Sentencia 2000-40225/34448 de Octubre 24 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad. 500012331000200040225-01 (34.448)

Actor: L.M.S.M. y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otros

Referencia: Apelación sentencia reparación directa

Bogotá, D.C., octubre veinticuatro de dos mil dieciséis.

Extractos: «II. Consideraciones.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) la legitimación en la causa de los aquí demandantes; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) las pruebas del proceso y su análisis desde la óptica de los estándares probatorios en los casos de responsabilidad del Estado a causa de una violación grave de Derechos Humanos o al derecho Internacional Humanitario; 5) el análisis de responsabilidad patrimonial de la parte demandada por el homicidio múltiple de habitantes del corregimiento de Puerto Oriente (Vichada) y 6) la indemnización de perjuicios. Reparación integral del daño. Medidas no pecuniarias.

1. Competencia.

Las normas de asignación de competencia que gobiernan el presente proceso se encuentran previstas en la Ley 446 de 1998, toda vez que el recurso de apelación se interpuso en vigencia de la Ley 954 de 2005(17), de allí que para que el asunto tenga vocación de doble instancia, la cuantía del proceso debe exceder de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año 2000 —de presentación de la demanda—, esto es la suma de $130’050.000(18).

Pues bien, se tiene que por concepto de perjuicios morales se pidió la suma equivalente a 9.000 gramos de oro a favor de cada actor, los cuales, a la fecha de presentación de la demanda, equivalían a $179’100.000, dado que el valor del gramo de oro para el día 4 de julio de 2000, era de $19.900.

Así las cosas, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto.

2. Legitimación en la Causa por Activa.

En este litigio se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte de la señora L.M.M. y de los menores C.A. y C.H.S.M., por lo cual concurrieron al proceso los ciudadanos L.M.S.M. y S.S.O., este último actúa en nombre propio y en el de su menor hija K.A.S.M.

El señor S.S.O. actúa en calidad de compañero permanente de la víctima L.M.M. y como padre de los menores C.A. y C.H.S.M.. Por su parte, las también demandantes L.M. y K.A.S.M. comparecieron al proceso en condición de hijas de L.M.M. y hermanas de C.A. y de C.H.S.M. (estas tres últimas víctimas directas del daño).

Al proceso se allegó el certificado del registro civil de nacimiento de la demandante K.A.S.M.(19), en el cual consta que es hija de L.M.M. (fallecida), motivo por el cual está acreditada su legitimación en la causa por activa.

También obra el certificado del registro civil de nacimiento de la actora L.M.S.M.(20), quien es hija de L.M.M. (víctima), razón por la cual la referida demandante cuenta, asimismo, con legitimación en la causa por activa para demandar por el lastimoso fallecimiento de su madre, quien, como se expondrá más adelante, fue cruelmente asesinada por personas pertenecientes a las mal llamadas autodefensas.

En relación con el señor S.S.O., quien dice ser el compañero permanente de la víctima L.M.M. y padre de los también asesinados C.A. y C.H.S.M., la Sala advierte que no obran en el proceso los registros civiles de nacimiento de estos dos últimos menores, sin embargo, en los registros civiles de nacimiento de las aquí demandantes K.A. y L.M.S.M. está consignado que ambas son hijas del actor S.S.O. y de la víctima L.M.M., cuestión que permite determinar su legitimación en la causa por activa.

A lo anterior se adiciona que en el acta de inspección a los cadáveres de C.A. y C.H.S.M. aparece registrado el nombre del señor S.S.O. como padre de las víctimas, quien, incluso, tuvo la penosa labor de reconocer a ambos cadáveres como los de sus hijos menores(21).

3. El Ejercicio Oportuno de la Acción.

La responsabilidad que se depreca respecto del Estado tiene fundamento en el lamentable fallecimiento de la señora L.M.M. y de sus hijos menores C.A. y C.H.S.M., hecho que ocurrió el 5 de julio de 1998(22) en Puerto Oriente, departamento del Vichada, al ser masacrados junto con más de 10 personas, por parte de criminales pertenecientes a las autodefensas.

Dado que la demanda se presentó el 4 de julio de 2000, se impone concluir que la acción se ejerció dentro del término legal, es decir, dentro de los 2 años siguientes al acaecimiento del hecho, según lo normado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

4. Efectos de la sentencia de primera instancia respecto de la Nación -Rama Judicial y Fiscalía General.

En relación con la Rama Judicial, el Tribunal Administrativo a quo declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva, tema que no fue rebatido por la parte actora en su recurso de apelación y, por consiguiente, la Sala no abordará el análisis de ese punto.

En línea con lo anterior, la parte demandante dejó de controvertir en su impugnación la ausencia de responsabilidad patrimonial que se predicó en el fallo de primera instancia respecto de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto las argumentaciones empleadas en el recurso de alzada para atribuirle responsabilidad patrimonial al Estado se edificaron sobre la base de las actuaciones de la Policía y del Ejército Nacional.

Así las cosas, en lo que atañe a las determinaciones adoptadas por el a quo frente a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, la sentencia de primera instancia quedó incólume.

En ese sentido, la Subsección ha sostenido:

“Ahora bien, debe precisarse que la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva que se efectuó dentro del fallo apelado respecto del Departamento del Meta, así como la ausencia de responsabilidad que en esa misma decisión se predicó frente a los médicos llamados en garantía no fueron objeto de impugnación alguna, la Sala se releva del análisis de tales aspectos de la litis(23) (Se destaca).

5. El acervo probatorio del proceso.

Como se indicó anteriormente, en segunda instancia se practicó la prueba consistente en el traslado del proceso penal que se adelantó por el asesinato colectivo perpetrado por miembros de las Auc en Puerto Oriente, Vichada, el 5 de julio de 1998, medio de convicción que prácticamente constituye el acervo probatorio del proceso.

El Código Contencioso Administrativo dispone, en materia de pruebas, que en los procesos seguidos ante esta Jurisdicción se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con sus normas, las del Estatuto de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración (art. 168). Por su parte, el artículo 185 de ese último Estatuto prevé que las pruebas trasladadas son apreciables, sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

La Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de indicar que aquellas pruebas trasladadas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquella, no podrán ser valoradas en el primer proceso(24).

También ha sostenido la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, hay lugar a tener en cuenta dichas pruebas en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hubieren sido practicadas sin citación o intervención de alguna de las partes en el proceso original y no hubieren sido ratificadas en el nuevo proceso contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(25).

En el caso que ahora se examina, la prueba trasladada antes mencionada no cumple con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, referente al traslado de pruebas, respecto del Ejército y la Policía Nacional, amén de que dichos entes públicos no las solicitaron en sus contestaciones de la demanda, ni se allanaron o adhirieron a los medios probatorios solicitados por su contraparte.

No obstante lo anterior, la mencionada prueba puede y debe valorarse, toda vez que la Sección Tercera de esta Corporación(26) ha considerado que en los casos en los cuales la responsabilidad del Estado pueda resultar comprometida a causa de una violación grave de Derechos Humanos o al derecho Internacional Humanitario —tal como ocurrió en este caso—, debe mediar una flexibilidad a los estándares probatorios, a lo cual cabe señalar que respecto de esa prueba se surtió a plenitud en esta instancia el traslado respectivo a los sujetos procesales para que ejercieran su derecho de contradicción, sin que uno solo de ellos hubiere hecho manifestación alguna.

Cabe precisar que dentro de la prueba que se trajo a este litigio también obra información relacionada con los partícipes de los asesinatos cometidos por paramilitares en Mapiripán y Puerto Alvira, aspecto que aunque guarda relación con el homicidio múltiple por el cual se demandó en este proceso al Estado —tal como se expondrá más adelante—, lo cierto es que corresponden a hechos distintos, que incluso ya fueron objeto de estudio y definición por parte de esta Sala en los respectivos procesos por los cuales se demandó la responsabilidad patrimonial del Estado por esos hechos, de modo que de la prueba trasladada a la que se ha hecho alusión, se hará referencia a la información relacionada con la investigación que se surtió por los hechos acaecidos el 5 de julio de 1998, en Puerto Oriente (Vichada), donde miembros de las autodefensas asesinaron vilmente a las personas —y otras más— cuyos familiares promovieron el presente litigio.

Así pues, de las pruebas que obran en el referido proceso penal y que tienen relación con los hechos que aquí se debaten, se destacan las siguientes:

—Copia autenticada de un oficio suscrito el 8 de julio de 1998 por la Defensoría del Pueblo —Coordinación de la Comisión de Estudio de Masacres en Colombia—, con destino a la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se le informó a este ente que el señor S.S.O. acudió a la Defensoría del Pueblo, Seccional Meta, para informar sobre una masacre por “grupos de justicia privada” en contra de 12 personas(27).

—Copia auténtica del acta de inspección judicial al sitio denominado Puerto Oriente, de fecha 8 de julio de 1998, por parte de la Fiscalía General de la Nación, en la cual se registró lo siguiente:

“El recorrido se empezó desde el caserío de Puerto Príncipe (Vichada), dos horas por trocha en mal estado, luego llegamos a un planchón que es utilizado para transporte de vehículos y personas, luego nos desplazamos en una falca por el río Vichada aproximadamente a veinte (20) minutos llegando al planchón de Puente Oriente donde ocurrieron los hechos, allí encontramos dos casas hechas en material y tabla, allí fuimos enterados por familiares del señor (occiso) … Así mismo la familia “A”, informó que se encontraban enterradas cuatro (4) víctimas entre ellos el señor L.F.A. de 64 años, A.S. de 20 a 21 años, C.S.M., 14 años, N.N. Chucho quemado, 60 años … a los cuales no fue posible exhumar pues hubo oposición por parte de la familia “A.” pues se nos dijo que el señor había sido descuartizado por los presuntos paramilitares …”(28) (Se destaca).

—Copias autenticadas de los certificados de defunción de L.M.M., C.A. S.M. y C.H.S.M.(29), quienes fallecieron el 5 de julio de 1998 en Puerto Oriente (Vichada).

—Copia autenticada del protocolo de necropsia de C.A.S.M., cuya conclusión fue la siguiente: “Adolescente Que Fallece Al Parecer Por Shock Hipovolémico Debido A Anemia Aguda A Causa Compatible Con Heridas Por Proyectil De Arma De Fuego De Alta Velocidad, Hay Signos De Descomposición Acentuada y Antropofagia Post Mortem”(30).

—También obran en el proceso penal copias auténticas de diferentes actas de inspección a cadáveres, entre las cuales se encuentran las correspondientes a las de L.M.M.(31) de 8 de julio de 1998, de C.A.S.M. de 10 de julio de 1998(32) y de C.H.S.M. de ese mismo día(33).

—Copia autenticada de un escrito dirigido por la comunidad de Puerto Príncipe (Vichada), a la Dirección Seccional de Fiscalía del Meta el 5 de julio de 1998, según la cual:

“Reciba un muy efusivo saludo y a la vez queremos felicitarle por esas labores humanitarias, que una y otra vez vienen realizando en bien común de todas las comunidades de esta media Colombia.

“Nosotros la comunidad de Puerto Príncipe hemos sido accedidos y en nuestro medio de comunicación interferidos y hemos recibido numerosas llamadas de amenazas, que somos objetivo militar de grupos Paramilitares, sembrando el terror en esta zona como lo han venido haciendo en Mapiripán, Puerto Alvira y en otras regiones de nuestra querida y maltratada patria.

