Sentencia 2001-00012 de febrero 28 de 2013

 

Sentencia 2001-00012 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Proceso 180012331000200100012-01 (26428)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Lindimberto Campo Vargas y otros

Demandado: Municipio de Puerto Rico Caquetá y la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece

EXTRACTOS: « II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia que negó las pretensiones, dado que la cuantía alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia.

2.2 Asunto que la Sala debe resolver.

En atención al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 25 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, debe la Sala establecer si la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y el municipio de Puerto Rico (Caquetá) son responsables del daño alegado en la demanda, consistente en la muerte violenta del menor Angelovanny Campo Gómez el 7 de octubre de 1999, daño que la actora atribuye a la administración a título de daño especial, como quiera que la víctima no estaba en la obligación de soportarlo. Así mismo, deberá analizarse el hecho de un tercero alegado por la entidad pública demandada.

2.2.1. Hechos probados.

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en la actuación, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.2.1.1. El 7 de octubre de 1999 murió el menor Angelovanny Campo Gómez por heridas ocasionadas con arma de fuego. De ello da cuenta el registro civil en el que consta la inscripción de su defunción (copia auténtica aportada por la parte actora a fl. 3 cdno. 1) y la diligencia de necropsia en la que se registró la presencia de un orificio en “región supraescapular lado izquierdo” y otro en “la región de los vasos faxiales (sic) lado izquierdo” (documento allegado por la fiscalía cuarta delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Florencia Caquetá, mediante Ofi. 3586 de jun. 7/2002, fls. 139-141 cdno. 2).

Así mismo, en el plenario reposa el acta de inspección del cadáver del señor Luis Emilio Rojas Polanco, Corregidor de La Esmeralda (Caquetá), realizada por la unidad seccional de la Fiscalía de Puerto Rico, en la que se establece como causa de la muerte un “shock neurogénico debido a lesión de la masa cerebral por proyectil de arma de fuego”, a la vez que registra la presencia de doce orificios de entrada (documento allegado a la actuación por la fiscalía cuarta delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Florencia Caquetá, mediante Ofi. 3586 jun. 7/2002, fls. 82-84 y 104-106 cdno. 2).

2.2.1.2 Sobre la forma como ocurrieron los hechos, el acervo probatorio que reposa en el plenario permite establecer que el menor Angelovanny Campo Gómez murió cuando integrantes de un grupo al margen de la ley atentaba contra la vida del Corregidor de La Esmeralda, municipio de Puerto Rico, Caquetá, señor Luis Emilio Rojas Polanco. Sobre el particular, en el plenario reposan las siguientes pruebas:

a). El Segundo Comandante de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional con sede en Florencia Caquetá dio cuenta al tribunal de que los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 1999 a las 14:00 horas aproximadamente, cuando “(...) fue asesinado el corregidor de La Esmeralda, el señor Luis Emilio Rojas Polanco, de doce (12) impactos de pistola 9 mm, a la altura del cráneo, pectoral y parietal, así mismo el menor de 04 años de edad, Angelovanny Campo, que se encontraba en el lugar, falleció en el Hospital de Doncello”. El funcionario señaló, además, que “(...) al parecer el asesinato fue perpetrado por milicianos de la cuadrilla XVI de las ONT-FARC que se movilizaban en dos motos, los cuales se dirigieron hacia Puerto Manrique”.

Según la información suministrada por la segunda brigada, los anteriores hechos dieron lugar a adelantar una operación ofensiva contra el grupo subversivo y, acorde con el informe de patrullaje elaborado por el capitán Mario Jaramillo Delgado, al llegar a la zona donde ocurrieron los hechos se “evidenció el miedo y la zozobra en que viven los habitantes del sector” (original, fls. 6-7 cdno. 2).

Con dicho comunicado se allegó el anexo “A” de inteligencia, la orden de operación 18 “centella”, el informe de patrullaje 18 “centella” y un mapa de la región.

El primer documento en mención da cuenta de la presencia constante de integrantes del grupo subversivo de las FARC en el corregimiento de La Esmeralda, entre otros poblados del municipio de Puerto Rico Caquetá, durante los meses de septiembre y octubre de 1999, así:

“18-SEP-99 Se conoció sobre presencia de 25 bandoleros de la cuadrilla XIV de las ONT-FARC en inmediaciones del corregimiento La Esmeralda, quienes portaban armas de diferente calibre y vestían prendas de uso privativo del Ejército y Policía Nacional.

18-SEP-99 Se tuvo conocimiento que bandoleros de la cuadrilla XIV de las ONT-FARC realizaron retención arbitraria de vehículos en horas de la noche en el sitio de Pto. Pacheco, luego de tomar datos de los vehículos y conductores los citaron al sitio de Maguare de Pto. Manrique donde cobraban $ 300.000 por permitirles transitar en horas de la noche.

21-SEP-1999 Se conoció sobre presencia de 25 bandoleros de la cuadrilla XIV de las ONT-FARC, en área general del Corregimiento La Esmeralda municipio Puerto Rico, mencionados (sic) portaban armas largas, vestían prendas del Ejército Nacional.

21-OCT-99 Se tuvo conocimiento que bandoleros de la cuadrilla XIV de las ONT-FARC han comentando (sic) a los taxistas sus intensiones (sic) de realizar incursión armada al municipio El Doncello, en vista de que poseen informaciones sobre presencia de autodefensas en el sector.

23 SEP-99 Se tuvo conocimiento sobre desplazamiento de comisiones de cinco bandoleros integrantes de la cuadrilla XIV de las ONT-FARC, en inmediaciones del corregimiento La Esmeralda municipio. Puerto Rico.

24-SEP-99 Se tuvo conocimiento sobre el desplazamiento de un número indeterminado de bandoleros de cuadrilla XIV de las ONT-FARC sobre la cordillera de la vereda Pedregales municipio. Puerto Rico, hacia la zona de distensión.

24-SEP-99 Se tuvo conocimiento sobre presencia de bandoleros integrantes de la cuadrilla XIV de las ONT-FARC, sobre área general de PTO. Manrique del corregimiento La Esmeralda municipio. Puerto Rico.

