Sentencia 20001233100020040056301 de septiembre 23 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 200012331000200400563-01

Radicación interna: 3551

Consejero Ponente:

Dr. Darío Quiñones Pinilla

Actor: Luz Irina Pérez Sánchez y otra.

Electoral

Bogotá, D.C., veintitrés de septiembre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 231 del Código Contencioso Administrativo, esta Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar el 15 de julio de 2004.

Los recursos de apelación se interpusieron dentro del término que para el efecto señala el artículo 250, inciso primero, del Código Contencioso Administrativo.

Teniendo en cuenta que en los escritos de sustentación de los recursos de apelación, el apoderado del demandado y la demandante María Ligia Palacios Sánchez impugnan en su integridad la sentencia del tribunal, la Sala extiende el estudio de la apelación a todos los cargos de las demandas.

La demanda de María Ligia Palacios Sánchez

De su contenido se desprende que, en realidad, se formulan tres cargos contra el acto que declaró la elección del señor David Alberto Simanca Camargo como alcalde municipal de Aguachica, las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras municipal y departamental del Cesar, la Resolución 02 de 2003 y la que resolvió declarar desierto el recurso de apelación interpuesto contra la primera resolución, dictadas, en su orden, por las mismas comisiones.

Como la demandante presenta el cargo relativo a la inclusión en el escrutinio de votos de 76 mesas de votación respecto de las cuales plantea que hubo introducción extemporánea de los documentos electorales correspondientes, es preciso señalar que la entrega extemporánea de documentos electorales está contemplada como causal de reclamación en el artículo 192, numeral 7º, del Código Electoral y, por tanto, debe proponerse inicialmente como tal en la vía administrativa.

Es de anotar que las causales de reclamación establecidas en el artículo 192 del Código Electoral no pueden aducirse en sede judicial como causales de nulidad de las actas o registros electorales, pues si bien es cierto el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo disponía que dichas actas eran nulas cuando ocurriera cualquiera de las causales de reclamación, ese precepto fue derogado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, lo cual no restringe la competencia del juez administrativo para conocer y decidir sobre la legalidad y validez de los actos mediante los cuales las autoridades electorales resuelven reclamaciones.

En este sentido conviene aclarar que, como en reiteradas oportunidades lo ha expresado esta Sala (1) , las causales de reclamación no constituyen motivos de nulidad, por lo que no pueden alegarse por vía jurisdiccional.

Ello obedece a que la norma actualmente vigente, esto es, el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo fue modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, en el sentido de suprimir como causal de nulidad de las actas de escrutinio las causales de reclamación. De consiguiente, si los motivos que originan la nulidad de las actas de escrutinio son taxativos (CCA, arts. 84, 223, 227 y 228) y las causales de reclamación no han sido consagradas como tales (Cód. Electoral, art. 192), estas no podrán alegarse de manera analógica o extensiva en el proceso contencioso electoral sino que deben discutirse en la instancia administrativa electoral.

Ciertamente, el hecho de que las causales de reclamación no constituyan hoy causales de nulidad del proceso electoral obedece a que el fin de la reforma fue el de dejarlas comprendidas dentro de unas irregularidades subsanables por la vía administrativa, esto es, ante la autoridad electoral que dispone de los correctivos oportunos para enderezarlas.

Pero ocurre que, siendo competencia de la jurisdicción contencioso administrativa desatar las controversias sobre la legalidad de los actos de la administración, es natural que esa función se extienda a las decisiones de las autoridades electorales, en cuanto resuelven tales reclamaciones, para efecto de determinar la validez de la elección. Y para que sea procedente esta especial acción de nulidad, es necesario, como resulta de lo dicho, que se adelante la etapa previa ante la autoridad electoral y que, por supuesto, se agoten los medios de defensa que otorga la ley a los candidatos. De modo que, con esa exigencia, es posible demandar las decisiones que hubieren adoptado las autoridades electorales respecto de las reclamaciones.

La demandante María Ligia Palacios Sánchez sostiene que en el proceso administrativo electoral de los escrutinios del municipio de Aguachica, algunos candidatos presentaron reclamaciones oportunas, tanto en los escrutinios zonales como en los municipales; que en todas las reclamaciones se alegó introducción extemporánea de pliegos electorales en el arca triclave de las 76 mesas seguidamente relacionadas:

Al revisar las pruebas allegadas al proceso, en especial las actas de escrutinio de las zonas y el acta de escrutinio general municipal, la Sala encuentra que solo algunas de las 76 mesas mencionadas por la demandante fueron objeto de reclamación por introducción extemporánea de documentos electorales al arca triclave y una vez que las comisiones zonales las resolvieron, habiendo sido apeladas sus decisiones, los recursos fueron decididos por la comisión escrutadora municipal, tal como se observa en el siguiente cuadro:

ZonaPuestoMesa objeto de reclamaciónObjeto de reclamaciónResolución de apelaciones acta escrutinio municipal
1121Acta general, págs. 27 y 28 (apela)Folio 447
2122No se presenta reclamación, pág. 8 
3123Acta general, pág. 34 (apela)Folio 447
4125Acta general, pág. 9 (apela)Folio 447
5129Acta general, pág. 54 (apela)Folio 448
61213No fue objeto de reclamación, pág. 53 
71220No fue objeto de reclamación, pág. 47 
81221Acta general, pág. 31 (apela)Folio 450
91222Acta general, pág. 5 (apela)Folios 450-451
101223No fue objeto de reclamación, pág. 44 
11131No fue objeto de reclamación, pág. 60 
12132No fue objeto de reclamación, pág. 60 
13133No fue objeto de reclamación, pág. 60 
14134No fue objeto de reclamación, pág. 61 
15135No fue objeto de reclamación, pág. 62 
16136No fue objeto de reclamación, pág. 62 
17137No fue objeto de reclamación, pág. 63 
18138No fue objeto de reclamación, pág. 64 
19139No fue objeto de reclamación, pág. 64 
201310No fue objeto de reclamación, pág. 66 
211311No fue objeto de reclamación, pág. 67 
221312Acta general, pág. 68 (apela)Folio 451
231313No fue objeto de reclamación, pág. 69 
241314Acta general, pág. 69 (apela)Folio 451
251315Acta general, pág. 70 (apela)Folio 451
261316No fue objeto de reclamación, pág. 71 
27211No fue objeto de reclamación, pág. 4 
28212  
29214No fue objeto de reclamación, pág. 6 
30216No fue objeto de reclamación, pág. 8 
31217No fue objeto de reclamación, pág. 9 
322110No fue objeto de reclamación, pág. 12 
332111No fue objeto de reclamación, pág. 14 
342113No fue objeto de reclamación, pág. 15 
352114No fue objeto de reclamación, pág. 16 
362118No fue objeto de reclamación, pág. 20 
37231No fue objeto de reclamación, pág. 31 
38232No fue objeto de reclamación, pág. 33 
39233No fue objeto de reclamación, págs. 34-36 
40234No fue objeto de reclamación, pág. 37 
41235No fue objeto de reclamación, pág. 38 
42236No fue objeto de reclamación, pág. 40 
43237No fue objeto de reclamación, pág. 42 
44238No fue objeto de reclamación, pág. 43 
45239No fue objeto de reclamación, pág. 45 
462310No fue objeto de reclamación, pág. 47 
472311No fue objeto de reclamación, pág. 49 
482312No fue objeto de reclamación, pág. 50 
492313No fue objeto de reclamación, pág. 51 
502314No fue objeto de reclamación, pág. 52 
512315No fue objeto de reclamación, pág. 54 
522316No fue objeto de reclamación, pág. 56 
532317No fue objeto de reclamación, pág. 57 
54124Acta general, págs. 3-4 
55126No fue objeto de reclamación, pág. 23 
56127Acta general, págs. 57-58 (apela)Folio 448
57128Acta general, págs. 17-18 (apela)Folio 448
581210Acta general, págs. 40-41 (apela)Folios 448-449
591211Acta general, págs. 26-27 (apela)Folio 449
601212Acta general, pág. 37 (apela)Folio 449
611214Acta general, págs. 22-23 (apela)Folio 449
621215No fue objeto de reclamación, pág. 35 
631217No fue objeto de reclamación, pág. 13 
641218Acta general, pág. 12 (apela)Folio 450
651219No fue objeto de reclamación, pág. 43 
661224No fue objeto de reclamación, pág. 45 
671225No fue objeto de reclamación, pág. 14 
68213No fue objeto de reclamación, pág. 5 
69215No fue objeto de reclamación, pág. 7 
70218No fue objeto de reclamación, pág. 11 
71219No fue objeto de reclamación, pág. 11 
722112No fue objeto de reclamación, pág. 15 
732115No fue objeto de reclamación, pág. 16 
742116No fue objeto de reclamación, pág. 18 
752117No fue objeto de reclamación, pág. 18 
761216Acta general, pág. 12 (apela)Folios 449-450

De lo anterior se desprende que, en realidad, en relación con las 76 mesas señaladas en la demanda, se encuentra demostrado que solo se formularon reclamaciones respecto de las siguientes:

ZonaPuestoMesa
1121
2123
3125
4129
51221
61222
7124
8127
9128
101210
111211
121212
131214
141218
151216
161312
171314
181315

Pasa, entonces, la Sala al estudio de los cargos de la demanda, así:

Primer cargo. Violación de los artículos 144 y 192, numeral 7º, del Código Electoral.

