•Sentencia 9289 de marzo 26 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 20001-23-31-000-1998-04163774-01

Consejero Ponente:

Dr. Delio Gómez Leyva

Actor: Cervecería Águila S.A.

Impuestos (Industria y Comercio)

Santafé de Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Fallo

EXTRACTOS: «La Sala debe dilucidar si la demanda formulada por la sociedad actora se encuentra incursa en la irregularidad que observó la apoderada judicial del municipio de Valledupar con ocasión de la contestación de la demanda y la Procuradora Octava Delegada, en lo que hace a la individualización de las pretensiones de que trata el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo.

La demanda contencioso-administrativa debe contener los requisitos consagrados en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, entre los que se encuentra el relacionado con las pretensiones, esto es, “lo que se demanda”, el cual debe ser formulado en forma adecuada y precisa porque como lo ha señalado la doctrina, la defectuosa formulación “dará lugar a la decisión inhibitoria” por ser la debida petición un presupuesto material de la sentencia de fondo.

El artículo 138 ibídem, tal y como fue sustituido por el artículo 24 del Decreto 2304 de 1989, concordante con la norma citada, contempla lo atinente a la “individualización de las pretensiones” señalando que “cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión”.

Es así como el inciso 3º de dicha norma consagra la siguiente regla: “Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procederá demandar la última decisión”.

Entonces, por regla general, y como ya lo ha manifestado la Sala en varias oportunidades, cuando se trata de actos administrativos que fueron objeto de recursos existe obligación de impugnarlos como una unidad, esto es, debe demandarse el acto inicial o definitivo y los actos administrativos que decidieron los recursos. Sólo en el evento de que el acto inicial haya sido revocado en su totalidad por virtud del recurso gubernativo, debe demandarse el acto final únicamente, vale decir, el que ha resuelto el recurso respectivo.

En el sub judice el acto administrativo inicial, vale decir, el que de manera oficial determinó el impuesto de industria, comercio, avisos y licencia de funcionamiento a cargo de la sociedad actora por el año gravable de 1996, fue la Resolución 3 de septiembre 16 de 1997; acto administrativo que fue confirmado en todas sus partes en la Resolución 008 de diciembre 12 de 1997, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración.

(...).

Es evidente, que existía obligación de demandar como una unidad la resolución que practicó la liquidación de revisión, y la resolución que la confirmó, pues, en el presente caso, la resolución que decidió el recurso no revocó la resolución que practicó la liquidación de revisión, motivo por el cual era imperativo impugnar la totalidad de la operación administrativa, integrada por la resolución que expidió la liquidación de revisión, y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.

En la demanda, como lo advirtió el apoderado judicial del municipio de Valledupar y la Procuradora Octava Delegada, se solicita la nulidad únicamente de la Resolución 8 de diciembre 12 de 1997, omitiendo un extremo, pues se repite, existía la obligación de demandar la Resolución 003-Liquidación de revisión 003, dado que ésta fue confirmada con motivo del recurso de reconsideración.

Tal omisión imposibilita a la jurisdicción para emitir un pronunciamiento de fondo, pues “lo que se demanda” constituye el marco que ha de servir de límite al juez, quien no puede pronunciarse por una causa u objeto diferente al señalado en la demanda, de tal suerte, que al no haberse demandado la resolución concerniente a la liquidación de revisión ni solicitado su nulidad, no puede haber pronunciamiento sobre tal acto, y en consecuencia, no podría haber restablecimiento del derecho.

Así las cosas, la Sala está de acuerdo con la apreciación de la Procuradora Octava Delegada en el sentido de que la sentencia del Tribunal debe ser revocada, y en su lugar, habrá de proferirse fallo inhibitorio.»

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