Sentencia 2006 003 81 de noviembre 9 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 20001 23 31 000 2006 003 81 01, nov. 9/2006

Consejera Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Actor: Flor Claudia Hernández Mojica

Demandado: Notaría Primera del Círculo de Valledupar

Acción de Cumplimiento - Fallo

Bogotá, D.C., nueve de noviembre de dos mil seis.

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte actora contra el fallo de 22 de junio de 2006 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró improcedente la acción de cumplimiento.

Antecedentes

1. La solicitud de cumplimiento.

Mediante apoderada judicial, Flor Claudia Hernández Mojica impetró acción de cumplimiento (fls. 10-17) contra la Notaría Primera del Círculo de Valledupar, para que se le ordenara el cumplimiento de los artículos 5º, 11, 32, 89, 90, 91, 93 y 95 del Decreto 1260 de 1970 y que, en consecuencia, corrigiera la fecha y el lugar de nacimiento de la actora consignados en el Registro Civil 10767304 para que aparezca que nació en el Municipio de Tacarigua, Distrito de Brión, Estado de Miranda, República de Venezuela el 2 de julio de 1979.

Como hechos constitutivos de la demanda narró los siguientes:

En uso del derecho de concurrencia notarial previsto en el artículo 4º del Decreto 960 de 1970, la actora acudió ante la Notaría Única del Círculo de Chiriguaná, Cesar, para que a través de escritura pública extendiera las declaraciones contenidas en su registro civil de nacimiento expedido en la República de Venezuela.

Con base en la Escritura Pública 190 de 6 de octubre de 2005 que elevó el Notario Único de Chiriguaná, solicitó verbalmente al Notario Primero del Círculo de Valledupar la corrección de la fecha y lugar de nacimiento contenidos en su registro civil de nacimiento colombiano, petición que reiteró por escrito el 11 de noviembre de 2005 respondida el 22 de noviembre de 2005 en forma desfavorable alegando que la corrección solicitada por la actora sólo podía realizarse por orden judicial.

Sostuvo que el cambio deprecado no modificaba la esencia de su registro civil porque únicamente versaba sobre la fecha y lugar de nacimiento de la misma persona registrada.

2. Contestación de la demandada.

La apoderada de la Notaría Primera del Círculo de Valledupar presentó escrito de contestación de la demanda (fls. 22-27), en el cual manifestó que para la corrección del registro civil de nacimiento debía mediar pronunciamiento del juez competente y no podía efectuarse por medio de escritura pública como lo pretendía la actora, porque no apuntaba a efectuar enmendaduras de otro lado adujo que el cumplimiento solicitado es improcedente, toda vez que la corrección pretendida no apunta a efectuar enmendaduras de tipo aritmético, sino a rectificaciones que alterarían el estado civil.

Agregó que en el registro civil de la demandante aparecía inscrito su nacimiento el 1º de julio de 1979 en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar, Colombia.

3. La sentencia impugnada.

Corresponde a la dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 22 de junio de 2006, a través de la cual declaró improcedente la acción de cumplimiento.

Precisó el a quo que la pretensión de la actora de lograr la corrección de su registro civil respecto a su fecha y lugar de nacimiento, para que en lo sucesivo apareciera como nacida en Venezuela y no en Valledupar como figura actualmente, podía ser logrado a través de otro instrumento judicial y que, el competente para realizar dicha actuación era el juez y no el notario, como lo entendía la actora.

4. La impugnación.

Inconforme con el fallo de instancia, la apoderada judicial de la demandante lo impugnó (fls. 47-51) insistiendo en que la corrección del registro civil de su poderdante no conllevaba necesariamente a que el notario actuara por fuera de la ley, porque tenía la facultad de inscribir y anotar en el registro civil las declaraciones ante él rendidas y, de ser necesario, dejar la observación que estimara pertinente cuando encontrara una declaración apócrifa, pero que, en todo caso, la ley no le permitía rechazar una inscripción según su arbitrio.

Frente a la afirmación del fallador de instancia sobre la existencia de otro medio de defensa judicial, replicó que las normas objeto de cumplimiento preceptúan que la corrección del registro civil se hará mediante escritura pública u orden judicial, mas no sujetan la corrección del lugar de nacimiento a la tramitación una escritura pública, sino que ambos mecanismos son alternativos a la voluntad del interesado, siendo uno sustitutivo del otro.

Consideraciones

1. Competencia.

A pesar de que desde el 1º de agosto de 2006 entraron en funcionamiento los juzgados administrativos y que de acuerdo con el parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 393 de 1997 la competencia del Consejo de Estado para decidir en segunda instancia las acciones de cumplimiento cesaría en aquél momento, la Sala continúa siendo competente para conocer del presente asunto porque se encontraba pendiente de decisión antes de que ello ocurriera.

2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento.

La acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 393 de 1997, tiene por finalidad hacer efectivo el derecho del que goza toda persona, natural o jurídica, pública o privada, en cuanto titular de intereses jurídicos, de exigir tanto a las autoridades públicas como a los particulares que ejerzan funciones de esta índole, el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que ha impuesto ciertos deberes u obligaciones a una autoridad que se muestra renuente a cumplirlos, a fin de hacer efectiva la observancia del ordenamiento jurídico.

De acuerdo con la Ley 393 de 1997, los requisitos mínimos exigidos para que la acción de cumplimiento prospere son los siguientes:

a) Que el deber jurídico que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1º). Esta exigencia impone que las obligaciones reclamadas sean incontrovertibles e incuestionables, de forma tal que no exista duda sobre su existencia, contenido y alcance, quedando excluida de la finalidad de esta acción la declaración de derechos que estén en discusión, pues para tal efecto existen las acciones contenciosas.

b) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, frente a los cuales se reclama su cumplimiento (arts. 5º y 6º).

c) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber antes de instaurar la demanda, ocurrida ya sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8º).

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico contenido en un acto administrativo, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia ésta que hace improcedente la acción, así como también conduce a ése estado el pretender el cumplimiento de normas con fuerza material de ley que establezcan gastos a la administración y la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela (art. 9º).

3. El caso concreto.

El fallador de instancia decidió declarar improcedente la acción de cumplimiento, por considerar que la corrección del registro civil de la demandante podía ser lograda a través de otro instrumento judicial, que no identificó.

Por su parte, las razones de inconformidad de la actora se concretaron, en primer lugar, en que el notario tiene el deber de registrar las anotaciones que le soliciten las personas que comparezcan ante su despacho y, en caso de considerarlas apócrifas, sólo debe dejar constancia de ello, pero no le está dado delimitar a su arbitrio si las inscribe o no; en segundo lugar, porque las normas objeto de cumplimiento preceptúan que la corrección del registro civil se hará mediante escritura pública u orden judicial, sin que estén determinados los casos en los cuales deba hacerse de una u otra forma, siendo ambos mecanismos alternativos a la voluntad del interesado.

Pues bien, para decidir si la autoridad pública demandada está en la obligación de corregir por medio de escritura pública el registro civil de la actora, es preciso conocer el contenido de las normas en las que respalda su pretensión:

“Decreto 1260 de 1970

Por el cual se expide el Estatuto de Registro Civil de las personas

(...)

ART. 5º—Inscripción en el registro civil. Los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el competente registro civil, especialmente los nacimientos, reconocimientos de hijos naturales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonio, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seudónimos, manifestaciones de avecindamiento, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, así como los hijos inscritos, con indicación del folio y el lugar del respectivo registro.

ART. 11.—Características del registro de nacimiento. El registro de nacimiento de cada persona será único y definitivo. En consecuencia, todos los hechos y actos concernientes al estado civil y a la capacidad de ella, sujetos a registro, deberán inscribirse en el correspondiente folio de la oficina que inscribió el nacimiento, y el folio subsistirá hasta cuando se anote la defunción o la sentencia que declare la muerte presunta por desaparecimiento.

ART. 32.—Veracidad de hechos denunciados. El funcionario, al recibir la declaración de los comparecientes, y cuando fuere el caso, de los testigos por ellos presentados, procurará establecer la veracidad de los hechos denunciados, y si teniendo indicios graves de que su dicho es apócrifo, aquellos insistieren en la inscripción, procederá a sentarla y autorizarla, dejando las observancias a que hubiere lugar y dando noticia del hecho a quien sea competente para adelantar la correspondiente investigación.

ART. 89.—Alteración de inscripciones del estado civil. Artículo modificado por el artículo 2º del Decreto 999 de 1988. Las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, solamente podrán ser alteradas en virtud de decisión judicial en firme, o por disposición de los interesados, en los casos del modo y con las formalidades establecidas en este decreto.

ART. 90.—Rectificación o corrección de un registro. Artículo modificado por el artículo 3º del Decreto 999 de 1988. Sólo podrán solicitar la rectificación o corrección de un registro o suscribir la respectiva escritura pública, las personas a las cuales se refiere éste, por sí o por medio de sus representantes legales o sus herederos.

ART. 91.—Notas para corrección de errores. Artículo modificado por el artículo 4º del Decreto 999 de 1988. Una vez realizada la inscripción del estado civil, el funcionario encargado del registro, a solicitud escrita del interesado, corregirá los errores mecanográficos, ortográficos y aquellos que se establezcan con la comparación del documento antecedente o con la sola lectura del folio, mediante la apertura de uno nuevo donde se consignarán los datos correctos. Los folios llevarán notas de recíproca referencia. Los errores en la inscripción, diferentes a los señalados en el inciso anterior, se corregirán por escritura pública en la que expresará el otorgante las razones de la corrección y protocolizará los documentos que la fundamenten. Una vez autorizada la escritura, se procederá a la sustitución del folio correspondiente. En el nuevo se consignarán los datos correctos y en los dos se colocarán notas de referencia recíproca.