Se sostiene que el Acuerdo 5º de 22 de diciembre de 2003, expedido por el Consejo Nacional Electoral, las actas de escrutinio municipal de Aguachica y de la comisión escrutadora del departamento del Cesar y las resoluciones que desataron las reclamaciones, contienen una falsa motivación, una desviación y abuso de poder, según los hechos narrados en la demanda, “pero en especial al haberse ordenado la exclusión del cómputo general de la votación de tan solo 23 mesas de votación, cuando en verdad se dejaron de excluir del cómputo general de la votación cincuenta y tres mesas de votación”, a saber:

ZonaPuestoMesa
1121
2122
3123
4125
5129
61213
71220
81221
91222
101223
11131
12132
13133
14134
15135
16136
17137
18138
19139
201310
211311
221312
231313
241314
251315
261316
27211
28212
29214
30216
31217
322110
332111
342113
352114
362118
37231
38232
39233
40234
41235
42236
43237
44238
45239
462310
472311
482312
492313
502314
512315
522316
532317

Como de esas 53 mesas antes relacionadas hubo reclamaciones respecto de 9 mesas, procede el estudio del cargo únicamente en cuanto a estas.

La demandante afirma que al igual que ocurrió con los documentos electorales de las 23 mesas excluidas del cómputo general por el acto demandado, los documentos electorales correspondientes a las 53 mesas relacionadas antes, también fueron introducidos extemporáneamente al arca triclave y, sin embargo, no se excluyeron del cómputo general, omisión, que a su juicio, constituye un claro desconocimiento del principio de igualdad y una aplicación indebida de los artículos 144 y 192, numeral 7º del Código Electoral, lo que a su vez conlleva una nulidad de las consagradas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, porque contiene una falsa motivación y una desviación y abuso de poder.

Las normas citadas por la demandante son del siguiente tenor:

“ART. 144.—Modificado. L. 62/88, artículo 8º. Inmediatamente después de terminado el escrutinio en las mesas de votación, pero en todo caso antes de las once de la noche (11:00 p.m.) del día de las elecciones, las actas y documentos que sirvieron para la votación serán entregados por el presidente del jurado, bajo recibo y con indicación del día y la hora de entrega, así: en las cabeceras municipales, a los registradores del estado civil o a los delegados de estos, y en los corregimientos e inspecciones de policía, a los respectivos delegados del Registrador del Estado Civil.

Los documentos electorales de los corregimientos e inspecciones de policía serán conducidos sor el delegado que los haya recibido con vigilancia de la fuerza pública uniformada, y entregados a los claveros respectivos dentro del término que se les haya señalado.

Salvo que ante la comisión escrutadora se demuestre violencia, fuerza mayor o caso fortuito, los pliegos que fueren entregados después de la hora mencionada, no serán tenidos en cuenta en el escrutinio y el hecho se denunciará a la autoridad competente para que imponga la sanción a que haya lugar”.

(...).

ART. 192.—El Consejo Nacional Electoral o sus delegados tienen plena y completa competencia para apreciar cuestiones de hecho o de derecho y ante reclamaciones escritas que les presenten durante los escrutinios respectivos los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos y apreciando como pruebas para resolver únicamente los documentos electorales, podrán por medio de resolución motivada decidir las reclamaciones que se les formulen con base en las siguientes causales:

“(...).

7. Modificado L. 62/88, art. 15. Cuando los pliegos electorales se hayan recibido extemporáneamente, a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, certificados por funcionario público competente, o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos.

(...)”.

La primera de las normas transcritas es clara en establecer que la entrega de documentos electorales debe hacerla el presidente del jurado de votación al registrador o su delegado, dentro del término correspondiente, es decir inmediatamente después de terminado el escrutinio en las mesas de votación y antes de las once de la noche (11:00 p.m.) del día de las elecciones; el incumplimiento de este mandato acarrea como consecuencia que los pliegos respectivos no se tengan en cuenta para el escrutinio, salvo que se demuestre causa que justifique la demora.

Las 11 de la noche del día de las elecciones que señala el artículo 144 del Código Electoral aplica para los presidentes de los jurados de las mesas de votación ubicadas en la cabecera municipal. No así para la recepción de los pliegos correspondientes a las mesas de votación situadas en los corregimientos e inspecciones de policía, que son entregados a los claveros dentro del término que para el efecto les haya señalado la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En todo caso la entrega de dichos documentos se realiza bajo recibo y con indicación del día y hora de la entrega para ser introducidos y guardados posteriormente en el arca triclave, la cual es un arca de tres cerraduras o candados o un local u oficina acondicionado, cuando el volumen de los documentos electorales lo haga indispensable (Cód. Electoral, arts. 145, 146 y 147).

Como en este caso la presunta entrega extemporánea de documentos electorales, a que alude la demandante, ocurrió en el área urbana del municipio de Aguachica, se aplica el artículo 152 del Código Electoral, tal como quedó modificado por el artículo 10 de la Ley 62 de 1988, en cuanto determina que “A medida que se vayan recibiendo los pliegos provenientes de las mesas de votación los claveros distritales, municipales y de zona los introducirán inmediatamente en el arca triclave respectiva y anotarán en un registro con sus firmas el día y la hora de la introducción de cada uno de ellos y su estado. Una vez introducidos en el arca triclave la totalidad de los documentos electorales procederán a cerrarla y sellarla y firmarán un acta general de la diligencia en la que coste la fecha y hora de su comienzo y terminación y estado del arca, lo mismo que los certificados que se les soliciten sobre los resultados ...” (negrillas fuera del texto).

Se tiene, entonces, que una vez el registrador del municipio, distrito o zona, o el delegado de este, recibe los documentos electorales de parte de los presidentes del jurado de votación, en seguida y a medida que los vaya recibiendo, los claveros deben proceder a introducirlos en el arca triclave, tal como lo dispone el artículo 152 del Código Electoral.

De los actos de entrega de documentos electorales del presidente del jurado al registrador o a su delegado y del acto de introducción al arca triclave por parte de los claveros, queda constancia con la correspondiente fecha y hora.

El siguiente cuadro ilustra acerca de la fechas y horas en que los documentos electorales de las 9 mesas respecto de las cuales se estableció que se hicieron reclamaciones en la vía administrativa, fueron entregados por el presidente de los jurados de votación al registrador (Formulario E-17), así como de la introducción posterior al arca triclave (Formulario E-20):

ZonaPuestoMesaE-17 - fecha y horaE-20 - fecha y hora
112126.10/03- 9:0627.10/03-12:17
212326.10/03- 8:4527.10/03-12:15
312526.10/03- 9:1527.10/03-12:20
412926.10/03- 8:3027.10/03-12:07
5122126.10/03- 8:5527.10/03-12:12
6122226.10/03- 7:3127.10/03-12:13
7131226.10/03- 9:2026.10/03-11:13
8131426.10/03- 7:4526.10/03-11:16
9131526.10/03- 8:3026.10/03-11:18

El cuadro precedente indica claramente que respecto de las 9 mesas relacionadas se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 144 del Código Electoral, pues el presidente del jurado de votación de cada una de ellas entregó oportunamente al registrador municipal los documentos electorales; en otras palabras, la referida entrega se realizó antes de las once de la noche (11 p.m.) del día de las elecciones (oct. 26/2006)(sic).

