Sentencia T-9035 de junio 15 de 2000 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 20009035 T, jun. 15/2000

Ref.: Acción de tutela instaurada por el doctor Daniel Posso Corcho apoderado judicial de la señora Neris María Arcia y otros.

M.S. Dra. Leonor Perdomo Perdomo

Aprobado según acta Nº treinta y siete (37) del quince (15) de junio de dos mil (2000).

Objeto de la decisión

Por impugnación interpuesta y sustentada par el apoderado de las accionantes, Neri María Arcia Narváez, Fernanda Vargas Mercado, Sixta Lides Fuentes Avilez, Yolanda del Carmen Bracamonte Sosa, Mary Luz Revollo García, María Bernarda Montes Avilez, Dina Patricia Madera Padilla, Enilsa Rosa Flórez Solano, Elizabeth Noriega Gutiérrez, Luz Amanda Mass Hoyos, Everlides Moreno Contreras, Teresa de Jesús Arrieta Mangónez y Edelmira Inés Cárdenas Julio, doctor Daniel E. Posso Corcho conoce la Sala del fallo del 28 de abril de 2000, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba declaró improcedente la tutela promovida par el apoderado de los accionantes, en amparo de sus derechos al debido proceso, al trabajo, a los derechos de la mujer consagrados en los artículos 29, 25 y 43 de la Constitución Nacional.

Antecedentes

1. Hechos.

Fueron narrados por el apoderado de las accionantes así:

“1. Mis poderdantes se desempeñaban hasta el mes de agosto de 1999, como madres comunitarias del ICBF – regional Córdoba, en sendos hogares comunitarios, ubicados en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba.

2. En el mes de junio de 1999, el señor Alfonso Chica, en su condición de proveedor de los hogares comunitarios de mis poderdantes en el municipio de Pueblo Nuevo, presentó una queja ante la coordinadora del centro zonal # 7 del ICBF – regional Córdoba con sede en el municipio de Sahún (sic), señora Gloria Inés Ramos Ortega, por la supuesta destinación indebida de una suma de dinero que estaba destinada al funcionamiento de los hogares comunitarios.

3. La coordinadora del centro zonal # 7 con sede en el municipio de Sahún (sic) se trasladó al municipio de Pueblo Nuevo a investigar los hechos de la queja. Para su investigación sólo tomó 3 versiones a igual número de madres comunitarias, con base a esas declaraciones decidió que todas la 24 madres comunitarias eran responsables del supuesto mal manejo de dineros, y ordenó el cierre de sus 24 hogares comunitarios, emitiendo para ello sendas resoluciones. Es así como mis poderdantes fueron cobijadas con esa decisión mediante las resoluciones 005, 006, 008, 009, 011, 012, 014, 015, 017, 019, 020, 022 y 026 todas de agosto 30 de 1999.

4. Días antes, el 25 de agosto de 1999, el señor director del ICBF – regional Córdoba, mediante oficio DR-0990, le notificó al señor Fabio Acevedo Rivas, representante legal de la asociación "HCB El Varal de Pueblo Nuevo y otros", que mediante acto administrativo de fecha 5 de agosto del mismo año, su despacho había tomado la decisión de dar par terminado, unilateralmente, el contrato de aportes 23- 25- 99- 298, suscrito entre esa asociación y el instituto, con fundamento a la denuncia del señor Alfonso Chica.

5. El 3 de septiembre de 1999, se le notificó al Señor Fabio Acevedo Rivas, en su condición de representante legal de la asociación "HCB El Varal de Pueblo Nuevo y otros“, las resoluciones mediante las cuales se ordenó el cierre de los 24 hogares comunitarios a que hemos hecho referencia, localizados en el municipio de Pueblo Nuevo. Para esa fecha el ICBF – regional Córdoba había dado por terminado el contrato de aportes con la asociación, en consecuencia no existía un nexo entre esta organización de hogares comunitarios y el instituto ni con las madres comunitarias, tampoco existía relación con el señor Acevedo Rivas, por lo cual ese no era el conducto legal para realizar la notificación personal que, en efecto, nunca se hizo a las madres comunitarias afectadas por parte del señor Fabio Acevedo Rivas ni por el ICBF.

