Sentencia 2000-97700 de abril 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 47001- 23-31-003-2000-00977-00 (32569)

Actor: Extractora Patuca Ltda.

Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia.

5. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto del daño emergente, supera la exigida por la norma para el efecto(2).

II. Valoración de los medios de prueba.

6. Previo a analizar los hechos probados dentro del plenario, la Sala deja de presente que las certificaciones emitidas por Jairo Hernández Fernández, Rafael Arias Ortega y Patricia Alarcón, ingenieros agrónomos, acerca de la producción de aceite de los frutos de palma africana de la Extractora Patuca Ltda. (fls. 72-74 c. 1), carece de valor probatorio toda vez que se trata de declaración rendida por terceros con fines judiciales, en relación con la cual no se observaron los requisitos que para su validez exige el artículo 298(3) del Código de Procedimiento Civil.

6.1. Para dar sustento a sus pretensiones, la parte actora también aportó al proceso copia de unas solicitudes elevadas por la Asociación de Bananeros del Magdalena-Asbama, dirigidas al comandante de la Primera división del Ejército Nacional, al comandante de la Policía del Magdalena, al Presidente de la República y al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural (fls. 35-69 c. 1), las cuales no serán valoradas, toda vez que no cuentan con constancia alguna de recibido de la entidad a la cual van dirigidas.

6.2. También allegó junto con el escrito de la demanda el acta de inspección judicial y el dictamen pericial practicados como prueba anticipada(4) (fl. 122 c. 1 y c. 2) a instancias del juzgado primero civil municipal Magdalena, el cual a su vez comisionó al juzgado primero civil del circuito, con el fin de acreditar los perjuicios materiales causados a la Extractora Patuca Ltda. con ocasión del ataque guerrillero del 5 de enero de 1999 (fl. 76 c. 1). Si bien la parte actora solicitó citar a la audiencia de inspección judicial al Director General de la Policía Nacional y al comandante de la primera división del Ejército Nacional, no se encuentra la constancia de notificación dirigida a las mencionadas autoridades por parte del juzgado ante el cual se adelantó la prueba(5). De manera que la misma no podrá valorarse, toda vez que la entidad demandada no participó en la práctica de la inspección judicial ni se le surtió el debido traslado del dictamen pericial en el curso del proceso adelantado por el a quo, con lo cual podría generarse un desconocimiento de su derecho de defensa y contradicción, en virtud de los artículos 185 y 300 del Código de Procedimiento Civil.

6.3. La actora también aportó dos artículos de prensa, el primero titulado “En la zona bananera: guerrilla quema tracto mulas, finca y secuestra dos personas” y otro publicado en el diario “Hoy, diario de Magdalena”, titulado “Ataque de la guerrilla dejó pérdidas por $ 900 millones de pesos” con fecha de publicación del 7 de enero de 1999 (fl. 75 c. 1). El primero de los dos recortes no será valorado, toda vez que se ignora la fuente y fecha de publicación, y el segundo, se valorará en consideración a lo siguiente:

6.3.1. Ha establecido la jurisprudencia que las noticias difundidas en medios escritos, verbales o televisivos no dan fe de la ocurrencia de los hechos que allí se reseñan sino, simplemente, de la existencia de la información(6). Es decir que, los recortes de prensa pueden ser apreciados como prueba documental y como tal dan certeza de la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido.

6.3.2. Así mismo, la Sección Tercera —Subsección C— del Consejo de Estado admitió que estos documentos podían tenerse como un indicio contingente si valorados racional, ponderada y conjuntamente con la totalidad del acervo probatorio resultaban indicativos de la veracidad de la ocurrencia de los hechos(7).

6.3.3. Finalmente, la Sala Plena de la corporación en Sentencia de 29 de mayo de 2012(8) señaló que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, “cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”(9). Previamente, la misma Sala Plena había señalado que los recortes de prensa constituyen documentos en los términos del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no es razonable excluirlos prima facie del debate probatorio, aunque reconoció que corresponde al juez determinar si puede o no conferirles eficacia(10).

6.3.4. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al respecto ha señalado que los documentos de prensa aportados por las partes pueden ser apreciados, “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, no rectificadas, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso y acreditados por otros medios”(11).

6.3.5. En consideración a lo anterior, la Sala acogerá el precedente trazado por la Sala Plena de la corporación y, en consecuencia, dará valor probatorio a los recortes de prensa publicados en diferentes periódicos de circulación nacional, siempre y cuando la información que se narre en ellos guarde correspondencia con las otras pruebas documentales y testimoniales aportadas al proceso.

III. Hechos probados.

7. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

7.1. La sociedad Extractora Patuca Ltda., propietaria de un lote de 5 hectáreas, tenía en funcionamiento una planta extractora de aceite y demás derivados de palma africana, ubicada en la vereda de Tucurinca(12), municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena (folio de matrícula inmobiliaria 222-2428 —f. 34 c. 1— y certificado de existencia y representación legal —f. 81 c. 1—).

7.2. El 5 de enero de 1999 miembros de un grupo armado ilegal irrumpieron en las instalaciones de la fábrica y dieron la orden a los trabajadores de desalojar, tras lo cual procedieron a activar explosivos en el lugar. Entregaron unos panfletos a los trabajadores de la planta y escribieron consignas en las paredes alusivas al frente 19 de las FARC. Se llevaron en cautiverio al administrador, quien permaneció secuestrado por varios días (testimonios presentados ante el a quo por Ricardo Alexander Bolivar Pretelt, Walter Gregorio Martínez Gutiérrez, Ferney de Jesús Aragón Escobar y Patricia del Socorro Alarcón Rangel, trabajadores de la planta procesadora para la fecha de los hechos. Ver su desarrollo en “análisis de la Sala”).

7.3. Antes de la ocurrencia de los hechos, la estación de policía de Tucurinca había sido destruida en una incursión guerrillera. No existía resguardo policiaco en Guamachito y los agentes de policía de Guacamayal, otro municipio cercano, y soldados del Ejército patrullaban esporádicamente la región. Para el día del ataque a la sociedad actora, no hubo presencia militar o de la policía. Sobre estos hechos se resalta lo dicho en los siguientes testimonios:

7.3.1. Ricardo Alexander Bolivar Pretelt, manifestó que —f. 156 c. 1—:

Era de conocimiento público que el 19 frente de las FARC estaban alrededor de la Extractora Patuca, ubicada en el sector de Guamachito y que la amenaza de atacarla sobre la fábrica era palpable porque era señalada como objetivo militar de la guerrilla. Nosotros nos encontrábamos en una situación tediosa porque estábamos desprotegidos por las autoridades ya que varios atentados y amenazas anteriores sufridas por la policía, ya que la estación de policía de Tucurinca fue abolida, única estación cercana a la planta extractora Patuca y en Guamachito no existe resguardo policiaco.

(...)

Antes de los hechos hubo presencia de la policía y el ejército en el lugar, pero fuimos abandonados por esa protección. Aprovechando los guerrilleros para abalear la estación de policía de Tucurinca y después de unos días fue que bombardearon la fábrica Extractora Patuca. Es decir, la autoridad militar del país tenía conocimiento previo de que con anterioridad podía ocurrir un ataque guerrillero.

(...)

7.3.2. Walter Gregorio Martínez Gutiérrez señaló —f. 160 c. 1—:

El puesto de policía de la localidad de Tucurinca fue destruido en su totalidad retirándose esta fuerza pública de la región. En ese momento quedan los grupos armados al margen de la ley en libertad de transitar libremente sobre la región y en ese lapso de tiempo es que nos atacan. O sea, quedamos desprotegidos de las autoridades militares y de policía.

(...)

Antes de ocurrir los hechos hubo presencia militar que brindaba seguridad a las empresas y personal existentes en la región, pero en el momento del atentado ya no había nadie. Ya habían abandonado las instalaciones y la región.

7.3.3. Ferney de Jesús Aragón Escobar manifestó —f. 162 c. 1—:

Se oían comentarios de que las FARC querían incursionar en la extractora. Antes del ataque la Policía de Guacamayal y el Ejército pasaban por la empresa. (...) Si, ellos atacaron el puesto de Policía de Tucurinca. La guerrilla se retiró, pero la Policía se quedó allí. Pero ellos, los policías nunca llegaban a la extractora porque les quedaba muy lejos. (...) Preguntado: Diga el declarante si lo sabe, cuáles fueron los motivos por los cuales se suspendió la vigilancia a la Extractora Patuca por parte de la Policía. Contestó: No lo sé, porque la vigilancia no era constante. Ellos pasaban por ejemplo cada quince días o una vez al mes.

7.3.4. Patricia del Socorro Alarcón Rangel dejó consignado —166 c. 1—:

...por lo menos las asociaciones Asbama, Asoriofrío, ponen en conocimiento de las autoridades para resguardarse y pedir protección. Además porque esas asociaciones le comunicaban a las autoridades cuando comienzan los rumores de una toma. Los gremios ofician a las autoridades para que resguarden la región, pero muchas veces no prestan atención a las solicitudes hechas por estas agremiaciones, como en el caso presente que no prestaron la debida protección.

7.3.5. En el mismo sentido, Rafael Segundo Arias, asesor de la extractora en temas de cultivo de palma, y quien visitaba la fábrica con cierta frecuencia, dijo —f. 168 c. 1—:

...yo sí sabía que existían amenazas contra la extractora. Días antes se habían presentado en el puesto de policía de Tucurinca una serie de hostigamientos en esa población. A raíz de eso, el puesto de policía lo quitaron y la presencia militar era nula. En vista de eso la asociación de bananeros por insinuaciones de los productores en varias ocasiones pidieron apoyo al gobierno nacional y a la Policía y al Ejército para que hicieran presencia en la zona.

