Sentencia 2000-10687 de noviembre 25 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-31-03-003-2000-10687-01

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., veinticinco de noviembre de dos mil diez

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada el 20 de agosto de 2008, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, conclusiva del proceso ordinario promovido por Rosalba Merchán Rodríguez —en representación de Luz Marina Cortés Merchán—, Giovanny Cortés Merchán, Pedro Nel Cortés Gamba y Hermes Cortés Páez, frente a José Alonso Cortés Forero y Nohora Cárdenas Núñez.

EXTRACTOS: «La demanda de casación

Contra el fallo del ad quem, José Alonso Cortés Forero y Nohora Cárdenas Núñez formularon el recurso de casación; para sustentarlo, presentaron 9 cargos. Los cargos cuarto y séptimo se resolverán inicialmente, por versar sobre yerros in procedendo. Después se decidirán conjuntamente el primero, el segundo, el tercero, el quinto, el sexto y el noveno; y para cerrar, se desatará el octavo.

Cargo cuarto

El recurrente denuncia la violación de los artículos 29 de la Constitución y 356 del Código de Procedimiento Civil por “error de derecho” vulneración que se produjo, según dice, porque el juez de segunda instancia no podía ir más allá de los límites que le trazaba el recurrente.

En el caso concreto, asegura el casacionista que la parte demandante aceptó los actos de señorío de Jorge Eliades Cortés Forero y Omar Cortés Forero entre 1977 y 1984, “Lo que no admitía es que esas posesiones se sumaran a las ejercidas por José Alonso Cortés Forero”. Es así que, añade, la apelación contra el fallo de primer grado solo versaba sobre la interrupción de la prescripción y la improcedencia de la suma de posesiones; sin embargo, el Tribunal fue más allá y examinó el ánimo de los antecesores de los demandantes, descartando que pudieran ser poseedores.

Consideraciones de la Corte

Para desestimar el cargo anterior, baste señalar que el recurrente no refiere de manera expresa en qué causal de casación apoya su ataque; sin embargo, si se entendiera que es por la primera, como lo indicaría la invocación de un “error de derecho”, es de observar que tampoco señala las normas de derecho sustancial que gobernaban concretamente el caso y que pudieron resultar, vulneradas, ni los preceptos de disciplina probatoria que en concreto se dejaron de aplicar.

A la larga, vista la fundamentación del cargo, puede concluirse que el recurrente confundió la vía que ha debido utilizar para alegar el exceso que endilga al Tribunal a la hora de desatar la apelación, en tanto que ese vicio —de haber existido— “correspondería a una forma de incompetencia, para cuyo remedio está consagrada la causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, como ha explicado la Corte, el juez de segunda instancia —en línea de principio— solo puede pronunciarse sobre los aspectos que propone el apelante, y en esa medida, podría configurarse la nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, si es que aborda inopinadamente aquello que no mereció la protesta de las partes y respecto de lo cual, además, la ley no le da la posibilidad de intervenir de manera oficiosa. No se pierda de vista que “el juez de segundo grado no es libre en la definición de los contornos de su competencia, ni puede concretar sin ataduras "qué es lo desfavorable al apelante", para atraer una competencia de la que carece o desdeñar una que nítidamente le ha sido atribuida, no solo por la ley, sino por el acto procesal de parte que le transmite la desazón del litigante frente al fallo. Tal es el genuino sentido del principio tantum devolutum quantum apelattum, de este modo ya no es posible la apelación general (appellatio generalis respectu causae non valet), pues la exigencia legal de sustentación del recurso de apelación impide que hoy haya el tipo de apelación "apud acta" en el que bastaba con decir "apelo".

De otro lado, el artículo 29 de la Constitución Política, consagra que toda persona tiene derecho a un debido proceso, valor que garantiza el sano ejercicio del poder por parte de la autoridad, pues no deja al ciudadano inerme ante los abusos y excesos, pues cualquier desvío grave debe provocar la aniquilación total o parcial deL proceso. En ese contexto, las nulidades permiten a las partes el restablecimiento del derecho al debido proceso y su finalidad no es otra que «la de amparar los intereses de las partes para que no sean objeto de arbitrariedades con actuaciones desarrolladas ignorando las ritualidades que reglan la conducta de los sujetos que intervienen en el proceso» (CCLII, Pág. 128, reiterado en Sent. Cas. Civ. sep. 5/2006, Exp. 01069-01)”(Sent. Cas. Civ. sep. 8/2009, Exp. 11001-3103-035-2001- 00585-01).

Por ende, ese insuperable error de técnica, por denunciar un eventual vicio de incompetencia como si se tratara de un “error de derecho”, impide entrar a desatar la queja del censor, máxime cuando en esta sede no puede la Corte tomar el lugar del recurrente para encausar y completar adecuadamente las acusaciones que planta.

Cargo séptimo

El censor afirma que fueron desconocidos los artículos 673, 762, 765, 769, 778, 946, 947, 952, 961 a 971, 2513, 2518, 2521, 2522, 2527, 2531, 2532 y 2538 del Código Civil, así como el artículo 71 del Decreto 1250 de 1970 y el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, en atención a que en este caso el juez no integró oficiosamente el litisconsorcio necesario con los poseedores que antecedieron a José Alonso Cortés Forero y Nohora Cárdenas Núñez demandados en reivindicación , “Lo que a su vez comporta haberse proferido una sentencia dentro de un juicio viciado de nulidad por no haber vinculado al proceso a personas que habían debido ser citadas...”, vicio que aparece contemplado en el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Consideraciones de la Corte

1. Aunque no se expresa qué causal de casación es invocada, la Corte entiende que el recurrente alega, con apoyo en el numeral 5º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, la existencia de la causal de nulidad prevista en el numeral 9º del artículo 140 ibídem, por no haber llamado al proceso a los poseedores que antecedieron a José Alonso Cortés Forero y Nohora Cárdenas Núñez, tal como —en su criterio— manda el artículo 71 del Decreto 1250 de 1970, dada su condición de litisconsorte necesarios.

