstancias desconocidas por el comprador, según la tesis recién expuesta.

En el camino de resolver el asunto planteado, la Sala estima necesario pergeñar un análisis previo de la acción derivada de los vicios ocultos dentro del contrato de compraventa comercial, con el propósito de rememorar los aspectos más relevantes, el origen histórico, la consagración legislativa nacional y comparada de este instrumento corrector del contrato, así como el desarrollo doctrinal y jurisprudencial de antaño perfilado, para desde esa base conceptual emprender la decisión de los reproches probatorios elevados contra la sentencia del tribunal.

2. Una de las obligaciones del vendedor es procurar al comprador el saneamiento de hecho; siguiendo a Colin y Capitant, existe una obligación implícita del vendedor para procurar no solo una posesión pacífica sino útil de la cosa, “que responda al servicio que normalmente está en el derecho de esperar de la misma, el referido comprador” (1) . La desatención de esas obligaciones acarrea, aquello que la doctrina ha denominado acciones redhibitorias (2) , que tienen lugar en caso de que la prestación resulte defectuosa, es decir, cuando la sustancia del objeto no corresponde intrínsecamente a las cualidades prácticas determinadas en el acuerdo, en atención a que los compradores esperan de los bienes adquiridos un determinado nivel de satisfacción que induce a la celebración del contrato; así lo reconoce la ley cuando presume que “el comprador quiere adquirir la cosa sana, completa y libre de gravámenes, desmembraciones y limitaciones de dominio” (3) , por tal razón, en línea de principio, se entiende que los compradores llegan a una decisión racional de adquisición, que procura maximizar el provecho en la asignación de los recursos destinados a la compra de bienes; por ello, se intenta llegar al nivel o cota superior de utilidad del objeto y esa evaluación anticipada se erige en el motor de la voluntad de las partes. Por todo eso, la frustración de las expectativas legítimas del adquirente funda las acciones por cumplimiento defectuoso, de manera que en presencia de un desperfecto inherente a la cosa que le impide prestar el servicio para el cual fuera diseñado, o si esta opera en condiciones insatisfactorias, el vendedor deshonra sus compromisos y allí se origina la tutela jurídica que asiste a la reclamación del comprador.

El saneamiento de hecho es la garantía que ampara al comprador cuando el uso de la cosa revela vicios que permanecían ocultos hasta entonces, acción que tiene su antecedente remoto en la labor de los ediles curules romanos, por ello conservan hoy la nominación de acciones edilicias, pues con estas se pretendió limitar las argucias de los vendedores en la ominosa venta de esclavos, previsión que luego se extendió a los bienes muebles e inmuebles.

En las fuentes jurídicas que han llegado hasta nosotros, se atribuye a Cicerón el siguiente texto (III, 16, 66): “Num, quum ex duadecim tobulis satis esset ci praestari, qua essent lingua nuncu pata, quae qui infitiatus esset clupli poenam subirte, o iuris consultis etiam reticentiae poena est constituta. Quid quid enin esset in praedio vitti, id statuerunt, si venditor sciret nisi nominátin dictum essel praestari oportere. Ut, quum in arce augurium augures acturi essent iussissentque Ti. Claudium Centumalum. qui aedes in Cacho monte habebat. demoliri ea, quorum oltitudo afficeret auspiciis, Claudius proscripsit insulam, vendedit: emit P Calpurnius Lunarius. Huic ab auguribus illud idem denunciatum est. itoque Calpurnius quum demohitus esset cognossetque Claudium oedes postca proscripsisse, quam esset ab auguribus demaliri iussus, arbitrum illum adegit. Quid quid sibi dare facere oportereve ex pide bona. M. Cato sententiam dixit, huius nostri Catonis patet Ut enrm caeteri ex patribus, sic hrc, quid Ilud lumen progereuit, ex fha est nominandus. Is igitur iudex ita pronunciavit. ‘quum in vendundo rem eam scisset et non pronunciasset. emptori dammnum praestari opartere’. Erga ad fidem banam statuit pertinere notum esse emptori vitium, quod nosset venditor”. En este caso, los augures plantean la demolición de una casa propiedad de Claudio Centumalo en el monte Cello, porque impedía la práctica de los ‘auspicia’ debido a su altura. Sin embargo, Claudio Centumalo, lejos de ejecutar la orden de demolición, vende la casa a Calpurnia Lanario pero calla sobre la orden de demolición, ejecutada posteriormente sobre el nuevo propietario. Calpurnia Lanario acude ante el juez, Marco Catón, que señala en su sentencia la responsabilidad contractual del vendedor por vicios en la compraventa.

Para el ejercicio de estas acciones era imprescindible que los vicios revelaran la impropiedad de la cosa para el destino que se le anticipó, o disminuyeran sensiblemente su valor, que los defectos existieran con anterioridad a la venta, que permanecieren hasta al tiempo en que se hiciera uso del derecho y que el comprador ignorara tales defectos. Dos fueron los procedimientos que fijaron los romanos para el caso de vicios ocultos: la acción redhibitoria, por la cual se podía pedir la resolución de la venta, que se debía intentar dentro de los seis meses contados a partir de la fecha en que se hizo el contrato y la actio quanti minoris o estimatoria, por medio de la cual podía pedirse la disminución del precio pagado por el comprador.

Acerca del origen histórico de la institución comentada, importa resaltar también que, de acuerdo con un autorizado tratadista del derecho romano (4) , en realidad resulta difícil establecer cuál era la situación respecto de los vicios ocultos dentro del primitivo derecho romano, cuando la venta se hacía al contado, en particular, según Cicerón, porque “la ley de las XII tablas habría permitido al comprador reclamar una indemnización del duplo al vendedor de un inmueble que había afirmado fraudulentamente, en el comento de la venumdatio, un contenido inexacto; la jurisprudencia habría extendido esta disposición al caso en que hubiera ocultado a sabiendas los defectos del inmueble vendido. Lo que es cierto es que, más tarde, el comprador halló en el contrato verbis un medio de garantizarse contra los defectos ocultos, haciéndose prometer por el vendedor que la cosa estaba exenta de ellos. Esta promesa obligaba al vendedor a indemnizar al comprador por defectos descubiertos después de la venta. Estaba unida ordinariamente a la estipulación rem licere habere. Con frecuencia también estaba incorporada a la estipulación del doble del precio en caso de evicción, de manera que el conjunto era designado con el nombre de stipulatio duplae”.