“Por tanto le estamos solicitando a usted señor Director, se sirva ordenar a quien corresponda nos sea posible la presencia y permanencia de uno o más miembros de su prestigiosa institución.

“En esta localidad la más linda pero también la más olvidada teniendo en cuenta que quienes vivimos en esta apartada región estamos haciendo patria, para bien de nuestras próximas generaciones y vallamos a caer con tan mala suerte como ha caído mucha gente indefensa, a manos de estos sanguinarios carniceros humanos.

“De esta forma queremos que tenga conocimiento para evitar un éxodo masivo por el terror sembrado hacia el interior del país y antes que suceda una tragedia y hay (sic) sí nos tengan en cuenta cuando ya sea demasiado tarde, para intervenir y evitarla.

“En vista que todos nosotros los habitantes de esta comunidad hemos gozado de una tranquila paz también queremos que se solidaricen con nosotros en estos momentos de tensión y caos que nos agobia” (Negrillas adicionales)(34).

—Copia auténtica del informe elaborado por la Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Penales Regiones el 31 de julio de 1998, con destino a la Presidencia de la República, en la cual se señaló:

“1. El siete (7) de Julio del año en curso, la Fiscalía de turno, ordena adelantar la correspondiente investigación previa, con base en las denuncias formuladas por las señoras M.B.O.R. y A.Y.P.A., por las muertes de J.A.O.R. y G.S., respectivamente.

“2. Denuncian estas personas, que al parecer se presentó una masacre de 12 personas, en el planchón del río Vichada, sosteniendo que la persona encargada de la Central de Radio en esa localidad les había informado que las Autodefensas se encontraban allá, y que necesitaban la ayuda de la autoridad y de la Cruz Roja.

“3. la Fiscalía Regional de oriente de turno, se traslada al sitio de los hechos, y practica el levantamiento de 3 personas, que en vida respondían a los nombres de O.M.E., G.S.R. y L.M.M. Igualmente se practicó diligencia de inspección judicial al sitio denominado Puerto Oriente-Jurisdicción de Planas, donde se encontró el planchón, siendo enterados por los familiares del señor, hoy occiso, L.F.A., que habían enterrado cuatro víctimas entre ellos, el nombrado, y a A.S., C.S. y N.N. Chucho Quemado, no siendo posible la exhumación, por presentarse oposición por parte de la familia “A”, pues sostuvieron que el señor “A” había sido descuartizado por los presuntos paramilitares. Además se presentaba zozobra y pánico por lo ocurrido.

“4. En julio 10, en el cementerio Central de esta ciudad, la Fiscalía Regional de Oriente, practica el levantamiento, de tres (3) personas que en vida respondían al nombre de C.A.S., J.A.S. y C.H.S.

“5. Aparecen varias declaraciones, unas con reserva, declarantes que coinciden en afirmar que los hechos fueron perpetrados por un Grupo de Autodefensas, en el cual iban varias personas de la región. Que casi a todos los ultimaron con arma de fuego, que al señor L.F.A., lo encontraron muerto río arriba, le quitaron la cabeza, las piernas y los brazos y le abrieron el estómago a lo largo del pecho, afirma un declarante.

“6. El 21 de Julio, en el Cementerio Central de esta ciudad, se practicó el levantamiento de cadáver de la persona que en vida respondía al nombre de J.M.N.H., que fuera traído por un hijo, desde Puerto Oriente, donde él mismo lo desenterró cerca al citado planchón, que por información llegó hasta el lugar y observó una cruz que decía ‘Chucho El Quemado’, reconociéndolo por la quemadura en el brazo izquierdo y las prendas que vestía.

“7. Quedaron como desaparecidos Tiberio López alias Palillo y N.N. Nombre” (Se destaca)(35).

—Copia autenticada del informe 731 de 29 de septiembre de 1999, por medio del cual el CTI de la Fiscalía General de la Nación pretendió dar cumplimiento a lo dispuesto por la Unidad Nacional de Derechos Humanos en el sentido de “ubicar los cadáveres en el sitio conocido como Puerto Oriente, en el Municipio de Cumaribo, jurisdicción del departamento del Vichada”, sin embargo, tal diligencia no se pudo llevar a cabo por la presencia de grupos armados al margen de la ley en ese sector del país(36).

—Copia autenticada del informe 161 de 12 de abril de 2000, por medio del cual el CTI de la Fiscalía General de la Nación, en relación con las diligencias dispuestas por la Unidad Nacional de Derechos Humanos dentro de la investigación adelantada por los hechos ocurridos el 5 de julio de 1998 en Puerto Oriente (Vichada) informó:

“6. Conclusiones.

“6.1. Uno de los sobrevivientes al magnicidio de Puerto Oriente M.A.M., aportó escasa información sobre los hechos y aún no se tiene certeza de la individualización de sus autores materiales.

“6.2. El Comandante del comando específico de oriente manifestó no contar con el personal suficiente y apoyo aéreo para el desplazamiento a Puerto Oriente para la exhumación de los cadáveres allí estipulados.

“6.3. De los expedientes que se inspeccionaron en la Fiscalía Especializada de Villavicencio y el Juzgado Penal del Circuito Especializado, se obtuvo información proveniente de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado acerca de la conformación y estructura de grupos al margen de la ley en este caso en particular de las Autodefensas Unidas de Colombia Auc, que delinque en Puerto Gaitán y sectores aledaños”(37).

—Copia auténtica del informe rendido por la Fiscalía General de la Nación el 1 de septiembre de 2003, según el cual:

Hechos.

El 5 de julio de 1998 un grupo de presuntos paramilitares, entre ciento cincuenta (150) a doscientas (200) personas uniformadas y de civil que portaban armas largas y cortas llegaron a eso de la una y media de la tarde a una margen del río Vichada a la altura del planchón de Puerto oriente jurisdicción de Planadas - Vichada (a 80 km del corregimiento de Puerto Príncipe - Vichada), se transportaban en volquetas, carros pequeños y camiones. Mataron al muchacho encargado del planchón, así como al señor L.F.A.

“Entre las dos y media y tres de la tarde varias personas abordaron el planchón al otro lado del río, según las declaraciones de algunos testigos y sobrevivientes cuando el planchón se acercaba a la orilla dentro del grupo se dio orden de disparar y matar a todos … y dispararon tiros sueltos y ráfagas resultando muertos ocupantes del planchón, se encerraron a otras personas (mujeres y niños) posteriormente se escucharon dos explosiones, según comentarios de la gente eran unas canecas de gasolina.

En el planchón se encontraron rastros de sangre y huellas que señalaban que los cuerpos habían sido arrastrados y lanzados al río. Los cadáveres se encontraron río abajo en los días siguientes, varios de ellos descuartizados(38) (Se resalta).

—Copia autenticada de la Resolución de septiembre 10 de 2007, por medio de la cual la Fiscalía de conocimiento resolvió la situación jurídica de seis personas vinculadas a los hechos acaecidos el 5 de julio de 1998 en Puerto Oriente (Vichada), en el sentido de imponerles medida de aseguramiento(39).

Dentro de esta decisión, la Fiscalía 21 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario señaló que los procesados pertenecían a diversos bloques de las Auc, integrados aproximadamente por 250 hombres “… que desde el 12 de julio de 1997 venían consumando y ejecutando múltiples masacres contra la población civil, entre ellas la de Mapiripán y la descrita” (Se destaca)(40).

En la misma Resolución, se aludió a las indagatorias de cada uno de los procesados, de las cuales se destaca la rendida por alias “el cura” o “mario(41), quien señaló que llegó al “llano” en el mes de julio de 1997 para apoyar el grupo que operaba en esa zona; que participó en la masacre de Mapiripán y que en ella fue comandante de escuadra; que luego se desplazó con sus compañeros para cometer la masacre de “la Cooperativa”, cerca de Mapiripán, la cual tuvo lugar entre el 20 o 22 de julio de 1997.

También relató que en el mes de diciembre de 1997, se integró al grupo un número de 100 hombres para un total aproximado de 250 miembros, quienes perpetraron las masacres de “Caño Jabón”, “Puerto Alvira” y “Puerto Príncipe o del Planchón” (Se destaca).

Según la Fiscalía de la causa, ese procesado aceptó que en la planeación de esa última masacre —que dio lugar al proceso que aquí se define— intervinieron todos los comandantes militares de los grupos, quienes se reunieron en un sitio conocido como “Alto de la Neblina”, más allá de Puerto Gaitán; que salieron para la operación en camionetas y camiones, llegaron al río donde llega el planchón y masacraron a 22 personas, según el plan criminal propuesto.

De otro lado, dentro de la mencionada Resolución de 10 de septiembre de 2007, el ente investigador hizo alusión a la declaración rendida por un desmovilizado de las Auc —testigo con reserva de identidad—, quien, en relación con la masacre de Puerto Oriente, sostuvo:

Eso fue después de las masacres de Mapiripán y Puerto Alvira, se organizaron a raíz de una ofensiva guerrillera, adelantada por el Frente 16 y 37 de las Farc, en donde incursionó en áreas de influencia permanente de los comandos Selva o sea de los grupos paramilitares patrocinados por Víctor Carranza, quemando una población llamada La Cristalina, un hato de propiedad de Carranza llamado el Brasil y Cabionas, y muchas otras fincas de por ahí de simpatizantes de esos grupos paramilitares, fueron quemados por esos dos frentes guerrilleros, a raíz de esos hechos se concentraron alrededor de seiscientos paramilitares pertenecientes a tres grupos, en predios de una hacienda que se llama Mata Oscura ubicada a veinticinco kilómetros de Puerto Gaitán por la vía que conduce a Puerto Murillo, allí se coordinó todo ese operativo y ordenaron a los comandos secuestrar camiones, que ellos llaman a recuperar camiones y en esos vehículos se dirigieron a una población llamada La Picota y sin mediar palabra llegaron a disparar a toda la gente que había ahí, quemaron todas las casas y luego se dirigieron a otro caserío vecino que se llama La Loma, allí hicieron lo mismo, luego se regresaron por donde habían llegado, después de cruzar el río Teviare, tomaron la vía que conduce a Puerto Príncipe y llegaron al día siguiente a un caserío ubicado al lado del río Vichada y acabaron allá con toda esa gente y mataron hasta un menor de edad y como a siete personas más, a todos los tiraron al río, allá participaron tres grupos …”(42) (Se destaca).

La Fiscalía añadió que las víctimas de esos trágicos hechos se encontraban en estado de debilidad manifiesta respecto de sus victimarios, quienes actuaban en bloque, vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban armas de fuego de uso exclusivo de aquellas, pero, además, los grupos paramilitares “contaron con el apoyo y la colaboración de algunos miembros de la fuerza pública de esa zona geográfica según lo afirma … alias el cura o mario”, quien, según el ente instructor, señaló:

“Cuando llegamos al aeropuerto de de (sic) Apartadó estaba la Policía que son los de seguridad del aeropuerto que lo único que hicieron fue mirarnos y nada más. Luego cuando llegamos a San José nos bajamos y listos (sic) nos las entregaron (sic). En el aeropuerto de Apartadó no nos registramos, allí llegaron los buses y de una nos montaron al avión de carga, eso era de día como a las diez de la mañana del día 10 de Julio de 1997. Como dije llegamos a San José del Guaviare a su aeropuerto allí no nos registraron ni nada, allí había Ejército y Policía. Yo creo que ellos nos estaban esperando… Ellos tuvieron mucho qué ver, hablo del Ejército Nacional porque con ellos se coordinó, eso lo coordinó Jorge Pirata porque él era que (sic) manejaba la ley. Estaba el Batallón de Granada… Sí hubo coordinación, eso lo hablaba doble cero, eso era con la Cuarta Brigada, el Batallón Veintitrés”(43) (Destaca la Sala).