6. Las 24 madres comunitarias afectadas, al enterarse de la decisión por intermedio de funcionarios del centro zonal # 7 de Sahagún, se dirigieron, por escrito, al director general del ICBF, doctor Juan Manuel Urrutia Valenzuela, explicándole qué realmente ocurrió con el dinero y aportando las pruebas que demuestran que sus actuaciones fueron legales y en beneficio de sus hogares comunitarios. Con el memorial se perseguía que el problema se resolviera por el conducto interno y se adecuara el procedimiento a los lineamientos legales, con observancia y respeto de las garantías procesales y así poder clarificar los hechos denunciados si era procedente, se impusieran las sanciones acordes a la conducta de cada madre comunitaria. Pero hasta la fecha no han obtenido respuesta en forma oficial, sólo obtuvieron copia de un fax que contiene la respuesta que fue enviada al señor Fabio Acevedo Rivas por insistencia personal de él, respuesta que avala todo el procedimiento hecho por el instituto regional.

7. El ICBF – regional Córdoba, al adoptar la decisión de cerrar los 24 hogares comunitarios tampoco tuvo en cuenta que la madre comunitaria Dina Patricia Madera Padilla, a la fecha de su despido tenía casi 8 meses de preñez.

2. Fallo impugnado.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, en Sentencia del veintiocho (28) de abril del dos mil decidió declarar improcedente la tutela promovida por el apoderado de las accionantes, en amparo de sus derechos al debido proceso, al trabajo, a los derechos de la mujer consagrados en los artículos 29, 25 y 43 de la Constitución Nacional argumentando que:

(...).

En efecto la coordinadora central zona Nº 7 ICBF Sahagún, Gloria Inés Ramos Ortega, dictó las resoluciones 005, 006, 008, 009, 011, 012, 014, 015, 017, 019, 020, 022 y 026 mediante las cuales se ordena el cierre de los hogares atendidos por Luz Amanda Mass Hoyos, Elizabeth Noriega Gutiérrez, Mary Luz Revollo García, Edelmira Inés Cárdenas Julio, Teresa De Jesús Arrieta Mangónez, Yolanda Del Carmen Bracamonte Sossa, Sixta Ludis Fuentes Avilez, Everlides Moreno Contreras, María Bernarda Montes Avilez, Enilsa Flórez Solano, Fernanda Vargas, Dina Patricia Madera Padilla y Nerys María Arcia de Narváez, en su orden.

El sustento fáctico para disponer las aludidas resoluciones tuvo apoyo en algunas irregularidades que fueron detectadas en cada uno de lo hogares comunitarios mencionados, fundamentalmente en la no prestación de los servicios respectivos a los menores durante los días 1, 2, 3, 4, 5, de febrero de 1999 habiéndose reportado “en las cuentas de la ejecución de gastos del mes de febrero al centro zonal, como si se hubiera trabajado todo el mes”, según se anota en las motivaciones de las resoluciones que se citan.

Pues bien, contra los citados actos administrativos caben los recursos de reposición y el de apelación en subsidio los que son citados en el texto mismo de la providencia. Ello con el fin de dar cumplimiento al agotamiento de la vía gubernativa para posteriormente acudir a la justicia contenciosa en demanda de la correspondiente acción de nulidad que es en juicio amplio que permite determinar si hay o no lugar al restablecimiento de los derechos que se dicen quebrantados.

Tales instrumentos son herramientas idóneas que el ordenamiento jurídico dispone para los ciudadanos que enfrenten situaciones como la de autos lo que lleva a concluir que es notoria la improcedencia de esta acción porque es copiosa la opinión que sobre el particular se ha sentado, en desarrollo de lo prescrito por el parte tercero del artículo 86 de la Constitución, en el sentido de que sólo es viable la tutela cuando el interesado carece de otros medios de defensa judicial.

Este amparo no puede sustituir ni coexistir con otras vías que sean remedios idóneos para reclamar contra aquellos actos de las autoridades o particulares que vulneren derechos constitucionales fundamentales en razón de que es un instrumento subsidiario o residual con la excepción de que procede a pesar del otro medio de defensa únicamente cuando se emplea como mecanismo transitorio, aspecto este que aquí no se ha invocado".

"Tampoco es viable la tutela si se ha contado con las herramientas para acudir ante las autoridades en defensa de los derechos y no se ha hecho uso de tales instrumentos dejando precluir la oportunidad correspondiente.

