Sentencia 2000-13055 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-2000-13055-01(28973)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Nora Quintero Rodríguez y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec

Referencia: acción de reparación directa

Bogotá, D. C., nueve de julio de dos mil catorce.

En obedecimiento a lo dispuesto en la sentencia de tutela proferida el 15 de mayo de 2014 por la Sección Cuarta de esta corporación, resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de 25 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. El 4 de diciembre de 2000, los señores Nora Quintero Hernández, Eliécer Ojeda Hernández, Bolívar Ojeda Hernández, Luis Carlos Ojeda Hernández, Myriam Ojeda Hernández, Francy Ojeda Hernández y Cielo Fátima Ojeda Hernández, actuando en nombre propio, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, con el objeto de obtener la declaratoria de responsabilidad y la consecuencial indemnización por los perjuicios que se afirman irrogados con ocasión de la muerte del señor Wilson Certuche Hernández, ocurrida el 6 de enero de 2000, dentro de las instalaciones de la cárcel “Villahermosa” de la ciudad de Cali.

Como pretensiones de la demanda fueron formuladas las siguientes (fls. 21 y 22 c. 1):

“2.1. Declarar que la Nación colombiana - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CARCELARIO (sic) ‘INPEC’, (sic) es administrativamente responsable por la muerte del señor ELCIARIO (sic) CERTUCHE HERNANDEZ, en hechos sucedidos el día 06 de enero del 2000, quien resultó muerto por múltiples heridas con arma corto punzante recibidas en su cuerpo al (sic) interior de la cárcel de Villahermosa de Cali, generando así Perjuicios (sic) de carácter Material (sic) y Moral (sic) para los actores.

“2.2. Evaluacion del lucro cesante: Que como consecuencia lógica de la declaración del numeral 2.1 se condene a la Nación colombiana - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CARCELARIO (sic) ‘INPEC’, a pagar a favor de Nora Quintero Rodríguez, esposa del fallecido, la cantidad de dinero que por concepto de Perjuicios (sic) Materiales (sic) a título de lucro cesante, resulte concretada en la liquidación que haga el perito competente, resultante de multiplicar el salario mínimo legal vigente o el ingreso pecuniario que se pueda demostrar; por la vida probable del fallecido, lo que corresponde a lo dejado de producir por el occiso en razón de su muerte prematura, habida cuenta de la edad que al momento del in suceso (sic), esperanza de vida del fallecido y la esposa de este (sic) conforme a las tablas de mortalidad colombiana y demás aspectos considerados jurisprudencialmente. A tal perjuicio, se le deberán reconocer los intereses comerciales generados desde el momento en que este (sic) tuvo ocurrencia, la corrección monetaria del monto indemnizatorio por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, situaciones estas (sic) que se reconocerán dentro de la sentencia favorable respectiva y una vez realizado lo anterior se le deberán pagar los intereses comerciales dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia favorable e intereses moratorios de ahí en adelante, conforme lo autoriza el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

“2.4. Perjuicios morales: Que se reconozca por concepto de perjuicios morales la suma de 2.000 gramos de oro fino para cada uno de los demandantes:…”.

2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, la parte actora adujo, en síntesis, lo siguiente (fls. 13 y 24 c. 1):

a. El señor Wilson Certuche Hernández purgaba una pena impuesta por los antiguos juzgados regionales y su sitio de reclusión era la Cárcel del Distrito Judicial de Cali, “Cárcel de Villahermosa”. El 6 de enero de 2000, el mencionado recluso fue víctima de múltiples heridas, ocasionadas por arma cortopunzante, que causaron su muerte dentro del reclusorio.

b. El fallecido era hijo de Elciario Certuche Orozco y María Belisa Hernández, compañero permanente de Nora Quintero Rodríguez y hermano de Eliécer, Bolívar, Luis Carlos, Myriam, Francy y Cielo Fátima Ojeda Hernández.

c. Los padres y la compañera permanente del fallecido lograron, en relación con los perjuicios morales, un acuerdo conciliatorio con la entidad demandada, que fue aprobado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 25 de agosto de 2000.

d. La muerte de Certuche Hernández ha generado perjuicios materiales a su compañera permanente y morales a sus hermanos.

3. Admitida y notificada la demanda (fls. 29, 30, 35, 36 c. 1), la entidad demandada no presentó escrito de contestación.