Concluyó la Fiscalía:

“Los imputados vinculados a este proceso, en consecuencia, adecuaron sus actos e inscribieron sus comportamientos … correspondientes al Homicidio Agravado; Concierto para delinquir agravado; conductas ilícitas éstas ejecutadas y consumadas en forma independientes, autónomas y desde luego diferentes, ocurridas en las circunstancias en tiempo, lugar y modo expresadas, atribuidas a todos ellos.

Recuérdese las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se produjeron las diferentes masacres a las que se ha hecho alusión, entre otras, la de Puerto Príncipe o del Planchón, cuyas múltiples víctimas fueron asesinadas de manera cruel, despiadada y violenta, utilizando y empleando armas de fuego, lo mismo que métodos y procedimientos atroces y reprochables … por parte de los miembros de la aludida organización al margen de la ley; quienes, según se afirma, tenían como objetivo ocupar las diferentes áreas de la región, ‘repartidas’ según sus propias conveniencias …” (Negrillas adicionales).

Por consiguiente, la Fiscalía 21 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de los vinculados a la investigación por los hechos acaecidos el 5 de julio de 1998 “en el Planchón”.

Declaraciones(44) de los señores S.S.O. —aquí actor— y R.P.G. —conductor de la Flota Magdalena— dentro del proceso penal que se adelantó por la masacre que dio lugar a este litigio, quienes, en su orden, señalaron:

“… estado civil unión libre con la señora que falleció el día de los hechos que se llamaba L.M.M., me dedico al comercio de verduras, remesas, en un camión, eso fue antes de los hechos, lo que traímos (sic) todos se perdió, ahora en la casa tengo una pequeña tiendita donde vendo gaseosas, galguerías para los niños … nosotros salimos de Puerto Príncipe el día 05 de julio de 1998 a las 10:00, íbamos mi señora y mis dos hijos de nombre C.A.S.M. y C.H.S.M., también iban dos muchachos más, mecánicos de ahí del pueblo y el chofer, todos en un mismo camión que salió a esa hora. Veníamos por acá en la sabana, cuando encontramos un camión de un amigo que alcanzamos le pedí el favor que me trajera en la cabina del camión, puesto que venía solo, entonces yo me bajé con mi hija la menor de 9 años de edad, K.A.S.M., y ellos los tres mi señora y los dos muchachos quedaron allá en ese camión y siguió el camión y fue cosa que yo nunca más lo volví a ver más, cuando llegamos al planchón la razón o comentarios de unos indígenas era de que al otro lado había habido una balacera, de todas maneras yo me quedé ahí esperando porque los dos planchones estaban a otro lado donde se había escuchado la balacera, yo no alcancé a oír la balacera, porque yo cuando llegué ahí hacía como media hora que había ocurrido lo de la balacera, de ahí que me quedé esperando haber (sic) que se oía más, como a las cuatro o cuatro y media de la tarde se escuchó un explosivo, por la noche que me contaron me enteré que había sido una caneca de gasolina que le metieron candela y salieron del pueblo, porque desde ayá (sic) se escuchó que prendían los carros, entonces ya a las cinco después de que ellos se fueron, se fue a observar los hechos una indígena, la esposa del planchonero El Paisa, el planchonero del PNR, que también falleció ahí, entonces ella se fue a observar con otro señor (sic) que estaba tomando ahí, creo que es de nombre C.R., ella llegó al lugar de los hechos y regresó llorando y diciendo que le habían matado al marido y el hijo estaba desaparecido, y ella fue la que llevó la razón que [a] la familia mía también la habían matado … que cerca a este sitio había un montón de cadáveres, entre esos estaba el hijo mío C.H. y el marido de ella, ese día yo amanecí ahí porque no había quién me llevara, al otro día me llevó el esposo de doña Y. H. F., y él se madrugó y nos llevó en 1 moto con la niña para el pueblo, porque yo ahí no tenía cómo buscar al río, este señor nos llevó al pueblo Puerto Príncipe para pedir colaboración para poder ir al sitio a buscarlas, por allá venían unos camiones, ellos se comprometieron a ayudarnos a sacar los cadáveres, el cuerpo de mi esposa estaba en una palizada y ellos la sacaron y la llevaron para el puerto o caserío, fueron y se dieron de (sic) cuenta cuántos cadáveres había y se dieron de (sic) cuenta que había más cadáveres en el río, ahí llegamos a un acuerdo con los amigos del pueblo que ellos venían a rescatar los cadáveres y que yo me viniera a Villavicencio a poner la denuncia y a avisar a la Cruz Roja para hacer el levantamiento y hacer las gestiones para trasladarlos, cosa que ese mismo lunes hice, yo me vine en una avioneta (…)”.

“… Yo el día de los acontecimientos subía yo, yo salí aproximadamente a las 8:30 de la mañana de Puerto Príncipe, llegué al planchón, el planchonero lo denominábamos nosotros El Paisa, que supuestamente era “O.”, el me hizo el paso y me dejó al otro lado del río, era cerca del medio día nosotros le cancelamos el paso a él y continuamos nuestro viaje, en un punto llamado Pradera, encontré una caravana que iba bajando hacia Puerto Oriente, aproximadamente unas 400 personas que se movilizaban en diferentes vehículos, camperos, camionetas, camiones, volquetas, la cual me hicieron (sic) el pare para requisarnos en ese punto, o sea en la Pradera, aproximadamente nos demoraron de unos 10 a 15 minutos, nos requisaron y dialogaron ahí un rato ellos y me dijeron que podía seguir, de ahí no volví a saber nada más qué pasó al respecto, esto fue un domingo, hasta el día martes me enteré que había habido una masacre y que habían matado a los planchoneros y a una gente, eso se lo oí comentar a un camionero que había subido, a la semana siguiente no hubo línea porque no había motores y nadie se comprometía a venir a pasarlo a uno … eran paramilitares porque ellos son los únicos que salen a hacer retén, estaban vestidos con camuflados como las prendas que usa el Ejército (…)”.

Declaración de un testigo con reserva de identidad, quien se refirió a los grupos de autodefensas que operaban en los departamentos del Meta, Guaviare y Vichada, a las incursiones paramilitares perpetradas en Mapiripán y Puerto Alvira, para sostener, en relación con la masacre “del planchón”, lo siguiente:

“Tuve conocimiento de otra masacre que ocurrió en Puerto Oriente, fue la última que hubo en los llanos orientales, allí se acantonaron alrededor de unos cuatrocientos paramilitares en predios de la Hacienda Mata Oscura … avanzan hasta un sitio conocido como palmeras allí hicieron retenes y reunieron más o menos a unas quinientas personas, todas ellas vivían sobre la vía que conduce hacia Puerto Trujillo y por la otra que conduce a Puerto Príncipe, allí les dan una parla política y les dicen a esos campesinos que el que no quiera morir no continúe para esa área porque las autodefensas van a iniciar una ofensiva contra la guerrilla y en represalia por la quema de todos esos hatos y la quema del pueblito La Cristalina ejecutada dizque por Los Diablitos, entonces por esto se va a llevar a cabo la destrucción total de tres caseríos que están dentro del área guerrillera … hay un éxodo de campesinos que aterrados por las anteriores masacres que ha habido en los llanos abandonan mucho las poblaciones y como lo habían prometido las autodefensas hacen presencia en los primeros dos caseríos … Todos se regresaron pasando por el planchón del río Teviare, allí es ajusticiada una señora Por El Niche y la arroja al río, luego continúan y cuando iban llegando a Puerto Oriente el comandante Don Guillermo al día siguiente, le dice a Aguila que se tome el caserío y que no deje escapar a nadie del pueblo por el río, ellos avanzan y cumplen la orden, cuando el otro comando va llegando, ellos estaban disparando contra un guerrillero que sorprendieron en el caserío con una pistola y un radio, contar ese señor dispara Aguila y luego da la orden que lo tiren al río, llega el resto de paramilitares al caserío alrededor de unos cuatrocientos hombres se esconden a las orillas del río Vichada y sacan algunos paramilitares para registrar las casas, reúnen a toda la gente en el pueblo, separan a los adultos de los niños, están haciendo la separación de los niños, cuando el Chorote se va donde un tipo que estaba amarrando un caballo, acababa de llegar y disparó sobre él, también dio la orden de tirarlo al río, luego los niños como seis o siete son metidos dentro de una pieza con una anciana y con la mujer del guerrillero que habían ajusticiado primero y que estaba embarazada y proceden a matar al resto de personas que había ahí alrededor de tres, en ese momento se escucha el ruido de un planchón que viene subiendo por el río, todos los paramilitares vuelven a esconderse regados por la orilla del río abajo cuando el planchón atraca, salen cuatro paramilitares a ordenarles que salgan del planchón con las manos en alto y de la carrocería de un camión que viene sobre el planchón saltan dos guerrilleros disparando con pistolas, se forma una balacera y aniquilan a todos los que vienen en el planchón, allí es donde mueren una muchacha, el hermano, menores de edad, el papá y la mamá que son los dueños del camión que venía en el planchón y los dos guerrilleros que dispararon, a raíz de eso hubo una discusión entre los mandos y en ese momento llega don Guillermo El Cabezón y les llama la atención en una forma muy violenta a los comandantes de los otros grupos y les grita Al Pavo que es uno de los comandantes del grupo de los Buitrago que lo van a informar mal con las directivas porque no parece un combatiente sino un psicópata asesino, allá los comandantes El Cura y Otoniel que tratan de explicar que del planchón dispararon hacia las tropas y continúan ahí discutiendo hasta que don Guillermo les ordena que aborden los camiones para regresar de nuevo por el mismo camino por donde habían llegado, eso fue todo ahí” (Se destaca)(45).

—Copia auténtica del acta de formulación de cargos, de fecha 23 de noviembre de 2007, respecto de alias “el cura” o “mario”, quien se acogió a sentencia anticipada por los delitos que se le imputaron por los hechos ocurridos el 5 de julio de 1998 en Puerto Oriente (Vichada)(46).

—Copias auténticas de las actas de formulación de cargos de fecha 5 de septiembre de 2008, respecto de alias “jorge pirata” y de alias “chatarro”, quienes se acogieron a sentencia anticipada por los delitos que se les imputaron por la masacre acaecida el 5 de julio de 1998 en Puerto Oriente (Vichada)(47).

—Copia auténtica del acta de formulación de cargos, calendada el 31 de octubre de 2008 respecto de alias guillermo torres, en la cual consta la aceptación de cargos y la consiguiente sentencia anticipada de ese procesado por los delitos a él imputados por la masacre de “El planchón”(48).

—Copia auténtica del acta de formulación de cargos, de fecha 13 de noviembre de 2008 respecto de alias “el águila”, quien también se acogió a sentencia anticipada por los mismos hechos(49).

6. Responsabilidad de la Parte Demandada.

La Sala encuentra acreditado el daño alegado por los actores, consistente en la muerte de la señora L.M.M. y de los jóvenes C.A. S.M. y C.H.S.M., quienes, junto con otras personas, fueron asesinados por grupos paramilitares que operaban ilegalmente en la región de los llanos orientales y que, luego de cometer varios arremetidas en contra de la población civil, el 5 de julio de 1998 atacaron un grupo de campesinos que se desplazaban en un planchón sobre el río Vichada y les causaron la muerte de manera violenta, porque los consideraban guerrilleros.

