Sentencia 2000-20274 de abril 11 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente:

Olga Mélida Valle de De La Hoz

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079)

Actor: Álvaro Enrique Castro Ramírez y otros

Demandado: Ministerio De Defensa Nacional, Ejército Nacional

Ref.: Acción de reparación directa

Temas: Conscriptos. Relación de especial sujeción: régimen de responsabilidad aplicable. Falla en el servicio por omisión en el cumplimiento del contenido obligacional que rige la función de la entidad demandada.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Subsección a resolver el asunto sometido a su consideración de acuerdo con el siguiente esquema: 1) El régimen de responsabilidad aplicable; 2) El caso concreto; 3) la configuración del caso como una grave violación de Derechos Humanos, 4) La liquidación de perjuicios; 5) Medidas de reparación por afectación relevante a bienes o derechos constitucional y convencionalmente amparados y 6) La condena en costas.

1. El régimen de responsabilidad aplicable.

A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, éste será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”(4). Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(5).

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(6). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”(7); en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”(8).

Al respecto, esta Sección ha reiterado que:

“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”(9).

Así las cosas, se tiene que el daño antijurídico puede ser ocasionado por la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas, y al respecto, ha sido reiterada la jurisprudencia de esta corporación, en relación con el régimen de responsabilidad aplicable por los daños causados a quienes se encuentran en situación de conscripción(10). En efecto, “respecto de los daños sufridos por quienes prestan el servicio militar obligatorio, se ha reiterado que la responsabilidad estatal se estructura bajo un régimen objetivo (tanto por daño especial, como por riesgo excepcional), por virtud de la ruptura del principio de igualdad en la asunción de las cargas públicas debido a que el ingreso a la fuerza pública ocurre en razón del acatamiento del mandato constitucional previsto en el artículo 216 (...)”(11)de la Constitución Política.

Así, al tratarse de la aplicación de un régimen de responsabilidad de carácter objetivo, la entidad demandada tendrá que entrar a comprobar la existencia de una causal eximente de responsabilidad. La Sección así lo ha confirmado, al considerar que “no le basta a la entidad demandada probar que su actuar fue diligente y cuidadoso, con el fin de enervar las pretensiones formuladas, sino que, en estos supuestos, el factor subjetivo no interviene en la imputación del hecho dañoso, circunstancia por la cual la única forma con que cuenta el extremo pasivo de la Litis para liberarse de la imputación, es a partir de la demostración de una causa extraña en relación con el daño, esto es: i) que se produjo a causa de una fuerza mayor, o ii) por culpa exclusiva de la víctima, o iii) a consecuencia del hecho exclusivo y determinante de un tercero”(12).

No obstante lo anterior, esta corporación también ha sostenido que el daño antijurídico puede ser ocasionado por el incumplimiento de normas cuya observancia se exige a los agentes estatales, por lo que el régimen imputación, en este caso, es subjetivo por falla en el servicio. En efecto, “la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Yobviamentesedalaomisióno ausenciadelmismocuandolaAdministración,teniendoeldeberlegaldeprestarel servicio,noactúa,noloprestayquedadesamparadalaciudadanía(13)” (subrayado fuera de texto).(14)

2. El caso concreto.

2.1. Los hechos probados.

El acervo probatorio está integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el a quo. Ninguna fue objetada y todos pueden ser valorados de acuerdo con los precedentes de esta corporación.

Así, pasa la subsección a hacer la relación de las pruebas que considera útiles y pertinentes para fallar.

— Folio 1 del cuaderno 8 dentro del expediente 43626: Informe de pérdida de material rendido el 10 de agosto de 1998 por el oficial S-3 BIPAR (E) del Ejército Nacional en San José del Guaviare, que reposa dentro de la investigación preliminar Nº 173 adelantada por el Juzgado 60 de Instrucción Penal Militar arrimado a este proceso por solicitud de los demandantes el 12 de agosto de 2005, en el que se lee: “Con el presente, me permito informar al señor teniente coronel, Comandante del Batallón de infantería Nº 19 general Joaquín París, los hechos ocurridos los días 3 y 4 de agosto del año en curso, donde fuera atacada la Compañía “A” orgánica del Batallón Joaquín París, organizada (02-10-96) y ubicada en el Municipio de Miraflores – Guaviare, así: A partir del día 20 de julio de 1998, la Compañía “A” organizada a (02-10-96) al mando del señor CT. RUBIO MORENO WILLIAM efectua [sic] desplazamiento helicoportado desde el Batallon [sic] Joaquin [sic] Paris [sic] hacia la localidad de Miraflores con el fin de efectuar los cambios en el dispositivo de la Unidad Tactica [sic] por licenciamiento de la Compañía “C” efectuando el relevo correspondiente y en cumplimiento de orden de operaciones emitida por el Comando del Batallon [sic]. Siendo las 19:30 horas del día 03-AG0-98 se reporta a la seccion [sic] de comunicaciones del Batallon [sic] Joaquin [sic] Paris [sic] la Compañía “Águila” en contacto armado contra bandoleros de las ONTs Farc, desarrollando la situacion [sic] y sosteniendo combates de alta intensidad; inicialmente con dos pelotones y posteriormente en combates con la Unidad que se encontraba en el Puesto de Mando, cerca de la base antinarcóticos de la PONAL prolongandose [sic] por mas [sic] de 22 horas consecutivas, sin apoyo de tropas, sin apoyo de fuego aerotactico [sic] eficaz al termino [sic] de las cuales fue copada la base militar de Miraflores – Guaviare, determinandose [sic] la perdida [sic] de personal y material que a continuacion [sic] se relaciona, así: (...) muertos identificados (...) evacuados a Bogotá (HOSMIL) SL. CASTRO RAMIREZ ALVARO ENRIQUE, SL. RAMOS ROJAS JUAN CARLOS, SL. REAL GUASCA RAFAEL HUMBERTO (...) evacuados a San José del Guaviare (dispensario) (...) rescatados ilesos BIPAR”.

— Folio 10 del cuaderno 8 dentro del expediente 43626: Declaración rendida el 13 de agosto de 1998 por el cabo primero Over Andrés Sánchez Pérez, en la que se lee: “PREGUNTADO: Sírvase hacer un relato amplio y detallado de todo lo acontecido el [sic] municipio de Miraflores, cuando la base militar fue atacada por subversivos que delinquen en esta jurisdicción? CONTESTO: Nosotros salimos el día 19-jun-98, la compañía A al mando de mi capitán RUBIO, salimos para Miraflores, nos enviaron en un avión de la Policía; un pelotón se quedó en la Base de Antinarcóticos, de ese pelotón se repartió la mitad para un sector izquierdo de la base Antinarcóticos, y la otra en la misma Base; el otro pelotón se instalo [sic] en una base al finalizar la pista, y el otro pelotón se hizo al lado derecho de la base de la pista; después de unos dias [sic] mi capitán RUBIO dio la orden verbal que saliéramos de la base de la pista y uqe [sic] hiciéramos registros alrededor del pueblo para así prestarle seguridad a la Base Antinarcóticos y asimismo conocer el área donde nos encontramos sin alejarnos mucho del pueblo; el lunes tres de agosto eran las tres de la tarde, cuando un teniente BERMEO ordeno [sic] hacer un registro y el mismo lo hizo para situar el sitio en donde íbamos a descansar esa noche; como a las seis y treinta de la tarde iniciamos desplazamiento hacia ya [sic] se había hecho el registro para descansar esa noche. Eran las y cincuenta cuando hicimos un alto en el camino para esperar que oscureciera un poco más y así poder llegar al sitio sin que nadie se diera cuenta; a las siete de la noche empezamos nuevamente empezamos [sic] a desplazarnos con dirección al sitio asegurado, llegamos a un portillo grande el cual conducía hacia un potrero tambien [sic] grande entonces el CP. SALCEDO y mi Teniente BERMEO iban adelante punteando, cuando SALCEDO timbto [sic] por el radio de comunicaciones y le pregunto [sic] a mi Teniente BERMEO que si el [sic] tenia [sic] gente por esos lados, mi Teniente le contes [sic] que no, pero SALCEDO escuchó que alguien le dijo que se identificara, que quienes [sic] eran; nuevamente le preguntó a mi Teniente BERMEO que llamara al Sargento DELGADO que le preguntara que si tenía gente allá, mi Sargento le contestó que no y al momento se escucho [sic] una balacera, ahí mismo nos dimos cuenta que era la guerrilla, nos organizamos pero las granadas de mortero no dejaban de caer, por lo que yo me pude dar cuenta ya llevabamos [sic] tres heridos, seguimos hacia delante hasta donde los guerrilleros estaban pero estos no nos dejaban acercar, seguimos avanzando en arrastre bajo pero estos insistian [sic] por todos los lados, entonces mi Teniente BERMEO dio la orden de que nos corriéramos hacia la izquierda pero tampoco nos dejaron, seguimos hacia la izquierda pero tampoco nos dejaron correr, entonces decidimos retroceder un poco y entonces hubo soldados que se pararon mucho y en ese mismo instante la guerrilla disparó con todo el poder de fuego que estos tenían hiriendo y matando a muchos, fue donde yo me pude dar cuenta que los heridos se desesperaban y gritaban y lloraban, y fue cuando los guerrilleros aprovecharon la situación en que nos encontrábamos y se nos vinieron encima (...). PREGUNTADO: ¿Diga si ustedes tenían informaciones del ataque de que fueron víctimas? CONTESTO: Si nos habían dicho que se iban a meter; nos decían que nos cuidaramos [sic] que venían muchos (...). PREGUNTADO: ¿A qué se debe que se hayan tomado la Base militar? CONTESTO: los guerrilleros se la tomaron porque decían que esa tierra les pertenecía a ellos, y que así mandaran a cuanto militar o policía que se la volvían a tomar; el fracaso militar se debió a la poca cantidad de personal militar”.

— Folio 14 del cuaderno 8 dentro del expediente 43626: declaración rendida el 13 de agosto de 1998 por el SL. José Alejandro Bejarano Ramírez, en la que se lee: “PREGUNTADO: Diga que [sic] personal militar se encontraba en el municipio de Miraflores y quién era el comandante. CONTESTO: Por todos éramos tres contraguerrillas, al mando de mi capitán RUBIO, éramos como 110 hombres fuera de los policías. PREGUNTADO: Diga si ustedes habían sido advertidos sobre el ataque del que iban hacer [sic] sujetos por parte de la guerrilla, de ser así que [sic] medidas se tomaron para contrarrestar esta acción. CONTESTO: Habían rumores de que pensaban incursionar en ese municipio de Miraflores, por eso mi capitán dio la orden de dormir dos contraguerrillas fuera de la base, ya que la base era insegura, se hacían descubiertas en donde era la base de la infantería de marina, desde el domingo por la noche salimos a dormir afuera de la base dos pelotones”.

— Folio 15 del cuaderno 8 dentro del expediente 43626: declaración rendida el 13 de agosto de 1998 por el SL. Luis Hernando Escalante Rodríguez, en la que se lee:

“PREGUNTADO: Diga si ustedes habían sido advertidos sobre el ataque del que iban hacer [sic] sujetos por parte de la guerrilla, de ser así que [sic] medidas se tomaron para contrarrestar esta acción. CONTESTO: Teníamos información que del 1 al 7 de agosto se iban a tomar las bases, no sabíamos qué día exacto, ni qué cantidad de hombres, la orden creo que fue sacar las dos contraguerrillas de la base, desde el día 2 de agosto. PREGUNTADO: Diga cuanto [sic] tiempo llevaban en el municipio de Miraflores, si les explicaron que [sic] debían hacer en caso de un ataque y si ensayaron este plan, de ser así en cuantas [sic] oportunidades. CONTESTO: el día que se inició la toma cumplíamos trece (13) días, nos dijeron que en caso de un ataque debíamos cumplir las ordenes [sic] que dijera el superior, si [sic] se ensayo [sic] el plan de reacción como dos veces, pero eso era en la base, fuera de la base no teníamos plan de reacción y a nosotros nos cogieron fuera de la base”. 

— Folio 21 del cuaderno 8 dentro del expediente 43626: declaración rendida el 20 de agosto de 1998 por el CT. John Fernando Escobar Yara, en la que se lee: “PREGUNTADO: Qué información se tenía sobre el presunto ataque a la Base de Miraflores y qué medidas se adoptaron. CONTESTO: Se tenían informaciones de presencia constante ya que es un área considerada como crítica por la injerencia que tiene [sic] los grupos de bandoleros en el procesamiento, producción y comercialización de la hoja de coca, siendo considerado el sector de Miraflores como el lugar estratégico para tales actividades”.

— Folio 30 del cuaderno 8 dentro del expediente 43626: declaración rendida el 1 de septiembre de 1998 por el SL. Adolfo Villariaga, en la que se lee: “PREGUNTADO: Sabe usted qué órdenes emitió el capitán RUBIO a las contraguerrillas que se encontraban afuera, antes de iniciarsen [sic] los combates. CONTESTO: Apenas llegamos nosotros nos dijeron que la toma estaba para el día 7 de agosto, mi capitán dijo que teníamos que arreglar las trincheras y montar la seguridad, no se [sic] que [sic] le habrá [sic] dicho a las otras contraguerrillas ya que estas estaban por el lado del dispensario y otra contraguerrilla debajo de la base de la policía”.

— Folio 32 del cuaderno 8 dentro del expediente 43626: declaración rendida el 1 de septiembre por el CT. William Fernando Rubio Moreno, en la que se lee: “PREGUNTADO: Haga un relato amplio y detallado de todo lo sucedido los días 3 y 4 de agosto del presente año en la base militar de Miraflores (Guaviare).

CONTESTO: Yo me encontraba con mi compañía “A” en la inspección de Puerto Alvira (meta), cuando recibí la orden verbal y radial de que [sic] alistar mi compañía que debía recibir la base militar de Miraflores, se alistó la compañía, al otro día llegaron los aviones de la Policía y fuimos trasladados al Batallón, allá estuvimos 3 o [sic] 4 días y el 20 de julio nos recogieron los aviones para ser trasladados al municipio de Miraflores, en Miraflores fue relevada la compañía que se encontraba, porque les había llegado la hora del licenciamiento, solo quedó el CT. GÓMEZ PACHECO, haciendo el empalme conmigo, y orientándome sobre el dispositivo de seguridad. El capitán me dijo que le solicitara a mi coronel un pelotón más, ya que con tres pelotones era insuficiente cubrir esa área, inclusive en un programa solicitó que se me apoyara un pelotón más, el capitán se fue como al tercer día y la orden de mi coronel era que debían haber dos pelotones satélites moviéndose alrededor de la base, apoyándose mutuamente como un todo, pero que no estuvieran muy lejos de la base tampoco, para apoyarlos en caso de una necesidad. El capitán GOMEZ le informó a mi Coronel que tenía informaciones que había bajado una compañía de la guerrilla del Caquetá, ya que pensaban celebrar un aniversario más de la toma de Miraflores del año 95, durante los 15 días que estuve allá, seguí recibiendo informaciones que del 1 al 7 de agosto se iban a tomar la base y que venía otro frente de calamar [sic], información que di personalmente por radio al señor CT. ESCOBAR oficial S-3 y al señor Coronel GUSTAVO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ comandante del Batallón. Mi coronel me dio la orden de que tuviera Puestos Avanzados de Combate, observatorios y puestos de escucha durante la noche, ya que no contábamos con aparatos de visión nocturna para detectar el movimiento del enemigo, yo cumplí la orden tal como me la dio mi coronel, coloqué los dos pelotones satélites, los puestos avanzados del combate y puestos de escucha (…). El día 02 de agosto di la orden a la población civil que quedaba prohibido el movimiento de cualquier clase de vehículo, lanchas, carros y motos, después de las 18:00 horas, el día tres de agosto a las 5 de la tarde hice programa con el teniente, le dije que tan pronto oscureciera se moviera del lugar donde estaba y que montara una emboscada hacia el lugar de la carretera que conduce al internado, a las 18:45 aproximadamente del día 3, saque [sic] una patrulla conjunta del Ejército y la Policía al mando de un teniente de la Policía y un Sargento del Ejército, para que controlaran la orden de no movilización de ningún tipo de vehículo, en el pueblo ni en el rio, el Teniente me informo [sic] por radio que no había nadie en el pueblo, que todo estaba cerrado, le dije que tuviera mucho cuidado que de pronto nos iban a atacar y que se hicieran hacia el lado del rio haber [sic] que venían [sic], a las 7:15 el teniente BERMEO se estaba moviendo para montar la emboscada y a las 7:30 tuvo un combate de encuentro. (…) como a las 2 de la mañana llegó el primer avión de la Fuerza Aérea, duró como 15 minutos disparando las punto 50 y se fue, mientras esto los guerrilleros se calmaron, una vez se fue nos empezaron a mandarnos cilindros de gas a la base y disparándonos por todos lados, yo solicité apoyo aéreo y de personal para contrarrestar el ataque del enemigo, me contestó que ya iba en camino el apoyo, que no me preocupara, aproximadamente a la hora y media llegó nuevamente el avión fantasma, duró como media hora ametrallando alrededor de la base y de los sitios críticos que veía, le boté una bengala que allá estaba la guerrilla, me dijo que no podía hacer eso porque veía muchas casas, y seguía bombardeando donde no lo estábamos necesitando, al cabo de la media hora se fue el avión y dijo que más tarde venía más apoyo, ya cuando amaneció nos seguían lanzando cilindros, la base se encontraba destruida en su totalidad, la iglesia, las trincheras, los muros, dentro de la base teníamos un Agente muerto, como a las 8 de la mañana llegaron dos aviones tucanos, bombardearon a los alrededores, uno de los pilotos dijo que ya había ubicado desde dónde nos estaban tirando los cilindros, le dije que tratara de tumbar eso, pero no pudo, uno de los aviones lanzó una granada y nos cayó en la base, le dije que nos estaban bombardeando a nosotros, que no éramos el enemigo, que el enemigo estaba alrededor. (…) PREGUNTADO: Explique cómo efectuó el apoyo a las dos contraguerrillas satélites, teniendo en cuenta la orden impartida por el comando del Batallón. CONTESTO: La orden del Comando del Batallón era que debían estar moviéndose mutuamente y que debía apoyarlos con granadas de 81 mm, así lo hice pero lamentablemente las granadas no explotaron. PREGUNTADO: A qué se debió que las granadas no explotaron. CONTESTO: a mí me entregaron 52 granadas en la base de Miraflores, yo creo que los lotes muy viejos y muy deterioradas por las inclemencias del clima de esa región, habían lotes 85 y 86, duraron almacenadas mucho tiempo. (…) no tenía el personal suficiente para cubrir toda esa área, no había lentes de visión nocturna, ni tampoco designador lasérico, ni lentes de campaña. PREGUNTADO: Diga si usted dio a conocer al Comando del Batallón, todo este tipo de limitaciones de personal y material, de ser así qué explicación recibió al respecto. CONTESTO: Sí se colocaron como tres radiogramas y me contestaron que no había existencias en el depósito y que no había personal tampoco para reforzar. (…) PREGUNTADO: Diga si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la presente. 

CONTESTO: Si a pesar de que los soldados combatieron por más de 16 horas, si el apoyo tanto de la fuerza aérea como de personal hubiera sido oportuno y eficaz, otros hubieran sido los resultados y hubiéramos acabado con el mito de la columna móvil “Juan José Rondón” y del bloque oriental de las FARC, todos mis hombres combatieron heroicamente y muchos ofrendaron su vida por este motivo”. 

— Folio 45 del cuaderno 8 dentro del expediente 43626: declaración rendida el 3 de septiembre de 1998 por el SL. Rafael Antonio Rodríguez Bastos, en la que se lee: “El armamento que teníamos daba lástima, una M-60 se trabó, un MGL no sirvió, los fusiles se desbarataban, otros se trababan, las granadas salían fallidas, de las granadas que nos apoyó mi capitán que era de mortero, solo sirvieron dos, el resto salieron fallidas”.

— Folio 78 del cuaderno 8 dentro del expediente 43626: resumen semanal de inteligencia Nº 027 que cubre la semana del 3 al 8 de junio de 1998, realizado por el Batallón Joaquín París, en el que se lee: “Factor subversivo: Primera cuadrilla “ONT” FARC. Actividades ocurridas. 6-JUL-98. Mediante informaciones obtenidas varias fuentes población civil vecina base fuerza pública municipio Miraflores, se encuentra evacuando dicha localidad al parecer intimidadas por ONTs FARC ante posible incursión terrorista mencionado municipio (...). CONCLUSIONES GENERALES. Subversión. Es de esperarse para el próximo periodo una oleada terrorista por parte de los diferentes ONTs FARC que delinquen en la jurisdicción, puesto que al parecer su objetivo es lograr que la población civil abandone el casco urbano en los diferentes municipios, para de esta manera, logar copar la tropa acantonada especialmente en los Municipios del Retorno y Miraflores”.

— Folio 82 del cuaderno 8 dentro del expediente 43626: resumen semanal de inteligencia Nº 029 que cubre la semana del 17 al 23 de julio de 1998, realizado por el Batallón Joaquín París, en el que se lee: “Factor subversivo: Primera cuadrilla “ONT” FARC. Actividades ocurridas. (...) Se puede prever para los próximos días que bandoleros de la ONT FARC, incrementen atentados terroristas contra la fuerza pública, y en especial la que se encuentra acantonada en el Municipio de Miraflores, puesto que todas las informaciones sobre desplazamientos de bandoleros están centradas sobre mencionado sector [sic], esto al parecer se debe al cambio de la tropa que fue realizado en la presente semana, motivo por el cual mencionados narcoterroristas están a la espera del descuido de las medidas de seguridad, para en un momento determinado utilizando las masas poder asechar un fuerte golpe contra la fuerza pública”.

— Folio 80 del cuaderno 8: resumen semanal de inteligencia Nº 030 que cubre la semana del 24 al 31 de julio de 1998, realizado por el Batallón Joaquín París, en el que se lee: “Factor subversivo: Primera cuadrilla “ONT” FARC. Actividades ocurridas. 25-JUL-98. Se tuvo conocimiento que bandoleros de la Primera cuadrilla de la ONT FARC, tienen planeado instalar cilindros de gas con cargas de dinamita cerca de la tropa que se encuentra acantonada en el área general del municipio de Miraflores, con el fin de crear impacto ante la población civil y ante la tropa (...). CONCLUSIONES GENERALES. Subversión. Es previsible que las cuadrillas de bandoleros de la ONT FARC que delinquen en la jurisdicción, continúen con el planeamiento de atentar contra la tropa que se encuentra acantonada en el municipio de Miraflores, teniendo en cuenta que este personal posee poca experiencia y que dichos bandoleros se encuentran adelantando labores de inteligencia con el fin de buscar el momento adecuado en el que la tropa se encuentre desordenada y ofrezca cualquier vulnerabilidad”.

2.2. Valoración probatoria y conclusiones.

El acervo probatorio así constituido, permite tener por demostrado que el ataque a la base militar antinarcóticos de Miraflores ocurrido el 3 de agosto de 1998, estaba anunciado de acuerdo con los informes de inteligencia militar; sin embargo, en una evidente falla del servicio, no se tomaron las acciones para evitarlo, y una vez en combate, no se contó con los recursos suficientes para disminuir los efectos de las salvajes acciones subversivas, pues faltó personal, entrenamiento, armas y apoyo.