2. Sobre ese particular, debe memorarse que la posibilidad de alegar la prescripción adquisitiva de dominio, históricamente ha sido objeto de diversas regulaciones legales.

a) Así, en una primera etapa del derecho procesal patrio, para alegar dicho fenómeno no existía un juicio especial. Según explica la doctrina, podía acudirse al proceso ordinario, esto es, que “para hacer valer la prescripción como acción, simplemente contra la persona determinada que pudiera alegar dominio en principio, no hacía falta la ley, porque sin esta, esa acción existe; así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en muchos fallos. (Entre otras, véase la sentencia de 27 de junio de 1923,(1) Tomo XXX de la Gaceta Judicial, pág. 72)”(2).

b) La Ley 120 de 1928, por su parte, estableció la posibilidad de pedir judicialmente la declaración de pertenencia a través de una acción propia, autónoma e independiente, en la que se tuvieron en cuenta las especificidades de este tipo de asuntos. En ese sentido, el artículo 2º de ese cuerpo legal, estableció que “todo aquel que tenga en su favor una prescripción adquisitiva de dominio podrá pedir la dedaración judicial de pertenencia, la cual una vez obtenida cuando se trate de inmuebles, será inscrita en el libro número 1 de la correspondiente oficina de registro y producirá los efectos señalados en el artículo 2534 del —Código Civil—. Para tal fin, debía seguirse el proceso ordinario cuando la demanda se entablaba contra personas determinadas(3), y se confeccionó un trámite especial “en caso contrario(4).

Sobre esa normatividad la Corte tuvo la oportunidad de explicar cómo fue que se establecieron “dos trámites diferentes para obtener la declaración judicial de pertenencia, a saber: el proceso ordinario, si se demandaba a personas determinadas (art. 4º) y un procedimiento especial, regulado por los artículos 7º y siguientes de esa ley, si el demandante promovía el proceso contra personas Indeterminadas. A tales procedimientos, doctrina y jurisprudencia estuvieron de acuerdo en agregar, por economía procesal, un tercero, para el caso de que la usucapión se reclamara tanto frente a demandados ciertos como a personas indeterminadas, caso en el cual el procedimiento a seguir era el previsto por los artículos 7º y siguientes, es decir, el seguido cuando la demanda no se dirigía sino contra demandados inciertos, en cuyo caso era imperativo el emplazamiento edictal de todo aquel que creyera tener algún derecho sobre el bien...”(Sent. Cas. Civ. jun. 18/93, Exp. 3700).

c) Ley 105 de 1931 —Código Judicial— que modificó las reglas procesales contenidas en la Ley 105 de 1890, no varió sustancialmente la situación de los procesos de pertenencia, aunque trajo una nueva regulación para el juicio ordinario.

d) La Ley 51 de 1943, por su parte, relativa a las comunidades y a la forma de usucapión respecto de sus miembros, entre otras cosas, expresamente derogó el inciso primero del artículo 12 de la Ley 120 de 1928, que restringía los efectos de la sentencia solo para quienes habían intervenido en el juicio.

En ese marco normativo, según se precisó en la sentencia de 31 de octubre de 1955, la sentencia podía tener diferentes efectos: “incoada —la demanda— contra personas determinadas, la sentencia produce efectos entre las partes, únicamente, de acuerdo con el estatuto general de la cosa juzgada (C.J., arts. 473 y 474 ); propuesta contra todo el que tenga interés, o contra unos y otros, las genera absolutos, erga omnes, en razón del sistem de emplazamientos y de haber sido derogado el inciso 1º del artículo 12 de la Ley 120 (L. 51/43, art. 7º), que limitaba los efectos de la cosa juzgada, aún en el caso de acción seguida contra todo el mundo por medio de los emplazamientos, a las partes que hubieren intervenido en el juicio” (G.J. Tomo LXXXI, pág. 513).

e) Finalmente, el artículo 698 del Código de Procedimiento Civil derogó expresamente las leyes 105 de 1931, 120 de 1928 y 51 de 1943, normas que traían reglas especiales para el proceso de pertenencia; igualmente, dispuso la derogatoria de las demás disposiciones que fueren contrarias a esa normatividad.

f) Hay que añadir, eso sí, que el artículo 20 de la Ley 792 de 2002, además de disminuir el término para alegar este fenómeno, amplió “el espectro de posibilidades en sede judicial, al contemplar que “la prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga interés en que sea dedarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella”.

3. Ahora bien, dentro de las normas que tácitamente perdieron vigencia con el Código de Procedimiento Civil, se halla, entre otras, el artículo 71 del Decreto 1250 de 1970, que traía algunas reglas específicas para este tipo de juicios. Como se recuerda, el artículo 70 de esa normatividad preveía que “cumplida la inscripción de la sentencia declarativa de pertenencia, en adelante no se admitirá demanda sobre la propiedad o posesión del inmueble matriculado en las condiciones dichas, por causa anterior a la sentencia”, mientras que el artículo 71 establecía que “para que la inscripción de la sentencia declarativa de pertenencia produzca los efectos consagrados en el artículo precedente, en el caso de que el demandante haya agregado a su posesión la de sus antecesores, por acto entre vivos, es necesario que estos sean citados al proceso”, se trataba, pues, de una limitante para los efectos plenos de la sentencia de pertenencia, pues no permitía que las consecuencias del fallo se extendieran a poseedores anteriores cuya posesión era sumada a la del demandante, cuando quiera que no eran citados al proceso.

Sin embargo, la nueva regulación, contenida en el artículo 413 del Código de Procedimiento Civil —que pasó a ser el artículo 407 en virtud de las modificaciones introducidas por el art. 10, num. 210 del D. 2282/89—, no solo es posterior, sino que gobierna plenamente la legitimación en la causa en el proceso de pertenencia, tanto por activa, como por pasiva, pues prevé que la pretensión puede formularse por el usucapiente o su acreedor y, además, establece que deben citarse como demandados determinados todos aquellos que figuren como titulares de derechos reales sobre el bien, y que se debe emplazar a quienes se crean con derechbs sobre la cosa perseguida, actividades que, de cumplirse cabalmente, permiten que la sentencia tenga efectos erga omnes.