4. El proceso se abrió a pruebas mediante auto de 7 de febrero de 2003 (fls. 55 a 57 c. 1). Vencido este período, por auto de 9 de febrero 2004 se corrió traslado a las partes, para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público, para que emitiera su concepto.

5. Dentro deltérmino para alegar de conclusión, la apoderada de los demandantes aludió, nuevamente, a los hechos que dieron origen a la acción y concluyó afirmando que los supuestos de hecho esgrimidos en la demanda se encuentran probados, así como la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por la muerte de Wilson Certuche Hernández.

El Inpec y el delegado del Ministerio Público no hicieron uso del respectivo término.

6. Mediante sentencia de 25 de junio de 2004, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró responsable patrimonialmente al Inpec por la muerte del señor Wilson Certuche Hernández y, como consecuencia de lo anterior, condenó al pago de perjuicios morales para los hermanos de la víctima y negó las demás pretensiones de la demanda (fls. 107 a 120 c. ppal.).

II. La sentencia apelada:

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la responsabilidad patrimonial de la administración. En esa oportunidad, sostuvo (fls. 115 y 119 c. ppal.):

“Es este orden y encontrándose en la obligación constitucional cuyo cumplimiento legal le compete a la parte demandada y no habiéndose acreditado causal de exoneración de incumplimiento a su deber de vigilancia, la responsabilidad patrimonial deprecada habrá de declararse.

“Observa la Sala de acuerdo a lo anterior así como del resto del material probatorio allegado al proceso que se encuentra estructurada claramente la falla en el servicio por parte de la (sic) autoridades carcelarias en cargadas del cuidado del señor Wilson Certuche Hernández.

“Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto respecto del acervo probatorio así como la reiterada jurisprudencia contencioso administrativa, es del caso declarar la responsabilidad de la administración en el presente asunto, pues es deber de las autoridades carcelarias velar por el bienestar de los internos y que éstos una vez obtengan su libertad puedan salir del centro de reclusión en el mismo estado en que entraron, es decir en condiciones optimas (sic) incluso de rehabilitación.

“…

“Perjuicios materiales

“Sobre los perjuicios materiales, solicitados con la demanda, la Sala los negará toda vez que estos (sic) no se demostraron el curso del proceso, pues no se probó cual era la actividad laboral a la que se dedicaba el occiso Certuche Hernández con anterioridad a la privación de su libertad”.

III. Recurso de apelación

La apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia referida, para que se concedieran las pretensiones respecto del perjuicio material por lucro cesante y se aumentara la condena por perjuicios morales reconocida a los hermanos de la víctima, los cuales fueron tasados en la suma equivalente a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno (fl. 130 a 137 c. ppal.); posteriormente, mediante auto de 11 de marzo de 2005, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 189 c. ppal.).

El apoderado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, luego efectuar un extenso recuento jurisprudencial sobre asuntos similares al presente, de los hechos y de las pruebas recaudadas dentro de este proceso, solicitó negar las pretensiones de la demanda (fls. 149 a 162 c. ppal.).

La apoderada de los demandantes y el señor agente del Ministerio Público no hicieron uso de término concedido.

IV. Consideraciones:

Pretende la recurrente que, en sede de apelación, sea modificada la sentencia proferida en primera instancia para que se conceda indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a los demandantes debido a que, según su dicho, se trataba de una persona productiva a pesar de encontrarse en situación de reclusión. También solicitó que se incremente el reconocimiento que se hizo a los hermanos de la víctima, por perjuicios morales.

Como se anunció, el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de primera instancia fue interpuesto, únicamente, por la apoderada de los demandantes, situación que la convierte en apelante único.

Pues bien, en sentencia de 14 de septiembre de 2011, Expediente 21.239, actor Pablo Andrés Murillo Devia y otros, esta corporación sostuvo:

“En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo(1), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que ‘las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: tantum devolutum quantum appellatum’(2)”.

Así las cosas, la resolución del recurso se circunscribirá a lo pedido en la apelación.

Perjuicios morales

A cada uno de los señores Eliécer, Bolívar, Luis Carlos, Myriam, Francy y Cielo Fátima Ojeda Hernández en su calidad de hermanos de la víctima se les reconoció en la sentencia primera instancia la cantidad equivalente a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En relación con los perjuicios morales en caso de muerte, esta Sala ha reconocido a los hermanos de la víctima la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de ellos, por tratarse de una relación de segundo grado de consaguinidad, situación que hace presumir que, conforme a las reglas de la experiencia, entre ellos existieron buenas relaciones de afecto, solidaridad y ayuda mutua y que ante la muerte de cualquiera de ellos se produce aflicción, dolor y congoja que en alguna medida se resarce con ese reconocimiento patrimonial.