Las correcciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán con el fin de ajustar la inscripción a la realidad y no para alterar el estado civil.

ART. 93.—Correcciones y sus efectos. Artículo modificado por el artículo 5º del Decreto 999 de 1988. Las correcciones de las inscripciones en el registro del estado civil, realizadas por el funcionario encargado o dispuestas por los interesados en escritura pública, surtirán efectos, sin perjuicio de las decisiones judiciales que sobre ellas recayeren y tendrán el valor y el alcance que en ley les corresponda.

ART. 95.—Modificación de un inscripción. Toda modificación de una inscripción en el registro del estado civil que envuelva un cambio de estado, necesita de escritura pública o decisión judicial firme que la ordena o exija, según la ley”.

El Decreto 1260 de 1970 contiene las normas que regulan el registro del estado civil de las personas; señala el citado estatuto en su artículo 1º, que los hechos y actos relativos al estado civil de las personas deben ser inscritos en el registro civil correspondiente, especialmente los nacimientos, reconocimientos de hijos naturales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, entre otros.

De las disposiciones transcritas y de otras que no fueron invocadas por la demandante como incumplidas, pero igualmente contenidas en el Decreto 1260 de 1970, se deduce que el registro civil puede ser modificado y que del contenido de la modificación depende la forma en que la misma debe hacerse.

Así, puede haber en la inscripción de un registro civil errores “en las palabras, frases o citas”, susceptibles de ser corregidos subrayando y encerrando el error y salvando al final lo corregido, reproduciéndolo entre comillas e indicando si vale o no lo suprimido o agregado, con la correspondiente firma del funcionario competente (D. 1260/1970, art. 88).

Otra clase de errores que pueden presentarse en un registro civil son los “mecanográficos, ortográficos y aquellos que se establezcan con la comparación del documento antecedente o con la sola lectura del folio”, corregibles “mediante la apertura de uno nuevo donde se consignarán los datos correctos”. Y los errores en la inscripción distintos a los anteriores, como los encaminados a rectificar, corregir o adicionar el nombre, o suprimir la preposición de a la mujer casada o el apellido del marido (art. 94 ib.), deben ser corregidos por escritura pública explicando las razones de la corrección (art. 91 ib.).

Por último, existen otras clases de cambios que suponen la alteración del estado civil, que precisan la intervención del juez para poderse realizar (arts. 89 y 96 ib.).

Tal es el caso del cambio de lugar y fecha de nacimiento que persigue la demandante, pues claramente incide en su nacionalidad; por lo tanto, dicha modificación no puede disponerla el notario a través de escritura pública, como lo pretende la actora, sino que debe ser autorizada por el juez civil del proceso de jurisdicción voluntaria regulado en el artículo 649, numeral 11 del Código de Procedimiento Civil.

Para reafirmar lo anterior, vale la pena traer a colación el concepto emitido por el Director Nacional de Registro Civil (fls. 36 y 37) frente al caso concreto, en el cual refirió lo siguiente:

“el artículo 89 del Decreto-Ley 1260 de 1970, modificado por el artículo 2º del Decreto 999 de 1988, dispone: “Las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, solamente podrán ser alteradas en virtud de decisión judicial en firme, o por disposición de los interesados, en los casos, del modo y con las formalidades establecidas en este decreto.

(…).

De conformidad con lo dispuesto por la norma citada, la corrección del lugar de nacimiento no procede mediante escritura pública, ya que esta corrección implica una alteración en el estado civil y una violación a las normas de circunscripción territorial (D.L. 12160/1970, art. 46)”.

Lo anterior permite a la Sala a concluir que la obligación endilgada por el actor a la autoridad pública demandada no existe, pues las correcciones que pretende materializar en su registro civil de nacimiento no le corresponden directamente a los notarios, sino que precisan de un proceso judicial previo, diseñado precisamente para lograr la alteración del estado civil de las personas.

Las circunstancias descritas son suficientes para que no prosperen las súplicas de la demanda de cumplimento.

Por lo anteriormente expuesto, y como quiera que el a quo declaró improcedente la acción de cumplimiento, sin que existiera en el caso concreto alguna de las causales previstas para el efecto en el artículo 9º de la Ley 393 de 1997, la Sala habrá de modificarla en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia de 22 de junio de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda de cumplimiento.

Ejecutoriada esta providencia, envíese al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Reinaldo Chavarro Buriticá, presidente—María Nohemí Hernández Pinzón—Filemón Jiménez Ochoa—Darío Quiñones Pinilla.

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