“En ausencia de las estipulaciones de este género, se levantan frecuentes disputas, sobre todo en las ventas públicas de esclavos y animales. Los ediles curules, encargados de la jurisdicción respecto de estas ventas, tomaron medidas en interés de los compradores. He aquí el resumen. a) El vendedor debe conocer los defectos de que adolece la cosa. Que sea de buena o mala fe, si no los ha declarado al comprador, o si ha afirmado cualidades de que está desprovista, los ediles dan contra él dos acciones, entre las cuales el comprador puede escoger según su interés: 1ª La acción redhibitoria tiende a la resolución de la venta. Puede ser ejercitada durante seis meses útiles a contar del contrato, y tiende a una especie de in integrum restitutio. El comprador devuelve la cosa con los accesorios y los frutos. El vendedor debe restituir el precio con los intereses. Además, la acción parece haber tenido un carácter penal, pues si el vendedor se niega a hacer las restituciones, es condenado al duplo, y si las ejecuta, es condenado al simple. 2ª La acción aestimatoria o quantis minoris tiene por objeto obtener una disminución de precio. Puede ser ejercitada varias veces, a medida que el comprador descubre nuevos defectos, pero solamente durante un año útil a partir de la venta. b) El edicto hace obligatoria para el vendedor la stipulatio duplae, para garantizar al comprador contra los vicios y contra la evicción. Si rehúsa hacer esta promesa, el comprador tiene dos meses para ejercitar contra él la acción, en resolución de la venta, o seis meses para reclamar, si lo prefiere, una indemnización, quanti intersit”.

“Las disposiciones del edicto de los ediles fueron ampliadas a todas las ventas desde el principio del Imperio, Por otra parte, la venta se había convertido en esta época en un contrato consensual de buena fe, y el comprador encontró en la acción empti un nuevo recurso contra los defectos de la cosa: pudo ejercitarle, para obtener indemnización, cuando el vendedor era culpable de dolo”.

Asimismo, el Digesto XXI 1,1,1, preveía que “Los que venden esclavos, hagan sabedores a los compradores de la enfermedad o vicio que cada uno tenga, si alguno es fugitivo o vagabundo, o si no está exento de noxa; y expresen todas estas cosas claramente y como verdad, cuando se vendieren estos esclavos. Más si contraviniendo esto hubiere sido vendido un esclavo, o lo hubiere sido contra lo que se hubiere dicho o prometido, cuando se vendiese, por lo que se dijere que debe corresponderle daremos acción al comprador para que sea devuelto el esclavo”.

En el Ius Civile, la responsabilidad del vendedor por los defectos de la cosa, se limitaba a los eventos en que el vendedor garantizaba expresamente que el objeto estaba exento de vicio (dicta et primissa in vendendo, pero no in mancipando); cuando había ocultado las carencias dolosamente y en casos en que hubiera asumido la obligación de garantía mediante stipulatio (5) .

Distintas legislaciones, entre las cuales se destacan el Código Civil Español (art. 1484 y ss), el Código Civil Chileno (art. 1858), el Código Civil Alemán (art. 1486, Ap. 1), Código Suizo de las obligaciones (arts. 192 y 197), establecen métodos semejantes a los previstos en el derecho romano para establecer si un vicio es o no redhibitorio, con diferencias en cuanto a la gravedad de la deficiencia, pero con una convergencia: el término de prescripción resulta más corto frente al de la acción resolutoria general o proveniente de la condición resolutoria subentendida. Dicha circunstancia obedece a que los ordenamientos disponen de manera implícita unas cargas de diligencia para los compradores que pretenden ejercen tales acciones, pues como tiene dicho la Corte, la ley supone que “el comprador examina la mercadería con cierto detenimiento, y que si así no procediere por descuido, negligencia etc., sus efectos no son otros que los riesgos corren por su cuenta; o sea se expone a que los defectos que señale fuera del término reglamentario, sean estimados como no hechos o indicados, por expiración del plazo fijado para el reclamo de los vicios” (Sent. Cas, mar. 27/52, GJT LXX, pág. 510), todo ello, salvo que la naturaleza de los empaques o envases impidan la debida inspección. Las prescripciones más cortas no se explican solo porque se trate de asuntos mercantiles, pues el propio Código Civil fijó términos semejantes para impetrar tanto la acción redhibitoria como la estimatoria (C.C., arts. 1923 y 1926), aunque se mantienen diferencias en los términos, en consideración al tipo de bienes, muebles o inmuebles, sobre los que recaiga el contrato. Además, en materia comercial existen otras acciones en cabeza del comprador en caso de que haya reparos sobre la calidad del objeto, como la abstención frente a la entrega, prevista en el inciso 2º del artículo 913 del Código de Comercio y la alegación en cuanto a la calidad del bien, hecha luego de la entrega, como establece el inciso 2º del artículo 931 ibídem.

En general, las dos acciones que históricamente emanaron de los vicios de la cosa son la redhibitoria (que el C. Co. designó con el apelativo de resolutoria), y la de rebaja del precio, estimatoria o quanti minoris, que tienen como premisas, siguiendo la jurisprudencia de esta corporación: 1. Que el vicio sea grave y no leve, porque no puede consistir “en imperfecciones o defectos que incomoden o desagraden al comprador, ni de factores extraños al uso natural de la cosa vendida... —por— estorbar del todo el uso ordinario del bien enajenado o por reducirlo en forma considerable” (6) ; 2. Debe ser oculto para el comprador, es decir, que lo ignore sin culpa de su parte; 3. Tener causa anterior al contrato; 4. Hacerse patente después de la entrega; y 5. Ser alegado dentro de la oportunidad concedida por el artículo 938 del Código de Comercio, es decir, seis meses contados a partir de la entrega. Para efectos de la acción estimatoria, debe tenerse en cuenta que para calcular la magnitud de la merma del precio, es necesario “hacer una aparente proporción entre el precio convenido y el valor real depreciado del bien vicioso, y se dice aparente pues la proporcionalidad se refiere a la comparación del deprecio que con motivo del vicio experimenta el objeto vendido con el precio convenido” (Sent. Cas. Civ., ago. 29/80).