25-SEP-99 Se tuvo conocimiento sobre el cambio de 18 milicianos en el municipio de Puerto Rico, que realizó la columna móvil Teófilo Forero de las ONT-FARC, en vista que los anteriores eran reconocidos por los habitantes del sector.

1 OCT-99 Se tuvo conocimiento que bandoleros de la columna móvil Teófilo Forero de las ONT-FARC, a los habitantes ribereños de la Quebrada Monte Cristo del municipio de Puerto Rico les prohibieron la pesca en el sector aduciendo la conservación del medio ambiente en la región.

3 OCT-99 Se tuvo conocimiento que el miliciano NN (a. Costeño) de la comuna móvil Teófilo Forero de las ONT-FARC, es encargado de cobrar la vacuna mensual a las trabajadoras sexuales del municipio de Puerto Rico, la que no aporte es citada a la oficina de quejas y reclamos de la comuna en el municipio de San Vicente del Caguán.

4 OCT-99 Se tuvo conocimiento sobre una reunión en la vereda Bolivia del corregimiento La Esmeralda, con participación del corregidor de este sector, el concejal Félix Castillo, propietario de un prostíbulo de dos pisos cerca a la Residencia Amazónica en Florencia Diego Jiménez (a. Careguante) propietario de un taxi y una heladería, Ignacio Díaz propietario de una discoteca y una motocicleta color negra, los dos últimos en el corregimiento la Esmeralda, el tema tratado en la mencionada reunión hasta la fecha se desconoce.

7 OCT-99 Se conoció sobre el desplazamiento de aproximadamente 80 bandoleros columna móvil Teófilo Forero de las ONT-FARC, desde el Municipio de San Vicente hacia el área rural de Puerto Rico, en cuatro camionetas HILUX, con armas largas, vistiendo prendas de uso del Ejército.

7-OCT-99 Se conoció que el día (sic) 07:14:00-OCT-99 fue asesinado el corregidor de la Esmeralda Luis Emilio rojas (sic) polanco (sic) identificado con CC. 17.669.245 del Doncello, 12 impactos de pistola 9mm a la altura del cráneo, pectoral y parietal, así mismo el menor de 4 años de edad Angelo (sic) Campos se encontraba en el lugar, falleció en el hospital del Doncello, al parecer el asesinato fue perpetrado por milicianos de la cuadrilla XIV de las ONT-FARC, que se movilizaban en dos motos luego se dirigieron hacia Puerto Manrique (documento aportado por la brigada décima segunda del Ejército Nacional con sede en Florencia Caquetá, fls. 18-19 cdno. 2).

A partir de los hechos del 7 de octubre de 1999, en la orden de operación 18 “Centella” consta la realización de un operativo de registro, persecución y captura de “resistencia armada”, con la misión de “(...) hacer uso de legítima defensa contra la cuadrilla 14 de las ONT-FARC y grupos de justicia privada (AVE), que delinquen en la jurisdicción asignada [corregimiento de La Esmeralda] y a orden (sic) efectúa contra ataque” (documento remitido por la brigada décima segunda del Ejército Nacional con sede en Florencia Caquetá, fls. 8-17 cdno, 2).

El informe de patrullaje, por su parte, dio cuenta de la realización de una “operación de registro en el sector del corregimiento de la Esmeralda del municipio de Puerto Rico”, el 7 de octubre de 1999. En el documento consta que i) “que la población en general demuestra miedo, después de un suceso de estos [se refiere a la muerte del corregidor], lo cual dificulta la obtención de información por parte de las propias tropas” y ii) “es recomendable hacer presencia más permanente sobre estos sectores, con el fin de tener mayor contacto con la población, para darle más confianza y así poder obtener informaciones para futuras operaciones” (negrillas fuera de texto, documento allegado por la brigada décima segunda del Ejército Nacional con sede en Florencia Caquetá, fls. 20-29 cdno. 2).

b). El comandante del departamento de Policía de Florencia (Caquetá) dio cuenta de la ocurrencia de los hechos e informó al a quo sobre los móviles que dieron lugar al homicidio del corregidor Luis Emilio Rojas Polanco, a la vez que puso de presente la ausencia de la Fuerza Pública en el corregimiento de La Esmeralda —se destaca—:

En atención al oficio de la referencia, donde solicitan respuesta al Oficio 1538 del 210801, relacionado con las investigaciones adelantadas con ocasión de los homicidios cometidos en la humanidad de Luis Emilio Rojas Polanco y el menor Ángel Geovanny (sic) Campo Gómez, en hechos ocurridos el día 7 de octubre de 1999, en el corregimiento La Esmeralda, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, de lo que me permito informar lo siguiente:

Dentro de las informaciones recopiladas dan cuenta que la muerte del menor se produjo en forma accidental dentro de los mismos hechos en que fuera asesinado el señor Luis Emilio Rojas, corregidor de la Esmeralda, siendo los agresores, al parecer miembros de las FARC, que lo ajusticiaron por no cumplir con las pretensiones impuestas por el grupo insurgente, relacionadas con el desempeño del cargo del obitado.

Los hechos tuvieron asiento en una zona donde no hay presencia de Policía y es de conocimiento general que allí permanecen en forma constante guerrilleros de las FARC, lo que hizo difícil el desplazamiento hasta el sitio de los investigadores, por el riesgo a que se exponen.

Es de anotar que la información aquí plasmada relacionada con los agresores y los móviles fueron suministrados por personas del lugar que no dan su identidad por temor a represalias contra su integridad, por lo que está por confirmar.

Las diligencias fueron adelantadas por el señor subintendente Helder Díaz, adscrito a la seccional de Policía Judicial (negrillas fuera de texto, original Ofi. 055 de feb. 11/2000, fl. 76 cdno. 2)”.

d).La prueba testimonial, por su parte, pone en evidencia i) las relaciones de familiaridad y la convivencia entre la víctima y los demandantes y ii) la presencia de grupos al margen de la ley en la municipalidad de Puerto Rico.

