Sentencia 2000-40265/33575 de marzo 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B

Expediente: 33575

Radicado: 50012331000200040265 01 (2000-0266 acumulado)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Rosalba Sanabria Cuéllar y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil quince.

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la parte demandada contra la sentencia de 17 de octubre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, la cual será modificada.

Síntesis del caso

El 6 de febrero de 1999 en el Departamento de Policía de Guainía, en el municipio de Puerto Inírida, los patrulleros Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajardo Bohórquez se encontraban en una instrucción sobre el manejo de granadas de fusil. Cuando fue el turno del primero de disparar una granada,esta explotó sin salir de la trompetilla del fusil, causándoles graves lesiones que les produjeron una pérdida en su capacidad laboral del 91,25% y 77,60%, respectivamente.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

1. El presente asunto se conforma de dos procesos que fueron acumulados, cuyas demandas se presentaron de la siguiente manera:

- Proceso 2000-0265

2. Mediante escrito presentado el 1º de agosto del 2000 ante el Tribunal Administrativo del Meta, a través de apoderado debidamente constituido, los señores Rosalba Sanabria Cuéllar, en nombre propio y en representación de sus hijos menores VASC, GHSC y AOBS; Martha Isabel Barrios Sanabria, María Cristina Barrios Sanabria, Marcos Fidel Barrios Sanabria y Diana Milena Uyasan Mojica, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

Primera

La Nación (Ministerio de Defensa - Policía Nacional) es responsable administrativa y civilmente de todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales y por pérdida de goce fisiológico, ocasionados a la señora RSC, a sus hijos VASC, GHSC y AOBS (menores de edad), Martha Isabel y Maria Cristina Barrios Sanabria; y a los compañeros permanentes Marcos Fidel Barrios Sanabria y Diana Milena Uyasan Mojica, los mayores vecinos de Puerto López (Meta), con motivo de las graves lesiones corporales de que fue víctima el señor Marcos Fidel Barrios Sanabria, quien es hijo de la primera, hermano de los siguientes y compañero permanente de Diana Milena, en hechos sucedidos el día 6 de febrero de 1999 en Puerto Inírida (Guainía), al estallársele una granada de fusil por mal funcionamiento de la misma, en una evidente, presunta y probada falla en el servicio atribuible a esa institución, que le causó al agente Marcos Fidel Barrios Sanabria una merma permanente en su capacidad laboral del 100% e igual al porcentaje de pérdida de goce fisiológico.

Segunda

Condénase a la Nación (Ministerio De Defensa – Policía Nacional), a pagar a la señora Rosalba Sanabria Cuéllar, a sus hijos VASC, GHSC y AOBS (menores de edad), Martha Isabel Y María Cristina Barrios Sanabria; y a los compañeros permanentes Marcos Fidel Barrios Sanabria Y Diana Milena Uyasan Mojica, los mayores vecinos de Puerto López (Meta), por intermedio de su apoderado, todos los daños y perjuicios tanto morales como materiales y por pérdida de goce fisiológico, que se les ocasionaron con las graves lesiones sufridas por su hijo, hermano y compañero permanente, señor Marcos Fidel Barrios Sanabria conforme a la siguiente liquidación o la que se demostrase en el proceso, así:

a. Trescientos millones de pesos ($ 300.000.000), por concepto de lucro cesante que se liquidarán directamente a favor del propio ofendido e incapacitado, señor Marcos Fidel Barrios Sanabria, correspondientes a las sumas que el lesionado ha dejado y dejará de producir en razón de la grave merma laboral que le aqueja y por todo el resto posible de vida que le queda, en la actividad económica a que se dedica (patrullero de la Policía Nacional), habida cuenta de su edad al momento del insuceso (23 años), y a la esperanza de vida calculada conforme a las tablas de mortalidad aprobadas por la Superintendencia Bancaria, suma que será incrementada en un 30% por concepto de prestaciones sociales.

b. Daños y perjuicios patrimoniales directos o daño emergente, por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios, y en fin, todos los gastos que sobrevinieron y sobrevendrán en el futuro para lograr la recuperación t conservación de la salud de Marcos Difel Barrios Sanabria (sic), que se estiman en la suma de treinta millones de pesos ($ 30.000.000).

c. El equivalente en pesos a 4000 gramos de oro, como indemnización especial a favor del propio lesionado Marcos Fidel Barrios Sanabria, en razón de la pérdida total de su goce fisiológico, al quedar su cuerpo afectado de por vida, teniendo en cuenta que era una persona con todas sus capacidades y talentos para realizar una vida normal.

d. El equivalente en moneda nacional de 1.000 gramos de oro fino para cada uno de los demandantes por concepto de perjuicios morales o “pretium doloris”, consistentes en el profundo trauma psíquico que produce el hecho de saberse víctima de un acto arbitrario nacido de la falta de responsabilidad de la administración, en aplicación del artículo 106 del Código Penal, máxime cuando el hecho es atribuible a la Policía Nacional, entidad que tiene el deber constitucional de velar por la vida de los asociados y con él se ha causado grave perjuicio a la salud de un ser querido, como lo es un hijo, un hermano y un compañero permanente.

d. Todas las condenas serán actualizadas conforme a la evolución del índice de precios al consumidor.

e. Intereses aumentados con la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor.

f. Sírvase condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

Tercera

La Nación dará cumplimiento a la sentencia dentro de los 30 días siguientes a su ejecutoria (resaltado del texto; fls. 6-8, cdno. 1).

3. Como fundamento de sus pretensiones, sostuvo la parte actora que para la fecha de los hechos el demandante Marco Fidel Barrios Sanabria se encontraba adscrito al servicio de la Policía Nacional laborando como patrullero en el Comando de Policía Guainía, en la ciudad de Puerto Inírida, con un salario mensual de seiscientos mil pesos ($600 000).

4. El 6 de febrero de 1999, a las 5:45 p.m., mientras se realizaban prácticas de lanzamiento de granadas de fusil, al patrullero Duván Fajardo Bohórquez le explotó la granada en el arma, ocasionando graves lesiones al ahora demandante Barrios Sanabria, quien como resultado perdió en un 100% su capacidad laboral.

5. Las investigaciones internas realizadas por la Policía Nacional determinaron que el accidente se produjo por el defectuoso estado en el que se encontraba la granada, situación predicable de buena parte del armamento del comando de policía.

- Proceso 2000-0266

6. El 1º de agosto del 2000, los señores Duván Fajardo Bohórquez y Yundi Patricia Niño Pérez, en nombre propio y en representación de su hijo menor CAFN; GFB, MSB, GFB y OLFB, presentaron demanda ante el Tribunal Administrativo del Meta (fls. 5-19, cdno. 2), a través de abogado, en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

Primera

La Nación (Ministerio de Defensa - Policía Nacional) es responsable administrativa y civilmente de todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales y por pérdida de goce fisiológico, ocasionados a los esposos Guillermo Fajardo Bautista y María Susana Bohórquez, a sus hijos G y OLFB; a los compañeros permanentes Duván Fajardo Bohórquez y Yundi Patricia Niño Pérez, y a su hijo menor de edad CAFN, los mayores vecinos de Guamal (Meta), con motivo de las graves lesiones corporales de que fue víctima el señor Duván Fajardo Bohórquez, quien es hijo de los dos primeros, hermano de los siguientes, compañero permanente de Yundi Patricia y padre del menor, en hechos sucedidos el día 6 de febrero de 1999 en Puerto Inírida (Guainía), al estallársele una granada de fusil por mal funcionamiento de la misma, en una evidente, presunta y probada falla en el servicio atribuible a esa institución, que le causó al patrullero Duván Fajardo Bohórquez una merma permanente en su capacidad laboral del 100% e igual al porcentaje de pérdida de goce fisiológico.

Segunda

Condénase a la Nación (Ministerio de Defensa – Policía Nacional), a pagar a los esposos Guillermo Fajardo Bautista Y María Susana Bohórquez, a sus hijos G y OLFB; a los compañeros permanentes Duván Fajardo Bohórquez y Yundi Patricia Niño Pérez, y a su hijo menor de edad CAFN, los mayores vecinos de Guamal (Meta), por intermedio de su apoderado, todos los daños y perjuicios tanto morales como materiales y por pérdida de goce fisiológico, que se les ocasionaron con las graves lesiones sufridas por su hijo, hermano, compañero y padre, señor Duván Fajardo Bohórquez conforme a la siguiente liquidación o la que se demostrase en el proceso, así:

a. Trescientos millones de pesos ($ 300.000.000), por concepto de lucro cesante que se liquidarán directamente a favor del propio ofendido e incapacitado, señor Duván Fajardo Bohórquez, correspondientes a las sumas que el lesionado ha dejado y dejará de producir en razón de la grave merma laboral que le aqueja y por todo el resto posible de vida que le queda, en la actividad económica a que se dedica (patrullero de la Policía Nacional), habida cuenta de su edad al momento del insuceso (22 años), y a la Esperanza de vida calculada conforme a las tablas de mortalidad aprobadas por la Superintendencia Bancaria, suma que será incrementada en un 30% por concepto de prestaciones sociales.

b. Daños y perjuicios patrimoniales directos o daño emergente, por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios, y en fin, todos los gastos que sobrevinieron y sobrevendrán en el futuro para lograr la recuperación t conservación de la salud de Duván Fajardo Bohórquez, que se estiman en la suma de treinta millones de pesos ($ 30.000.000).

c. El equivalente en pesos a 4000 gramos de oro, como indemnización especial a favor del propio lesionado Duván Fajardo Bohórquez, en razón de la pérdida total de su goce fisiológico, al quedar su cuerpo afectado de por vida, teniendo en cuenta que era una persona con todas sus capacidades y talentos para realizar una vida normal.

d. El equivalente en moneda nacional de 1.000 gramos de oro fino para cada uno de los demandantes por concepto de perjuicios morales o “pretium doloris”, consistentes en el profundo trauma psíquico que produce el hecho de saberse víctima de un acto arbitrario nacido de la falta de responsabilidad de la administración, en aplicación del artículo 106 del Código Penal, máxime cuando el hecho es atribuible a la Policía Nacional, entidad que tiene el deber constitucional de velar por la vida de los asociados y con él se ha causado grave perjuicio a la salud de un ser querido, como lo es un hijo, un hermano y un compañero y un padre.

d. Todas las condenas serán actualizadas conforme a la evolución del índice de precios al consumidor.

e. Intereses aumentados con la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor.

f. Sírvase condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

Tercera

La Nación dará cumplimiento a la sentencia dentro de los 30 días siguientes a su ejecutoria (resaltado del texto; fls. 6-8, cdno. 2).