Dentro del expediente no existe ninguna prueba que indique que entre cada uno de los hermanos demandantes de la víctima y esta se hayan presentado situaciones que permitan considerar la reducción del reconocimiento de la indemnización que normalmente se concede; en efecto, nada indica que no haya existido en aquellos una afectación moral por la muerte de William Certuche Hernández, que es lo que naturalmente se produce cuando un familiar cercano muere.

Por la razón anterior se modificará la sentencia de primera instancia para reconocer a cada uno de los hermanos de la víctima, la suma equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Perjuicios materiales

En relación con el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para la señora Nora Quintero Rodríguez, en el recurso de apelación la apoderada esgrimió lo siguiente:

“Con base en lo anterior, solicito al honorable Consejo de Estado se declare probada la existencia del perjuicio material consistente en Lucro (sic) Cesante (sic) y en consecuencia se ordene su pago a favor de la esposa de la víctima, señora Nora Quintero y se ordene la correspondiente liquidación, teniendo como base de ingreso pecuniario, el salario mínimo mensual legal vigente, habida cuenta que tan solo se probó la actividad laboral del fallecido, mas no, su valor exacto mensual”.

Al respecto, debe señalarse que no es posible derivar de la muerte del recluso Wilson Certuche Hernández perjuicio material alguno a favor de su cónyuge, dado que, respecto de la víctima, no resulta posible presumir el ingreso mínimo mensual legal vigente.

En efecto, las disposiciones relativas a la fijación del salario mínimo mensual legal vigente resultan ser un parámetro que aplica solamente para las personas que se hallen en situación potencial de productividad, lo que significa que, en principio, sobre la persona frente a quien se presume el ingreso mensual legal vigente no recae ninguna restricción legal para desarrollar libremente actividades económicamente productivas, salvo que, excepcionalmente, sobre quienes pesen estas restricciones medie autorización por parte de la autoridad competente para que puedan desarrollarlas.

Para el día de su muerte, el señor Wilson Certuche Hernández se encontraba en situación de reclusión por su participación, como miembro del Ejército Nacional, en la masacre de varios civiles en el departamento del Cauca, delito que fue calificado como homicidio con fines terroristas y por el que fue condenado el Estado mediante sentencia proferida por esta misma corporación(3). La situación de confinamiento en la que se hallaba cuando acaeció su deceso, obviamente, incorporaba una imposibilidad legal para que pudiera libremente desarrollar actividades económicamente productivas, pues el objetivo de mantenerlo recluido era lograr su resocialización y si bien factores como el trabajo y el estudio hacen parte de ese proceso, con beneficios que se reflejan en la redención de la pena, son actividades que se encuentran restringidas y reguladas por la ley y sólo la autoridad penitenciaria es competente para permitirlas con estricta observancia de la ley penitenciaria y de los reglamentos, previa autorización en cada caso particular.

En relación con el trabajo de los reclusos y con el manejo de dinero, la Ley 65 de 1993, vigente para la época en que ocurrió la muerte del señor Certuche Hernández, dispuso lo siguiente:

“ART. 79.—Obligatoriedad del trabajo. El trabajo en los establecimientos de reclusión es obligatorio para los condenados como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar previamente reglamentado por la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Sus productos serán comercializados.

“…

“ART. 84.—Contrato de trabajo. Los internos no podrán contratar trabajos con particulares. Estos deberán hacerlo con la administración de cada centro de reclusión o con la sociedad ‘Renacimiento’. En este contrato se pactará la clase de trabajo que será ejecutado, término de duración, la remuneración que se le pagará al interno, la participación a la caja especial y las causas de terminación del mismo. Igualmente el trabajo en los centros de reclusión podrá realizarse por orden del director del establecimiento impartida a los internos, de acuerdo con las pautas fijadas por el Inpec.

“…

“ART. 89.—Manejo de dinero. Se prohíbe el uso de dinero al (sic) interior de los centros de reclusión. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reglamentará las modalidades de pago de bienes y servicios internos en los centros de reclusión.