A juicio de la Subsección, el referido daño sí le resulta atribuible al Estado, tal como pasa a explicarse.

Si bien es cierto que el daño fue producto de un acto vandálico y cruel cometido por un grupo paramilitar que, de manera deliberada, atacó la población civil, no es menos cierto que ese lamentable hecho se ejecutó dentro de una cadena de homicidios múltiples agravados en personas protegidas, todos ellos relacionados entre sí y respecto de las cuales han existido pronunciamientos tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por esta Sala, a través de los cuales se ha responsabilizado al Estado por esos hechos.

En efecto, en el proceso se logró establecer que el macabro plan de atacar a la población civil, en cuyo contexto ocurrió el homicidios múltiple se gestó desde mediados del año 1997, donde se congregaron numerosos grupos pertenecientes a distintas cuadrillas de paramilitares, para apoyar las que operaban en los llanos orientales. Fue así como inició la escalada violenta con el ataque a Mapiripán —en el mes de julio de 1997—, luego se produjo la del corregimiento de Puerto Alvira y/o Caño Jabón —en mayo de 1998— y dos meses después se perpetraron los homicidios múltiples de “la cooperativa” y la “del planchón”, en el mes de julio de 1998.

Pues bien, en cuanto a la incursión paramilitar de Mapiripán(50), la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo referencia a los trágicos sucesos allí acaecidos en julio de 1997 en los que fueron asesinadas 49 personas por grupos paramilitares, actos de barbarie que constituyeron, entre otras violaciones, la privación de la libertad, la tortura y el posterior asesinato de las víctimas.

De otro lado, mediante sentencia de 13 de febrero de 2013(51), esta Sala declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por otro de esos ataques, acaecidos dentro del proyecto criminal de las Auc entre 1997 y 1998, toda vez que se consideró que los entes demandados, “… con sus conductas omisivas, dejaron desprotegidos a los habitantes de Puerto Alvira, quienes ese fatídico 4 de mayo de 1998 quedaron a merced de un grupo de autodefensas, en lo que fue una masacre ampliamente anunciada…”.

En ese pronunciamiento, la Subsección encontró acreditado que:

“… el día 4 de mayo de 1998, un grupo de alrededor de 200 [igual número que participó de la masacre de Puerto Príncipe] hombres pertenecientes a una organización armada al margen de la ley, hizo su incursión en la población de Puerto Alvira; allí procedieron a ubicar selectivamente a algunos pobladores y les dieron muerte en las más atroces circunstancias, en una escena que sólo pudo ser calificada por las autoridades como ‘dantesca’ (fl. 44 cdno. 8). Entre los habitantes asesinados se encontraba el señor W.B.O., quien fue degollado por los miembros del grupo de autodefensas, de lo cual da cuenta el levantamiento de su cadáver y el protocolo de necropsia realizado por las autoridades, razón por la cual se encuentra configurado el daño antijurídico alegado por la parte actora”.

No obstante que ese hecho atroz lo cometieron, como en este caso, grupos paramilitares que operaban en esa región del país, la Sala consideró:

“… en el caso concreto las autoridades militares tenían amplio conocimiento acerca de las amenazas que pesaban sobre los habitantes de Puerto Alvira; para la Sala no es ideal esperar del Estado que proteja la vida y bienes de los habitantes de una población, como Puerto Alvira, cuando el contexto de la época y de la zona fue blanco de múltiples amenazas y ataques aleves por parte de los diferentes grupos armados al margen de la ley, situaciones respecto de las cuales se pidió reiteradamente protección a las entidades demandadas”(52) (Negrillas y subrayas adicionales).

Posteriormente, en sentencia de 27 de mayo de 2015(53), la Subsección emitió un segundo pronunciamiento en relación con los mismos hechos, es decir, por la incursión paramilitar a Puerto Alvira (Meta) y emitió una nueva decisión de carácter condenatorio pero esta vez en contra de la Policía Nacional(54), dado que también la encontró responsable por lo que allí ocurrió. Al respecto, se sostuvo:

“5. De la responsabilidad que se atribuye a la Policía Nacional por los perjuicios sufridos por los demandantes con ocasión del ataque paramilitar ocurrido el 4 de mayo de 1998 en Puerto Alvira - Meta.

“…

“En cuanto atañe a la alegada imprevisibilidad del ataque, debe advertirse que el acervo probatorio que sustenta esta decisión revela, por el contrario, que la ofensiva paramilitar, lejos de resultar intempestiva e inesperada como lo sugiere la demandada, fue un hecho anunciado y, desde meses antes temido por los habitantes de Puerto Alvira…

“… 

“Pero si lo anterior no resultara suficiente prueba acerca del conocimiento previo que tuvo el estamento policial respecto de la existencia de amenazas sobre la posible ocurrencia del ataque paramilitar a la comunidad de Puerto Alvira - Meta, conviene, entonces, también agregar que la Policía Nacional, a través del Comandante del Departamento de Policía del Meta, estuvo presente en todos los Consejos de Seguridad que se llevaron a cabo durante los tres primeros meses del año 1998 en ese ente territorial, en desarrollo de los cuales se trataron los temas relativos a los problemas de orden público y de seguridad que afrontaban los habitantes de los distintos municipios y corregimientos de ese Departamento, dentro de los cuales reiterativamente se hacía alusión a la existencia del comunicado suscrito por los habitantes de Puerto Alvira en el que demandaban las garantías para la convivencia tranquila y pacífica, escrito que, dicho sea de paso, más allá de generar preocupación a las autoridades por el peligro en que se encontraban sus signatarios y motivar la adopción de medidas dirigidas a contener el anunciado ataque, provocó dudas sobre la veracidad de su contenido y la identidad de quienes allí plasmaron sus firmas.

“Con sustento en todo lo expuesto, para la Sala se encuentra por completo desvirtuado el dicho del apelante según el cual el ataque resultaba imprevisible para las autoridades, pues por el contrario fueron varios los meses que con antelación se dio noticia de la existencia de las amenazas en la zona, precisamente a las autoridades de policía con el propósito de obtener su apoyo y auxilio.

“Seguidamente, en lo que concierne a la presencia de las autoridades de Policía en el lugar y en la fecha de los acontecimientos que originaron el presente debate, cabe precisar que el desarrollo de los Consejos de Seguridad a los que se ha hecho alusión y las declaraciones testimoniales recaudadas en el plenario dan cuenta de que, a diferencia de lo afirmado por el apelante, la población se encontraba a su suerte, sin ningún respaldo de las fuerzas militares y de policía y en tales condiciones, sin el más mínimo apoyo institucional, se produjo la arremetida paramilitar la que, en medio de torturas y tratos denigrantes, dejó como resultado la muerte de varias personas, las heridas de otras tantas y el saqueo e incendio de la inmensa mayoría de inmuebles destinados a vivienda y a establecimientos de comercio ubicados en Puerto Alvira.

“…

“Así las cosas, para la Sala no resulta de recibo el argumento de la Policía con fundamento en el cual afirma que para la época del ataque existió presencia de esa entidad y actos de defensa hacia la población por parte de la fuerza pública, en tanto los elementos probatorios mostraron una realidad muy diferente.

“Por otra parte, la Sala estima de suma importancia referirse al argumento expuesto por la Policía Nacional en la contestación de la demanda, de conformidad con el cual sostiene que en la zona en donde tuvieron ocurrencia los hechos, existía la presencia constante de grupos al margen de la ley que desarrollaban, principalmente, actividades relacionadas con el cultivo y procesamiento de sustancias ilícitas, hechos que, aunque eran conocidos en cuanto al riesgo que entrañaban, fueron asumidos por los habitantes del municipio de Mapiripán, quienes libremente y de manera voluntaria decidieron, a pesar de ello, fijar allí su sitio de residencia y de actividad económica.

“Las anteriores afirmaciones, en criterio de la Sala, son absolutamente dignas de un fuerte reproche y censura en cuanto desconocen abiertamente, por un lado, las libertades constitucionales reconocidas en cabeza de todos los colombianos, cristalizadas en el artículo 24 de la Constitución Política, y por otro, olvidan la existencia de las garantías de ese mismo rango normativo de que son sujetos todos los individuos que forman parte de este conglomerado social, con independencia del lugar de su domicilio y residencia.

“… 

“Ciertamente, el artículo 218 Constitucional establece que la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en Paz. Se destaca entonces que esa garantía de protección debe hacerse extensiva a todos los habitantes de este país, sin que resulte posible discriminar a alguna comunidad o grupo social, menos aún por razón del lugar de ubicación de su domicilio o residencia.

“… 

“Por último y frente al hecho de un tercero propuesto como eximente de responsabilidad en que la Policía basa su defensa, ha de decir la Sala, como consecuencia de todo lo anteriormente expresado, que no aparece configurada en este caso por cuanto la declaratoria de responsabilidad que recae en la Nación — Ministerio de Defensa— Ejército Nacional y Policía Nacional no parte de la determinación del causante del daño, —fuerzas estatales o miembros de los grupos alzados en armas—, sino que proviene del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia y equidad(55)“ (Se destaca).

Ahora bien, pese a que en el caso sub examine no existen pruebas directas —como sí las hubo en los procesos relacionados anteriormente— que permitan establecer el conocimiento previo por parte de las autoridades policiales y militares frente al ataque armado que propinaron las Uac a los pobladores de Puerto Oriente, en el departamento del Vichada, no es menos cierto que el homicidio múltiple “del planchón” se produjo en el mismo contexto de los asesinatos colectivos que le precedieron, en relación con los cuales, como se vio, el Estado fue considerado responsable administrativamente por la omisión de la Fuerza Pública en proteger la vida e integridad de los habitantes de la zona que las Auc se propuso atacar y que incluso existió colaboración del Estado para que ello fuese así, tal como se expondrá más adelante.

Como lo reflejó el material probatorio descrito anteriormente, en especial las decisiones penales emitidas en contra de quienes participaron en la vil muerte de L.M.M. y de sus menores hijos C.A. y C.H.S.M., las AUC planearon y ejecutaron una escalada violenta en los departamentos del Meta y Vichada, con el propósito de mantener el “control” ilegal de esa zona y, en virtud de ello, perpetraron diversos y macabros ataques en contra de la población civil, con la anuencia de la Fuerza Pública, por cuanto esta tuvo conocimiento previo de la situación y pese a ello asumió una conducta pasiva, indiferente, sin responder al clamor de la población civil desamparada que quedó expuesta a los ataques insurgentes.

En relación con la aludida omisión que se le atribuye a los entes demandaos, esta Sala ha sostenido:

“… aun cuando en el marco del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo, a nivel interno no se desecha la aplicación del régimen subjetivo de falla del servicio cuando a él hay lugar, a partir del cual le corresponde al juez determinar el incumplimiento de un deber funcional por parte de las entidades demandadas. Los precedentes jurisprudenciales citados, tanto de la Corporación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permiten concluir que se puede declarar la responsabilidad patrimonial del Estado cuando ha incurrido en una falla o falta en la prestación del servicio de defensa o de protección y con ello, por acción o por omisión, ha permitido, facilitado o, en casos extremos, estimulado, patrocinado o incluso participado del actuar de terceros que materialmente hubieren causado o ejecutado los hechos que constituyen la causa inmediata de los daños a cuya reparación deba procederse(56) (Destaca la Sala).