Sobre esta doble posibilidad de accionar, en caso de defectos desconocidos que inutilicen la cosa, la Corte ha señalado que “tales pretensiones pueden formularse autónoma e individualmente, o acumulándoles una pretensión eventual consecuencial que tenga como objeto la indemnización de los perjuicios, siempre que el vendedor haya conocido o debido conocer los defectos de la cosa al tiempo de la negociación, pues como lo tiene definido la doctrina de la corporación, ‘... sin embargo de que ambas hallan su razón de ser en la garantía que gravita sobre el vendedor en favor del comprador, es lo cierto que la presencia del vicio oculto no da lugar, per se , a la indemnización de perjuicios; esta, como se acaba de anotar, depende del conocimiento que el vendedor hubiera tenido o debido tener, al tiempo del contrato, del vicio o defecto, en lo cual se palpa una diferencia cardinal con la acción resolutoria común (C. Co., art. 870 y C.C., art. 1546), pues en esta el resarcimiento sí está ligado, sin consideraciones adicionales, al incumplimiento de la obligación en el que se hace descansar la resolución’”. (Sent. Cas. Civ., ago.12/88).

Desde otra perspectiva, con el fin de puntualizar cuándo el vendedor ajusta su conducta a los fines del negocio, para así estabilizar las expectativas contractuales, puede acudirse a algunos criterios que suministra la doctrina (7) , según los cuales hay incumplimiento cualitativo, en el caso de la compraventa, si se entrega un objeto deteriorado cuando se había pactado uno en condiciones normales de funcionamiento; en la misma forma, existe cumplimiento imperfecto si el objeto tiene vicios que impiden su uso natural u obstan la utilidad que impulsa a la celebración del contrato (cumplimiento defectuoso) o generan una diferencia inexplicable entre lo pagado y lo que eventualmente se hubiera dado por él, de haberse conocido el desperfecto.

En suma, la naturaleza del defecto determina la posibilidad que tiene el comprador de ejercer la acción resolutoria derivada de los vicios ocultos. La Corte, a partir de las necesidades básicas del comprador en el intento de cumplir el propósito acordado por las partes y en presencia de los vicios del bien materia de la compraventa, juzgó que el vendedor otorga la garantía de buen funcionamiento, que comprende las obligaciones de “reparar e indemnizar los perjuicios causados por el vicio, [por lo tanto] es del caso concluir que el artículo 932 del Código de Comercio no otorga al comprador acción resolutoria per se ni tampoco en concordancia con el artículo 870 ibídem aun en el evento en que el vendedor incumpla con la aludida obligación de garantía, porque de ser así, cualquier defecto de funcionamiento, por insignificante que fuera, daría lugar a este resultado con notorio quebranto de la seguridad y estabilidad que debe reinar en los negocios mercantiles. Otra cosa es que, por ser el vicio de mayor entidad, tal como acontece cuando hace impropia la cosa para su natural destinación o no permite utilizarla en el fin previsto al adquirirla, este genere resolución contractual, porque en tal supuesto se está frente a la situación del artículo 934 del Código de Comercio, que sí da cabida y amerita el ejercicio de la acción resolutoria” (Sent. Cas. Civ, sep.11/91). Y sobre la aptitud del bien vendido, la Sala estableció en la misma providencia trascrita que “si el defecto de la cosa implica además que ella no es apta para su natural destinación o para la finalidad tenida en cuenta al comprarla, el adquirente, fuera de la acción indemnizatoria que pueda ejercitar al abrigo de la garantía de funcionamiento que se le ha dado —artículo 932 del Código de Comercio—, podrá hacer valer también, alternativamente, la acción resolutoria o la de rebaja del precio, en su caso, que se consagra genéricamente para los vicios ocultos en la última disposición —artículo 934 del Código de Comercio— ”. Para luego agregar en aquel fallo que los “vicios intrínsecos de la cosa vendida otorgan de ese modo al comprador que ya la ha recibido, no solo la acción indemnizatoria por el defecto funcional de que trata el artículo 932 del Código de Comercio, sino las consagradas en el artículo 934 ibídem, norma esta que última que al efecto expresa: ‘Si la cosa vendida presenta, con posterioridad a su entrega, vicios o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el comprador, que hagan la cosa impropia para su destinación o para el fin previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la resolución del mismo o la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador opta por la resolución, deberá restituir la cosa al vendedor’; en uno y otro caso mediante la vía del procedimiento ordinario...” (Sent. Cas. Civ., sep.11/91, ya citada).

En otra ocasión en que la Corte estudió la gama de acciones con que cuenta el comprador para remediar el incumplimiento del vendedor, doctrinó que la principal obligación de este “es la de entregar la cosa, pero además de la entrega está la de procurar el dominio y la posesión en el comprador y el aprovechamiento útil de la cosa. Cuando el vendedor desatiende esos deberes permite al comprador instar el cumplimiento o entrega o la resolución del contrato, y en ambos casos con indemnización de perjuicios (C.C., arts. 1546 y 1882 y C. Co., art. 870)… bien puede acontecer que la cosa no sirva para su normal uso o solo sirva imperfectamente para lo cual el Código Civil estatuye la acción redhibitoria y la estimatoria o de rebaja del precio (art. 1917 reiterado en el C. Co., art. 934). Empero el ordenamiento mercantil va más allá en lo atinente a esas modalidades de garantía de la cosa en cuanto permite discutir, por los trámites de un proceso verbal (sic) sobre la calidad, cantidad y sanidad (arts. 914, 915, 916, 931,939), o sobre el funcionamiento (art. 934)” (Sent. Cas. Civ., jul. 23/86 GJT. CLXXXIV, pág. 130).

Ante la importancia de establecer cuál es la acción indicada cuando se trata de un objeto cuyo funcionamiento no es el esperado, la jurisprudencia ha puntualizado que “si la garantía por mal funcionamiento comprende solo una acción reparatoria e indemnizatoria, cuando el comprador demanda la resolución del contrato en consideración a que el vicio de la cosa que recibió no le permite destinarla al uso para el cual fue adquirida, lo que está ejerciendo es la acción consagrada en el artículo 934 del Código de Comercio” (Sent. Cas. Civ., sep.11/91, ya citada).