7. Como hechos de la demanda la parte actora indicó que para el año de 1999, el señor Duván Fajardo Bohórquez laboraba como patrullero de la Policía Nacional en el Comando de Policía Guainía, en la ciudad de Puerto Inírida, devengando mensualmente la suma de seiscientos mil pesos ($600 000). Agregó que el 6 de febrero de 1999, a las 5:45 p.m., la unidad hacía prácticas de lanzamiento de granadas de fusil en el polígono del comando. Cuando le tocó el turno, “(…) la granada de fusil que le tocó lanzar, no se disparó, sino que hizo explosión si (sic) despegarse del arma, produciendo graves lesiones corporales al mencionado patrullero” y causándole una pérdida de su capacidad laboral del 100%.

II. Trámite procesal

8. Comoquiera que el sub lite se compone de dos procesos acumulados, se describirán las actuaciones procesales desarrolladas en los mismos de manera separada, antes de que se decretara la correspondiente acumulación.

9. En el proceso radicado con el número 2000-0265, el Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto del 22 de septiembre del 2000, admitió el libelo introductorio (fls. 27-28, cdno. 1). Posteriormente, una vez notificada de la anterior providencia, mediante memorial allegado el 18 de enero de 2001, la Policía Nacional contestó la demanda y se opuso a la totalidad de sus pretensiones. Para el efecto manifestó lo siguiente: “[e]l hecho que fundamenta la presente acción contencioso administrativa, de manera alguna permite concluir que la Administración sea responsable por falla en la prestación del servicio que en el artículo 218 de la Carta fija a la Policía nacional, por el contrario dentro de esta obligación de medio (no de fin) y de acuerdo con los recursos humanos y técnicos con que cuenta nuestra Nación se impartieron instrucciones para prevenir cualquier hecho lamentable” (fls. 37-38, cdno. 1).

10. Por su parte, en el proceso radicado bajo el número 2000-0266, mediante auto de 28 de septiembre del 2000, el Tribunal del Meta inadmitió la demanda, comoquiera que los demandantes habían omitido allegar las copias necesarias para notificar a uno de los demandados, de conformidad con lo previsto en el artículo 139 del C.C.A. (fls. 36-37, cdno. 2). Una vez subsanado dicho yerro, a través de providencia del 7 de noviembre del mismo año, el a quo admitió la demanda y ordenó que se notificara a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional, entidad que contestó el escrito inicial en idénticos términos a los ya expuestos para el proceso 2000-0265 (fls. 49-51, cdno. 2).

11. El 2 de diciembre de 2003, por solicitud del apoderado de los demandantes de ambos procesos, el a quo resolvió acumular el expediente con el número de radicado 2000-0266 al expediente identificado con el número 2000-0265, tras advertir que ambos se tramitaban por la vía ordinaria, que provenían de la misma causa y que las pretensiones incoadas no se excluían entre sí (fls. 194-196, cdno. 1).

12. Tras haberse corrido el término de traslado para alegar de conclusión en primera instancia, la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional solicitó que se negaran las súplicas de la demanda. Para el efecto, adujo que el asunto debía examinarse desde el título de imputación de la falla probada de servicio, comoquiera que el armamento que causó las lesiones fue activado de forma intencional en el entrenamiento. Así mismo, indicó que el daño se produjo por la configuración de “(…) una fuerza mayor, imposible de prever por parte de la institución, ya que esta compra el material de guerra no lo fabrica y confiando en su buena calidad lo utiliza, bien sea para usarlo en combate o para entrenar a sus hombres”. Finalmente, aseguró que los patrulleros lesionados no quedaron desamparados económicamente, habida cuenta de que les fue otorgada una pensión, de conformidad con lo previsto por el artículo 65 del Decreto 1091 de 1995.

13. Surtido el trámite de rigor, y practicadas las pruebas decretadas, el Tribunal Administrativo del Meta dictó sentencia el 17 de octubre de 2006, y resolvió lo siguiente:

1. Declarar administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de los daños y perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de las lesiones causadas el 6 de febrero de 1999 a los uniformados Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajardo Bohórquez, según hechos ocurridos en el Municipio de Inírida (Guainía).

2. Como consecuencia de lo anterior, condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de los demandantes Marco Fiel Barrios Sanabria (sic) como lesionado la cantidad de 80 SMLM; para Rosalba Sanabria Cuéllar en calidad de madre la cantidad de 50 SMLM; paraVíctor Alfonso Sanabria Cuéllar, Germán Humberto Sanabria Cuéllar, Alejandro Onorio Barrios Sanabria, Martha Isabel Barrios Sanabria y María Cristina Barrios Sanabria en calidad de hermanos la cantidad de 30 SMLM para cada uno; así como para Duván Fajardo Bohórquez, en calidad de compañera permanente del lesionado el equivalente a 30 SMLM

A favor de los demandantes Duván Fajardo Bohórquez como lesionado, la cantidad de 80 SMLM; para GFB y MSB en calidad de padres la cantidad de 50 SMLM para cada uno; para OGFB y GFB la cantidad de 30 SMLM para cada uno de ellos en calidad de hermanos; para YPNP la cantidad de 30 SMLM en calidad de compañera; y para el menor CAFN la cantidad de 30 SMLM, como hijo de lesionado.

3. Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional a pagar por concepto de daño a la vida de relación padecida por Marcos Fidel Barrios Sanabria la cantidad de 100 SMLM y para DFB, la cantidad de 80 SMLM para cada uno de ellos.

4. Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales las siguientes sumas de dinero:

Para Marcos Fidel Barrios Sanabria, la suma de cuatrocientos cincuenta y siete millones suiscientos (sic) cuarenta y seis mil y quinientos ochenta y cuatro ($457’646.584).

Para Duván Fajartdo (sic) Bohórquez la suma de cuatrocientos cuarenta y cuatro millones seiscientos treinta y cinco mil cero ochenta y uno ($444’635.081).

5. Dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. (fls. 222-247, cdno. ppal.).

14. Empezó el a-quo por precisar que el régimen de imputación que el título de imputación que había lugar a aplicar era el de falla del servicio, por la omisión en el cumplimiento de los deberes de las Fuerzas Armadas de la Nación, la cual se configuró en el caso concreto, de conformidad con las pruebas recaudadas, por “(…) haber manipulado material de guerra con desperfectos letales que les ocasionaron los daños ya analizados”. Así mismo, consideró que en el presente caso no se configuró un caso de fuerza mayor, habida cuenta de que dicho eximente de responsabilidad es un “suceso de origen externo a la situación que se analiza, imprevisible e irresistible que le impide a la administración ejecutar su misión [y que en el presente caso de] ninguna manera es factible aceptar que este sea un factor externo (…), comoquiera que los desperfectos que hubieren en el material de guerra no se pueden atribuir más que a una administración deficiente, ya porque equivocó su adquisición, almacenó incorrectamente, no controló la calidad de las mismas, u otras circunstancias originadas en una reprochable administración que desembocan en esta absurda tragedia; esas situaciones eran previsibles y no es pertinente calificarlas de imposibles de resistir”.

15. En consecuencia, el a quo accedió a condenar a la entidad demandada por los perjuicios morales causados a los demandantes en los montos referidos en los párrafos precedentes. Así mismo, respecto de los perjuicios causados a las víctimas directas por concepto de afectación a la vida de relación, reconoció a favor del demandante Marcos Fidel Barrios Sanabria la suma de 100 salarios mínimos mensuales y a favor del demandante Duván Fajardo Bohórquez la suma de 80 salarios mínimos mensuales, atendiendo a las afectaciones que sufrió cada uno de ellos por el accidente. Finalmente, en lo que atañe a los perjuicios materiales causados, reconoció aquellos producidos por concepto del lucro cesante mientras que negó lo solicitado en materia de daño emergente, “(…) como quiera que no se acreditó en el plenario los gastos que se dice incurrieron los lesionados como consecuencia de los lamentables hechos y en virtud de la atención médica prestada”.

16. Contra la sentencia de primera instancia los demandantes interpusieron recurso de apelación el 3 de noviembre de 2006 y lo sustentaron el 2 de febrero de 2007, con el fin de que fuera modificada (fls. 249, 257-275, cdno. ppal.). En el escrito, solicitaron que se aumentara lo reconocido por concepto de perjuicio moral, concediéndole a los demandantes Marcos Fidel Barrios Sanabria, Rosalba Sanabria Cuéllar, Diana Milena Uyasan Mojica, Duván Fajardo Bohórquez, Guillermo Fajardo Bautista, María Susana Bohórquez, Yundi Patricia Niño Pérez y Camilo Andrés Fajardo Bohórquez la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de ellos y a los demandantes Víctor Alfonso Sanabria Cuéllar, Germán Humberto Sanabria Cuéllar, Alejandro Honorio Barrios Sanabria, Martha Isabel Barrios Sanabria y María Cristina Barrios Sanabria, Olga Lucía Fajardo Bohórquez y Guillermo Fajardo Bohórquez la suma de 50 salarios mínimos.