En efecto, el señor Luis Eduardo Vásquez Arias afirmó que conocía al señor Lindimberto desde que estaba “pequeñito”, a la señora Dioselina la identificó como su madre y a Ismelda como hija de Maximino y María Rubí. Sostuvo que la familia residía en la calle principal del corregimiento de La Esmeralda “enseguida de la casa donde queda la corregiduría”. Y, en relación con los hechos, el testigo señaló:

“Como arreglo bicicletas, ese día me encontraba arreglando una bicicleta, era de una a una y media de la tarde cuando escuché unos tiros seguidos, yo salí a mirar, salí a la puerta y miré hacia la dirección donde los había escuchado y vi gente que corría en diferente dirección, llegando a la casa de doña Diosa vi gente que entraba a la casa y otras personas estaban en la calle y se seguían escuchando tiros, en ese momento escuché un tiro, sentí que había pegado cerquita a la casa, yo me entré para dentro (sic) de una vez, cuando ya mermó un poquito los tiros volví y me asomé, había un señor que hacía tiros al aire en diferentes direcciones, y ahí fue cuando salió otro y se le arrimó al que estaba haciendo los tiros al aire y se subieron en una moto y se fueron en la vía a Manrique, entonces yo ya me salí a la calle y miré que la gente se estaba amontonando donde doña María, me arrimé y cuando iba llegando me dijeron que habían matado a Luis Emilio, el corregidor y efectivamente me arrime y ahí estaba tirado boca abajo, alcanzó a quedar dentro de la casa de la mamá de él osea (sic) de doña María Rojas; estando ahí alguien dijo y el chino se muere también entonces yo pregunté que cuál chino y dijeron que le dieron al hijo de Lindo, cuando yo iba para allá ya estaban echando al niño en un taxi y se venía la sangre donde el niño había quedado herido y en la puerta de la casa de Lindimberto se veía un impacto de tiro y por la tarde lo trajeron muerto (negrillas fuera de texto)”.

Interrogado por si sabía “contra quien iba dirigida la agresión de los sicarios”, contestó: “por lo que escuché, era contra el corregidor porque allá empezaron los disparos y quedaron las señas en la pared de la oficina del corregidor, detrás del escritorio donde él se hacía”. Y, en relación con la muerte del menor Angelovanny el deponente manifestó que había escuchado —por comentarios de otras personas— “(...) que el niño se encontraba jugando con otros niños afuera de la casa de el papá de él osea (sic) Lindo, quesque (sic) los otros niños lo jalaban para dentro cuando se empezaron a escuchar los tiros y él no se quizo (sic) entrar y como por ahí dicen que pasó el corregidor corriendo a meterse a la casa de la madre de él y al parecer uno de los impactos lo alcanzó y lo hirió” (negrillas fuera de texto). Sostuvo, además, que integrantes de grupos armados al margen de la ley “(...) a veces hac[ían] retenes en las afueras del pueblo, por ahí cerca al diamante y por ahí en el nemal (sic) mataron una gente como seis u (sic) siete, dicen que eran la familia Turbay” (negrillas fuera de texto, declaración recibida en primera instancia, fls. 69-71 cdno. 2).

El señor Ismael Hurato Astudillo, por su parte, también afirmó que conocía a la familia desde que el señor Lindimberto era pequeño y, en relación con los hechos, aseguró haber presenciado cuando un individuo le disparó al corregidor Luis Emilio Rojas Polanco:

“Ese día que lo mataron yo estaba con el corregidor dentro de la oficina, cuando yo estaba ahí él se encontraba haciéndome una carta de recomendación, cuando yo voltie (sic) a mirar hacia la puerta de entrada de la oficina vi un tipo, entonces me voltie (sic) hacia él ya que el corregidor me pidió el número de la cédula y cuando me di cuenta el tipo me dijo agáchese y está al lado derecho mío y me colocó la mano encima del hombro derecho y disparó hacia el finado y el finado salió corriendo agachado y el tipo se puso a dispararle como ocho o nueve tiros había hecho en ese momento quedé muy asustado y me ardía la cara y me pasaba la mano pensando que estaba herido y ahí duré como un cuarto de hora ahí sentado, todo asustado (...) cuando salí afuera (sic) vi al tipo que estaba haciendo tiros al aire y se montaron en una moto y se fueron y ya el niño se lo habían llevado herido para el pueblo (declaración recibida en primera instancia, fls. 71-73 cdno. 2)”.

Por último, el señor José Reinel Durán sostuvo que conocía a la familia de la víctima desde hace aproximadamente unos siete años atrás y, en cuanto a los hechos, manifestó que solo se percató de lo ocurrido en momentos en que el cuerpo del corregidor yacía en el piso, a la vez que dio cuenta de que “el niño estaba herido y se lo llevaron para el hospital y luego se murió” (declaración recibida en primera instancia, fls. 73-74 cdno. 2).

2.2.1.3. La alcaldía del municipio de Puerto Rico Caquetá hizo constar que el señor Luis Emilio Rojas Polanco laboró al servicio de la municipalidad como corregidor de La Esmeralda, entre el 18 de enero de 1995 y el 7 de octubre de 1999, día de su muerte. De ello dan cuenta los decretos municipales de nombramiento y sus respectivas actas de posesión. Así mismo, el alcalde puso de presente que “(...) revisado los archivos se encontró que el señor Luis Emilio Rojas en ningún momento manifestó tener amenaza alguna contra su vida, por lo tanto la administración municipal no tomó ninguna decisión al respecto, ni expidió ningún acto administrativo” (negrillas fuera de texto, documentación remitida por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Florencia Caquetá, mediante Ofi. 3586 jun. 7/2002, fls. 118-126, 153-154 cdno. 2).