Como es evidente la existencia de medios eficaces para haber reclamado o para reclamar frente al posible quebranto que aduce el accionante, no queda otra alternativa que declarar improcedente los reclamos que aquí se hacen".

3. La impugnación.

Enterado de la decisión adoptada par la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, el apoderado de las accionantes Daniel E. Posso Corcho impugnó la sentencia y en el memorial sustentatorio señaló que disiente del fallo de primera instancia por cuanto no cuestionó a fondo los planteamientos que hicieron junto con sus accionantes, añade, que se procedió en forma simple y superficial sin controvertir sus argumentos.

Agrega que las razones que sirvieron de base para desestimar sus peticiones son válidos en el campo general de la tutela pero no aplicables al caso en estudio.

Continua señalando que si bien las resoluciones dictadas por el ICBF – regional Córdoba, eran susceptibles de los recursos ordinarios, no se analizó si a las accionantes, se le notificó en legal forma o se le dio la oportunidad de hacerlo.

Cuestiona el argumento de la imposibilidad de hacer uso de la acción de tutela cuando existen otros medios de defensa judicial, por cuanto a su juicio el fallo de primera de instancia, no estableció si esos medios legales estuvieron a la mano de sus poderdantes o por el contrario le fueron negados en la forma misma como se realizaron los antecedentes procedimentales del ICBF.

Afirma que no fue posible, tal y como lo pretendió el fallador de primera instancia, hacer uso de los recursos para impugnar las veinticuatro (24) resoluciones porque el ICBF nunca formalizó la iniciación y apertura de proceso alguno.

Sostiene, que el ICBF ha hecho énfasis, en que su decisión fue tomada con fundamento en el Acuerdo 050 de 1996 y su Resolución Reglamentaria 706 de 1998, pero que ni siquiera se cumplió con estas disposiciones en especial con el literal b) del artículo 1º.

Consideraciones de la Sala

Sea lo primero anotar que no comparte la Sala la posición del fallador de primer grado en el sentido de declarar la improcedencia de la acción pública de tutela en el presente evento, pues si bien existen otros medios judiciales para controvertir las resoluciones proferidas por la coordinación del centro zonal Nº 7 ICBF de Sahagún, mediante las cuales se ordenó el cierre de los hogares comunitarios, también lo es que el único que podía hacer uso de los mismos era el representante legal de los hogares comunitarios de bienestar El Varal y Pueblo Nuevo, que era quien estaba legitimado para hacerlo, no dejando otro camino diferente a las madres comunitarias (accionantes dentro del presente procedimiento) que acudir a la especialísima figura de la acción de tutela para buscar protección a los derechos que consideran vulnerados.

En cuanto a la improcedencia de la acción de tutela por existir otro medio de defensa judicial, basta recordar lo expresado por la H. Corte Constitucional mediante pronunciamiento Nº T-036 de 1994 (M.P. Dr José Gregorio Hernández Galindo).

“Una vez más debe ocuparse la Corte en examinar el sentido constitucional de la acción de tutela, mecanismo que resulta desfigurado en sus alcances y finalidades cuando se lo usa con el propósito de revivir oportunidades procesales ya precluidas o de provocar mañosamente nuevos pronunciamientos judiciales sobre puntos definidos.

Vuelve a decir la corporación que el instrumento previsto en el artículo 86 de la Carta Política no corresponde a una nueva instancia ni constituye procedimiento alternativo o paralelo a los ordinarios ni los sustituye.

Conviene recordar lo afirmado en Sala Plena en Sentencia 543 de octubre 1º de 1992

...Tan solo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (C.P., art. 86, inc. 3º)". Subraya fuera de texto.

En este orden de ideas se debe entender que la acción de tutela fue concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la vulneración o la amenaza de un derecho fundamental respecto de los cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional, para dar solución eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de normatividad concreta para el caso, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones que lesionan su derecho fundamental.

En el presente caso quien estaba legitimado en causa para impugnar las respectivas resoluciones era el representante legal de la asociación de padres de familias de "EI Varal, Pueblo Nuevo, y otros modalidad tradicional" que fue la asociación con la cual el ICBF regional Córdoba celebró el respectivo contrato de aportes, sin embargo una vez notificado de las resoluciones en cuestión, no interpuso los recursos a que tenía derecho.