Entre todos los soldados que resultaron muertos, secuestrados o lesionados, se encuentran los aquí demandantes así:

ExpedienteVíctimaDaño
43481Carlos Javier Bernal Cantorsecuestro
Milton Fabio Ramírez Medinasecuestro
43626Franklin Pérezsecuestro
Carlos Hernán Riverasecuestro
Yovani Beltrán Lugosecuestro
Oviedo Gallego Marínsecuestro
John Fredy Ariza Rincónsecuestro
Luis Alexander Cifuentessecuestro
Efrén Rojassecuestro
Carlos Mario Tovar Jiménezsecuestro
Rubén Ayala Paradasecuestro
Benjamín Buitrago Burgossecuestro
José Yesid Buitrago Burgossecuestro
Robinson Ruiz Sánchezsecuestro
José Alexander Poveda Laverdesecuestro
Ricardo Acosta Gonzálezsecuestro
Edgar Bueno Afanadorsecuestro
Tito Velásquez Leónsecuestro
Diter Ávila Hernándezsecuestro
Libert Rodríguez Chagualasecuestro
Norbey Arias Ariassecuestro
Ciro Alfonso Velasco Delgadosecuestro
Luis Eduardo Almonacid Barahonasecuestro
John Javier Rojas Quinterosecuestro
Simón Ardila Palaciossecuestro
Luis Alejandro Alarcónsecuestro
Edgar Rodríguez Rincónsecuestro
William Ricardo Rodríguez Quirogasecuestro
36079Álvaro Enrique Castro Ramírezlesiones
Rafael Humberto Real Guascalesiones
Juan Carlos Ramos Rojaslesiones

2.2.1. El daño antijurídico.

De acuerdo con lo que ha establecido esta Sección, al estudiar los procesos de reparación directa es indispensable abordar primeramente, lo relativo a la existencia o no del daño y si el mismo puede o no considerarse antijurídico; solo bajo la premisa de la existencia del daño antijurídico se ha de “realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado”(15).

En el sub lite, esta subsección considera que el secuestro y las lesiones sufridas por los aquí demandantes son suficientes para acreditar el daño antijurídico del cual se derivan los perjuicios cuya indemnización solicitan ellos y sus familiares.

La Sala encuentra suficiente apoyo probatorio como para predicar, por una parte, la existencia de un daño antijurídico consistente en la retención que sufrieron veintiocho (28) de los demandantes por parte del grupo armado insurgente FARC como consecuencia de la toma a la Base de Miraflores ocurrida el 3 y 4 de agosto de 1998.

Del mismo modo, respecto de Franklin Pérez, Carlos Hernán Rivera, Yovani Beltrán Lugo, Oviedo Gallego Marín, Jhon Fredy Ariza Rincón, Luis Alexander Cifuentes, Efrén Rojas, Carlos Mario Tovar Jiménez, Rubén Ayala Parada, Benjamín Buitrago Burgos, José Yesid Buitrago Burgos, Robinson Ruiz Sánchez, José Alexander Poveda Laverde, Ricardo Acosta González, Edgar Bueno Afanador, Tito Velásquez León, Diter Ávila Hernández, Libert Rodríguez Chaguala, Norbey Arias, Ciro Alfonso Velasco Delgado, Luis Eduardo Almonacid Barahona, Jhon Javier Rojas Quintero, Simón Ardila Palacios, Luis Alejandro Alarcón, Edgar Rodríguez Rincón, William Ricardo Rodríguez Quiroga, Carlos Javier Bernal Cantor y Milton Fabio Ramírez Medina, respecto de los cuales obra certificación del Ejército Nacional (Oficio Nº 306869 CE-JEDEH-SEC-130 de 25 de julio de 2002 del Director de Personal del Ejército Nacional) y Comunicación del Comité Internacional de la Cruz Roja (dirigida a la Oficina del alto Comisionado para la Paz vía fax el 19 de julio de 2001), donde se da cuenta, expresa, que la captura de estos militares tuvo lugar el 3 de agosto de 1998 y su liberación se dio entre el 16 y 28 de junio de 2001 (fls. 183-186 y 229-242), esto es, se trató de una retención que se prolongó por 1060 días (tomando la última fecha en que se informa de la liberación) o lo que es lo mismo, 35,33 meses.

Súmese a ello lo que se dijo en la Resolución de acusación de 2 de noviembre de 2004 dictada por la Fiscalía 43 Delegado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, radicado Nº 1755, donde, entre otras cosas, se lee:

“Del secuestro.

Es de conocimiento nacional y así se sabe dentro del proceso que con ocasión de la toma guerrillera al Municipio de Miraflores, se coartó el derecho de locomoción de 129 veintinueve personas aproximadamente, pertenecientes a la fuerza pública, entre miembros de la Policía Nacional y miembros del Ejército Nacional. Algunos de ellos fueron liberados en La Macarena (Meta) en el año 2001 según canje que hizo el Gobierno Nacional por subversivos que se encontraban en prisión. (...)

Reforzamos la tesis de que el secuestro era uno de los fines de los subversivos, si se tiene en cuenta que de las transliteraciones o transcripciones de las comunicaciones radiales captadas a los miembros del Secretariado de las FARC el día 17 de agosto de 1998 correspondiente a la siguiente referencia INTEC Nº 4010662ª FREC/MODO 7.461-7906 USB, se extrae claramente la intención de la guerrilla de las FARC en secuestrar miembros de la fuerza pública a fin de someterlos al canje con el Gobierno Nacional y de la utilización de armas no convencionales prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario.

JORGE BRICEÑO da su comunicado a los demás grupos que lo escuchan por radio, respecto a las personas que han secuestrado en Miraflores dos semanas antes, así: “... prisioneros 129 discriminados así 54 policías antinarcóticos. 75 soldados del Batallón Joaquín París, en (sic) tenemos dos tenientes, entiendo dos sargentos, varios cabos. Estamos haciendo el conteo de las cosas, ¿Copiado esa primera parte?”.

No se vislumbra otra cosa en ese secuestro masivo de personal al servicio del Estado, que el mismo se generó con el propósito de exigir por la libertad de los uniformados un provecho o cualquier otra utilidad con fines que los mismos rebeldes consideran, de carácter políticos. En consecuencia, se tipifica el delito de secuestro extorsivo por el solo hecho de la manifestación del propósito de obtener provecho o utilidad ilícitos tal y como consta en otro aparte de la prenombrada interceptación de comunicación.

Como no se observa en autos ninguna circunstancia que justifique el actuar guerrillero y teniendo en cuenta que la consagración de la conducta delictiva del secuestro extorsivo está encaminada a proteger la libertad personal, se tiene que tal proceder es a todas luces antijurídico, máxime que las víctimas perdieron físicamente la capacidad de moverse de acuerdo con su voluntad, por espacio de varios años.

También es claro que ese secuestro se gestó con una finalidad específica, pues el Secretariado de las FARC tenía el propósito de exigir algo por la libertad de las víctimas, que no era cosa diferente que solicitar al Estado un intercambio humanitario, como el que se propició a mediados del año 2001, y que sin embargo, hoy en día algunas de las personas que fueron sus víctimas se hayan privadas de su libertad individual.

En suma, no se justifican estos secuestros, ya que no se cometieron por disposición legal ni por orden de un superior ni en ejercicio de un poder disciplinario o de un deber profesional y ni siquiera se justificaría por el consentimiento del sujeto pasivo como en el caso de haberse rendido los soldados y policías ante la arremetida guerrillera porque la libertad es un bien indisponible” (fls. 19-22, foliación imprecisa, c. 8, proceso penal sumario 1755, Exp. 36079).

Respecto las lesiones padecidas por Álvaro Enrique Castro Ramírez y Juan Carlos Ramos Rojas, se tiene demostrado que estos las sufrieron durante la toma a la Base de Miraflores.

En cuanto al primero, el Acta de Junta Médica Laboral Militar de 15 de marzo de 2000 informa la siguiente conclusión: “Herida por arma de fuego en región mandibular y miembro superior derecho sufriendo fractura de mandibual (sic) inferior tratado por cirugía maxilofacial y herida abierta en humero izquierdo con compromiso tendinoso, nervioso tratado con fisioterapia y rehabilitación quedando como secuela A) Limitación de apertura bucal, B) Deformidad con desviación derecha de comisura bucal, C) múltiples cicatrices en cara cuello (sic) con retracción y déficit funcional, D) Monoplesia miembro superior derecho” (fls. 155-156, c. 1 Exp. 36079), lo que valió para una disminución de capacidad laboral del setenta y cinco punto dieciocho por ciento (75,18%), lesión ocurrida en el servicio “por acción directa del enemigo literal © (sic) acuerdo a Infor 040 del 24 de FEB/200 (AT)”. Además, se lee en el informe administrativo por lesión de 21 de febrero de 2000 suscrito por el teniente coronel del Batallón de Infantería Joaquín París: “La lesión del señor soldado Castro Ramírez Álvaro CM 3091441, ocurrió cuando se encontraba desarrollando operaciones de contraguerrillas en el área de Miraflores, siendo herido en combate a la altura del cuello, Mandíbula inferior derecha y antebrazo derecho por impacto de arma largo por narcobandoleros del bloque oriental de las FARC, el día 03 de agosto de 1998, de inmediato se le prestaron los primeros auxilios en el Hospital de Miraflores y posteriormente fue evacuado al Hospital Militar” (fl. 396, c. 1 Exp. 36079).

Y respecto de Ramos Rojas, la lesión está acreditada en conforme al Acta de Junta Médica Laboral Militar de 17 de mayo de 2000 que informa la siguiente conclusión: “1. En combate heridas por arma de fuego región clavicular izquierda abdominal con compromiso intestinal, nervioso, hemitórax izquierdo y esquirlas en región frontal, tratado quirúrgicamente que deja como secuelas: A) Luxación esterno-clavicular izquierda dolorosa, B) Decorticación por Empiema pulmonar con defecto restrictivo severo izquierdo, C) Defecto estético severo y dolor en pared abdominal, D) Cicatrices dolorosas en región clavicular y hemitórax izquierdo, E) cicatrices región ciliar IZQ defecto estético mínimo sin déficit funcional, F) lesión del nervio glúteo medio derecho” (fls. 314-316, c. 1 Exp. 36079), lo que valió para una disminución de capacidad laboral del setenta y ocho punto cero siete por ciento (78,07%), lesión ocurrida en el servicio “por causa o razón del mismo en combate por acción directa del enemigo (literal C) (AT), de acuerdo a informativo administrativo Nº 042 del 03- agosto del 98”. Además, se lee en el Informe Administrativo por lesión de 5 de abril de 1999 suscrito por el teniente coronel Comandante del Batallón de Infantería Joaquín Paris: “La lesión del soldado Ramos Rojas Juan Carlos CM 79835703, ocurrió cuando se encontraba desarrollando operaciones contraguerrillas en el área de Miraflores, siendo herido en combate por arma de fuego en el tórax lado izquierdo con orificio de salida en región abdominal, pierna derecha en la parte trasera, parte superior de la nariz a la altura de la unión de las cejas lado izquierdo, por impacto de arma larga, por narcobandoleros del bloque oriental de las FARC, el día 03 de agosto de 1998, de inmediato se le prestaron primeros auxilios en el Hospital de Miraflores y posteriormente fue evacuado al Hospital de (sic) Militar” (fls. 75-76, c. 1).

2.2.2. La imputación.

Ahora, desde el plano de la imputación, corresponde determinar si dicho daño es imputable a las entidades demandadas, o si por el contrario, es atribuible a una causa extraña.

De acuerdo con lo dicho ad supra, si bien por regla general los daños sufridos por soldados regulares que se encuentran prestando servicio militar obligatorio se estudian desde la óptica de un régimen de responsabilidad objetivo por la existencia de una relación de especial sujeción que se crea entre éstos y el Estado, cuando dichos daños son producto de una falla en el servicio, ya por acción, ya por omisión, esta falla debe ponerse de presente para advertir a los hacedores de políticas públicas sobre las falencias que deben superarse.

De acuerdo con el artículo segundo de la Constitución Política, las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares(16). Específicamente, la fuerza pública —integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional—, tiene como fin primordial de un lado, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, y del otro, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 216 y siguientes del estatuto superior.

Es así como, la fuerza pública tiene el deber —normativo y reglamentario— de brindar protección (seguridad, vigilancia y cuidado) a todos los residentes en el país incluidos los ciudadanos-soldados(17), garantizando el ejercicio de sus derechos a través de la intervención preventiva, cuando se considere que una determinada situación puede perturbar el goce efectivo de los derechos fundamentales. Cuando se incumple dicho deber, los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes por omisión, de acuerdo con el sentir del artículo 6º de la Constitución Política.

Lo anterior no implica exigir de la fuerza pública lo imposible(18), sino que obliga analizar, en cada caso, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjeron los daños con el fin de establecer las “posibilidades reales con las que contaban los agentes estatales para impedir el resultado”(19). De esta manera, el desconocimiento de principios y normas imperativas por parte de la administración, acarrea la imputación de responsabilidad por la falla en el servicio generada por la inactividad (omisión). Con respecto al análisis para determinar una falla del servicio por omisión, esta Sección ha dicho que

“La doctrina distingue las omisiones en sentido laxo y las omisiones en sentido estricto, para considerar que las primeras están referidas al incumplimiento de los deberes de cuidado necesarios para prevenir un evento, de por sí previsible y evitable, cuando se ejerce una actividad. De este tipo serían, por ejemplo, las relacionadas con la falta de señalización de obstáculos que en la actividad de la construcción se dejan sobre una vía; en tanto que lassegundasestánrelacionadas conelincumplimientodeunaactuaciónalacualsehallabaobligadoel demandado,esdecir,laomisióndeunaactuaciónqueestabaeneldeberde ejecutaryquepodíaimpedirlaocurrenciadeunhechodañoso.Elcasotípicosería eldelincumplimientodeldeberdeprotecciónqueelEstadodebebrindaralas personas,quedehabersecumplidohubierapodidoimpedirlaocurrenciadelhecho dañoso.En relación con las omisiones que bajo estos criterios se han denominado como de sentido restringido, la Sala ha señalado que la responsabilidad del Estado se ve comprometida cuando se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisióndeponerenfuncionamientolosrecursosdequesedisponeparael adecuadocumplimientodeldeberlegal,atendidaslascircunstanciasparticulares delcaso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño [imputación fáctica]. Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que enestetipodeeventoslo decisivonoeslaexistenciaefectivadeunarelacióncausalentrelaomisiónyel resultado,sinolaomisióndelaconductadebida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión (...)”(20)(subrayado fuera de texto).

Así pues, es necesario contrastar el contenido obligacional que rige la función de determinada autoridad pública con el grado de cumplimiento de la misma, para en caso de encontrar una actitud omisiva, proceder a declarar la responsabilidad del Estado. En palabras de Oriol Mir Puigpelat, “Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la Administración en posición de garante de la víctima)(21) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de valoración normativa, para imputar el resultado”(22).

Así, se tiene acreditado en el expediente que el 3 de agosto de 1998 se presentó un enfrentamiento entre miembros del Batallón Nº 19 de Infantería Joaquín París – la Compañía Águila – con miembros del grupo armado insurgente FARC, combates que se prolongaron por más de 22 horas consecutivas “sin apoyo de tropas, sin apoyo de fuego aerotáctico (sic) eficaz al termino (sic) de las cuales fue copada la base militar de Miraflores – Guaviare” (fl. 1, c. 8, Exp. 43626).

Del mismo modo, en el caso está acreditado el conocimiento previo que tenía la entidad demandada sobre la posibilidad de que sobre la base de Miraflores se concretara para agosto de 1998 un ataque por parte del grupo armado insurgente Farc. Se trataba de una cuestión que era de conocimiento corriente por parte de los uniformados que estuvieron presente en estos hechos así como en los informes de inteligencia del Ejército Nacional.

En cuanto a lo primero, el cabo primero Over Andrés Sánchez Pérez, al ser preguntado sobre si tenían informaciones sobre el ataque, declaró: “Si nos habían dicho que se iban a meter; nos decía que nos cuidaramos (sic) que venían muchos (...)” (fl. 10, c. 8, Exp. 43626); frente al mismo interrogante el SL Luis Hernando Escalante Rodríguez afirmó: “Teníamos información que del 1º al 7 de agosto se iban a tomar las bases, no sabíamos qué día exacto, ni qué cantidad de hombres, la orden creo que fue sacar las dos contraguerrillas de la base, desde el día 2 de agosto” (fl. 15, c. 8, Exp. 43626), el CT John Fernando Escobar Yara puntualizó: “Se tenían informaciones de presencia constante ya que es un área considerada como crítica por la injerencia que tiene (sic) los grupos de bandoleros en el procesamiento, producción y comercialización de la hoja de coca, siendo considerado el sector de Miraflores como el lugar estratégico para tales actividades” (fl. 21, c. 8, Exp. 43626), al tiempo que el CT. William Fernando Rubio Moreno señaló:

“El capitán GÓMEZ le informó a mi coronel que tenía informaciones que había bajado una compañía de la guerrilla del Caquetá, ya que pensaban celebrar un aniversario más de la toma de Miraflores del año 95, durante los 15 días que estuve allá, seguí recibiendo informaciones que del 1 al 7 de agosto se iban a tomar la base y que venía otro frente de calamar [sic], información que di personalmente por radio al señor CT. ESCOBAR oficial S-3 y al señor coronel GUSTAVO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ comandante del Batallón” (fl. 32, c. 8, Exp. 43626).

Y estas apreciaciones del personal militar encuentran mayor respaldo para la Sala cuando se verifica en el expediente los diversos resúmenes de inteligencia semanal Nº 27, 29 y 30 correspondientes a las semanas que van de 3 a 8 de junio, 17 a 23 de julio y 24 a 31 de julio de 1998. En todos estos documentos se identifica como “factor subversivo” a la primera cuadrilla de las “ONT-FARC” y, en el primero de estos informes se lee: “Es de esperarse para el próximo periodo una oleada terrorista por parte de los diferentes ONTs FARC que delinquen en la jurisdicción, puesto que al parecer su objetivo es lograr que la población civil abandone el caso urbano de diferentes municipios, para de esta manera, lograr copar la tropa acantonada especialmente en los Municipios del Retorno y Miraflores” (fl. 78, c. 8, Exp. 43626); en el segundo esta situación ya se concreta y acentúa en los siguientes términos: “Se puede prever para los próximos días que bandoleros de la ONT FARC, incrementen atentados terroristas contra la fuerza pública, y en especial la que se encuentra acantonada en el Municipio de Miraflores, (...) esto al parecer se debe al cambio de tropa que fue realizado en la presente semana, motivo por el cual mencionados narcoterroristas están a la espera del descuido de las medidas de seguridad, para en un momento determinado utilizando las masas poder asechar un fuerte golpe contra la fuerza pública” (fl. 82, c. 8, Exp. 43626); y en el último resumen semanal de inteligencia allegado a este expediente que corresponde a la semana anterior al ataque insurgente se lee: “Conclusiones generales: Subversión. Es previsible que las cuadrillas de bandoleros de la ONT FARC que delinquen en la jurisdicción, continúen con el planteamiento de atentar contra la tropa que se encuentra acantonada en el municipio de Miraflores, teniendo en cuenta que este personal posee poca experiencia y que dichos bandoleros se encuentran adelantando labores de inteligencia con el fin de buscar el momento adecuado en el la tropa se encuentre desordenada y ofrezca cualquier vulnerabilidad” (fl. 80, c. 8, Exp. 43626).

Ahora bien, en cuanto a las acciones emprendidas para hacer frente a esta situación previsible, se encuentra demostrado que el CT Rubio Moreno informó y solicitó mayor presencia de personal así como armamento, respondiéndosele que “no habían existencias en el depósito y que no había personal tampoco para reforzar” (fl. 32, c. 8, Exp. 43626), al tiempo que, siguiendo las órdenes del coronel del batallón, se establecieron puestos avanzados de combate, observatorios y puestos de escucha, se colocaron dos pelotones satélites y se ordenó a la población la prohibición de movilización vehicular desde las 18.00 horas y se instruyó a la tropa para montar una emboscada y se ordenó a una patrulla conjunta de Policía y Ejército que vigilara la orden de no movilización, así lo declaró el citado militar:

“Mi coronel me dio la orden de que tuviera puestos avanzados de combate, observatorios y puestos de escucha durante la noche, ya que no contábamos con aparatos de visión nocturna para detectar el movimiento del enemigo, yo cumplí la orden tal como me la dio mi coronel, coloqué los dos pelotones satélites, los puestos avanzados del combate y puestos de escucha (...). El día 02 de agosto di la orden a la población civil que quedaba prohibido el movimiento de cualquier clase de vehículo, lanchas, carros y motos, después de las 18:00 horas, el día tres de agosto a las 5 de la tarde hice programa con el teniente, le dije que tan pronto oscureciera se moviera del lugar donde estaba y que montara una emboscada hacia el lugar de la carretera que conduce al internado, a las 18:45 aproximadamente del día 3, saque [sic] una patrulla conjunta del Ejército y la Policía al mando de un teniente de la Policía y un sargento del Ejército, para que controlaran la orden de no movilización de ningún tipo de vehículo, en el pueblo ni en el rio, el teniente me informo [sic] por radio que no había nadie en el pueblo, que todo estaba cerrado, le dije que tuviera mucho cuidado que de pronto nos iban a atacar y que se hicieran hacia el lado del rio haber [sic] que venían [sic]”. 

Ahora, destaca la Sala los siguientes aspectos que fueron acreditados en el proceso y que guardan estrecha relación con el hecho de la toma a la Base Militar de Miraflores, Guaviare: i) sobre la necesidad de mayor pie de fuerza para hacer efectiva presencia militar en la zona de Miraflores; sobre este particular se destaca la declaración del CT. William Fernando Rubio Moreno quien manifestó que, a su llegada a la Base de Miraflores, el saliente al mando le informó e hizo saber “que le solicitara a mi coronel un pelotón más, ya que con tres pelotones era insuficiente cubrir esas área, inclusive en un programa solicitó que se me apoyara un pelotón más (...)” (fl. 32, c. 8, Exp. 43626); ii) el que el plan de reacción preparado para la defensa de la Base sólo se practicara dentro de ésta y no afuera, siendo que el ataque del grupo armado insurgente se presentó fuera de la Base, como lo puntualiza el SL Luis Hernando Escalante. “El día que se inició la toma cumplíamos trece (13) días, nos dijeron que en caso de un ataque debíamos cumplir las ordenes (sic) que diera el superior, si (sic) se ensayo (sic) el plan de reacción como dos veces, pero eso era en la base, fuera de la base no teníamos plan de reacción y a nosotros nos cogieron fuera de la base” (fl. 15, c. 8, Exp. 43626); iii) el que las granadas de 81 mm con que contaban las dos contraguerrillas satélites ubicadas fuera de la base “no explotaron” debido, posiblemente, a que se trataban de lotes viejos, deteriorados “por las inclemencias del clima”, como trascendió en la declaración del CT. William Fernando Rubio Moreno (fl. 32, c. 8, Exp. 43626); iv) en general, el mal estado del armamento con que se había dotado a las tropas que hacían presencia en la Base de Miraflores, como lo declaró con contundencia el SL Rafael Antonio Rodríguez Bustos: “El armamento que teníamos daba lástima, una M-60 se trabó, un MGL no sirvió, los fusiles se desbarataban, otros se trababan, las granadas que nos apoyó mi capitán que era de mortero, solo sirvieron dos, el resto salieron fallidas” (fl. 45, c. 8, Exp. 43626).