2.2.1.4. En razón de la muerte del señor Luis Emilio Rojas Polanco y el menor Angelovanny Campo Gómez la Fiscalía Dieciséis Seccional de Puerto Rico Caquetá adelantó la investigación preliminar 554, en averiguación de los responsables del doble homicidio, la cual fue remitida por competencia a la Fiscalía Cuarta Especializada, autoridad esta que, mediante providencia de 26 de octubre de 2000, resolvió suspender la indagación, por no existir mérito para dictar resolución de apertura de instrucción (documento remitido por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Florencia Caquetá, mediante Oficio 3586 de jun. 7/2002, fls. 101 y 147 cdno. 2).

2.2.1.5 Por razón de la muerte del menor Angelovanny Campo Gómez, sus padres, abuelos y hermanos resultaron afectados moralmente.

Esto es así porque el registro civil que reposa en el plenario demuestra que la víctima fue hijo de los señores Lindimberto Campo Vargas e Ismelda Gómez Monje, así como Jaminson y Lady Alexandra Campo Gómez (copias auténticas, fls. 4-6 cdno. 1).

Así mismo, los señores María Dioselina Vargas, Maximino Gómez España y María Rubí Monje acreditaron ser los abuelos del menor Angelovanny, con los registros civiles que dan cuenta que son los padres de Lindimberto Campo Vargas e Ismelda Gómez Monje, respectivamente (copias auténticas, fls. 7-8 cdno. 1).

Ahora, la prueba testimonial recaudada permite establecer las relaciones de familiaridad, convivencia y colaboración entre los demandantes y la víctima. Sobre el particular declararon los señores Luis Eduardo Vásquez Arias, Ismael Hurato Astudillo y José Reinel Durán (testimonios recibidos en primera instancia, fls. 69-74 cdno. 2).

2.2.2. Juicio de responsabilidad.

De acuerdo con el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(2).

Ahora bien, en concordancia con el artículo 2º de la Constitución, las autoridades “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades”, por lo que, en criterio de la Sala, “[o]mitir el cumplimiento de esas funciones no solo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación”(3).

En este marco, el Estado no solo debe respetar sino también garantizar los derechos de las personas, lo cual implica asumir conductas no solo tendientes a no ejercer actos contrarios a los intereses legítimos de los asociados, sino también a impedirlos y tomar las medidas necesarias para que estos se garanticen, realicen y prevalezcan en todos los casos.

Al respecto, la doctrina ha señalado:

“No olvidemos, en efecto, que los pactos internacionales obligan al Estado no solo a respetar sino también a garantizar los derechos humanos. La eficacia horizontal de los derechos constitucionales es pues un dispositivo del Estado para potenciar esa garantía en el ordenamiento interno. Por ello creo que, en el plano constitucional, tiene toda la razón la Corte Constitucional cuando señala que la eficacia horizontal de los derechos fundamentales no disminuye la responsabilidad estatal sino que la acrecienta”(4).

Postulado constitucional que se confunde con la existencia misma del Estado y de sus autoridades públicas, en los términos de los artículos 1º y 2º constitucionales, al punto que su vulneración, por acción u omisión, hace responsables de los daños causados.

Ahora, sabido es que el Estado no puede destinar protecciones individuales para cada asociado, pero sí contar con programas y acciones tendientes a un cubrimiento general, acordes con las circunstancias que aquellos afrontan, de modo que, en principio, no tendría que responder por los hechos puntuales atribuidos a terceros, pues a las autoridades no se les exigen condiciones de omnipresencia y omnisuficiencia. De manera que, en aquellas situaciones en las que la vida e integridad de los asociados se encuentra en real peligro y amenaza, para el efecto, por la conocida presencia e incursión frecuente de grupos al margen de la ley, las exigencias de protección se potencializan, precisamente con el establecimiento de medidas de protección eficaces y acordes a las circunstancias, pues, de otra manera, no se pueden entender cumplidos los mandatos constitucionales de garantía y respeto de los derechos, libertades y creencias. No se entendería, en consecuencia que, conocida una situación concreta de peligro, riesgo o amenaza, se abandone a la población civil a su suerte.

Al respecto, en sentencia de 26 de enero de 2011, la sección(5) señaló:

“Las fuerzas armadas incumplieron su deber de protección y vigilancia, y por esa vía no hicieron efectiva la garantía constitucional, primero porque el Ejército no acudió al llamado de la comunidad, y sobre esta omisión no hay discusión, pues no existe el mínimo indicio sobre su presencia en el lugar de los hechos. La prueba en contrario debió ser aportada por la entidad demandada y no por la parte actora, pues en cumplimento del inciso final del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba; y segundo, porque los integrantes de la Policía Nacional se retiraron antes de que culminara la concentración política lo que facilitó el actuar de la delincuencia y que a continuación pudieran consumar el crimen.

Aunque la presencia de las fuerzas armadas hasta la culminación de la sesión política, no garantizaba que el hecho dañoso se hubiera podido impedir, lo cierto es que la falta del pie de fuerza y el hecho de que los uniformados se ausentaran del lugar, facilitó el accionar de los delincuentes, especialmente en una zona de orden público, donde de tiempo atrás se había incrementado la inseguridad, especialmente el índice de homicidios y donde los candidatos políticos constituían un blanco fácil de la delincuencia organizada y de los grupos al margen de la ley (negrillas fuera de texto).

Vale agregar, a lo expuesto, que no solo a las autoridades les corresponde adoptar medidas generales de seguridad destinadas a la protección de la población civil, en zonas del territorio en las que el orden público se conoce gravemente perturbado; sino que habrán de diseñarse e implantarse algunas especiales, dirigidas a brindar seguridad personal, en los casos en los que se afronta riesgo o amenaza, ya fuere porque las autoridades fueron informadas, como también cuando las especiales condiciones de la víctima así lo indican.