Ahora bien, la H. Corte Constitucional en pronunciamiento T-269 de 1995, señalo que el vínculo existente entre las madres comunitarias y la asociación de padres de familia de los hogares comunitarios de bienestar, es de naturaleza contractual, de origen civil, al respecto sostuvo:

Finalmente, en lo que atañe al posible atropello del derecho de la ex madre al debido proceso, la Corte considera que tal falla no se dio en el presente caso. ¿Por qué? Porque las demandas, en lo esencial, están enderezadas no tanto a cuestionar las figuras del llamado de atención y la suspensión con las que la junta directiva, antes de la clausura del hogar comunitario, sancionó a la señora Aura Nelly Gómez de Soto, sino a impugnar, en un plano enteramente distinto, el cierre mismo, con el fin de obtener la reinstalación de la actora en su dignidad de madre comunitaria. Veamos.

Para la Sala, el vínculo que unió a la señora Gómez de Soto con la asociación de padres de familia hogares comunitarios de bienestar del sector La Fuente, Municipio de Tunja, departamento de Boyacá, era de naturaleza contractual. En esto concuerda con el criterio que adoptó el ad quem en la sentencia objeto de revisión, porque para éste, tal nexo, sin ser laboral, sí supuso una vinculación voluntaria, una colaboración humanitaria y ciudadana.

Sin duda, alrededor de la relación surgida entre ambas partes —una entidad sin ánimo de lucro, de beneficio social, vinculada al sistema nacional de bienestar familiar, y un particular que nunca ostentó la calidad de empleado—, se puede decir que fue de orden civil; bilateral, en la medida en que los contratantes se obligaron recíprocamente: la madre, a la satisfacción del interés de su contraparte, o sea la adecuada prestación de una serie de servicios a los niños usuarios y a sus padres, y la asociación, al apoyo debido y al pago de la beca suministrada por el lCBF; consensual, puesto que no requirió de ninguna solemnidad onerosa, porque daba derecho a la madre comunitaria para percibir parcialmente parte de la beca mencionada.

Establecido que el nexo era contractual, la Sala piensa que la clausura del hogar no fue sino una simple consecuencia de su terminación. Y, en este sentido, considera que la decisión de la junta directiva no fue una medida disciplinaria, sino la aplicación de una facultad otorgada por el ordenamiento.

Así, mal podrían las madres comunitarias, esgrimir algún tipo de derecho laboral en pro de sus pretensiones dentro del procedimiento administrativo que conllevó al cierre de los hogares comunitarios, inclusive en el caso concreto de la señora Madera Padilla, por su estado de embarazo, pues al no ostentar la calidad de trabajadoras, ni funcionarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y no tener ningún tipo de relación que genere relación laboral carece de todo fundamento hacer dable un reconocimiento indemnizatorio.

Así, considera la Sala, que a falta de un mecanismo judicial idóneo que permitiera a las madres que se vieron afectadas con el cierre de los hogares comunitarios, reclamar ante una eventual vulneración de sus derechos fundamentales, que el juez de tutela está habilitado para conocer por vía de esta especial acción del caso en cuestión, como en efecto se hará:

En relación con el derecho al debido proceso que se presume vulnerado por parte de las accionantes y que reitera el apoderado en su escrito de impugnación, al señalar que no se había observado en el trámite del cierre adelantado respecto de los hogares comunitarios de las accionantes, por cuanto, a juicio de este último, una vez detectadas las fallas se debió dar aplicación al literal b) del artículo 1º del Acuerdo 050 de 1996 que señala:

“Después de realizar las visitas de seguimiento, asesorías y supervisión, donde se detecten algunas de las causales señaladas en el artículo tercero del presente acuerdo, y dichas fallas no se subsanen dentro del término establecido, debe señalar la Sala que el cierre de los hogares comunitarios, se debió según se anota a la no prestación de los servicios respectivos a los menores durante los días 1, 2, 3, 4 y 5 de febrero de 1999 habiéndose reportado en las cuentas de ejecución de gastos del mes de febrero al centro zonal, como si se hubiese trabajado todo el mes por lo que el procedimiento aplicable era precisamente el utilizado en el presente caso.