La afirmación de que el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil regula íntegramente la materia y, por ende, hace de la sentencia un título oponible a todos, incluso a los poseedores anteriores, es cuestión que ya analizó la Corte, cuando anotó que “por expresa disposición del artículo 698 de Código de Procedimiento Civil fueron derogadas las Leyes 120 de 1928 y 51 de 1943, desde el 1º de julio de 1971 la norma de derecho positivo que legitima para pedir la declaración de pertenencia de un bien a quien pretenda haberlo adquirido por prescripción ordinaria o extraordinaria, es el artículo 413 del Código de Procedimiento Civil —hoy 407—. Esta norma no solo señala las personas que pueden demandar la citada declaración de pertenencia (usucapiente, así sea comunero, y los acreedores de aquel), sino que determina los casos específicos en que no procede hacer la declaración mencionada y hace precisiones sobre el certificado del registrador de instrumentos públicos que debe aducirse con la demanda, sobre la obligación del juez de ordenar el emplazamiento y otros muchos puntos importántes. Puede afirmarse, pues, que, en la actualidad, la materia de la declaración de pertenencia está regulada completamente por el mencionado artículo 413” (Sent. Cas. Civ. sept. 15/83, G.J. No. CLXXII, págs. 178 a 188).

En similar sentido, se dijo ulteriormente que “entre los pocos casos excepcionales en que el legislador colombiano ha reconocido efectos "erga omnes" a ciertas sentencias, se hallan las dictadas en procesos de pertenencia que se adelantan siguiendo las ritualidades prescritas por el Código de Procedimiento Civil en su artículo 413. En estos casos la declaración se obtiene a través del proceso ordinario de mayor cuantía, caracterizado en tal evento por la amplia publicidad con que se debe proceder en garantía del derecho de defensa de los posibles interesados. Precisamente, en razón de esa amplitud de formas, la sentencia que en ellos se dicte, cuando acoja las pretensiones de la demanda, según lo previene el aparte final del citado artículo 413, una vez consultada y en firme, producirá efectos erga omnes...” (Sent. Cas. Civ. jun. 12/84, G.J. No. CLXXVI, Págs. 202 a 210).

En ese marco de ideas, puede afirmarse que el fallo de pertenencia, dictado en procesos en los cuales se hacen las citaciones y emplazamientos ordenados por la ley, tiene efectos respecto de todos, cual consagra el numeral 11 del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que Ja convocatoria edictal de los eventuales interesados y la posibilidad de que intervengan para defender sus intereses, permite colegir que frente a ellos se hizo posible el ejercicio de los derechos de contradicción y defensa, lo cual traduce que la sentencia que desata la controversia efectivamente los cobija, justamente por su carácter erga omnes. En definitiva, el demandante puede exhibir la sentencia como título originario de dominio, pues la citación general prevista en la disposición que viene de citarse y la naturaleza real de ese derecho, le otorga a su titular la posibilidad de ejercerlo frente a los demás.

Por ende, no era menester citar en este asunto, de modo particular, a los poseedores que antecedieron a los demandados, para que la sentencia surtiera efectos erga omnes, pues bastaba llamar a las personas que figuraban como titulares del dominio, así como a los demás interesados, como en efecto se hizo.

4. Con todo eso y solo para ,abundar en claridad, juzga la Corte que los demandados José Alonso Cortés Forero y Nohora Cárdenas Núñez carecerían de interés para alegar tal circunstancia, comoquiera que la eventual irregularidad que se alega —de haberse cometido— no los habría afectado. A la larga, serían los terceros cuya citación se omitió los llamados a reprochar esa circunstancia. Como se dijera en un caso semejante, "el inciso 2º del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, reserva exclusivamente al agraviado la habilitación para denunciar el vicio que se dice afecta al proceso, sin distingos sobre el motivo de nulidad pretendido. En ese mismo sentido, la Sala ha sostenido, como regla general, que en el evento de la indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, "... solo el indebidamente vinculado a un proceso está en la posibilidad de evaluar la irregularidad así cometida, y, como cosa que pertenece a su fuero interno, exteriorizar si con ella experimenta gravamen o perjuicio; como es obvio, a ese respecto nadie lo puede suplantar. Si, por ejemplo, estima que quiere hacer caso omiso del vicio procesal, convalidará con su conducta la forma como finalmente se llevó a cabo la contienda del proceso. Conducta suya a la que nadie se puede oponer válidamente alegando perjuicios indirectos o de contragolpe, ni siquiera cuando éstos se apuntalan en el derecho sustancial; primordialmente, porque tratándose de un asunto que solo atañe a la debida formación de la relación jurídica procesal, para verificar su existencia basta el examen objetivo de lo que ofrece el expediente, y, por lo tanto, es en principio ajeno al derecho material "(5) "(Sent. Cas. Civ. jun. 21/2008, Exp. 68755-3184-001-2005-00030-01).

Así las cosas, por no configurarse el vicio alegado, el cargo se desestimará.

Cargo primero

En el primer cargo, el recurrente plantea que hubo violación indirecta de los artículos 673, 762, 765, 769, 778, 946, 947, 952, 961 a 971, 2513, 2518, 2521, 2522, 2527, 2531, 2532 y 2538 del Código Civil, debido a la comisión de “errores de hecho”en la apreciación de las pruebas.

Así, enuncia como pretermitidas la inspección judicial practicada al inmueble perseguido, el interrogatorio rendido por José Alonso Cortés Forero, las declaraciones de Jorge Eliades Cortés Forero, Omar Cortés Forero, Nicanor Acero Cuellar, José Ignacio Herrera, José Adalberto López García, Luis Aristides González González y Uriel Martínez Cabra, y las pruebas trasladadas del Juzgado Segundo Civil Municipal de Chiquinquirá, donde triunfó la oposición que los demandados presentaron durante la diligencia de entrega ordenada en 1997 dentro del proceso de sucesión de Pedro Ignacio Cortés Forero.

Todos esos elementos, arguye el censor, dejan ver que el Tribunal se equivocó cuando concluyó que la posesión de los demandados apenas comenzó en 1984, tras la muerte de Pedro Ignacio Cortés Forero, porque a decir verdad hubo una unión en el tiempo, discontinua e ininterrumpida entre las posesiones de: a) Jorge Eliades Cortés Forero, b) Omar Cortés Forero y c) José Alonso Cortés Forero y Nohora Cárdenas Núñez.