Sobre el particular, en sentencia de 29 de agosto de 2012, la Sala(6) precisó:

En criterio de la Sala, la ausencia de la Policía Nacional en el acto público de inauguración de un torneo deportivo realizado el 25 de mayo de 1997 en la vereda Travesías, jurisdicción del municipio de Guática, es, a todas luces, inexplicable, porque, como ya se indicó, esa institución tenía pleno conocimiento de (i) la grave alteración del orden público en la zona, (ii) la celebración del evento, (iii) las amenazas recibidas por el señor Navarro de grupos armados al margen de la ley y (iv) de que este no tenía servicio de escolta. Bajo las condiciones descritas, sin duda, el hecho dañoso era, además de anunciado, previsible y resistible, pues es claro para la Sala que, de haber hecho presencia en el evento, la Policía Nacional habría podido evitar que la persona que atacó al alcalde ingresara armada al acto público que este presidía, que le disparara y que, sin que nadie se lo impidiera, lo trasladara malherido a un lado del recinto para propinarle más disparos.

3.2.3.5.2. Y es injustificada, porque, aunque directamente el alcalde no pidió el servicio de escolta, los hechos objeto de reproche ocurrieron en un evento público, el cual, en virtud de las normas señaladas en el fundamento jurídico 3.2.4 de la presente providencia y del conocimiento que la entidad demandada tenía sobre su realización, obligaba a la Policía Nacional a hacer presencia para prevenir la alteración del orden público y garantizar la seguridad de todos los asistentes. Al respecto, se recuerda que, de conformidad con el artículo 47 del reglamento de vigilancia urbana y rural para la Policía Nacional, indicado en precedencia, “[e]s obligación del Policía desplegar toda iniciativa que procure la prevención de delitos, desórdenes, o cualquier otro acto que tienda a perturbar la seguridad y el bienestar de las personas”.

Así, si bien el señor Navarro Palacio no estaba obligado a aceptar el servicio de escolta y, por ende, la institución demandada no podía imponérselo, pues ello no solo hubiera vulnerado su derecho a la autonomía personal, sino que, además, habría significado el incumplimiento de la obligación estatal de planificar e implementar las medidas de protección con la participación del beneficiario, a fin de asegurar la efectividad y pertinencia de las mismas(7), a juicio de la Sala, (i) en virtud de lo dispuesto para el efecto en el Código de Policía (arts. 2º, 34, 133, 134, 143 y 145) y en el reglamento de vigilancia urbana y rural para la Policía Nacional (arts. 41 y 47), la entidad demandada sí estaba obligada a hacer presencia en el evento público para proteger la vida e integridad personal de todos los asistentes, incluido el alcalde Navarro (negrillas fuera de texto).

Lo que acontece es que tratándose de zonas de especial vulneración del orden público, dada la presencia e incursiones frecuentes de grupos al margen de la ley, las exigencias de protección se incrementan, dirigidas, en todo caso, a mantener a la población civil aislada del peligro.

De esta forma, el protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados, consagra la garantía fundamental a que “[t]odas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable” (num. 1º art. 4º).

El artículo 13 ibídem, por su parte, dispone:

“Protección de la población civil

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”.

Además, la norma internacional prevé una protección especial para los menores de edad, quienes “no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades” (art. 4º, lite. c y d num. 3º).

La jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que el Estado es responsable de reparar los daños sufridos por las víctimas de un hecho violento causado por terceros cuando: (i) el mismo es perpetrado con la intervención o complicidad de agentes del Estado(8), (ii) la persona contra quien se dirigió el ataque solicitó medidas de seguridad a las autoridades y estas no se las brindaron(9), (iii) la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida(10) y (iv) en razón de las especiales circunstancias sociales y políticas del momento, el atentado era previsible y, sin embargo, no se adelantaron las acciones correspondientes(11).

Así, en estos casos, la Sala ha considerado que la responsabilidad del Estado surge por el incumplimiento del deber constitucional y legal de proteger la vida, es decir, de la omisión respecto de la conducta debida, la misma que de haberse ejecutado habría evitado el resultado(12) y la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del servicio(13).

En el presente caso, el acervo probatorio que reposa en el plenario permite establecer que el menor Angelovanny Campo Gómez murió como consecuencia de las heridas ocasionadas con arma de fuego en la “región supraescapular lado izquierdo” y en “la región de los vasos faxiales (sic) lado izquierdo”, en un atentado perpetrado por grupos al margen de la ley contra el corregidor de la Esmeralda (Caquetá). Constatada, entonces, la existencia del daño, la Sala deberá establecer si la muerte del hijo, hermano y nieto de los demandantes deviene atribuible o endilgable a la administración y, así mismo, determinar si se configura el hecho exclusivo y determinante de la víctima, alegado por la entidad pública demandada.

Los elementos probatorios recaudados dan cuenta de que para la época en que sucedieron los hechos, el municipio de Puerto Rico (Caquetá) se caracterizaba por ser una región que presentaba problemas de seguridad permanente. Los distintos documentos incorporados al proceso y las declaraciones recibidas en primera instancia dan cuenta de esta circunstancia.

En efecto, el segundo comandante de la décima segunda brigada del Ejército Nacional, con sede en Florencia Caquetá, allegó a la actuación el anexo “A” de Inteligencia, la Orden de Operación 18 “Centella” y el Informe de Patrullaje 18 “Centella”, documentos estos en los que se evidencia la presencia constante de integrantes de grupos subversivo en el corregimiento de La Esmeralda, entre otros poblados del municipio de Puerto Rico Caquetá, durante los meses de septiembre y octubre de 1999.

Así mismo, el comandante del departamento de policía de Florencia dio cuenta de que la muerte del menor Campo Gómez se produjo dentro de los mismos hechos en que fuera muerto el señor Luis Emilio Rojas, corregidor de La Esmeralda, siendo los agresores, “al parecer miembros de las FARC”, que lo ajusticiaron por no cumplir con las pretensiones impuestas por el grupo insurgente, relacionadas con el desempeño del cargo. Así mismo, el funcionario puso de presente que en la zona donde ocurrieron los hechos no hay presencia de la Fuerza Pública, con la anotación de que era “(...) de conocimiento general que allí permanecen en forma constante guerrilleros de las FARC, lo que hizo difícil el desplazamiento hasta el sitio de los investigadores, por el riesgo a que se exponen”.

