Sentencia 2000-1109 de septiembre 25 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp.: 2000-1109-01

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Autoridades nacionales

Actora: Distrimerca Ltda.

Bogotá, D.C., veinticinco de septiembre de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

• Consideración preliminar

La actora solicita la nulidad del pliego de cargos de 23 de noviembre de 1999 formulado por el juez de rentas departamental contra el señor Abel Gualdrón Vargas, porque adolece de falsa motivación y violar el debido proceso.

Advierte la Sala que el pliego de cargos de 23 de noviembre de 1999 es un acto preparatorio, con el que se inicia una actuación administrativa, lo que significa que no es un acto definitivo, condición necesaria para ser objeto de demandada ante esta jurisdicción, por tal razón la Sala se abstendrá de hacer pronunciamiento de mérito. Así lo sostuvo la Sala en sentencia de 7 de abril de 2005 (5) :

“Sea lo primero advertir que en lo que respecta a la pretensión de nulidad del pliego de cargos la Sala se abstendrá de hacer pronunciamiento de mérito, pues dicho acto no es enjuiciable ante esta jurisdicción dado su carácter de preparatorio, en razón de que con él solo se da inicio a la actuación administrativa, lo que impide catalogarlo como definitivo, condición esta última necesaria para ser pasible del control que en la demanda se pretende. Además de lo anterior, debe señalarse que, por lo general, el “pliego de cargos” no es de aquellos actos que ponen fin a la actuación respectiva, sino que, por el contrario, como ya se expresó, la impulsan propiciando su continuidad”.

El pliego de cargos es un acto preparatorio o de trámite que no puede ser demandado ante esta jurisdicción.

• Primer cargo

La actora sostuvo que el juez de rentas del departamento del Cesar violó el artículo 218 de la Ley 223 de 1995 por aplicación indebida, pues aún no se ha creado el sistema único de señalización a nivel nacional que faculte a los sujetos activos del impuesto al consumo establecer la obligación de señalizar el cigarrillo a los productores e importadores. No es posible que una norma de inferior jerarquía, como lo es el estatuto de rentas departamentales, exija esa obligación por fuera de lo que condiciona la norma superior.

Colombia es una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales (C.P., art. 1º). Estos principios constitutivos del Estado colombiano implican que las entidades territoriales tienen derechos y competencias propios que deben ser protegidos de las interferencias de otras entidades y, en especial de la Nación (6) .

En virtud de los artículos 287 y 298 de la Constitución Política las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses; y dentro de los límites de la Constitución y la ley, pueden ejercer sus competencias, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

La Sección Cuarta de esta corporación (7) ha sostenido que la facultad impositiva de las asambleas departamentales es derivada (C.N., arts. 150-12 y 338), es decir, que se ejerce con sujeción a lo previsto en la Constitución y la ley, de manera que la asamblea departamental puede decretar de conformidad con tales disposiciones los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Según el artículo 218 de la Ley 223 de 1995 (8) , los sujetos activos de los impuestos al consumo, como es el cigarrillo, podrán establecer la obligación a los productores e importadores de señalizar los productos destinados al consumo de cada departamento. El tenor de la norma es el siguiente:

ART. 218.—Señalización. Los sujetos activos de los impuestos al consumo de que trata este capítulo podrán establecer la obligación a los productores e importadores de señalizar los productos destinados al consumo en cada departamento y el Distrito Capital. Para el ejercicio de esta facultad los sujetos activos coordinarán el establecimiento de sistemas únicos de señalización a nivel nacional”.

Por su parte, el artículo 30 del estatuto de rentas del Cesar (Ord. 052/98 (dic. 10)), vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, esto es el 30 de octubre de 1999, disponía:

ART. 30.—Señalización. Es el instrumento adoptado por la Secretaría de Hacienda, que identifica los licores, vinos, aperitivos y similares sujetos al pago del impuesto al consumo o participación porcentual. Los instrumentos de señalización deben adherirse al envase, en las bodegas de renta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega. Solo los productos señalizados podrán consumirse o comercializarse dentro del territorio rentístico de Cesar, so pena de ser aprehendidos y decomisados.

Los productos señalizados deberán ser declarados en su totalidad, dentro del plazo establecido para el período gravable durante el cual se efectuó la solicitud de instrumentos de señalización.

La Secretaría de Hacienda se abstendrá de hacer entrega de instrumentos de señalización hasta tanto no se produzca la declaración y pago de que trata el inciso anterior.

Los importadores y/o distribuidores de productos extranjeros solicitarán señalización únicamente respecto de aquellos productos cuyo consumo se vaya a efectuar en la jurisdicción del departamento del Cesar.

PAR. 1º—El contribuyente es quien solicita, de acuerdo con los saldos de mercancías existentes en kárdex, la entrega de instrumentos de señalización para identificar los productos sujetos al pago de los impuestos al consumo o participación porcentual según el caso.

PAR. 2º—La Secretaría de Hacienda podrá determinar los casos excepcionales en que la mercancía introducida al departamento para su distribución no requiera señalización departamental para la cual expedirá resolución motivada”.