En línea con lo anterior, la Sala también ha considerado lo siguiente:

“Con fundamento en todo lo anterior, ha de concluir la Sala para el caso sub examine, que el daño resulta imputable por omisión a la demandada, toda vez que esa entidad se encontraba en posición de garante institucional(57) en relación con la protección a la vida, integridad y bienes del señor José Marino Marmolejo Gindrama, puesto que según, se acreditó en el proceso, con anterioridad a los hechos, la Fuerza Pública tenía conocimiento del riesgo inminente al que estaban expuestos los pobladores de la zona rural del municipio de Medio Atrato, Chocó, dados los reiterados ataques (secuestros, homicidios, hurtos, amenazas, intimidación, etc.), en contra de la población civil por parte de los Frentes 34 y 57 de las Farc que operaban en la región; sin embargo, según informó el Ejército Nacional(58), la protección se limitaba a hacer patrullajes esporádicos en la zona, de máximo ocho días, al cabo de los cuales, resulta lógico que la población civil quedara ampliamente en condiciones de vulnerabilidad y de desprotección estatal.

“…

Así pues, toda esta cadena de hechos indicadores marcan la creación de un indicio contextual de grave violencia originada por estos grupos al margen de la Ley, lo que significaba —sin lugar a dudas— un imperativo para el Estado en orden a reforzar la vigilancia y protección de las personas que habitaban esa región, pues bien conocía, no solo de la existencia de estos grupos armados, sino también la modalidad de sus operaciones, que fueron repetitivas, y en las que gran número de civiles fueron víctimas, siendo ello motivo de reproche, por su actuar negativo, expresado en la omisión(59) (Destaca la Sala).

Ahora bien, en casos como el que aquí se analiza, la Sala ha considerado que debe mediar una flexibilidad a los estándares probatorios, toda vez que,

“… [e]n la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad(60). Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia”(61).

Es por lo anterior, que la Sala Plena de esta Sección ha sostenido que “… el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas”(62) (Destaca la Subsección).

En esa misma dirección, la Sección ha concluido que:

“7.4.2 Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios(63)(64) (Negrillas adicionales).

Nótese cómo esta misma Sala, al analizar la responsabilidad patrimonial del Estado por otro de los asesinatos colectivos cometidos por el mismo grupo que perpetró el hecho dañoso materia de este proceso —incluso una de ellas cometida tan solo dos meses atrás— y claramente relacionadas entre sí, consideró que “… la población se encontraba a su suerte, sin ningún respaldo de las fuerzas militares y de policía y en tales condiciones, sin el más mínimo apoyo institucional …”(65), tal como ocurrió frente a los pobladores de Puerto Oriente (Vichada), quienes fueron víctimas de una misma arremetida, cruel y violenta, por parte de las Auc, cuyo objetivo fue trazado un año antes y logró llevarse a cabo ante la desidia y el abandono de las instituciones.

Claramente el hecho de que el homicidio múltiple “del planchón” hubiere sucedido a tan solo dos meses de la ocurrida en Puerto Alvira y de aquella denominada “la cooperativa”, la conecta con esa cadena de actos vandálicos por los cuales ya esta Sala responsabilizó patrimonialmente al Estado, de modo que mal podría considerarse ahora que se trató de hechos aislados.

Así lo señaló la Sala en oportunidad anterior:

“A más de lo anterior, no escapa a la Sala el hecho de que los protagonistas de la omisión del Estado en el caso que ahora se decide, hubieren sido aquellos por cuyas omisiones y, respecto de algunos, cuya participación directa generaron la condena al Estado colombiano por la masacre de Mapiripán(66) —ocurrida apenas 10 meses antes de los hechos objeto de esta demanda—, hechos cuya similitud con la masacre de Puerto Alvira, ocurrida el 4 de mayo de 1998, en el curso de la cual perdió cruelmente la vida el señor Bernal Ortiz, permite considerar la existencia de un contexto particular e inadmisible de tolerancia para con la actuación de los grupos mal llamados paramilitares por parte de algunos miembros de las Fuerzas Militares y de desconfianza mutua entre la comunidad y los miembros del Ejército y de la Policía Nacional(67) (Se deja destacado en negrillas y en subrayas).

La Subsección reitera(68) aquello que ya sostuvo en ocasión anterior, en el sentido de que no es ideal esperar del Estado que proteja la vida y bienes de los habitantes de una población, cuando el contexto de la época y de la región abatida, permitían preveer lo que aconteció, de modo que sus habitantes, como mínimo, esperaban una respuesta del Estado para proteger sus vidas e integridades, lo que evidentemente no sucedió.

Como si fuese poco, que en modo alguno lo es, uno de los participantes en los hechos acaecidos el 5 de julio de 1998 aceptó la colaboración de la Fuerza Pública en esa escalada paramilitar que se gestó desde el mes de julio de 1997 y por cuya virtud se produjeron los asesinatos colectivos de Mapiripán, Puerto Alvira, “la cooperativa” y Puerto Oriente, aspecto que, aunque no pudo ser corroborado en forma directa con otros medios de prueba de este proceso, lo cierto es que ello sí ha sido establecido como un hecho veraz, pues precisamente en el caso de la Masacre de Mapiripán(69) —relacionado con este asunto—, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que se produjo bajo la colaboración de agentes del Estado. En ese caso señaló la referida Corte:

“La Corte observa que, si bien los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en Mapiripán fueron cometidos por miembros de grupos paramilitares, la preparación y ejecución de la masacre no habría podido perpetrarse sin la colaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en varias acciones y omisiones, de miembros de las Fuerzas Armadas del Estado, inclusive de altos funcionarios de éstas de las zonas. Ciertamente no existen pruebas documentales ante este Tribunal que demuestren que el Estado dirigiera directamente la ejecución de la masacre o que existiese una relación de dependencia entre el Ejército y los grupos paramilitares o una delegación de funciones públicas de aquél a éstos. No obstante, al analizar los hechos reconocidos por el Estado, surge claramente que tanto las conductas de sus propios agentes como las de los miembros de grupos paramilitares son atribuibles a Colombia en la medida en que éstos actuaron de hecho en una situación y en zonas que estaban bajo el control del Estado. En efecto, la incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto planeado desde varios meses antes de julio de 1997, ejecutado con pleno conocimiento, previsiones logísticas y la colaboración de las Fuerzas Armadas, quienes facilitaron la salida de los paramilitares desde Apartadó y Neclocí y su traslado hasta Mapiripán en zonas que se encontraban bajo su control y dejaron desprotegida a la población civil durante los días de la masacre mediante el traslado injustificado de las tropas a otras localidades (supra párrs. 96.30 a 96.39, 96.43 y 116).

“La colaboración de miembros de las fuerzas armadas con los paramilitares se manifestó en un conjunto de graves acciones y omisiones destinadas a permitir la realización de la masacre y a encubrir los hechos para procurar la impunidad de los responsables. En otras palabras, las autoridades estatales que conocieron las intenciones del grupo paramilitar de realizar una masacre para infundir temor en la población, no sólo colaboraron en la preparación para que dicho grupo pudiera llevar a cabo estos actos delictuosos, sino también hicieron parecer ante la opinión pública que la masacre fue perpetrada por el grupo paramilitar sin su conocimiento, participación y tolerancia, situaciones que están en contradicción con lo ya acreditado en los hechos probados y reconocidos por el Estado (…).

“…. las violaciones declaradas a los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de las víctimas (párr. 139), resultan agravadas como consecuencia de las faltas al deber de protección y al deber de investigar los hechos, como consecuencia de la falta de mecanismos judiciales efectivos para dichos efectos y para sancionar a todos los responsables de la masacre de Mapiripán”.

En ese sentido, el señalamiento hecho por uno de los participantes de la masacre de 5 de julio de 1998 “en el planchón” no puede ni debe pasar desapercibido frente a la Sala, por cuanto constituye un aspecto que no solo milita en pro de la argumentación que a lo largo de este fallo se ha edificado en punto de la responsabilidad que le asiste tanto a la Policía como al Ejército Nacional por el daño causado a la parte actora, sino porque además ha sido un tema o, mejor, una problemática que esta Sección ha encontrado cada vez con mayor recurrencia en los asuntos sometidos a su decisión.

Es así como, de manera reciente, la Subsección sostuvo:

“Preocupa profundamente a la Sala el crecido número de condenas contra el Estado colombiano proferidas en casos en los cuales se ha acreditado que miembros de la Fuerza Pública han mantenido relaciones de apoyo y colaboración con grupos paramilitares para la comisión de graves crímenes, por lo cual, debe decirse que tales nexos constituyen una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos(70) (Negrillas del original).

En línea con todo lo expuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias oportunidades, también ha declarado la responsabilidad agravada del Estado colombiano en casos similares a este y, para tal efecto, ha tenido en consideración el hecho de que aquel ha propiciado la creación de grupos paramilitares a través de la legislación interna, amén de hallar probada una estrecha relación y colaboración de dichos grupos con la Fuerza Pública, a lo cual añadió que la impunidad por tales crímenes resultaba del común denominador.

Sobre el particular, la Corte en el caso del homicidio múltiple en Pueblo Bello(71) concluyó que:

“Al haber propiciado la creación de estos grupos el Estado creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que éstos puedan seguir cometiendo hechos como los del presente caso. La declaratoria de ilegalidad de éstos debía traducirse en la adopción de medidas suficientes y efectivas para evitar las consecuencias del riesgo creado. Esta situación, mientras subsista, acentúa los deberes especiales de prevención y protección a cargo del Estado en las zonas en que exista presencia de grupos paramilitares, así como la obligación de investigar con toda diligencia actos u omisiones de agentes estatales y de particulares que atenten contra la población civil” (Destaca la Sala).

A su turno, la Sala ha considerado:

“Frente a episodios de naturaleza similar a los debatidos en el presente caso, los que nunca se deberían haber dado y menos repetido, esta Corporación ha reflexionado desde una perspectiva humanística y jurídica, que bien vale la pena recordar, reprochando la perpetración de este tipo de delitos de lesa humanidad, como conductas que no deben ocurrir bajo ninguna noción de legitimidad:

‘La fuerza pública, tanto más quienes asumen la defensa judicial de sus actos, deben eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, para justificar la muerte de los segundos con el argumento de la defensa social o del bien que se hace a la comunidad con la desaparición física de determinadas personas. El derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe ser absoluto. Tal vez la única vulneración tolerable sea aquella que ocurre en ejercicio de las causales de justificación o de inculpabilidad que las normas penales consagran, a pesar de lo cual en algunas de esas ocasiones la no responsabilidad del agente no libera a su vez de responsabilidad al Estado.

En numerosas oportunidades la Sala ha hecho una verdadera apología de la vida, exaltando las hermosas palabras del inmolado Tómas y Valiente: ‘No hay nada en la creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre’. Y lo seguirá haciendo, cada vez que encuentre, como en el presente caso, que se sigue aplicando en el país la pena de muerte, proscrita por la Carta Fundamental desde hace más de un siglo’(72)(73).

Con fundamento en todo lo expuesto, se revocará el fallo apelado, toda vez que la trágica muerte de L.M.M. y de sus hijos C.A. y C.H.S.M., cometido vilmente por grupos paramilitares sí le resulta imputable a los entes demandados.

7. Indemnización de perjuicios.

7.1. Perjuicios materiales.

7.1.1. Daño emergente: se solicitó por:

“a) Las pérdidas ocasionadas por el desalojo y pérdida del uso, disfrute y goce de la casa de habitación y la residencia de 25 habitaciones que alquilaba diariamente en $3.000 posesión, de esta familia, así como los enseres, menajes, muebles y mercancías, semillas, que se estiman en $50.000.000,00.

