Sentencia 2001-00011 de septiembre 11 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 23001-3110-002-2001-00011-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., once de septiembre de dos mil trece.

(Discutido y aprobado en Sala de 16 de abril de 2013).

EXTRACTOS: «La demanda de casación

1. Un solo cargo propuso la recurrente contra el fallo del tribunal, con fundamento en el motivo inicialmente previsto en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, que en auto de 25 de noviembre de 2011 (fl. 32, cdno. de la Corte) se admitió por la vía directa.

2. En concreto, se denunció la infracción del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, modificado por el 1º de la Ley 979 de 2005, en concordancia con los artículos 154, 168, 200 y 1820 del Código Civil, vulneración que condujo al quebranto de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 4º, 5º, 13, 16, 29, 42 y 43 de la Constitución Política.

3. El censor expuso, para sustentar la acusación, que la configuración de una unión marital de hecho exige únicamente los siguientes tres presupuestos estructurales: “la heterosexualidad, la comunidad de vida permanente y la singularidad”. En consonancia con ello advirtió, por una parte, que “no hay requisitos de tiempo, pues dicho presupuesto que establece el artículo segundo de la misma ley, no es para que exista la unión marital sino para que se presuma la sociedad patrimonial”; y, por otra, que “[t]ampoco es requisito de la unión marital que los compañeros carezcan de vínculo matrimonial anterior, o que si lo tienen, hayan disuelto y liquidado la sociedad conyugal, pues tales son requisitos de la presunción de sociedad patrimonial y no de la unión marital como textualmente aparece en la norma”.

4. Tras advertir que las personas casadas con sociedad conyugal vigente, a la luz de las normas constitucionales, tienen derecho a conformar una nueva familia, empero sin que se presuma la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, y que la reforma introducida por la Ley 979 de 2005 estuvo encaminada a permitir “que la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial se reconozcan por escritura pública”, el impugnante precisó que “[l]a norma evoca de su tenor literal, que si los compañeros permanentes no tienen derecho a que la sociedad patrimonial se presuma, no pueden suplir la sentencia declarativa con [el] reconocimiento voluntario ante notario. De modo que es posible hablar de unión marital de hecho cuando los compañeros permanentes tienen una vida en común, singular, así sea menor de dos años, y alguno de ellos tenga una sociedad conyugal sin disolver ni liquidar”.

5. Más adelante observó que el artículo 2º de la Ley 54 de 1990 “es ante todo una norma de carácter procesal, ya que su propósito es el de consagrar una presunción; es preciso recordar que las normas que establecen presunciones, conceden una exención de prueba y son, por tanto, normas adjetivas. Allanan el camino de la prueba, (...). Cuando tales requisitos no se reúnen, significa que la sociedad patrimonial no se presume; pero puede probarse, porque lo excluido, si faltan los requisitos, no [es] la sociedad patrimonial, sino (...) la presunción. (...). Motivo por el cual, en aquellas situaciones en las cuales la sociedad patrimonial no se presume, pero el compañero o compañera permanente que demanda su declaratoria, prueba en los términos del artículo 3º de la citada ley, que como ‘producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos’ se formó un patrimonio, debe reconocerse la figura”.

6. Con base en tal criterio, el recurrente defendió seguidamente la posibilidad de que coexistan la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, situación que avizoró conflictiva solamente en el campo probatorio, postura que reforzó con transcripción de un fallo de la Corte. Del mismo modo, estimó que la “exigencia de la disolución” de la sociedad conyugal preexistente, “deb[e] correr igual suerte que la de la liquidación, enfrentada a los principios constitucionales ya citados”, esto es, “que se considere y aplique la excepción de inconstitucionalidad a la exigencia que indica que no hay lugar a sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes cuando persista una sociedad conyugal anterior sin disolver, pues tal regla, no explícita en el texto legal, pero aplicada como norma derivada o adscrita, vulnera principios constitucionales como el de igualdad, el de acceso a la justicia, el de prevalencia del derecho procesal sobre el sustancial, entre otr[o]s”.

7. En lo restante, el recurrente se refirió a la situación particular de los señores Nisperuza Campo y Castilla Castillo, en relación con la que concluyó que en el proceso se demostró la existencia de la sociedad patrimonial por ellos conformada, aspecto que no se ampliará en este compendio, como quiera que, según ya se registró, la acusación fue admitida en el entendido de que el quebranto de la ley sustancial sobrevino de manera directa, lo que impide cualquier revisión de los aspectos fácticos de la controversia.