IV. Problema jurídico.

8. La Sala deberá revisar si el daño sufrido por la sociedad actora, esto es la destrucción parcial y/o total de las instalaciones de la fábrica Extractora Patuca Ltda., es atribuible a la omisión de la Policía Nacional que no hizo presencia el día de los hechos, a pesar de que se trataba de una zona de alta presencia guerrillera y paramilitar, o si se presenta la causal excluyente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero.

V. Análisis de la Sala.

9. La Sala tiene por acreditado el daño alegado por la parte actora, esto es, el ataque con explosivos de las instalaciones de la procesadora de palma africana Patuca Ltda., el 5 de enero de 1999, por integrantes de un grupo armado ilegal, al parecer el frente 19 de las FARC.

9.1. En el testimonio que presentó ante el a quo, Ricardo Alexander Bolivar Pretelt, quien se desempeñó como jefe de planta de la Extractora Patuca Ltda. para el momento de los hechos, señaló que el 5 de enero de 1999 llegaron unos hombres armados, dieron la orden a los trabajadores de desalojar la fábrica y detonaron 5 cargas de explosivos, luego de lo cual se marcharon junto con el administrador a quien secuestraron por varios días. Según el declarante, los uniformados se identificaron como guerrilleros de las FARC —f. 156 c. 1—:

Estos delincuentes llegaron a la fábrica el mismo día de los hechos encontrándome realizando la nómina de pago de los empleados y llegaron a la puerta y patearon mi escritorio exigiendo armas que tuviéramos nosotros ahí. Una vez se les certificó que no teníamos armas, se dispusieron a revisar las instalaciones de la oficina saqueando de esta manera el almacén y demás instalaciones. Dieron orden de desalojar la fábrica porque la iban a bombardear y exigieron la presencia del administrador. Una vez busqué al administrador y se los presenté, se lo llevaron hasta los vehículos que ellos tenían y a mí me dejaron con el comandante del grupo insurgente, indicándome que le señalara los puntos más importantes de la fábrica para destruirla. Una vez realizadas las 5 detonaciones de atrevido, les pregunté qué iban a hacer los 50 trabajadores y me dijeron que eso les pasaba por trabajar con burgueses políticos. Que esos empleados podían trabajar con la guerrilla. Debido a mi impulsividad de desplazarme cómodamente, ellos decidieron secuestrar únicamente al administrador y a mí me ordenaron entregar unos panfletos a la población civil de la fábrica.

9.2. En el mismo sentido declaró Walter Gregorio Martínez Gutiérrez, administrador de la fábrica Extractora Patuca Ltda. —f. 159 c. 1—:

Llegué a las 7.30 am a las instalaciones de la fábrica Extractora Patuca. El día transcurrió normal. A eso de las 4.00 pm, como mi oficina estaba ubicada de últimas en las instalaciones de la fábrica, yo no tenía visibilidad de las personas que llegaban a ella. Al momento escuché ruidos de saqueos de escritorios. El jefe de planta dirigió a los señores a mi oficina. Cuando entraron, intuí que eran guerrilleros por la forma como ingresaron. Me comentaron que desocupara la planta porque tenían intenciones de volarla. Me dijeron que no me preocupara por mi vida que el problema era con los vives. Me sacaron de las instalaciones, me desplazaron a su vehículo y escuché varias detonaciones. Me hicieron esperar hasta que colocaron todas las cargas. No me di cuenta dónde las colocaron porque a mí me sacaron, sólo escuché las detonaciones. Una vez terminaron, me desplazaron hacia la Sierra, quedando en cautiverio de ellos durante 9 días.

9.3. Ferney de Jesús Aragón Escobar, almacenista de la Extractora Patuca para la fecha de los hechos, dijo que hombres armados que se identificaron como miembros del Frente 19 de las FARC quemaron la planta extractora de aceite de palma en la que trabajaba. También señaló que los atacantes entregaron panfletos alusivos al movimiento y pintaron las paredes con sus insignias —f. 162 c. 1—:

Nosotros, los trabajadores, salimos como a las 4.00 pm de la extractora hacia Aracataca, que era el lugar donde nos dejaba el bus. Entre la vía entre Guamachito y la extractora, nos cruzamos con un grupo de personas en unas camionetas vestidos de militares armados. Como a las 5.00 de la tarde nos enteramos que las FARC había quemado la extractora. A raíz de conocer estos hechos, hice la relación y me dije que a los que habíamos visto eran guerrilleros de las FARC.

(...)

Preguntado. Sírvase manifestar el declarante, por qué usted afirma que el grupo que atacó la extractora Patuca fue las FARC. Contestó. Porque es el único grupo que opera en esa región y por los panfletos dejados referentes al grupo 19 de las FARC. Además, dejaron unos letreros alusivos al movimiento.

9.4. Patricia del Socorro Alarcón Rangel, quien administraba una finca de banano vecina, de propiedad de quienes eran también propietarios de la Extractora Patuca Ltda., dejó consignado que guerrilleros atacaron la procesadora y escribieron el nombre de su movimiento en las paredes de la fábrica —f. 165 c. 1—: “...me enteré por comentario de los dueños de la extractora y de sus trabajadores, porque yo quise volver a la finca por el abono, que ya no podían darme porque la habían destruido las FARC. Los guerrilleros escribieron consignas en las pocas paredes que se encontraban levantadas alusivas a su movimiento. Eso me consta porque yo misma las vi”.

10. Por regla general los daños ocasionados por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado en la medida en que no le resultan imputables desde un punto de vista fáctico. No obstante, la jurisprudencia ha considerado que los daños derivados de ataques cometidos por grupos insurgentes contra bienes o instalaciones del Estado, pueden ser imputados a la administración si ésta ha contribuido causalmente en su producción a través de acciones u omisiones que se relacionan con el incumplimiento de sus funciones(13).

10.1. De esta forma, la corporación ha considerado que el concepto de falla del servicio opera como fundamento del deber de reparar en aquellos casos en los que agentes estatales intervienen en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se ha entendido que ocurre cuando (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilita la actuación de los guerrilleros(14); (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicita protección a las autoridades y éstas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente(15); (iii) el hecho era previsible, en razón de las especiales condiciones que se vivían en el momento, pero el Estado no realiza ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(16); y (iv) la administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por ella(17).

10.2. El caso en estudio se subsume en la categoría número tres, según la cual hay lugar a imputar el daño a la administración por cuanto el hecho era previsible, en razón de las especiales condiciones que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque.

10.3. En el orden interno, el inciso segundo del artículo 2º de la Constitución establece que “Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

10.4. Por su parte, el artículo 218 constitucional prevé que “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

10.5. Las normas anteriores contienen el mandato constitucional expreso del cual se deriva la obligación genérica para las autoridades públicas de proteger a todos los residentes en el territorio nacional en su vida, honra, bienes, creencias, libertades y derechos, así como asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

10.6. De conformidad con los compromisos adquiridos por el Estado colombiano frente a la población civil en época de conflicto armado interno, este debe emplear todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las autoridades públicas y particulares, so pena de ver su responsabilidad y legitimidad comprometidas:

De acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las autoridades públicas es la de defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser contínua pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las demás autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos(18).

10.7. De acuerdo con lo anterior, el nivel de exigencia que se espera del Estado en el cumplimiento de las obligaciones de protección de los civiles ajenos al conflicto es alto, entre otras razones por la situación de guerra que vive Colombia, evento que aumenta la vulnerabilidad de habitantes de sectores rurales del país.

10.8. Así las cosas, el presupuesto inicial de la responsabilidad del Estado ante casos de hostigamientos y pérdidas de bienes muebles e inmuebles, está radicado en la omisión de cumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las obligaciones constitucionales y legales en cabeza de la fuerza pública de acuerdo con las cuales las personas deben gozar de la protección de su vida, integridad personal, honra y bienes (C.P., art. 2º). El incumplimiento de las obligaciones del Estado en la labor de prevenir los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano con ocasión de hechos perpetrados por terceros, dará entonces lugar a la responsabilidad del Estado por falla del servicio.

10.9. Dicha responsabilidad, de conformidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no será exigible en todos los casos en los que el Estado haya omitido prevenir riesgos para la comunidad, pues se requiere de un criterio de razonabilidad en la previsión de que los habitantes se encontraban ante un riesgo significativo de verse lesionados en sus derechos humanos. También señaló que el deber de prevención abarcará todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos:

174. El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.

175. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales...(19)

11. Ahora bien, esa falla en el servicio por la omisión en el cumplimiento o el cumplimiento defectuoso en la labor de prevenir que los miembros de la población civil se vean lesionadas en sus derechos por el actuar de actores no estatales, exige determinar, según la doctrina, que el Estado omitió la adopción de medidas razonables para prevenir esa violación(20).