A manera puramente ilustrativa se muestra a continuación que en las demás mesas del grupo de las 53 señaladas por la demandante y respecto de las cuales no se estableció la formulación de reclamaciones, se presentó la misma situación antes descrita:

ZonaPuestoMesaE-17 fecha y horaE-20 fecha y hora
112226.10/03-7:20 p.m.27.10/03-12:40
2121326.10/03-8:1327.10/03-12:10
3122026.10/03-8:3327.10/03-12:15
4122326.10/03-7:4227.10/03-12:09
513126.10/03-7:3026.10/03-11:10
613226.10/03-7:3026.10/03-11:13
713326.10/03-8:0026.10/03-11:15
813426.10/03-9:1026.10/03-11:12
913526.10/03-8:4526.10/03
1013626.10/03-7:1526.10/03-11:14
1113726.10/03-7:3026.10/03-11:11
1213826.10/03-8:1026.10/03-11:17
1313926.10/03-8:2026.10/03-11:12
14131026.10/03-9:0026.10/03-11:16
15131126.10/03-7:3026.10/03-11:18
16131326.10/03-10:2526.10/03-11:15
17131626.10/03-8:5526.10/03-11:17
1821126.10/03-8:1229.10/03-11:10 a.m.
1921226.10/03-9:2729.10/03-12:15 a.m.
2021426.10/03-8:5329.10/03-4:00 p.m.
2121626.10/03-7:00 p.m.29.10/03-5:58 p.m.
2221726.10/03-7:5529.10/03-7:15 p.m.
23211026.10/03-8:2530.10/03-10:30 a.m.
24211126.10/03-10:2530.10/03-12:15 p.m.
25211326.10/03-9:1330.10/03-3:50 p.m.
26211426.10/03-9:00 p.m.30.10/03-4:55 p.m.
27211826.10/03-8:1030.10/03-8:15 p.m.
2823126.10/03-10:3431.10/03-8:40 p.m.
2923226.10/03-8:5731.10/03-9:00 p.m.
3023326.10/03-8:401.11/03- 9:30 p.m.
3123426.10/03-9:401.11/03- 10:20 a.m.
3223526.10/03-7:521.11/03-12:15 p.m.
3323626.10/03-9:491.11/03- 2:45 p.m.
3423726.10/03-8:301.11/03- 3:50 p.m.
3523826.10/03-9:201.11/03- 5:15 p.m.
3623926.10/03-7:251.11/03-8:15 p.m.
37231026.10/03-7:321.11/03-9:00 p.m.
38231126.10/03-8:032.11/03-9:50 a.m.
39231226.10/03-7:112.11/03-10:40 a.m.
40231326.10/03-7:232.11/03-11:15 a.m.
41231426.10/03-9:072.11/03-12:00 p.m.
42231526.10/03-8:072.11/03-12:40 p.m.
43231626.10/03-7:432.11/03-3:18 p.m.
44231726.10/03-9:012.11/03-4:35 p.m.

Por lo anterior se puede concluir que no existía razón para que los documentos de las mesas referidas hubieran sido excluidos del cómputo de votos y de los escrutinios realizados por la respectiva corporación escrutadora, pues no se presentó la situación prevista en el artículo 192, numeral 7º, del Código Electoral.

No ocurre lo mismo con la fecha y hora en que los documentos electorales fueron introducidos al arca triclave, pues en el caso de las 9 mesas se observa que en 6 de ellas los referidos documentos fueron introducidos al arca triclave mucho tiempo después de haber sido entregados por los presidentes de los jurados al registrador municipal. Pero esa extemporaneidad en la introducción de los documentos electorales al arca triclave no se erigió en causal para que fueran excluidos del cómputo de votos y de los escrutinios respectivos, aun cuando si acarrea sanciones para los claveros, según lo establece el artículo 150 del Código Electoral en los siguientes términos: “El incumplimiento de los deberes de clavero, es causal de mala conducta, que se sancionará con la pérdida del empleo”.

Luego, entonces, ni por separado ni concordados, los artículos 144 y 192, numeral 7º, del Código Electoral tienen instituida una misma consecuencia jurídica para los dos eventos referidos, pues en el primero, es decir cuando el presidente del jurado de votación no entrega oportunamente los documentos electorales al registrador o a su delegado, esto es inmediatamente después de terminado el escrutinio en las mesas de votación y antes de las 11 de la noche del día de las elecciones, la consecuencia es que los pliegos entregados en esas condiciones no se tienen en cuenta para el escrutinio, salvo que se demuestre motivo que justifique el retardo; a diferencia de ello, en el segundo evento, es decir cuando los claveros introducen los documentos al arca triclave por fuera del tiempo previsto en el artículo 152 del Código Electoral, la consecuencia es la sanción establecida en el artículo 150 ibídem, sin que en ningún caso las consecuencias previstas para cada evento puedan trasladarse o aplicarse indistintamente, so pretexto de que no existe igualdad en el tratamiento que la ley previó para cada uno de ellos.

Lo expuesto es suficiente para concluir que el primer cargo no prospera.

Segundo cargo. Suplantación de electores, ejercicio del sufragio por personas fallecidas y por quienes no podían votar.

La demandante afirma que en las mesas que relaciona se presentó suplantación de electores; que tal irregularidad se demuestra al comparar los nombres de los presuntos votantes con los nombres reales que corresponden a dichas cédulas de ciudadanía, al hacer el cruce entre el formulario E-11, el censo electoral y el Archivo Nacional de Identificación; sostiene que además no se excluyeron del censo electoral los miembros de la fuerza pública ni las personas que habían fallecido y así entonces resultaron votando personas muertas y otras que no podían hacerlo.

Esas mesas son las siguientes:

ZonaPuestoMesa
1121
2122
3123
4125
5129
61213
71220
81221
91222
101223
11131
12132
13133
14134
15135
16136
17137
18138
19139
201310
211311
221312
231313
241314
251315
261316
27211
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31217
322110
332111
342113
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362118
37231
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39233
40234
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462310
472311
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502314
512315
522316
532317
54124
55126
56127
57128
581210
591211
601212
611214
621215
631217
641218
651219
661224
671225
68213
69215
70218
71219
722112
732115
742116
752117
761216

En relación con este cargo la Sala observa que aun cuando la demandante señaló las mesas de votación en las que asegura ocurrió la suplantación del elector, omitió mencionar los números de las cédulas frente a los cuales aparecen consignados en la lista y registro de votantes (formulario E-11), los nombre de los sufragantes que suplantaron en el ejercicio del derecho al sufragio a los verdaderos titulares de los documentos de identidad, como también omitió señalar los nombres de los suplantados.

Esas mismas omisiones se presentaron en la acusación relacionada con el supuesto ejercicio al sufragio por parte de personas fallecidas y de militares activos. En ningún caso se consideran suplidas por el hecho de haber señalado los nombres y documentos de identidad en los alegatos de conclusión en la primera instancia, ni en la sustentación de la alzada, porque como bien lo señala el a quo, de ser aceptadas esas correcciones de la demanda se desconocería el derecho de defensa de la contraparte, que debió desarrollarlo en relación con los cargos presentados en la demanda, que no con los corregidos o modificados tardíamente en los alegatos de conclusión y en la segunda instancia, pues frente a estos no tendría oportunidad procesal para controvertirlos ni solicitar la práctica de pruebas que respaldaran sus argumentaciones.

En relación con este cargo, el apoderado del demandado sostuvo en su recurso de apelación, que el fallo es incongruente porque el a quo no hizo pronunciamiento alguno respecto del mismo; y en el escrito de la alzada presentó una relación de cédulas, con los nombres de las personas que aparecían como sufragantes en el formulario E-11 y los nombres de quienes dicen son los verdaderos titulares de tales documentos de identificación, junto con los nombres de personas que, asegura, habiendo fallecido, aparecieron votando.

Al respecto es suficiente señalar que, contra lo que sostiene el apelante, el tribunal sí se pronunció expresamente sobre el cargo de suplantación de electores, tal como demuestra el siguiente aparte de la providencia que dice:

“(...)

En la demanda no se señalaron los casos concretos, ni las mesas de votación en donde habían ocurrido las presuntas suplantaciones, votación de personas fallecidas o excluidas del censo electoral, ateniéndose a lo que se estableciera en el proceso. Solamente en los alegatos de conclusión concretó estos cargos, lo cual no es posible, ya que se estaría violando el debido proceso de la parte demandada, ante la imposibilidad de controvertir desde la contestación de la demanda.