17. Al respecto, indicaron que la merma en la capacidad laboral que sufrieron las víctimas directas fue de tal magnitud que los colocó en un estado de invalidez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993. En esas circunstancias, aseguraron que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado la indemnización debía ser la máxima reconocida, equivalente a aquella concedida en los eventos de muerte imputable a la administración.

18. Igualmente, solicitaron que se aumentaran los perjuicios reconocidos en el numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de fijar los otorgados por el daño en la vida de relación que sufrieron Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajardo Bohórquez, en la suma de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos. Los demandantes justificaron su petición en el hecho de que la disminución en la capacidad laboral que sufrieron las víctimas directas ascendió al 91,25% y 77,60%, respectivamente, encontrándose “(…) en un estado de postración y merma evidente en el disfrute normal de su existencia, y los inhabilita para actividades deportivas y diversión, como el futbol, el baile, etc.”.

19. De otro lado, pidieron que se aumentaran los perjuicios materiales reconocidos, en la modalidad de lucro cesante, hasta las sumas de $585 678 280 a favor de Marcos Fidel Barrios Sanabria y $590 848 462 a favor de Duván Fajardo Bohórquez, comoquiera que el a quo al momento de liquidar no tuvo en cuenta las prestaciones sociales que recibían los demandantes, agregado que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado amerita un aumento del 25% en el ingreso base de liquidación.

20. A su vez, mediante escrito allegado el 3 de noviembre de 2009 la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional interpuso recurso de apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia, el cual fue sustentado el 5 de marzo de 2007 (fls. 248, 282-285, cdno. ppal.). Sobre el particular, la entidad demandada manifestó que se estaba ante un caso fortuito comoquiera que la Policía Nacional no fabricaba el armamento sino que se limitaba a su compra, presumiendo su calidad y buen funcionamiento. Igualmente, aseguró que no había lugar a conceder perjuicios materiales comoquiera que los patrulleros ya habían recibido una indemnización y una pensión vitalicia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1796 del 2000.

21. En la oportunidad para alegar de conclusión en segunda instancia, la parte demandada reiteró los argumentos expuestos en otros momentos procesales (fls. 290-291, cdno. ppal.). De otro lado, durante el término previsto para el efecto el agente del Ministerio Público solicitó que se le corriera traslado especial y el 28 de junio de 2007 rindió concepto en el cual solicitó confirmar la decisión de primera instancia (fls. 301-349, cdno. ppal.).

22. El procurador delegado consideró que en el presente caso había lugar a hacer uso de un título de imputación de carácter objetivo, por riesgo excepcional, comoquiera que el daño se produjo con ocasión del ejercicio de una actividad peligrosa. En ese entendido, empezó por precisar que el daño se produjo por causa y razón del servicio, teniendo en cuenta que este devino de la explosión de una granada “(…) mientras adelantaban una labor de reentrenamiento bajo la orientación y supervisión de instructores del Comando de Operaciones Especiales COPES”. Así las cosas, adujo que para efectos de determinar la responsabilidad de la entidad demandada no es necesario entrar en cuestionamientos respecto del estado del armamento o el comportamiento de las víctimas directas, habida cuenta de que el “(…) resultado devino de una actividad peligrosa, sin que la demandada demostrara causal alguna de exoneración”.

23. De otra parte, consideró que la Policía Nacional no acreditó que el hecho fuera irresistible e imprevisible, pues por el contrario es claro que el daño era evitable con una adecuada revisión del armamento, sin que éste escape de la órbita de control de la administración. Igualmente, afirmó que el riesgo que se concretó en el presente caso no se trata de uno inherente al servicio que asuman los afectados directos, comoquiera que ese se refiere, únicamente, a aquellos referentes a la defensa de la soberanía nacional y de los bienes jurídicos tutelados por el Estado.

24. Por último, en lo que atañe a las solicitudes de los demandantes, indicó que no podían equipararse los perjuicios sufridos con ocasión de la muerte, que aquellos causados por unas lesiones que aunque graves, no impiden continuar con una vida en términos generales aceptables. Finalmente, consideró que debía negarse el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, habida cuenta de que los demandantes ya contaban con una pensión mensual de invalidez y que se les había reconocido sendos pagos, no necesariamente prestacionales, que debían descontarse de la indemnización otorgada.

Consideraciones

I. Competencia

25. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la una de las demandas(1), determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para el efecto(2).

II. Validez de los medios de prueba

26. En relación con la totalidad de pruebas obrantes en el presente asunto, cabe destacar lo siguiente:

27. Respecto de la investigación disciplinaria interna y los procesos prestacionales adelantados por la Policía Nacional, cabe recordar que el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo señalado en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

28. Conforme a lo anterior, es posible valorar las pruebas practicadas dentro de los procesos administrativos referidos, teniendo en cuenta que aquellos fueron adelantados por la misma entidad demandada, circunstancia por la cual aquellas se surtieron con su audiencia.

29. De otro lado, obran en el expediente en copia simple algunos documentos aportados por los demandantes para que fuesen tenidos como pruebas en el presente asunto. Al respecto, advierte la Sala que si bien con anterioridad se había considerado que las copias solo podían ser valoradas como si fuesen originales cuando fueran autorizadas por el funcionario público competente, previa orden del juez, o cuando estuviesen autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada, de conformidad con lo establecido por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, recientemente la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambió su posición en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, y dispuso que es procedente la valoración de los documentos aportados en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos, en los siguientes términos:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(...).

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

(...).

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v. gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v. gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho) (...).

En otros términos, la hermenéutica contenida en esta sentencia privilegia —en los procesos ordinarios— la buena fe y el principio de confianza que debe existir entre los sujetos procesales, máxime si uno de los extremos es la administración pública.

Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo— es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes (...)(3).

30. Así las cosas, de conformidad con la providencia referida, es posible valorar los documentos aportados en copia simple por los demandantes, para efectos de verificar los supuestos fácticos del caso, teniendo en cuenta que la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional en ningún momento se pronunció al respecto, controvirtiéndolos.

III. Hechos probados

31. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo acumulado, valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

32. Para febrero de 1999 los señores Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajardo Bohórquez se desempeñaban como patrulleros de la Policía Nacional, en el Departamento de Policía del Guainía, con una asignación mensual de novecientos treinta y un mil quinientos noventa y nueve pesos ($ 931.599) y novecientos un mil quinientos noventa y nueve pesos ($ 901.599), respectivamente (certificados expedidos por la Tesorería General de la Dirección Financiera de la Policía Nacional, fls. 83-84, cdno. 2).

33. El 30 de enero de 1999, el Departamento de Policía de Guainía dictó la orden de servicios 1, por virtud de la cual dispuso que un personal del Comando de Operaciones Especiales, COPES, reentrenaran a todos los efectivos de la unidad en técnicas de combate, emboscada, contraemboscada, aproximación, defensa de instalaciones y preparación física. Entre las instrucciones realizadas comisionó al jefe de armamento para que verificara “(...) que el material de guerra a utilizar en la práctica no presenten desperfectos visibles que puedan ocasionar alguna lesión o accidente a quien las va a manipular” (copia de la orden de servicios 1 expedida por el comandante del Departamento de Policía de Guainía, fls. 23-28, cdno. 3).

34. Como consecuencia de la anterior orden, el 6 de febrero de 1999, aproximadamente a las 05:45 p.m., los efectivos de la unidad se encontraban en el polígono realizando prácticas de lanzamiento de fusil APBT. Cuando fue el turno del patrullero Duván Fajardo Bohórquez, este procedió a disparar el fusil galil 7,62 Nº 8-1950111, activándose la granada antes de que saliera de la trompetilla del fusil, provocando una explosión que lo hirió a él y a otros policías cercanos, entre ellos al también demandante Marcos Fidel Barrios Sanabria (copia del informe de novedad suscrito por el oficial instructor COPES, fls. 25-26, cdno. 2; copia del informe el comandante del Departamento de Policía de Guainía, fls. 2-3, cdno. 4; testimonios rendidos dentro del proceso disciplinario interno de la Policía Nacional por los señores Norbey Ruiz Jiménez(4), Luis Fernando Silva Bonilla(5), Héctor Fabián Prieto, Jorge Albeiro Herrera Osorio, Franklin Montilla Rodríguez(6), Julio César Morea Lozada y Mariano Rico Sarta, fls. 95-99, 102-103, cdno. 3).

35. Como consecuencia de la explosión, los agentes de policía heridos fueron conducidos al hospital departamental del Guainía Manuel Elkin Patarroyo, donde se les brindaron los primeros auxilios, y posteriormente fueron remitidos a la Unidad Hospitalaria Nivel III de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, donde recibieron tratamiento por las lesiones que se sintetizan así (copia de la historia clínica de los patrulleros Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajardo Bohórquez, fls. 66-78, cdno. 1, fls. 90-107, cdno. 2; informes expedidos por el coordinador de datos clínicos de la Unidad Hospitalaria Nivel III de la Policía Nacional, identificados con las siguientes siglas: HOCEM.BIO.EST/447 Nº 602 y 0891, fls. 62, 68-69, cdno. 3):

— Marco Fidel Barrios Sanabria:

Al examen físico se encontró consciente orientado, presentaba estallido de globo ocular izquierdo y herida en el tercio proximal de la pierna izquierda. Valorado por oftalmología se llevó a cirugía y se realizó exploración de globo ocular, sutura de herida esclerar y cornial, lavado de cámara anterior más reposición de uvea. Nota. El paciente se negó a ennucleación de ojo izquierdo (fl. 62, cdno. 3).