Consideraciones

1. Para decirlo en breve, el único argumento invocado por el tribunal para confirmar el fallo desestimatorio de primera instancia, fue el incumplimiento de las previsiones consagradas en el artículo 2º de la Ley 54 de 1990, como quiera que al momento del fallecimiento del señor Pedro José Castyilla Castillo, subsistía sin disolver la sociedad conyugal que se conformó por el hecho de su matrimonio con la señora Ilva Hernández Hernández.

Significa lo anterior que, pese a que el análisis que esa autoridad realizó en su fallo, se concentró en la figura de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, el sentenciador de segunda instancia extendió los alcances del señalado planteamiento a la pretensión encaminada a que se declarara que entre la actora y el mencionado causante existió una unión marital de hecho, habida cuenta que la negativa que en relación con ella adoptó el juzgado del conocimiento quedó igualmente comprendida en la confirmación que de su fallo se hizo en el proveído impugnado en casación.

2. En frente del anotado razonamiento del tribunal, el recurrente, para desvirtuarlo, adujo, en esencia, dos planteamientos de linaje estrictamente jurídico:

2.1. En cuanto hace a la unión marital de hecho, que sus únicos requisitos axiológicos, según su afirmación, son la heterosexualidad, la comunidad de vida permanente y la singularidad, sin que, por lo tanto, sea aplicable el artículo 2º de la Ley 54 de 1990.

2.2. Y respecto de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que las exigencias del mencionado precepto, en particular, el término de dos años y el requisito de que los miembros de la pareja hubiesen disuelto con anterioridad a la unión marital cualquier sociedad conyugal que tuviesen conformada, conciernen es con la presunción de existencia de la referida sociedad patrimonial y no con su surgimiento, de lo que coligió que el incumplimiento de esos requisitos no impedía, ni impide, reconocerla, habida cuenta que en el sub lite se demostró su configuración, como fruto del “trabajo, ayuda y socorro mutuos”.

3. Como en repetidas ocasiones lo ha expuesto la Sala, con la Ley 54 de 1990 el legislador patrio brindó solución a una situación social que, de tiempo atrás, venía incrementándose, como era el establecimiento de verdaderas familias fruto de la simple unión de una pareja que ya fuera por su situación personal, ora por su propia decisión, no formalizaba su vínculo bajo las reglas del matrimonio, derivándose de ese estado de cosas un clima de inseguridad para sus integrantes, individualmente considerados, y, sobre todo, para los hijos habidos en tales uniones.

Fue así como la citada ley, en el artículo 1º, determinó que a partir de su vigencia, “para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer(1), que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”, llamando “compañero y compañera permanente” a sus integrantes.

Adicionalmente, el artículo 4º consagró que “[l]a existencia de la unión marital de hecho se establecerá por los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia en primera instancia”; y el 5º señaló que “[l]a sociedad marital entre compañeros permanentes se disuelve: a) Por la muerte de uno o ambos compañeros; b) Por el matrimonio de uno o de ambos compañeros con personas distintas de quienes forman parte de la sociedad patrimonial; c) Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a escritura pública; d) Por sentencia judicial”.

Ese reconocimiento legal fue elevado al rango constitucional por el artículo 42 de la Carta Política de 1991, en el que se señaló que “[l]a familia es el núcleo fundamental de la sociedad”; que “[s]e constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”; y que “[e]l Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia”.

Con otras palabras, “[e]ntrelazando, pues, los citados artículos 42 de la Constitución Política y 1º de la Ley 54 de 1990, se concluye que el surgimiento de una unión marital de hecho depende, en primer lugar, de la ‘voluntad responsable’ de sus integrantes de establecer entre ellos, y solo entre ellos, una ‘comunidad de vida’, con miras a la conformación de una familia; en segundo término, de la materialización o exteriorización de esa voluntad, esto es, que los compañeros inicien su convivencia y, en virtud de ella, compartan todos los aspectos esenciales de la existencia, actitud que implica, entre otras cuestiones, residir bajo un mismo techo, brindarse afecto, socorro, ayuda y respeto mutuos, colaborarse en su desarrollo personal, social, laboral y/o profesional, mantener relaciones sexuales, proveer los medios para su mejor subsistencia y decidir si tienen o no descendencia, caso en el cual les corresponderá definir el número hijos que procreen y los parámetros para educarlos, así como velar por su sostenimiento; y, finalmente, de que ese proyecto de vida común, en las condiciones que se dejan precisadas, se realice, día a día, de manera constante o permanente en el tiempo” (Cas. Civ., sent. de dic. 12/2001, Exp. 11001-3110-022-2003-01261-01).

4. Empero el propósito del legislador no se limitó a concebir la unión marital de hecho, sino que fue más allá, pues también se ocupó de diseñar el régimen económico al que quedaban sometidas las parejas así constituidas y, con ese propósito, estableció una nueva figura jurídica, como fue la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, en relación con la que previó que “[e]l patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales” a quienes la conformen (art. 3º).