Por otro tanto, en lo que hace relación a la respuesta que se tuvo durante la toma insurgente a la Base Militar, la Sala se apoya, sustancialmente, en el Informe de pérdida de material, rendido el 10 de agosto de 1998 por el Oficial S-3 BIPAR (E) del Ejército Nacional donde brevemente se lee que el ataque se extendió por 22 horas consecutivas “sin apoyo de tropas, sin apoyo de fuego aerotáctico (sic) eficaz al termino (sic) de las cuales fue copada la base militar de Miraflores – Guaviare” (fl. 1, c. 8, Exp. 43626), lo que se corrobora, con mayor detalle, en la declaración del CT. William Fernando Rubio Moreno, quien estaba al mando de la Base Militar de Miraflores y deja ver en su declaración la falta de personal de apoyo y la esporádica y tardía presencia de apoyo aéreo que, inclusive, llegó a lanzar granadas en contra de la propia Base Militar:

“a las 7:15 el teniente BERMEO se estaba moviendo para montar la emboscada y a las 7:30 tuvo un combate de encuentro. (...) como a las 2 de la mañana llegó el primer avión de la Fuerza Aérea, duró como 15 minutos disparando las punto 50 y se fue, mientras esto los guerrilleros se calmaron, una vez se fue nos empezaron a mandarnos cilindros de gas a la base y disparándonos por todos lados, yo solicité apoyo aéreo y de personal para contrarrestar el ataque del enemigo, me contestó que ya iba en camino el apoyo, que no me preocupara, aproximadamente a la hora y media llegó nuevamente el avión fantasma, duró como media hora ametrallando alrededor de la base y de los sitios críticos que veía, le boté una bengala que allá estaba la guerrilla, me dijo que no podía hacer eso porque veía muchas casas, y seguía bombardeando donde no lo estábamos necesitando, al cabo de la media hora se fue el avión y dijo que más tarde venía más apoyo, ya cuando amaneció nos seguían lanzando cilindros, la base se encontraba destruida en su totalidad, la iglesia, las trincheras, los muros, dentro de la base teníamos un Agente muerto, como a las 8 de la mañana llegaron dos aviones tucanos, bombardearon a los alrededores, uno de los pilotos dijo que ya había ubicado desde dónde nos estaban tirando los cilindros, le dije que tratara de tumbar eso, pero no pudo, uno de los aviones lanzó una granada y nos cayó en la base, le dije que nos estaban bombardeando a nosotros, que no éramos el enemigo, que el enemigo estaba alrededor” (fl. 32, c. 8, Exp. 43626)

Resulta sumamente clara y detallada la narración que hizo, sobre lo sucedido, el Patrullero Carlos Andrés Castillo Gallego, relato que, aunque extenso, vale la pena traer a colación por cuanto dimensiona la magnitud de la tragedia ocurrida en la toma a la Base de Miraflores:

“(...) En esos momento salió un señor de una tienda un civil, salió de una tienda, se veía pasar y hacía movimientos extraños cuando de pronto nos empezaron a pistoliar (sic) del lado de la casa de donde él vivía como a treinta metros de la base, le dije a mi capitán que ese civil que salió de la tienda nos estaba disparando, nos dio la orden que lo diéramos de baja, cuando escuchamos de nuevo los disparos abrimos fuego hacia la casa y no sé si cayó o está vivo todavía. Mi capitán al ver que estaba avanzando mucho la guerrilla, se comunicaba con gerencia para pedir el apoyo, nos decían que ya va, que ya va: Mi capitán nos decía que tranquilos que en media hora llegaba el apoyo, cuando empezaron a caer los compañeros todos tuvimos un dispositivo de reacción, se vieron venir dos cilindros al lado de la trinchera del lado derecho, nos movimos al mortero de 81 y el mortero no nos respondió, intentamos varias veces pero era imposibles responderles con esas granadas porque no servía ese mortero. Entonces uno de los policías vino con una M-60 a apoyarnos por la parte de atrás de la base, cuando nos empezaron a tirar tatucos, tipo 3 de la tarde del martes se volvió a tener contacto de radio para pedir el apoyo y nos dijeron que a las cuatro y media estaban ahí cuando ya los guerrilleros se nos metieron a la base, abrimos fuego hacia todos los lados mi capitán como cinco soldados y seis policías nos metimos en un caño al lado derecho en la esquina de la base, colocamos cinco hombres para que nos cuidaran la espalda mientras nosotros cubríamos el frente, me arrastré al llegar al túnel subterráneo que teníamos dentro de la base y me di cuenta que estaban llevándose, a los policías, y a soldados secuestrados, fui y le dije a mi capitán, los cogieron, los guerrilleros a los lanzas y a los primos, mi capitán nos dijo no nos dejemos coger vamos a morir hasta el final cuando nos empezaron a gritar los guerrilleros del frente y por atrás que nos entregáramos o si no nos mataban. El Cabo HERNÁNDEZ, se levantó con el soldado APONTE, les gritó si nos quieren coger, vengan por nosotros, entonces el soldado SÁNCHEZ cogió un fusil de la Policía y el que tenía él se levantó y se alzó las manos, en ese momento se le vinieron como cuatro guerrilleros y él les empezó a dar plomo, mató como dos guerrilleros y lo hirieron, nos amontonaron, hicimos un hecho (sic) por debajo de la malla para poder escapar, pero por todos los lados nos daban fuego, cuando mataron la barrera que nos cubría la espalda fuimos hacia el mortero de 60 y nos sacó a volar un tatuco. Hirieron a mi capitán, a mí me hirieron y a mi cabo HERNANDES (sic) con las esquirlas del tatuco, cuando fuimos a reaccionar de nuevo, ya estaban encima de nosotros, había una cuchilla de afeitar dentro del caño y yo se la pasé a mi capitán, en esa reacción se quitó el bigote ahí nos encañonaron que quienes eran los comandantes y dijimos que nos habían matado a todos los comandantes, que éramos sólo soldados, nos sacaron por la parte de atrás de la base, nos hicieron caminar 300 metros, nos pasaron por una casa y nos hicieron tender boca abajo uno de los comandantes de la guerrilla nos gritó que nos levantáramos rápido, que nos iban a llevar para el dispensario, andamos cinco minutos con heridos cuando se vieron venir los helicópteros y los aviones, pero ya era demasiado tarde, estábamos en manos de las FARC, llegamos al dispensario, habían hatos soldados y policías heridos, nos atendieron los enfermeros como hasta las diez de la noche estuvo con nosotros la guerrilla se fueron y a las diez y media aproximadamente volvieron a pasarnos revista, para llevarnos a los que ya estuvieran bien y pudieran caminar, entonces los médicos nos dijeron que iban por nosotros nos hicimos los graves y se fueron, el miércoles como a las once o doce del día llegó la Cruz Roja llegaron los guerrilleros de civil mujeres y hombres habían entre treinta y cuarenta con varios carros JEEP frente a la base entonces los enfermeros, nos dijeron que habían rumores que el comandante de la base estaba vivo, que eso decían los guerrilleros cuando nosotros les dijimos a los doctores que nos ayudaran a mi capitán Rubio le vendaron la cabeza llenándolo de sangre y vendado el pecho logró salir hacia la avioneta, después vinieron los de la cruz roja y los enfermeros, sacaron a dos policías y a mí me tenían los guerrilleros y me preguntaban que si yo era comandante y les dije que era un soldado, y me dijeron que por que prestaba servicio que no me hiciera matar por un papel y yo estaba vendado que los médicos me habían ayudado también y me colocaron un suero para poderlos despistar, y logré así llegar a la avioneta, después de que estábamos en la avioneta, todos nos miramos con los policías, y lloramos de la felicidad en la avioneta venían tres policías, Mi Capitán y yo. Lloramos de la felicidad” (fls. 146-148, c. 1 proceso penal Exp. 36079).

Por otro tanto, en cuanto al apoyo aéreo solicitado y prestado para la defensa de la Base de Miraflores durante el 3 y 4 de agosto de 1998, la Sala encuentra elementos de juicio que le permiten aseverar (además de lo arriba expuesto) que aun cuando este sí se prestó, el mismo fue tardío y poco eficaz para hacer frente al ataque insurgente. Así, el Mayor Fernando Sandoval Gómez detallo la continua comunicación que tuvo con el teniente Donato Gómez William de comandante de la compañía 8 de antinarcóticos de la Policía:

“Preguntado: Sirvace (sic) hacer al despacho un relato amplio preciso y detallado de todo cuanto sepa y le conste de los hechos ocurridos cuando fue tomada por violentos la población de Miraflorez (sic) Guaviare. Contesto: Aproximadamente siendo las 20.00 hrs del día 03/08/98 recibí una llamada telefónica vía satelital del señor teniente Donato Gómez William comandante de la compañía 8 antinarcóticos con sede en la población de Miraflorez (sic) Guaviare de que en el momento estaban hostigando o atacando una patrulla del Ejército que pertenecía al Batallón Joaquín Paris con sede en San José del Guaviare y la cual prestaba sus servicios en la localidad de Miraflores. La patrulla en mención estaba conformada aproximadamente por setenta 70 soldados al mando de un Oficial, le pregunto que en qué parte de la localidad están ocurriendo esos hechos, contestándome que más o menos a la altura del internado y el hospital, continúa relatándome que en la comunicación que el teniente comandante les informa es que les disparan de todas las partes con fuego nutrido y con armas de apoyo tipo mortero de 40 mm/60mm y 80mm, de igual forma comenta que con cilindros hechizos los cuales tienen un poder de destrucción bastante alto. Le digo que active su plan de defensa de las instalaciones, que organice a todo el personal perteneciente a la compañía para repeler un posible ataque al comando de la compañía, contestando positivamente y disponiendo lo pertinente, le digo que estemos en continúa comunicación para saber si continúa el ataque a la patrulla el Ejército y que comunicado les pueda transmitir el comandante de ese grupo de soldados. Él me dice que escucha detonaciones muy fuertes y que por favor le coordine el apoyo aéreo del fantasma y los OV10, seguidamente informé a Bogotá mi base principal de la novedad que estaba ocurriendo en Miraflores al señor coronel Leonardo Gallego director antinarcóticos por intermedio de su Secretario privado el mayor William Urrego, dándome consignas específicas sobre las acciones de tomar y los apoyos necesarios que se debían enviar a la población de Miraflores nuevamente a las 21-00 horas tomé contacto con el teniente Donato en Miraflores vía telefónica para saber de la situación actual del Ejército a lo cual me contestó que al parecer la patrulla había sido copada por la guerrilla y que habían perdido toda comunicación con ellos, siguió transcurriendo la noche y de igual forma se tenía comunicación cada hora con la base de Miraflores o si lo ameritaba cada vez que el teniente necesitaba reportar cualquier novedad. Aproximadamente a las 00-00 del día 4 de agosto fue atacada por una patrulla de reconocimiento a la altura del embarcaderos de la localidad de Miraflores de la Policía Antinarcóticos repeliendo el ataque y sacando en huida a los subversivos, en los diálogos que se sostuvieron con el teniente Donato se preveía la toma de la base antinarcóticos lo cual fue así a partir aproximadamente de las 04- 00 horas del día 4-08-98 en una forma intensa y despiadada por parte de la guerrilla utilizando todo tipo de armamento convencional y hechizo, los subversivos utilizaron todas las viviendas de la población como parapeto para atacar a la base y por ende impedir la respuesta certera de la población y del Ejército debido a que el personal civil se encontraba en medio del fuego esto conllevó a que la subversión aprovechara y cada vez se acercara más a las bases defensivas de la unidad. En las horas de la mañana del día 4 a las 06-00 horas partió un apoyo aéreo hacia la localidad de Miraflores llegando aproximadamente a las 07-30 horas al llegar al lugar tomé comunicación con las tripulaciones y les pedí que me informaran la situación a lo cual manifestaron que los comandantes continuaban y observaban que los puntos de disparo de las guerrillas más fuertes y con mayor poder de fuego eran del frente de la base escudados en las viviendas de la población civil, en todo el día no se tuvo comunicación con el teniente Donato puesto que les habían derribado todas las antenas y destruido el teléfono satelital y el ´único contacto que teníamos era por vía Ejército, los cuales tenían un radio de comunicación. Se continuó prestando el apoyo aéreo ya que por motivos climáticos no había sido posible que llegaran más helicópteros para hacer el desembargo de tropas de refuerzo (...)” (sin foliación, c. 1 proceso penal, 36079).

Esto encuentra plena correspondencia con lo que se informó en el oficio (sin número)/ AREINZ.ZOCEN de 8 de agosto de 1998 Informe de resultados ataque terrorista Miraflores suscrito por el Comando Zona Central de la Policía Nacional Dirección Antinarcóticos, donde se lee:

“Desde las primeras horas de la mañana del día martes 4 de agosto se alistó el personal de los grupos operativos de la Policía Antinarcóticos en la base aérea del Dorado para salir de apoyo hacia el área de combate en Miraflores Guaviare, encontrándose en esos momentos el aeropuerto cerrado por mal tiempo logrando salir el personal con rumbo a la base antinarcóticos de San José del Guaviare a eso de las 08:30 horas y llegando a eso de las 09:15 horas. De la misma manera se inició el envío de helicópteros a la zona, los cuales no pudieron salir en el momento como consecuencia del mal tiempo y sólo hacia las 13:00 horas se pudo realizar la salida de las aeronaves de la ciudad de Santa Fe de Bogotá y llegando a la base antinarcóticos de San José del Guaviare a las 15:00 horas; igualmente se realizó a las 15:00 horas el arribo de las aeronaves de apoyo procedentes de la Base de Larandia en Florencia Caquetá, las cuales no habían podido llegar como consecuencia del mal tiempo (168-169, c. 1 proceso penal, Exp. 36079)

Cuanto precede, entonces, no deja espacio a la duda sobre el protuberante incumplimiento de deberes normativos de la entidad demandada pues se acreditó suficientemente un escenario fáctico en el cual i) se conocían con notoria antelación informaciones de inteligencia sobre una “previsible” toma a la Base de Miraflores por parte del grupo armado insurgente FARC, ii) se tuvo conocimiento, también, de la movilización de personal insurgente desde varios puntos en orden a concentrar un mayor pie de fuerza para atacar la Base de Miraflores, iii) se demostró plenamente que en el sub judice se adoptaron ciertas medidas para hacer frente a esta situación real, cierta y concreta de riesgo, sin embargo las mismas se relevaron como insuficientes al acreditarse, por otro tanto, que iv) la falta de personal militar y armamento en buen estado no permitían defender la Base Militar en debida forma, aunado a que durante el largo tiempo que duró la incursión insurgente v) el apoyo militar y aéreo fue tardío e insuficiente para repeler el ataque de las FARC.

Y es que tales conclusiones probatorias se encuentran en plena armonía con el precedente de esta Sala de Subsección, pues en fallo de 12 de noviembre de 2014 (Exp. 31719), se decretó la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños causados a un inmueble de propiedad de una ciudadana en el marco de la toma insurgente a Miraflores, Guaviare los días 3 y 4 de agosto de 1998. En aquella oportunidad se imputó responsabilidad con fundamento en la falla del servicio al demostrarse el incumplimiento de deberes normativos a cargo de la entidad demandada, en los siguientes términos:

“Conforme al acervo probatorio obrante el expediente, la Sala considera que el daño sufrido por la señora (...) es imputable a los entes demandados Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional a título de falla del servicio puesto que pese a tenerse información de inteligencia sobre el ataque que sería víctima la población de Miraflores Guaviare, no se tomaron las medidas necesarias para evitarlo y repelerlo y proteger en forma efectiva a la población civil.

En efecto, de los testimonios rendidos por los miembros de la fuerza pública que se encontraban en el Municipio de Miraflores al momento de la incursión guerrillera, así como de los informes rendidos tanto por la Policía como por el Ejército Nacioanl (sic) se demuestra el conocimiento previo que se tenía sobre movimientos de cuadrillas de subersivos (sic) así como el transporte de municiones para atacar la base antinarcóticos.

Al respecto, las entidades demandadas sostienen que la respuesta a la información sobre el ataque fue el número de hombres dispuestos en la población tanto del Ejército como de la Policía, sin embargo, a juicio de la Sala los mismos fueron totalmente insuficientes puesto que el número de efectivos de la guerrilla fue calculado en aproximadamente 1.200 mientras que las fuerzas militares solo contaban con 180 hombres, lo cual demuestra fehacientemente que no se tomaron las medidas necesarias para evitar la incursión.

Aunado a lo anterior, una vez iniciado el ataque a la población, el apoyo proveniente tanto del Ejército como de la Policía, tardó en llegar más horas de lo esperado, teniendo en cuenta el conocimiento prevío (sic) que se tenía sobre los ataques”.(23)

Así, entonces, encuentra la Sala que existían situaciones concretas que implicaban, para el Estado, la adopción de acciones positivas o afirmativas fácticas específicas de salvamento dirigidas a hacer frente a la situación de riesgo antijurídico en que habían sido puestos los miembros de la Fuerza Pública ubicados en la Base Antinarcóticos de Miraflores para el 3 y 4 de agosto de 1998 pues, como bien lo tiene averiguado la jurisprudencia de esta Sección, quienes se enrolan en el servicio de la fuerza pública (y máxime respecto de aquellos que son forzados en virtud del imperium del Estado a prestar el servicio militar obligatorio) están llamados a que se les garantice la protección de sus derechos humanos y/o fundamentales, en tanto su condición de ser humano y la dignidad que le es inherente por este solo hecho, tal cuestión, desde una perspectiva normativa encuentra plena y armónica justificación a partir del marco internacional de derechos humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de Derechos Humanos) y Derecho Internacional Humanitario, este último en tanto ordenamiento jurídico llamado a regular y humanizar el conflicto armado interno.

Desde este enfoque, entonces, es que pugna profundamente con los cimentos estructurales del Estado social y democrático de derecho el que se abandone a su suerte a unos miembros de la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado interno, exponiendo de este modo a estos ciudadanos a riesgos que no están llamados a asumir y que no encuentran respaldo ni siquiera en el deber constitucional de tomar las armas en defensa de la Nación o por el hecho de asumir, de manera voluntaria, la vida militar o policial pues, se reitera, en este escenario sigue inalterado el deber jurídico (que se presenta a partir de facetas activas y negativas) de proveer protección y garantía para los derechos inherentes a la persona humana, siendo la situación de conflicto armado interno una circunstancia que llama a su amparo reforzado y no a su debilitamiento. Esta afirmación se apoya, probatoriamente, en las irregularidades arriba reseñadas en punto al conocimiento previo al ataque insurgente a la Base, la falta de personal suficiente, la deficiencia en el armamento de dotación y en la respuesta que se tuvo durante el desarrollo de la acción del grupo armado FARC.

No genera duda que la situación fáctica debidamente comprobada a la luz del ordenamiento jurídico implica atribuir, para la entidad demandada, una incuestionable posición de garante la cual hunde sus raíces en el deber jurídico concreto de protección de los Derechos Humanos de los combatientes del propio Estado en el marco del conflicto armado, lo que lleva a considerar como sujeto competente y responsable de tal amparo al Estado, en general, y al Ministerio de Defensa en particular —entidad acá demandada— y que implicaba, para este caso, el deber activo o positivo de adelantar las acciones necesarias para salvaguardar los bienes jurídicos —dignidad humana, vida, integridad y libertad personal— de los miembros de la fuerza pública en el contexto de la toma insurgente, esto se traducía en el reforzamiento del personal de la base, en la provisión del armamento idóneo y útil para hacer frente a la toma guerrillera y entrenamiento adecuado en los planes de reacción y defensa de la base militar dentro y fuera de ella, de modo que tales agentes del orden se encontraran en las condiciones necesarias para enfrentar el rigor de las hostilidades armadas.

En este orden de ideas, este incumplimiento de deberes normativos, constitutivo de una evidente falla del servicio, viene a presentarse en dos momentos claramente diferenciados: en el escenario previo a la toma, cuando ya se advertía la necesidad de tomar medidas concretar para poder dotar de mayor seguridad a la Base de Miraflores y ii) durante el suceso del ataque insurgente, el cual, bajo ninguna circunstancia puede ser tomado como un hecho imprevisible habida cuenta de la dilatada información que la Entidad demandada tenía sobre este nefasto suceso que supuso la flagrante y abierta violación a los derechos convencional y constitucionalmente amparados a la vida, integridad personal, libertad de locomoción, entre otros, en perjuicio de los miembros de la Fuerza Pública allí acantonados.

Fue, entonces, en este contexto precedido por una protuberante falla del servicio que se presentaron los daños antijurídicos acreditados debidamente y reclamados por los acá demandantes, esto es, las lesiones corporales a unos de ellos y la aprehensión física violenta y contra su voluntad de veintiocho (28) militares los cuales fueron víctimas de cautiverio, tratos crueles y degradantes de la condición humana, por un periodo próximo a los 34 meses, por cuenta del grupo armado insurgente FARC.

Aunado a todo lo anterior, no puede la Sala pasar por alto una cuestión que se revela insoslayable a esta altura: el que la toma de Miraflores ocurrida para el 3 y 4 de agosto de 1998 representan acciones sistemáticas, continuadas y de profunda violación de las reglas de todo conflicto armado, como se ha podido establecer en aquellos eventos ocurridos durante la segunda mitad de la década de los años 90 en el suroriente del país acometidas por el grupo armado insurgente FARC, como son la Masacre de Puerres(24), Nariño (15 de abril de 1996), la Toma a la Base Militar de Las Delicias(25) (30 de agosto de 1996), la Toma a la Estación de Policía de Barbacoas(26), Nariño (6 de junio de 1997), la Toma a la Estación de Policía de Mesetas(27), Meta (15 de diciembre de 1997), la Toma a la Base Militar del Cerro de Patascoy(28) (21 de diciembre de 1997), el Billar(29), Caquetá (3 de marzo de 1998), respecto de estas situaciones esta corporación ha tenido oportunidad de pronunciarse declarando la responsabilidad del Estado y poniendo de presente el despliegue y la materialización de actuaciones violatorias del DIH, en especial del artículo 3° común a los Convenios de Ginebra y de las normas de protección internacional de los Derechos Humanos por parte del grupo armado insurgente FARC.

En consecuencia, esta Subsección encuentra probada la omisión imputable al Ejército Nacional, debido a la cual se pudieron materializar el secuestro y las lesiones de los soldados respecto de las cuales se imponían especiales deberes de protección, por encontrar su voluntad doblegada por el imperium del Estado al tener la calidad de conscriptos. En otras palabras, los daños sufridos por las víctimas demandantes son imputables jurídicamente a la entidad demandada, a título de falla del servicio, puesto que omitió el cumplimiento de las obligaciones de planeación, prevención, protección y mando que se le imponían, al tener certeza sobre la inminencia del ataque subversivo(30).