— Duván Fajardo Bohórquez:

Al examen físico de ingreso se encontró hemodinámicamente estable, presenta heridas puntiformes en brazo izquierdo y miembros inferiores, sin signos de infección, presentaba en muslo y rodilla izquierda heridas de aproximadamente 2 y 4 cm, limpias de bordes irregulares, con herniaciones musculares sin exudados (...). Valorado por Ortopedia se hizo diagnóstico de fractura de tercio medio de tibia derecha, a la cual se le decidió dar el tratamiento ortopédic (sic). Valorado por Otorrinolaringología por presentar tinnitus bilateral, hipoacusia y otalgia bilateral, se encontró perforación timpánica bilateral (...). Reingresa por urgencias el 110299 por cuadro de fiebre diaforesis y dificultad respiratoria grave. Se tomaron RX de tórax que mostró infiltrados intersticiales basales bilaterales (...). Acusó disminución de la agudeza visula (sic) por ojo izquierdo, por lo que fue valorado por Oftalmología, se encontró cristalino subluxado, con opacidad subcapilar anterior, se consideró como secuelas en trauma de ojo izquierdo (...). Valorado por otorrinolaringología el 060499 se hizo diagnóstico de perforación timpánica bilateral traumática: 70% oído derecho 80% oído izquierdo (...)” (fl. 68, cdno. 3).

36. Con ocasión de los hechos referidos, el 10 u 11 de febrero de 1999(7), a las dependencias de la Policía acudió el señor Andre Wagener, representante de la empresa Swartkiip, la cual provee a la fuerza pública de Colombia de granadas de fusil, quien conceptuó que varias de las granadas de fusil APBT del lote 4/92, que estaban guardadas en el almacén de armamento y en custodia de los agentes como armas de dotación, se encontraban defectuosas, sugiriendo su destrucción controlada (copia del informe suscrito por el comandante del Departamento de Policía del Guainía dirigido al director operativo de la Policía Nacional, fls. 27, cdno. 2; copia del acta de la inspección y revista física(8), fls. 88-90, cdno. 1).

37. El 24 de marzo de 2001, la Junta Médico-Laboral de la Policía, con base en distintos exámenes realizados al patrullero Marcos Fidel Barrios Sanabria, determinó que había disminuido el 91,25% de su capacidad laboral como consecuencia de la pérdida total funcional y anatómica del ojo izquierdo con deformación orbitaria permanente y la hipoacusia neurosensorial lateral leve que sufrió en ambos oídos (copia del acta de la Junta Médica-Laboral de la Policía, fls. 50-51, cdno. 1).

38. De igual forma, el 28 de septiembre de 2002, la Junta Médico-Laboral de la Policía estudió las lesiones padecidas por el patrullero Duván Fajardo Bohórquez, con ocasión de los hechos referidos, y concluyó que sufrió una disminución en su capacidad laboral del 77,60%, por presentar una pérdida funcional del ojo izquierdo, una hipoacusia mixta moderada en el oído derecho, una hipoacusia leve en el oído izquierdo y una perforación del tímpano del oído derecho, además de cicatrices moderadamente deformantes en las extremidades (copia del acta de la Junta Médica-Laboral de la Policía, fls. 74-76, cdno. 2).

39. La señora Rosaba Sanabria Cuellar es la madre del señor Marcos Fidel Barrios Sanabria, los señores Martha Isabel Barrios Sanabria, María Cristina Barrios Sanabria, Alejandro Onorio Barrios Sanabria, Víctor Alfonso Sanabria Cuéllar y Germán Humberto Sanabria Cuéllar son sus hermanos y la señora Diana Milena Uyasan Mojica su compañera permanente (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento o certificados de los mismos, fls. 20-26, cdno. 1; testimonios rendidos por las señoras Carmen Julia Varilla(9) y Abigail Gutiérrez de Cruz, fls. 128-129, cdno. 1).

40. De igual modo, los señores María Susana Bohórquez Castañeda y Guillermo Fajardo Bautista son padres de Duván Fajardo Bohórquez, el menor Camilo Andrés Fajardo Niño su hijo, los señores Olga Lucía Fajardo Bohórquez y Guillermo Fajardo Bohórquez sus hermanos y la señora Yudi Patricia Niño Pérez su compañera permanente (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento o certificados de los mismos, fls. 21-24, cdno. 2; testimonios rendidos por los señores Pedro Antonio Barbosa Pardo(10) y Luis Ernesto Castiblanco Moya, fls. 172-173, cdno. 2).

III. Problema jurídico

41. A la Sala le corresponde determinar si el daño demandado, consistente en las lesiones sufridas por los señores Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajardo Bohórquez, con ocasión de la explosión de una granada, se produjo como consecuencia de la configuración de una falla del servicio de la Policía Nacional, o si, por el contrario, dicho daño no le es imputable a la entidad habida cuenta de que se presentó un caso fortuito por defectos de fabricación del explosivo. De otro lado, en caso de que se determine la responsabilidad de la entidad, se debe establecer si la liquidación de perjuicios realizada por el tribunal a quo se adecúa a los parámetros jurisprudenciales establecidos por el Consejo de Estado.

IV. Análisis de la Sala

42. En cuanto a la existencia del daño invocado por la parte demandante, se encuentra debidamente acreditado que los señores Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajardo Bohórquez resultaron severamente lesionados el 6 de febrero de 1999, en las instalaciones del Departamento de Policía de Guainía, por cuenta de la explosión de una granada, circunstancia que les produjo una pérdida en su capacidad laboral del 91,25% y 77,60%, respectivamente.

43. De otro lado, respecto del título de imputación, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la afectación de los derechos a la integridad personal de los agentes de la fuerza pública profesionales constituye un riesgo propio de la actividad que los mismos ordinariamente despliegan, riesgo que se concreta, por vía de ejemplo, en los eventos en los cuales tiene lugar el deceso o la ocurrencia de lesiones como consecuencia de combates, emboscadas, ataques de grupos subversivos, desarrollo de operaciones de inteligencia, entre otras actuaciones realizadas en cumplimiento de operaciones o de misiones orientadas a la consecución de los fines que constitucional y legalmente concierne perseguir a la fuerza pública(11).

44. De allí que cuando dichos riesgos se deriven en un daño, en principio no resulta jurídicamente viable atribuirle al Estado responsabilidad extracontractual alguna en sede judicial, salvo en aquellos casos en los cuales se demuestre que la lesión o la muerte provengan del acaecimiento de una falla en el servicio o, de la materialización de un riesgo excepcional al cual se hubiere visto sometido el agente afectado, el cual deber ser de mayor entidad a aquel al que se encontraban expuestos sus demás compañeros(12).

45. Conforme a lo anterior, hay eventos en los cuales el daño antijurídico cuya reparación se reclama consiste en las lesiones o la muerte de un miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del DAS o de cualquier organismo similar, pero debe tenerse en cuenta que dichas entidades tienen como común denominador, el elevado nivel de riesgo para la integridad personal de los agentes que despliegan las respectivas actividades operativas, de inteligencia o, en general, de restauración y mantenimiento del orden público o de defensa de la soberanía estatal. Es así como las funciones mencionadas obligan por su propia naturaleza, a afrontar situaciones de alta peligrosidad, entre ellas el eventual enfrentamiento con la delincuencia de la más diversa índole o la utilización de armas de dotación oficial.

46. Por tal razón, el legislador se ha ocupado de establecer un régimen prestacional de naturaleza especial que reconoce esa circunstancia connatural de las actividades que deben desarrollar los referidos servidores públicos, quienes, en consecuencia, se hallan amparados por una normatividad que en dicha materia y en protección de riesgos, habitualmente consagra garantías, derechos y prestaciones que superan las previstas en las normas aplicables a la generalidad de los servidores del Estado.

47. Con fundamento en lo expuesto, se ha considerado que en la medida en la cual una persona ingresa libremente a una de las mencionadas instituciones con el propósito de desplegar dicha clase de actuaciones riesgosas para su vida e integridad personal, está aceptando la posibilidad de que sobrevengan tales eventualidades y las asume como una característica propia de las funciones que se apresta a cumplir, de manera que cuando alguno de los riesgos propios del servicio se concreta, surge el derecho al reconocimiento de las prestaciones y de los beneficios previstos en el régimen laboral especial, sin que en principio resulte posible deducir responsabilidad adicional al Estado por razón de la producción de los consecuentes daños, a menos que se demuestre que los mismos hubieren sido causados, según se indicó, por una falla del servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional en comparación con aquel que debieron enfrentar sus demás compañeros de armas.

48. De esta manera, es claro que en principio, los títulos de imputación que resultarían procedentes para atribuirle a la entidad demandada el daño sufrido por los demandantes sería la falla del servicio o, el riesgo excepcional —únicamente si se configura el rompimiento de las cargas públicas en relación con sus iguales, es decir, que la víctima, como funcionario de un órgano que tiene en su naturaleza el desarrollo de actividades de alta peligrosidad, hubiera asumido un riesgo mayor al que fueron sometidos sus pares o iguales—, teniendo en cuenta que es posible el análisis de cualquiera de los títulos para atribuir el daño, comoquiera que no son excluyentes(13).

49. Con todo, conviene precisar que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su motivación(14).

50. En consecuencia, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

51. Para el caso concreto, advierte el despacho que los demandantes Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajardo Bohórquez se desempeñaban como patrulleros de la Policía Nacional para el momento de los hechos, siendo por tanto agentes que voluntariamente decidieron asumir el riesgo que entraña dicha actividad laboral. En ese contexto, se estudiará si la administración incurrió en una falla del servicio determinante para la producción del daño antijurídico referido.