Luego, se negará el cargo”.

Aun cuando breve, el pronunciamiento del tribunal no podía ser diferente, porque el análisis de los supuestos casos de suplantación determinados en los alegatos de conclusión —o en el recurso de apelación— significaría admitir que los demandantes pueden presentar y formular acusaciones de manera general e indeterminada en sus demandas y con base en las pruebas aportadas al proceso concretar no solo las acusaciones y cargos que surgen de ellas, sino cualquier otra irregularidad que se evidencie aun cuando no se hubiese mencionado en las demandas, con lo cual se les brindaría unas condiciones de ventaja frente a las contrapartes e interesados que pudieran resultar afectados con las correspondientes decisiones judiciales y a quienes, es evidente, se les desconocería su derecho de defensa.

Lo brevemente expuesto es suficiente para concluir que el segundo cargo no está llamado a prosperar.

Tercer cargo. Violación del debido proceso.

Se fundamenta en los siguientes aspectos:

Dice la demandante que el apoderado del candidato a la alcaldía de Aguachica, David Alberto Simanca Camargo, presentó por primera vez reclamación ante la comisión escrutadora municipal, por la entrega extemporánea de los pliegos electorales de las 76 mesas varias veces referidas; la reclamación fue rechazada mediante Resolución 2 de 2003, por haberse operado el fenómeno de la cosa juzgada y habiendo sido recurrida, los delegados del Consejo Nacional Electoral declararon desierto el recurso de apelación, en razón de que fue sustentado simultáneamente por dos abogados.

En el expediente no aparece copia de la reclamación, o reclamaciones, que dice la demandante fueron presentadas, por primera vez, por los apoderados del candidato David Simanca y por los abogados Pedro Alexander Rodríguez Matallana, inicialmente, y Henry Villarraga Oliveros, posteriormente; de lo que sí aparece prueba en el acta general de escrutinio municipal de Aguachica, es que, a nombre del candidato David Alberto Simanca, el abogado Pedro Alexander Rodríguez Matallana, presentó por primera vez “... doce (12) reclamaciones en el puesto 1, ocho (8) más por el puesto 3 dejando constancia que constan de tres (3) folios útiles escritos y dos (2) más por el puesto 2 constantes de un (1) folio útil cada uno; presentó una solicitud de carácter general, las que se estudiarán y evaluarán una vez analizadas las mismas...”.

Como se puede observar, el acta habla de reclamaciones, pero no individualiza las mesas contra las que ellas se dirigen.

Del acta referida se destaca el análisis realizado por la comisión escrutadora municipal, que se sintetiza en el siguiente aparte:

“... Cabe anotar que la extemporaneidad a que se refiere la Ley 62 de 1988, en sus artículos 8º y 15, se suscita en el momento mismo en que el presidente de la mesa de votación, entrega los documentos electorales al registrador o su delegado, y no al clavero, de lo cual queda expresa constancia en el formulario E-17 y no en otro, en dado caso la hora límite para el recibo de los documentos por parte del registrador o su delegado al presidente de la mesa de votación es a las 11:00 p.m., del día de las elecciones. De igual manera y basados en el principio de la sana crítica al hacer un análisis del caso en concreto, notamos que la naturaleza de las reclamaciones es determinar si hubo o no extemporaneidad en la presentación de los documentos electorales, sin considerar la corporación que hiciera dicho reclamo, en consecuencia al resolver una de estas se aclara la situación para todas las corporaciones que presenten tales reclamaciones. Por lo que frente a esta situación no se podría acceder a las reclamaciones presentadas en esta instanciacomo si fueran por primera vez, ya que estas fueron resueltas en primera y segunda instancia y de hacer caso omiso a esto estaríamos violando el principio universal del derecho de cosa juzgada y contrariando además lo establecido en el artículo 193 del Código Electoral, modificado por el artículo 16 de la Ley 62 de 1988, cuando exige que las reclamaciones deberán ser presentadas ante las respectivas comisiones escrutadoras por primera vez. En virtud de los argumentos esbozados por esta comisión y a la luz del derecho electoral, recházase in limine las reclamaciones anteriormente presentadas” (negrillas fuera del texto).

Como consecuencia de ello, la comisión escrutadora municipal de Aguachica dictó la Resolución 2 de 13 de noviembre de 2003 y en su artículo primero dispuso: “Rechácese in limine las reclamaciones presentadas por los sujetos solicitantes a que se refiere los considerandos de esta providencia en la zona 01: puesto 01, mesas 04, 07 y 10, puesto 02, mesas 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21 y 22; puesto 03, mesa 12, 14 y 15, por las consideraciones tenidas en cuenta en la parte motiva de esta resolución”.

Contra lo que sostiene la demandante, la prueba referida no demuestra que las reclamaciones presentadas ante la comisión escrutadora municipal de Aguachica por los apoderados del candidato David Simanca, hubiesen estado dirigidas contra todas las 76 mesas que relaciona en su demanda, pues solo se presentaron reclamaciones respecto de las mesas 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21 y 22 de la zona 1, puesto 2, y las mesas 12, 14 y 15 de la zona 1, puesto 3, es decir de 17 mesas. Pero la prueba sí demuestra que aun cuando la comisión escrutadora municipal se refiere a la cosa juzgada, la razón por la cual rechazó las reclamaciones aludidas, consistió en que consideró que estas debían ser presentadas por primera vez ante las respectivas comisiones escrutadoras, es decir ante las que realizan los escrutinios correspondientes, que en este caso son las zonales. Y este argumento la Sala lo encuentra válido, como se desprende de lo dispuesto en los artículos 166 y 167 del Código Electoral que dicen lo siguiente:

“ART. 166.—Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares resolverán, con base en las actas respectivas, las reclamaciones que se hayan presentado ante los jurados de votación, conforme al artículo 122 de este código.

Las apelaciones que se formulen contra las decisiones de las comisiones escrutadoras auxiliares, así como los desacuerdos que se presenten entre los miembros de estas, serán resueltas por las correspondientes comisiones distrital o municipal, las que también harán el escrutinio general de los votos emitidos en el distrito o municipio, resolverán las reclamaciones que en este escrutinio se propongan, declararán la elección de concejales y alcaldes y expedirán las respectivas credenciales.

(...).

ART. 167.—En los escrutinios realizados por las comisiones escrutadoras distritales y municipales no se aceptarán reclamos o apelaciones que no sean formulados por escrito en el acto mismo del escrutinio y que no estén fundadas en alguna de las causales establecidas en el artículo 192 de este código. También deberán presentarse por escrito los reclamos que se hagan ante las comisiones auxiliares”.

Según da cuenta la Resolución 2 de 13 de noviembre de 2003, reclamaciones relacionadas con la introducción extemporánea de documentos electorales al arca triclave, ya habían sido formuladas y decididas en primera instancia, en el escrutinio que realizaron las comisiones zonales. Y además las decisiones respectivas habían sido recurridas y confirmadas por la comisión escrutadora municipal, tal como da cuenta la resolución precitada.

En efecto, sobre el punto, el acto administrativo precitado señaló:

“... En el caso sometido a estudio, se observa que las reclamaciones presentadas por los candidatos a la asamblea Eduardo Emilio Esquivel López, a través de su apoderado, doctor Madonio Villegas Salazar, y los candidatos a la alcaldía David Alberto Simanca Camargo, a través de su apoderado, doctor Pedro Alexander Rodríguez Matallana y Alfredo Vega, a través de su testigo Rafael Garrido, coincidencialmente fueron presentadas invocando como fundamento de dicha reclamación la misma causal, es decir, la establecida en el numeral 7º del artículo 192 del Código Electoral, modificado por la Ley 62 de 1988, en su artículo 15, lo cual aplicando el principio de economía procesal se decidirán conjuntamente. Observando que la causal de reclamación ya fue objeto de decisión en primera instancia cuando se negó ante la comisión escrutadora auxiliar la reclamación que por la misma causal presentó el testigo Fredy Chica (o Rafael Garrido en unos casos), y que en estrados fue notificada a los comparecientes, quienes en esa oportunidad interpusieron el recurso pertinente el cual fue resuelto en segunda instancia por esta corporación confirmando lo decidido por el a quo...” (negrillas fuera del texto).