Vinculado con lo anterior, la Corte en un fallo más reciente reconoció que en medio de la problemática de las acciones derivadas de los desperfectos de los objetos vendidos, se encuentra también la defensa de los derechos de los consumidores, pues el desarrollo y la evolución “de la industria, la producción en serie, la masificación de las relaciones jurídicas y económicas, el mercadeo y la distribución comercial, entre otros factores, han sido determinantes para el surgimiento de una disciplina de orientación tuitiva que se ha denominado derecho del consumidor o, para otros, del consumo, esencialmente caracterizada por regular lo que concierne a los consumidores y a las relaciones de consumo” (Sent. Cas. Civ., mayo 3/2005, Exp. 0442101).

La providencia recién citada estudió el concepto de “consumidor”, a partir de la definición legal prevista en el literal c. del artículo 1º del Decreto 3466 de 1982 (normatividad expedida con apoyo en la L. 73/81); el artículo 78 de la Constitución Nacional y en el análisis del derecho comparado, entre otras, la Ley 24.240 de 1993 de la República Argentina, la Ley 8.078 de 1990, modificada por la Ley 9.298 de 1996, así como la Directiva 93/13 de la Unión Europea adoptada el 5 de abril de 1993, la Ley italiana 52 de 6 de febrero de 1996 y la Ley española 26 de 1984, modificada por la Ley 22 de 1994.

En ese mismo contexto, la Sala estimó que al amparo del artículo 78 de la Constitución, “puede afirmarse que la tutela efectiva de los intereses de los consumidores y usuarios, habida cuenta de la posición de inferioridad o debilidad que ordinariamente ocupan en el tráfico mercantil y la asimetría que caracteriza sus relaciones jurídico-económicas con los distribuidores o fabricantes (8) , no puede verse restringida o limitada por el principio de la relatividad de los contratos, cuyo alcance, por cierto, tiende cada vez a ser morigerado por la doctrina jurisprudencial (9) , puesto que, con independencia del vínculo jurídico inmediato que ellos pudieran tener con el sujeto que les enajenó o proveyó un determinado bien o servicio, las medidas tuitivas propias de su condición han de verse extendidas hasta la esfera del productor o fabricante, como quiera que este es quien ha gestionado, controlado o dirigido el diseño y elaboración del producto, entre otros aspectos, así como ha determinado ponerlo en circulación o introducirlo en el mercado, adquiriendo, por contera, un compromiso en torno de la calidad e idoneidad del mismo, por lo que, desde luego, no puede resultar ajeno o indiferente a sus eventuales defectos o anomalías, ni a los peligros o riesgos que estos pudieran generar, como tampoco a las secuelas de orden patrimonial que llegaren a afectar a su destinatario final —consumidores o usuarios— o a terceros, con lo que queda claramente establecida una ‘responsabilidad especial’ de aquel frente a éstos —ex constitutione— (10) , que los habilita para accionar directamente contra el fabricante en orden a hacer efectivas las garantías a que hubiere lugar o a reclamar el resarcimiento de los daños que les fueran irrogados, sin que tal potestad pueda ser coartada por la simple inexistencia de un vínculo de linaje contractual, pues un entendimiento semejante no acompasaría con las directrices inequívocamente fijadas por la Carta Política, pues, como se sostuvo en el fallo que sujetó la constitucionalidad de los artículos 11 y 29 del decreto 3466 de 1982 precisamente a la existencia de una acción directa del consumidor frente al fabricante, ‘el productor profesional produce para el mercado, se beneficia del mercado y debe responder ante el mercado’ (11) ”(Sent. Cas. Civ., feb.7/2007, Exp. 0009701).

De vuelta a las acciones derivadas de los vicios redhibitorios, la Corte expuso que el ejercicio de estas se encuentra subordinado a que la cosa “vendida padezca un defecto que impida totalmente su uso natural, o que reduzca dicho uso al extremo que permita presumir lógicamente que habiendo conocido el comprador dicho vicio, no habría comprado el bien o lo habría negociado por un precio menor. Por tanto, no es cualquier defecto el que da origen a la acción, sino aquel que se torna grave, en cuanto en verdad impide o estorba el uso ordinario del bien enajenado.

“Pero además de ser grave, el vicio redhibitorio debe ser oculto para el comprador; es decir, que este debió ignorarlo. El vicio tiene esta calidad de oculto para el comprador cuando el vendedor no se lo ha puesto en conocimiento y cuando es tal que el adquirente lo ignora sin culpa grave de su parte, o no puede conocerlo fácilmente en razón de su oficio o profesión. Por consiguiente, no será vicio oculto o redhibitorio el denunciado por el vendedor, ni el que ha podido ser conocido o descubierto fácilmente o sin mayor esfuerzo por el comprador, cuestión esta que el juzgador debe examinar apreciando objetivamente el comportamiento de dicha parte contratante, en aras de definir si su ignorancia del vicio puede estimarse libre de culpa grave y, por tanto, si el defecto debe o no reputarse oculto” (Sent. Cas. Civ., ago.6/2007, Exp. 15701).

En apretada síntesis, el vendedor incurre en responsabilidad si el objeto que entrega carece de las aptitudes y características funcionales, que pueden ser legítimamente esperadas por el comprador, expectativas fallidas como consecuencia de los vicios ocultos que hay en la cosa, ignorados por el adquirente sin su culpa, siendo indiferente que el desperfecto venga de la conducta del vendedor, anterior a la entrega del bien en desarrollo de los compromisos de este, o subyazga en el objeto mismo, porque en ambos casos, el contratante debe salir al saneamiento del bien y en consecuencia asumir los efectos negociales que su contraparte aguarda ante la frustración de sus expectativas.

3. Rememórase que el planteamiento de la censura atañe a que las modificaciones iniciales realizadas por el vendedor al vehículo objeto de la venta y las reparaciones posteriores generadas por tales cambios, repercutieron de tal manera en el funcionamiento del vehículo, que estructuraron los vicios ocultos fuente del reclamo, elementos que aparecen en el expediente y cuya apreciación, según el censor, omitió el tribunal.

En primer lugar, advierte la Corte que la génesis del contrato celebrado entre las partes, está constituido por el pedido Nº 4668 realizado por el futuro comprador el 21 de diciembre de 1998 (fl. 2, cdno. 1 y 57, cdno. 6), documento que deja ver que el objeto encargado al vendedor era un microbús intermedio, marca Non Plus Ultra modelo 1999, con capacidad para 16 pasajeros, color gris metalizado, verde dorado, vehículo por el cual se acordó un precio de $ 51.000.000, suma que debía ser pagada como aparece en el mismo instrumento.