Según el artículo 431-5 ibídem, los funcionarios departamentales que tengan la competencia funcional para ejercer el control operativo de rentas podrán aprehender en jurisdicción del departamento del Cesar los productos nacionales y extranjeros, que no estén señalizados, existiendo obligación legal para ello.

El artículo 432-6 ibídem establece que cuando la aprehensión haya sido efectuada por las autoridades de rentas departamentales o en operativos conjuntos entre el departamento del Cesar y las autoridades aduaneras y/o policivas nacionales, se procederá de la siguiente forma:

ART. 432.—Procedimiento para el decomiso. [...] 6. Cerrado el período probatorio, o vencido el término de respuesta la pliego de cargos cuando no haya lugar a práctica de pruebas, la Secretaría de Hacienda proferirá dentro del mes siguiente, la resolución de decomiso o devolución al interesado, según el caso, la cual será notificada por correo o personalmente al interesado. [...]”.

La Sala en sentencia de 24 de junio de 1999 (9) consideró que la facultad que tienen los departamentos para establecer la obligación a los productores e importadores de señalizar los productos destinados al consumo está relacionada con la manera de hacer efectivo el impuesto. Dijo entonces la Sala:

“El artículo 218 de la Ley 223 de 1995 establece una regulación referente a la facultad que tienen los sujetos activos de los impuestos al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares y del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, de que trata el capítulo X de dicha ley, vale decir, los departamentos y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, para establecer la obligación a los productores e importadores de señalizar los productos destinados al consumo en cada una de dichas entidades territoriales. Es decir, que es una competencia inherente a la potestad impositiva que tienen tales sujetos sobre los referidos productos.

[...]

El artículo 218 de la Ley 223 de 1995 consagra una facultad relacionada con la manera de hacer efectivo el impuesto al consumo, pues la señalización implica que en el producto materia del impuesto se haga constar o señalizar que el mismo está destinado al consumo en el respectivo departamento o en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, previa coordinación entre estos para el establecimiento de un sistema único de señalización, lo cual permite un efectivo control para el recaudo del citado impuesto.

[...]”.

La señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo es un mecanismo que se establece para controlar su comercialización en el departamento respectivo.

De lo anterior, se infiere que la ley (L. 223/95, art. 218) en forma expresa permite a las entidades territoriales establecer mediante acto administrativo, la señalización de cigarrillos con el fin de ejercer el control de su comercialización en la jurisdicción, mientras se reglamenta el sistema único de señalización.

La decisión contenida en la Resolución 2 de 2000 (ene. 27) consistente en decomisar “trescientas (300) pacas de cigarrillo marca “BELMONT” por veinte (20)” por violar el artículo 431 del estatuto de rentas del departamento del Cesar fue proferido en legal forma, pues el artículo 218 de la Ley 223 de 1995 permite en forma expresa, que las entidades territoriales establezcan mediante acto administrativo (Ord. 052/98), la obligación de señalizar el cigarrillo con el fin de ejercer el control de su comercialización en la jurisdicción correspondiente, mientras se reglamenta el sistema único de señalización a nivel nacional.

El estatuto de rentas del departamento del Cesar (Ord. 052/98), vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, se encuentra amparado por la presunción de legalidad, y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento hasta tanto no se declare su nulidad.

El cargo no prospera.

• Segundo cargo

Alega la actora que el juez de rentas era incompetente para proferir la Resolución 2 de 2000 (ene. 27), pues para esa fecha el parágrafo transitorio del artículo 238 del estatuto de rentas del departamento del Cesar (Ord. 031/99) dispuso que el jefe de la división y el coordinador general de ingresos son competentes para proferir las actuaciones de la oficina de impuestos, mientras se reestructura la división de ingresos de la Secretaría de Hacienda Distrital.

El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 dispone que las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

Las pruebas demuestran que la mercancía fue decomisada por la Policía del departamento del Cesar el 30 de octubre de 1999, en vigencia del estatuto de rentas del departamento del Cesar (Ord. 052/98) (10) que en su artículo 429 establece que el departamento podrá aprehender y decomisar en su jurisdicción, a través de las autoridades competentes, los productos gravados con los impuestos al consumo que incumplan las obligaciones establecidas a los sujetos responsables.

Este cargo tampoco prospera.

Se impone, pues, revocar la sentencia proferida por el a quo y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida el 31 de julio de 2003 por el Tribunal Administrativo del Cesar, y en su lugar:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(5) Expediente 1999-02113. Actora: Comercializadora de Electromotores Coelmo Ltda. M.P. Dr. Gabriel E. Mendoza Martelo.

(6) Ver, entre otras, las sentencias C-478 de 1992 y C-517 de 1992.

(7) Expediente: 1999-0651 (11208). Actor: Bavaria S.A. M.P. Dr. Daniel Manrique Guzmán.

(8) Publicada en el Diario Oficial 42160 de 22 de diciembre de 1995.

(9) Expediente: 5225. Actor: Pablo J. Cáceres Corrales. M.P. Dr. Ernesto R. Ariza Muñoz.

(10) “ART. 447.—Esta ordenanza rige desde su sanción y publicación, y surte efectos jurídicos a partir del primero (1º) de enero de 1999”.

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