Sin embargo, aceptando en gracia de discusión, que los apoderados del candidato David Simanca podían presentar por primera vez, ante la comisión escrutadora municipal, reclamaciones relacionadas con los escrutinios realizados por las comisiones escrutadoras zonales, el resultado no habría variado, pues, como quedó demostrado, respecto de las 53 mesas citadas en la demanda de la señora Palacios de Sánchez en las que se hicieron reclamaciones y en las demás, se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 144 del Código Electoral, porque los presidentes de los jurados de votación hicieron entrega oportuna al registrador de los documentos electorales. Y si bien es cierto que respecto de 23 de ellas, el Consejo Nacional Electoral excluyó la votación del escrutinio de Aguachica, esa decisión se fundamentó principalmente con el argumento de que en que en los formularios E-17 no se registró la hora de entrega de los documentos electorales por los presidentes del jurado al registrador o a su delegado.

La demandante agrega que el apoderado del candidato a la alcaldía David Alberto Simanca presentó recurso de apelación debidamente sustentado, contra la Resolución 2 de 2003, que contenía la decisión adversa adoptada por la comisión escrutadora municipal, para que el ad quem la revocara; que los delegados del Consejo Nacional Electoral en un aberrante, desafortunado y desatinado fallo, tomaron la decisión de declarar desierto el recurso de apelación presentado por el apoderado de dicho candidato, con el argumento de que dos abogados no podían intervenir simultáneamente, con lo cual, en sentir de la demandante, desconocieron el recurso de apelación y la sustentación que presentó el abogado Henry Villarraga Oliveros. A juicio de la demandante, dicha decisión constituye una violación al debido proceso, al derecho de defensa, al de contradicción y a la igualdad, pues en ninguna de las actuaciones administrativas los apoderados designados por David Simanca intervinieron simultáneamente, razón por la cual no se podía declarar desierto el recurso de apelación, interpuesto y sustentado oportunamente.

Aun cuando la Resolución 2 de 13 de noviembre de 2003, da cuenta que el candidato David Alberto Simanca Camargo, por conducto de su apoderado Henry Villarraga Oliveros, presentó recurso de apelación en dos (2) escritos separados de seis (6) y siete (7) folios, en el expediente no obra prueba de ellos, pero sí obra copia del escrito complementario a la sustentación del recurso de apelación, interpuesto contra la citada resolución, en el cual los abogados Carlos Ariel Sánchez Torres y Henry Villarraga solicitan a la comisión escrutadora departamental del Cesar, revoque la decisión de primera instancia y con base en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 192 del Código Electoral, concordante con lo previsto en el inciso tercero del artículo 144 ibídem, solicitan se ordene la exclusión de la votación contenida en las mesas que relacionan en dicho escrito, las cuales es preciso aclarar, coinciden parcialmente con las relacionadas en la demanda presentada por la señora María Ligia Palacios Sánchez.

Mediante Resolución 31 de 15 de noviembre de 2003, los delegados del Consejo Nacional Electoral para el departamento del Cesar, resolvieron declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por los abogados Carlos Ariel Sánchez Torres y Henry Villarraga Oliveros, considerando que se había quebrantado el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, en razón de que la alzada había sido sustentada por dos apoderados.

Independientemente de lo acertada o legal que pudiera resultar la decisión aludida y aceptando en gracia de discusión que el recurso interpuesto hubiera podido analizarse en esa vía, lo cierto es que estaba destinado a la improsperidad, porque el propósito de los mencionados apoderados, era que la comisión escrutadora departamental del Cesar ordenara la exclusión del escrutinio, de la votación depositada en las mesas señaladas en el escrito respectivo, en razón a que los documentos electorales correspondientes a ellas, habían sido introducidos extemporáneamente al arca triclave, situación que, como quedó dicho y se reitera, no acarrea tal exclusión y, en consecuencia, por ese aspecto la reclamación de los mencionados abogados no podía prosperar.

Agrega la demandante que el apoderado de la señora Luz Irina Pérez Sánchez también apeló la Resolución 1 de 2003, que confirmó la decisión de la comisión zonal. Y que este último se le concedió el recurso, lo cual resultaba improcedente porque había sido interpuesto contra una apelación ya decidida, pues en este caso sí operaba el fenómeno de la cosa juzgada; dicha actuación la comisión escrutadora municipal incurrió en abuso y desviación de poder.

Respecto del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la candidata Luz Irina Pérez Sánchez, a que alude la demandante, cabe anotar que fue concedido mediante Resolución 3 de 13 de noviembre de 2003, expedida por la comisión escrutadora municipal de Aguachica (Cesar), pero no fue resuelto por el ad quem, porque mediante Resolución 30 de 15 de noviembre de 2003 los delegados del Consejo Nacional Electoral lo declararon desierto.

Lo expuesto permite concluir que no se presentó la violación del debido proceso y la demandante no demostró la desviación, abuso de poder y la falsa motivación que aduce en su demanda. En consecuencia, el tercer cargo no prospera.

Otros cargos

1. Al presentar sus alegatos de conclusión en la primera instancia, la demandante María Ligia Palacios Sánchez advirtió al tribunal que en relación con las mesas mencionadas en la demanda, se presentaban otras irregularidades que configuraban la causal de nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación, establecida en el artículo 223, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo y que consistía en la diferencia entre el número de votantes consignado en los formularios E-11 y E-14 y los registrados en los formularios E-24; y relaciona nueve (9) mesas de votación en las que asegura se presenta dicha irregularidad.

En relación con el aspecto referido, cabe señalar que el apoderado del demandado, hoy apelante y quien manifestó estar de acuerdo con los hechos de la demanda presentada por la ciudadana María Ligia Palacios Sánchez, sostuvo en el escrito de apelación que el fallo impugnado era “incongruente e infra petita”, entre otras, por la misma razón expuesta por la señora Palacios Sánchez, es decir, “por presentarse diferencia entre el número de su fragantes y el número de votos consignados en cada mesa de votación”; y presenta una relación de diez (10) mesas en las que afirma se presentó la irregularidad anotada.

La sentencia se considera congruente cuando solo decide sobre los temas sometidos a consideración del juez y con fundamento en los mismos supuestos fácticos aducidos como causa petendi, pues lo contrario, es decir si la decisión se funda en hechos que no fueron alegados oportunamente por las partes, no solo desconocería abiertamente el derecho de defensa de algunas de ellas, sino que en últimas se estaría resolviendo sobre una o varias pretensiones, con fundamento en hechos que los sujetos procesales no alegaron o que si lo hicieron, como en el sub lite, fue extemporáneamente, lo cual equivale a otorgar lo no pedido.

Pues bien, en este caso la demandante y el apoderado del alcalde elegido pretenden que se acceda a los pedimentos de la demandante, con fundamento en unos hechos que no fueron alegados en la demanda y que se expusieron cuando el proceso estaba en la etapa de alegatos de conclusión un poco antes de dictar sentencia y, después de proferida esta, en la sustentación de la alzada, para cuyo efecto aducen que aparecen probados con los instrumentos allegados al proceso. Sin embargo, una decisión en el sentido que la solicitan lesionaría gravemente el derecho de defensa de la otra candidata demandante, tal como señala su apoderado en los alegatos presentados en la segunda instancia.

Lo expuesto permite concluir que por no haber sido planteado en la demanda, la Sala no analizará el cargo consistente en que los jurados de votación en unos casos y las comisiones escrutadoras municipal o zonal, en otros, alteraron los resultados electorales, al haber consignado un mayor números de votos al número de personas que realmente acudió a sufragar.

2. La demandante también afirma que existió trashumancia electoral, tolerada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya que se inscribieron personas de municipios distintos al de su residencia e inclusive de otros departamentos colindantes, lo cual originó que el Consejo Nacional Electoral excluyera algunas cédulas del censo del municipio y la registraduría no cumplió ni hizo cumplir tal decisión.

La anterior afirmación es vaga e imprecisa y además carece del respaldo probatorio necesario que permita analizar los casos en que la supuesta irregularidad se presentó.

2. La demanda de Luz Irina Pérez Sánchez.

Primer cargo. Falta de competencia del Consejo Nacional Electoral, para decidir sobre los escrutinios municipales realizados en el municipio de Aguachica para elegir alcalde municipal.