Pero un detalle de la mayor importancia refulge dentro de las especificaciones visibles en el documento aludido, pues allí se consignó que el automotor llevaría “freno de aire”, elemento novedoso si se contrasta con la denominada ficha técnica (fl. 6, cdno. 1), que establece cómo originalmente el automotor estaba dotado con un sistema hidráulico de frenos y así fue importado, a pesar de lo cual fue ofrecido y vendido con una modificación estructural relacionada con el sistema de frenos.

Determinado ese puntal, de entrada queda en evidencia el yerro del tribunal que se denuncia en la censura, pues la averiguación sobre quién hizo las alteraciones en el sistema de frenos, arroja nítidamente que el vendedor se comprometió a tal refacción desde el comienzo de la negociación. Ahora, la importancia del dato recién visto es innegable, pues nótese que la factura de venta se expidió textualmente, con apoyo en el “pedido 4668” (fl. 3, cdno. 1 y 58, cdno. 6), de donde viene que entre el objeto original y el finalmente vendido al comprador, mediaba una transformación importante en cuanto al mecanismo de frenos que, por supuesto, debía asumir el vendedor con todas las secuelas.

A partir de esa circunstancia, la apreciación de las demás pruebas cambia en forma radical, pues aunque el tribunal alude a una comunicación sin fecha, que acreditaría la intención del comprador de que fueran instalados los frenos de aire, dicha misiva, permite ver que Pedro José Barón Pineda informó al vendedor, en primer lugar, acerca de los “problemas que presenta el sistema de frenos que le fueron instalados al vehículo que adquirí en su ensambladora” (fl. 10, c.1), proposición que señala claramente cómo, para aquel momento, los inconvenientes respecto de los frenos ya se habían presentado, al igual que la instalación del nuevo sistema, porque así se deduce de otros elementos comunicativos de la misma carta, en especial, que la primera falla del vehículo se presentó por “una fuga de aceite que presentaba en el compresor dicha fuga fue solucionada a medias posteriormente y por haberse estallado una manguera el vehículo sufrió daños en la carrocería y en la parte delantera sufrió abolladuras el radiador se llevó a la cede (sic) del norte con el fin de que fueran corregidas las fallas presentadas puesto que las cámaras pegaban con el chasis al hacer esta corrección los yugos quedaron resentidos y posteriormente se partieron de cada hecho de las fallas se han comunicado telefónicamente a sección de mantenimiento en dos ocasiones se ha partido la campana delantera izquierda la que ha sido repuesta por el señor instalador”. Resulta nítido entonces que para cuando se produjo la comunicación trascrita (fl. 10, c.1), ya se habían manifestado los primeros desperfectos en el funcionamiento del automotor, lo cual excluye tajantemente que esa nota pudiera ser entendida como una iniciativa del comprador para propiciar, forzar o exigir el cambio del sistema de frenos.

También puede leerse en la misma nota que efectivamente el comprador alude a que “en la entrevista con don Pablo le expresé los motivos por lo que me parecía más efectivo y seguro instalar frenos de aire, lo agreste de al (sic) topografía exige máxima seguridad del frenado por lo empinado de una buena parte del corredor vial por la (sic) cual transita esta empresa” (fl. 10, c.1). Sin que pueda inferirse de allí, como hizo el tribunal, que apenas se estaba solicitando en ese momento la instalación del freno de aire, pues como ya se dijo y se comprueba con el pedido (fl. 3, cdno. 1 y 58, cdno. 6), este sistema neumático era parte de los compromisos del vendedor desde la época en que apenas despuntaba la relación negocial.

Agrégase que visto nuevamente el escrito aludido, de este puede deducirse que Pedro José Barón Pineda solicitó “comedidamente le sea reemplazo (sic) el sistema actual por uno de mejor calidad” (resalta la Corte), dato que también descarta la tesis del juzgador censurado, según el cual, el demandante tuvo la iniciativa, desde un comienzo y antes de las fallas, sobre el cambio del sistema frenos. Por el contrario, si alguna participación tuvo el comprador y alguna opinión emitió este, tal cosa aconteció cuando ya habían aflorado los problemas, dato este a partir del cual el tribunal endilgó un protagonismo inexistente al demandante, a quien se puso por ese equívoco en autor de su propia desgracia.

Ahora, nótese que si bien no existe prueba pericial sobre el estado del vehículo, en tanto el dictamen solicitado por el demandado se consideró desistido porque el interesado no consignó la suma señalada como gastos de la pericia (fl. 167, c.1), es cierto que hubo modificaciones básicas, entre otras, al sistema de frenos, cambios que señalan al proveedor como responsable, pues así se comprometió desde los albores del vínculo contractual, lo cual lleva a concluir, que si el vehículo falló como consecuencia de los arreglos o ajustes proyectados por el vendedor, a este corresponde asumir las consecuencias, pues el vicio oculto siempre estuvo ahí.

Como elementos de convicción para acreditar que el vicio se originó en tales modificaciones, el cargo menciona, tanto el informe de la Distribuidora Nissan (fls. 26 y 27, cdno. 3), como la prueba testimonial.

El informe se constituye en un documento declarativo emanado de tercero (12) , sin que sea menester la ratificación de su contenido por parte del autor, no solo porque así lo autoriza el numeral 2º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998 (L. 794/2003, art. 27, num. 2º), sino también en razón a que las partes admitieron sin protestar, tanto las conclusiones vertidas en aquel, como la prestancia de la autoridad que lo elaboró, además de haber sido incorporado legalmente a la controversia mediante el auto que decretó las pruebas del proceso (fl. 149, c.1).