3. La configuración del caso como una grave violación de derechos humanos.

Determinada la responsabilidad del Estado en el sub judice debe la Sala pronunciarse sobre la cualificación de los hechos ocurridos el 3 y 4 de agosto de 1998 como graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, cuestión que, centralmente, está demostrada a partir de la comprobación de dos aspectos: i) la utilización de armas no convencionales prohibidas en el despliegue de la acción insurgente y ii) los tratos crueles, inhumanos, degradantes y atentatorios contra la dignidad humana respecto de los miembros del Ejército y la Policía Nacional que fueron objeto de aprehensión física violenta y en contra de su voluntad a manos del grupo armado insurgente FARC.

Así, en cuanto a lo primero, la Sala encontró suficientemente demostrado, de las declaraciones arriba citadas, que durante el ataque insurgente a la población de Miraflores el grupo armado insurgente empleó armas no convencionales tales como cilindros de gas rellenos de explosivos y “tatucos”. Por todos resulta elocuente y relato del Soldado Over Andrés Sánchez quien afirmó: “Alcancé a contar ochenta y cinco cilindros de gas que bajaban por el potero con dirección a la base” (sin foliación, c. 1 proceso penal, Exp. 36079) a lo que se agrega el relato del soldado José Alejandro Bejarano Ramírez quien dijo: “Preguntado: Describa que tipo de armamento utilizó la guerrilla para el ataque efectuado a la población de Miraflores. Contestó: Yo vi que llevaban R-15, 7-62, Galil, dinamita, granadas de mano, M-60, Morteros punto 50, Tatucos que son como granadas de mortero son hechizos, ramplas que son cilindros de gas llenos de explosivos y esquirlas, llvaban (sic) uniformes camuflados. (...)” (sin foliación, c. 1 proceso penal, Exp. 36079).

Respecto de los tratos que sufrieron los retenidos por el grupo armado insurgente la Sala da cuenta de ellos conforme a los siguientes elementos de juicio: i) “les echaban vidrios a las comidas de soldados” (fl. 137, c. 5, Exp. 36079), ii) eran amarrados (ibídem), iii) encierro permanente en cambuches donde sólo se permitía salir para hacer necesidades fisiológicas (fl. 214-216, c. 5, proceso penal Exp. 36079), iv) sufrían castigos los cuales consistían, entre otros, en dejarlos sin la posibilidad de bañarse por varios días o no se les suministraba los elementos de aseo personal (ibídem), v) “físicamente si fuimos torturados, nos amarraban con unas cabuyas de los brazos y cuello a los árboles” (fls. 256, c. 6, proceso penal Exp. 36079), vi) respecto de las instalaciones en que fueron retenidos uno de los soldados afirmó: “nos hicieron un campo de consternación (sic) estaba hecho de alambre de púa, malla y madera” (ibídem), vii) otros uniformados manifestaron que fueron objeto de tratos humillantes como por ejemplo “nos tocaba dar del cuerpo en los utensilios de cocina o en las botas nos daban mala comida” y actos de tortura sicológica como que “nos apuntaron con un fusil y nos decían que si no había canje les tocaba deshacerse de nosotros” (ibídem) y vii) otro soldado dijo: “fuimos torturados sicológicamente cada rato nos apuntaban con las armas, nos amenazaban que para ir al baño nos amarraban como perros” (fl. 241, c. 6, proceso penal, Exp. 36079).

De estas declaraciones, en suma, encuentra la Sala que durante el tiempo que se prolongó la retención física violenta contraria a la voluntad por parte del grupo armado insurgente FARC, los uniformados se vieron expuestos a tratos crueles, degradantes, negatorios de la dignidad humana y que se contraen a: inasistencia médica, alimenticia, sanitaria, torturas físicas y sicológicas, ubicación en sitios humillantes como lo que un soldado llamó “campos de concentración” encierros con alambre de púa, malla y madera, actuaciones estas que, sin duda, constituyen conductas de carácter sistemático, prolongadas en el tiempo que se acompasaban con la política delincuencial que las FARC tenían respecto del trato que otorgaba a los militares y policiales retenidos por este grupo armado insurgente.

Cuanto se dice, entonces, implica una violación abierta y flagrante de las disposiciones de derecho internacional humanitario que propenden por la humanización del conflicto armado interno. Tal violación se encuentra demostrada concretamente en las siguientes disposiciones de los Convenios y Protocolos de Ginebra.

— Artículo 3º Común a los Convenios de Ginebra, que trata sobre reglas uniformes para combatientes y no combatientes, lo que implica un mayor refuerzo de protección jurídica para quienes toman parte en las hostilidades. Tal precepto jurídico implica para las partes del conflicto la obligación de respeto a un mínimo de reglas de humanización, siendo estas:

“(...)

1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

a) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y los suplicios;

b) la toma de rehenes;

c) los atentados contra la dignidad humana personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legalmente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efecto sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto”.

— Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 en cuyo artículo 4º se consagran las “garantías fundamentales” para quienes no participen en las hostilidades o hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad(31) y el artículo 5º trata sobre las garantías que particularmente deben ser observadas imperativamente respecto de las “personas privadas de libertad”(32).

— Convenio III de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 1949 sobre el trato debido a los prisioneros de guerra. Tal instrumento normativo, que integra y recoge normas consuetudinarias de Derecho Internacional Humanitario, establece reglas sobre el trato a los prisioneros las cuales, leídas armónicamente con el artículo 3ª Común de los Convenios y el Protocolo II de Ginebra (antecitado) sirven de utilidad para interpretar el alcance de la obligación de trato digno y con humanidad que las partes en conflicto deben dar a los prisioneros de guerra. Así, de este Protocolo III resaltan, entre otros, el artículo 13 sobre trato humano a los prisioneros y que refiere a que estos “deberán ser tratados humanamente en todas las circunstancias. Está prohibido y será considerado como infracción grave contra el presente Convenio, todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder. (...), el 14 sobre el respeto a la persona de los prisioneros prescribiendo que estos “tienen derecho, en todas las circunstancias, al respeto de su persona y su honor”; 15 sobre la manutención de los prisioneros y que informa sobre el deber del detentor de atender gratuitamente a la manutención y asistencia médica gratuita para los prisioneros de guerra, 22 sobre lugares y modalidades del internado y que consagra que “los prisioneros de guerra no podrán ser internados más que en establecimientos situaciones en tierra firme y con todas las garantías de higiene y de salubridad (...)”, 25 sobre alojamiento “las condiciones de alojamiento de los prisioneros de guerra serán tan favorables como las del alojamiento de las tropas de la Potencia detentora acantonadas en la misma región. Estas condiciones deberán avenirse con los hábitos y las costumbres de los prisioneros y en ningún caso serán perjudiciales para la salud”, 26 “la ración diaria básica será suficiente en cantidad, calidad y variedad para mantener a los prisioneros en buen estado de salud e impedir pérdidas de peso o deficiencias nutritivas (...)”, 29 sobre la higiene y que estipula el deber del detentor de “tomar todas las necesarias medidas de higiene para garantizar la limpieza y la salubridad de los campamentos y para prevenir las epidemias”.

— Normas de Turku o declaración de normas humanitarias mínimas de donde la Sala destaca el artículo 3º que enseña: “1. Todo individuo tendrá derecho a ser reconocido en todas partes como persona ante la ley. Todas las personas, aunque su libertad haya sido restringida, tienen derecho al respeto de su persona, su honor y sus convicciones, a la libertad de pensamiento, de conciencia y a practicar su religión. En toda circunstancia serán tratadas humanamente, sin ninguna distinción de índole desfavorable. (...)” como precepto reiterativo del deber de respeto al trato que se debe brindar a los prisioneros de guerra, en circunstancias del conflicto armado interno.

Y por otro tanto, uniendo lo dicho arriba, la Sala también constata que este deber de protección y garantía a los derechos humanos mínimos de los uniformados privados arbitrariamente y/o secuestrados por el grupo armado insurgente encuentra otro marco jurídico de protección cual es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos el cual reconoce, protege y garantiza un mínimo de derechos de los cuales toda persona debe gozar por el solo hecho de tener la condición de ser humano, esto es, se trata de un instrumento universal. Así, basta traer a colación, como referente normativo lo prescrito en los artículos 1º y 2º de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Res. Nº 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas) “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” y “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (...), lo que encuentra debido y ponderado reflejo en el artículo 2º “1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otras índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (...)”.

Esta situación generalizada y sistemática de secuestro padecida por los veintiocho (28) soldados demandantes y los demás militares y policías que sufrieron los rigores y vejámenes del cautiverio por cerca de 34 meses no puede comprenderse sino como una degradación del conflicto armado y de la dignidad humana lo que, vergonzosamente, llegó hasta el punto en que el ser humano pasó a ser un producto (cual simple objeto o cosa) de una negociación en el conflicto, lo que constituye una pérdida de valor humano en un contexto de violencia desbordada y sin miramientos ni respeto de principios básicos de humanidad. Comportamientos como los descritos en esta providencia no hacen más que ubicar al conflicto armado interno en las antípodas de la civilización, desconociendo tratos mínimos, básicos y elementales de humanidad (garantizado por el derecho internacional y el derecho consuetudinario) exigible respecto de toda persona máxime en una situación de conflicto armado interno.

Cuanto precede, entonces, lleva a esta Sala a dar por acreditado que en este caso se estructuró una grave y desproporcionada violación de Derechos Humanos por parte del grupo armado insurgente FARC, cuestiones estas que llevan a afirmar, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este tipo de asuntos son inadmisibles, en sede interna afirmar tales cuestiones. Afirmar la imprescriptibilidad (o para el sub judice no caducidad) cuando se está en presencia de conductas tales como: uso de armas no convencionales, secuestro de uniformados, tratos crueles, inhumanos y degradantes negatorios de la dignidad de todo ser humano; no implica cosa diferente a trasgredir de manera clara y diametral el derecho humano y fundamental de toda persona a las garantías judiciales, la protección judicial (arts. 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y la cláusula de debido proceso constitucional (art. 29 constitucional), dando lugar a un contexto de impunidad(33).

Sobre tal cuestión la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barrios Altos Vs. Perú, 14 de marzo de 2001, sentenció: “41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, lo que, entre otros pronunciamientos, ha sido reiterado en ulteriores oportunidades por ese tribunal, tal como puede leerse en el Caso Albán Cornejo y Otros Vs. Ecuador, 22 de noviembre de 2007, cuando el referirse a la figura de la prescripción penal consideró: “111. (...) Esta es una garantía que debe ser observada debidamente por el juzgador para todo imputado de un delito. Sin perjuicio de lo anterior, la prescripción de la acción penal es inadmisible e inaplicable cuando se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del derecho internacionales”.

Y ya ha dicho esta sección, en anteriores ocasiones, que estas consideraciones de imprescriptibilidad en materia penal son plenamente extensibles al ámbito del recurso contencioso administrativo, pretensión de reparación directa(34), razón por la cual esta Sala revocará y continuará el estudio de fondo de la demanda identificada con el radicado interno 43481 por cuanto la pretensión allí expuesta guarda relación con la declaratoria de responsabilidad del Estado por el secuestro de los Soldados Carlos Javier Bernal Cantor y Milton Fabio Ramírez Medina, situación que quedó suficientemente acreditada en el sub judice, tal como se lee en el aparte sobre daño antijurídico arriba expuesto.

4. La liquidación de perjuicios.

Por mandato del artículo 1757 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta al poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado. En efecto, las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio, responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria, a través de las cuales se establecen los procedimientos para incorporar al proceso —de manera regular y oportuna— la prueba de los hechos, y de controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial; en efecto, su intención es convencer al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos dañosos, y la respectivas consecuencias(35).

Es así como al juez se le impone regir sus decisiones de acuerdo con por lo menos, tres principios fundamentales: onus probandi incumbit actori (al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción); reus, in excipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante, reus absolvitur (el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción). Estos principios están recogidos tanto en la legislación sustancial (art. 1757 del CC) como en la procesal civil colombiana (art. 177 del CPC), y responden primordialmente a la exigencia de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad, salvo cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas por no requerir prueba.

En este orden de ideas, pasa la subsección a realizar la liquidación de los perjuicios que se encuentran probados en el plenario, ejercicio que se hará por cada una de las víctimas y su núcleo familiar, abordando lo relacionado con los perjuicios morales y materiales, además del daño a la salud.

1. Carlos Javier Bernal Cantor.

1.1. Perjuicios morales.

La jurisprudencia tiene decantado, que el daño moral resarcible es aquél cierto, personal y antijurídico, y su tasación depende entonces, de su intensidad, la cual deberá estar probada en cada caso y liquidada en salarios mínimos. En efecto, es numerosa la producción jurisprudencial y doctrinaria que coincide, en su mayoría, en la inconveniencia, dentro del ámbito jurídico y del sistema económico, de la formulación e imposición de elementos o variables objetivas que permitan una medición dineraria predefinida del valor dañoso. Lo anterior, por cuanto dicha función —precisamente—, se encuentra en cabeza del juez quien goza de discrecionalidad judicial, facultad también conocida como arbitrium judicis, o arbitrio juris.

Es en este escenario en el que cobra importancia la función del juzgador, quien en el marco de dicha discrecionalidad, deberá hacer una valoración integral del acervo probatorio con el fin de establecer la medida compensatoria que considere más apropiada para aliviar el dolor sufrido por quienes ponen en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, tasando los perjuicios en términos de precio, es decir, en salarios mínimos(36).

No obstante lo anterior, y con el fin de garantizar el derecho a la igualdad, la Sala Plena de la Sección Tercera unificó su jurisprudencia en torno a los perjuicios morales a reconocer a la víctima directa y sus familiares en caso de lesiones personales(37), advirtiendo que la tasación tendrá fundamento en el dolor o padecimiento causados. Al efecto fijó como referente la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima, de acuerdo con lo establecido en la siguiente matriz:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES
 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Gravedad de la lesiónVíctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno- filialesRelación afectiva del 2do de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)Relación afectiva del 3er de consanguinidad o civilRelación afectiva del 4to de consanguinidad o civilRelaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Igual o superior al 50%10050352515
Igual o superior al 40% e inferior al 50%8040282012
Igual o superior al 30% e inferior al 40%603021159
Igual o superior al 20% e inferior al 30%402014106
Igual o superior al
10% e
inferior al 20%

20

10

7

5

3
Igual o
superior al 1% e inferior
al 10%

10

5

3,5

2,5

1,5

Así las cosas, y teniendo en cuenta que la disminución de la capacidad laboral del joven Carlos Javier fue calculada por la junta médica laboral en un 82.6%, se le reconocerán 100 smlmv por daños morales, de acuerdo con lo indicado en la anterior tabla, que será la misma que se utilice para liquidar los perjuicios morales de los demás demandantes en el sub lite.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 14760 del 4 de septiembre de 2006, en la que se indica que el señor Carlos Javier Bernal Cantor, nacido el 7 de diciembre de 1978, presenta una esquizofrenia paranoide de etiología multifactorial por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 82.6% (fl. 50 c. p. dentro del Exp. 43481).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for1
 

S2000-20274 for2
 

S = $ 132.262.401

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for3
 

S2000-20274 for4
 

S = $ 158.433.899

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Ahora bien, del texto de las demandas se tiene que los actores solicitaron el reconocimiento del “daño a la vida de relación” en favor de las víctimas, por las lesiones que se encuentran debidamente acreditadas, por lo que procede esta Subsección a reconocerlos, con base en la posición unificada de la Sala, que describe el daño a la salud “como perjuicio inmaterial diferente al moral que puedeser solicitadoydecretadoenloscasosenqueeldañoprovengadeunalesióncorporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que estádirigidoaresarcireconómicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, laafectacióndelderechoalasaluddelindividuo(...) En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona”(38).

Al respecto, ha sido posición reiterada de esta corporación entender que este tipo de daño reconoce las afectaciones a la integridad psicofísica de la víctima, que se refieren no sólo a la modificación de la unidad corporal, sino a “las consecuencias que la misma genera, razón por la que sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros”(39) (subrayado fuera de texto).

Ahora, la Sala en sentencia de unificación(40) explicó:

“Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, expedientes 19031 y 38222, proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que esté debidamente motivado. 

Lo anterior, con empleo del arbitrio iudice, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida, para lo que se emplearán –a modo de parangón– los siguientes parámetros o baremos: 

GRAVEDAD DE LA LESIÓN VÍCTIMA
Igual o superior al 50% 100 SMMLV
Igual o superior al 40% e inferior al 50%  
Igual o superior al 30% e inferior al40% 60 SMMLV
Igual o superior al 20% e inferior al 30% 40 SMMLV
Igual o superior al 10% e inferior al 20% 20 SMMLV
Igual o superior al 1% e inferior al10% 10 SMMLV”

Sin embargo, en casos excepcionales, cuando, conforme al acervo probatorio se encuentre probado que el daño a la salud se presenta en una mayor intensidad y gravedad, podrá otorgarse una indemnización mayor, la cual debe estar debidamente motivada y no podrá superar la cuantía equivalente a 400 SMLMV. 

Así, el operador judicial debe tener en cuenta las siguientes variables conforme a lo que se encuentre probado en cada caso concreto: 

— La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente) 

— La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental. 

— La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano. 

— La reversibilidad o irreversibilidad de la patología. 

— La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria. 

— Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria. 

— Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado. 

— Los factores sociales, culturales u ocupacionales. 

— La edad. 

— El sexo. 

— Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima. 

— Las demás que se acrediten dentro del proceso”. 

Por tanto, la Sala reconocerá al joven Carlos Javier por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv con base en lo dicho en el precedente citado, que será utilizado para la liquidación de los perjuicios por daño a la salud de los demás demandantes en el sub lite.

2. Milton Fabio Ramírez Medina.

1.1. Perjuicios morales.

Teniendo en cuenta que la disminución de la capacidad laboral del joven Carlos Javier fue calculada por la junta médica laboral en un 85.16%, se le reconocerán 100 smlmv por daños morales.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 21718 del 23 de noviembre de 2007, en la que se indica que el señor Milton Fabio Ramírez Medina, nacido el 14 de enero de 1977 presenta una esquizofrenia paranoide por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar con disminución de capacidad laboral del 85.16% (fl. 55 c. p. dentro del Exp. 43481).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for5
 

S2000-20274 for6
 

S = $ 112.355.926

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for7
 

S2000-20274 for8
 

S = $ 157.384.577

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor del joven Milton Fabio, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv de acuerdo con lo dicho en posición unificada de esta Sección, referenciada ad supra.

3. Franklin Pérez (secuestrado) y su núcleo familiar conformado por Ismael Ibarra Pérez (hermano) y Celiano Pérez Lamilla (tío de crianza).

1.1. Perjuicios morales.

Respecto al perjuicio sufrido por la víctima del secuestro, la Sala en anteriores oportunidades han puesto de presente el impacto que tiene un hecho como este en la vida de las víctimas y sus familiares, en consecuencia otorgará el máximo monto respecto al perjuicio moral, esto es la suma de 100 SMLMV.

El registro civil de nacimiento de Franklin Pérez reposa a folio 32 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 11 de septiembre de 1979 y su madre es Elizabeth Pérez Lamilla.

Para la madre, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV.

El registro civil de nacimiento de Ismael Ibarra Pérez, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 84 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 28 de septiembre de 1990 y sus padres son Elizabeth Pérez Lamilla y Fidel Ibarra. El parentesco está probado.

Para el hermano, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

Ahora, los testimonios de Jorge Antonio Gutiérrez Pérez y Jesús Abel Oñate Guativa que reposan a folio 561 cuaderno 6 dentro del expediente 43626, dan cuenta de la especial relación que unía a la víctima con su tío Celiano Pérez quien por él respondía, y de la profunda tristeza que lo invadió durante su cautiverio, luego la angustia y zozobra alegada por éste también probados.

Para el tío, por encontrarse en el tercer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 35 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 6928 del 14 de febrero de 2005, en la que se indica que el señor Franklin Pérez, nacido el 11 de septiembre de 1979 presenta una esquizofrenia paranoide por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar con disminución de capacidad laboral del 84.25% (fl. 816 c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for9
 

S2000-20274 for10
 

S = $ 161.662.146

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for11
 

S2000-20274 for12
 

S = $ 159.427.299

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Franklin Pérez, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv de acuerdo con lo dicho en posición unificada de esta Sección, referenciada.

4. Carlos Hernán Rivera y su núcleo familiar conformado por Michael Estiven Rivera Páez (hijo), Mercedes Rivera Muñoz (madre), Sonia Fernanda Tenjo Rivera (hermana), Jesús Eduardo Tenjo Esguerra (padre de crianza), Alejandro Martínez Rivera (hermano), Cristina María Martínez Rivera (hermana), Rosa Cecilia Rivera Muñoz de Durán (tía materna).

1.1. Perjuicios morales.

Respecto al perjuicio sufrido por la víctima del secuestro, la Sala otorgará la suma de 100 SMLMV.

El registro civil de nacimiento de Carlos Hernán Rivera reposa a folio 34 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 18 de diciembre de 1977 y su madre es Mercedes Rivera Muñoz.

El registro civil de nacimiento de Michael Estiven Rivera Páez quien actúa en su calidad de hijo de la víctima representado por su propio padre, reposa a folio 1730 del cuaderno principal dentro del expediente 43626, allegado al plenario en segunda instancia antes de la audiencia de conciliación. La fecha de nacimiento es 23 de noviembre de 1995 y sus padres son Carlos Hernán Rivera y María Nelly Páez Bernal.

El registro civil de nacimiento de la señora Mercedes Rivera Muñoz, quien actúa en su calidad de madre de la víctima, reposa a folio 102 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 2 de junio de 1959 y sus padres son Guillermo Rivera y Dioselina Muñoz. El parentesco está probado.

El registro civil de la señora Sonia Fernanda Tenjo Rivera, quien actúa en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 96 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 25 de abril de 1989 y sus padres son Mercedes Rivera Muñoz y Jesús Eduardo Tenjo Esguerra. Queda comprobado el parentesco.

Jesús Eduardo Tenjo Esguerra, actúa como padre de crianza de la víctima pero de lo único que hay prueba es de que es el padre de Sonia Fernanda Tenjo Rivera. No hay testimonios, por tanto, al no encontrarse demostrado el vínculo, no hay lugar a reconocer perjuicios.

El registro civil de nacimiento de Alejandro Martínez Rivera, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 124 del cuaderno 6 dentro del 43626. La fecha de nacimiento es 28 de septiembre de 1980 y sus padres son Mercedes Rivera Muñoz y Luis Enrique Martínez Villamil. Queda probado el parentesco.

El registro civil de nacimiento de Cristina María Martínez Rivera, quien actúa en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 123 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 25 de septiembre de 1982 y sus padres son Mercedes Rivera Muñoz y Luis Enrique Martínez Villamil. Queda probado el parentesco.

El registro civil de nacimiento de Rosa Cecilia Rivera Muñoz de Durán, quien actúa en su calidad de tía de crianza de la víctima, reposa a folio 126 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 7 de mayo de 1951 y sus padres son Guillermo Rivera y Dioselina Muñoz. Queda comprobado el parentesco pero no hay pruebas que demuestren la especial aflicción sufrida por el secuestro de su sobrino.