El apoderado de la demandante sostiene que, conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 11, 166, 187, 192, numeral 7º, y 193 del Código Electoral, el Consejo Nacional Electoral carecía de competencia para decidir en relación con los escrutinios de las elecciones para alcalde del municipio de Aguachica (Cesar); que ante los delegados del Consejo Nacional Electoral no se presentó ninguna reclamación relacionada con mesas de votación, de escrutinios y de elección del alcalde del municipio de Aguachica, para que el Consejo Nacional Electoral asumiera competencia para decidir sobre el recurso de apelación; dicha competencia se la arrogó al decidir una apelación interpuesta en relación con los votos emitidos para la Asamblea Departamental del Cesar.

Al proceso se allegó copia de la Resolución 33 de 15 de noviembre de 2003, mediante la cual los delegados del Consejo Nacional Electoral negaron la solicitud del candidato a la Asamblea Departamental del Cesar, Alex Banderas Mancera, relacionada con la “extemporaneidad respecto de la zona uno (1), puesto dos (2), Concentración Jorge Eliécer Gaitán, de las mesas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25; zona uno (1), puesto tres (3), Colegio José María Campo Serrano, de las mesas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16; zona dos (2) puesto uno (1) Escuela La Unión, de las mesas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18; zona dos (2), puesto tres (3), Colegio Nuestra Señora del Carmen, de las mesas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, para un total de 76 mesas, de las 152 que funcionaron en el municipio de Aguachica, Cesar, en las elecciones efectuadas el 26 de octubre de 2003”.

El acta general del escrutinio departamental da cuenta que el ciudadano Alex Bandera interpuso recurso de apelación contra la Resolución 33 de 15 de noviembre de 2003 que le fue concedido en el efecto suspensivo para ante el Consejo Nacional Electoral.

Mediante el Acuerdo 5 de 22 de diciembre de 2003, el Consejo Nacional Electoral resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 33 de 15 de noviembre de 2003 y dispuso excluir del cómputo total de votos, tanto del departamento del Cesar como del municipio de Aguachica, los depositados en las siguientes mesas, de la zona 1, puesto 2: 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 y 25 y de la zona 2, puesto 1: 3, 5, 8, 9, 12, 15, 16 y 17, para un total de 23 mesas.

La exclusión del cómputo de votos departamental y municipal se fundamenta en que en los respectivos formularios E-17 (recibo de documentos electorales entregados por los jurados de votación) no aparecía constancia de la hora de recibo de los pliegos electorales y porque estos fueron introducidos al arca triclave extemporáneamente.

Al revisar la Resolución 1 de 13 de noviembre de 2003, dictada por la comisión escrutadora municipal de Aguachica, la Sala encuentra que esa comisión consideró y decidió el aspecto de la extemporaneidad por falta de anotación de la hora de entrega de los documentos electorales, tratado por el Consejo Nacional Electoral y al respecto en su parte considerativa la resolución precitada expresó: “... Se procede a analizar los recursos de apelación presentados en las siguientes zonas, así: zona 1 ... puesto 02. mesa 10: Teniendo en cuenta que el testigo Rafael Garrido, apela la decisión de la comisión auxiliar 01, fundado en el artículo 144 del Código Electoral, presumiendo que las actas de escrutinio de jurado deben ser entregadas a los claveros antes de las 11:00 p.m. del día de las elecciones, y observando que es clara la norma modificada por el artículo 8º de la Ley 62 de 1988, cuando señala: que dichas ‘actas y documentos serán entregados por el presidente del jurado a los registradores del estado civil o a los delegados de estos’, en el caso que nos ocupa a pesar de que en las actas de recibo de los documentos electorales a los presidentes de las mesas (formulario E-17), no aparece la hora de recibo, no se puede asegurar que esta fue extemporánea, ya que no hay prueba de ello, entonces, aplicando el principio de la buena fe en consonancia con el de la eficacia del voto, se confirma en toda y cada una de sus partes la decisión tomada por la comisión escrutadora auxiliar 1 cuando se abstuvo de excluir la mesa reclamada...” (negrillas de la Sala); con este argumento la comisión escrutadora municipal despachó los recursos de apelación relacionados con las mesas 7, 8, 11, 12, 14 y 18, situadas en la zona 1, puesto 2 del municipio de Aguachica (Cesar).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Código Electoral, los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones de las comisiones escrutadoras auxiliares, así como los desacuerdos que se presenten entre sus miembros, serán resueltos por las comisiones distrital o municipal, que también deben realizar el escrutinio general de los votos emitidos en el respectivo distrito o municipio, resolver las reclamaciones que en este escrutinio se propongan, declarar la elección de concejales y alcaldes y expedir las respectivas credenciales. Y agrega el mismo precepto, que cuando sean apeladas las decisiones sobre reclamos que, por primera vez, se formulen en ese escrutinio general, o se presenten desacuerdos entre los miembros de las comisiones distrital o municipal, estas se abstendrán de expedir las credenciales, para que sean los delegados del Consejo Nacional Electoral quienes resuelvan el caso y expidan la credencial respectiva.

Como en el sub lite existían unos recursos de apelación concedidos por la comisión escrutadora municipal de Aguachica (Res. 3, nov. 13/2003), de conformidad con lo dispuesto en el artículo precitado, los delegados del Consejo Nacional Electoral debían resolverlos, declarar la elección del alcalde de esa localidad y expedirle la correspondiente credencial. Sin embargo se abstuvieron de cumplir totalmente esa función legal, pues no declararon la elección del alcalde ni expidieron la correspondiente credencial, sin que tal omisión aparezca justificada en la respectiva acta general del escrutinio departamental o en algún otro documento.

Las decisiones adoptadas por la comisión escrutadora municipal de Aguachica, en relación con la falta de registro de la hora en que fueron entregados los documentos electorales, por los presidentes de los jurados al registrador o su delegado, no son susceptibles de ser modificadas por el Consejo Nacional Electoral, porque es esa comisión, o, en su defecto, los delegados del Consejo Nacional Electoral, quienes tienen competencia para resolver en primera o en segunda instancia, según el caso, las causales de reclamación formuladas por los candidatos, sus apoderados o los testigos electorales, en los escrutinios zonales o municipales. En esa medida el Consejo Nacional Electoral no podía desconocer esa competencia y proceder, como hizo en este caso, a ignorar las decisiones adoptadas por una autoridad electoral competente, al resolver el recurso de apelación interpuesto en relación con la votación emitida en la circunscripción electoral del departamento del Cesar para diputados a la asamblea de ese ente territorial. Y si bien es cierto, sin razón alguna que lo justifique, los delegados del Consejo Nacional Electoral se abstuvieron de declarar la elección del alcalde de Aguachica, en primer lugar, el consejo debió devolver las diligencias respectivas a esa comisión escrutadora para que esta declarara la elección.

Según la Resolución 2 de 13 de noviembre de 2003, proferida por la comisión escrutadora municipal de Aguachica, “... Siendo las 2 p.m., se continúa con la diligencia recibiendo los memoriales sustentatorios de los recursos interpuestos por los sujetos partícipes en el escrutinio, así: el candidato a la alcaldía David Alberto Simanca Camargo, a través de su apoderado, Henry Villarraga Oliveros, presentó recurso de apelación en dos (2) escritos separados contentivos de seis (6) y siete (7) folios útiles y escritos respectivamente; la candidata a la alcaldía Luz Irina Pérez Sánchez, presentó a través de apoderado especial, Yebrail Hadad Linero, recurso de apelación sustentado en un (1) escrito con once (11) folios útiles y escritos; el candidato Eduardo Emilio Esquivel, a través de apoderado, Madonio Villegas Salazar, presentó recurso de apelación en dos (2) memoriales escritos que contienen tres (3) y siete (7) folios útiles. Una vez recibido por la comisión escrutadora municipal los recursos que tuvieron a bien presentar los comparecientes, se procede a decidir al respecto así:...”.

Por Resolución 3 de 13 de noviembre de 2003, la comisión escrutadora municipal de Aguachica resolvió conceder, en el efecto suspensivo, los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de los candidatos a la alcaldía de esa municipalidad, Luz Irina Sánchez y David Alberto Simanca Camargo y por el candidato Eduardo Emilio Esquivel; y en el mismo acto administrativo hizo la siguiente manifestación: “... En este estado de la diligencia y observando lo establecido en el artículo 180 del Código Electoral, el cual establece que si se presentare recurso de apelación contra las decisiones de la comisión escrutadora, esta se abstendrá de hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales; en tales casos esta función le corresponderá en alzada a los delegados el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a los resultados que arroje dicha instancia...”.