52. Al respecto, se advierte que de conformidad con el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia(15) y el artículo 19 de la Ley 62 de 1993(16) la Policía Nacional está instituida para proteger la vida y la integridad de los todas las personas residentes en Colombia. Ahora bien, dicho deber de cuidado no se predica solamente respecto de particulares, sino que, como es apenas natural, comprende también la protección de sus propios agentes.

53. Por eso motivo, la Policía Nacional está obligada a tomar todas las precauciones del caso para evitar que estos sufran daños innecesarios, distintos de aquellos que asumen con ocasión de la prestación del servicio. Particularmente, en materia de manejo de explosivos, como las granadas de fragmentación, el cuidado que debe tener la entidad en el manejo, guarda y uso de los mismos es particularmente alto debido a la peligrosidad que su uso entraña.  

54. En el sub examine, se encuentra que el daño que sufrieron los demandantes se produjo con ocasión de la explosión de una granada durante un entrenamiento militar, sin que para la Sala quepa duda que dicho accidente se produjo por un desperfecto del explosivo, circunstancias que a todas luces constituye un incumplimiento de los deberes de la entidad demandada, comoquiera que esta está obligada a proveer a sus agentes con elementos cuyo uso sea seguro, máxime si se trata de armas de guerra de uso privativo de la fuerza pública, en aras de cumplir con la obligación general de protección ya señalada con anterioridad. 

55. En efecto, de conformidad con las pruebas aportadas al plenario se acreditó que con ocasión del siniestro se realizó una inspección de las granadas guardadas en el almacén del Comando de Policía de Guainía por un experto en la materia, quien a pesar de no poder determinar si la causa de la explosión de la granada fuera el mal estado en que se encontraba, habida cuenta de que esta quedó destruida y no pudo ser estudiada, sí permitió establecer que 13 de las granadas del mismo lote presentaban desperfectos que hacía peligrosa su manipulación, circunstancia que a todas luces permite inferir haciendo uso de las reglas de la experiencia que había una muy alta probabilidad de que la granada disparada fuera alguna de las que presentaba defectos, aunado al hecho de que estas tenían cerca de 7 años de haber sido adquiridas.

56. Si bien dicha prueba documental también refiere que en términos generales la conservación de las demás granadas era buena, a comparación del que mantenían otras unidades policiales y militares, lo cierto es que en tratándose de objetos que son especialmente peligrosos, como se ha recalcado ya, no basta con un cuidado mediano, sino que es preciso que este se extreme, sin que sea justificable la presencia siquiera de un explosivo en precarias condiciones, teniendo en cuenta, por lo demás, que esa falencia no se puede justificar por el hecho de que existan unidades de policía que sobre el particular observen una falta de cuidado mayor.

57. Adicionalmente, advierte la Sala que de las pruebas recaudadas no se vislumbra alguna otra circunstancia distinta de un desperfecto en el explosivo que pudiera ocasionar su detonación, considerando que la actuación del patrullero Fajardo Bohórquez, quien la disparó, en ningún momento fue reprochada, toda vez que, por el contrario, esta se desarrolló con base en la orientación y bajo la vigilancia de los instructores del Comando de Operaciones Especiales, COPES, —ver párrafos 23 y 24—.

58. Así las cosas, fuerza concluir que el siniestro se produjo por un desperfecto del explosivo, evento que constituye una falla de servicio en la que incurrió la entidad, teniendo en cuenta que en la orden de servicio que decretó el entrenamiento se requirió que el material de guerra a utilizar no presentara desperfectos visibles que pueda ocasionar alguna lesión o accidente, disposición que evidentemente no se cumplió.

59. En cuanto al nexo causal entre la falla referida y el daño que fue causado a los actores, para la Sala resulta claro que esta constituye una causa próxima y directa del daño, en la medida en que aquel no se habría producido de no haber estado en malas condiciones el explosivo usado en la práctica del polígono.

60. Ahora bien, aduce la demandada en el recurso de apelación presentado que en el asunto bajo examen se presentó un caso fortuito, pues teniendo en cuenta que el daño se produjo por un desperfecto de la granada, había que considerar que la Policía Nacional era ajena a la fabricación del mismo, pues se limitaba a comprar el armamento presumiendo su calidad y buen funcionamiento.

61. Sobre el particular, se debe recordar que la jurisprudencia de esta Sección ha entendido conveniente separar los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito —apartándose de una interpretación literal del art. 64 del C.C.—, con fundamento en un criterio de origen de los mismos, otorgándole la naturaleza de causa extraña exclusivamente al primero(17). En efecto, la Sala ha concluido que los casos fortuitos, como circunstancias internas de la actuación de la administración, no constituyen en una causa extraña con la potencialidad de romper el nexo de causalidad y por lo tanto de exonerar de responsabilidad. De esta manera, se ha señalado:

Además, se precisa que en cualquier régimen de responsabilidad de que se trate, la fuerza mayor exonera de responsabilidad, a diferencia del caso fortuito, que no exonera en todos los casos de la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que resulta relevante recabar sobre la distinción que en la jurisprudencia de la jurisdicción se ha adoptado sobre esos dos conceptos.

La fuerza mayor y el caso fortuito como eximentes de responsabilidad se identifican en el derecho privado, mientras que el administrativo les tiene demarcado sus efectos, y ello hace que no se refiera a estas dos hipótesis indistintamente. Esta diferencia la explica la doctrina nacional, con apoyo en la doctrina francesa así:

(...).

Finalmente, la Sala adoptó el criterio, que hoy se reitera, de que la nota distintiva entre la fuerza mayor y el caso fortuito con el propósito de determinar si constituyen eximentes de la responsabilidad del Estado, radica en la posición que pueda señalarse al hecho en relación con la estructura de la actividad y así, en tanto que, para que haya fuerza mayor debe tratarse de un hecho externo a la actividad que desplegaba la entidad demandada en la situación concreta de la causación del daño, tratándose del caso fortuito ese hecho debe ser interno a la estructura o actividad de la Administración. La Sala ha considerado:

“Debe tenerse en cuenta, además, la distinción que la doctrina y la jurisprudencia han hecho entre la fuerza mayor y el caso fortuito, que, adquiere su mayor interés dentro del marco de la responsabilidad por riesgo excepcional. Se ha dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho del demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquel, y puede ser desconocido, permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño”(18) (19).

62. Pues bien, en efecto se encuentra que en el presente caso se está ante un caso fortuito, comoquiera que el hecho “imprevisible e irresistible”, reside en el explosivo mismo, el cual está dentro de la órbita de control de la administración. Así las cosas, el mismo no tiene la virtualidad de exonerar de responsabilidad a la administración.  

63. Ahora, incluso aunque se considerara que el caso fortuito sí exime de responsabilidad en tratándose de un título de imputación de falla de servicio, lo cierto es que, en cualquier caso, los efectos de la causa extraña podrían haber sido evitados o resistidos de haberse revisado con el detalle requerido el estado del material explosivo que iba a ser usado para la práctica. Lo anterior se puede colegir del hecho de que precisamente un estudio de este tipo realizado después de ocurrido el accidente permitió avizorar los defectos que escondían otras granadas guardadas en el almacén del Departamento de Policía del Guainía, inspección que de haberse practicado antes del siniestro probablemente pudiera haber evitado el acaecimiento del daño. 

64. Así las cosas, se procederá a declarar responsable a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, por los daños sufridos por los demandantes, para lo cual se procederá a liquidar los perjuicios que se encuentran acreditados en el plenario.

V. Liquidación de perjuicios

65. En ambas demandas presentadas, por concepto de perjuicios morales, se solicitó el equivalente a 1.000 gramos de oro puro a favor de cada uno de los demandantes, suma que, de conformidad con lo manifestado por esta Corporación(20) debe equipararse a 100 salarios mínimos legales mensuales. Sin embargo, el a quo concedió solamente 80 salarios mínimos legales mensuales para los afectados directos Marco Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajardo Bohórquez, 50 para los actores Rosalba Sanabria Cuéllar, Guillermo Fajardo Bautista y María Susana Bohórquez, y 30 para cada uno de los demás demandantes.

66. Dicha decisión fue reprochada por la parte actora, quien en el recurso de apelación presentado manifestó que los montos reconocidos no se compadecen con la gravedad de las lesiones que sufrieron las víctimas directas, las cuales les produjeron una pérdida de capacidad de tal magnitud que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, es equiparable a su muerte, motivo por el cual había que reconocer a favor de los demandantes los perjuicios que usualmente se confieren en dichos casos.

67. Sobre la forma en la que corresponde tasar la condena correspondiente al daño moral causado, ha señalado el Consejo de Estado que aquella se debe fijar en salarios mínimos, con base en los siguientes parámetros: (i) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “(...) la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (...)”(21); (ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias(22).

68. Para preservar dichos criterios y especialmente para garantizar el principio de igualdad entre quienes acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con pretensiones similares, recientemente, mediante sentencia de 27 de agosto de 2014, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció algunos criterios o baremos que deben ser tenidos en cuenta por el juzgador al momento de decidir el monto a indemnizar en razón de los perjuicios morales causados con ocasión de una lesión corporal, sin perjuicio de que puedan ser modificados cuando las circunstancias particulares del caso así lo exijan. Se dijo:

Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:

Gráfico 2
Reparación del daño moral en caso de lesiones
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Gravedad de la lesiónVíctima directa y relaciones conyugales y paterno-filialesRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)Relación afectiva del 3º consanguinidad o civilRelación afectiva del 4º de consanguinidad o civilRelaciones afectivas no familiares terceros -
damnificados
 SMLMSMLMSMLMSMLMSMLM
Igual o superior al 50%10050352515
Igual o superior al 40% e inferior 50%8040282012
Igual o superior al 30% e inferior 40%603021159
Igual o superior al 20% e inferior 30%402014106
Igual o superior al 10% e inferior 20%2010753
Igual o superior al 1% e inferior al 10%1053,52,51,5

Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que estas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.