“b) Igualmente la familia de mi poderdante ha tenido que incurrir en gasto extras, que de no haber ocurrido el asesinato de sus seres queridos no hubieran incurrido en los mismos, como pago de gastos funerarios, traslados aéreos que ascienden a una suma de Cuatro Millones De Pesos”(74).

En relación con lo anterior, lo único que se probó en el proceso fue que el demandante S.S.O. pagó la suma de $1’800.000 por los servicios funerarios de las tres víctimas directas del daño, según el recibo 0466 de 10 de julio de 1998, emitido por la funeraria Cristo Rey del Meta, la cual constituye el único rubro a reconocer.

Así las cosas, por daño emergente se reconoce al señor S.S.O., la suma de $4’661.673(75).

7.1.2. Lucro cesante: se solicitó para todos los actores, debido a lo que las víctimas directas del daño dejaron de producir.

Pues bien, en cuanto a la víctima L.M.M., se encuentra que para el momento de su muerte tenía 42 años de edad(76), mientras que su compañero permanente, el actor S.S.O., tenía 54 años, toda vez nació el 4 de abril de 1944(77).

Dado que en el proceso no se acreditó que la víctima ejercía una actividad productiva para el momento de los hechos, la Sala aplicará la presunción en cuya virtud se asume que toda persona que se encuentre en edad productiva devenga por lo menos el salario mínimo legal vigente.

También cabe agregar que de manera usual, en atención a las reglas de la experiencia, la Jurisprudencia del Consejo de Estado ha destinado la mitad del salario base de liquidación a favor del cónyuge o compañero permanente de la víctima directa del daño y la fracción restante (50%) para sus descendientes en partes iguales(78).

Se tiene, además, que la expectativa de vida del aquí actor, para el momento de los hechos, era de 28.1, es decir 337,2 meses(79).

RA = $ 528.150(80), monto que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2016 ($ 689.455), se tomará el último de ellos para la liquidación, el cual será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, operación que arroja como resultado la suma de $ 861.818; a dicho monto se le descontará el 25%, el cual corresponde al que de conformidad con la Jurisprudencia reiterada de la Sala, correspondería a la cantidad que la occisa habría destinado para atender sus gastos personales, por lo cual el salario base de liquidación corresponde a la suma de $ 646.364.

• Indemnización a favor del actor S.S.O. por la muerte de su compañera permanente.

Período consolidado: desde la fecha de la muerte de la señora L.M.M. (julio de 1998), hasta la fecha de esta sentencia (octubre de 2016), esto es, 219 meses, aplicando la siguiente fórmula:

FORMULAS-2017-1
 

FORMULAS-2017-2
 

S = $ 125’887.788.

Lucro cesante futuro: por el resto del período de vida probable del señor S.S.O. (337.2) menos el período consolidado (219 meses), es decir, 118.2 meses.

FORMULAS-2017-3
 

S = $ 28’995.052

Perjuicios materiales —lucro cesante— a favor del señor S.S.O. por la muerte de L.M.M. = $ 154’882.840.

• Indemnización a Favor del Actor S.S.O. por la Muerte de sus Hijos.

La Sección Tercera de la Corporación lo ha estimado procedente en los siguientes términos:

“Por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, en la demanda se solicitó el reconocimiento de la indemnización debida y futura.

“Aunque en el expediente no obra prueba que permita concluir que, efectivamente, al momento de su deceso el menor Vallejo devengara un salario mínimo, de conformidad con las reglas de la experiencia, es posible inferir que cuando el menor “V” cumpliera la mayoría de edad, esto es, el 22 de febrero de 1998 (cfr. registro civil de nacimiento, fl. 11, c. 1), el joven C.M. contribuiría al sostenimiento de su madre y padre de crianza con el 50% de sus ingresos, contribución que, se infiere, haría hasta que cumpliera 25 años de edad (22 de febrero de 2005). Igualmente, que el 50% restante, lo destinaría para sus gastos propios.

“… 

4.2.1.2 Indemnización futura:

“La Sala no accederá a la pretensión relativa al pago de lucro cesante bajo la modalidad de indemnización futura, habida cuenta que, de acuerdo con las reglas de la experiencia y la jurisprudencia de esta Corporación(81), la Sala estima que el menor Vallejo contribuiría al sostenimiento de su madre y padre de crianza hasta que cumpliera 25 años de edad, pues de ordinario a esta edad se deja la casa materna para organizar el hogar propio. En este sentido, en el plenario no obran pruebas que desvirtúen las reglas de la experiencia.

“Así, dado que el menor “V” cumpliría 25 años de edad el 22 de febrero de 2005, fecha anterior a la aprobación de la presente sentencia, no es procedente reconocer la indemnización futura, pues la misma fue incluida en la indemnización debida” (Destaca la Sala)(82).

La Sala reconocerá el lucro cesante a favor del señor S.S.O., por la muerte de sus hijos C.H., de 14 años, y C.A., de 16 años, pero frente a este rubro se dictará condena en abstracto, toda vez que si bien se conoce sus edades para la fecha en que fallecieron(83), lo cierto es que se desconoce la fecha de nacimiento de tales víctimas, cuestión que impide determinar cuándo habrían cumplido los 18 años de edad y, por lo mismo, cuándo cumplirían 25 años.

En ese sentido, la parte actora, mediante trámite incidental, deberá solicitar la cuantificación de este lucro cesante, para cuyo efecto deberá acreditar la fecha de nacimiento de C.H. y C.A. S.M., monto que se establecerá con base en los siguientes parámetros:

Ra = $ 689.455 (salario mínimo legal vigente) + 172.363 (25% por concepto de prestaciones sociales) = $ 861.818 - $ 430.909 (50% que cada víctima habría destinado para su propio sostenimiento).

Ra = $ 430.909.

Período consolidado: desde la fecha en que los menores víctimas hubieran cumplido 18 años, hasta que cumplieran 25 años de edad, aplicando la siguiente fórmula:

FORMULAS-2017-1
 

Se precisa que no habrá lugar a reconocer lucro cesante futuro, pues sí se puede establecer que C.H. y C.A. S.M., en su orden, habrían cumplido 25 años de edad antes de la fecha de esta sentencia, esto es, en los años 2009 y 2007, respectivamente, solo que no se sabe qué día y qué mes de esos años, motivo por el cual la cuantificación de este perjuicio a favor del señor S.S.O. solo será hasta esos años.

• Indemnización a favor de K.A. y L.M.S.M. por la muerte de su madre, L.M.M.

A favor de K.A.S.M.:

Consolidado: desde la fecha de la muerte de la señora L.M.M. (julio de 1998), hasta la fecha en que esta actora cumplió 25 años de edad, esto es, el 27 de febrero de 2014(84), aplicando la siguiente fórmula:

FORMULAS-2017-1
 

FORMULAS-2017-4
 

S = $ 49’136.706.

Perjuicios materiales -lucro cesante- a favor de K.A.S.M. = $ 49’136.706.

• A favor de L.M.S.M.:

Consolidado: desde la fecha de la muerte de la señora L.M.M. (julio de 1998), hasta la fecha en que esta demandante cumplió 25 años de edad, esto es, el 27 de mayo de 2004(85), aplicando la siguiente fórmula:

FORMULAS-2017-1
 

FORMULAS-2017-5
 

S = $ 13’453.885.

Perjuicios materiales —lucro cesante— a favor L.M.S.M. = $13’453.885.

La Subsección no reconocerá indemnización por lucro cesante a favor de las actoras K.A. y L.M.S.M. por la muerte de sus hermanos, toda vez que respecto de estos últimos no aplica la presunción según la cual los menores víctimas, una vez adquirieran la mayoría de edad, contribuirían al sostenimiento de sus otros hermanos hasta la edad de sus 25 años, salvo prueba en contrario —que evidentemente no la hay—.

7.2. Perjuicios morales.

Concurrieron al proceso los ciudadanos L.M.S.M. y S.S.O., este último actúa en nombre propio y en el de su menor hija K.A.S.M., quienes demandaron por la trágica muerte de la señora L.M.M. y de los menores C.A. y C.H.S.M.

El señor S.S.O. actúa en calidad de compañero permanente de la víctima L.M.M. y como padre de los menores C.A. y C.H.S.M.

Por su parte, las también demandantes L.M. y K.A.S.M. comparecieron al proceso en condición de hijas de L.M.M. y hermanas de C.A. y de C.H.S.M., parentescos que ya quedaron definidos en el acápite concerniente a la legitimación en la causa por activa.

Se solicitó para cada actor un monto equivalente a 9.000 gramos de oro y tal perjuicio se solicitó con base en lo siguiente:

“La pena profunda que aqueja a su compañero y padre S.S., a sus hijas K.A. y L.M., tomando en cuenta la vida que llevaban en común, por su amor, entendimiento, solidaridad, ayuda y colaboración mutua y la permanente angustia en que han quedado, así como la gravedad del hecho del cual se deriva la correspondiente omisión en que incurrieron las autoridades la que trajo como consecuencia la muerte de M.M. y sus hijos: C.H., C.A.”(86).

Claramente la demanda se presentó por razón de la muerte de una madre y de dos de sus hijos, razón por la cual se reconocerá a los actores una indemnización independiente por cada daño, pues este es autónomo e independiente respecto de cada uno de ellos, tal como lo ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado(87):

“… Ahora bien, es preciso señalar que, en el presente caso tanto Jesús Antonio Vélez Ospina como Héctor José Vélez Ospina fueron privados injustamente de la libertad configurándose así el daño antijurídico imputable a las demandadas, sin embargo, sólo uno de ellos es demandante en el proceso, Jesús Antonio, puesto que el otro, Héctor José, falleció el 10 de septiembre de 1994, dos años antes de la fecha de presentación de la demanda —13 de diciembre de 1996—.

“No obstante lo anterior, el daño sufrido por los injustamente detenidos es autónomo respecto de cada uno y de cada padre, por tanto, la Sala confirmará la decisión adoptada por el Tribunal en este sentido, en tanto que a cada padre se le puede indemnizar el perjuicio sufrido por cada hijo.

“Lo anterior tiene fundamento en que, por ejemplo, para un padre o madre que pierde a dos de sus hijos en un evento en el cual es atribuible el daño antijurídico a la administración pública, resultaría mejor que el hijo (A) pereciera un día (X), mientras que el hijo (B) sufriera el deceso el día (Y), toda vez que esto le permitiría reclamar daños autónomos derivados de causas independientes, lo que daría lugar a su sumatoria.

“… 

“Igualmente, en sentencia de 19 de abril de 2001, la Sala confirmó una decisión proferida el 26 de febrero de 1996, por el Tribunal Administrativo del Tolima que, frente a la muerte de dos hermanos, condenó al Ejército Nacional a pagar en favor de la madre, a título de perjuicio moral, un valor de 2.000 gramos de oro, y para los hermanos supérstite, un total de 1.000 gramos de oro para cada uno de ellos.

“Como se aprecia, no se trata pues, de una simple consideración de entender el daño moral en el sentido natural, sino como una consecuencia jurídica que obedece a un supuesto, de allí que frente a varias consecuencias jurídicas se predique, consecuencialmente, igual número de supuestos; por ejemplo, al poner fin a varias vidas humanas el correlato lógico lo constituye, sin lugar a dudas, una pluralidad de daños (consecuencias jurídicas) que en modo alguno pueden soportar la conclusión de que la lesión es una sola.