En su criterio, “de un examen detenido de las pruebas en forma individual y en conjunto se llega a una conclusión diferente como es la de que Jorge Eliades Cortés Forero entre el año 1977 y 1982 no fue mero tenedor del inmueble pretendido en reivindicación pues no se demostró contrato alguno de arrendamiento, de uso o habitación, ni ningún otro de los que solo da derecho a la mera tenencia y ninguna prueba desvirtuó su afirmación de que tomó en posesión el bien por esa época de manera pacífica, pública y sin oposición”.

Acusa el censor, además, que los declarantes Elsa Celmira Rojas Castillo, Pedro Nel Cortés Gamba y Giovanni Cortés Merchán, referidos por el Tribunal, eran apenas unos niños durante el período comprendido entre 1977 y 1984 y, por lo mismo, no podían dar fe acerca de quién ejerció la posesión en esa época.

Y al cierre del cargo, afirma que tampoco vio el Tribunal que el título de los demandantes, o sea, la sentencia de adjudicación dictada en el proceso sucesoral el 27 de octubre de 1997, es posterior a la posesión que ejercen los demandados y, por lo mismo, “acorde con reiterada doctrina de la Corte Suprema, insuficiente para servir de fundamento a la acción reivindicatoria...”.

Cargo segundo

Se denuncia aquí la violación de los artículos 673, 762, 763, 764, 765, 768, 769, 778, 2512, 2513, 2518, 2521, 2522, 2527, 2531 y 2532 del Código Civil, a consecuencia de “errores de hecho” en la apreciación del testimonio de Jorge Eliades Cortés Forero, a quien se le hizo decir lo que jamás expresó en su declaración.

Así, alega el recurrente que para el Tribunal, Jorge Eliades Cortés Forero, uno de los poseedores intermedios, "reconoció como propietario del bien a su hermano", Pedro Ignacio Cortés Forero, lo cual le restaba la posibilidad de haber poseído el predio antes de la muerte de este último.

Sin embargo, dice el censor, lo que en verdad aseveró el testigo fue lo siguiente: "hermano Pedro Ignacio me accedió la posesión para que hiciera mejoras y me fuera para allá con mi señora y mis hijos, yo construí dos piezas, acabé de construir la enramada, le metí puertas en madera provisional y ahí duré viviendo desde 1977 hasta el año de 1982, tenía servicios provisionales como agua, luz y un baño provisional que mandé hacer. En el año 1982, me vi como aburrido y se me acabó el trabajo y le vendí la posesión a mi hermano Omar Cortés y por ahí como en el año de 1984 mi hermano le vendió esa posesión y esas mejoras porque él hizo otras mejoras por ahí y le vendió a mi hermano Alonso quien es el que está ahora presente haciendo mejoras y construyendo ahí…".

Esa declaración, a juicio del casacionista, lo que demostraría es que Jorge Eliades Cortés Forero fue poseedor desde 1977, cuando le entregaron el bien, esto es, que nunca fue un simple tenedor, como afirmó el Tribunal, tanto menos si se observa que en ningún momento se dijo —tampoco fue probado—, que suscribió un contrato de habitación, usufructo, arrendamiento, secuestro, custodia o vigilancia. En criterio del censor, del testimonio se desprende que "el deponente Jorge Eliades Cortés Forero fue poseedor del predio... desde cuando Pedro Ignacio se lo entregó para que dispusiera de él instalando a su familia para que viviera ahí sin respecto a quien se lo entregó ni a ninguna otra persona, ya que ni se le pagaba por estar ahí cuidando, ni él pagaba arriendo por disfrutar el bien, ni tampoco corresponde a una tenencia a modo gratuito y sí ello hubiere sido así entonces el señor Jorge Eliades Cortés generó una interversión del título por cuanto dejó de considerarse tenedor y desconociendo al dueño anterior pasó a ejercer posesión pacífica y pública sacando provecho de tal actitud pues al comportarse como dueño pasó a enajenar esa posesión a su hermano Omar Cortés Forero sin que nadie le reclamara por ello, tanto así que aquél entró también pacífica y públicamente al Inmueble y también lo transfirió con posterioridad a José Alonso Cortés Forero ", de modo que la posesión de los demandados, sumada a la de sus antecesores, supera los veinte años necesarios para prescribir.

Para el censor, el reconocimiento de dominio ajeno ha de ser expreso, y no inferido de manera forzada, situación que debe tenerse en cuenta en este caso, pues el testigo Jorge Eliades Cortés Forero no tuvo la intención de hacer ese reconocimiento y, en todo caso, sus contradicciones e imprecisiones sobre las fechas de entrada al bien y de entrega a Omar Cortés Forero, se justifican por el hecho de que fue un testigo espontáneo, no preparado, que relató hechos ocurridos hace más de 20 años; por ello, "no se puede esperar que se sancione si es muy preciso porque entonces se dice que el testigo aprendió fue una lección que le repitió al juez, pero que si es impreciso también se le sancione por contradicción ".

Finalmente, el recurrente memora que desde la sentencia de 5 de julio de 1997, la Corte no exige solemnidad alguna en la transferencia de posesiones, a lo que agrega que en vista del error del Tribunal, los demandados en reivindicación deben restituir el predio que han poseído y pagar una suma exagerada por concepto de frutos.

Cargo tercero

En el tercer cargo, el recurrente denuncia la violación de los artículos 673, 762, 763, 764, 765, 768, 769, 778, 2512, 2513, 2518, 2521, 2522, 2527, 2531 y 2532 del Código Civil, debido al "error de hecho" en que incurrió el Tribunal por suponer "que el inmueble... estuvo en cabeza de quienes por entonces eran titulares del derecho de dominio cuando tal circunstancia no fue establecida por ningún medio probatorio y por el contrario lo que prevalece es la fuerza de la negación indefinida hecha por el demandante en reconvención José Alonso Cortés Forero quien niega que el predio antes reseñado por su dirección de ubicación y que se demanda en reconvención hubiese estado en posesión de los demandantes por esa época por lo que en consecuencia el título de dominio les llegó con ese vicio, es decir que accedieron al dominio del bien en forma jurídica pero no mediante la detentación material del mismo... ".