Lo anterior permite establecer que no se trató de un hecho imprevisible e irresistible que impidiera la actuación oportuna de la administración y, bajo esa línea de razonamiento, no es dable concluir que la conducta del tercero, en cuanto exclusiva y excluyente rompió el nexo causal con la actividad de la administración, al contrario, la Sala considera que en cuanto la Policía Nacional tenía conocimiento del problema de orden público que reinaba en la región y la presencia constante de grupos subversivos en la zona, estaba en el deber constitucional y legal de haber tomado las medidas que exigía la situación para proteger, no solo al corregidor de la localidad, sino también y a la comunidad en general(14).

En este orden de ideas, la Sala concluye que la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional tiene el deber de asumir la reparación por los daños antijurídicos causados a los demandantes, al no establecer en el municipio las medidas de protección que demandaba la población civil, lo que facilitó el accionar de la delincuencia contra el corregidor de La Esmeralda y, así mismo, que se consumara el crimen que terminó con su vida y con la del menor Angelovanny Campo Gómez.

En este sentido, es claro que lo que compromete la responsabilidad de la administración es la ausencia de medidas que habrían tenido que adoptar las autoridades de policía para proteger a la población civil del municipio de Puerto Rico (Caquetá) y, por ende, al menor Campo Gómez, como integrante de la misma, dada la situación de grave alteración de orden público que se afrontaba en la región para la época de los hechos.

Del artículo 90 constitucional se deriva la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose, para el efecto que “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(15), es decir las lesiones injustificadas a los derechos e intereses patrimoniales y extrapatrimoniales de los asociados, que las autoridades no pueden provocar o tendrían que haber evitado.

Sin que el hecho de la víctima, alegado por la Policía Nacional, se encuentre probado, como quiera que se pretende atribuir al menor y a su familia responsabilidad porque Angelovanny se encontraba jugando con algunos amigos en el lugar en el que ocurrieron los hechos, acusación inaceptable para la Sala, dado que, salvo medidas especiales de restricción, que en el caso no se adoptaron, el principio tiene que ver con el derecho de los asociados a frecuentar las vías públicas y la obligación de las autoridades de brindar en estas la seguridad necesaria.

En consecuencia, la responsabilidad recaerá en la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, como quiera que aquella omitió el deber de proteger a la población civil y no adelantó ninguna actuación tendiente a garantizar la seguridad de quienes residían en el corregimiento de La Esmeralda; pues conocida, como se encontraba la situación de la región, no se entiende la ausencia de la Fuerza Pública.

Por otro lado, la Sala considera que no es posible predicar responsabilidad del municipio de Puerto Rico Caquetá, por el solo hecho de contar con una autoridad administrativa del orden municipal como lo es un corregidor(16), pues dicha calidad no constituye en el sub lite la causa eficiente y adecuada del daño. La investidura del servidor no fue la causa del resultado dañoso, que se traduce en la muerte del menor Angelovanny Campo Gómez, lo fue si la acción de la subversión que encontró en la localidad las condiciones propicias para delinquir, justamente ante la ausencia de Fuerza Pública y, por ende, de las medidas de protección que debió tomar la Policía Nacional frente a una situación de orden público que exigía su intervención. De suerte que a la luz de la teoría de la causalidad adecuada, el fenómeno que constituyó la causa del daño fue la omisión de la entidad.

El problema en la relación de causalidad surge a partir de la premisa lógica de que no está llamado a resarcir un daño aquel que no ha contribuido a su realización(17), de manera que siempre debe existir un nexo entre el daño causado y el hecho que se atribuye a quien debe responder.

La teoría de la causalidad adecuada preconiza que del conjunto de condiciones posibles deberá establecerse la causa eficiente, es decir aquella que de no haber acontecido no habría dado lugar a lo ocurrido. Al respecto, la Sección ha precisado:

“Se trata de buscar en abstracto la probabilidad de que esa condición sea la causa concreta del daño, de manera que las condiciones se ubicarán en una escala, por decirlo, jerárquica, y la más relevante será la que se tome como productora del daño, por esa razón la determinación de la causa a la luz de esta teoría parte del supuesto de establecer en primer lugar las posibles condiciones que intervinieron en la producción del hecho dañino (saber ontológico)(18) y en segundo lugar de la indagación generalizada acerca de qué causas han podido incidir en la producción del fenómeno (saber gnomológico) con apego a las leyes de la naturaleza, de suerte que solo tendrá la virtualidad de constituir la causa aquella condición que ha sido conocida previamente por el agente productor del daño(19).

(...) en cada caso el juez debe realizar el ejercicio intelectivo para determinar dentro del marco que informa la lógica de lo razonable, cuál de las condiciones que intervienen en la producción del daño constituye la causa del mismo dentro de la noción estricta del concepto, es decir cuál o cuáles de las circunstancias es la que de manera directa, eficaz, eficiente y determinante conllevan a la producción del fenómeno (daño), para evitar así que la responsabilidad se disemine en la cadena de concausas o condiciones que en mayor o menor medida hayan confluido en la producción del evento dañoso, de suerte que armonizando este concepto con la disposición contenida en el artículo 2344 del Código Civil, según el cual Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355”, se puede concluir que no toda aquella condición que intervenga en la producción del hecho dañoso puede tener la categoría de causa, solo las que tengan influencia determinante en el efecto lo serán, pero entre estas causas determinantes, directas y eficientes, ninguna puede tener mayor o menor relevancia, porque de ser así, la responsabilidad sería proporcional de acuerdo a la incidencia en la producción del daño, es decir, la obligación de reparar no sería solidaria sino conjunta(20) (destacado fuera de texto).

Lo anterior supone que no todas las circunstancias que intervienen en la producción del resultado dañoso serán causas del mismo, por lo que, en cada caso, el juez deberá realizar el respectivo análisis con miras a establecer cuáles de las condiciones fueron directas, determinantes, eficaces, eficientes y, que, por ende, constituyen causas o concausas para la ocurrencia del daño.

En consecuencia, “(...) no se trata para nada de causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación de fundamento a consecuencia”(21).