“En esa perspectiva, resulta admisible que se señale que frente a distintas causas y daños antijurídicos (en el caso de la referencia, la privación injusta de la libertad de dos hermanos) se adopten varias consecuencias jurídicas. Lo anterior, en tanto dicha interpretación del perjuicio, concuerda con los principios que rigen en materia indemnizatoria, concretamente, a la obligación existente a nivel constitucional (artículo 90 C.P.) de indemnizar todos aquellos daños antijurídicos que sean imputables”.

Ahora bien, para la reparación del daño moral, en caso de muerte, se han considerado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la Justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas(88), a saber:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables, hijos y padres de crianza). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio (100 smlmv).

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

Así pues, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.

No obstante lo anterior, la Sala Plena de esta Sección(89) precisó, con fines de unificación jurisprudencial, que en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario —como ocurrió en este caso—, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en los eventos descritos en la sentencia de unificación antes citada, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda fijarse en el triple de los montos indemnizatorios previstos en dicha sentencia. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.

Frente a este caso, la Sala estima que hay lugar a aplicar la excepción que se consideró el referido fallo de unificación y, por tanto, reconocer a título de daño moral a cada demandante el equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada daño padecido, toda vez que la muerte de los integrantes la familia S.M. fue un crimen atroz, cruel e inhumano, además, dos de las víctimas fueron menores, a lo cual cabe agregar que naturalmente la aflicción y el padecimiento en cada demandante debió producirse en grado superlativo, habida consideración de que se trató de tres integrantes de un mismo grupo familiar.

En otras palabras, el señor S.S.O. perdió trágicamente a su compañera e hijos, en tanto que L.M. y K.A.S.M. perdieron a su madre y hermanos.

7.3. Perjuicios inmateriales derivados de la vulneración a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(90) 

Esta Sección del Consejo de Estado, a través de sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014(91) precisó que el daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características:

i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

iii) Es un daño autónomo, puesto que no pende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, dado que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

Ahora bien, en relación con las consecuencias de la declaratoria de responsabilidad agravada del Estado —como ocurre en este caso—, en sentencia de 27 de abril de 2016(92) se precisó que lo que se pretende mediante dicha declaratoria de responsabilidad —además de realizar un juicio de reproche más severo al actuar del Estado en esos casos de vulneración a normas ius cogens—, es permitirle al Juez de la Administración la adopción de medidas de reparación integral del daño antijurídico, con el fin de garantizar que tales conductas constitutivas de vulneraciones graves a Derechos Humanos y/o al Derecho Internacional Humanitario(93) no se vuelvan a producir.

En la referida decisión, la Sala también precisó:

“El juez de lo contencioso administrativo es, a su vez, juez de convencionalidad en el ordenamiento interno, es decir un juez que integra la normatividad interna con los estándares y reglas de protección del SIDH y que, por lo mismo, tiene como deber no sólo verificar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos por parte de las autoridades públicas internas, sino, también, fundamentar, a partir de esa clase de normas supraconstitucionales, el juicio de responsabilidad estatal, cuando se produzca un daño antijurídico derivado de la vulneración grave y sistemática de derechos humanos.

“(…). En línea con el anterior razonamiento, viene a ser claro que en un determinado caso, en el cual se acrediten violaciones graves a derechos humanos que impliquen la infracción flagrante y sistemática de normas ius cogens, (delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra), los jueces colombianos pueden y deben, por una parte, llevar a cabo un análisis de convencionalidad sobre la conducta del Estado, de lo cual se podría concluir por un lado, un quebrantamiento normativo internacional, y por otro lado, tienen la posibilidad de declarar en esos eventos —al igual que lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, la configuración de la responsabilidad internacional agravada.

“En este punto, la Sala estima necesario precisar a efecto de resaltar que no en todo caso de violación de derechos humanos viene a ser procedente una declaración como la que acaba de indicarse, toda vez que una declaratoria de responsabilidad de esa índole sólo resulta procedente en aquellos casos en los cuales concurran los siguientes elementos:

“—Que las acciones/omisiones que hayan generado el daño constituyan violaciones graves o flagrantes de normas imperativas de derecho internacional de ius cogens, específicamente, delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra y;

“—Que tales violaciones sean atribuibles o imputables, según las normas del derecho interno e internacional, al Estado colombiano”(94) (Negrillas del original).

En cuanto al reconocimiento de ese perjuicio inmaterial, la aludida sentencia unificación precisó que podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa del daño antijurídico, mediante una medida pecuniaria de hasta 100 smlmv, si fuere el caso.

La Sala estima que la muerte de la señora L.M.M. y de los menores C.A. y C.H.S.M., además del perjuicio moral ya considerado, causó en los actores una afectación grave de sus derechos a la vida, a su dignidad humana y naturalmente a la familia, razón por la cual se reconocerá una medida pecuniaria de carácter oficioso(95) que también resulta idónea para garantizar la reparación integral en el presente caso.

Por consiguiente, se reconocerá a los actores S.S.O., L.M.S.M. y K.A.S.M., un monto equivalente a 100 smlmv, para cada uno de ellos.

7.4. Medidas de reparación integral no pecuniarias

Una violación grave a Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario —como la que se presentó en el sub examine— trasciende la esfera individual y subjetiva del titular de tales derechos, pues se ha reconocido que también contienen un plano axiológico u objetivo que está dirigido o encaminado a impedir que dichas transgresiones se vuelvan a producir, razón por la cual es preciso disponer, además de las medidas indemnizatorias ya establecidas, otras acciones adicionales de protección, dirigidas a mejorar la prestación del servicio estatal respectivo(96).

En relación con esta clase de medidas, también en sentencia de unificación jurisprudencial la Sala Plena de la Sección Tercera ha expresado lo siguiente:

“Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. Para el efecto el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará las medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados (Artículo 8.1 y 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos)”(97).

La Sala dispondrá en el presente pronunciamiento,

i) la publicación de la presente sentencia, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la misma, en el diario oficial;

Comoquiera que el proceso penal por la muerte de pobladores de Puerto Oriente (Vichada), el 5 de julio de 1998 “en el planchón” ya fue objeto de la respectiva investigación penal y que dentro de la misma fueron procesados y sentenciados algunos de los paramilitares que participaron en ese hecho atroz, la Sala estima de la mayor importancia que los ciudadanos conozcan tal actuación y las decisiones en ella adoptadas por las autoridades judiciales colombianas, para efectos de procurar la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, no solo desde la perspectiva de la relevancia que tiene la eficacia del principio de reparación integral en favor de las víctimas de estos hechos, sino en consideración a la trascendencia que para la sociedad colombiana reviste la asunción de la centralidad que tiene el comprender el rol que juega el DIH en el conflicto armado interno, por tanto, se considera pertinente,

(ii) comunicar la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación con el fin, de un lado, de que lo en esta sentencia y dentro del presente proceso analizado y resuelto, sea tenido en cuenta en las actuaciones o procedimientos que se han abierto e instruido —si aún no han sido decididos definitivamente respecto de otros autores de la masacre— a raíz del ataque realizado por paramilitares al corregimiento de Puerto Oriente en el departamento del Vichada el 5 de julio de 1998, por razón de las posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario en las cuales se hubiere incurrido por parte de quienes participaron en esos hechos,

De otra parte, que las decisiones definitivas que dentro de tales procesos se hayan adoptado o en su momento lleguen a dictarse, se difundan ampliamente a la comunidad a través de la publicación de un aviso en dos periódicos de amplia circulación nacional,

(iii) ordenar a las entidades demandadas establecer un link en sus páginas web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en las páginas web institucionales.

7. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia apelada, esta es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 25 de mayo de 2007. Como consecuencia, se dispone:

1. Declarar la responsabilidad agravada de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional por las violaciones graves a los Derechos Humanos y al derecho Internacional Humanitario que significó el homicidio múltiple en persona protegida en Puerto Oriente, Vichada, el 5 de julio de 1998.

2. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional a pagar al señor S.S.O., la suma de $ 4’661.673, a título de daño emergente.

3. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional a pagar al señor S.S.O., la suma de $ 154’882.840, por concepto de lucro cesante, derivado de la muerte de su compañera permanente.

4. Condenar, en abstracto, a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional a pagar al señor S.S.O., la suma que resulte del trámite incidental para cuantificar el lucro cesante derivado de la muerte de sus hijos menores, de acuerdo con las pautas trazadas en la parte considerativa de esta sentencia.

5. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional a pagar a favor de K.A.S.M., el monto de $ 49’136.706, por perjuicios materiales —lucro cesante— derivados de la muerte de su progenitora.

6. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional a pagar a favor de L.M.S.M., el monto de $ 13’453.885, a título de perjuicios materiales —lucro cesante— derivados de la muerte de su madre.

7. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional a pagar a favor de S.S.O., L.M.S.M. y K.A.S.M., el monto equivalente a 150 smlmv, para cada uno, a título de perjuicios morales.

8. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional a pagar a favor de S.S.O., L.M.S.M. y K.A.S.M., el monto equivalente a 100 smlmv, para cada uno, por concepto de la afectación grave de sus derechos a la vida, dignidad humana y a la familia.

2. Como medidas de justicia restaurativa, ordénase a la parte demandada lo siguiente:

1. Publicar la presente sentencia, en un término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la misma, en el Diario Oficial.

2. Comunicar la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial para que tengan en cuenta lo analizado y resuelto en esta sentencia dentro de las actuaciones o procedimientos que se han abierto e instruido —si aún no han sido decididos definitivamente respecto de otros autores de la masacre— a raíz del ataque realizado por paramilitares al corregimiento de Puerto Oriente en el departamento del Vichada el 5 de julio de 1998, por razón de las posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario en las cuales se hubiere incurrido por parte de quienes participaron en esos hechos.

3. Comunicar la presente decisión a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial para que las decisiones definitivas que hayan adoptado o lleguen a proferir dentro de los procesos penales adelantados por el homicidio múltiple realizado por paramilitares en el corregimiento de Puerto Oriente en el departamento del Vichada el 5 de julio de 1998, sean difundidas, a costa del Ejército y Policía Nacional, a la comunidad a través de la publicación de un aviso en dos periódicos de amplia circulación nacional.

4. Ordenar a las entidades demandadas establecer un link en sus páginas web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia durante un período de seis (6) meses que se contará desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en las páginas web institucionales.

3. Sin condena en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente a su Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

17. Vigente a partir del 28 de abril de 2005.

18. Dado que el salario mínimo para el año 2000 era de $260.100.

19. Fl. 39 cdno. 1.

20. Fl. 40 cdno. 1.

21. Fls. 44 y 55 cdno. 7 del proceso penal.

22. Tal como lo corroboran los registros civiles de defunción de las tres víctimas, en los cuales consta que murieron el 5 de julio de 1998 (fls. 83, 84 y 85 cdno. 7 del proceso penal).

23. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 12 de junio de 2013, Exp.. 26.120, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

24. Sentencia de julio 7 de 2005, Exp.ediente 20.300, entre muchas otras providencias.

25. Sentencia de febrero 21 de 2002, Exp.ediente 12.789, entre otras.

26. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, M.P. Dr. Ramiro Pazos Guerrero, Exp.ediente 32.988.