Para el censor, no hay ni siquiera un principio de prueba de que el predio perseguido hubiera sido poseído entre 1977 y 1984 por personas diferentes a Jorge Eliades Cortés Forero y Omar Cortés Forero, de modo que "se demostró por esa época quién era el propietario inscrito pero no quién era el poseedor ".

Cargo quinto

Se aduce la violación de los artículos 673, 762, 765, 769, 778, 946, 947, 952, 961 a 971, 2513, 2518, 2521, 2522, 2527, 2531, 2532 y 2538 del Código Civil por "error de derecho" manifiesto, al trasgredirse las normas contempladas en los artículos 194 a 210 del Código de Procedimiento Civil

Sostiene la acusación que al analizar el testimonio de Jorge Eliades Cortés Forero, el Tribunal le dio el alcance de una confesión, a pesar de que esta solo puede provenir de las partes.

En ese sentido, se afirma que el declarante carecía del poder dispositivo sobre el derecho en disputa, no era apoderado o litisconsorte de los demandados, amén de que la supuesta confesión no es expresa, clara y espontánea, sino inferida o supuesta, a lo cual añadió que en todo caso, así la confesión proviniera de los demandados, se hallaría desvirtuada con las demás pruebas.

Cargo sexto

En el sexto cargo, se denuncia la trasgresión de los artículos 673, 762, 765, 769, 778, 946, 947, 952, 961 a 971, 2513, 2518, 2521, 2522, 2527, 2531, 2532 y 2538 del Código Civil por error de derecho derivado de la violación del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, por no apreciar las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, "considerando así que una persona de escasos recursos alfabéticos no puede diferenciar entre lo que representa un contrato y un documento y haber extraído presuntas contradicciones por el hecho de que los interrogados como testigos y partes se hayan referido a la dedaración rendida ante notario por Jorge Eliades Cortés Forero como si fuera un contrato y no un documento que son características que en estricto llegan a confundir hasta los juristas entonces cómo derivar contradicción de ese hecha… ".

El impugnante también critica el hecho de que no se hubieran analizado otras pruebas, como las trasladadas que provenían del Juzgado Segundo Civil Municipal de Chiquinquirá, las cuales son demostrativas .de que José Alonso Cortés Forero y Nohora Cárdenas Núñez han salido triunfantes en trámites en los cuales se pretendía despojarlos de su posesión, entre ellos, las diligencias de secuestro y entrega ordenadas en el proceso de sucesión de Pedro Ignacio Cortés Forero.

Cargo noveno

En el cargo noveno, asegura el casacionista que desatendidos fueron los artículos 673, 762, 763, 7641 765, 768, 769, 778, 2512, 2513, 2518, 2521, 2522, 2527, 2531 y 2532 del Código Civil, por el "error de derecho" que se produjo por no dar aplicación al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, norma que enseña que las negaciones indefinidas no requieren prueba.

Por ende, añade, cuando los demandados José Alonso Cortés Forero y Nohora Cárdenas Núñez manifestaron al contestar la demanda principal que no era cierto que Pedro Ignacio Cortés Forero hubiera ejercido la posesión del inmueble de marras con anterioridad a la fecha en que compró ese bien a la Urbanizadora La Gaitana Ltda. —14 de marzo de 1984—, hicieron una negación indefinida que los relevaba de prueba y, por lo mismo, los demandantes han debido demostrar lo contrario, lo cual a la postre no ocurrió.

Consideraciones de la corte

Es del caso ocuparse, conjuntamente, de los cargos antes mencionados, esto es, el primero, el segundo, el tercero, el quinto, el sexto y el noveno, pues existen razones afines para su decisión. De entrada se desatará el segundo, por ser el ataque cuya resolución repercute en los demás.

1. Como se recuerda, el Tribunal comenzó por señalar que para valerse de la suma de posesiones, debía demostrarse cabalmente que en cada estadio de la posesión ejercida por los eslabones de la cadena, realmente hubo esa posesión que se añade, así como el vínculo jurídico que anuda cada tramo. Luego, enfrentado al caso concreto, el ad quem encontró que Jorge Eliades Cortés Forero —peldaño inaugural de la secuencia invocada por los prescribientes—, admitió que entró al bien porque Pedro Ignacio Cortés Forero se lo permitió, de donde concluyó ese juzgador que al haber reconocido a otro como propietario del predio, no podía tenérsele como poseedor y, en consecuencia, no era predicable la agregación de posesiones, es decir, que faltaba la primera.

El recurrente plantea, en el segundo cargo, que el Tribunal tergiversó la declaración Jorge Eliades Cortés Forero y, por ello, cometió un "error de hecho".

Sin embargo, hay que decir que el Tribunal en ningún momento omitió la prueba, ni desatendió su contenido material, pues en el texto de la sentencia se valió de esa declaración, y lo hizo de manera fiel, es decir, reproduciendo con expresión casi literal las mismas palabras que utilizó el deponente. El asunto está en que para el Tribunal ese testimonio es indicativo de que Jorge Eliades Cortés Forero no fue poseedor, mientras que para el censor, lo que de allí se infiere es la manera como se inauguró el primer hito de la cadena de poseedores.

Como se ve, se trata de un problema relacionado con el alcance que debe darse a la prueba, esto es, que tiene que ver con el entendimiento y el valor demostrativo que el Tribunal y el casacionista adjudican al mismo testimonio. En ese contexto, el cargo no puede prosperar, porque en la labor de hallar el sentido a las pruebas, conforme a las reglas de la sana crítica, en sede de casación ha de respetarse la discreta autonomía de que gozan los juzgadores de instancia. Ha sido repetido con insistencia que cuando se denuncia la comisión de un error de hecho, “... el debate sobre los supuestos tácticos de la controversia ha de ser algo más que una simple confrontación de pareceres, pues la estimación de la prueba que en segunda instancia hace el Tribunal —en principio— pasa a ser la última posible en sede judicial, en tanto que de ahí en adelante queda excluida toda conjetura al rededor de los medios de convicción, de modo que por esta vía no podrían privilegiarse nuevas representaciones a partir de las mismas probanzas, ni reabrirse discusiones en torno a la valoración de las pruebas, máxime cuando la finalidad de esta impugnación extraordinaria es corregir la contraevidencia del fallo, si es que hay un error desmesurado que se alza ante los ojos de la Corte con su sola descripción.