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la candidata Luz Irina Pérez Sánchez contra la Resolución 2 de 13 de noviembre de 2003, proferida por la comisión escrutadora municipal, fue resuelto mediante Resolución 30 de 15 de noviembre de 2003, expedida por los delegados del Consejo Nacional Electoral para los escrutinios departamentales del Cesar, en el sentido de declararlo desierto.

El recurso de apelación interpuesto por el candidato a la alcaldía municipal de Aguachica, David Alberto Simanca Camargo, a través de su apoderado, Henry Villarraga Oliveros, fue resuelto mediante Resolución 31 de 15 de noviembre de 2003, proferida por los delegados del Consejo Nacional Electoral para los escrutinios del departamento del Cesar, en el sentido de declararlo desierto.

Y la alzada del candidato Eduardo Emilio Esquivel, presentada a través de apoderado, fue resuelta mediante Resolución 29 de 15 de noviembre de 2003, proferida por los delegados del Consejo Nacional Electoral para los escrutinios del departamento del Cesar, en el sentido de declararlo desierto.

Habiendo resuelto los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución 2 de 13 de octubre de 2003, expedida por la comisión escrutadora municipal de Aguachica, los delegados del Consejo Nacional Electoral debieron como consecuencia declarar la elección del alcalde de esa localidad. Sin embargo omitieron ese deber. Pero esa omisión no le permitía al Consejo Nacional Electoral tomar la decisión de elegir al alcalde y, mucho menos, la de ordenar la exclusión de unas determinadas mesas del escrutinio de votos, como lo hizo esa corporación, pues ninguna norma constitucional o legal le atribuye competencia para tomar esa clase de decisiones respecto de las elecciones para alcaldes municipales. La competencia en materia de reclamaciones y escrutinios de las elecciones de alcaldes municipales radica en las comisiones escrutadoras auxiliares, municipales y distritales (Cód. Electoral, arts. 160 a 174). Sin embargo, la comisión escrutadora departamental integrada por delegados del Consejo Nacional Electoral también tiene competencia en relación con las reclamaciones, en los casos de apelación contra las decisiones de las que se presenten por primera vez en los escrutinios generales, o cuando se presenten desacuerdos entre los miembros de las comisiones distrital y municipal (art. 166 ibíd.). Ahora, la competencia en punto de la declaración de la elección de alcaldes y expedición de las respectivas credenciales corresponde a las respectivas comisiones distritales y municipales y, eventualmente, a los delegados del Consejo Nacional Electoral en los mismos casos de apelación sobre decisiones de reclamaciones o desacuerdos entre los miembros de esas comisiones escrutadoras (art. 166 ibíd.).

No es, entonces, competencia del Consejo Nacional Electoral declarar la elección de alcaldes y expedir sus respectivas credenciales en el evento de que no lo hagan sus delegados cuando les correspondía hacerlo. Esa competencia no puede derivar del artículo 12, numeral 8º, del Código Electoral que le asigna como una de las funciones la de “Conocer y decidir de los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados para los escrutinios generales, resolver sus desacuerdos y llenar sus vacíos u omisiones en la decisión de las peticiones que se les hubieren presentado legalmente”, pues en este caso no se presenta un vacío u omisión en la decisión de una petición que se hubiere formulado legalmente a sus delegados en el departamento del Cesar, sino una omisión en el cumplimiento de un deber legal. Y no puede proceder a excluir mesas de votación del cómputo de votos y de los escrutinios de alcalde municipal, de manera oficiosa, o con ocasión de una petición o reclamación, con fundamento en lo establecido en el inciso primero del artículo 192 del Código Electoral, según el cual el Consejo Nacional Electoral y sus delegados “... tienen plena y completa competencia para apreciar cuestiones de hecho o de derecho...”, pues, de un lado, esa competencia está referida a los escrutinios respecto de los cuales ese organismo y sus delegados tengan competencia y, como ya se vio, no la tienen en relación con las correspondientes a la elección de alcaldes, y, de otro, la competencia que le atribuye dicha norma opera frente a reclamaciones escritas que durante los escrutinios respectivos les presenten los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos, apreciando como pruebas únicamente los documentos electorales, para decidirlas con base en las causales que establece la misma norma.

De modo que el Consejo Nacional Electoral no podía desconocer las decisiones que en materia en escrutinios zonales y municipal habían adoptado las autoridades competentes, es decir las comisiones escrutadoras zonales y municipal, respecto del registro de la hora en que fueron entregados los documentos electorales por el presidente del jurado al registrador o a sus delegados.

Y en cuanto a las mesas de votación en las que las comisiones escrutadoras referidas no adoptaron decisión alguna en el sentido señalado, el Consejo Nacional Electoral tampoco podía hacerlo, por carecer de competencia para decidir asuntos sobre los cuales las autoridades electorales competentes no se pronunciaron por no haber sido objeto de reclamación ante las mismas.

Sobre el punto es de anotar que en reciente pronunciamiento, al referirse a la estructura y funciones del Consejo Nacional Electoral, esta Sala aludió a las competencias de esa corporación frente a las demás autoridades electorales y, en lo pertinente, manifestó:

2.4.3. La estructura y funciones del Consejo Nacional Electoral.

El artículo 120 de la Constitución Política instituyó la Organización Electoral en los siguientes términos:

“ART. 120.(...)

El Consejo Nacional Electoral tiene asignadas sus funciones en el artículo 265 ibídem, que establece:

“ART. 265.—El Consejo Nacional Electoral tendrá, de conformidad con la ley, las siguientes atribuciones especiales:

“(...).

2.4.3.2. En el mismo orden, la atribución especial prevista en el numeral 1º de la norma transcrita, consistente en ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral, supone una labor de observación activa y de intervención por parte del Consejo Nacional Electoral, tendiente a obtener que las autoridades que integran la organización (C.N., art. 120) realicen sus funciones conforme les ordena la ley y a imponer los correctivos necesarios: pero ello en manera alguna significa que pueda desplazar a cualquier funcionario u organismo de la organización electoral y asumir el ejercicio de las funciones que le son propias. Menos aún puede arrogarse funciones que no le atribuye la Constitución ni la ley a ningún título e invadir la órbita de competencia de los jueces, cuya función de administrar justicia se ejerce con sujeción a procedimientos que salvaguardan valores e intereses tanto del Estado como de la sociedad y de los justiciables, tales como los derechos de defensa y el debido proceso.

(...)”.

“2.4.4. En el sub lite se trata de un escrutinio para elegir senadores de la República, período 2002-2006, practicado por el Consejo Nacional Electoral y regido por lo previsto en los artículos 187 a 189 del Código Electoral que en lo pertinente disponen:

“ART. 187.—Corresponde al Consejo Nacional Electoral:

“(...).

“ART. 188 (...)

“ART. 189 (...).

“Se precisa, sin embargo, que la facultad de verificación solo se extiende al escrutinio practicado por sus delegados y consecuentemente a los registros elaborados por ellos y demás documentos que conserven. Resulta abiertamente contrario a la regulación legal que se está examinando pretender que al amparo de la competencia de revisión de la actuación de sus delegados, el Consejo Nacional Electoral pueda retrotraer toda la actuación y sustituir las decisiones adoptadas tanto por los jurados de votación como por las comisiones escrutadoras zonales, municipales y distritales realizando, por ejemplo, el recuento de votos de una mesa que haya funcionado en el interior de la República, porque esa competencia está circunscrita, para el Consejo Nacional Electoral, a los registros elaborados por los jurados de mesa sobre las votaciones emitidas en el exterior, único escrutinio que practica directamente con base en dichos registros. Además, es abiertamente contrario a norma expresa de la ley que revoque o modifique a su arbitrio una cualquiera de las decisiones de las comisiones escrutadoras o de sus delegados, adoptadas en ejercicio de sus competencias legales respecto de las cuales no se haya interpuesto recurso de apelación o no se haya producido empate entre sus delegados.

(...)”.

“Ninguna de las normas constitucionales y legales analizadas otorgan competencia al Consejo Nacional Electoral para revisar ni corregir oficiosamente todo o parte del proceso eleccionario o de escrutinios ya surtido pues cada una de sus etapas y niveles está a cargo de diferentes autoridades cuyas decisiones si no son recurridas por los interesados, dentro de los términos establecidos por la ley, precluye la oportunidad de hacerlo y la autoridad encargada de decidir en segunda instancia no accede a la respectiva competencia, y tampoco puede hacerlo de oficio porque esa atribución no le fue conferida por la ley; lo contrario conduciría al caos e incertidumbre en las actuaciones de las autoridades administrativas electorales.