De lo anterior se colige que: i) el trabajo dentro del reclusorio no tiene carácter eminentemente remuneratorio, ii) está prohibido el uso de dinero dentro de la cárcel, iii) en caso de existir un contrato de trabajo —este sí remunerado—, el recluso no puede contratar directamente y, en todo caso, deberá hacerlo atendiendo bajo las pautas fijadas por la autoridad penitenciaria.

Dentro del proceso rindieron testimonio los señores Sara Inés Guerrero Echeverri, Janeth Benítez, Jorge Idárraga Trujillo, Luis Edgar Enríquez Ledezma y Jesús Alberto Rojas García, quienes de forma unánime afirmaron que el señor Certuche Hernández vendía productos misceláneos dentro del penal y que de allí derivaba el sustento económico propio y de su esposa. En relación con las aludidas declaraciones, debe decirse que no son prueba idónea de la productividad del recluso dentro del penal y menos de que dichas actividades fueran autorizadas.

En efecto, no existe en el expediente ninguna prueba proveniente de la autoridad penitenciaria y carcelaria de la que pueda inferirse que el recluso desarrollaba actividades económicamente productivas dentro del penal y menos que lo hiciera bajo la autorización y supervisión requerida por la ley, circunstancia por la cual no le era posible proveer ayuda económica a su cónyuge, aunque si de cualquier manera lo hizo los recursos obtenidos dentro del penal lo fueron de forma clandestina.

Sobre el particular, es claro que la clandestinidad de los dineros que —se dice— enviaba el recluso a su cónyuge y con base en los cuales la apoderada pide el reconocimiento de perjuicios materiales, no son fuente de derecho indemnizatorio alguno a favor de esta última.

Por último, no es posible determinar tampoco a partir de qué fecha recobraría el confinado su libertad para presumir, a partir de allí, su resocialización, el derecho a percibir cuando menos un salario mínimo y a desarrollar libremente actividades productivas que le permitieran obtener el sustento económico propio y de su familia.

Costas:

No habrá lugar a condena en costas, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, de conformidad con las previsiones relativas al artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia de veinticinco (25) de junio de dos mil cuatro (2004), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, así:

• CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— a pagar la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a cada una de las siguientes personas, en su calidad de hermanos de la víctima: Eliécer Ojeda Hernández, Bolívar Ojeda Hernández, Luis Carlos Ojeda Hernández, Myriam Ojeda Hernández, Francy Ojeda Hernández y Cielo Fátima Ojeda Hernández.

2. CONFÍRMASE en lo demás el fallo apelado.

3. Ejecutoriado el presente fallo, devuélvase al tribunal del origen.

4. Sin costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(1) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como:

“La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin. O como dice Couture: ‘es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso’.

“Son características de esta regla las siguientes:

“El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106).

(2) Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, veintisiete (27) mayo de dos mil nueve (2009), Expediente 19001-23-31-000-3846-01 (R-15186) acumulado, Actor: María Lucía Muñoz y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional. “En horas de la tarde del día domingo 7 de abril de 1991, cuando la línea de placas SY 2060, de propiedad del señor José Rafael Samboní Macías, que cubría la ruta Los Uvos - Piedrasentada, se encontraba a la altura de Puente Fierro, fue detenida por los civiles Juan Carlos Muñoz y Asmed Ordóñez, quienes en compañía de miembros del Batallón José Hilario López, al mando del cabo primero José Gustavo Mora Parra, luego de interceptarla la abordaron, portando uniformes militares y armamento perteneciente a la unidad Águila Nº 2 … posteriormente bajaron las personas que viajaban en la chiva. Igualmente de acuerdo con sus versiones, fue detenida la motocicleta de placas RWT S4, obligando a sus ocupantes a subir al vehículo hasta el sitio ya mencionado.

“Una vez detenido el vehículo ordenaron a los pasajeros descender del mismo, tenderse en el piso, separando a los hombres de las mujeres. Posteriormente se les despojó de sus pertenencias y finalmente se les disparó por orden del cabo José Gustavo Mora Parra, y con iniciativa de los civiles, descargando su munición de acuerdo a su propia versión Mora Parra, los soldados Wilson Certuche Hernández y Jhon Jairo Castillo Vélez. Aseguran los exponentes que los civiles igualmente dispararon en contra de los fallecidos. Concuerdan en afirmar que el soldado Luis Enrique Ledesma no disparó, dedicándose por el contrario a prestar seguridad en el área”.