Para la madre e hijo de la víctima por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV.

Para los hermanos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 17786 del 22 de marzo de 2007, en la que se indica que el señor Carlos Hernán Rivera, nacido el 18 de diciembre de 1977, presenta una psicosis por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 84.24% (fl. 1129 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for13
 

S2000-20274 for14
 

S = $ 122.550.715

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for15
 

S2000-20274 for16
 

S = $ 157.384.577

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Carlos Hernán Rivera, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv de acuerdo con lo dicho en posición unificada de esta Sección, referenciada.

5. Yovani Beltrán Lugo y su núcleo familiar conformado por Antonio Beltrán López (padre), Dora Lilia Lugo Cruz (madre), Yeison Armando Lugo (hermano), Jhonny Fabián Martínez Lugo (hermano), Brayan Estiven Portela Lugo (hermano), Martha Milena Beltrán Lugo (hermana), María Elena López de Pérez (abuela paterna), Eusebio Lugo Montoniel (abuelo materno), María Visitación Cruz de Lugo (abuela materna).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Yovani Beltrán Lugo, reposa a folio 111 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 29 de diciembre de 1977 y sus padres son Dora Lilia Lugo Cruz y Antonio Beltrán López, quienes actúan en su calidad de tales dentro del proceso. El parentesco está comprobado.

El registro civil de nacimiento de Antonio Beltrán López, quien actúa como padre de la víctima, reposa a folio 120 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 22 de febrero de 1958 y sus padres son Pedro Antonio Beltrán y María Elena López, la última actuando en su calidad de tal dentro del proceso. El parentesco está comprobado.

El registro civil de nacimiento de Dora Lilia Lugo Cruz, quien actúa como madre de la víctima, reposa a folio 37 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 16 de junio de 1960 y sus padres son María Visitación Lugo Cruz y Eusebio Lugo Montiel, quienes actúan en su calidad de tales dentro del proceso. El parentesco está acreditado, pero nada se dice sobre su especial relación con la víctima o la aflicción que sufrieron con el secuestro.

El registro civil de nacimiento de Yeison Armando Lugo, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 110 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 10 de septiembre de 1984, y su madre es Dora Lilia Lugo Cruz. El parentesco está comprobado.

El registro civil de nacimiento de Jhonny Fabián Martínez Lugo, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 113 del cuaderno 6 dentro del 43626. La fecha de nacimiento es 24 de febrero de 1992 y sus padres son Dora Lilia Lugo Cruz y Jader Idolfo Martínez Castro. El parentesco está acreditado.

El registro civil de nacimiento de Brayan Estiven Portela Lugo, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 886 del cuaderno 4 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 5 de diciembre de 1996 y sus padres son Dora Lilia Lugo Cruz y José Mauricio Portela Cruz. El parentesco está acreditado.

El registro civil de nacimiento de Martha Milena Beltrán Lugo, quien actúa en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 112 cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 26 de septiembre de 1980 y sus padres son Dora Lilia Lugo Cruz y Antonio Beltrán López. El parentesco está acreditado.

A folios 525 y siguientes del cuaderno 6 dentro del expediente 43626, reposan los testimonios de Luis Eduardo Rojas Ramírez, Fabiola Villanueva Ortiz y Edgar Efrén Simbaqueva Sánchez, en los que todos coinciden que la señora María Elena López, quien actúa dentro del proceso en calidad de abuela paterna de la víctima, convivía con la familia y se vio particularmente afectada por el secuestro de su nieto.

Para la víctima directa y sus padres, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV.

Para los hermanos y abuelos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 245 del 6 de febrero de 2004, en la que se indica que el señor Yovani Beltrán Lugo, nacido el 29 de diciembre de 1977, presenta una psicosis esquizofrénica, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 80% (fl. 973 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for17
 

S2000-20274 for18
 

S = $ 182.437.492

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for19
 

S2000-20274 for20
 

S = $ 157.384.577

1.3. Perjuicios por daño a la salud

Se reconocerá a favor de Yovani Beltrán Lugo, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv de acuerdo con lo dicho en posición unificada de esta Sección, referenciada.

6. Oviedo Gallego Marín y su núcleo familiar conformado por Gilma del Socorro Marín Marín (madre), Hernán Contreras (padre de crianza), Elizabeth Contreras Marín (hermana), Luz Ángela Contreras Marín (hermana), Yazmín Emilse Gallego Marín (hermana).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Oviedo Gallego Marín, reposa a folio 20 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 13 de junio de 1977 y sus padres son José Manuel Gallego Gómez y Gilma del Socorro Marín Marín, la última de las cuales actúa dentro del proceso en su calidad de tal.

Reposan en el plenario los testimonios de Olga Navas y Lydia Esperanza Chicangana (fls. 531 y ss., del c. 6 dentro del Exp. 43626), de acuerdo con los cuales el señor Hernán Contreras era el padrastro de la víctima y siempre actuó como su padre de crianza.

El registro civil de nacimiento de Elizabeth Contreras Marín, quien actúa en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 115 cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 30 de junio de 1989 y sus padres son Gilma del Socorro Marín Marín y Hernán Contreras Reyes. El parentesco está acreditado.

El registro civil de nacimiento de Luz Ángela Contreras Marín, quien actúa en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 52 cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 28 de diciembre de 1994 y sus padres son Gilma del Socorro Marín Marín y Hernán Contreras Reyes. El parentesco está acreditado.

No reposa el registro civil de nacimiento de la señora Yazmín Emilse Gallego Marín, quien actúa en su calidad de hermana de la víctima. Sin embargo, a folio 332 del cuaderno principal dentro del expediente 43626, reposa acta de bautismo en la que se da cuenta de que nació el 12 de noviembre de 1974, hija de Jorge Manuel Gallego y Gilma del Socorro Marín.

Para la víctima, la madre y el padre de crianza por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV; para los hermanos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 3073 del 17 de octubre de 2001, en la que se evalúa al señor Oviedo Gallego Marín, y aunque el diagnóstico es ilegible, se tiene que la incapacidad asciende a 13% (fl. 968 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for21
 

S2000-20274 for22
 

S = $ 234.070.071 x 13%

S = $ 30.429.109

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for23
 

S2000-20274 for24
 

S = $ 157.384.577 x 13%

S = $ 20.459.995

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de señor Oviedo Gallego Marín, por daño a la salud, la suma equivalente a 20 smlmv de acuerdo con lo dicho en posición unificada de esta Sección, referenciada.

7. John Fredy Ariza Rincón y su núcleo familiar conformado por Miguel Enrique Ariza Rodríguez (padre), Graciela Rincón Palomino (madre), Alix Carmenza Ariza Rincón (hermana) y Teotiste Palomino de Rincón (abuela materna).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de John Fredy Ariza Rincón, reposa a folio 5 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 30 de mayo de 1979 y sus padres son Graciela Rincón Palomino y Miguel Enrique Ariza Rodríguez, quienes actúan dentro del proceso en su calidad de tales.

El registro civil de nacimiento de Graciela Rincón Palomino, quien actúa en su calidad de madre de la víctima, reposa a folio 208 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 15 de enero de 1960 y sus padres son Alejandro Rincón y Teotiste Palomino.

Teotiste Palomino de Rincón, quien actúa dentro del proceso en su calidad de abuela de la víctima, especialmente afectada con el daño sufrido por su nieto según dan cuenta los testimonios que reposan a folios 529 y siguientes del cuaderno 6 dentro del expediente 43626, rendidos por Luz Marlen Barajas y Sandra Isabel Gómez, que dan cuenta de la relación afectuosa que unía a la familia, incluyendo a la abuela Teotiste con quien vivían.

El registro civil de nacimiento de Alix Carmenza Ariza Rincón, quien actúa dentro del proceso en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 6 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 11 de noviembre de 1980 y sus padres son Graciela Rincón Palomino y Miguel Enrique Ariza Rodríguez. El parentesco está comprobado.

Para la víctima y sus padres, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV, para los hermanos y abuelos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 4933 del 4 de octubre de 2004, en la que se indica que el señor John Fredy Ariza Rincón, nacido el 30 de mayo de 1979, presenta una esquizofrenia paranoide, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 82.6% (fl. 972 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for25
 

S2000-20274 for26
 

S = $ 168.858.774

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for27
 

S2000-20274 for28
 

S = $ 159.427.299

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de señor John Fredy Ariza Rincón, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv de acuerdo con lo dicho en posición unificada de esta Sección, referenciada.

8. Luis Alexander Cifuentes y su núcleo familiar conformado por Sibilina Cifuentes González (madre), Luis Emilio Pachón Castillo (padre), Edwin Arbey Pachón Cifuentes (hermano), Wilmar Anderson Pachón Cifuentes (hermano), Mery Luz Ramos Cifuentes (hermana) y Luz Mery Ramos Cifuentes (hermana).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Luis Alexander Cifuentes, reposa a folio 346 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 13 de junio de 1977 y su madre es Sibilina Cifuentes González quien actúa dentro del proceso en su calidad de tal.

A folio 545 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626, reposan los testimonios de Sergio Mauricio González y Hernando Díaz Triana, que dan cuenta de que el señor Luis Emilio Pachón Castillo fungía como padre de crianza de la víctima, viviendo junto con los demás hijos de la señora Sibilina, bajo el mismo techo.

El registro civil de nacimiento de Edwin Arbey Pachón Cifuentes, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 349 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 13 de agosto de 1984 y sus padres son Sibilina Cifuentes González y Luis Emilio Pachón Castillo. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de Wilmar Anderson Pachón Cifuentes, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 105 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 21 de noviembre de 1988 y sus padres son Sibilina Cifuentes González y Luis Emilio Pachón Castillo. El parentesco está acreditado.

El registro civil de nacimiento de Mery Luz Ramos Cifuentes, quien actúa en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 347 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 30 de diciembre de 1972 y sus padres son Sibilina Cifuentes González y Jorge Enrique Ramos Guerrero. El parentesco está acreditado.

El registro civil de nacimiento de Luz Mery Ramos Cifuentes, quien actúa en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 348 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 18 de marzo de 1976 y sus padres son Sibilina Cifuentes González y Jorge Enrique Ramos Guerrero. El parentesco se encuentra acreditado.

Para la víctima, su madre y padre de crianza, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV, para los hermanos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 3855 del 23 de julio de 2004, en la que se indica que el señor Luis Alexander Cifuentes, nacido el 13 de junio de 1977, presenta un cuadro de estrés postraumático con esquizofrenia paranoide, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 82.6% (fl. 951 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for29
 

S2000-20274 for30
 

S = $ 172.862.346

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for31
 

S2000-20274 for32
 

S = $ 157.384.577

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Luis Alexander Cifuentes, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv de acuerdo con lo dicho en posición unificada de esta Sección, referenciada.

9. Efrén Rojas y su núcleo familiar conformado por Adelí Rojas Martínez (madre), José Alonso Andrade Gutiérrez (padre de crianza), Cindy Dayana Andrade Rojas (hermana), John Jayther Andrade Rojas (hermano), María Concepción Martínez de Rojas (abuela) y Miguel Roberto Rojas Zambrano (abuelo).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Efrén Rojas, reposa a folio 117 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 20 de octubre de 1979 y su madre es Adelí Rojas Martínez.

El registro civil de nacimiento de Adelí Rojas Martínez, quien actúa en su calidad de madre de la víctima, reposa a folio 186 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 8 de noviembre de 1960 y sus padres son Concepción Martínez Rojas y Miguel Roberto Rojas Zambrano, quienes actúan en el proceso como abuelos del joven Efrén.

El registro civil de nacimiento de Cindy Dayana Andrade Rojas, quien actúa en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 107 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 21 de febrero de 1987 y sus padres son Adelí Rojas Martínez y José Alonso Andrade Gutiérrez. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de John Jayther Andrade Rojas, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 106 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 23 de febrero de 1985 y sus padres son Adelí Rojas Martínez y José Alonso Andrade Gutiérrez. El parentesco se encuentra acreditado.

A folios 533 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626, reposan los testimonios de Fair Castañeda Castellanos, Fredy Chirivi Bernal y Otilia Blanco Piriache, quienes dan cuenta de la relación de la víctima con su padre de crianza, el señor José Alonso Andrade Gutiérrez, y de la aflicción que el secuestro causó en sus hermanos, padres y abuelos.

Para la víctima, madre y padres de crianza, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV, para los hermanos y abuelos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 23096 del 22 de febrero de 2008, en la que se indica que el señor Efrén Rojas, nacido el 20 de octubre de 1979, presenta una esquizofrenia paranoide de etiología multicausal, por lo que se le clasifica con incapacidad permanente parcial, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 82.6% (fl. 1167 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for33
 

S2000-20274 for34
 

S = $ 106.968.427

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for35
 

S2000-20274 for36
 

S = $ 159.427.299

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Efrén Rojas, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv de acuerdo con lo dicho en posición unificada de esta Sección, referenciada.

10. Carlos Mario Tovar Jiménez y su núcleo familiar conformado por José Antonio Tovar Rubiano (padre), Blanca Isabel Jiménez de Tovar (madre) y Alesandra Tovar Jiménez (hermana).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Carlos Mario Tovar Jiménez, reposa a folio 26 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 17 de junio de 1977 y sus padres son Blanca Isabel Jiménez García y José Antonio Tovar Rubiano, quienes actúan en este proceso en su calidad de tales.

El registro civil de nacimiento de Alesandra Tovar Jiménez, quien actúa en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 27 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 7 de junio de 1974 y sus padres son Blanca Isabel Jiménez García y José Antonio Tovar Rubiano. El parentesco se encuentra acreditado.

Para la víctima y sus padres, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV, para la hermana, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 12730 del 24 de abril de 2006, en la que se indica que el señor Carlos Mario Tovar Jiménez, nacido el 17 de junio de 1977, presenta una esquizofrenia paranoide de etiología psicosocial, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 84.6% (fl. 973 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for37
 

S2000-20274 for38
 

S = $ 138.880.433

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for39
 

S2000-20274 for40
 

S = $ 117.492.846

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Carlos Mario Tovar Jiménez, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

11. Rubén Ayala Parada y su núcleo familiar conformado por Rubén Ayala López (padre), Olga Rocío Ayala Parada (hermana), Elías Ayala Parada (hermano) y María Nohemí Ayala Parada (hermana).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Rubén Ayala Parada, reposa a folio 203 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 10 de abril de 1979 y sus padres son María Lorenza Parada Benavides y Rubén Ayala López, éste último actuando en el proceso en su calidad de tal.

El registro civil de nacimiento de Olga Rocío Ayala Parada, quien actúa en el proceso en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 45 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 28 de julio de 1987 y sus padres son María Lorenza Parada Benavides y Rubén Ayala López. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de Elías Ayala Parada, quien actúa en el proceso en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 224 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 12 de septiembre de 1981 y sus padres son María Lorenza Parada Benavides y Rubén Ayala López. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de María Nohemí Ayala Parada, quien actúa en el proceso en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 44 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 9 de marzo de 1985 y sus padres son María Lorenza Parada Benavides y Rubén Ayala López. El parentesco se encuentra acreditado.

Para la víctima y sus padres, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV, para los hermanos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 3276 del 10 de junio de 2004, en la que se indica que el señor Rubén Ayala Parada, nacido el 10 de abril de 1979, presenta un cuadro de estrés postraumático crónico, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 87.14% (fl. 946 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for41
 

S2000-20274 for42
 

S = $ 175.300.382

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for43
 

S2000-20274 for44
 

S = $ 159.427.299

Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Rubén Ayala Parada, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

12. Benjamín Buitrago Burgos y su núcleo familiar conformado por José Benjamín Buitrago Ríos (padre), María Alcira Burgos Ramírez (madre), Carlos Andrés Buitrago Burgos (hermano) y Liz Andrea Buitrago Burgos (hermana).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Benjamín Buitrago Burgos, reposa a folio 88 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 5 de abril de 1978 y sus padres son María Alcira Burgos Ramírez y José Benjamín Buitrago Ríos, los dos actuando en su calidad de tales en este proceso.

El registro civil de nacimiento de Carlos Andrés Buitrago Burgos, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 204 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 2 de julio de 1979 y sus padres son María Alcira Burgos Ramírez y José Benjamín Buitrago Ríos. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de Liz Andrea Buitrago Burgos, quien actúa en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 52 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 30 de junio de 1981 y sus padres son María Alcira Burgos Ramírez y José Benjamín Buitrago Ríos. El parentesco se encuentra acreditado.

Para la víctima y sus padres, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV, para los hermanos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 18900 del 29 de mayo de 2007, en la que se indica que el señor Benjamín Buitrago Burgos, nacido el 5 de abril de 1978, presenta un trastorno de estrés postraumático crónico, por lo que se le determina incapacidad permanente parcial, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 85.07% (fl. 955 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for45
 

S2000-20274 for46
 

S = $ 119.332.461

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for47
 

S2000-20274 for48
 

S = $ 158.433.899

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Benjamín Buitrago Burgos, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

13. José Yesid Buitrago Burgos y su núcleo familiar por José Benjamín Buitrago Ríos (padre), María Alcira Burgos Ramírez (madre), Carlos Andrés Buitrago Burgos (hermano) y Liz Andrea Buitrago Burgos (hermana).

1.1. Perjuicios morales, materiales y daño a la salud.

El registro civil de nacimiento de Benjamín Buitrago Burgos, reposa a folio 88 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 5 de abril de 1978 y sus padres son María Alcira Burgos Ramírez y José Benjamín Buitrago Ríos, los dos actuando en su calidad de tales en este proceso.

El registro civil de nacimiento de Carlos Andrés Buitrago Burgos, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 204 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 2 de julio de 1979 y sus padres son María Alcira Burgos Ramírez y José Benjamín Buitrago Ríos. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de Liz Andrea Buitrago Burgos, quien actúa en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 52 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 30 de junio de 1981 y sus padres son María Alcira Burgos Ramírez y José Benjamín Buitrago Ríos. El parentesco se encuentra acreditado.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 3255 del 31 de octubre de 2001, en la que se da cuenta que el señor José Yesid Buitrago Burgos, nacido el 22 de septiembre de 1976, fue evaluado pero los resultados son ilegibles (fl. 947 del c. 4 dentro del Exp. 43626)., por tanto se condenará en abstracto para que se aporte copia legible del acta de junta médica laboral y de esta forma se liquidará el perjuicio material, el perjuicio moral y el daño a la salud conforme a los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta corporación.

14. Robinson Ruiz Sánchez.

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Robinson Ruiz Sánchez, reposa a folio 486 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 22 de octubre de 1979 y sus padres son Ana Elvia Sánchez y Isidro Ruiz Delgadillo. Se tiene noticia del secuestro que sufrió por lo que los perjuicios le deben ser reconocidos.

Para la víctima se le otorgarán 100 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 6252 del 15 de diciembre de 2004, en la que se indica que el señor Robinson Ruiz Sánchez, nacido el 22 de octubre de 1979, presenta un cuaderno de estrés postraumático, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 82.6% (fl. 927 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for49
 

S2000-20274 for50
 

S = $ 164.901.006

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for51
 

S2000-20274 for52
 

S = $ 159.427.299

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Robinson Ruiz Sánchez, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

15. José Alexander Poveda Laverde.

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de José Alexander Poveda Laverde, reposa a folio 1151 del cuaderno 4 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 21 de octubre de 1979 y su madre es María Esther Laverde Parada. Se tiene noticia del secuestro que sufrió, por lo que los perjuicios le deben ser reconocidos.

Para la víctima se le otorgarán 100 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 25749 del 5 de agosto de 2008, en la que se indica que el señor José Alexander Poveda Laverde, nacido el 21 de octubre de 1979, presenta un cuadro de estrés postraumático grave con síntomas psicóticos, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 82.1% (fl. 1208 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for53
 

S = $ 99.577.868

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for54
 

S2000-20274 for55

S = $ 159.427.299

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de José Alexander Poveda Laverde, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

16. Ricardo Acosta González y su núcleo familiar conformado por Luis Arnulfo Acosta Velásquez (padre), Luis Javier Acosta González (hermano) y William Eduardo Acosta González (hermano).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Ricardo Acosta González, reposa a folio 28 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es primero de febrero de 1978 y sus padres son Hermencia Ludovina González y Luis Arnulfo Acosta Velásquez, éste último actuando en su calidad de tal dentro del presente proceso.

El registro civil de nacimiento de Luis Javier Acosta González, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 390 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 17 de septiembre de 1972 y sus padres son Hermencia Ludovina González y Luis Arnulfo Acosta Velásquez. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de William Eduardo Acosta González, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 391 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 5 de marzo de 1975 y sus padres son Hermencia Ludovina González y Luis Arnulfo Acosta Velásquez. El parentesco se encuentra acreditado. Sin embargo, el poder que reposa a folio 45 del cuaderno principal del expediente 43626, no cuenta con presentación personal, cuaderno principal (43626) por lo que el A quo negó cualquier reconocimiento de perjuicios a su favor, posición que comparte esta Subsección.

Para la víctima y su padre, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV; para los hermanos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 2032 del 3 de octubre de 2001, en la que se indica que el señor Ricardo Acosta González, nacido el primero de febrero de 1978, presenta un cuadro de estrés postraumático, por lo que se le determina una incapacidad relativa y permanente, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 23% (fl. 976 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for56
 

S2000-20274 for57
 

S = $ 234.989.341 x 23%

S = $ 54.047.548

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for58
 

S2000-20274 for59
 

S = $ 158.433.899 x 23%

S = $ 36.439.796

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Ricardo Acosta González, por daño a la salud, la suma equivalente a 40 smlmv.

17. Edgar Bueno Afanador.

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Edgar Bueno Afanador, reposa a folio 507 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 8 de diciembre de 1975 y sus padres son Luis María Bueno Duarte y Adela Afanador de Bueno. Se tiene noticia del secuestro del que fue víctima por lo que los perjuicios le deben ser reconocidos.

Para la víctima se le otorgarán 100 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 12894 del 25 de abril de 2006, en la que se indica que el señor Edgar Bueno Afanador, nacido el 8 de diciembre de 1975, presenta un trastorno etiología multifuncional, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 79.14% (fl. 964 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for60
 

S2000-20274 for61
 

S = $ 138.880.433

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for62
 

S2000-20274 for63
 

S = $ 155.118.192

1.3. Perjuicios por daño a la salud

Se reconocerá a favor de Edgar Bueno Afanador, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

18. Tito Velásquez León.

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Tito Velásquez León, reposa a folio 497 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 17 de diciembre de 1977 y sus padres son Mercedes León y Rubén Velásquez Alfonso. Se tiene noticia del secuestro sufrido por lo que los perjuicios le deben ser reconocidos.

Para la víctima se le otorgarán 100 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 3372 del 9 de noviembre de 2001, en la que se indica que el señor Tito Velásquez León, nacido el 17 de diciembre de 1977, presenta un cuadro de estrés postraumático, por lo que se le determina incapacidad relativa y permanente, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 13% (fl. 973 del c. 4 dentro del Exp. 43626). A folio 810 del cuaderno principal dentro del expediente 36079, obra nueva acta de junta médica laboral allegada al proceso cuando ya se encontraba al despacho en segunda instancia para fallo.