La discusión asume entonces otros perfiles, porque aquella reconstrucción histórica que hace el Tribunal en relación con los hechos debatidos, ha de prevalecer sobre la que intentan hacer las partes en el estrado de la Corte, en tanto que según se ha dicho desde antaño, aquí se predica del fallo la presunción de acierto y, por lo mismo, se da por averiguado que las pruebas fueron correctamente contempladas y valoradas, en forma individual y en conjunto.

Como se recordará, en Colombia existe la posibilidad excepcional de alegar en sede de casación la comisión de errores de hecho en la apreciación de las pruebas, cosa que no ocurre en los sistemas de casación pura. No obstante, aquella posibilidad no significa traer a la Corte una remozada y pretensa valoración de las pruebas, más incisiva y” profunda, como si se tratara de una instancia adicional. Por el contrario, las facultades de la Corte como Tribunal de Casación, se hallan extremadamente restringidas, al punto que solo ante denuncias fácticas formalmente elevadas, evidentes, trascendentes y debidamente demostradas, tiene éxito el recurso.

Por ende —se insiste— la prosperidad de la acusación, cuando se denuncia la eventual comisión de un error de hecho atribuible al Tribunal, solo puede abrirse paso cuando se pone en evidencia, de manera palpable, que la reconstrucción sobre los hechos que hizo el juzgador de segundo grado es completamente absurda, infundada y alejada por completo de lo que dejan ver los medios de convicción, porque las pruebas fueron, ya pretermitidas, ora supuestas, o porque se traicionó su contenido material, haciéndolas decir lo que no dicen.

Cualquier otro intento por erosionar el fallo con base en interpretaciones posibles de los medios de convicción que obran en el expediente, resulta infructífero, en tanto que la argumentación que se debe traer a la Corte no se debe limitar a emular al Tribunal en la elaboración de una lectura de la prueba con la pretensión de que sea más aguda y perspicaz, ni debe contentarse con demostrar que existe otra posible representación de los hechos, sino que el casacionista debe ofrecer la que por fuerza de la razón es la única interpretación posible y que, además, el Tribunal no vio " (Sent. Cas. Civ. mayo 25/2010, Exp. 23001-31-10-002-1998-00467-01).

En suma, en la labor de reconstrucción del sentido de la comunicación con la que uno o varios testigos revelan un hecho, es posible que haya más de un significado para la descripción que se hace; y justamente esa dubitación acerca de la multiplicidad de sentido que se puede adscribir a la comunicación, impide las más de las veces hacer un nuevo juicio en casación, habida cuenta de la dificultad de juzgar como errada, sin más, una valoración probatoria y, además, poner como adehala descalificadora, que tal error es de naturaleza grave.

Entonces, no hubo elusión del Tribunal respecto del referido testimonio, tampoco se apartó de su contenido material y, además, le dio un alcance plausible, que en manera alguna podría calificarse de contraevidente, de donde cabe concluir que el error de hecho denunciado no se demostró y, por lo mismo, el segundo cargo no se abre paso.

2. En relación con los cargos primero, tercero, quinto, sexto y noveno, hay que decir que, según acaba de verse, hubo un argumento del Tribunal que quedó en pié a pesar del ataque de los demandados, consistente en que la posesión de Jorge Eliades Cortés Forero no se acreditó y, por lo mismo, no se estructuraba la cadena de posesiones que alegaron José Alonso Cortés Forero y Nohora Cárdenas Núñez para completar el tiempo necesario con el fin de prescribir.

Siendo ello así, los errores de hecho y de derecho referidos en las citadas acusaciones carecen por completo de trascendencia, porque aún si en gracia de discusión se diera por probado que el Tribunal no vio las pruebas que menciona el recurrente, o que no las valoró en conjunto, o que dejó de atender las negaciones indefinidas realizadas en la demanda, ello de nada serviría para trizar el fallo de segundo grado, porque de todas formas no habría posibilidad de tener por demostrada la suma de posesiones alegada por los demandados José Alonso Cortés Forero y Nohora Cárdenas Núñez y, por ahí derecho, se caían indefectiblemente la excepción y la contrademanda que presentaron.

Ha de precisar la Corte que la prosperidad de un cargo hecho en sede casacional supone combatir con éxito todos los fundamentos capitales de la sentencia. Por ende, si al proponer varios ataques uno de ellos no sale avante, y si entonces queda incólume alguno de los pilares de la decisión, que sirve de apoyatura suficiente para soportarla, los demás reproches, con todo y que pudieran ser fundados, no podrían derruir la providencia acusada. En suma, "el ataque en casación supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasará indemne" (Sent. Cas. Civ. abr. 2/2004, Exp. 6985).

En este caso, ha quedado enhiesto aquello de que los demandados en la pretensión reivindicatoria no han ejercido la posesión por el tiempo suficiente para usucapir; así concluyó el Tribunal fundado en una estimación probatoria que salió airosa en casación, pues superó el embate hecho por el casacionista. Esta consideración sirve de soporte, no solo al fracaso de la usucapión, sino concurre a completar los elementos de la acción reivindicatoria y, por tanto, deja el fallo a salvo de los ataques que se hacen en los tres cargos que en el epílogo de este fallo se examinan.

3. Aún así, la Corte encuentra oportuno hacer varias precisiones acerca de las acusaciones contenidas en la demanda de casación.

3.1. En cuanto a lo primero, ha de decirse que las conclusiones del ad quem no se verían derruidas por el hecho de que no se hubiera demostrado en el proceso la existencia del título jurídico exacto y preciso, en virtud del cual Jorge Eliades Cortés Forero se hizo a la mera tenencia del bien. A la larga, él mismo explicó que había ingresado al inmueble porque Pedro Ignacio Cortés Forero lo autorizó y, en todo caso, ante la ausencia de uno de los elementos configurativos de la posesión o sea, el animus , era de entender que el hecho de haber ocupado el bien reconociendo dominio ajeno el de su hermano, apenas lo dejaba en la situación de tenedor precario.