Dicho instituto está sujeto, además, a las premisas que seguidamente se compendian:

— “Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en los siguientes casos: a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer(2) sin impedimento para contraer matrimonio; b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho” (art. 2º).

— No forman parte del haber de la sociedad, los bienes señalados en el parágrafo del artículo 3º de la ley.

— Cualquiera de los compañeros o sus herederos tiene la posibilidad de pedir su reconocimiento y liquidación en la forma prevista en los artículos artículos 6º y 7º ibídem.

— “Las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes prescriben en un año a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros” (art. 8º), prescripción que “se interrumpirá con la presentación de la demanda” (art. 9º).

5. Como con facilidad se avizora, es ostensible la autonomía de las referidas figuras jurídicas, toda vez que cada una disciplina aspectos diversos de la familia constituida por lazos meramente naturales y responde a distintos requisitos:

a) La unión marital de hecho, concierne con la vida en común de los compañeros permanentes y exige para su configuración la decisión consciente de la pareja de unirse para conformar una familia y de que, como consecuencia de esa determinación, convivan en una relación singular y permanente.

b) La sociedad patrimonial irradia sus efectos solamente en el plano económico y deriva, en primer lugar, de la existencia de una unión marital de hecho y, en segundo término, de que como consecuencia del trabajo, ayuda y socorro mutuos de los compañeros permanentes, se haya consolidado un “patrimonio o capital” común.

En el punto, cabe destacar que “[l]a sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, a que refiere el artículo 2º de la misma Ley 54 de 1990, si bien depende de que exista la ‘unión marital de hecho’, corresponde a una figura con entidad propia que puede o no surgir como consecuencia de la anterior, desde su inicio o durante su vigencia, siempre y cuando se cumplan los demás presupuestos que señala la norma” (Cas. Civ., sent. de nov. 15/2012, Exp. 7300131100022008-00322-01).

6. Ahora bien, si como al inicio de estas consideraciones se dejó precisado, el tribunal sustentó la desestimación que hizo de la pretensión encaminada a que se reconociera la unión marital de hecho afirmada en la demanda, en la insatisfacción de los requisitos contemplados en el artículo 2º de la Ley 54 de 1990, surge ostensible el yerro jurídico en el que dicho sentenciador incurrió, pues tal precepto, según ya se observó, enuncia los eventos en que es dable presumir la existencia de la sociedad patrimonial, sin que, por lo mismo, esté relacionado con la unión marital de hecho y, mucho menos, con los presupuestos que la estructuran, de donde el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones que contempla la citada norma no podía ser el criterio que orientara la definición de la mencionada súplica, desatino que, por su significación y trascendencia, está llamado a provocar el quiebre del fallo de segunda instancia.

7. Se suma a lo anterior que si es condición indispensable para resolver sobre la conformación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que preexista una unión marital de hecho, la falla atrás detectada es suficiente para ocasionar el quiebre total del fallo cuestionado, pues no resulta posible evaluar el referido aspecto económico sin que, previamente, se haya juzgado, con sujeción a los parámetros legales adecuados, si entre la demandante y el señor Pedro José Castilla Castillo en verdad existió una unión marital de hecho.

8. Previamente al proferimiento del correspondiente fallo sustitutivo, estima la Corte necesario, con fundamento en los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, el decreto oficioso de la prueba que adelante se especificará.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República, CASA la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Civil - Familia, en el proceso que se dejó plenamente identificado al inicio de este fallo y, en sede de segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA como prueba trasladada que se traiga a este asunto copia auténtica de las declaraciones recibidas en desarrollo de la oposición a la entrega del inmueble ubicado en la calle 21 Nº 13-29 de Montería que se tramitó dentro del proceso de sucesión del causante Pedro José Castilla Castillo, que cursó en el Juzgado Segundo de Familia de Montería, a las siguientes personas: Bárbara Pinilla Hernández, Gustavo Adolfo Rojas Gabalo, José Martín Salcedo Arnedo, Bárbara Bertilda Vidal Guerra, Ricardo Padilla Erazo, Pedro Nel García Espitia, Miguel Pérez Garciofi, Jairo Ortega Galván y Manuel Felipe Nisperuza Tapia. Dichas copias deberán expedirse con total sujeción a las previsiones de los artículos 115, numeral 7º, y 254, numeral 1º, de la misma obra. Ofíciese como corresponda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(1) La Sentencia C-075 de 2007 de la Corte Constitucional, previó que dicho régimen se extiende a las parejas homosexuales.

(2) Téngase en cuenta la observación efectuada en nota precedente.