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for64
 

S2000-20274 for65
 

S = $ 232.595.545 x 13%

S = $ 30.237.420

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for66
 

S2000-20274 for67
 

S = $ 117.492.846 x 13%

S = $ 15.274.096

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Tito Velásquez León, por daño a la salud, la suma equivalente a 20 smlmv.

19. Diter Ávila Hernández y su núcleo familiar conformado por María Graciela Hernández (madre), Hans Enrique Ávila Hernández (hermano) y Ingrid Ávila Hernández (hermana).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Diter Ávila Hernández, reposa a folio 29 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 4 de enero de 1976 y sus padres son Carlos Julio Ávila Castiblanco y María Graciela Hernández, esta última actuando dentro del proceso en su calidad de tal.

El registro civil de nacimiento de Hans Enrique Ávila Hernández, reposa a folio 205 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 20 de mayo de 1980 y sus padres son Carlos Julio Ávila Castiblanco y María Graciela Hernández. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de Ingrid Ávila Hernández, reposa a folio 30 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 23 de enero de 1974 y sus padres son Carlos Julio Ávila Castiblanco y María Graciela Hernández. El parentesco se encuentra acreditado.

Para la víctima y sus padres, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV, para los hermanos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 20080 del 9 de agosto de 2007, en la que se indica que el señor Diter Ávila Hernández, nacido el 4 de enero de 1976, presenta esquizofrenia paranoide crónica, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 78% (fl. 1126 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for68
 

S2000-20274 for69
 

S = $ 116.075.399

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for70
 

S2000-20274 for71
 

S = $ 156.288.299

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Diter Ávila Hernández, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

20. Libert Rodríguez Chaguala.

1.1. Perjuicios morales.

Aunque no reposa registro civil de nacimiento, se tiene noticia de su secuestro por lo que los perjuicios le deben ser reconocidos.

Para la víctima se otorgarán 100 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 3385 del 27 de noviembre de 2002, en la que se indica que el señor Libert Rodríguez Chaguala, nacido el 5 de mayo de 1979, presenta una psicosis esquizofrénica de tipo esquizoafectivo, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 90.21% (fl. 930 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for72
 

S2000-20274 for73
 

S = $ 208.285.016

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for74
 

S2000-20274 for75
 

S = $ 159.427.299

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Libert Rodríguez Chaguala, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

21. Norbey Arias Arias y su núcleo familiar conformado por Ruth Delia Arias Sáenz (madre), Carolina Mendoza Arias (hermana), Ruth Stella Mendoza Arias (hermana), William Marcelo Mendoza Arias (hermano), Tomás Arias Cortés (abuelo) y Hermelinda Sáenz Briñez de Arias (abuela).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Norbey Arias Arias, reposa a folio 1124 del cuaderno 4 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 28 de julio de 1978 y su madre es Ruth Delia Arias Sáenz, quien actúa en el proceso en su calidad de tal.

El registro civil de nacimiento de Carolina Mendoza Arias, quien actúa dentro del proceso en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 206 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 13 de diciembre de 1991 y sus padres son Ruth Delia Arias Sáenz y Maximiliano Mendoza Calderón. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de Ruth Stella Mendoza Arias, quien actúa dentro del proceso en su calidad de hermana, reposa a folio 21 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 21 de noviembre de 1986 y sus padres son Ruth Delia Arias Sáenz y Maximiliano Mendoza Calderón. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de William Marcelo Mendoza Arias, quien actúa dentro del proceso en su calidad de hermano, reposa a folio 22 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 20 de enero de 1985 y sus padres son Ruth Delia Arias Sáenz y Maximiliano Mendoza Calderón. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de Ruth Delia Arias Sáenz, reposa a folio 1153 del cuaderno 4 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 6 de septiembre de 1961 y sus padres son Tomás Arias Cortés y Hermelinda Sáenz de Arias, los dos actuando en su calidad de abuelos dentro del presente proceso. Adicionalmente, se encuentra probada la aflicción sufrida con ocasión del secuestro de su nieto, pues a folios 548 y siguientes del cuaderno 6 dentro del expediente 43626, reposan los testimonios de Betty María Briñez Calderón, María Dalia Briñez de Briñez, Dagoberto

Arias Leal y Carlos Julio Garzón Jara, quienes dan cuenta de la especial relación que unía a la víctima con sus abuelos por ser ellos quienes lo criaron.

Para la víctima y su madre, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV, para los hermanos y abuelos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 18248 del 23 de abril de 2007, en la que se indica que el señor Norbey Arias, nacido el 28 de julio de 1978, presenta un trastorno de estrés postraumático crónico, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 80% (fl. 970 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for76
 

S2000-20274 for77
 

S = $ 121.056.078

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for78
 

S2000-20274 for79
 

S = $ 158.433.899

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Norbey Arias, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

22. Ciro Alfonso Velasco Delgado.

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Ciro Alfonso Velasco Delgado, reposa a folio 502 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 18 de noviembre de 1979 y sus padres son Hilda Sofía Delgado Ruiz y Onorio Velasco González. Hay noticia de su secuestro por lo que los perjuicios le deben ser reconocidos.

Para la víctima se le otorgarán 100 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 21234 del 22 de octubre de 2007, en la que se indica que el señor Ciro Alfonso Velasco Delgado, nacido el 30 de septiembre de 1979, presenta un trastorno de estrés postraumático grave crónico, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 87.22% (fl. 1144 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for80
 

S2000-20274 for81
 

S = $ 289.612.581

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for82
 

S2000-20274 for83
 

S = $ 159.427.299

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Ciro Alfonso Velasco Delgado, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

23. Luis Eduardo Almonacid Barahona y su núcleo familiar conformado por Javier Alberto Almonacid Barahona (hermano) y Jorge Eliécer Almonacid Barahona (hermano).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Luis Eduardo Almonacid Barahona, reposa a folio 48 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 22 de septiembre de 1979 y sus padres son Luz Dary Barahona Orjuela y Luis Alberto Almonacid Alarcón.

El registro civil de nacimiento de Javier Alberto Almonacid Barahona, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 417 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 9 de mayo de 1977 y sus padres son Luz Dary Barahona Orjuela y Luis Alberto Almonacid Alarcón. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de Jorge Eliécer Almonacid Barahona, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 419 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 18 de febrero de 1982 y sus padres son Luz Dary Barahona Orjuela y Luis Alberto Almonacid Alarcón. El parentesco se encuentra acreditado.

Para la víctima se le otorgarán 100 SMLMV, para los hermanos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 14177 del 14 de julio de 2006, en la que se indica que el señor Luis Eduardo Almonacid Barahona, nacido el 22 de septiembre de 1979, presenta esquizofrenia paranoide, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 84.6% (fl. 967 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for84
 

S2000-20274 for85
 

S = $ 134.826.177

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for86
 

S2000-20274 for87
 

S = $ 159.427.299

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Luis Eduardo Almonacid Barahona, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

24. John Javier Rojas Quintero.

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de John Javier Rojas Quintero, reposa a folio 1149 del cuaderno 4 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 15 de enero de 1977 y sus padres son Marta Quintero González y Juan Manuel Rojas Ramírez. Se tiene noticia del secuestro sufrido por lo que los perjuicios le deben ser reconocidos.

Para la víctima se le otorgarán 100 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 2181 del 6 de agosto de 2002, en la que se indica que el señor John Javier Rojas Quintero, nacido el 15 de enero de 1977, presenta un cuadro de psicosis esquizofrénica de tipo esquizoafectivo, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 81.9% (fl. 980 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for88
 

S2000-20274 for89
 

S = $ 215.270.243

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for90
 

S2000-20274 for91
 

S = $ 117.492.846

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de John Javier Rojas Quintero, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

25. Simón Ardila Palacios y su núcleo familiar conformado por Simón Ardila Concha (padre), Emperatriz Palacios (madre), Enrique Ardila Palacios (hermano), Luis Felipe Ardila Palacios (hermano) y Fabio Ardila Palacios (hermano).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Simón Ardila Palacios, reposa a folio 226 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 28 de agosto de 1978 y sus padres son Emperatriz Palacios y Simón Ardila Concha, quienes actúan en este proceso en su calidad de tales.

El registro civil de nacimiento de Enrique Ardila Palacios, quien actúa en su calidad hermano de la víctima, reposa a folio 1729 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 9 de enero de 1981 y sus padres son Emperatriz Palacios y Simón Ardila Concha. A pesar de que el parentesco quedaría comprobado así, el registro civil de nacimiento de este actor fue allegado al proceso en segunda instancia antes de la audiencia de conciliación.

El registro civil de nacimiento de Luis Felipe Ardila Palacios, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 422 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 10 de marzo de 1973 y sus padres son Emperatriz Palacios y Simón Ardila Concha. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de Fabio Ardila Palacios, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 423 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 14 de diciembre de 1974 y sus padres son Emperatriz Palacios y Simón Ardila Concha. El parentesco se encuentra acreditado.

Para la víctima y sus padres, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV, para los hermanos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 13020 del 2 de mayo de 2006, en la que se indica que el señor Simón Ardila Palacios, nacido el 28 de agosto de 1978, presenta un retardo mental leve, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 40.94% (fl. 943 del c. 4 dentro del Exp. 43626). A folio 807 del cuaderno principal (36079) obra nueva acta de junta médica laboral allegada al proceso cuando ya se encontraba al despacho para fallo en segunda instancia.

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for92
 

S2000-20274 for93
 

S = $ 138.481.840x 40.94%

S = $ 56.694.465

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for94
 

S2000-20274 for95
 

S = $ 158.433.899 x 40.94%

S = $ 64.862.838

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Simón Ardila Palacios, por daño a la salud, la suma equivalente a 80 smlmv.

26. Luis Alejandro Alarcón.

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Luis Alejandro Alarcón, reposa a folio 514 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 5 de mayo de 1977 y su madre es María Hortencia Alarcón González. Se tiene noticia de su secuestro por lo que los perjuicios le deben ser indemnizados.

Para la víctima se le otorgarán 100 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 2525 del 5 de septiembre de 2001, en la que se indica que el señor Luis Alejandro Alarcón, nacido el 5 de mayo de 1977, presenta un trastorno de estrés postraumático, por lo que se le determina incapacidad relativa y permanente, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 34.22% (fl. 940 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for96
 

S2000-20274 for97
 

S = 236.874.248 x 34.22%

S = 81.058.367

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for98
 

S2000-20274 for99
 

S = $ 117.492.846 x 34.22%

S = $ 40.206.051

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Luis Alejandro Alarcón, por daño a la salud, la suma equivalente a 60 smlmv.

27. Edgar Rodríguez Rincón y su núcleo familiar conformado por Benedicto Rodríguez Santana (padre), Rosa Lilia Rincón (madre), Diana Carolina Rodríguez Rincón (hermana), Henry Fernando Rodríguez Rincón (hermano) y Fredy Alexander Rodríguez Rincón (hermano).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Edgar Rodríguez Rincón, reposa a folio 188 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 12 de febrero de 1979 y sus padres son Rosa Lilia Rincón y Benedicto Rodríguez Santana, quienes actúan en el presente proceso en su calidad de tales.

El registro civil de nacimiento de Diana Carolina Rodríguez Rincón, quien actúa en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 1732 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 22 de marzo de 1986 y sus padres son Rosa Lilia Rincón y Benedicto Rodríguez Santana. Si bien con esto queda acreditado el parentesco, el registro civil de nacimiento de este actor, fue allegado al proceso en segunda instancia antes de la audiencia de conciliación.

El registro civil de nacimiento de Henry Fernando Rodríguez Rincón, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 2 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 24 de abril de 1992 y sus padres son Rosa Lilia Rincón y Benedicto Rodríguez Santana. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de Fredy Alexander Rodríguez Rincón, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 4 del cuaderno 6 dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 22 de agosto de 1980 y sus padres son Rosa Lilia Rincón y Benedicto Rodríguez Santana. El parentesco se encuentra acreditado.

Para la víctima y sus padres, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV, para los hermanos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 13640 del 16 de junio de 2006, en la que se indica que el señor Edgar Rodríguez Rincón, nacido el 12 de febrero de 1979, presenta un trastorno psicótico agudo, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 85.38% (fl. 962 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for100
 

S2000-20274 for101
 

S = $ 136.237.693

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for102
 

S2000-20274 for103
 

S = $ 159.427.299

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Edgar Rodríguez Rincón, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

28. William Ricardo Rodríguez Quiroga.

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de William Ricardo Rodríguez Quiroga, reposa a folio 442 del cuaderno principal dentro del expediente 43626. La fecha de nacimiento es 16 de septiembre de 1977 y sus padres son María Teresa Quiroga Morales y Rito Antonio Rodríguez Rodríguez. Se tiene noticia del secuestro sufrido por lo que los perjuicios le deben ser reconocidos.

Para la víctima se le otorgarán 100 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 2530 del 5 de septiembre de 2001, en la que se indica que el señor Ricardo Quiroga William, nacido el 16 de septiembre de 1977, presenta un trastorno de estrés postraumático, por lo que se le determina incapacidad relativa y permanente, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 29.96% (fl. 922 del c. 4 dentro del Exp. 43626).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for104
 

S2000-20274 for105
 

S = 236.874.248 x 29.96%

S = 70.967.524

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for106
 

S2000-20274 for107
 

S = $ 117.492.846 x 29.96%

S = $ 35.200.856

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de William Ricardo Quiroga, por daño a la salud, la suma equivalente a 40 smlmv.

29. Álvaro Enrique Castro Ramírez y su núcleo familiar conformado por Anselmo Castro Martínez (padre), Belén Ramírez de Castro (madre), Samuel Castro Ramírez (hermano), María Aurora Castro Ramírez (hermana), Luz Miriam Castro Ramírez (hermana), Juan Bernardo Castro Ramírez (hermano), Bonifacio Ramírez Hernández (abuelo), María Delfina Ramírez de Ramírez (abuela), Santos de Jesús Ramírez Ramírez (tío) y Floralba Ramírez Ramírez (tía).

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Álvaro Enrique Castro Ramírez, reposa a folio 126 del cuaderno principal dentro del expediente 36079. La fecha de nacimiento es 10 de enero de 1979 y sus padres son Anselmo Castro y Belén Ramírez, quienes actúan en el presente proceso en su calidad de tales.

El registro civil de nacimiento de Samuel Castro Ramírez, quien actúa en el proceso en su calidad de hermano, reposa a folio 128 del cuaderno principal dentro del expediente 36079. La fecha de nacimiento es 12 de marzo de 1983 y sus padres son Anselmo Castro y Belén Ramírez. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de María Aurora Castro Ramírez, quien actúa en el proceso en su calidad de hermana, reposa a folio 129 del cuaderno principal dentro del expediente 36079. La fecha de nacimiento es 21 de agosto de 1965 y sus padres son Anselmo Castro y Belén Ramírez. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de Luz Miriam Castro Ramírez, quien actúa en el proceso en su calidad de hermana de la víctima, reposa a folio 130 del cuaderno principal dentro del expediente 36079. La fecha de nacimiento es 29 de mayo de 1973, y sus padres son Anselmo Castro y Belén Ramírez. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de Juan Bernardo Castro Ramírez, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 131 del cuaderno principal dentro del expediente 36079. La fecha de nacimiento es 13 de agosto de 1969, y sus padres son Anselmo Castro y Belén Ramírez. El parentesco se encuentra acreditado.

El registro civil de nacimiento de Santos de Jesús Ramírez Ramírez, quien actúa en el proceso en su calidad de tío de la víctima, reposa a folio 267 del cuaderno principal dentro del expediente 36079. La fecha de nacimiento es 20 de agosto de 1947 y sus padres son María Delfina Ramírez Piñeros y Bonifacio Ramírez Hernández. Si bien hay prueba del parentesco, no hay prueba de la especial aflicción que sufrió con las lesiones del joven Álvaro Enrique.

El registro civil de nacimiento de Floralba Ramírez Ramírez, quien actúa en el proceso en su calidad de tía de la víctima, reposa a folio 133 del cuaderno principal dentro del expediente 36079. La fecha de nacimiento es 2 de septiembre de 1958 y sus padres son María Delfina Ramírez Piñeros y Bonifacio Ramírez Hernández, lo que los acredita como padres de Floralba y abuelos de la víctima.

A folios 189, 193, 195 y 198 del cuaderno 2 dentro del expediente 36079, reposan los testimonios de María Juana Gómez Torres, Henry Yesid Gómez, Gonzalo Hernández, Libardo Jaimes Blanco y José Enrique Gordillo Martínez quienes declararon que el joven Álvaro Enrique vivía con su tía Floralba tanto antes como después del accidente, pero que toda la familia era muy unida, incluyendo a sus abuelos quienes mucho sufrieron con las lesiones de su nieto.

Para la víctima y sus padres, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV, para los hermanos y abuelos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV, para los tíos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 35 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 602 del 15 de marzo de 2000, en la que se indica que el señor Álvaro Enrique Castro Ramírez, nacido el 10 de enero de 1979, presenta limitación apertura bucal y deformidad con desviación derecha de la comisura bucal, múltiples cicatrices en cara y cuello con retracción y déficit funcional, y monoplesia del miembro superior derecho, por lo que se le clasifica como inválido, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 75.18% (fl. 154 del c. p. dentro del Exp. 36079).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for108
 

S2000-20274 for109
 

S = $ 273.933.369

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for110
 

S2000-20274 for111
 

S = $ 159.427.299

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Álvaro Enrique Castro Ramírez, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

30. Rafael Humberto Real Guasca.

1.1. Perjuicios morales.

El registro civil de nacimiento de Rafael Humberto Real Guasca, reposa a folio 158 del cuaderno principal dentro del expediente 36079. La fecha de nacimiento es 28 de julio de 1979 y sus padres son Rosa Elvira Guasca Sabogal y Miguel Antonio Real González. Hay noticia del secuestro sufrido por lo que se deben reconocer perjuicios.

Para la víctima se le otorgarán 100 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 0414 del 7 de marzo de 2001, en la que se indica que el señor Rafael Humberto Real Guasca, nacido el 28 de julio de 1979, presenta lesión severa del nervio mediano, del cubital y del radial, por lo que se le determina incapacidad relativa y permanente, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 78.42% (fl. 376 del c. p. dentro del Exp. 36079).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for112
 

S2000-20274 for113
 

S = $ 248.965.582

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for114
 

S2000-20274 for115
 

S = $ 159.427.299

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Rafael Humberto Real Guasca, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

31. Juan Carlos Ramos Rojas y su núcleo familiar conformado por Julio Alberto Ramos Alcalá (padre), Freddy Ramos Rojas (hermano) y María Luisa Ramos Alcalá (tía de crianza).

1.1. Perjuicios morales.

No reposa el registro civil de nacimiento de Juan Carlos Ramos Rojas, pero obra acta de bautismo a folio 172 del cuaderno principal dentro del expediente 36079, en la que dice que nació el 5 de marzo de 1979, hijo de Beatriz Rojas y Julio Alberto Ramos, el último de los cuales actúa en el proceso en su calidad de tal.

El registro civil de nacimiento de Freddy Ramos Rojas, quien actúa en su calidad de hermano de la víctima, reposa a folio 173 del cuaderno principal dentro del expediente 36079. La fecha de nacimiento es 23 de junio de 1980 y sus padres son María Beatriz Rojas Siatama y Julio Alberto Ramos Alcalá.

María Luisa Ramos Alcalá actúa en su calidad de tía de crianza de la víctima, pero no reposa prueba del parentesco ni de la especial relación que la unía con el joven Juan Carlos.

Para la víctima y su padre, por encontrarse en el primer nivel de consanguinidad, se le otorgarán 100 SMLMV, para los hermanos, por encontrarse en el segundo nivel de consanguinidad, se le otorgarán 50 SMLMV.

1.2. Perjuicios materiales.

Reposa en el plenario acta de junta médica laboral Nº 1056 del 17 de mayo de 2000, en la que se indica que el señor Juan Carlos Ramos Rojas, nacido el 4 de marzo de 1976, presenta luxación esternoclavicular izquierda, decorticación por empiema pulmonar con defecto restrictivo severo izquierdo, defecto estético severo y cicatrices dolorosas en región clavicular y hemotórax izquierdo, por lo que se le determina incapacidad relativa y permanente, no apto para la actividad militar, con disminución de capacidad laboral del 78.07% (fl. 314 del c. p. dentro del Exp. 36079).

Lucro cesante consolidado

S2000-20274 for116
 

S2000-20274 for117
 

S = $ 270.161.004

Lucro cesante futuro

S2000-20274 for118
 

S2000-20274 for119
 

S = $ 156.288.299

1.3. Perjuicios por daño a la salud.

Se reconocerá a favor de Juan Carlos Ramos Rojas, por daño a la salud, la suma equivalente a 100 smlmv.