3.2. Hay que agregar, además, que en las instancias no fue planteada la interversión del título que ahora, en sede de casación menciona inopinadamente el recurrente, de donde se sigue que tal alegato constituye un prototípico medio nuevo que, por supuesto, inhibe a la Corte de cualquier pronunciamiento, porque como se sabe, "admitir en el recurso extraordinario de que aquí se trata, la introducción de puntos novedosos conduce a la violación del derecho de defensa, llamado a impedir que una parte sorprenda a la otra con argumentos tácticos que no fueron ventilados en el trámite del asunto y, por ende, que esta no tuvo la oportunidad de controvertir; igualmente, implicaría no solo enjuiciar la sentencia con sustento en situaciones que nunca fueron sometidas a consideración del juzgador, sino avalar la alteración de la causa petendi y el incumplimiento del deber de lealtad procesal que le asiste a los litigantes en contienda" (Sent. Cas. Civ. ago. 15/2008, Exp. No. 2001 3103 003 2003 00067 01).

3.3. En el cargo quinto, recurrente le endilga "error de derecho" al Tribunal por haber entendido que las manifestaciones de Jorge Eliades Cortés Forero tenían el carácter de confesión, pese a que el declarante no era parte en esta actuación.

Sin embargo, el planteamiento del casacionista resulta por completo equivocado, en la medida en que el ad quem en ningún momento calificó como confesión la narración realizada por Jorge Eliades Cortés Forero.

De hecho, antes de referirse a esa declaración, el Tribunal destacó las circunstancias que "hacen criticable el testimonio" por provenir de una persona con nexos de consanguinidad respecto de los demandados, y luego, precisó que “los dos testigos, o sea Jorge Eliades Cortés Forero y Omar Cortés Forero, se limitaron a ratificar su propia condición de poseedores.

Entonces, el Tribunal, a despecho de lo que afirma el recurrente, no valoró la versión de Jorge Eliades Cortés Forero a la luz del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, sino que la tuvo como correspondía: como una declaración de tercero.

Cosa distinta es que al extraer el valor de esa prueba, el juzgador de segundo grado determinara que era suficiente para descartar la calidad de señor y dueño que se atribuía al deponente, quien como conocedor directo de los hechos, explicó la manera como ingresó al predio y con su propio lenguaje, dio a entender que carecía del ánimo necesario ppra poseer, aspecto que se trató al desatar el segundo cargo.

Por lo demás, que en el proceso no obre prueba sobre la “existencia de un contrato específico de mera tenencia que haya hecho posible el ingreso al bien, no conduce necesariamente a concluir que quien tenía la cosa debía considerarse como poseedor, pues es posible “que” a pesar de que haya una aprehensión material sin un acuerdo de voluntades previo, de todas formas falten los elementos configurativos de la posesión (anumis y corpus). La regla no es que en ausencia de prueba de un contrato de tenencia debe considerarse poseedor al que tiene la cosa, sino que, a la luz del artículo 775 del Código Civil, es todo lo contrario, es decir, que quien no acredita la condición de poseedor debe ser mirado como un simple tenedor.

Entonces, no hubo violación de las normas probatorias citadas, en tanto que Jorge Eliades Cortés Forero hizo un aporte al proceso escuchado como un testigo y, en todo caso, a sus declaraciones en ningún momento se les dio el alcance de confesión.

Como la acusación está vertebrada, no sobre lo que dijo el Tribunal, sino sobre lo que el casacionista le atribuye a su antojo, claro es que no podía prosperar.

3.4. En el tercer cargo, el recurrente plantea que el Tribunal supuso, equivocadamente, que el inmueble perseguido estaba en cabeza de Pedro Ignacio Cortés Forero entre 1977 y 1984, a lo cual añade que en ese período no se demostró que personas diferentes a Jorge Eliades Cortés Forero y Omar Cortés Forero ejercieran la posesión.

Acerca de ese reproche, hay que hacer tener en cuenta que en este caso se allegaron las copias auténticas que demuestran las modificaciones en el dominio del inmueble perseguido en reivindicación, títulos que van desde 1975 hasta 1984, año en el cual, por vía de sucesión, se adjudicó el inmueble a los demandantes en reivindicación. Además, se aportaron los respectivos certificados de tradición, en los que consta el registro de esos actos.

En consecuencia, traídos fueron al proceso los documentos que acreditan una cadena de propietarios que se remonta a una época anterior a la cadena de posesiones alegada por los demandados para enervar la reivindicación.

3.5. De otro lado, el hecho de que los demandantes, a la sazón propietarios inscritos, no tuvieran la condición de poseedores, fue precisamente el motivo para que ejercitaran la acción reivindicatoria, en procura de recuperar materialmente el bien, conforme permite el artículo 946 del Código Civil.

A la larga, hay desventura en el planteamiento del recurrente cuando afirma que se demostró la titularidad jurídica de los demandantes, pero no su posesión, porque el Tribunal en ningún momento negó esa realidad. Por el contrario, el ad quem tuvo que admitir ese aserto, porque solo de esa manera se abría la posibilidad de estudiar la prosperidad de la acción reivindicatoria.

3.6. Igualmente, valga reiterar que como se dejó sentado al desatar el segundo cargo, para el Tribunal no hubo posesión de Jorge Eliades Cortés Forero entre 1977 y 1982 debido precisamente a su falta de suma, de modo que no podía abrirse paso la suma de posesiones planteada por los frustrados prescribientes, puesto que la agregación que prevén los artículos 778 y 2520 del Código Civil supone que existan períodos de posesión debidamente determinados y verificados, para que sean susceptibles de acumularse, situación que aquí no se dio por establecida.

3.7. En todo caso, hay que añadir que la disputa de ahora es, precisamente, entre los titulares del dominio sobre el bien y sus poseedores actuales, de modo que no resulta relevante determinar si el causante Pedro Ignacio Cortés Forero, o sus herederos, alguna vez fueron poseedores de ese predio. El objeto del proceso, desde la perspectiva de los demandados en reivindicación, quedaba reducido a demostrar que al momento de la demanda tenían un mejor derecho que los demandantes con el fin de conservar el bien poseído, cosa que a la postre no lograron, pues la prescripción adquisitiva que invocaron José Alonso Cortés Forero y Nohora Cárdenas Núñez fue desestimada, en tanto que no acreditaron la existencia de una posesión que perdurara por el tiempo necesario para usucapir.