(...)”.

“Las conclusiones de los análisis precedentes surgen del texto claro y expreso de las normas jurídicas que rigen la materia a cuyo respecto, por mandato expreso de la ley, y conforme a ineludibles normas de hermenéutica (C.C., art. 27), al intérprete no le está permitido desatender su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu (2) (negrillas de la Sala).

Las razones expuestas son suficientes para concluir que el primer cargo está llamado a prosperar, pues el Consejo Nacional Electoral carecía de competencia para desconocer las decisiones adoptadas por la comisión escrutadora auxiliares y municipal varias veces referidas y para proveer sobre asuntos que no fueron puestos oportunamente a consideración de esas comisiones, esto es en cuanto ordenó excluir de la votación las 23 mesas mencionadas. Igualmente para declarar la elección del alcalde municipal de Aguachica.

Sin embargo, como la demandante María Ligia Palacios Sánchez también pidió la exclusión del escrutinio de las 23 mesas señaladas por el Consejo Nacional Electoral con el argumento de que respecto de ellas se formularon reclamaciones por la introducción extemporánea de los documentos electorales en el arca triclave, la Sala procede a verificar si, efectivamente, se configura una causal de reclamación que justifique la exclusión de esas mesas o de las que correspondan, independientemente de la falta de competencia de dicho organismo para tomar esa determinación.

Al respecto, en primer término, se precisa que, conforme a lo expuesto inicialmente, en relación con esas 23 mesas cuya exclusión se ordenó por el Consejo Nacional Electoral, únicamente se formularon reclamaciones ante las autoridades electorales respecto de 9 de ellas y, por tanto, la verificación procede en relación con las mismas.

Al efecto se tiene en cuenta lo siguiente en cuanto a la entrega de los documentos electorales al registrador o a sus delegados y a la introducción en el arca triclave:

ZonaPuestoMesaE-17 fecha y horaE-20 fecha y hora
1124No registra hora27.10/03-12:18
2127No registra hora27.10/03-12:40
3128No registra hora27.10/03-12:19
41210No registra hora27.10/03-12:14
51211No registra hora27.10/03-12:19
61212No registra hora27.10/03-12:11
71214No registra hora27.10/03-12:40
8121626.10/03-11:5327.10/03-12:17
91218No registra hora27.10/03-12:22

No obstante, a manera ilustrativa, se muestra a continuación la situación en relación con las mesas sobre las cuales no hubo reclamaciones:

ZonaPuestoMesaE-17 fecha y horaE-20 fecha y hora
1126No registra hora27.10/03-12:16
21215No registra hora27.10/03-12:16
31217No registra hora27.10/03-12:20
41219No registra hora27.10/03-12:14
51224No registra hora27.10/03-12:14
61225No registra hora27.10/03-12:41
7213No registra hora29.10/03-3:00 p.m.
8215No registra hora29.10/03-4:50 p.m.
9218No registra hora29.10/03-9:00 p.m.
10219No registra hora28.10/03-8:59 p.m.
112112No registra hora30.10/03-3:00 p.m.
12211526.10/03- 10:0030.10/03-5:30 p.m.
132116No registra hora30.10/03-6:15 p.m.
142117No registra hora30.10/03-7:00 p.m.

Ahora, la circunstancia de que, efectivamente, respecto de 8 de las 9 mesas sobre las cuales hubo reclamaciones no existe la constancia de la entrega de los documentos electorales de las mismas por parte de los presidentes de los jurados de votación, con indicación del día y la hora de entrega, tal como lo exige el artículo 144 del Código Electoral, no es prueba suficiente de la entrega extemporánea de esos documentos, pues ello solo indica la omisión en la elaboración de dichas constancias, dado que los documentos sí fueron entregados, como se desprende del hecho de que fueron introducidos al arca triclave. Y el hecho de que se hubiera presentado demora en la introducción de los documentos electorales en dicha arca no es una prueba suficiente como para concluir que ello obedeció a la entrega extemporánea de los documentos por parte de los presidentes de los jurados de votación, dado que esa situación también se presentó en los casos en que se comprobó la entrega oportuna, como se analizó anteriormente.

De acuerdo, pues, con lo anterior, no se encuentra suficientemente demostrado que los documentos electorales de 8 de las 9 mesas mencionadas se hubieran entregado extemporáneamente por los presidentes de los jurados de votación al registrador o a sus delegados, esto es por fuera del término señalado en el artículo 144 del Código Electoral, y, por tanto, respecto de ellas no se configura la, causal de reclamación establecida en el numeral 7º del artículo 192 ibídem, como para, en consecuencia, ordenar la exclusión de los votos del escrutinio. Y ya se consignó que la introducción extemporánea de los documentos electorales en las mesas de votación en el arca triclave no constituye causal de reclamación que de lugar a la exclusión de los votos del escrutinio.

En cambio, sí procedía la exclusión de la mesa 16, puesto 2, zona 1, pues está demostrado, de una parte, que respecto de ella sí hubo reclamación en la vía administrativa, y, de otra, que los documentos electorales correspondientes a la misma se entregaron a las 11:53 p.m. del día de las elecciones, es decir vencido el, término establecido en el citado artículo 144 del Código Electoral y, por consiguiente, se configura la causal de reclamación establecida en el numeral 7º del artículo 192 ibídem. Sin embargo, como la decisión de excluir esa mesa del escrutinio debió ser ejecutada por el Consejo Nacional Electoral, no procede nuevamente la orden de excluirla, como lo dispuso el tribunal.

Ante la prosperidad del cargo por falta de competencia del Consejo Nacional Electoral, resulta innecesario el estudio de los otros dos cargos formulados por la demandante Luz Irina Pérez Sánchez contra la decisión de esa corporación, pues están orientados, el uno, a señalar la violación del numeral 7º del artículo 192 del Código Electoral, en concordancia con el artículo 144 ibídem, al ordenar la exclusión de las 23 mesas de votación con excepción de una de ellas —la 16, zona 1, puesto 2—, y, el otro, a plantear la falsa motivación por la exclusión de la mesa 15, zona 2, puesto 1, pues afirma que los documentos electorales de esa mesa sí fueron entregados oportunamente al registrador municipal.

Por consiguiente, procede la declaratoria de nulidad del acto que declaró la elección del señor David Simanca Camargo como alcalde municipal de Aguachica. En consecuencia, como lo dispuso el tribunal, se practicará un nuevo escrutinio en el que se incluyan los votos depositados en 22 de las 23 mesas que el Consejo Nacional Electoral ordenó excluir del mismo, pues no procede esa inclusión en relación con la mesa 16, puesto 2, zona 1. Se revocará, entonces, la sentencia apelada, en cuanto ordenó excluir del escrutinio la votación de la citada mesa, y se confirmará en lo demás.

De otro lado, como la Sala estableció que los claveros incurrieron en demoras en la introducción en la urna triclave de los documentos electorales correspondientes a una parte de las mesas de votación, contrariando de esa manera lo dispuesto en el artículo 152 del Código Electoral, dispondrá que se ponga en conocimiento del señor Procurador General de la Nación ese hecho para efectos de las investigaciones disciplinarias a que haya lugar.

III. La decisión

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia dictada el 15 de julio de 2004 por el Tribunal Administrativo del Cesar, únicamente en la parte final del numeral segundo de su parte resolutiva, en cuanto ordenó que se excluyeran del escrutinio para alcalde municipal de Aguachica los votos de la mesa 16, puesto 2, zona 1.

2. Confirmase, en lo demás, dicha sentencia.

3. Póngase en conocimiento del señor Procurador General de la Nación las demoras en la introducción de los documentos electorales en la urna triclave, en que incurrieron los claveros que actuaron como tales en las elecciones realizadas el 26 de octubre de 2003 en el municipio de Aguachica (Cesar), para efectos de las investigaciones disciplinarias correspondientes, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Remítasele fotocopia de la misma.

4. Devuélvase el expediente al tribunal de origen una vez en firme esta sentencia, para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Entre otras, sentencia de 6 de mayo de 2005, Rad. 520012331000200301680 01.

(2) Sentencia de 18 de febrero de 2005. Expediente acumulado: 2976-2977-2978-2987-2988-2990-2992-2993-2994-2995-2996-2997-3013. Demandante: Miguel María Gómez Acosta y otros.

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