Veamos:

Resulta conveniente traer a colación el análisis hecho sobre la naturaleza del programa de hogares comunitarios de bienestar familiar realizado por la H. Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU-224 de 1998 con ponencia del H. Magistrado Hernando Herrera Vergara el veinte de mayo de 1998:

"El Congreso de la República, por medio de la Ley 7ª de 1979, fijó los principios fundamentales para consagrar medidas de protección de la niñez colombiana, establecer el sistema nacional de bienestar familiar y reorganizar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (art. 1º), al cual le asignó a través de su junta directiva, entre otras funciones, la de formular su política general, y los planes y programas que prescritos por el Ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación y la dirección general del presupuesto, se propondrán para su incorporación a los planes sectoriales y a través de éstos, a los planes generales de desarrollo (art. 26, lit. a)).

Posteriormente, el legislador, por medio de la Ley 89 de 1988, asignó unos recursos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF (conforme a las leyes 27/74 y 7ª/79) destinados a desarrollar y dar cobertura a los hogares comunitarios de bienestar de las poblaciones infantiles más vulnerables del país, definidos éstos como "aquellos que se constituyen a través de becas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lCBF, a las familias con miras a que en acción mancomunada con sus vecinos y utilizando un alto contenido de recursos locales, atiendan las necesidades básicas de nutrición, salud, protección y desarrollo individual y social de los niños de los estratos sociales pobres del país" (art. 1º, par. 2º).

Dentro del marco de gestión de dicho instituto, se debe propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos (D. 1471/90, art. 124), fundamentando los programas que adelanta en la responsabilidad de los padres en la formación y cuidado de sus hijos, la participación de la comunidad y la determinación de la población prioritaria (art. 125, ibíd.), todo lo cual debe guardar estrecha relación para la salvaguarda de los derechos fundamentales de los niños (C.P., art. 44).

De esta manera, en la reglamentación expedida respecto del "programa hogares comunitarios de bienestar" (D. 1340/95), a su junta directiva se le atribuyeron las funciones de establecer los criterios, parámetros y procedimientos técnicos y administrativos que permitan su organización y funcionamiento, con implementación gradual, según las condiciones sociales, económicas, geográficas y de participación comunitaria de cada región y con apoyo en la familia y la sociedad, para asistir y proteger al niño garantizando su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Por dicha razón, el programa debe ser ejecutado directamente por la comunidad, a través de las asociaciones de padres de familia de los menores beneficiarios del mismo o de otras organizaciones comunitarias, como las madres comunitarias, con una vinculación de trabajo solidario y de contribución voluntaria, puesto que se deriva de la obligación de asistir y proteger a los niños, la cual corresponde a toda la sociedad y la familia.

En ejercicio de esas atribuciones, la junta directiva del ICBF en el Acuerdo 021 de 1996 señaló los lineamientos y procedimientos técnicos y administrativos que deben regir la organización y funcionamiento del programa hogares comunitarios de bienestar, de conformidad con lo cual, tales hogares podrán funcionar en la casa de una madre comunitaria o en espacios comunitarios que, de acuerdo con las necesidades de los niños, menores de siete (7) años, sus familias y la disponibilidad de recursos, podrán ser familiares, múltiples y empresariales. Adicionalmente, los espacios deben garantizar mínimas condiciones físicas, ambientales y de seguridad, que permitan a los infantes realizar actividades que les proporcionen su normal crecimiento y desarrollo y les evite posibles riesgos.

Conforme al funcionamiento descrito, el cuidado de los hogares comunitarios estará a cargo de una o más madres comunitarias, escogidas por la junta de padres de familia o la organización comunitaria pertinente, que presenten un determinado perfil para desempeñarse en la Iabor, calificado por la edad, comportamiento social y moral, educación básica primaria, disponibilidad de una vivienda adecuada y de brindar atención a los niños en un espacio comunitario, con vinculación al programa como un trabajo solidario y voluntario, con propósito de capacitarse para dar una mejor atención a los beneficiarios, con buena salud y con el tiempo necesario para dedicarse a la atención de los niños (art. 5º, lits. a), b), c)).

De lo anterior se desprende que, el funcionamiento y resultados efectivos del programa requieren de un control sobre los mencionados hogares; para ello, la junta directiva del ICBF, mediante el Acuerdo 050 de 1996, determinó las situaciones que dan lugar al cierre inmediato o el definitivo de los mismos, así como lo atinente a su reubicación, consagrando las causales respectivas, los funcionarios competentes para decretarlo y el procedimiento para adoptar la decisión.