La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%(23).

69. En el caso concreto, las heridas recibidas por el señor Marcos Fidel Barrios Sanabria le produjeron una pérdida del 91,25% de su capacidad laboral. Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Sala que como lo manifestó la parte demandante en el recurso de apelación presentado, hay lugar a aumentar los perjuicios morales causados al afectado directo a la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales.

70. Así mismo, teniendo en cuenta que como ha dicho esta Corporación(24) las reglas de la experiencia indican que mientras que los padres, cónyuges o compañeros permanentes sufren un dolor similar que el de la víctima, los parientes en el segundo grado sufren un dolor psicológico menor, se reconocerá 100 salarios para cada una de las señoras Rosalba Sanabria Cuéllar y Diana Milena Uyasan Mojica —madre y compañera permanente del lesionado— y la suma de 50 salarios mínimos legales para cada uno de los demandantes Martha Isabel Barrios Sanabria, María Cristina Barrios Sanabria, Alejandro Onorio Barrios Sanabria, Víctor Alfonso Sanabria Cuéllar y Germán Humberto Sanabria Cuéllar —hermanos del mismo—.

71. En cuanto al demandante Duván Fajardo Bohórquez, se tiene que con ocasión de los hechos acaecidos el 6 de febrero de 1999 perdió el 77,60% de capacidad laboral. Así las cosas, se le reconocerá la suma de 100 salarios mínimos, según lo expuesto anteriormente. Igualmente, se concederá a favor de cada uno de los demandantes María Susana Bohórquez Castañeda, Guillermo Fajardo Bautista, Camilo Andrés Fajardo Niño y Yudi Patricia Niño Pérez la suma de 100 salarios mínimos —padres, hijo y compañera permanente del lesionado— y la suma de 50 salarios mínimos para cada uno de los señores Olga Lucía Fajardo Bohórquez y Guillermo Fajardo Bohórquez —hermanos de la víctima directa—.

72. De otro lado, los demandantes Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajardo Bohórquez solicitaron que se les reconociera, por concepto de daño a la vida de relación, para cada uno el equivalente a 4.000 gramos de oro fino, habiendo reconocido el tribunal solo 100 salarios mínimos para el primero y 80 para el segundo, sumas que estos, en el recurso de alzada interpuesto, consideraron insuficiente.

73. Sobre el particular, la Sala considera pertinente aclarar que esta categoría de perjuicio inmaterial fue modificada a partir de la sentencia de Sección Tercera del 14 de septiembre de 2011, en la medida en que se adoptó el llamado daño a la salud, en los siguientes términos:

En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no solo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(25). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v. gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

(...).

Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”(26).

En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), solo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso —:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(27).

Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud(28).

74. Ahora bien, sobre la forma en la que debe ser tasado el daño a la salud, mediante providencia del 28 de agosto de 2014(29), la Sala Plena de la Sección Tercera estableció lo siguiente:

Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, exps. 19031 y 38222, proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que esté debidamente motivado(30).

Lo anterior, en ejercicio del arbitrio iudice, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida, para tal efecto se utilizarán —a modo de parangón— los siguientes parámetros o baremos:

GRAVEDAD DE LA LESIÓN

Víctima
Igual o superior al 50%100 SMMLV
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80 SMMLV
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60 SMMLV
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40 SMMLV
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20 SMMLV
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10 SMMLV

75. Para el caso concreto, teniendo en cuenta que como consecuencia de la explosión de la granada los demandantes perdieron más del 50% de su capacidad laboral, hay lugar a confirmar la condena impuesta por el tribunal de instancia por este concepto a favor del demandante Marcos Fidel Barrios Sanabria, de 100 salarios mínimos, y a aumentar el monto de la condena a favor del demandante Duván Fajardo Bohórquez a la misma suma, sin que se encuentre ningún motivo excepcional que justifique superar los topes indemnizatorios fijados por esta Corporación, como lo pretende la parte actora.

76. Finalmente, los demandantes directamente afectados Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajado Bohórquez solicitaron con la demanda que se les reconocieran los perjuicios materiales que sufrieron, en la modalidad de lucro cesante, a raíz de la pérdida de capacidad laboral que padecieron como consecuencia de la explosión de la granada de fragmentación. Si bien el a quo accedió a dichas pretensiones, en opinión de los actores no tuvo en cuenta que debía aumentar el salario base de liquidación en un 25%, con base en la presunción desarrollada por la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual es válido suponer que además del monto neto de la asignación mensual del trabajador, este recibía otros beneficios adicionales por concepto de las prestaciones sociales a las que tenía derecho, que equivalen a la suma descrita.

77. Así las cosas, debido a que se encuentra acreditada que la pérdida de capacidad laboral del señor Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajado Bohórquez fueron de un 91,25% y de un 77,60%, respectivamente, procederá la Sala a liquidar tanto el lucro cesante consolidado como el futuro, para cada uno de ellos, de conformidad con los baremos fijados por la jurisprudencia para este tipo de eventos.

78. En primer lugar, es preciso aclarar que si bien la Policía Nacional reconoció a favor de los referidos demandantes sendas indemnizaciones con ocasión de la disminución de su capacidad laboral, dicha circunstancia no resulta excluyente de la indemnización que se determine en el presente juicio de responsabilidad, por concepto del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante. Al respecto, la Sala ha mencionado que “[E]n efecto, cuando en el ordenamiento jurídico de manera previa se establecen una serie de compensaciones, reconocimientos patrimoniales y prestacionales especiales —que en derecho francés se han denominado “indemnización a forfait(31)— su reconocimiento es compatible con la indemnización a cargo de quien es encontrado responsable de un daño, por cuanto la causa jurídica de la primera es la ley y, la causa jurídica de la indemnización plena proveniente de la responsabilidad, es el daño mismo. En otras palabras, los dos beneficios: el a forfait y la prestación indemnizatoria a cargo del responsable del daño, tienen causas jurídicas distintas y por lo tanto no se excluyen entre sí”(32).

79. Ahora, en lo que respecta al salario base de liquidación, se advierte que, en efecto, como lo manifestaron los demandantes, esta Corporación ha establecido una presunción según la cual hay lugar a aumentar el monto del ingreso mensual de los demandantes en un 25%, incremento que corresponde a las prestaciones sociales que operan por disposición de ley. Sin embargo, dicha presunción solo opera en la medida en que no haya sido acreditado en el expediente una situación diferente, motivo por el cual no es dable aumentar dicho porcentaje automáticamente a todos los ingresos acreditados, con independencia de las circunstancias particulares de cada caso.

80. En el sub examine, la Sala no considera que se deban acrecentar en un 25% el salario básico de liquidación demandante, por las razones que se exponen a continuación:

81. En primer lugar, si se observan cuidadosamente los certificados expedidos por la tesorería general de la dirección administrativa y financiera, que obran a folios 83 y 84 del cuaderno 2, en los que consta el salario que devengaban los señores Barrios Sanabria y Fajardo Bohórquez, se encuentra que aquellos, además de consignar el sueldo básico de cada uno de ellos, por un valor de quinientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y un pesos ($ 551.741), también incluyeron otros rubros —ordinarios y adicionales—, como la prima de nivel ejecutivo, la prima de orden público, la prima de vacaciones, el subsidio alimentario y el seguro de vida, las cuales contribuyeron a aumentar dicho valor hasta las sumas de novecientos treinta y un mil quinientos noventa y nueve pesos ($ 931.599) y novecientos un mil quinientos noventa y nueve pesos ($ 90.599), respectivamente.

82. Pues bien, dicha circunstancia conduce a afirmar que estos últimos montos ya contienen el incremento resultante de incluir en el salario las prestaciones sociales propias de un trabajo de naturaleza formal, sin que haya lugar a que las adicione el juzgador, pues en ese evento se estaría concediendo doble asignación sin ningún motivo que lo justifique.

83. Este razonamiento se ve refrendado si se observa lo manifestado en los escritos de la demanda presentada. En efecto, tanto respecto del patrullero Marcos Fidel Barrios Sanabria, como del patrullero Duván Fajardo Bohórquez, en los libelos introductorios se afirmó que devengaban mensualmente la suma de seiscientos mil pesos ($ 600.000), como se observa a folios 9 del cuaderno 1 y del cuaderno 2, sumas que resultan cerca de un 30% inferiores a la consignado en los certificados referidos con anterioridad, circunstancia de la cual se colige que esta diferencia corresponde precisamente a las prestaciones sociales que les eran debidas y que ya les fueron incluidas en las certificaciones que usó el tribunal de instancia para liquidar el lucro cesante.

84. En el mismo sentido, se advierte que en la declaración rendida por el señor Pedro Antonio Barbosa Pardo, este refirió que el señor Duván Fajardo Gómez devengaba un salario de entre seiscientos y setecientos mil pesos ($ 600.000-$ 700.000) (fl. 173, cdno. 2), mientras que el deponente Luis Ernesto Castiblanco Mora refirió que su salario era de seiscientos setenta mil pesos ($ 670.000) (fl. 174, cdno. 2). Por su parte las declarantes Carmen Julia Varila y Abigail Gutiérrez de Cruz coinciden en que el patrullero Marcos Fidel Barrios para la fecha de los hechos ganaba mensualmente seiscientos mil pesos mensuales ($ 600.000) (fls. 129, 131, cdno. 1).