Sin embargo, en la misma doctrina se propone establecer “estructuras de imputación” de la responsabilidad del Estado cuando son “actores no-estatales” o terceros los que perpetran, o llevan a cabo acciones que producen el desplazamiento forzado:

... i) cuando el Estado omite la adopción de medidas razonables para prevenir la violación de los derechos humanos; ii) cuando el actor está actuando bajo la dirección, siguiendo instrucciones o con control de un Estado; iii) cuando el actor ejercita elementos de autoridad gubernamental ante la ausencia de autoridades oficiales; iv) cuando la conducta del actor es adoptada de manera subsecuente por el Estado; v) cuando la conducta del actor es la de un movimiento alzado en armas que tras triunfar militarmente se convierte en el nuevo gobierno de un Estado, vi) cuando hay delegación de funciones estales al actor no estatal, o vii) cuando el Estado crea una situación objetiva de riesgo y luego no despliega los deberes de salvamento que le son exigibles (pensamiento de la injerencia)(21).

Luego, no puede ofrecerse como única vía la aplicación de la posición de garante ya que cuando dicha violación se produce como consecuencia de la acción de “actores-no estatales”, se exige determinar que la situación fáctica existió y que respecto a ella se concretaron tres elementos: “i) los instrumentos de prevención utilizados; ii) la calidad de la respuesta y iii) la reacción del Estado ante tal conducta”(22), que en términos del comité de derechos humanos de Naciones Unidas se entiende como el estándar de diligencia exigible al Estado(23).

11.1. En esta misma línea, en el fallo de la masacre de Pueblo Bello ocurrida en enero de 1990(24), la comisión IDH declaró la responsabilidad de Colombia por el incumplimiento de su deber de garantía por no haber adoptado medidas efectivas de prevención y protección de la población civil que se encontraba en una situación de “riesgo razonablemente previsible por parte de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado respecto de grupos paramilitares”. En esa oportunidad, la Corte concluyó que el Estado no cumplió con su obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en los artículos 4º, 5º y 7º de la convención —los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal—, por haber faltado a sus deberes de prevención y protección, en perjuicio de las personas desaparecidas y privadas de su vida en ese municipio:

140. La Corte observa que si bien la masacre de Pueblo Bello ocurrida en enero de 1990 fue organizada y perpetrada por miembros de grupos paramilitares, aquélla no habría podido ejecutarse si hubiere existido protección efectiva de la población civil en una situación de riesgo razonablemente previsible por parte de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado. Ciertamente no existen pruebas ante este tribunal que demuestren que el Estado dirigiera directamente la ejecución de la masacre o que existiese un nexo entre miembros del Ejército y los grupos paramilitares o una delegación de funciones públicas de aquél a éstos. No obstante, la responsabilidad por los actos de los miembros del grupo paramilitar en este caso en particular es atribuible al Estado en la medida en que éste no adoptó diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil en función de las circunstancias descritas.

11.2. De otro lado, la parte actora allegó un artículo de prensa (párr. 6.3.) y aportó una cifras sobre los delitos cometidos en el municipio de Ciénaga-Magdalena en años anteriores a 1999, fecha del ataque a la sociedad Extractora Patuca Ltda. (párr. 4.), con la intención de que fuera revisado el contexto sobre la presencia de la guerrilla y los actos cometidos por esta contra la población civil del municipio en mención. Esta Sala ha acudido en ocasiones anteriores a revisar este aspecto para apoyar el análisis de los hechos(25) y recurrirá a dicho estudio en esta oportunidad por considerar relevantes los ataques perpetrados por la guerrilla en contra de los habitantes de Ciénaga en fechas anteriores, en el análisis de la imputación del daño de la entidad demandada por la destrucción de sus instalaciones. Dicho contexto dará elementos adicionales para decidir si el ataque guerrillero le fue o no razonablemente previsible y resistible a la fuerza pública y, en consecuencia, si medió una falla en el servicio de esa entidad en la concreción del daño alegado por la parte demandante.

11.3. El recorte de prensa titulado “Ataque de la guerrilla dejó pérdidas por $ 900 millones”, del 7 de enero de 1999, señaló los hechos denunciados por la parte actora en el escrito de la demanda, así —f. 75 c. 1—:

Cinco cargas de explosivos accionadas en la tarde del martes por parte de la guerrilla, dejó inhabilitada la planta extractora de aceite Patuca Ltda., ubicada en el corregimiento de Guamachita, jurisdicción de Ciénaga, en la región de la zona bananera.

Las explosiones producidas por la dinamita destruyó la planta de energía, caldera, la máquina desgranadora, tres autoclaves y la moderna báscula sistematizada, dejando pérdidas estimadas en $ 900 millones de pesos.

Luego, los subversivos, cuando se replegaban, llevándose al administrador Walter Martínez Gutiérrez, instalaron un retén en la carretera en inmediaciones de Sevilla e incendiaron un vehículo blindado que transportaba el dinero del peaje de Tucurinca y un carro doble troque que transportaba toneladas de corozo, propiedad también de la Extractora Patuca...

11.4. La publicación “Noche y Niebla y Violencia Política en Colombia” del Centro de investigación del Centro de Investigación(sic) y Educación Popular-Cinep(26) contiene la referencia del caso de la sociedad Extractora Patuca Ltda.(27) y otro hecho más ocurrido ese mismo día, entre los corregimientos de Tucurinca y Guamachito, en donde los miembros del grupo armado ilegal incendiaron un camión 600 Dina Internacional amarillo de placas AWK 417 de propiedad de la sociedad actora que posteriormente atravesaron volcado sobre la vía para obstruir el paso y quemaron un campero de placas BBX 643 de la transportadora de valores Wackenhut, encargada de la recolección del dinero en los peajes de la zona(28).

11.5. Ninguna de las fuentes anteriores mencionó la presencia o intervención de la fuerza pública para evitar o contrarrestar el ataque guerrillero. La ausencia de informes oficiales presentados por la Policía el día de los hechos, también confirma que su actuación o presencia en el lugar, fue nula.

11.6. Las siguientes fuentes, unas oficiales como la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a Víctimas y la Defensoría del Pueblo, otras de organismos multilaterales y regionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otras no oficiales como el Centro de Investigación y Educación Popular-Cinep, dan cuenta de la difícil situación de violación de derechos humanos en el municipio de Ciénaga-Magdalena desde el año 1990, con la constante comisión de delitos como el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, homicidios, secuestros, entre otros, perpetradas por grupos guerrilleros y paramilitares. Las cifras, diagnósticos y recomendaciones que se analizarán permiten también evidenciar la difícil situación del Magdalena frente a otros departamentos de la Nación, así como la grave situación de emergencia humanitaria particularmente en el municipio de Ciénaga, respecto de otros municipios magdalenenses.

11.7. El Registro Único de Víctimas de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a Víctimas(29) reporta un número significativo de víctimas de actos terrorista, amenazas, desplazamientos, homicidio y pérdida de bienes muebles o inmuebles entre los años 1990-1999(30) en Ciénaga-Magdalena, con visibles picos en los últimos tres años dentro del rango mencionado:

Hecho1990199119921993199419951996199719981999
Abandono o despojo forzado de tierras 7  59 22164 
Acto terrorista/atentados/combates/ hostigamientos2411 167 3
Amenaza52 38977282
Delitos contra la libertad y la integridad sexual       1  
Desaparición forzada6 7 3 21244844
Desplazamiento39962841491661592571.1011.650550
Homicidio52121210107131118137270211137
Minas antipersonal/munición sin explotar/artefacto explosivo      11  
Perdida de bienes muebles o inmuebles21 2 1 323
Secuestro    32341823
Tortura      16 1

11.8. El diagnóstico territorial del plan de ordenamiento territorial de Ciénaga, de la alcaldía municipal, para el año 1999(31), manifestó la alta influencia de grupos armados al margen de la ley en ese municipio:

El municipio de Ciénaga pertenece a la subregión norte del departamento del Magdalena. Esta subregión está compuesta por los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, Zona Bananera, Aracataca, El Retén y Fundación. Esta zona concentra el 53% de la población total del departamento. Es la zona de mayor presencia institucional, con centro en Santa Marta y subcentros administrativos en Ciénaga y Fundación; existe alta presencia de la fuerza pública, pero igualmente alta influencia de grupos armados al margen de la ley. Sus cabeceras municipales constituyen centros de recepción de población desplazada.

11.9. El plan de ordenamiento territorial de Ciénaga-Magdalena 2000-2009(32) del concejo municipal de Ciénaga, señaló que la conocida presencia de grupos armados ilegales en ese municipio le había costado importantes pérdidas territoriales:

El municipio está emplazado en un corredor estratégico para el desarrollo regional y nacional. No es ajeno tampoco al conflicto armado, cuyo efectos son conocidos. La no eficiente atención a sus poblaciones periféricas y rurales le ha significado la pérdida de una parte de su territorio, constituido por una zona agroindustrial significativa.

12. Por su parte, el plan de desarrollo departamental del Magdalena 2008-2011(33) describe cómo las condiciones de exclusión social, pobreza y abandono social de buena parte de las comunidades magdalenenses facilitó el accionar de las FARC y el ELN, las cuales han hostigado a la población. Dentro de los municipios afectados nombra al municipio de Ciénaga:

Región Caribe. En 24 municipios de la región es crítica la situación de protección y ejercicio de derechos. Dentro de estos municipios se encuentran Valledupar y Pueblo Bello, en el Cesar; Riohacha, Albania, San Juan del Cesar, Barrancas, Dibulla, Maicao y Uribia, en la Guajira; Cartagena y Carmen de Bolívar, en Bolívar; Tierralta, en Córdoba, Barranquilla, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y Soledad, en Atlántico; Sincelejo, Ovejas, San Onofre y Guaranda, en Sucre; Santa Marta, Ciénaga y Pueblo Viejo, en Magdalena. En 20 de estas municipalidades hacen presencia los grupos armados ilegales Bloque Caribe, frentes 19, 41 y 59 de las FARC, frente 6 de diciembre y comisión mixta del ELN. Así mismo, los grupos posdesmovilización de las AUC, Águilas Negras, Los Paisas y Autodefensas Gaitanistas.