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que no es posible deducir responsabilidad del municipio de Puerto Rico (Caquetá) en la muerte del menor Angelovanny Campo Gómez, comoquiera que, del material probatorio obrante en el expediente, no se evidencia conducta —activa u omisiva— del ente territorial, con entidad suficiente para causar el daño. Por tanto, habrá de negarse las pretensiones formuladas en su contra.

La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado —en materia contractual y extracontractual—, contenida en el artículo 90 de la Carta Política, se soporta única y exclusivamente en los elementos de daño antijurídico e imputación —entendida esta última como atribución de la respectiva lesión—, sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo componentes a efectos de configurar la responsabilidad.

Lo anterior se ve reflejado en los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, a cuyo tenor se lee:

“(...) La noción de daño en este caso, parte de la base de que el Estado es el guardián de los derechos y garantías sociales y que debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la víctima de un daño causado por su gestión, porque ella no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo.

La responsabilidad se deriva del efecto de la acción administrativa y no de la actuación del agente de la administración causante material del daño, es decir, se basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la conducta del actor del daño, que es el presupuesto de la responsabilidad entre particulares.

Esta figura tal y como está consagrada en la norma propuesta, comprende las teorías desarrolladas por el Consejo de Estado sobre responsabilidad extracontractual por falta o falla del servicio, daño especial o riesgo...”(22).

Como se observa, el punto de partida para estructurar la responsabilidad del Estado es el daño antijurídico y, de esta forma lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones(23):

“De manera tal que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(24), lo cual significó un giro copernicano en el fundamento de la responsabilidad estatal, la cual ya no reposa en la “calificación de la conducta de la administración, sino la calificación del daño que ella causa” (destacado en el original)(25).

“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración(26). Igualmente ha considerado que se ajusta a distintos principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13)(27), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución(28). (Negrilla fuera del texto)

“El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado a la luz el artículo 90 constitucional es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas, aspecto en el cual también ha sido abordado por la jurisprudencia de esta corporación y tratado profusamente por el Consejo de Estado. Esta última autoridad judicial ha sostenido que la imputación está ligada pero no se confunde con la causación material, por cuanto en ciertos eventos se produce una disociación entre tales conceptos, razón por la cual para imponer al Estado la obligación de reparar un daño “es menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputablidad que le permita encontrar un ´título jurídico´ distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ´imputatio juris´ además de la imputatio facti(29). (Negrilla fuera del texto).

“La Corte Constitucional ha, de esta manera, reiterado las consideraciones del Consejo de Estado sobre los alcances del inciso primero artículo 90 de la Carta, tribunal que ha resumido su criterio en los siguientes términos:

“(S)on dos las condiciones indispensables para la procedencia de la declaración de la responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del daño a alguna de ellas.

La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase (contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar(30) “(negrillas y subrayado fuera del texto original).

“Esta última cita es pertinente para recalcar en la cuestión objeto de estudio en la presente decisión, pues tal como lo ha entendido el Consejo de Estado, la disposición constitucional que regula la materia establece la obligación de reparar los daños antijurídicos provenientes de cualquier autoridad pública. En efecto, como se ha reiterado el precepto simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad patrimonial estatal, a saber, que haya un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, sin hacer distingos en cuanto al causante del daño”(31) (negrillas fuera de texto).

De ahí que lo que proceda sea revocar la decisión del tribunal y condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional al pago de los perjuicios causados a los demandantes, liquidados de conformidad con las pautas que a continuación se señalan.

2.2.3. Indemnización de perjuicios.

2.2.3.1. Morales.

Establecidos como se encuentran los vínculos de consanguinidad, familiaridad y convivencia entre las víctimas y sus parientes, plenamente acreditados con las pruebas documentales y testimoniales a las que se ha hecho referencia, hacen presumir la afectación moral que la muerte del menor Angelovanny Campo Gómez les causó.

En consecuencia, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional pagará a favor de las personas que a continuación se relacionan, las sumas de dinero liquidadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes y no en gramos oro, como lo viene sosteniendo la corporación desde la sentencia de 6 de septiembre de 2001, proferida dentro del proceso acumulado 13.232–15646(32).

A favor de Lindimberto Campo Vargas e Ismelda Gómez Monje —padres de la víctima—, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, monto compensatorio que, como lo viene sosteniendo la sección, consulta principios de equidad, dada la cercanía de los demandantes con la víctima. Y, para Jaminson y Lady Alexandra Campo Gómez —hermanos— y María Dioselina Vargas, Maximino Gómez España y María Rubí Monje —abuelos—, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia de 25 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por la muerte del menor Angelovanny Campo Gómez, en hechos ocurridos el 7 de octubre de 1999, en el corregimiento de La Esmeralda municipio de Puerto Rico (Caquetá).

2. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

A favor de Lindimberto Campo Vargas e Ismelda Gómez Monje —padres de la víctima—, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Y, para Jaminson y Lady Alexandra Campo Gómez —hermanos— y María Dioselina Vargas, Maximino Gómez España y María Rubí Monje —abuelos—, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

3. ABSOLVER al municipio de Puerto Rico (Caquetá), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

4.- Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil. Expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

(1) El 18 de enero de 2001, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 26 390 000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en el equivalente a 1 500 gramos oro, por concepto de perjuicios morales, es decir la suma de $27 328 230, para cada uno de los demandantes.

(2) Sentencia de 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(3) Sentencia de 20 de noviembre de 2008, expediente 20511, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Rodrigo Uprimny Yepes. “Algunas Reflexiones sobre la responsabilidad por la violación de los derechos humanos”. Bogotá Universidad Nacional. 1996.

(5) Exp. 18617, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.

(6) Exp. 24336, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.