85. Si bien es cierto que a dichas declaraciones no se les puede otorgar una excesiva credibilidad, habida cuenta de que se trata de testigos de oídas, lo manifestado por ellos sí coadyuva la tesis sentada por la Sala en los párrafos precedentes, pues las sumas expuestas resultan concordantes con lo manifestado en la demanda e inferiores al salario que consta en los certificados que obran en el expediente, circunstancia que, se reitera, conduce a pensar que éstos últimos incluyeron las sumas debidas por concepto de prestaciones sociales.

86 Una vez precisado lo anterior, respecto del señor Marcos Fidel Barrios Sanabria advierte la Sala que el tiempo a indemnizar va desde el momento en el que se produjo el daño, es decir, el 6 de febrero de 1999, hasta el término de su vida probable(33). De otro lado, como se dijo, se encuentra acreditado que el referido demandante devengaba para el año de 1999 mensualmente la suma de novecientos treinta y un mil quinientos noventa y nueve pesos ($ 931.599), la cual deberá ser actualizada a valor presente, para efectos de determinar el salario base de liquidación, con base en la siguiente fórmula:

S2000-040265-F86
 

87. Este valor será tomado en su integralidad pues aunque la pérdida de la capacidad laboral del señor Barrios Sanabria es del 91,25%, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993(34) —norma que ha sido aplicada analógicamente por la jurisprudencia de la Corporación—, debe ser entendida como una pérdida total de su capacidad laboral, es decir, equivalente al cien por ciento.

88. Así, el periodo consolidado para indemnizar al referido damnificado va desde el momento en el que acaeció el daño hasta la fecha de esta sentencia y equivale a 195,7 meses.

S2000-040265-F88A
 

89. De otro lado, la indemnización del periodo futuro va desde el momento en que se profiere esta sentencia hasta el resto de vida probable del demandante Barrios Sanabria, quien para el momento en el que se causaron las lesiones que le produjeron la pérdida de su capacidad laboral tenía 24 años, de conformidad con la copia auténtica de su registro civil de nacimiento (fl. 29, cdno. 1) y por ende, su expectativa de vida en ese momento, según la tabla de mortalidad adoptada en la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997, expedida por la Superintendencia Bancaria —ahora Superintendencia Financiera— era de 52,01 años adicionales.

90. Se observa que debido a que ya se liquidó el periodo consolidado, el término respectivo debe ser reducido al del periodo futuro a indemnizar, lo cual determina el tiempo restante de vida probable del señor Marcos Fidel Barrios Sanabria desde que se adopta esta decisión, en el equivalente a 35,71 años, es decir a 428,52 meses.

S2000-040265-F90
 

91. Así las cosas, sumados los valores de las indemnizaciones consolidada y futura obtenidos en la liquidación que antecede, se obtiene el total de indemnización por este concepto en la suma de mil treinta y dos millones ochocientos veinte mil doscientos ochenta y nueve pesos m/cte ($ 1.032.820.289).

92. De otra parte, respecto del señor Duván Fajardo Bohórquez advierte la Sala que se encuentra acreditado que el referido demandante devengaba para el año de 1999 mensualmente la suma de novecientos un mil quinientos noventa y nueve pesos ($ 901.599), la cual deberá ser actualizada, con base en la fórmula ya referida anteriormente:

S2000-040265-F92
 

94.(sic) El periodo consolidado para indemnizar al referido damnificado va desde el momento en el que acaeció el daño hasta la fecha de esta sentencia y equivale a 195,7 meses.

S2000-040265-F94
 

95. De otro lado, la indemnización del periodo futuro va desde el momento en que se profiere esta sentencia hasta el resto de vida probable del demandante Fajardo Bohórquez, quien para el momento en el que se causaron las lesiones que le produjeron la pérdida de su capacidad laboral tenía 21 años, de conformidad con la copia auténtica de su registro civil de nacimiento (fl. 23, cdno. 2) y por ende, su expectativa de vida en ese momento, según la tabla de mortalidad adoptada en la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997, expedida por la Superintendencia Bancaria —ahora Superintendencia Financiera— era de 54,90 años adicionales.

96. Debido a que ya se liquidó el periodo consolidado, el término respectivo debe ser reducido al del periodo futuro a indemnizar, lo cual determina el tiempo restante de vida probable del señor Fajardo Bohórquez desde que se adopta esta decisión, en el equivalente a 38,6 años, es decir a 463,2 meses.

S2000-040265-F96
 

97. De esta forma, sumados los valores de las indemnizaciones consolidada y futura obtenidos en la liquidación que antecede, se obtiene el total de indemnización por este concepto en la suma de mil siete millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte ($ 1.007.418.656).

98. No obstante lo anterior, advierte la Sala que las sumas expuestas con anterioridad, superan lo solicitado por ellos en la demanda, comoquiera que por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante pidieron que se le reconociera para cada uno de los señores Barrios Sanabria y Fajardo Bohórquez la suma de trescientos millones de pesos ($ 300.000.000) —ver párrafos 2 y 6—, la cual, actualizada a la fecha de la presente sentencia y aumentada en un 30%, de conformidad con lo requerido en el aparte de las pretensiones, da como resultado el valor de setecientos cincuenta y ocho millones quinientos tres mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos ($ 758.503.434).

99. Al respecto, se recuerda que de conformidad con el principio de congruencia de las sentencias, consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil —modificado por el art. 1º num. 135 del D. 2282/89—(35), la decisión del juez debe resultar armónica, consonante y concordante con los hechos y las pretensiones formuladas en la demanda, debiendo existir una adecuación o perfecta simetría entre lo pedido y lo resuelto, que resulta afectada cuando el juez concede más allá de lo pedido (ultra petita); o cuando concede puntos no sometidos al litigio (extra petita), o cuando deja de pronunciarse sobre cuestiones sujetas al proceso (infra o citra petita).

100. Así las cosas, para evitar incurrir en una providencia ultra petita, se concederá para cada uno de los demandantes Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajardo Bohórquez, por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante únicamente lo solicitado por ellos en la demanda, que traída a valor presente equivale a la suma de setecientos cincuenta y ocho millones quinientos tres mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos ($ 758.503.434).

101. Finalmente, si bien los referidos demandantes también solicitaron que se les reconociera a cada uno de ellos treinta millones de pesos ($ 30.000.000), por concepto de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente que sufrieron con ocasión de lo que debieron gastar para recobrar su salud, la Sala no accederá a dichas pretensiones, por cuanto no obra en el expediente elemento de convicción alguno que dé certeza sobre la configuración de dicho perjuicio, cuando dicha actividad era una carga que se encontraba en cabeza de la parte actora, según lo establece el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(36).

VI. Costas

101. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

102. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia de 17 de octubre de 2006, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará así:

1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de las lesiones que sufrieron los señores Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajardo Bohórquez por la explosión de una granada, el 6 de febrero de 1999.

2. En consecuencia, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional a pagar a cada uno de los señores señor Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajardo Bohórquez, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de setecientos cincuenta y ocho millones quinientos tres mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos ($ 758.503.434).

3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional a pagar a los señores señor Marcos Fidel Barrios Sanabria y Duván Fajardo Bohórquez, por concepto de daño a la salud, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

4. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, por concepto de perjuicios morales, a pagar las siguientes sumas de dinero:

• Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Marcos Fidel Barrios Sanabria —afectado directo—.

• Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Rosalba Sanabria Cuéllar —su madre—.

• Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Diana Milena Uyasan Mojica —su compañera permanente—.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Martha Isabel Barrios Sanabria —su hermana—.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para María Cristina Barrios Sanabria —su hermana—.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Alejandro Onorio Barrios Sanabria —su hermano—.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Víctor Alfonso Sanabria Cuéllar —su hermano—.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Germán Humberto Sanabria Cuéllar —su hermano—.

• Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Duván Fajardo Bohórquez —afectado directo—.

• Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para María Susana Bohórquez Castañeda —su madre—.

• Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Guillermo Fajardo Bautista —su padre—.

• Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Camilo Andrés Fajardo Niño —su hijo—.

• Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Yudi Patricia Niño Pérez —su compañera permanente—.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Olga Lucía Fajardo Bohórquez —su hermana—.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Guillermo Fajardo Bohórquez —su hermano—.

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. SIN CONDENA en costas.

7. Por secretaría de la Sección, EXPEDIR copias auténticas de la presente providencia a órdenes de quienes obren como apoderados de los demandantes y de la entidad demandada, en los términos del numeral 2º del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

8. En firme este fallo DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Stella Conto Díaz Del Castillo, presidenta—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth.

1 Cabe advertir que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 del CPC el conocimiento de los procesos acumulados le corresponde al juez de mayor jerarquía, de lo que se colige que basta con que una de las demandas de los procesos acumulados supere la cuantía exigida por las leyes vigentes para que le corresponda el estudio de todos ellos al Consejo de Estado en segunda instancia.

2 La pretensión mayor dentro del proceso 2003-00265, correspondiente a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante causados al demandante Marcos Fidel Barrios Sanabria, fue estimada en la suma de $ 300.000.00, monto que supera la cuantía requerida para el año 2000 ($ 130.050.000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado de doble instancia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 132 del CCA, el cual es aplicable según lo señalado por el artículo 164 de la Ley 446 de 1998.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 1996-00659 (25022), C.P. Enrique Gil Botero.