12.1. De otro lado, el tercer informe anual de la Defensoría de Pueblo al Congreso(34), hizo un recuento de las quejas recibidas para el año 1995 en el departamento del Magdalena por las violaciones a los derechos humanos de sus habitantes, cuyo registro arroja un número de 11 quejas para el municipio de Ciénaga, la segunda cifra más alta en todo el departamento(35).

MunicipiosNº de quejas
Santa Marta313
Aracatá4
Ariguaní1
Cerro de San Antonio2
Chibolo1
Ciénaga11
El Banco7
Fundación3
Guamal2
Pedraza1
Plato2
Pueblo Viejo3
Remolino2
Sana Ana1
Sitionuevo3
Tenerife1
Total357

12.2. Así mismo, la Defensoría del Pueblo, a través de VI informe anual presentado al Congreso de la República, señaló que el mayor número de casos de desaparición forzada por parte de grupos armados ilegales en el departamento del Magdalena se presentó en los municipios de Ciénaga y Piñón:

El mayor número de casos de desaparición forzada en el departamento del Magdalena se ha dado en la ciudad de Santa Marta, en los municipios de Ciénaga y Piñón. La mayoría de casos no son reportados por los familiares de las víctimas, confiando en lograr de manera directa que los grupos armados al margen de la ley que los tienen en su poder, los devuelvan. En el departamento no se conoce sobre la existencia de comités departamentales o municipales sobre desaparición forzada(36).

12.3. Según ese informe, la Defensoría del Pueblo regional Magdalena exigió la presencia de la fuerza pública en aquellos lugares en los que se presentaron infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil en ese departamento:

La Defensoría del Pueblo regional Magdalena, intervino en casos de violación del derecho internacional humanitario con mediaciones ante grupos paramilitares para la entrega de cadáveres de personas desaparecidas; denuncias públicas de desapariciones, amenazas y masacres por hechos ocurridos en el departamento; visitas a veredas y corregimientos en donde existen amenazas de grupos armados al margen de la ley, o donde estos grupos han asesinado a miembros de la población civil; se exigió la presencia de la fuerza pública en aquellos lugares en los que se presentaron hechos de violación al derecho internacional humanitario contra la población civil; y se solicitó a través de los medios de comunicación, a los actores del conflicto interno que operan en el departamento, el cumplimiento de los protocolos y convenciones mediante los cuales se propende por el respeto de las normas de derecho internacional humanitario (p. 53).

12.4. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el “Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia” de 1999(37) copió una tabla publicada por la red nacional de información, organismo dependiente de la consejería presidencial para la atención integral de la población desplazada por la violencia del gobierno, en agosto de 1997, llamada “El primer informe consolidado sobre volumen y distribución geográfica de la población desplazada durante los años 1996 hasta junio de 1997”. Dicho documento, que no incluye a todos los municipios ni tampoco a las capitales de departamentos, enumera dentro de los departamentos más afectados para los años 1996-1997 al de Magdalena con un total de 1.142 personas desplazadas de cinco de sus municipios:

Familias desplazadas según lugar de llegada
(enero 1996 - junio 1997)
DepartamentoMunicipiosFamiliasPersonas
Antioquia112.45111.084
Atlántico2161751
Bolívar79615.048
Caquetá4175823
Cesar55503.072
Córdoba151.0154.863
Chocó41.1025.510
Huila3109517
Magdalena52241.142
Norte de Santander581452
Santander4190867
Sucre73791.918
Tolima1110630
Totales737.50836.677

12.5. La comisión interamericana también hizo alusión a los 4 tipos de desplazamiento que se presentan en el país, de acuerdo con la procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos. Dos de ellos corresponden al desplazamiento provocado y al no deliberado, respectivamente. Este último ocurre cuando la población huye de su lugar de origen tras acciones de bombardeos o acciones militares indiscriminadas por carecer de las garantías mínimas y protección a su vida e integridad física. El departamento del Magdalena es uno de los más aquejados por estos dos tipos de violaciones perpetradas por los grupos armados ilegales:

21. La procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos de Colombia identifica cuatro tipos de desplazamientos:

1. Desplazamiento de poblaciones campesinas deliberadamente provocado por los diversos actores de la violencia, quienes dan muerte o golpean a campesinos hasta lograr expulsar todo el grupo o comunidad. Éste es provocado principalmente por grupos paramilitares en las zonas del Chocó, parte de la región del Urabá antioqueño, Bolívar y Magdalena;

2. Desplazamiento como consecuencia no deliberada del enfrentamiento entre actores armados, por carecer la población de las garantías mínimas y protección a su vida e integridad física, tras acciones de bombardeos o acciones militares indiscriminadas en su contra. Se presentó esta situación en las regiones de Antioquia, Magdalena Medio, Bolívar y Meta.

12.6. El informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la oficina en Colombia para el año 1999(38), en el estudio sobre la evolución del desplazamiento interno, manifestó el alarmante carácter de emergencia humanitaria que revistió el fenómeno del desplazamiento para ese entonces, y señaló que el departamento del Magdalena era uno de los más afectados:

113. El desplazamiento forzado tiene hoy dimensión de una verdadera emergencia humanitaria. Tradicionalmente los departamentos más afectados eran Antioquia, Chocó, Santander, Sucre, César, Magdalena, Bolívar, Córdoba y Putumayo. Este año se han lanzado ofensivas paramilitares que abrieron nuevos frentes de guerra y extendieron el fenómeno a otras zonas, entre ellas los departamentos de Norte de Santander y Valle del Cauca. El desplazamiento ha desbordado las fronteras y las comunidades limítrofes se han visto compelidas a buscar refugio en países vecinos. La oficina ha recibido testimonios en el sentido de que algunas personas han sido forzadas a retornar a Colombia.

12.7. El Informe de la ONU para el año 2000(39) recalcó la crueldad y sevicia de los grupos paramilitares contra pobladores acusados de ser simpatizantes de la guerrilla y nombró al departamento del Magdalena como uno de los más marcados por esos ataques. Así mismo, denunció la impunidad que ha reinado en relación a este fenómeno, que sumada a la inacción estatal en el área de la prevención, estimuló el desplazamiento de las comunidades frente a la orden, amenaza o a la mera presencia de actores armados como medida preventiva.

31. La crueldad deliberada y extrema fue el sello característico de esas masacres, incluyendo actos con altos niveles de sevicia sobre las víctimas, acusadas de una supuesta simpatía por la insurgencia. Además, provocaron una atmósfera de zozobra y terror sobre los civiles. Los departamentos más afectados por las ejecuciones colectivas de autoría paramilitar fueron Antioquia, Bolívar, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle.

142. Los departamentos más afectados por el desplazamiento, ya sea como zonas de recepción o de expulsión, siguen siendo Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico, Magdalena y la ciudad de Bogotá. Este año el fenómeno se ha acrecentado en los departamentos de Putumayo, Nariño, Meta, Tolima y Huila. Además de la influencia de las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, la impunidad que ha reinado en relación a este fenómeno, sumada a la inacción estatal en el área de la prevención, hacen que las poblaciones se desplacen frente a la orden, amenaza o a la mera presencia de actores armados como medida preventiva. La oficina ha alertado sobre amenazas directas de desplazamientos forzados o creciente inseguridad en zonas de expulsión o de recepción, y ha solicitado al gobierno acciones puntuales para contrarrestar dichas amenazas. Sin embargo, no ha obtenido respuestas satisfactorias por parte del gobierno.

12.8. A continuación se mencionan, en forma no detallada, los distintos casos de violaciones concretas registrados en las publicaciones del Cinep para los años 1991-1998, en el municipio de Ciénaga.

12.9. Violación de derechos humanos en el municipio de Ciénaga-Magdalena, para el año 1991: la publicación “Deuda con la Humanidad, paramilitarismo de Estado 1988-2003” del Cinep(40) consignó el caso de 4 campesinos asesinados el 22 de julio de 1991 (p. 67), 5 campesinos torturados y ejecutados el 11 de septiembre de 1991 (p. 71) el homicidio del secretario de prensa y relaciones internacionales de Sintrainagro —sindicato de la industria agropecuaria— y el presidente de Fensuagro y militante de la UP y dos trabajadores bananeros, el 28 de noviembre de 1991 (p. 73), el homicidio de un campesino y su hijo, el 29 de noviembre de 1991 (p. 73) y la ejecución de Carlos Taborda el 5 de diciembre de 1991 (p. 73).