La reglamentación acerca del procedimiento a seguir para el cierre de los hogares comunitarios se encuentra reglamentada en el Acuerdo 050 del 14 de noviembre de 1996, y en la Resolución 0706 del 18 de marzo de 1998 mediante los cuales se dictan lineamientos para el cierre y reubicación de hogares comunitarios de bienestar.

El citado acuerdo dispone en su artículo primero:

Entiéndese por cierre de un hogar comunitario de bienestar el acto de clausurar el servicio que se presta en el mismo, cuando sobrevengan circunstancias que impidan su normal funcionamiento.

La decisión del cierre de un hogar comunitario de bienestar será competencia de los coordinadores de los centros zonales o quien haga sus veces. El ICBF deberá definir la reubicación del hogar cerrado o de los niños, de conformidad con las necesidades de atención y los recursos existentes.

El cierre de un hogar comunitario de bienestar es definitivo y se producirá en la siguiente forma:

a) lnmediata cuando se presenta alguna de las causales señaladas en el artículo segundo del presente acuerdo.

b) Después de realizar las visitas de seguimiento, asesoría y supervisión al servicio, donde se detecte alguna de las causales señaladas en el artículo tercero del presente acuerdo, y dichas fallas no se subsanen dentro del término establecido” (negrilla de la Sala).

Así de la normatividad traída a colación, se colige que, la decisión de cierre de un hogar comunitario es de competencia de los coordinadores de los centros zonales del ICBF, de conformidad con las causales de cierre señaladas en los artículos 2º y 3º del citado acuerdo, en forma inmediata o definitiva, esta última después de haber sido señalado un término para permitir corregir las fallas. Debe entonces confrontarse la anterior normatividad con el asunto materia de revisión, a fin de determinar si el trámite de cierre que se censure se ajustó o no a dichas estipulaciones.

Tenemos, que las madres comunitarias, tal y como lo reconocen a lo largo del expediente contentivo de la presente acción de tutela no prestaron el servicio los días 1, 2, 3, 4 y 5 de febrero de 1999 habiéndose reportado en las cuentas de ejecución de gastos del mes de febrero al centro zonal, como si se hubiese trabajado todo el mes, conducta que fue enmarcada por la coordinadora del centro zonal Nº 7 ICBF dentro de las causales de cierre definitivo previstas en el literal e) del artículo segundo que dice

“Son causales de cierre inmediato de un hogar comunitario de bienestar las siguientes: ...e) Venta y/o uso indebido de los elementos y recursos del proyecto por parte de alguno de los miembros de la asociación de padres de familia o de la madre comunitaria" y literales r) y s) del artículo tercero que señala: Son causales de cierre definitivo como parte de un proceso de supervisión las siguientes: ...r) Conductas de la madre comunitaria o de algún miembro de la junta directiva que impedían el desarrollo del programa. s) Inobservancia de los lineamientos técnicos administrativos por parte de la madre comunitaria o de uno de los miembros de la junta directiva que dificulten el normal funcionamiento del hogar.

Así, la Sala no observa violación alguna al debido proceso en el trámite que se le dio a estos hogares comunitarios pues dos son los procedimientos que señalan las normatividades citadas: uno para el cierre definitivo por las causales consagradas en el artículo segundo del Acuerdo 050 de 1996 y otro para la causales consagradas en el artículo tercero y fue precisamente el primero de ellos el que se aplicó en el presente asunto con fundamento en las normas del ICBF en relación con los hogares comunitarios.

Así las cosas se revocará la decisión adoptada en primera instancia y en su lugar se negará la presente acción de tutela por las razones anotadas en precedencia.

Por lo anteriormente expuesto el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Revocar el fallo del veintiocho (28) de abril de dos mil (2000) proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, por medio del cual se declaró improcedente la acción de tutela invocada por el apoderado de las accionantes doctor Daniel E. Posso Corcho.

2. Negar la acción de tutela impetrada por el apoderado de las accionantes de conformidad con la parte motiva del presente proveído.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la secretaría judicial de esta Sala remitirá el expediente Nº 20009035 T a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese a las partes en los términos de los artículos 16 del Decreto en cita y 5º del reglamento 306 de 1992.

Cúmplase.

Magistrados: Leonor Perdomo Perdomo—Eduardo Campo Soto—Fernando Corral Villota—Myriam Donato de Montoya—Jorge Alonso Flechas Díaz—Amelia Mantilla Villegas.

Silfa María Blanco Giraldo, Secretaria Judicial.

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