3. Resumen de la liquidación de perjuicios.

Así las cosas, esta subsección reconocerá:

DemandanteCalidadPerjuicios moralesPerjuicios materialesPerjuicios por daño a la salud
Carlos Javier Bernal Cantorsecuestrado100 smlmv$ 290.696.300100 smlmv
Milton Fabio Ramírez Medinasecuestrado100 smlmv$ 269.740.503100 smlmv
Franklin Pérezsecuestrado100 smlmv$ 321.089.445100 smlmv
Ismael Ibarra Pérezhermano50 smlmv  
Celiano Pérez Lamillatío de crianza35 smlmv  
Carlos Hernán Riverasecuestrado100 smlmv$ 279.935.292100 smlmv
Michael Estiven Rivera Páezhijo100 smlmv  
Mercedes Rivera Muñozmadre100 smlmv  
Sonia Fernanda Tenjo Riverahermana50 smlmv  
Alejandro Martínez Riverahermano50 smlmv  
Cristina María Martínez Riverahermana50 smlmv  
Yovani Beltrán Lugosecuestrado100 smlmv$ 339.822.069100 smlmv
Antonio Beltrán Lópezpadre100 smlmv  
Dora Lilia Lugo Cruzmadre100 smlmv  
Yeison Armando Lugohermano50 smlmv  
Johnny Fabián Martínez Lugohermano50 smlmv  
Brayan Estiven Portela Lugohermano50 smlmv  
Martha Milena Beltrán Lugohermana50 smlmv  
María Elena López de Pérezabuela paterna50 smlmv  
Oviedo Gallego Marínsecuestrado100 smlmv$ 50’889.10420 smlmv
Gilma del Socorro Marín Marínmadre100 smlmv  
Hernán Contreraspadre de crianza100 smlmv  
Elizabeth Contreras Marínhermana50 smlmv  
Luz Ángela Contreras Marínhermana50 smlmv  
John Fredy Ariza Rincónsecuestrado100 smlmv$ 328.286.073100 smlmv
Miguel Enrique Ariza Rodríguezpadre100 smlmv  
Graciela Rincón Palominomadre100 smlmv  
Alix Carmenza Ariza Rincónhermana50 smlmv  
Teotiste Palomino de Rincónabuela materna50 smlmv  
Luis Alexander Cifuentessecuestrado100 smlmv$ 330.246.923100 smlmv
Sibilina Cifuentes Gonzálezmadre100 smlmv  
Luis Emilio Pachón CastilloPadre de crianza100 smlmv  
Edwin Arbey Pachón Cifuenteshermano50 smlmv  
Wilmar Anderson Pachón Cifuenteshermano50 smlmv  
Mery Luz Ramos Cifuenteshermana50 smlmv  
Luz Mery Ramos Cifuenteshermana50 smlmv  
Efrén Rojassecuestrado100 smlmv$ 266.395.726100 smlmv
Adelí Rojas Martínezmadre100 smlmv  
José Alonso Andrade Gutiérrezpadre de crianza100 smlmv  
Cindy Dayana Andrade Rojashermana50 smlmv  
John Jayther Andrade Rojashermano50 smlmv  
María Concepción Martínez de Rojasabuela50 smlmv  
Miguel Roberto Rojas Zambranoabuelo50 smlmv  
Carlos Mario Tovar Jiménezsecuestrado100 smlmv$ 256.373.279100 smlmv
José Antonio Tovar Rubianopadre100 smlmv  
Blanca Isabel Jiménez de Tovarmadre100 smlmv  
Alesandra Tovar Jiménezhermana50 smlmv  
Rubén Ayala Paradasecuestrado100 smlmv$ 334.727.681100 smlmv
Rubén Ayala Lópezpadre100 smlmv  
Olga Rocío Ayala Paradahermana50 smlmv  
Elías Ayala Paradahermano50 smlmv  
María Nohemí Ayala Paradahermana50 smlmv  
Benjamín Buitrago Burgossecuestrado100 smlmv$ 277.766.360100 smlmv
José Yesid Buitrago BurgossecuestradoEn abstractoEn abstractoEn abstracto
José Benjamín Buitrago Ríospadre100 smlmv + Condena en abstracto  
María Alcira Burgos Ramírezmadre100 smlmv + Condena en abstracto  
Carlos Andrés Buitrago Burgoshermano100 smlmv + Condena en abstracto  
Liz Andrea Buitrago Burgoshermana100 smlmv + Condena en abstracto  
Robinson Ruiz Sánchezsecuestrado100 smlmv$ 324.328.305100 smlmv
José Alexander Poveda Laverdesecuestrado100 smlmv$ 259.005.167100 smlmv
Ricardo Acosta Gonzálezsecuestrado100 smlmv$ 90’487.34440 smlmv
Luis Arnulfo Acosta Velásquezpadre100 smlmv  
Luis Javier Acosta Gonzálezhermano50 smlmv  
Edgar Bueno Afanadorsecuestrado100 smlmv$ 293.998.625100 smlmv
Tito Velásquez Leónsecuestrado100 smlmv$ 45’547.51620 smlmv
Diter Ávila Hernándezsecuestrado100 smlmv$ 272.363.698100 smlmv
María Graciela Hernándezmadre100 smlmv  
Hans Enrique Ávila Hernándezhermano50 smlmv  
Ingrid Ávila Hernándezhermana50 smlmv  
Libert Rodríguez Chagualasecuestrado100 smlmv$ 367.712.315100 smlmv
Norbey Arias Ariassecuestrado100 smlmv$ 279.489.977100 smlmv
Ruth Delia Arias Sáenzmadre100 smlmv  
Carolina Mendoza Ariashermana50 smlmv  
Ruth Stella Mendoza Ariashermana50 smlmv  
William Marcelo Mendoza Ariashermano50 smlmv  
Tomás Arias Cortésabuelo50 smlmv  
Hermelinda Sáenz Briñez de Ariasabuela50 smlmv  
Ciro Alfonso Velasco Delgadosecuestrado100 smlmv$ 449.039.880100 smlmv
Luis Eduardo Almonacid Barahonasecuestrado100 smlmv$ 294.253.476100 smlmv
Javier Alberto Almonacid Barahonahermano50 smlmv  
Jorge Eliécer Almonacid Barahonahermano50 smlmv  
John Javier Rojas Quinterosecuestrado100 smlmv$ 332.763.089100 smlmv
Simón Ardila Palaciossecuestrado100 smlmv$ 121’557.30380 smlmv
Simón Ardila Conchapadre100 smlmv  
Emperatriz Palaciosmadre100 smlmv  
Enrique Ardila Palacioshermano50 smlmv  
Luis Felipe Ardila Palacioshermano50 smlmv  
Fabio Ardila Palacioshermano50 smlmv  
Luis Alejandro Alarcónsecuestrado100 smlmv$ 121’264.41860 smlmv
Edgar Rodríguez Rincónsecuestrado100 smlmv$ 295.664.992100 smlmv
Benedicto Rodríguez Santanapadre100 smlmv  
Rosa Lilia Rincónmadre100 smlmv  
Diana Carolina Rodríguez Rincónhermana50 smlmv  
Henry Fernando Rodríguez Rincónhermano50 smlmv  
Fredy Alexander Rodríguez Rincónhermano50 smlmv  
William Ricardo Rodríguez Quirogasecuestrado100 smlmv$ 106’168.38040 smlmv
Álvaro Enrique Castro Ramírezlesionado100 smlmv$ 433.360.668100 smlmv
Anselmo Castro Martínezpadre100 smlmv  
Belén Ramírez de Castromadre100 smlmv  
Samuel Castro Ramírezhermano50 smlmv  
María Aurora Castro Ramírezhermana50 smlmv  
Luz Miriam Castro Ramírezhermana50 smlmv  
Juan Bernardo Castro Ramírezhermano50 smlmv  
Bonifacio Ramírez Hernándezabuelo50 smlmv  
María Delfina Ramírez de Ramírezabuela50 smlmv  
Floralba Ramírez Ramíreztía35 smlmv  
Rafael Humberto Real Guascalesionado100 smlmv$ 408.392.881100 smlmv
Juan Carlos Ramos Rojaslesionado100 smlmv$ 426.449.303100 smlmv
Julio Alberto Ramos Alcalápadre100 smlmv  
Freddy Ramos Rojashermano50 smlmv  

5. Medidas de reparación por afectación relevante a bienes o derechos constitucional y convencionalmente amparados.

Respecto del reconocimiento de perjuicios por la afectación de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, la Sección Tercera, en sentencia de Unificación proferida el 28 de agosto de 2014, bajo la radicación 26251 consignó:

“De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidasdereparaciónnopecuniariasa favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1° de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”.

REPARACIÓN NO PECUNIARIA
Afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados
CriterioTipo de medidaModulación
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparadosMedidas de reparación integral no pecuniarias.De acuerdo con los hechos probados, la oportunidad y pertinencia de los mismos, se ordenarán medidas reparatorias no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano.

En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocido con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño. 

INDEMNIZACIÓN EXCEPCIONAL EXCLUSIVA PARA LA VÍCTIMA DIRECTA
CriterioCuantíaModulaciónde la cuantía
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, cuya reparación integral, a consideración del juez, no sea suficiente, pertinente, oportuna o posible con medidas de reparación no pecuniarias satisfactorias.Hasta 100 SMLMVEn casos excepcionales se indemnizará hasta el monto señalado en este ítem, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o derecho afectado.

En el sub judice, encuentra la Sala que en este caso existe una violación a los bienes y derechos constitucional y convencionalmente amparados de quienes, como los acá demandantes, fueron víctimas en los hechos de que trata este caso, toma insurgente a la base de Miraflores entre el 3 y 4 de agosto de 1998.

Así las cosas, la Sala encuentra que las circunstancias específicas del caso y las afectaciones a las que fueron sometidos los bienes e intereses de los veinticinco (25) uniformados secuestrados: Franklin Pérez, Carlos Hernán Rivera, Yovani Beltrán Lugo, Oviedo Gallego Marín, Jhon Fredy Ariza Rincón, Luis Alexander Cifuentes, Efrén Rojas, Carlos Mario Tovar Jiménez, Rubén Ayala Parada, Benjamín Buitrago Burgos, José Yesid Buitrago Burgos, Robinson Ruiz Sánchez, José Alexander Poveda Laverde, Ricardo Acosta González, Edgar Bueno Afanador, Tito Velásquez León, Diter Ávila Hernández, Libert Rodríguez Chaguala, Norbey Arias, Ciro Alfonso Velasco Delgado, Luis Eduardo Almonacid Barahona, Jhon Javier Rojas Quintero, Simón Ardila Palacios, Luis Alejandro Alarcón, Edgar Rodríguez Rincón, William Ricardo Rodríguez Quiroga, Carlos Javier Bernal Cantor y Milton Fabio Ramírez Medina, todo ello en los hechos ocurridos el 3 y 4 de agosto de 1998 en Miraflores, Guaviare.

Vale, en este punto, reafirmar, como se dijo arriba, que lo ocurrido en este caso se enmarca dentro de una cuestión violatoria del derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos, de donde se sigue, entonces, el deber funcional del juez administrativo de avenirse con el principio de reparación integral ordenando la adopción de medidas no pecuniarias, para lo cual esta Sala seguirá el recién precedente de la Sala de subsección C donde se trató de la responsabilidad del Estado por el secuestro del soldado Rubén Leonardo Bolaños con ocasión de la toma insurgente a la Base Militar de Las Delicias el 30 de agosto de 1996, sentencia de 25 de febrero de 2016 (Exp. 34791) disponiendo las siguiente medidas:

1. La presente sentencia hace parte de la reparación integral, de modo que las partes en el proceso así deben entenderla. Como consecuencia de esto, copia auténtica de esta sentencia deberá ser remitida por la secretaría de la Sección Tercera al Centro de Memoria Histórica, para así dar cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1424 de 2010, y se convierta en elemento configurador de la evidencia histórica del conflicto armado de Colombia. 

2. La difusión y publicación de la presente sentencia por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por todos los medios de comunicación, electrónicos, documentales, redes sociales y páginas web, tanto de su parte motiva, como de su resolutiva, por un período ininterrumpido de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de la presente sentencia. 

3. La realización, en cabeza del señor MINISTRO DE LA DEFENSA, del señor COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES, y del señor COMANDANTE DELEJÉRCITO NACIONAL, en persona, de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento como ciudadano-soldado todos y cada uno de las víctimas directas acá demandantes (lesionados y secuestrados) por los hechos acaecidos los días 3 y 4 de agosto de 1998 en la Base de Miraflores (Guaviare). El acto se celebrará con la presencia de las víctimas y los familiares de los lesionados y secuestrados, si los familiares así lo desean, y se podrá invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Colombia. Tendrá lugar en la Plaza y Monumento de los Caídos en la ciudad de Bogotá. 

4. Con el ánimo de cumplir los mandatos de los artículos 93 de la Carta Política y 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana se remite copia del expediente y la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación – Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario con el fin de que abra, reabra o continúe las investigaciones penales por los hechos ocurridos el 3 y 4 de agosto de 1998 en la Base de Miraflores (Guaviare), contra los responsables del secuestro y lesiones a los soldados víctimas acá demandantes, por la presunta violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas contra la víctima del presente asunto, y consistentes en: a) violación de la dignidad humana, b) violación del derecho a la vida, b) violación del derecho a la integridad personal, c) violaciones de las normas de los Convenios de Ginebra, etc., y todas aquellas que se desprendan de los hechos aquí analizados. 

5. Con el ánimo de cumplir los mandatos de los artículos 93 de la Carta Política y 1.1, 2, y 25 de la Convención Americana se remite copia del expediente y la presente providencia a la Procuraduría General de la Nación, delegada disciplinaria para la defensa de los derechos humanos, con el fin de que abra las investigaciones disciplinarias por los hechos ocurridos los 3 y 4 de agosto de 1998 en la Base de Miraflores (Guaviare), y se lleven hasta sus últimas consecuencias, revelando su avance en un período no superior a noventa [90] días por comunicación dirigida a esta corporación, al Tribunal Administrativo de Meta, a los familiares de la víctima y a los medios de comunicación de circulación local y nacional, y publicarlo en su página web. 

6. Cada uno de los soldados víctimas directas lesionados y secuestrados y sus familiares son reconocidos como víctimas del conflicto armado, razón por la que se solicita a las instancias gubernamentales competentes incorporarlas y surtir los procedimientos consagrados en la Ley 1448 de 2011. 

7. Copia de esta providencia debe remitirse por la secretaría de la Sección Tercera al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para que estas entidades públicas en cumplimiento de los mandatos convencionales y convencionales la pongan en conocimiento de las siguientes instancias: (i) al Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que en su informe del país tenga en cuenta esta decisión judicial; y, (ii) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que en su próximo informe tenga en cuenta esta sentencia. 

8. Se exhorta para que en el término, improrrogable, de treinta (30) días la Defensoría del Pueblo informe de las investigaciones por la violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que se hayan adelantado por los hechos, y se ponga disposición por los medios de comunicación y circulación nacional, así como se difunda por su página web y redes sociales. 

9. La formulación por parte del Ministerio de Defensa Nacional de una política dirigida a corregir las fallas cometidas en esta Base Militar de Miraflores (que debe realizarse de manera conjunta y en sólo acto conforme a las decisiones judiciales que en este mismo sentido han sido proferidas). Así como la elaboración por el Ejército Nacional de una cartilla en la que se determinen las fallas, debilidades y errores cometidos para realizar un curso durante un (1) año en todas las Brigadas, Batallones y Comandos en todo el país a impartir a todos los militares (oficiales y suboficiales), y de la que se debe informar a esta corporación, al Tribunal Administrativo del Meta y difundir por los medios de comunicación nacional. 

10. Exhortar respetuosamente al Presidente de la República como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, y por virtud de la colaboración armónica entre las ramas del poder pública consagrada en el artículo 113 de la Carta Política, así como cabeza de las negociaciones de paz de la Habana, para que por conducto de la delegación del Estado se transmita a la organización o grupo armado insurgente FARC y a sus máximos dirigentes, la necesidad de ofrecer disculpas públicas y explicar a toda la comunidad nacional los hechos constitutivos de i) el uso de armas no convencionales y ii) el secuestro y sometimiento a tratos crueles, inhumanos y violatorios de la dignidad humana de los soldados demandantes secuestrados (Franklin Pérez, Carlos Hernán Rivera, Yovani Beltrán Lugo, Oviedo Gallego Marín, Jhon Fredy Ariza Rincón, Luis Alexander Cifuentes, Efrén Rojas, Carlos Mario Tovar Jiménez, Rubén Ayala Parada, Benjamín Buitrago Burgos, José Yesid Buitrago Burgos, Robinson Ruiz Sánchez, José Alexander Poveda Laverde, Ricardo Acosta González, Edgar Bueno Afanador, Tito Velásquez León, Diter Ávila Hernández, Libert Rodríguez Chaguala, Norbey Arias, Ciro Alfonso Velasco Delgado, Luis Eduardo Almonacid Barahona, Jhon Javier Rojas Quintero, Simón Ardila Palacios, Luis Alejandro Alarcón, Edgar Rodríguez Rincón, William Ricardo Rodríguez Quiroga, Carlos Javier Bernal Cantor y Milton Fabio Ramírez Medina) en acto a realizar máximo en dos (2) meses contados desde la fecha de esta providencia; y

11. De todo lo ordenado, las entidades demandadas deberán entregar al tribunal de origen y a este despacho informes del cumplimiento dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, con una periodicidad de treinta [30] días calendario y por escrito, de los que deberán las mencionadas entidades dar difusión por los canales de comunicación web, redes sociales, escrito y cualquier otro a nivel local y nacional. En caso de no remitirse el informe pertinente, se solicitara a la Procuraduría adelantar las averiguaciones de su competencia ante la orden dada por sentencia judicial y se adopten las decisiones a que haya lugar de orden disciplinario. 

13.4.2. Medida de reparación pecuniaria.

La Sala considera que los hechos que dieron lugar al secuestro y lesiones de que fueron víctimas Franklin Pérez, Carlos Hernán Rivera, Yovani Beltrán Lugo, Oviedo Gallego Marín, Jhon Fredy Ariza Rincón, Luis Alexander Cifuentes, Efrén Rojas, Carlos Mario Tovar Jiménez, Rubén Ayala Parada, Benjamín Buitrago Burgos, José Yesid Buitrago Burgos, Robinson Ruiz Sánchez, José Alexander Poveda Laverde, Ricardo Acosta González, Edgar Bueno Afanador, Tito Velásquez León, Diter Ávila Hernández, Libert Rodríguez Chaguala, Norbey Arias, Ciro Alfonso Velasco Delgado, Luis Eduardo Almonacid Barahona, Jhon Javier Rojas Quintero, Simón Ardila Palacios, Luis Alejandro Alarcón, Edgar Rodríguez Rincón, William Ricardo Rodríguez Quiroga, Carlos Javier Bernal Cantor y Milton Fabio Ramírez Medina configuran un caso excepcional en atención a su gravedad, impacto social, trascendencia, vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, lo cual afecta los derechos convencionales y constitucionalmente reconocidos a la víctima, como lo son el derecho a la vida, a la dignidad humana, a la libertad, a la familia, a la integridad psicofísica, entre otros.

Asimismo, está acreditado que el secuestro de que fueron víctimas se prolongó entre el 16 y 28 de junio de 2001 (fls. 183-186 y 229-242), esto es, se trató de una retención que se prolongó por 1060 días (tomando la última fecha en que se informa de la liberación). Es decir, que su derecho a la dignidad, libertad e integridad personal y vida se desconoció durante 35,33 meses, esto es, por bienes jurídicos diferentes al derecho a la salud, que ya ha sido protegido y reconocido en el sub judice con las consideraciones que se hicieron en materia del daño a la salud.

En razón a ello esta Sala reconocerá a favor de cada uno de los soldados secuestrados demandantes Franklin Pérez, Carlos Hernán Rivera, Yovani Beltrán Lugo, Oviedo Gallego Marín, Jhon Fredy Ariza Rincón, Luis Alexander Cifuentes, Efrén Rojas, Carlos Mario Tovar Jiménez, Rubén Ayala Parada, Benjamín Buitrago Burgos, José Yesid Buitrago Burgos, Robinson Ruiz Sánchez, José Alexander Poveda Laverde, Ricardo Acosta González, Edgar Bueno Afanador, Tito Velásquez León, Diter Ávila Hernández, Libert Rodríguez Chaguala, Norbey Arias, Ciro Alfonso Velasco Delgado, Luis Eduardo Almonacid Barahona, Jhon Javier Rojas Quintero, Simón Ardila Palacios, Luis Alejandro Alarcón, Edgar Rodríguez Rincón, William Ricardo Rodríguez Quiroga, Carlos Javier Bernal Cantor y Milton Fabio Ramírez Medina, la suma de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

6. Condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Revocar las sentencias apeladas dentro de los expedientes Nos. 36079 y 43481, esto es, las proferidas por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Meta, el 18 de julio de 2008 y el primero de noviembre de 2011, respectivamente, y modificar la proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Meta, el 18 de enero de 2011 dentro del expediente 43626. En su lugar, la decisión acumulada quedará así:

1. Declarar administrativamente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, del secuestro de Carlos Javier Bernal Cantor, Milton Fabio Ramírez Medina, Franklin Pérez, Carlos Hernán Rivera, Yovani Beltrán Lugo, Oviedo Gallego Marín, John Fredy Ariza Rincón, Luis Alexander Cifuentes, Efrén Rojas, Carlos Mario Tovar Jiménez, Rubén Ayala Parada, Benjamín Buitrago Burgos, José Yesid Buitrago Burgos, Robinson Ruiz Sánchez, José Alexander Poveda Laverde, Ricardo Acosta González, Edgar Bueno Afanador, Tito Velásquez León, Diter Ávila Hernández, Libert Rodríguez Chaguala, Norbey Arias Arias, Ciro Alfonso Velasco Delgado, Luis Eduardo Almonacid Barahona, John Javier Rojas Quintero, Simón Ardila Palacios, Luis Alejandro Alarcón, Edgar Rodríguez Rincón y William Ricardo Rodríguez Quiroga; y las lesiones de Álvaro Enrique Castro Ramírez, Rafael Humberto Real Guasca y Juan Carlos Ramos Rojas.

2. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, a pagar perjuicios morales, materiales y daño a la salud a favor de cada uno de los demandantes, así:

DemandanteCalidadPerjuicios moralesPerjuicios materialesPerjuicios por daño a la salud
Carlos Javier Bernal Cantorsecuestrado100 smlmv$ 290.696.300100 smlmv
Milton Fabio Ramírez Medinasecuestrado100 smlmv$ 269.740.503100 smlmv
Franklin Pérezsecuestrado100 smlmv$ 321.089.445100 smlmv
Ismael Ibarra Pérezhermano50 smlmv  
Celiano Pérez Lamillatío de crianza35 smlmv  
Carlos Hernán Riverasecuestrado100 smlmv$ 279.935.292100 smlmv
Michael Estiven Rivera Páezhijo100 smlmv  
Mercedes Rivera Muñozmadre100 smlmv  
Sonia Fernanda Tenjo Riverahermana50 smlmv  
Alejandro Martínez Riverahermano50 smlmv  
Cristina María Martínez Riverahermana50 smlmv  
Yovani Beltrán Lugosecuestrado100 smlmv$ 339.822.069100 smlmv
Antonio Beltrán Lópezpadre100 smlmv  
Dora Lilia Lugo Cruzmadre100 smlmv  
Yeison Armando Lugohermano50 smlmv  
Johnny Fabián Martínez Lugohermano50 smlmv  
Brayan Estiven Portela Lugohermano50 smlmv  
Martha Milena Beltrán Lugohermana50 smlmv  
María Elena López de Pérezabuela paterna50 smlmv  
Oviedo Gallego Marínsecuestrado100 smlmv$ 50’889.10420 smlmv
Gilma del Socorro Marín Marínmadre100 smlmv  
Hernán Contreraspadre de crianza100 smlmv  
Elizabeth Contreras Marínhermana50 smlmv  
Luz Ángela Contreras Marínhermana50 smlmv  
John Fredy Ariza Rincónsecuestrado100 smlmv$ 328.286.073100 smlmv
Miguel Enrique Ariza Rodríguezpadre100 smlmv  
Graciela Rincón Palominomadre100 smlmv  
Alix Carmenza Ariza Rincónhermana50 smlmv  
Teotiste Palomino de Rincónabuela materna50 smlmv  
Luis Alexander Cifuentessecuestrado100 smlmv$ 330.246.923100 smlmv
Sibilina Cifuentes Gonzálezmadre100 smlmv  
Luis Emilio Pachón Castillopadre de crianza100 smlmv  
Edwin Arbey Pachón Cifuenteshermano50 smlmv  
Wilmar Anderson Pachón Cifuenteshermano50 smlmv  
Mery Luz Ramos Cifuenteshermana50 smlmv  
Luz Mery Ramos Cifuenteshermana50 smlmv  
Efrén Rojassecuestrado100 smlmv$ 266.395.726100 smlmv
Adelí Rojas Martínezmadre100 smlmv  
José Alonso Andrade Gutiérrezpadre de crianza100 smlmv  
Cindy Dayana Andrade Rojashermana50 smlmv  
John Jayther Andrade Rojashermano50 smlmv  
María Concepción Martínez de Rojasabuela50 smlmv  
Miguel Roberto Rojas Zambranoabuelo50 smlmv  
Carlos Mario Tovar Jiménezsecuestrado100 smlmv$ 256.373.279100 smlmv
José Antonio Tovar Rubianopadre100 smlmv  
Blanca Isabel Jiménez de Tovarmadre100 smlmv  
Alesandra Tovar Jiménezhermana50 smlmv  
Rubén Ayala Paradasecuestrado100 smlmv$ 334.727.681100 smlmv
Rubén Ayala Lópezpadre100 smlmv  
Olga Rocío Ayala Paradahermana50 smlmv  
Elías Ayala Paradahermano50 smlmv  
María Nohemí Ayala Paradahermana50 smlmv  
Benjamín Buitrago Burgossecuestrado100 smlmv$ 277.766.360100 smlmv
José Yesid Buitrago BurgossecuestradoEn abstractoEn abstractoEn abstracto
José Benjamín Buitrago Ríospadre100 smlmv + Condena en abstracto  
María Alcira Burgos Ramírezmadre100 smlmv + Condena en abstracto  
Carlos Andrés Buitrago Burgoshermano100 smlmv + Condena en abstracto  
Liz Andrea Buitrago Burgoshermana100 smlmv + Condena en abstracto  
Robinson Ruiz Sánchezsecuestrado100 smlmv$ 324.328.305100 smlmv
José Alexander Poveda Laverdesecuestrado100 smlmv$ 259.005.167100 smlmv
Ricardo Acosta Gonzálezsecuestrado100 smlmv$ 90’487.34440 smlmv
Luis Arnulfo Acosta Velásquezpadre100 smlmv  
Luis Javier Acosta Gonzálezhermano50 smlmv  
Edgar Bueno Afanadorsecuestrado100 smlmv$ 293.998.625100 smlmv
Tito Velásquez Leónsecuestrado100 smlmv$ 45’547.51620 smlmv
Diter Ávila Hernándezsecuestrado100 smlmv$ 272.363.698100 smlmv
María Graciela Hernándezmadre100 smlmv  
Hans Enrique Ávila Hernándezhermano50 smlmv  
Ingrid Ávila Hernándezhermana50 smlmv  
Libert Rodríguez Chagualasecuestrado100 smlmv$ 367.712.315100 smlmv
Norbey Arias Ariassecuestrado100 smlmv$ 279.489.977100 smlmv
Ruth Delia Arias Sáenzmadre100 smlmv  
Carolina Mendoza Ariashermana50 smlmv  
Ruth Stella Mendoza Ariashermana50 smlmv  
William Marcelo Mendoza Ariashermano50 smlmv  
Tomás Arias Cortésabuelo50 smlmv  
Hermelinda Sáenz Briñez de Ariasabuela50 smlmv  
Ciro Alfonso Velasco Delgadosecuestrado100 smlmv$ 449.039.880100 smlmv
Luis Eduardo Almonacid Barahonasecuestrado100 smlmv$ 294.253.476100 smlmv
Javier Alberto Almonacid Barahonahermano50 smlmv  
Jorge Eliécer Almonacid Barahonahermano50 smlmv  
John Javier Rojas Quinterosecuestrado100 smlmv$ 332.763.089100 smlmv
Simón Ardila Palaciossecuestrado100 smlmv$ 121’557.30380 smlmv
Simón Ardila Conchapadre100 smlmv  
Emperatriz Palaciosmadre100 smlmv  
Enrique Ardila Palacioshermano50 smlmv  
Luis Felipe Ardila Palacioshermano50 smlmv  
Fabio Ardila Palacioshermano50 smlmv  
Luis Alejandro Alarcónsecuestrado100 smlmv$ 121’264.41860 smlmv
Edgar Rodríguez Rincónsecuestrado100 smlmv$ 295.664.992100 smlmv
Benedicto Rodríguez Santanapadre100 smlmv  
Rosa Lilia Rincónmadre100 smlmv  
Diana Carolina Rodríguez Rincónhermana50 smlmv  
Henry Fernando Rodríguez Rincónhermano50 smlmv  
Fredy Alexander Rodríguez Rincónhermano50 smlmv  
William Ricardo Rodríguez Quirogasecuestrado100 smlmv$ 106’168.38040 smlmv
Álvaro Enrique Castro Ramírezlesionado100 smlmv$ 433.360.668100 smlmv
Anselmo Castro Martínezpadre100 smlmv  
Belén Ramírez de Castromadre100 smlmv  
Samuel Castro Ramírezhermano50 smlmv  
María Aurora Castro Ramírezhermana50 smlmv  
Luz Miriam Castro Ramírezhermana50 smlmv  
Juan Bernardo Castro Ramírezhermano50 smlmv  
Bonifacio Ramírez Hernándezabuelo50 smlmv  
María Delfina Ramírez de Ramírezabuela50 smlmv  
Floralba Ramírez Ramíreztía35 smlmv  
Rafael Humberto Real Guascalesionado100 smlmv$ 408.392.881100 smlmv
Juan Carlos Ramos Rojaslesionado100 smlmv$ 426.449.303100 smlmv
Julio Alberto Ramos Alcalápadre100 smlmv  
Freddy Ramos Rojashermano50 smlmv  

3. Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional al cumplimiento de las siguientes medidas no pecuniarias de reparación integral en tanto reparación por violación relevante a bienes y derechos constitucional y convencionalmente amparados:

1. La presente sentencia hace parte de la reparación integral, de modo que las partes en el proceso así deben entenderla. Como consecuencia de esto, copia auténtica de esta sentencia deberá ser remitida por la secretaría de la Sección Tercera al Centro de Memoria Histórica, para así dar cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1424 de 2010, y se convierta en elemento configurador de la evidencia histórica del conflicto armado de Colombia. 

2. La difusión y publicación de la presente sentencia por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por todos los medios de comunicación, electrónicos, documentales, redes sociales y páginas web, tanto de su parte motiva, como de su resolutiva, por un período ininterrumpido de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de la presente sentencia. 

3. La realización, en cabeza del señor MINISTRO DE LA DEFENSA, del señor COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES, y del señor COMANDANTE DELEJÉRCITONACIONAL, en persona, de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento como ciudadano-soldado todos y cada uno de las víctimas directas acá demandantes (lesionados y secuestrados) por los hechos acaecidos los días 3 y 4 de agosto de 1998 en la Base de Miraflores (Guaviare). El acto se celebrará con la presencia de las víctimas y los familiares de los lesionados y secuestrados, si los familiares así lo desean, y se podrá invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Colombia. Tendrá lugar en la Plaza y Monumento de los Caídos en la ciudad de Bogotá. 

4. Con el ánimo de cumplir los mandatos de los artículos 93 de la Carta Política y 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana se remite copia del expediente y la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación – Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario con el fin de que abra, reabra o continúe las investigaciones penales por los hechos ocurridos el 3 y 4 de agosto de 1998 en la Base de Miraflores (Guaviare), contra los responsables del secuestro y lesiones a los soldados víctimas acá demandantes, por la presunta violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas contra la víctima del presente asunto, y consistentes en: a) violación de la dignidad humana, b) violación del derecho a la vida, b) violación del derecho a la integridad personal, c) violaciones de las normas de los Convenios de Ginebra, etc., y todas aquellas que se desprendan de los hechos aquí analizados. 

5. Con el ánimo de cumplir los mandatos de los artículos 93 de la Carta Política y 1.1, 2, y 25 de la Convención Americana se remite copia del expediente y la presente providencia a la Procuraduría General de la Nación, delegada disciplinaria para la defensa de los derechos humanos, con el fin de que abra las investigaciones disciplinarias por los hechos ocurridos los 3 y 4 de agosto de 1998 en la Base de Miraflores (Guaviare), y se lleven hasta sus últimas consecuencias, revelando su avance en un período no superior a noventa [90] días por comunicación dirigida a esta corporación, al Tribunal Administrativo de Meta, a los familiares de la víctima y a los medios de comunicación de circulación local y nacional, y publicarlo en su página web. 

6. Cada uno de los soldados víctimas directas lesionados y secuestrados y sus familiares son reconocidos como víctimas del conflicto armado, razón por la que se solicita a las instancias gubernamentales competentes incorporarlas y surtir los procedimientos consagrados en la Ley 1448 de 2011. 

7. Copia de esta providencia debe remitirse por la secretaría de la Sección Tercera al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para que estas entidades públicas en cumplimiento de los mandatos convencionales y convencionales la pongan en conocimiento de las siguientes instancias: (i) al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que en su informe del país tenga en cuenta esta decisión judicial; y, (ii) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que en su próximo informe tenga en cuenta esta sentencia. 

8. Se exhorta para que en el término, improrrogable, de treinta (30) días la Defensoría del Pueblo informe de las investigaciones por la violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que se hayan adelantado por los hechos, y se ponga disposición por los medios de comunicación y circulación nacional, así como se difunda por su página web y redes sociales. 

9. La formulación por parte del Ministerio de Defensa Nacional de una política dirigida a corregir las fallas cometidas en esta Base Militar de Miraflores (que debe realizarse de manera conjunta y en sólo acto conforme a las decisiones judiciales que en este mismo sentido han sido proferidas). Así como la elaboración por el Ejército Nacional de una cartilla en la que se determinen las fallas, debilidades y errores cometidos para realizar un curso durante un (1) año en todas las Brigadas, Batallones y Comandos en todo el país a impartir a todos los militares (oficiales y suboficiales), y de la que se debe informar a esta corporación, al Tribunal Administrativo del Meta y difundir por los medios de comunicación nacional. 

10. Exhortar respetuosamente al Presidente de la República como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, y por virtud de la colaboración armónica entre las ramas del poder pública consagrada en el artículo 113 de la Carta Política, así como cabeza de las negociaciones de paz de la Habana, para que por conducto de la delegación del Estado se transmita a la organización o grupo armado insurgente FARC y a sus máximos dirigentes, la necesidad de ofrecer disculpas públicas y explicar a toda la comunidad nacional los hechos constitutivos de i) el uso de armas no convencionales y ii) el secuestro y sometimiento a tratos crueles, inhumanos y violatorios de la dignidad humana de los soldados demandantes secuestrados (Franklin Pérez, Carlos Hernán Rivera, Yovani Beltrán Lugo, Oviedo Gallego Marín, Jhon Fredy Ariza Rincón, Luis Alexander Cifuentes, Efrén Rojas, Carlos Mario Tovar Jiménez, Rubén Ayala Parada, Benjamín Buitrago Burgos, José Yesid Buitrago Burgos, Robinson Ruiz Sánchez, José Alexander Poveda Laverde, Ricardo Acosta González, Edgar Bueno Afanador, Tito Velásquez León, Diter Ávila Hernández, Libert Rodríguez Chaguala, Norbey Arias, Ciro Alfonso Velasco Delgado, Luis Eduardo Almonacid Barahona, Jhon Javier Rojas Quintero, Simón Ardila Palacios, Luis Alejandro Alarcón, Edgar Rodríguez Rincón, William Ricardo Rodríguez Quiroga, Carlos Javier Bernal Cantor y Milton Fabio Ramírez Medina) en acto a realizar máximo en dos (2) meses contados desde la fecha de esta providencia; y

11. De todo lo ordenado, las entidades demandadas deberán entregar al tribunal de origen y a este despacho informes del cumplimiento dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, con una periodicidad de treinta [30] días calendario y por escrito, de los que deberán las mencionadas entidades dar difusión por los canales de comunicación web, redes sociales, escrito y cualquier otro a nivel local y nacional. En caso de no remitirse el informe pertinente, se solicitara a la Procuraduría adelantar las averiguaciones de su competencia ante la orden dada por sentencia judicial y se adopten las decisiones a que haya lugar de orden disciplinario. 

4. Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional al pago, como medida pecuniaria excepcional, dentro del marco de reparación por afectación relevante a bienes y derechos constitucional y convencionalmente amparados al pago, a cada uno de los veintiocho (28) demandantes que a continuación se mencionan, de cien (100) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes: Franklin Pérez, Carlos Hernán Rivera, Yovani Beltrán Lugo, Oviedo Gallego Marín, Jhon Fredy Ariza Rincón, Luis Alexander Cifuentes, Efrén Rojas, Carlos Mario Tovar Jiménez, Rubén Ayala Parada, Benjamín Buitrago Burgos, José Yesid Buitrago Burgos, Robinson Ruiz Sánchez, José Alexander Poveda Laverde, Ricardo Acosta González, Edgar Bueno Afanador, Tito Velásquez León, Diter Ávila Hernández, Libert Rodríguez Chaguala, Norbey Arias, Ciro Alfonso Velasco Delgado, Luis Eduardo Almonacid Barahona, Jhon Javier Rojas Quintero, Simón Ardila Palacios, Luis Alejandro Alarcón, Edgar Rodríguez Rincón, William Ricardo Rodríguez Quiroga, Carlos Javier Bernal Cantor y Milton Fabio Ramírez Medina.

5. Negar, las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin costas

7. A este fallo se le deberá dar cumplimiento en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Ordenar que por Secretaría se expida a la parte acora copia de esta sentencia con sus constancias de notificación y ejecutoria en los términos del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente de la Sala—Olga Mélida Valle de De La Hoz—Guillermo Sanchez Luque».

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2007, Exp. 15932.

5 Corte Constitucional, Sentencia C-333/96.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 17042.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2007, Exp. 15932.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 12 de julio de 1993, Exp. 7622.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad.: 1998-0569.

10 Artículo 13 de la Ley 48 de 1993. “Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar: a. Como soldado regular, de 18 a 24 meses. b. Como soldado bachiller, durante 12 meses. c. Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses. d. Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses”.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Documento de trabajo “Líneas jurisprudenciales: Responsabilidad extracontractual del Estado”; noviembre de 2010.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 17042.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de noviembre de 2006, Exp. 14880.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de abril de 201, Exp. 20750.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 17885.

16 “En tales condiciones, es claro que en cumplimiento de su función primigenia de proteger a la población (C.P., art. 2º), la Fuerza Pública debe desplegar sus actividades con la firmeza y la contundencia adecuadas para someter a quienes subvierten el orden constitucional y desafían el principio democrático, según el cual se confía al Estado el monopolio del uso legítimo de las armas”. Corte Constitucional; Sentencia C-251/2002.

17 “la Sala ha considerado que el régimen bajo el cual debe resolverse su situación es diferente del que se aplica frente a quienes voluntariamente desarrollan actividades de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, porque el sometimiento de aquellos a los riesgos inherentes a la actividad militar no se realiza de manera voluntaria, sino que corresponde al cumplimiento de los deberes que la Constitución impone a las personas, “derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social”, para “defender la independencia nacional y las instituciones públicas”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de febrero de 2011, Exp. 16484.

18 “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 15 de febrero de 1996, Exp. 9940.

19 “En el marco de toda imputación, incluyendo la jurídico penal, se vinculan un suceso en el mundo y un destinatario de imputación, de tal modo que el destinatario aparece como aquel a quien pertenece el suceso: es él quien lo ha creado o ha permitido que tuviese lugar, tanto para bien, en el marco de la imputación a título de mérito, como en lo malo, en la imputación a título de reproche”. JAKOBS, Günter La imputación objetiva en el derecho penal, Ed. Universidad Externado de Colombia, pág. 23.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 6 de marzo de 2008, Exp. 14443.

21 “En la determinación de cuándo existe posición de garante o no del sujeto responsable no tiene ninguna incidencia que la responsabilidad se configure como objetiva o basada en la culpa. Aquella determinación constituye una cuestión previa: solo cuando se haya verificado que el sujeto estaba obligado a evitar el resultado entrará en juego la circunstancia de que la responsabilidad sea objetiva o no”. PUIGPELAT, Oriol Mir. La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria. Ed. Civitas.

22 Ídem, págs. 243 y 244.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 12 de noviembre de 2014, Exp. 31719, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 3 de diciembre de 2014 (26737).

25 Cfr. Las siguiente sentencias de la Sección Tercera de esta corporación: De la subsección C (de 25 de mayo de 2011 (15838, 18747), 8 de junio de 2011 (19772, 19773 y 19345) y 25 de febrero de 2016 (34791)). De la subsección A (18 de julio de 2012 (19205, 20077), 16 de agosto de 2012 (21958) y 18 de julio de 2012 (20079), 29 de abril de 2015 (32014)) entre otros pronunciamientos de esta corporación.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias de 31 de agosto de 2011 (19195) y 24 de octubre de 2013 (25981).

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 12 de febrero de 2014 (26013).

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 20 de octubre de 2014 (31250).

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 29 de agosto de 2014 (31190).

30 “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Sobre el particular, la doctrina nacional ha precisado: “Ahora bien, en algunos eventos, la imputabilidad podrá resultar del incumplimiento, por parte de la administración, de su deber de protección frente a las personas, como ocurre, por ejemplo, cuando una de ellas se encuentra en situación de grave peligro, que aquélla conoce –sea que se le haya solicitado protección o que ésta debiera prestarse espontáneamente, dadas las circunstancias particulares del caso–; son estas las situaciones que obligan a evaluar el alcance del deber de protección estatal y constituye uno de los eventos en que adquiere relevancia la denominada teoría de la relatividad de la falla del servicio”. HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Alier Eduardo y FRANCO GÓMEZ, Catalina. Responsabilidad extracontractual del Estado. Ed. Nueva Jurídica, Bogotá, 2007, pág. 52.

31 ART. 4º—Garantías fundamentales. 1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes. 2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1: a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal; b) los castigos colectivos; c) la toma de rehenes; d) los actos de terrorismo; e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor; f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; g) el pillaje; h) las amenazas de realizar los actos mencionados. 3. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular: a) recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a los deseos de los padres o, a falta de éstos, de las personas que tengan la guarda de ellos; b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas; c) los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades; d) la protección especial prevista en este artículo para los niños menores de quince años seguirá aplicándose a ellos si, no obstante las disposiciones del apartado c), han participado directamente en las hostilidades y han sido capturados; e) se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consentimiento de los padres o de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer lugar la guarda de ellos, para trasladar temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar las hostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acompañados de personas que velen por su seguridad y bienestar.

32 ART. 5º—Personas privadas de libertad. 1. Además de las disposiciones del artículo 4, se respetarán, como mínimo, en lo que se refiere a las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto armado, ya estén internadas o detenidas, las siguientes disposiciones: a) los heridos y enfermos serán tratados de conformidad con el artículo 7; b) las personas a que se refiere el presente párrafo recibirán, en la misma medida que la población local, alimentos y agua potable y disfrutarán de garantías de salubridad e higiene y de protección contra los rigores del clima y los peligros del conflicto armado; c) serán autorizadas a recibir socorros individuales o colectivos; d) podrán practicar su religión y, cuando así lo soliciten y proceda, recibir la asistencia espiritual de personas que ejerzan funciones religiosas, tales como los capellanes; e) en caso de que deban trabajar, gozarán de condiciones de trabajo y garantías análogas a aquellas de que disfrute la población civil local. 2. En la medida de sus posibilidades, los responsables del internamiento o la detención de las personas a que se refiere el párrafo 1 respetarán también, dentro de los límites de su competencia, las disposiciones siguientes relativas a esas personas: a) salvo cuando hombres y mujeres de una misma familia sean alojados en común, las mujeres estarán custodiadas en locales distintos de los destinados a los hombres y se hallarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres; b) dichas personas serán autorizadas para enviar y recibir cartas y tarjetas postales, si bien su número podrá ser limitado por la autoridad competente si lo considera necesario; c) los lugares de internamiento y detención no deberán situarse en la proximidad de la zona de combate. Las personas a que se refiere el párrafo 1 serán evacuadas cuando los lugares de internamiento o detención queden particularmente expuestos a los peligros resultantes del conflicto armado, siempre que su evacuación pueda efectuarse en condiciones suficientes de seguridad; d) dichas personas serán objeto de exámenes médicos; e) no se pondrán en peligro su salud ni su integridad física o mental, mediante ninguna acción u omisión injustificadas. Por consiguiente, se prohíbe someter a las personas a que se refiere el presente artículo a cualquier intervención médica que no esté indicada por su estado de salud y que no esté de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas que se aplicarían en análogas circunstancias médicas a las personas no privadas de libertad. 3. Las personas que no estén comprendidas en las disposiciones del párrafo 1 pero cuya libertad se encuentre restringida, en cualquier forma que sea, por motivos relacionados con el conflicto armado, serán tratadas humanamente conforme a lo dispuesto en el artículo 4º y en los párrafos 1 a), c) y d) y 2 b) del presente artículo. 4. Si se decide liberar a personas que estén privadas de libertad, quienes lo decidan deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de tales personas.

33 De acuerdo a la definición recogida en el conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, Consejo Económico y social-Comisión de Derechos Humanos Resolución E/CN.4/2005/102/Add.1 de distribución general de 8 de febrero de 2005 donde, sobre impunidad, se lee: “Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.

34 “En este orden de ideas, si hoy por hoy la premisa aceptada en punto de la responsabilidad penal de individuos es la imprescriptibilidad por la ocurrencia de actos de lesa humanidad, admitiendo matizaciones de garantías liberales clásicas en esta materia, no habrían mayores complicaciones para que en sede de la jurisdicción contenciosa administrativa se predique similares consideraciones, dado que resultaría paradójico que se atribuya responsabilidad penal a un individuo que ha actuado en su condición (o prevalido de la misma) de agente del Estado y se guarde silencio respecto de la responsabilidad del Estado por las mismas circunstancias, siendo posible que ese agente haya empleado recursos logísticos, técnicos y humanos del Estado para llevar a cabo estos crímenes o, por el contrario, teniendo el deber normativo de actuar a fin de evitar un resultado lesivo éste se abstuvo de ejecutar tal acción.
Así pues, guardando coherencia con la anterior consideración cuando se demanda la responsabilidad del Estado por daños antijurídicos derivados de actos de lesa humanidad, el principio de integración normativa debe ser aplicado sistemáticamente con el principio de derecho internacional público del ius cogens para concluir que en estos eventos la caducidad de la acción de reparación directa de manera única y excepcional no operaría, o se producirían efectos similares a la imprescriptibilidad que se afirma de la acción penal.
(...)
Por el contrario, no es de recibo este criterio tratándose de asuntos en los que la acción persigue la satisfacción de intereses públicos intersubjetivamente relevantes para la humanidad, considerada como un todo, siendo sustraída de esta sanción perentoria por el transcurso del tiempo, pues, en estos eventos, el ejercicio de una acción dentro de un término específico debe ceder frente a principios o valores superiores esenciales para la humanidad (...)” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 17 de septiembre de 2013, Exp. 45092. Tesis reiterada en otros pronunciamientos tales como: sentencia de 3 de diciembre de 2014 (Exp. 35413), sentencia de 7 de septiembre de 2015 (Exp. 52892), entre otros.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de marzo de 2013, Exp. 25953.

36 Por lo tanto, es preferible seguir los precedentes jurisprudenciales que sirven al juez para tasar de la manera más justa e igualitaria los perjuicios morales, que tratar de imponer metodologías cuya aplicación en la jurisdicción contencioso administrativa no es dable de manera automática, ya que ha de mediar un mínimo análisis y estudio sobre los objetivos que se persiguen con su aplicación, los procedimientos que se requieren para que su implementación sea adecuada, y los resultados esperados con la misma. Ver por ejemplo, lo dicho en la sentencia de Corte Constitucional, C-176/2007.

37 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172.

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031.

40 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172.