13. Violación de derechos humanos en el municipio de Ciénaga-Magdalena, para el año 1992: el informe especial sobre la situación de derechos humanos y derecho, internacional humanitario en Colombia durante 2012, Cinep/Programa por la paz, mayo 2013, denunció dos ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1992(41) ; el informe estadístico del Centro de Investigación y Educación Popular Cinep, correspondiente a junio de 1992, registró el caso de un campesino asesinado en el corregimiento de Tucurinca en el año 1992(42); y la publicación La publicación “Deuda con la Humanidad, paramilitarismo de Estado 1988-2003” del Cinep(43) consignó la ejecución de 3 personas, dentro de las cuales se encontraba un menor de edad de 13 años, el 19 de enero de 1992 (p. 77), el homicidio de 6 personas que se encontraban en un establecimiento público el 17 de mayo de 1992 (p. 82), la ejecución de un capataz de una finca bananera y unos de los trabajadores, el 9 de junio de 1992 (p. 83), la tortura y ejecución de José Fernando Bedoya Arias, el 30 de junio de 1992 en el corregimiento de Tucurinca (p. 83), el 4 de julio de 1992 (p. 84), el asesinato de un hombre de 24 años no identificado, el asesinato de 7 campesinos en un billar, el 4 de julio de 1992 (p. 84), el 17 de julio de 1992 (p. 85), la ejecución de 2 obreros mientras departían en una fiesta, 1 de agosto de 1992 (p. 86), la tortura con ácido y ejecución de tres hombres hallados en un campero, el 29 de agosto de 1992 (p. 91) y la ejecución de Evelio López Contreras, en el corregimiento de Guamachito, el 6 de septiembre de 1992 (p. 91).

13.1. Violación de derechos humanos en el municipio de Ciénaga-Magdalena, para el año 1993(44): la tortura y ejecución del celador de la finca La Carolina, el 5 de junio de 1993 (p. 104), la ejecución de un campesino y un vendedor ambulante, el 3 de octubre de 1993 (p. 110) y el homicidio del administrador de la finca San Pedro Ltda., 15 de diciembre de 1993 (p. 113).

13.2. Violación de derechos humanos en el municipio de Ciénaga-Magdalena, para el año 1994(45): el asesinato de una concejal y una líder campesina de la Sierra Nevada de Santa Marta, 9 de febrero de 1994 (p. 118), asesinato de un militante de la UP, secretario seccional de Sintrainagro y quien se habría posesionado como concejal municipal, el 14 de febrero de 1994 (p. 118) la ejecución de 5 trabajadores de Sintrainagro, el 23 de febrero de 1994 (p. 118), la ejecución de un campesino el 27 de febrero de 1994 (señala el informe que en el transcurso de este mes fueron ejecutadas 15 personas más, dentro de las que se encontraban campesinos, obreros, bananeros y líderes sindicales. p. 118), la tortura y asesinato de un miembro de Sintrainagro en su finca, el 18 de marzo de 1994 (p. 119), el homicidio de un joven y su hijo de 2 años, el 6 de abril de 1994 (p. 119), el homicidio de un trabajador bananero, el 16 de abril de 1994 (p. 120) y el asesinato del ex concejal del municipio de El Copey por la UP y un taxista sindicalista, el 26 de octubre de 1994 (p. 130).

13.3. Violación de derechos humanos en el municipio de Ciénaga-Magdalena, para el año 1995(46): la ejecución de un trabajador de una finca bananera, el 1 de febrero de 1995 (p. 135) y la ejecución de un campesino, el 21 de abril de 1995 (p. 138).

13.4. Violación de derechos humanos en el municipio de Ciénaga-Magdalena, para el año 1996(47): la ejecución de tres campesinos el 30 de marzo de 1996 (p. 154) y el asesinato de 5 personas, dentro de las cuales se encontraba un menor de edad, en Guacamayal y San José, el 24 de noviembre de 1996 (p. 170).

13.5. Violación de derechos humanos en el municipio de Ciénaga, para el año 1997(48): el asesinato de dos campesinos que fueron arrojados por el puente La Aguja, el 26 de enero de 1997 (p. 183), el asesinato de 7 pobladores en distintos corregimientos, el 22 de febrero de 1997 (p. 185), la tortura y ejecución de un campesino, el 23 de febrero de 1997 (p. 185), la ejecución del administrador de un predio y una campesino no identificado, el 16 de marzo de 1997 (p. 188), la ejecución de dos hombres en el municipio de Guamachito, el 29 de marzo de 1997 (fl. 189), la ejecución de 9 personas y del propietario de una ladrillera y sus dos hijos, el 4 de mayo de 1997 (p. 192), el asesinato del capataz de una finca en el corregimiento de Tucurinca y al duelo del granero rancho grande y uno de sus trabajadores, el 17 de mayo de 1997 (p. 193), el asesinato de tres campesinos, el 19 de mayo de 1997 (p. 194), la ejecución de tres hombres en la finca La Juliana delante de los demás trabajadores, y de otros dos campesinos en la finca Las Palmas, el 29 de mayo de 1997 (fl. 196), el homicidio de 6 campesinos no identificados, el 1 de junio de 1997 (p. 197), el homicidio del concejal de Ciénaga, y de dos dirigentes sindicales de Sintrainagro, el 23 de junio de 1997. Los dos últimos habían sido secuestrados 5 días antes y fueron hallados por campesinos del corregimiento de Tucurinca (p. 199), el asesinato del sindicalista de Sintrainagro y capataz de la finca Tamacara, el 25 de julio de 1997 (p. 203), el asesinato del vicepresidente de Sintraingro, y el asesinato de tres trabajadores de las fincas María Luna y La Esmeralda, el 27 de agosto de 1997 (p. 210), el homicidio de tres hombres que trasportaban a pobladores en un campero, el 1 de septiembre de 1997 (p. 210), el asesinato de un campesino, el 17 de septiembre de 1997 (p. 211), la desaparición forzada de un campesino no identificado, el 18 de septiembre de 1997 (p. 212), el homicidio de un poblador, el 21 de septiembre de 1997 (p. 212), el asesinato de dos pobladores, el 22 de septiembre de 1997 (p. 212), el homicidio de 4 pobladores, dentro de los cuales se encontraban un ama de casa, un fotógrafo y el vigilante de una finca, el 27 de septiembre de 1997 (p. 212), la ejecución de dos hombres, el 30 de septiembre de 1997 (p. 213), la ejecución de un joven de 19 años delante de sus padres, en el corregimiento de Guacamayal, el 1 de octubre de 1997 (p. 213), la ejecución de dos jóvenes, el 4 de octubre de 1997 (p. 213), la ejecución de tres obreros bananeros, el 5 de octubre de 1997 (p. 213), la ejecución de dos obreros bananeros, el 13 de octubre de 1997 (p. 214), el asesinato de un técnico en refrigeración, en el corregimiento de Guacamayal, el 14 de octubre de 1997 (p. 214), ejecutaron a cuatro personas no identificadas, el 14 de octubre de 1997 (p. 214), la desaparición forzada y posterior asesinato del celador de la finca Las Margaritas, el 21 de octubre de 1997 (p. 215), el asesinato de un campesino en el corregimiento de Tucurinca, el 30 octubre de 1997 (p. 215), el asesinato de dos pobladores que fueron hallados en la vía Ciénaga-Fundación, el 9 de noviembre de 1997 (p. 216), el asesinato de dos hombres en un billar, el 16 de noviembre de 1997 (p. 217), el asesinato de un joven de 16 años en el 16 de noviembre de 1997 (p. 218) y el asesinato de 5 pobladores de los corregimientos de Ceibales y La Mira, el 24 de noviembre de 1997 (p. 219).

13.6. Violación de derechos humanos en el municipio de Ciénaga-Magdalena, para el año 1998(49): la desaparición forzada y posterior asesinato de tres campesinos uno de ellos líder sindical, el 28 de enero de 1998 (p. 232), la tortura y ejecución de un poblador en inmediaciones de la finca La María, el 4 de febrero de 1998 (p. 233), el homicidio de un joven, el 10 de febrero de 1998 (p. 234), la desaparición forzada y posterior asesinato de un poblador, el 10 de febrero de 1998 (p. 234), la ejecución de dos hombres, el 17 de febrero de 1998 (p. 235), el asesinato de tres campesinos, el 22 de marzo de 1998 (p. 236), la tortura y posterior asesinato de tres campesinos, el 26 de abril de 1998 (p. 238), la ejecución de 3 pobladores en el sitio puente de Guamachito, el 8 de mayo de 1998 (p. 239), la tortura y posterior ejecución extrajudicial de un educador y la desaparición forzada de sus dos hijos de 10 y 12 años de edad, el 16 de junio de 1998 (p. 242), el asesinato de un campesino, el 2 de agosto de 1998 (p. 245), la desaparición forzada de 6 habitantes, de los cuales se encontraron dos cadáveres y se desconoce el paradero de los otros cuatro, el 2 de agosto de 1998 (p. 245), el asesinato de un poblador del corregimiento Tucurinca, el 8 de agosto de 1998 (p. 245), la tortura y posterior ejecución de 14 campesinos, el 12 de octubre de 1998 (p. 249), la tortura y asesinato de dos campesinos, el 13 de octubre de 1998 (p. 250) y el secuestro, la tortura y posterior ejecución de dos pobladores, el 18 de octubre de 1998 (p. 250).

13.7. De acuerdo con lo anterior, la población del municipio de Ciénaga era una zona de alta influencia guerrillera y paramilitar desde años antes de los hechos que dieron origen a la presente demanda. El aumento de delitos como homicidio, tortura, desaparición y pérdida de bienes muebles o inmuebles en los años 1997 y 1998; la crisis humanitaria con el fenómeno del desplazamiento forzado, con altos picos para los años 1996-1998, en especial el tipo de desplazamiento ante ataques indiscriminados que llevan a la población a desalojar sus lugares de residencia por carecer de las garantías mínimas y protección a su vida e integridad; las quejas elevadas por la población de Ciénaga a la Defensoría del Pueblo; y los diagnósticos sobre la impunidad imperante en relación con el fenómeno del desplazamiento y la inacción estatal en el área de la prevención de dichas violaciones, constituyen hechos notorios para la fuerza pública de la preocupante situación de violación de derechos humanos en el municipio de Ciénaga para la fecha de los hechos, la cual a pesar de ello no implementó medidas preventivas para proteger a la población ni participó activamente el día de los hechos para evitar o contrarrestar el ataque de la subversión.