Recuérdese que el motor del vehículo se había reparado a finales de 1999 en el taller NTS S.A., por eso, ante una nueva falla esta entidad solicitó un informe a la concesionaria Nissan, opinión técnica que se aportó con la contestación al llamamiento en garantía (fl. 26 y 27, cdno. 3), documento que refleja el examen del vehículo Nissan Trade 100 serie Nº CKDKE0558XC000658, motor Nº BD30DLZ113500 de placas SKO 289. En ese escrito se consignó que en la dicha máquina se halló “la presencia de una exagerada cantidad de contaminantes (tierra) dentro del ducto de admisión de aire entre la carcasa del filtro de aire (filtro que no es original) y el turbo alimentador. Contaminante que se ha introducido al sistema a través del ducto plástico que une la carcaza (sic) del filtro de aire con el turbo. Ese ducto plástico presenta en sus extremos una deformación bastante pronunciada la cual es un canal de suministro permanente de arena al interior (sic) del motor, que sin lugar a dudas provocara (sic) el desgaste prematuro de sus partes internas tales como: anillos, guías de válvulas, camisas de cilindros, etc y desde luego el daño inmediato del turbo cargador por ser este, el primer componente que deteriora la entrada de tierra en su debastador (sic) recorrido al interior (sic) del motor” (fl. 26, cdno. 3). Del fragmento trascrito puede deducirse que una entidad autorizada hizo un exhaustivo análisis del automotor, como aceptan las partes, y que este arrojó como resultado que el ducto de admisión del aire es el causante de todas las anomalías presentadas en el vehículo, pues este permitió la entrada de elementos extraños al sistema mecánico, que por abrasivos provocan distorsiones en el funcionamiento del mismo y aparejan el deterioro prematuro de los componentes del motor.

Seguidamente el mencionado informe de la Distribuidora Nissan expresa, que la deformación de la aludida tubería fue provocada “por quien en algún momento removió este sistema, y por desconocimiento e irresponsabilidad instaló el componente defectuoso sin medir las graves consecuencias”, circunstancia que apreciada conjuntamente con la trascripción realizada arriba, reflejan de un lado, el impacto producido por la modificación en los ductos de admisión del aire al motor y ratifican que hubo estas alteraciones de los componentes originales del vehículo, así como las consecuencias que vinieron de ellas, de donde se sigue que si todas esas variaciones estaban, desde el principio, a cargo del vendedor, también lo señalan a él como responsable del deterioro del bien y del incumplimiento del negocio jurídico.

En el mismo sentido, el documento comentado agrega que el vehículo presentaba una “modificación en su sistema de frenos original, este sistema ha sido transformado a freno de aire y el compresor de aire presenta fugas de aceite, que es el aceite del mismo motor”, aspecto que permite corroborar que hubo cambios en el sistema original de frenos, que causaron el escape de fluidos del mismo motor, de donde emerge que establecido como está que esa transformación corría por cuenta del vendedor, puede verse claramente que tal adaptación de la forma original del vehículo quedó mal implantada, situación que, recuérdese, generó la primera varada del vehículo ante la fuga de aceite por el compresor de aire.

En torno de la transformación realizada sobre el sistema de frenos, evócase que el testigo Miguel Jhonson Benítez Coy, que dijo ser ingeniero mecánico, Jefe de taller de NTS, expresó que hubo cambios en el vehículo “específicamente al diseño original del sistema de frenos, originalmente traía un sistema hidráulico y fue reemplazado por un sistema neumático lo cual (sic) tuvieron que añadirle al motor un componente que no es original, que es el compresor de aire y el añadirle esto tuvieron que hacerle variación a los ductos de entrada de admisión de aire que va al turbo” (fl. 14 cdno. 6). La formación y ocupación del testigo, dejan ver en él una mejor perspectiva del asunto, pues su versión trasmite mayor persuasión, en la medida en que sus dichos vienen soportados en el conocimiento acerca de los aspectos técnicos de los vehículos, en especial, por haber atendido las reparaciones del objeto implicado en esta controversia.

La circunstancia de existir un conocimiento especializado del testigo, permite a este agregar a su narración algunas percepciones calificadas que contribuyen a una mayor convicción en el ánimo del juzgador, tanto que inclusive la Corte ha reconocido que en ausencia de dictámenes periciales, los testimonios técnicos pueden aportar importantes elementos de juicio (13) .

Resáltase igualmente que anudada esta última prueba con el informe de la Distribuidora Nissan, puede establecerse que el componente de admisión de aire permitió el ingreso de elementos contaminantes o abrasivos al motor y si el testigo técnico informó que el cambio en el sistema de frenos implicaba una variación en el mecanismo de admisión del aire, necesariamente hay que concluir que esa modificación en los frenos percutió en la admisión del aire del motor del microbús y produjo graves daños, que luego fueron atendidos en los talleres de NTS, como se explica enseguida.

Y es precisamente la reparación del motor efectuada en diciembre de 1999, a costa e iniciativa del vendedor con la fuerza demostrativa que tiene como indicio, (fls. 15, cdno. 1; 63 a 68, cdno. 6; fl. 81, cdno. 1), el hecho que a su vez vigoriza la ocurrencia de una cascada de irregularidades en el funcionamiento del microbús, tanto por las transformaciones iniciales realizadas a este, como las demás reparaciones posteriores hechas al mismo, de todo lo cual se deriva sin esfuerzo, el reconocimiento tácito del demandado acerca de las múltiples dificultades de ajuste y operación del bien vendido, porque ninguna otra circunstancia podría inferirse de la actitud esmerada del vendedor, salvo la de que cumplir o prestar la garantía implica admitir que los daños del automotor tenían origen en la mala calidad del objeto entregado con ocasión del contrato de compraventa celebrado entre las partes, pues estaba desprovisto del sistema idóneo de frenos y el intento de implantar un injerto fracasó.

Esa reparación de motor, cuyo costo fue asumido, reitérase, por el vendedor, sirve además para restar fuerza a otras refacciones sobre el vehículo, y si las hubo, como se sugirió, no fueron relevantes en el resultado final determinado por defectos ex ante. Es que de haberse hallado alguna manipulación mecánica trascendente ejecutada por el comprador, el demandado habría podido invocarlas legítimamente para abstenerse de prestar las costosas e inútiles reparaciones brindadas como garantía. En otras palabras, cómo explicar que el vendedor entregara el vehículo en marzo de 1999 y en diciembre del mismo año, ofreciera y aceptara pagar la reparación total del motor por una suma superior a nueve millones, en un automotor con uso menor a un año, si no fuera porque consciente estaba de los alcances de su responsabilidad en los defectos que provocaron luego la ruina del microbús materia del negocio.