27. Fl. 82 cdno. 2 del proceso penal.

28. Fls. 36 y 37 cdno. 7 del proceso penal.

29. Fls. 83, 84 y 85 cdno. 7 del proceso penal.

30. Fl. 115 cdno. 7 del proceso penal.

31. Fl. 30 cdno. 7 del proceso penal.

32. Fl. 44 cdno. 7 del proceso penal.

33. Fl. 54 cdno. 7 del proceso penal.

34. Fls. 136 y 137 cdno. 7 del proceso penal.

35. Fls. 166 y 167 cdno. 7 del proceso penal.

36. Fls. 297 a 303 cdno. 2 del proceso penal.

37. Fls. 133 a 141 cdno. 3 del proceso penal.

38. Fls. 232 y 233 cdno. 3 del proceso penal.

39. Fls. 1 a 36 cdno. 3 del proceso penal.

40. Fl. 1 cdno. 3.

41. Fls. 15 y 16 cdno. 3.

42. Fls. 20 y 21 cdno. 3.

43. Fl. 23 cdno. 34.

44. Fls. 154 a 158 cdno. 6.

45. Fls. 258 a 268 cdno. 4.

46. Fls. 86 a 96 cdno. 3.

47. Fls. 161 a 191 cdno. 3.

48. Fls. 218 a 238 cdno. 3.

49. Fls. 245 a 263 cdno. 3.

50. CrIDH, Caso la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 120y ss.

51. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fallo de 13 de febrero de 2013, Exp.. 25.310, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

52. Ibídem.

53. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 27 de mayo de 2015; Consejero Ponente (E): Hernán Andrade Rincón, Exp.. 34.252.

54. En la anterior decisión se condenó al Ejército Nacional y al departamento del Meta.

55. Cita de la cita “Nota original de la Sentencia citada: Lo antes dicho, no resulta un razonamiento novedoso, sino que, por el contrario, proviene de vieja data. En Sentencia de 7 de abril de 1994, Exp. 9261 ya la Sección había dicho:
‘Así las cosas, la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quién disparó el arma que lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado, no permite saber si fue la Policía o la guerrilla la que lesionó a la menor, sin que exista la posibilidad de practicar una prueba técnica sobre el proyectil por cuanto éste salió del cuerpo de la menor. Pero lo que sí no ofrece ninguna duda es que la menor sufrió un daño antijurídico que no tenía por qué soportar, en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y subversivos y si bien es cierto aquellas actuaron en cumplimiento de su deber legal, la menor debe ser resarcida de los perjuicios sufridos por esa carga excepcional que debió soportar; por consiguiente, la decisión correcta fue la tomada por el a quo, en virtud de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda’.
“En caso similar al hoy estudiado, en Sentencia de 8 de agosto de 2002, con ponencia del Dr. Ricardo Hoyos Duque se afirmó:
‘En síntesis, son imputables al Estado los daños sufridos por las víctimas cuando éstos excedan los sacrificios que se imponen a todos las personas y en su causación interviene una actividad estatal.
‘En este régimen el hecho del tercero exonerará de responsabilidad a la administración sólo cuando sea causa exclusiva del daño, es decir, cuando éste se produzca sin ninguna relación con la actividad administrativa. Pero no la exonerará cuando el daño se cause en razón de la defensa del Estado ante el hecho del tercero, porque si bien esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas ajenas a esa confrontación es antijurídico, en cuanto éstas no tenían el deber jurídico de soportar cargas superiores a las que se imponen a todos los demás asociados.
Y todo esto sin importar quién sea el autor material del daño que se cause durante la confrontación, es decir, si durante un enfrentamiento armado entre agentes estatales y un grupo al margen de la ley, por ejemplo, se causa una lesión a un particular ajeno a esa confrontación, para efectos de establecer la responsabilidad del Estado no es necesario que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes’. (Negrillas fuera de texto)”.

56. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fallo de 13 de febrero de 2013, Exp.. 25.310, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

57. Original de la cita: “Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado: ‘En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante. Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa.
“(…) En una grave violación a los derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene activamente en la toma de una población, es similar a la de aquel que no presta la seguridad para que los habitantes queden en una absoluta indefensión. En virtud del principio de igualdad, cuando la acción y la omisión son estructural y axiológicamente idénticas, las consecuencias deben ser análogas: Si la conducta activa es ajena al servicio, también deberá serlo el comportamiento omisivo. Un miembro de la fuerza pública puede ser garante cuando se presenten cualquiera de los dos fundamentos de la responsabilidad explicados: creación de riesgos para bienes jurídicos o surgimiento de deberes por la vinculación a una institución estatal. Las fuerzas militares tienen la obligación absoluta de impedir el desconocimiento del derecho internacional humanitario (restricción absoluta aun frente a los estados de excepción según lo dispone el artículo 214 de la Constitución) y los derechos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia, no pueden ser suspendidos durante tales estados. Permitir que ocurran, sea porque activamente intervienen en ellas o porque omiten el deber estatal de proteger a los asociados en sus derechos, constituye una flagrante violación a la posición de garante de las condiciones mínimas y básicas de la organización social y, por lo mismo, nunca podrán considerarse como un acto relacionado con el servicio. En suma, desde el punto de vista estrictamente constitucional, resulta claro que las Fuerzas Militares ocupan una posición de garante para el respeto de los derechos fundamentales de los colombianos. La existencia de esa posición de garante significa que el título de imputación se hace por el delito de lesa humanidad, o en general por las graves violaciones a los derechos humanos, sin importar la forma de intervención en el delito (autoría o participación), o el grado de ejecución del mismo (tentativa o consumación) o la atribución subjetiva (dolo o imprudencia). Las estructuras internas de la imputación no modifican la naturaleza del delito realizado; estas no cambian porque el interviniente (para el caso, quien omite) se limite a facilitar la comisión de un hecho principal, o porque no se alcance la consumación del hecho’. Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

58. Original de la cita: “Fls. 374 a 375 cdno. 2”.

59. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 26 de agosto de 2015, Exp. 36.374, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

60. En Colombia la violencia desencadenada por el conflicto armado interno se ha concentrado históricamente en las zonas rurales. Ver: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia Rural, razones para la esperanza, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Bogotá, INDH-PNUD, 2011, p. 231; Centro Nacional de Memoria Histórica, Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogotá, 2013, p. 323 y s; Berry, Albert, “Aspectos jurídicos, políticos y económicos de la tragedia de la Colombia rural de las últimas décadas: hipótesis para el análisis”, en Tierra, Guerra y Estado, Revista Estudios Socio-Jurídicos, 1, volumen 16, junio del 2014, Universidad del Rosario, Bogotá, pp. 7-23.

61. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, M.P. Dr. Ramiro Pazos Guerrero, Exp.ediente 32.988.

62. Ibídem.

63. Original de la cita: “La Subsección B de la Sección Tercera en Sentencia del 27 de septiembre del 2013, rad. 19939, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, al resolver un caso de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario acudió a la flexibilización de los estándares probatorios en materia de prueba documental: ‘Puestas las cosas en los términos anteriormente señalados y tratándose, como en el presente caso, del deber de reparar integralmente a víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario, sean directas o indirectas, resulta indispensable aplicar el principio de equidad y, en consecuencia, flexibilizar el estándar probatorio. Es que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en un caso como el presente –en el que, además, como lo revelan los hechos y lo reconoce la sentencia de primera instancia, las autoridades en lugar de facilitar la búsqueda del desaparecido entorpecieron las labores de su madre y hermanos–, ocupan el lado más débil de la balanza así que, de conformidad con lo ordenado por el artículo 13 superior, requieren mayor soporte y protección. Se reitera en este lugar lo ya afirmado arriba y es que en estos casos los principios de verdad, de justicia y de reparación integral han sido catalogados como derechos fundamentales que rigen en virtud del ius cogens, por lo que no cabe alegar obstáculos de orden normativo interno para efectos de dificultar su realización’.”

64. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, M.P. Dr. Ramiro Pazos Guerrero, Exp. 32.988.

65. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fallo de 13 de febrero de 2013, Exp. 25.310, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

66. Original de la cita: “Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Mapiripán v. Colombia, Sentencia del 15 de diciembre de 2005, serie C-134”.

67. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fallo de 13 de febrero de 2013, Exp.. 25.310, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

68. Ibídem.

69. CrIDH, Caso la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 120y ss.

70. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, Sentencia de 14 de septiembre de 2016, Exp.. 34.349, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

71. CrIDH, Caso la Masacre de Pueblo Bello v. Colombia, Sentencia del 31 de enero de 2006, párr. 126.

72. Original de la cita: “Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 10 de abril de 1997, Expediente 10.138”.

73. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 14 de septiembre de 2016, Exp.. 34.349, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

74. Fl. 25 cdno. 1.

75.

FORMULAS-2017-6

76. Fl. 30 cdno. 7.

77. fl. 154 cdno. 6.

78. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 14 de marzo de 2013, Exp.. 26.300, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras providencias.

79. Resolución 1555 de 2010, Exp.edida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

80. Salario mínimo vigente al año 1998: $203.826, actualizado a valor presente (Ra x 132.78 (IPC sept/16) / 51.27 (IPC julio/98) = $ 527.872.

81. Original de la cita: “Cfr. Sentencia de 26 de octubre de 2011, Exp.ediente 22700, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo”.

82. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 30 de enero de 2012, Exp.. 22318; M.P. Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo.

83. Con el acta de levantamiento de sus cadáveres y sus registros civiles de nacimiento.

84. Dado que nació el 27 de febrero de 1989, según su registro civil de nacimiento (fl. 39 cdno 1).

85. Dado que nació el 27 de mayo de 1979, según su registro civil de nacimiento (fl. 40 cdno. 1).

86. Fl. 24 cdno.1.

87. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 22 de junio de 2011, Exp. 20.713. M.P. Dr. Enrique Gil Botero, reiterada en Sentencias de esta Subsección de 26 de noviembre de 2014, Exp. 27.369, acumulado con el 27.037. M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E) y de 27 de abril de 2016, Exp.. 36.215.

88. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp.. 26.251. M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

89. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp.. 32.988, M.P. Dr. Ramiro Pazos Guerrero.

90. Se reitera en este acápite las consideraciones Exp.uestas en forma reciente por la Sala, en Sentencia de 14 de septiembre de 2016, Exp.. 34.349, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

91. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 28 de agosto del 2014, Exp.. 32.988, M.P. Dr. Ramiro Pazos Guerrero.

92. Proceso 50.231.

93. En ese sentido puede consultarse la Sentencia de esta Subsección, de 9 de septiembre de 2015, Exp.. 31.203, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E), relacionada con los denominados grupos paramilitares o de autodefensas como actores del conflicto armado y, como tales, la obligación que les asiste en respetar y acatar el derecho internacional humanitario.

94. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia proferida el 27 de abril de 2016, Exp.. 50.231, reiterada en Sentencias de 14 de julio de 2016, Exp.. 35.029 y de 14 de septiembre de 2016, Exp.. 34.349, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

95. En casos como el que aquí se analiza, la Sala ha considerado que para efectos de una reparación integral “… debe ceder el fundamento procesal del principio de congruencia o, incluso, de la ‘no reformatio in pejus’, ante la primacía del principio sustancial de la ‘restitutio in integrum’, máxime cuando se establece la responsabilidad agravada del Estado como consecuencia de violaciones graves a derechos humanos” (Se destaca). [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, fallo de 14 de septiembre de 2016, Exp.. 34.349, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón, entre otros].

96. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencias de 9 de septiembre de 2015, Exp.. 31.203, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E) y de 14 de septiembre de 2016, Exp.. 34.349, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón, entre otros.

97. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2014, Exp.. 26.251, M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.