13.8. Así las cosas, de las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el proceso, del análisis de contexto, y en aplicación de los postulados y principios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se observa que la entidad demandada incurrió en una falla del servicio; no adoptó diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil en función de las circunstancias de contexto descritas las cuales hacían previsible la incursión de los miembros de la subversión y el peligro al que estaban expuestos sus habitantes. La ausencia del patrullajes constantes en el corregimiento de Tucurinca, municipio de Ciénaga el día de los hechos denota una “...omisión en la adopción de medidas razonables”(50) para prevenir la violación de los derechos humanos y una falta de voluntad estatal para impedir los atropellos de la guerrilla frente a los habitantes de la región.

13.9. De conformidad con lo anterior, analizadas las pruebas arrimadas al expediente y el contexto en que ocurrieron los hechos del presente caso, la Sala estima necesario revocar la sentencia emitida por el a quo y en su lugar declarar la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

VI. Perjuicios.

14. La parte actora solicitó “que como consecuencia de la declaración de responsabilidad de que trata la pretensión primera, se condene a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional a pagar a la sociedad Extractora Patuca Ltda., por concepto de daño emergente, una indemnización equivalente a la suma de $ 1 133 505 206, en que se han cuantificado los daños de las instalaciones y maquinarias producidos por el atentado guerrillero”. También señaló que las cargas explosivas destruyeron “la maquinaria desgranadora, tres autoclaves, la planta eléctrica y la báscula sistematizada, así como parte de la edificación”.

14.1. De conformidad con el testimonio de Walter Gregorio Martínez Gutiérrez, las explosiones afectaron los siguientes equipos: autoclave, desgranadora, calderas, plantas eléctricas, básculas de registro de material, contenedor de transporte de fruta o camión transportador de fruta, elevador de fruta, la tolva de recibo, así como la oficina de administración —f. 160 c. 1—:

De acuerdo a los puntos estratégicos que dinamitaron, la fábrica quedó inhabilitada para la producción de aceite rojo o aceite terminado, en pérdidas de aceite terminado que se encontraba almacenado en esa época y el desempleo de todos los operarios que dependían directa e indirectamente de la fábrica. Éramos en promedio 100 personas. Con la destrucción se dio una pérdida de la fruta que se encontraba almacenada sobre la tolva de recibo debido a la imposibilidad de su procesamiento. Igualmente la fruta de los proveedores...

(...)

Los puntos afectados son: autoclave, desgranadora, calderas, plantas eléctricas, básculas de registro de material, contenedor de transporte de fruta o camión transportador de fruta, elevador de fruta, la tolva de recibo, oficina de administración y otros que no me acuerdo.

14.2. Otros testigos afirmaron que con ocasión de las minas que explotaron, se presentaron varios daños materiales y que a partir de ese día, la fábrica no volvió a funcionar:

14.3. Ferney de Jesús Aragón Escobar se pronunció de la siguiente forma acerca de los daños ocasionados a la extractora —f. 162 c. 1—: “Claro, del corozo, del aceite, las instalaciones deterioradas. O sea, se ocasionaron daños materiales por la destrucción y el no poder seguir laborando”.

14.4. Patricia del Socorro Alarcón Rangel dijo —f. 165 c. 1—: “la destrucción fue total. La fábrica no volvió a funcionar. Creo que aún no funciona porque su estado de destrucción fue, como lo dije, total...”.

14.5. En este orden de ideas, si bien está probado que el actor sufrió pérdidas parciales y totales en bienes muebles e inmuebles que poseía, no quedó probado el monto de dicho perjuicio, por lo cual la Sala ordenará la condena en abstracto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 172 del Decreto 01 de 1984 —modificado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998—(51), para lo cual el representante legal de la Extractora Patuca Ltda. deberá promover un incidente de liquidación de perjuicios ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de este fallo, a fin de que se determine el monto a reconocer a su favor por los perjuicios materiales ocasionados con la destrucción total o parcial de los siguientes bienes ubicados en la procesadora: una máquina desgranadora de pulpa, una autoclave para cocinar la fruta, una planta eléctrica de 120 kva. Diesel 3650 RPM, Caterpillar Fp. 8 220-440 volt. y una báscula electrónica marca Siemens de 60 toneladas(52). También se reconocerá el valor de reparaciones a la estructura de las instalaciones, en caso de que la demandante haya incurrido en esos gastos. Lo anterior se restringirá a obras en paredes, rejas, y/o techos.

14.6. Para el efecto, el actor deberá allegar pruebas documentales tales como factura(53), cuentas de cobro(54), comprobantes de pago o extractos bancarios donde se vea reflejado el pago de las reparaciones o la reposición de los equipos, o la compra que inicialmente haya realizado el actor cuando adquirió esa maquinaria. En ambos casos, el valor de esos gastos será actualizado a la fecha de la decisión que emita el Tribunal a quo dentro del incidente de reparación integral, de acuerdo con la variación de precios al consumidor, así:

figura 1
 

Donde:

Ra: es el valor final de la actualización de la renta.

Rh: corresponde al valor histórico de la renta, esto es, el valor de la compra o reparación del bien objeto de indemnización.

Índice final: es el índice de variación de precios al consumidor certificado por el DANE para la fecha en la que se profiera el auto de liquidación.

Índice inicial: es el índice certificado por el DANE para la fecha de la factura, cuenta de cobro o extracto bancario, etc., de la reparación o compra.

15. El actor también solicitó “que igualmente como consecuencia de la responsabilidad, se condene a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional a pagar a la sociedad Extractora Patuca Ltda., por concepto de lucro cesante, una indemnización equivalente a $ 24 911 448.86, ingreso promedio mensual, que se ha calculado con base a las operaciones del año 1998; el ingreso mensual de la planta en proceso de producción durante el término comprendido entre la fecha de los hechos y la ejecutoria del fallo”.

15.1. De los testimonios de trabajadores de la Extractora Patuca y de fincas vecinas, practicados a instancias del Tribunal Administrativo del Magdalena, se puede inferir que la sociedad actora en efecto se dedicaba a una actividad comercial productiva, basada en el procesamiento de aceite de palma africana y sus derivados, gracias a la cual devengaba unos ingresos.

15.2. Para el efecto, la actora aportó el estado de ganancias y pérdidas de la planta, acumulado a 31 de diciembre de 1998 (fl. 70 c. 1), firmada por María Clara Vives Lacouture, representante legal de la extractora y Luis Fernando Mastra Mier, revisor fiscal. En el documento los ingresos obtenidos para el año 1998 corresponden a $ 4 479 926 108,84 (dentro de los cuales se incluyen ingresos operacionales y no operacionales, así como ajustes por corrección monetaria), los gastos corresponden a $ 551 801 572,03 (cuyos ítems son los gastos operaciones de administración, gastos operacionales de venta y gastos no operaciones o financieros) y los costos corresponden a $ 4 497 061 923,34. De manera que, el total de ingresos, menos los gastos y costos acumulados, arroja una utilidad de menos $ 298 937 386,53, como se expone en los estados financieros de pérdidas y ganancias. Si bien la extractora Patuca arrojó pérdidas contables para el año 1998, la Sala infiere, por la cantidad de los ingresos registrados, que no todos los años darían pérdidas en la utilidad. Así, ante la ausencia de otros estados financieros para años anteriores, la Sala ordenará la condena en abstracto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 172 del Decreto 01 de 1984, para lo cual el representante legal de la Extractora Patuca Ltda. deberá, en el curso del mismo incidente de liquidación de perjuicios que promoverá para probar el quantum del daño emergente, demostrar el monto a reconocer a su favor por el lucro cesante generado a raíz de la destrucción parcial y/o total de la extractora de aceite de palma africana.

15.3. Para el efecto, el actor deberá allegar los estados financieros de pérdidas y ganancias, así como los balances generales para los años 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998, junto con la prueba de la calidad del contador público que suscribió dichos documentos, esto es copia de la tarjeta profesional que acredite su inscripción ante la Junta Central de Contadores, requisito exigido por la ley para facultar a los contadores a dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, de conformidad con lo establecido en los artículos 1º y 3º de la Ley 43 de 1990.

15.4. El juez deberá nombrar a un perito contable que revise y estudie la documentación allegada. Este profesional también deberá rendir un informe en donde analice el caso de otras extractoras de palma africana en el municipio de Ciénaga u otros municipios en el departamento del Magdalena que operaran para la fecha de los hechos, con el fin de determinar las utilidades registradas por aquellas entre las mismas fechas que las establecidas para la Extractora Patuca (1994-1998), de manera que un análisis del contexto económico para este tipo de empresa, permita inferir también las utilidades o pérdidas arrojadas con la actividad que ejercía la actora.

15.5. Ante la imposibilidad de la sociedad Extractora Patuca Ltda. de allegar los estados financieros y balances generales de los años 1994-1998, en caso de que hayan sido destruidos con la explosiones el día de los hechos, el Tribunal a quo deberá analizar la viabilidad de reconocer el lucro cesante con base en el informe que rinda el perito contable, si este llegare a concluir que el negocio de procesamiento de aceite de palma africana era rentable para los cinco años anteriores a la ocurrencia de los hechos, en cuyo caso se reconocerá el perjuicio con base en el salario mínimo legal mensual vigente para la fecha del auto que ponga fin al incidente.