Para despejar cualquier duda, el propio demandado admitió en la contestación al hecho doce de la demanda que como “el vehículo llevaba trabajando más de ocho meses, la garantía consistió en la reparación general del motor y cambio del sistema de turbo. El valor de la reparación ascendió a la suma de nueve millones cuatrocientos trece mil seiscientos ochenta y nueve pesos ($ 9.413.689) m/cte. pagada por la sociedad demandada Non Plus Ultra S.A. a NTS, National Truck Service S.A. mediante comprobante de egreso Nº 066354 que se anexa como prueba” (fl. 81, cdno. 1). De la voz del otrora vendedor aparece que la reparación del motor fue total, pues a la contestación del hecho catorce y tras pedir prueba sobre la nueva falla del microbús después de la reparación, Non Plus Ultra expresó que “Origina este hecho duda sobre su veracidad toda vez que la reparación realizada al motor y turbo fue total”, para añadir luego a propósito del hecho quince que “al vehículo de placas SKO 289, nuevamente se le cambió el turbo y la bomba de inyección” (fl. 81, cdno. 1).

También el ya aludido testigo Miguel Jhonson Benítez Coy afirmó que “ese vehículo ingresó a las instalaciones en diciembre de 1999, tenía problemas e inconvenientes con el motor, ingresó allá y lo envió Non Plus Ultra, en NTS, le efectuamos la reparación autorizada por el momento por Non Plus Ultra, la reparación de motor, salió más o menos 23 (sic) de diciembre de ese mismo año” (fl. 11, cdno. 6). Después, se insiste, la versión corrobora que no hubo costo para Pedro José Barón Pineda, en tanto “pasó más o menos un mes, el cliente jorge (sic) barón llamó a NTS, a solicitar que se le había presentado una falla al vehículo, pues como el vehículo estaba en garantía de reparación fue atendido el llamado de él, se atendió el vehículo en una sede que tenía NTS, en Duitama (Boyacá) se le hicieron unas correcciones necesarias al vehículo, se puso en operación nuevamente sin generarle ningún costo al cliente” (fl. 12, cdno. 6).

De otro lado, juzga la Sala que nunca se demostró que el comprador conociera, pudiera o hubiera debido conocer el vicio de la cosa, pues en realidad la profesión de transportador no habilita para vaticinar el resultado de las modificaciones que se introducirían en el sistema de frenos, es decir, un conductor no está obligado a superar el estado de ignorancia sobre los vicios ocultos del automotor, cuando estos provienen de las modificaciones realizadas por el vendedor especializado, ni tendría cómo saber las implicaciones de tales cambios sobre la totalidad del funcionamiento del rodante.

De manera que en ese contexto no puede endilgársele incuria al comprador, como para calificarlo desde el reproche como sujeto carente de buena fe e indigno de recibir el respaldo del ordenamiento legal, de donde viene que el comprador no conocía ni estaba obligado a conocer los vicios del objeto. No obstante, el tribunal indebidamente supuso que Pedro José Barón Pineda debía saber la existencia del vicio. Vistas bien las cosas, el comprador no tenía cómo saber que las modificaciones ofrecidas en el “pedido” quedarían mal implantadas y causarían la multiplicidad de desperfectos en el funcionamiento del automotor, pues se manifestaron luego de la entrega del mismo, anomalías que cambiaron el rumbo de la relación negocial, tanto, que el bien adquirido, en lugar de servir para la destinación natural, terminó inmovilizado en el taller de NTS, y luego retenido a órdenes del juzgado que tramitó el proceso ejecutivo para el cobro de la obligación contraída para financiar la operación de compra.

En suma, el vendedor modificó el vehículo para satisfacer su oferta de entregar el automotor con una modalidad de frenos distinta a la original, de allí se derivó una cascada de infortunios mecánicos que fueron in crescendo hasta ocasionar la necesidad de reparación de buena parte del mecanismo de funcionamiento, arreglos inútiles que finalmente produjeron la aniquilación y que se muestran por el resultado, que las propiedades naturales del objeto no lo hacían apto para los propósitos que fueron determinantes del contrato.

Y en buen romance, esas son las bases de la demanda, que en ningún momento fueron avistados por el tribunal a la hora de denegar las pretensiones del demandante, con lo cual se acredita la trascendencia o impacto del yerro denunciado en la sentencia recurrida.

Entonces, los cargos analizados tienen buen suceso.

4.En sede de instancia, se impone la revocación de la sentencia de primera instancia, rememórase que fue denegatoria de las pretensiones, pues concurren los requisitos para la prosperidad de la acción de saneamiento, como quedó patente a propósito de los argumentos expuestos para resolver el recurso de casación. Por lo tanto, resta únicamente fijar las consecuencias de la acción redhibitoria aludida en las pretensiones.

5. La Corte ha sostenido como efecto específico de la acción resolutoria derivada de los vicios redhibitorios, la imposición de las restituciones mutuas, al paso que “el comprador tendrá derecho a solicitar indemnización de perjuicios, resarcimiento que se decretará solo si se comprueba que el vendedor conocía o debía conocer el vicio o imperfección de la cosa, al tiempo de la venta (Sent. Cas. Civ., ene.14/2005, Exp. 7524).

En relación con las restituciones mutuas, se hace necesario ordenar el retorno a la posición precontractual con restitución a cada uno de lo entregado con ocasión del negocio cuya resolución se decreta.

Respecto a la devolución de los dineros que el comprador pagó al vendedor, dentro del expediente se acreditó que el demandante realizó pagos por $ 26.108.004, pagos que pueden ser discriminados por fecha, monto y medio de prueba que lo acredita, en el siguiente cuadro:

21 de diciembre de 1998$ 3.000.000 (fl. 79, c.1)
19 de marzo de 1999$ 12.000.000 (fl. 79, c.1)
5 de mayo de 1999$ 1.851.334 (fls. 22 a 25 y 80, c.1)
5 de julio de 1999$ 1.851.334 (fl. 23, c.1)
18 de agosto de 1999$ 1.851.334 (fls. 22 a 25 y 80, c.1)
18 de septiembre de 1999$ 1.851.334 (fls. 22 a 25 y 80, c.1)
5 de octubre de 1999$ 1.851.334 (fl. 25, c.1)
5 de noviembre de 1999$ 1.851.334 (fls. 22 a 25 y 80, c.1)
Total pagos$ 26.108.004

Dineros que deberán ser restituidos por el vendedor al comprador, con los mayores valores resultantes de la aplicación del interés bancario corriente a partir del día siguiente a aquel en que se produjeron los pagos, incremento que conjuga tanto la desvalorización por deterioro monetario, como un componente de rendimiento adicional a título de indemnización de perjuicios, conforme ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte en casos semejantes (14) . Dicho agregado acompasa con la naturaleza mercantil del negocio jurídico realizado entre las partes y la regla de indemnización prevista en el numeral 2º del artículo 1617 del Código Civil, aplicable en este caso por reenvío de las normas comerciales, disposición que excluye la justificación del perjuicio cuando solo se cobran intereses sobre las sumas de dinero que se adeudan.