4 El declarante es testigo presencial de los hechos comoquiera que en su calidad de oficial de policía participó en la instrucción en la que se produjo el siniestro. Sobre el hecho referido adujo: “El día 6 de febrero del presente año, cuando se impartía instrucción sobre el lanzamiento de granada, esta explotó sin abandonar la trompetilla del fusil causando la novedad ya conocida. PREGUNTADO: Al referirse a la novedad ya conocida, sírvase ser más preciso sobre la misma para un mejor proveer de este despacho. CONTESTÓ: Bueno, lo que ocurrió fue que por efectos de la explosión resultaron heridos dieciséis policiales, entre ellos dos instructores quienes se encontraban dando la instrucción referente sobre cómo se debe efectuar el lanzamiento de granadas de fusil, así mismo como las medidas de seguridad al respecto”.

5 El declarante es testigo auditivo de los hechos comoquiera que en su calidad de agente de la policía participó en la instrucción en la que se produjo el siniestro. Al respecto indicó lo siguiente: “El día sábado 6 de febrero del presente año cuando se impartía una instrucción de granada de fusil APBT, el cual se nombraron dos instructores para el lanzamiento de granada, por tanto yo me retiré del lugar haciéndome como a 20 pasos detrás de ellos en un área administrativa donde estábamos nosotros, yo me encontraba en esos momentos de espalda, arreglando mi arnés cuando estalló la primera granada, luego yo escuché que iban a lanzar la segunda granada de fusil, por la cual yo no me preocupé porque la primera granada se disparó bien, entonces escuché que iban a lanzar la segunda granada, cuando de un momento a otro esta explotó hiriendo a los instructores y a los alumnos con esquirlas en diferentes partes del cuerpo, nosotros al ver que todo el personal estaba herido en el suelo lo que hicimos fue evacuarlo del lugar y llevarlos a un centro hospitalario”.

6 El deponente, quien también resulto herido por los mismos hechos, adujo: “El día sábado 6 de febrero, nos encontrábamos en el polígono con un personal de instructores del COPES realizado prácticas de polígono y después de haber terminado la instrucción de M-60 y haberla disparado nos pusimos a ver lo referente a las granadas de fusil, mi TE. SANDOVAL escogió a dos personas para disparar las dos únicas granadas que había en el lugar, una la disparó el finado PT. SANDRO ÁLVAREZ y la otra la disparó el PT. FAJARDO BOHÓRQUEZ, todo estaba bien pues la primera granada que disparó el difunto SANDRO ÁLVAREZ salió bien e hizo impacto donde la habían apuntado, el problema fue en la segunda granada la cual la disparó el PT. FAJARDO BOHÓRQUEZ, pues él la disparó en la posición de boca arriba, todos los del grupo estábamos a una distancia más o menos de tres o cuatro metros y lo único que me acuerdo fue que yo estaba observando la posición del dedeo en el disparador del patrullero que estaba disparando el fusil, cuando yo vi bajar el disparador sentí una explosión y después fue pura confusión porque casi todos los compañeros que estábamos quedamos heridos”.

7 No son contestes al respecto las pruebas documentales recaudadas que obran en el plenario.

8 “Del total de 107 granadas de fusil que se encuentran en el Almacén de armamento al momento de la revista, las cuales fueron revisadas minuciosa y cuidadosamente por el Especialista ANDRE WAGENER, encontrándose en este material de guerra las siguientes novedades: — Tres (3) granadas con la cabeza suelta. — Siete (7) granadas con la cola suelta. — Una (1) granada con la cabeza y cola sueltas. — Una (1) con la cabeza algo desviada. — Una (1) con la cola suelta y sin trampa. // Se sacaron como conclusiones: — Cabezas y colas flojas se presentan por la indebida manipulación. — Abolladuras en la cabeza y cuerpo por el inadecuado porte. — Las granadas de fusil en el depósito y en mano del personal adscrito al DEGUN. // La granada que presente desviación de la cabeza, son altamente peligrosas, porque el detonador M22 se desfija quedando sensible al momento de ser disparada, pudiendo ocasionar un accidente”.

9 Cabe señalar que el testigo conoce al demandante y a su familia, por ser su vecino en el municipio de Puerto López — Meta—, sobre el particular indicó: “PREGUNTADO: manifieste si le consta que el señor MARCO FIDEL BARRIOS SANABRIA, vivía de compañero permanente con mujer alguna en caso afirmativo informar el nombre de esa persona y el tiempo de la relación (...). hace un año antes del accidente se puso a vivir con la muchacha DIANA MILENA UYASAN, en el cual ya tienen dos hijos de esa época”.

10 Cabe señalar que el testigo conoce al demandante y su familia, por ser vecinos de la vereda de Santa Bárbara del municipio de Guamal, al respecto manifestó: “(...) sí me consta que el señor DUVÁN FAJARDO BOHÓRQUEZ vivía en unión permanente con una mujer quien llama YUDI PATRICIA NIÑO BOHÓRQUEZ, de cuya unión hay un niño, quien llama CAMILO”.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2011, exp. 66001-23-31-000-1998-00241-01(18429), actor: María Doris Henao y otros, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez, sentencia del 26 de mayo de 2010, exp. 25000-23-26-000-1995-01405-01(18950), actor: Segundo Gregorio Mosquera Forero y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 05001-23-24-000-1993-00169-01(19426), actor: Myriam Yaneth Ramirez Herrera, C.P. Enrique Gil Botero.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de 2001, exp. 05001-23-31-000-1992-1670-01(12338), actor: Gladys Arango de Fernández y otro, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; y sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 47001-23-31-000-1993-03518-01(15459), actor: Francisco Javier Echavarría y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 1998-00055 (22742), actor: Jorge Eliécer Rivera Pinzón y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 19001233100019990081501 (21515), actor: María Hermenza Tunubala Aranda, C.P. Hernán Andrade Rincón.

15 “La ley organizará el cuerpo de Policía. // La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. // La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.

16 “La Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades públicas y los derechos que de éstas se deriven, prestar el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las providencias judiciales y administrativas y ejercer, de manera permanente, las funciones de: Policía Judicial, respecto de los delitos y contravenciones: educativa, a través de orientación a la comunidad en el respecto a la ley; preventiva, de la comisión de hechos punibles; de solidaridad entre la Policía y la comunidad; de atención al menor, de vigilancia urbana, rural y cívica; de coordinación penitenciaria; y, de vigilancia y protección de los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato público, en los ámbitos urbano y rural”.

17 “En la legislación colombiana la Ley 95 de 1890 define el caso fortuito junto con la fuerza mayor como “el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” (art. 1º). // (...) En esta Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a diferencia de lo anterior, la aplicación y el tratamiento de ambas figuras no ha sido monista sino dual, esto es bajo la consideración dividida e independiente de cada una de esas figuras jurídicas hasta el punto de considerar que de estas solo estructura causa extraña a la fuerza mayor”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2002, exp. 1994-3477, C.P. María Elena Giraldo.

18 [14] “Sentencia de 16 de marzo de 2000, exp. 11.670, entre muchas otras”.

19 Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, exp. 16289, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

20 Cabe recordar que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de septiembre de 2001, abandonó el valor del gramo de oro para efectos de fijar las indemnizaciones a las que haya lugar por concepto de perjuicios inmateriales y, en su lugar, acogió como patrón el salario mínimo legal mensual vigente, en los siguientes términos: “Visto lo anterior, considera esta Sala que debe abandonarse el criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual, para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal. Como ha quedado demostrado, razones de orden jurídico, apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justifican, en la actualidad, esta decisión. Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral (...). // Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de esta sentencia corresponde a veintiocho millones seiscientos mil pesos ($ 28.600.000), cantidad que servirá de directriz a los jueces y tribunales de la misma jurisdicción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

21 Ibídem.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 16205, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

23 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 27 de agosto de 2014, exp. 1999-00326 (31172), C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

24 “De otro lado, según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad (Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, exp. 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar); en esa línea de pensamiento, se ha considerado que ese dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades (Cf. Sentencia del 20 de febrero de 2008, exp. 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra), al tiempo, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad (Cf. Sentencia del 11 de julio de 2012, exp. 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 23998 y del 13 de febrero de 2013, exp. 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, proferidas por la Subsección A de esta Sección, y en sentencia del 24 de julio de 2013, exp. 27289, M.P. Enrique Gil Botero)”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 1996-00659 (25022), C.P. Enrique Gil Botero.

25 [49] “‘Este estado de cosas no solo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser ‘límites razonables’, determinados sí, en términos jurídicos’ Cortés, Edgar Ob. Cit. pág. 57”.

26 [50] “‘En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico ‘debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicad” Rozo Sordini, Paolo ‘El daño biológico’, edit. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 209 y 210”.

27 [51] “‘Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico’ Gil Botero, Enrique ‘Daño Corporal - Daño Biológico - Daño a la vida de relación’, pág. 10”.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, exp. 1994-00020 (19031), C.P. Enrique Gil Botero.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 1997-01172 (31170), C.P. Enrique Gil Botero.

30 [458] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 27 de agosto de 2014, exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz”.

31 [14] “Respecto de la indemnización a forfait, ver entre otras las siguientes sentencias: Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, julio 25 de 2002, Exp. 14001, C.P. Ricardo Hoyos; agosto 19 de 2004, Exp. 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; agosto 10 de 2005, Exp. 16205, C.P. María Elena Giraldo; marzo 1º de 2006, Exp. 15997, C.P. Ruth Stella Correa y; marzo 30 de 2006, Exp. 15441, C.P. Ramiro Saavedra”.

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, exp. 1998-00438 (15583 acumulado con el 17287), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

33 No fue allegada al proceso prueba alguna tendiente a demostrar que la invalidez del señor lesionado hubiera tenido o fuera a tener punto de recuperación, estando acreditar esas circunstancias a cargo de la entidad demandada de conformidad con el artículo 177 del CPC.

34 Disposición según la cual: “Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.

35 “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. // No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta. // Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último. // En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando este no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.

36 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta Corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es este, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, exp. 1995-05072 (17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.