15.6. El a quo deberá actualizar el valor por concepto de utilidad para cada uno de los años 1994-1998, de acuerdo con la fórmula de precios al consumidor, de acuerdo con la variación de precios al consumidor, así:

figura 1
 

Donde:

Ra: es el valor final de la actualización de la renta.

Rh: corresponde al valor histórico de la renta, esto es, al valor de la utilidad percibida por la Extractora Patuca Ltda. para el año correspondiente.

Índice final: es el índice de variación de precios al consumidor certificado por el DANE para la fecha en la que se profiera el auto de liquidación.

Índice inicial: es el índice certificado por el DANE para la fecha en que se reporta la utilidad.

15.7. Una vez calculado el promedio de utilidad registrada para los años 1994-1998, o en su defecto el salario mínimo legal mensual vigente si se dan las condiciones arriba mencionadas (párr. 15.5.), se liquidará el lucro cesante de conformidad con la siguiente fórmula. Se aclara que esta indemnización se reconocerá por un término de 6 meses(55), tiempo prudencial al cabo del cual ha considerado esta corporación el demandante recompondría la actividad comerciante a la que se dedicaba o buscaría el ejercicio de una nueva.

figura 2
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual: promedio de utilidades para los años 1994-1998.

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: 6 meses

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la Sentencia del 31 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, la cual quedará así:

1. DECLARAR la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional por las pérdidas parciales y totales de los bienes muebles e inmuebles ubicados en la Extractora Patuca Ltda., y los daños a la estructura misma del inmueble, ocurridos por ocasión del ataque con explosivos provocado por miembros de un grupo armado ilegal, el 5 de enero de 1999, en el corregimiento de Tucurinca, municipio de Ciénaga-Magdalena.

2. CONDÉNESE en abstracto a la demandada a pagar en favor de sociedad Extractora Patuca Ltda., el valor de los daños materiales por concepto de lucro cesante, por un término de 6 meses, en caso de que la utilidad de la sociedad haya reportado un promedio positivo entre los años 1994-1998, de conformidad con los parámetros fijados en la parte motiva de esta sentencia (párr. 15.3.-15.7.).

3. CONDÉNESE en abstracto a la demandada a pagar en favor de sociedad Extractora Patuca Ltda., el valor de los daños materiales por concepto de daño emergente, por las pérdidas parciales y totales en bienes muebles e inmuebles que poseía, de conformidad con los parámetros fijados en la parte motiva de este fallo (párr. 14.5 y 14.6.).

4. DENEGAR las demás súplicas de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

7. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) En la demanda presentada el 18 de diciembre de 2000, la pretensión mayor corresponde al daño emergente, por los daños de las instalaciones y maquinarias producidos por el atentado guerrillero, perjuicio estimado en $ 1.133.505.206. El decreto vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia es el Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el año 2000 fuera de doble instancia, debe ser superior a $ 26.390.000.

(3) “ART. 298.—Testimonio para fines judiciales. Con el fin de allegarlos a un proceso, podrá pedirse que se reciban testimonios anticipados únicamente a personas que estén gravemente enfermas, con citación de la parte contraria en la forma prevista en el artículo 318 y en los numerales 1º, 2º y 3º del 320./ La solicitud deberá formularse ante el juez de la residencia del testigo, y el peticionario expresará bajo juramento, que se considerará prestado por la presentación del escrito, que el testigo se encuentra en la circunstancia mencionada, e informará el lugar donde puede citarse a la persona contra quien pretende hacer valer la prueba./ Cuando el peticionario manifieste también bajo juramento prestado de igual manera, que ignora dónde puede citarse a la presunta contraparte, se aplicará el artículo 318./ El juez rechazará de plano la recepción de testimonios extraproceso para fines judiciales, cuando la solicitud no cumpla los requisitos exigidos en los incisos anteriores./ Los testimonios que se reciban con violación de este artículo no podrán ser apreciados por el juez”.

(4) “ART. 300 CPC “Con citación de la presunta contraparte o sin ella, podrá pedirse como prueba anticipada la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser materia de un proceso./ Podrá pedirse dictamen de peritos, con o sin inspección judicial y con o sin citación de la parte contraria. No obstante, cuando una u otra verse sobre libros y papeles de comercio, se requerirá previa notificación de la presunta contraparte./ La petición se formulará ante el juez del lugar donde debe practicarse”.

(5) Sólo se cuenta con la orden que emite el juez de notificar al comandante de la primera división del Ejército Nacional y al comandante seccional de Policía del Magdalena (fl. 100 y 10,6 c. 1) y dos oficios en donde el juez civil municipal menciona que mediante autos del 24 de agosto de 2000 notificó a los directores de la fuerza pública (fls. 120 y 121 c. 1), pero no se cuenta con los autos en mención.

(6) Al respecto, véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 10 de junio de 2009, exp. 18.108, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, 9 de junio de 2010, exp. 19.283, C.P. Enrique Gil Botero, 11 de agosto de 2011, exp. 20.325, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Sentencias de 25 de julio de 2011, exp. 19.434, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; 19 de octubre de 2011, exp. 20.861, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y 15 de febrero de 2012, exp. 20.880, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(8) Exp. 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

(9) Cabe señalar que este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza.// Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social.// Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub júdice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social.// Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad.

(10) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 20 de mayo de 2003, exp. PI-059, C.P. Tarcisio Cáceres Toro.

(11) Esta fue la postura asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 4 de julio de 2007, caso Escué Zapata vs. Colombia, párr. 28, y 11 de mayo de 2007, caso Bueno Alves vs. Argentina, párr. 46. Sin embargo, cabe señalar que en fallos anteriores, la Corte había impuesto menos condicionamientos para la valoración de estos documentos. Así, en varias sentencias proferidas en 2006 (entre otras, la de 29 de noviembre de 2006, caso La Cantuta vs. Perú, párr. 65; de 4 de julio de 2006, caso Ximenes Lopes vs. Brasil, parr. 55; de 1º de julio de 2006, caso de las masacres de ltuango vs. Colombia, párr. 122) indicó que los documentos de prensa aportados por las partes podrían ser apreciados “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso”. Previamente, en la Sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, había señalado que los recortes de prensa tienen valor probatorio “en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del Presidente de esta última; [mientras que] otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribución de esos hechos a las autoridades militares o policiales de este país” (párr. 146).

(12) En algunas piezas procesales se habla que la Extractora Patuca Ltda. se encontraba ubicada en el corregimiento de Orihueca: solicitud de inspección judicial como prueba anticipada —fl. 77 c. 1— y oficios emitidos por el juez primero civil del circuito de Ciénaga-Magdalena —fl. 105 c. 1—.

(13) En el sistema interamericano de protección de derechos humanos también se ha admitido la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes no estatales. En estos casos, el fundamento de la obligación de reparar se sustenta en el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantía consignadas en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 123; caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 111.

(14) En este sentido, véase la Sentencia el 11 de julio de 1996, exp. 10.822, C.P. Daniel. Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquía) durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario.

(15) Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo.

(16) La providencia del 12 de noviembre de 1993, exp. 8233, C.P. Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, éstas tenían conocimiento que en esa región “el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público”.

(17) Esta fue la postura asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver la acción de reparación directa originada en la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo. Sentencia de 25 de mayo de 2011, exp. 15838, 18075, 25212 (acumulados). C.P. Jaime Orlando Santofimio. En este caso la responsabilidad que se imputa al Estado “es por el resultado en atención a que i) no hubo o no se emplearon suficientes instrumentos de prevención (frente a lo que los altos mandos militares reflejan su omisión y desatención); ii) la calidad de la respuesta que se tuvo para defender a los miembros de la fuerza militar (...) fue limitada, tardía, insuficiente y propia de la falta absoluta de planeación y coordinación que exige la estrategia y desarrollo militar (pese a que nuestra fuerza militar tiene instituciones y forma a sus cuadros en escuelas militares de las mejores en el mundo), y; iii) a que el apoyo o reacción del Estado fue tardío, insuficiente y drásticamente limitado, lo que llevo a dejar sin alternativa alguna a los ciudadanos soldados, que produjo la muerte de uno de ellos y las lesiones de los otros dos. Por lo tanto, se sustenta dicha atribución, en su conjunto, en la falta absoluta de la “debida diligencia” que debía aplicar el Estado en el caso concreto de la toma de la base militar de Las Delicias por parte de un grupo armado insurgente”.

(18) Sentencia del 26 de enero de 2006, radicación 25000232600020010021301, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, posición jurisprudencial reiterada en la sentencia del 15 de agosto de 2007, exp. 200300385-01, citadas en Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 18 de febrero de 2010, rad. 20001-23-31-000-1998-03713-01(18436), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(19) Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988.

(20) Montealegre Lynett, Eduardo. “La responsabilidad del Estado por el hecho de terceros”, en Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de febrero dos 2011, rad. 50001-23-31-000-2001-00171-01(31093), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(21) [28] Ibídem.

(22) [29] Ibídem.

(23) [29]Comité de Derechos Humanos, comentario general 31: “Nature of the General Legal Obligations lmposed on States Parties tu the Covenant, P 11, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev. 1/Acid. 13 (mayo 26, 2004)”.