De la misma manera, el efecto aniquilatorio de la acción redhibitoria se extenderá a las consecuencias producidas por el negocio jurídico, entre ellas, el contrato de prenda; se ordenará entonces la cancelación de esta garantía, a condición de que esta no haya sido ordenada todavía por alguna otra autoridad, pues no existe evidencia en el expediente sobre la vigencia del gravamen. Así, hubo un contrato de prenda sin tenencia sobre el vehículo automotor de servicio público —microbús— modelo 1999, de 16 pasajeros, placas SKO 289, constituida a favor de Non Plus Ultra S.A. como respaldo del saldo del precio del vehículo como se acredita con la copia del contrato visible a folio 5 del cuaderno 1, y que fue debidamente inscrito ante el correspondiente registro automotriz, como aparece en la tarjeta de propiedad (fl. 27, c.1).

Esa garantía fue ejecutada por el acreedor (fl. 82, f. 1), fruto de lo cual el microbús aparece embargado y secuestrado judicialmente a órdenes del Juzgado Sexto Civil Municipal de Tunja dentro del proceso ejecutivo 2000.0546 (fl. 233, cdno. 1), todo lo cual impide que se ordene la restitución del bien vendido.

El llamado en garantía estará exento de condenas, pues el motivo invocado para implicarlo en la controversia tuvo que ver con algunas reparaciones efectuadas al microbús con posterioridad a la entrega (fl. 83, c.1), y en atención a que no se estableció que NTS, S.A. hubiera intervenido en la realización de las modificaciones que originaron los vicios ocultos, luego ninguna carga se impondrá al citado tercero.

7.Ahora, en cuanto al medio de defensa denominado por el “contrato no cumplido” propuesta por la entidad demandada, se aprecia que la misma carece de fundamento, en la medida en que la obligación de salir al saneamiento de hecho o de entregar al comprador la cosa puesta a punto para servir a los fines del contrato, no dependía de manera directa del pago del precio; por el contrario, dicho compromiso era anterior al cumplimiento del mismo, luego al juzgarse que el vendedor deshonró la palabra al entregar una cosa realmente inservible, no puede alegar su propio desconocimiento de las cargas contractuales como soporte para abrir paso a la exigibilidad de las obligaciones del comprador, por el efecto liberador del incumplimiento inicial. Por si fuera poco, se demostraron pagos realizados por Pedro José Barón Pineda, hechos sin reparo del vendedor, por la suma de $ 26.108.004, lo cual refuerza la falta de apoyo del medio de oposición esgrimido.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 6 de junio de 2007 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que puso fin al proceso ordinario promovido por Pedro José Barón Pineda contra la sociedad Non Plus Ultra S.A.

En sede de instancia, la Corte revoca el fallo de 9 de junio de 2006 proferido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá, en su lugar accede a las pretensiones de la demanda, para lo cual se dispone:

1. Decretar la resolución del contrato de compraventa acordado el 29 de enero de 1999 entre Pedro José Barón Pineda como comprador y la sociedad Non Plus Ultra S.A., acto que tuvo como objeto el vehículo automotor de servicio público —microbús— modelo 1999, de 16 pasajeros, placas SKO 289.

2. Ordenar que el vendedor restituya al comprador, los dineros recibidos como parte del precio, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, adicionados con el interés bancario corriente a partir del día siguiente de la fecha en que se realizó cada uno de los pagos, hasta que se asuma la totalidad de la obligación.

3. Disponer la cancelación de la prenda sin tenencia constituida a favor de Non Plus Ultra S.A. sobre el vehículo automotor de servicio público —microbús— modelo 1999, de 16 pasajeros, placas SKO 289, salvo que al momento de atender esta orden la garantía se haya levantado previamente.

4. Desestimar la excepción de contrato no cumplido propuesta por el demandado.

5. Absolver al llamado en garantía.

6. Condenar en costas de ambas instancias al demandado.

Sin costas en casación ante la prosperidad del recurso.

Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) Colin y Capitant “Curso elemental de derecho civil” Derecho civil. T. IV. Ed. Reus. Madrid 1955, página 153.

(2) Colin y Capitant, ob. cit, páginas 116 y ss.

(3) Artículo 931 del Código de Comercio.

(4) Petit Eugéne, “Tratado elemental de derecho romano”, trad. José Ferrández González, Editorial Porrúa, 11ª edición, Buenos Aires, 1994, páginas 396 y 397.

(5) Badenes Gasset Ramón, “El contrato de compraventa” T.I. 3ª Ed. José María Bosch, Editor S.A. Barcelona. 1995, página 618.

(6) Sent. Cas. 25 de marzo de 1969, G.J. T. CXXIX, página 17.

(7) Melich Orsini José: “La resolución del contrato por incumplimiento”. Ed. Temis. Bogotá 1979. páginas 189 y ss.

(8) Cfr. Sentencia de 3 de mayo de 2005, Expediente 04421-01.

(9) Cfr. Sentencia de 28 de julio de 2005, Expediente 00449-01.

(10) Cfr. Sentencia de constitucionalidad C-973 de 2002.

(11) Cfr. Sentencia de constitucionalidad C-1141 de 2000.

(12) CCXXXVII, página 879.

(13) En este sentido, destácanse las sentencias de 25 de mayo de 1976; 6 de febrero de 1995, G.J. T. CCXXXIV, página 132; 6 de agosto de 1998, Expediente 4890, GJT. CCLV; y 15 de febrero de 2008, Expediente 0026901.

(14) Por todas, la sentencia de 15 de enero de 2009, Expediente 0043301.

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