4. Síguese de lo anterior, que los antedichos cargos no se abren paso.

Cargo octavo

En criterio del casacionista, se desatendieron los artículos 673, 762, 763, 764, 765, 768, 769, 778, 2512, 2513, 2518, 2521, 2522, 2527, 2531 y 2532 del Código Civil, por la comisión de un “error de hecho” al momento de valorar el dictamen pericial practicado en el proceso, pues allí no se le dio el valor que realmente corresponde a la edificación levantada por José Alonso Cortés Forero y Nohora Cárdenas Núñez sobre el predio perseguido y, además, hubo una estimación inapropiada de los frutos, al estimarlos en $133'454.401, pues no se observó que una parte de ellos debía corresponder al dueño del lote y la otra parte a quien levantó la construcción; “de ahí que nada de justo tiene que se le ordena a pagar unos frutos al ciento por ciento a favor de quien no puso ni un ladrillo para hacer producir un bien”.

A ese respecto, agrega que en el dictamen que practicado previamente para verificar la procedencia del recurso de casación que no fue objetado por los demandantes, se dio un valor al inmueble más cercano a la realidad.

Consideraciones de la corte

De una parte, el recurrente cuestiona al Tribunal por no tener en cuenta, a la hora de estimar los frutos, que fueron los demandados José Alonso Cortés Forero y Nohora Cárdenas Núñez quienes levantaron el edificio que actualmente existe en el inmueble cuya reivindicación se ordenó. Lo que arguye el casacionista es que debió abonarse a los poseedores lo que invirtieron para que el bien produjera los frutos civiles ordenados.

Siendo así las cosas, es de advertir que el censor, en últimas, prétende que se dé aplicación a la regla contenida en el artículo 965 in fine del Código Civil, a cuyas voces, “en toda restitución de frutos se abonarán al que la hace los gastos ordinarios que ha invertido en producirlos”, sin embargo, la violación de esa norma no fue denunciada en el cargo, como tampoco lo fueron aquellas que regulan la restitución de frutos en la reivindicación.

Ahora bien, según se tiene por averiguado, en la presentación de un cargo, por la causal primera de casación, deben denunciarse las normas que se estiman desatendidas y que eran las llamadas a regular la situación jurídica concreta que concierne a las partes. Justamente, esa exigencia aquí se echa de menos, porque conforme acaba de mencionarse, ninguno de los preceptos que gobierna el pago de frutos a los reivindicantes fue denunciado en el cargo. Igual sucede con el reconocimiento de las mejoras, prevista en los artículos 966 y siguientes del Código Civil, ninguno de los cuales fue mencionado por el casacionista.

Recuérdese que “con el propósito de lenificar el rigor de la previsión recién aludida, el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, dispuso que “será suficiente sefalar cualquiera de las normas de esa naturaleza [sustancial] que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa” con lo cual se descartó la exigencia de invocar la totalidad de las normas vinculadas a la controversia.

Sin embargo, subsiste aún a hombros del casacionista el compromiso de señalar “como infringida por lo menos una norma a la que pueda atribuírsele el carácter de sustancial y que sea o haya debido ser base esencial del fallo del tribunal, bajo el entendido, daro está, de que es o debe ser definitiva, concerniente o incidente en cuanto a la relación jurídica debatida en juicio, y, como apenas es lógico suponer, que entronque con el análisis efectuado u omitido por el sentenciador de cara a la misma, y de cara al especifico inconformismo del impugnador” (Sent. Cas. Civ. jul. 26/2005, Exp. 00106)”(Sent. Cas. Civ. feb. 5/2008, Exp. 19001-31-10-001-2001-00460-01).

En ese orden de ideas, el cargo carece de idoneidad formal por no denunciar la violación de las normas sustanciales que —se recalca— gobernaban o han debido gobernar el caso, circunstancia que cierra la posibifidad de que se aborde su estudio.

Esta acusación, de contera, tampoco prospera.

Viene de todo lo anterior que ninguno de los reproches enfiliados contra la sentencia de segundo grado se abre paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la “República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 20 de agosto de 2008, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, como epílogo del proceso ordinario promovido por Rosalba Merchán Rodríguez —en representación de Luz Marina Cortés Merchán—, Elsa Celmira Rojas Castillo —en representación de Deysi Johanna Cortés Rojas y Paula Andrea Cortés Rojas—, Giovanny Cortés Merchán y Pedro Nel Cortés Gamba, frente a José Alonso Cortés Forero y Nohora Cárdenas Núñez.

Costas del recurso de casación a cargo de los recurrentes; liquídense.

Cumplido lo anterior, vuelva el proceso al despacho de origen».

(1) Según dicha providencia, “el favorecido con la prescripción puede alegarla, ya como defensa o como fundamento de una acción de propiedad, de la misma manera que puede alegarse cualquier otro título de dominio. En la prescripción extraordinaria conforme al artículo 2531 del Código Civil, si el que la alega ha poseído sin violencia, clandestinidad, ni interrupción, por espacio de treinta años, la cosa comerciable objeto de la prescripción, ha adquirido por ello el dominio de esa cosa y puede alegar, ya sea demandando o defendiéndose, su carácter de dueño, fundado en la prescripción”.

(2) Latorre U., Luis Felipe, Procedimiento Civil Colombiano, Trámite de los Juicios, Librería Voluntad S.A., Bogotá, 1948, págs. 321 y 322.

(3) Ley 120 de 1928: ART. 4º—Para obtener la declaración de pertenencia, se seguirá un juicio ordinario con la persona o personas contra quienes se pretenda hacer valer la prescripción.

(4) Ley 120 de 1928: ART. 7º En defecto de personas conocidas o presupuestos

interesados contra los cuales se pueda alegar la prescripción, el procedimiento será el que se detalla en los artículos siguientes.

(5) Sentencia de Casación Civil de 29 de septiembre de 2005, Expediente 04692; 2 de agosto de 2004, Expediente 26664; 20 de mayo de 2003, Expediente 6169; 5 de noviembre de 1998, Expediente 5002; 14 de febrero de 1995, G. J. tomo CCXXIV,.pág. 179; 24 de julio de 1985 G. J. t. CLXXX, pág. 193, entre otras.