(24) CIDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello, Sentencia de 31 de enero de 2006.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencia del 3 de diciembre de 2012, exp. 27976, rad. 13001-23-31-000-1996-10661411, C.P. Danilo Rojas Betancourth y sentencia del 28 de febrero de 2013, exp. 27959, C.P. Danilo Rojas Betancourth (E). En el primer caso, se condenó a la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad-DAS por la muerte de Alberto Bravo Lara, quien desarrollaba actividades en defensa de campesinos que ocuparon terrenos baldíos ubicados en el corregimiento de Sitio Nuevo en Magangué-Bolívar, y fue asesinado por desconocidos el 28 de febrero de 1994, a pesar de haber solicitado protección al Estado. Se hizo un análisis de la violación de derechos humanos frente a los activistas sindicales en Colombia según las cifras del Observatorio Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y un estudio del PNUD del año 2011 sobre violencia contra el sindicalismo. En el segundo caso se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por la creación del riesgo que se concretó en la destrucción de los bienes de propiedad de la señora Elizabeth Torres de Sabagh. Se analizó, además de las pruebas allegadas, el contexto de violencia derivada del conflicto armado por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el poder económico, político y militar que representa la zona estratégica de los Montes de María en el departamento del Bolívar, para lo cual se tomó como fuente el artículo “Diagnóstico Departamental Bolívar” publicado por el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Presidencia de la República en el año 2007. Ver también las dos sentencias del 8 de febrero de 2012, exp. 20089, rad. 50001-23-31-000-1994-04604-01 y exp. 22373, rad. 50001-23-31-000-1994-04605-01, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en donde se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa por el homicidio de José Rodrigo García Orozco diputado de la Asamblea Departamental del Meta, elegido en representación del partido político Unión Patriótica. En esta ocasión la Sala señaló: “24. Por lo demás, las pruebas obrantes dentro del expediente indican que para la época en que se produjo el homicidio de José Rodrigo García Orozco ocurrieron hechos similares en el departamento del Meta contra miembros de la Unión Patriótica, incluyendo a su esposa y ex alcaldesa del municipio de El Castillo (Meta), señora María Mercedes Méndez de García. 25. Se tiene así que las autoridades tenían conocimiento de la situación de peligro que enfrentaban todos los miembros de la UP por cuenta de los asesinatos e intimidaciones cometidas en su contra en distintas regiones del país, y especialmente, en el departamento del Meta. En consecuencia, con independencia de que la víctima hubiera solicitado o no protección a las autoridades, éstas tenían la obligación de adoptar, de oficio, medidas especiales para preservar su vida y su integridad personal”. También se resalta la sentencia del 3 de mayo de 2013, exp. 32274, rad. 50 001 23 31 002 199 2000 392 00, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en la cual sé condenó a La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, por la incursión paramilitar ocurrida el 21 de febrero de 1999 en el corregimiento de La Cooperativa, municipio de Mapiripán-Meta. En esa oportunidad se consideró que la masacre Puerto Alvira ocurrida entre los días 15 y 20 de julio de 1997, y la masacre de Mapiripán de mayo de 1998, las cuales constituyen un hecho notorio de conocimiento nacional, son eventos que permitían inferir razonablemente que los grupos armados, siguiendo la misma táctica y modus operandi empleados en aquellas otras incursiones y masacres, ocuparían la región de La Cooperativa y arremeterían contra sus pobladores. Para el efecto se analizaron varios recortes de prensa, y pruebas documentales sobre la masacre de Puerto Alvira allegadas por la parte actora.

(26) Banco de datos de derechos humanos y violencia política, enero, febrero y marzo 1999.

(27) “Enero 5 de 1999. Departamento: Magdalena. Municipio: Ciénaga. Guerrilleros del frente 19 de las FARC-EP dinamitaron las instalaciones de la extractora de aceite Patuca, propiedad de la firma Vives y compañía Ltda. ubicada en jurisdicción del corregimiento de Guamachito de esa localidad. En su ataque a las instalaciones, los insurgentes detonaron cinco cargas explosivas en la planta extractora, la caldera, la prensadora, la báscula, el sistema eléctrico y las oficinas administrativas, destruyendo de forma completa las instalaciones de la empresa. En su retirada los guerrilleros se llevaron consigo a un ingeniero químico, quien era el encargado de supervisar la operación de la planta. Presuntos responsables: FARC-EP. Violencia político social. Secuestro: Walter Martínez, profesional. Infracciones al DIH: bienes civiles”, p. 36.

(28) Ibídem.

(29) Fuente: Registro único de víctimas de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a Víctimas, corte a 01 marzo 2014, procesado: SPAE. Nota: en los datos de homicidio se tienen en cuenta víctimas directas e indirectas.

(30) Los registros para desplazamiento, homicidio y pérdida de bienes muebles o inmuebles comienzan desde el año 1988, pero por razones de espacio no fueron incluidos en la tabla. Para los años 1988 y 1989 se registraron: 55 y 41 desplazamientos, 41 y 44 homicidios, respectivamente y una pérdida de bienes muebles o inmuebles, para cada una de las referidas fechas.

(31) http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Docurrientos%020PDFIdiagnostico-%20cienaga%020(95%20pag%020-%20251%20kb).pdf [24/04/2014].

(32) http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/proyecto%20de%20acuerdo-%20cienaga%20(165%20pag%20-%20483%20kb).pdf [24/04/204].

(33) Oficina asesora de planeación, departamento de Magdalena, mayo 30 de 2008, en http://www.sabanasdesanangel-magdalena.gov.co/apc-aa-files/62316637323365386665383039313133/Magdalena_Plan_de_desarrollo.pdf [27/03/2014].

(34) Defensoría del Pueblo, Volumen I, Bogotá; 1996, p. 469.

(35) En el informe VI de la Defensoría del Pueblo al Congreso, el número total de quejas para el departamento de Magdalena correspondió a 519. Por ende, se puede inferir el aumento en la violación de los derechos de sus habitantes.

(36) Defensoría del Pueblo, Bogotá, 1999, p. 42.

(37) Capítulo VI, desplazamiento forzado interno, OEA/Ser.LN/11.102, Doc. 9 rev. 1, 26 febrero 1999 http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/indice.htm [11/04/2014].

(38) Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2000/11, 9 de marzo de 2000 en http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionadolinformes.php3?co d=38,cat=11 [11/04/2014].

(39) Informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, 2000, E/CN.4/2001/15, 20 de marzo de 2001 en ibídem.

(40) Editorial Códice Ltda, Bogotá, 2004.

(41) Anexo 2, sobre ‘’Nuevos casos registrados entre 1992 y 2011. Falsos Positivos de períodos anteriores que no habían sido denunciados’: “El 13 de octubre de 1992 tropas del Batallón Córdoba del Ejército ejecutaron en Ciénaga, Magdalena, a Jorge Antonio Barbosa Tarazona y a Ubaldo González Cantillo, a quienes presentaron como guerrilleros del ELN muertos en combate. A Jorge Antonio lo bajaron de un bus en un retén y luego apareció muerto junto con Ubaldo en el corregimiento de san Pablo. Los militares los reportaron como integrantes del ELN quienes portaban armas y se enfrentaron con la tropa. Por el hecho, el Juzgado Segundo Penal de Ciénaga condenó a 18 años de prisión al militar Juan Adolfo Pertuz Vargas.”
file:///ClUsersiUser/Downloads/Informe%20Especial%20mayo2013%20final%20(4).pdf [11/04/2014].

(42) En Comisión Interamericana de Derecho Humanos 0EA/Ser.L/V/II.84, Doc. 39 rev. 14 octubre 1993, original: Español en
http://www.cidh.org/countryrep/Colombia93splcap.6.htm [11/04/2014]: “junio 30 (...) José Fernando Bedoya Arias, Ciénaga (Magdalena). Campesino encontrado asesinado en el corregimiento Tucurinca. Había desaparecido desde el 28 de marzo cuando fue llevado por miembros de un grupo paramilitar, cuando se encontraba en zona rural del municipio de Aracataca”.

(43) Op. cit.

(44) “Deuda con la Humanidad, paramilitarismo de Estado 1983-2003” del Cinep, op. cit.

(45) lbídem.

(46) lbídem.

(47) lbídem.

(48) lbídem.

(49) lbídem.

(50) Montealegre Lynett, Eduardo. La responsabilidad del Estado por el hecho de terceros”, op. cit.

(51) “ART. 172.—Condenas en abstracto. <Subrogado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil. // Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación”.

(52) La referencia de la planta eléctrica, la báscula y la desgranadora, se obtuvieron del informe de avalúo técnico practicado como prueba anticipada. Si bien dicho documento pericial no es valorado en esta demanda por las razones expuestas (párr. 6.2.), sí permite identificar con mayor precisión los equipos objeto del incidente de liquidación de perjuicios.

(53) Las facturas de venta deben ajustarse a los requisitos del artículo 40 de la Ley 223 de 1995, “por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones”, y las resoluciones 3878, 1165 y 1094 de 1996 de la DIAN.

(54) Siempre y cuando cumplan con los requisitos de los documentos equivalentes a la factura (D. 1165/96, art. 6º).

(55) Por ejemplo, en sentencias de 25 de febrero de 1999, exp. 14.655 y de 12 de septiembre de 2002, exp. 13.395, M.P. Ricardo Hoyos Duque dijo la Sala que el término prudencial que tendría el afectado para recomponer la actividad económica que desarrollaba con el bien destruido seria de seis meses, con fundamento en el siguiente criterio: “En relación con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador, ya que “la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse... Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido” (HENAO PÉREZ Juan Carlos. El Daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. págs. 156-157). En este mismo sentido, Sentencia de 11 de mayo de 2006, exp. 14.694. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.