(7) Al respecto se pueden consultar, entre muchas otras, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de julio de 2004, caso 19 comerciantes Vs. Colombia: “2. Requerir al Estado que adopte, sin dilación, las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la señora (...) y de sus familiares. (...) || (...) 5. Requerir al Estado que brinde participación a los beneficiarios de estas medidas o sus representantes en la planificación e implementación de las mismas y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de su ejecución”; 2 de febrero de 2006, asunto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó respecto de Colombia: “1. Reiterar al Estado que mantenga las medidas que hubiese adoptado y disponga de forma inmediata las que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, (...). || (...) 3. Reiterar al Estado que debe dar participación a los beneficiarios de las medidas o sus representantes en la planificación e implementación de las medidas de protección y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de las medidas ordenadas (...)” y 7 de febrero de 2006, asunto Ramírez Hinestroza y otros respecto de Perú: “1. Requerir al Estado que mantenga las medidas que hubiese adoptado y que adopte, sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal del señor Luis Alberto Ramírez Hinestroza, de su esposa (...), para lo cual tome en consideración la gravedad de la situación y las circunstancias particulares de riesgo. || (...) 3. Reiterar al Estado que debe dar participación a los beneficiarios de estas medidas, sus representantes y la comisión en la planificación e implementación de las medidas de protección y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de su ejecución, (...)”.

(8) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Expediente 10140, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(9) Supra 6: “[e]n consecuencia, considera la Sala que conforme a las pruebas que obran en el expediente y a la jurisprudencia adoptada por la Sala, la muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas es imputable al Estado, a título de falla del servicio por omisión, porque este requirió en forma pública, en reuniones con funcionarios del Estado y a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, protección para su vida y la de los demás miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, por el grave riesgo que corrían, hecho que, además, era públicamente notorio, porque muchos de los miembros de esas agrupaciones de izquierda habían sido asesinadas por razón de su militancia política”.

(10) Sentencia de 19 de junio de 1997, Expediente 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández: “...los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del estado, incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección del Dr. Low, a su regreso al país. No es necesario para que en este caso se estructure la falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial de protección, dado que esos mismos organismos fueron los que encontraron, estudiaron y analizaron las pruebas que contenían las amenazas; se refiere la Sala a los cassettes encontrados en Medellín donde había una conversación entre el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y su abogado Guido Parra, en relación con la orden de dar muerte al Dr. Low. || Para el cabal cumplimiento de sus funciones a los organismos de seguridad les correspondía realizar una labor de inteligencia con miras a determinar la protección que ameritaba el Dr. Low, dado que conocían a ciencia cierta que era objeto de serias amenazas”.

(11) Sentencia de 30 de octubre de 1997, Expediente 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque: “[e]l carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debería por esa sola circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, sino de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible”.

(12) Sentencia de 28 de abril de 2010, Expediente 18072, C.P. Myriam Guerrero de Escobar: “[p]or consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado [Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2007, Exp. 15567, M.P. Enrique Gil Botero]”.

(13) Sentencia de 21 de abril de 1994, Expediente 8725, C.P. Daniel Suárez Hernández: “[p]ara la Sala no resulta suficiente la explicación que ofrece la Policía Nacional de que no se le podía brindar protección hasta el lugar de trabajo por cuanto los agentes no podían salir de la jurisdicción municipal. Aceptarla implicaría desconocer que dicha institución tiene carácter nacional y no está legalmente limitada para ejercer sus funciones en todo el territorio nacional. El obstáculo que podría ser administrativo, era superable por virtud de las especiales circunstancias que rodeaban el caso, mediante una orden del Comando de la Policía Nacional en Antioquia. || Ahora bien, como lo afirma en su alegato de conclusión la apoderada de la Policía Nacional, la función protectora que brinda esta entidad, antes que de resultado es de medio, y, precisamente observa la Sala, que la administración falló en ese punto al no brindarle a la víctima los medios suficientes, adecuados y oportunos para prevenir y evitar en lo posible los resultados trágicos inherentes a un atentado. Fue, pues, insuficiente y deficiente la prestación del servicio de vigilancia para el sindicalista Martínez Moreno, de donde se concluye que en el caso examinado se configuró una falla en el servicio de vigilancia a cargo de la Policía Nacional”.

(14) Al respecto se pueden consultar las sentencias de 3 de febrero de 2000, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Exp. 14787, de 26 de enero de 2011, Exp. 18617 y de 12 de octubre de 2011, Exp. 21280, con ponencia de quien proyecta esta sentencia.

(15) Sentencias de 8 de mayo de 1995, Expediente 8118 y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

(16) El artículo 117 de la Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios” (Diario Oficial Nº 41377 de jun. 2/94), establece:

“Comunas y corregimientos. Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas y en corregimientos en el caso de las zonas rurales”.

(...).

Por su parte, el artículo 118 de la misma normativa prevé:

“Administración de los corregimientos. Para el adecuado e inmediato desarrollo de los corregimientos, estos tendrán corregidores como autoridades administrativas, quienes coordinadamente con la participación de la comunidad, cumplirán, en el área de su jurisdicción, las funciones que les asignen los acuerdos y les deleguen los alcaldes, con sujeción a las leyes vigentes.

Los corregidores cumplirán también las funciones asignadas por las disposiciones vigentes a las actuales inspecciones de policía.

En los corregimientos donde se designe corregidor, no podrá haber inspectores departamentales ni municipales de policía.

Los alcaldes designarán a los corregidores de temas presentadas por la respectiva junta administradora local, con quienes coordinarán sus tareas de desarrollo comunitario”.

(17) Amezága J.J., Culpa Aquiliana, pág. 74. Cita en sentencia de 9 de junio de 2010, M.P. Gladys Agudelo Ordóñez, Exp. 18078.

(18) El creador de la teoría (Kries) denominó a este tipo de saberes ontológico y gnoseológico. Ver Givanovitich, principios.

(19) Es lo que se ha denominado teoría subjetiva de la causalidad. La doctrina suele utilizar un ejemplo bastante ilustrativo sobre el particular: si se trata de un golpe en la cabeza y la especial debilidad craneana hace que ese golpe sea mortal, la tesis entiende que dicho golpe no puede tenerse por causa de la muerte, por cuanto el hecho de la debilidad craneana de la víctima no pudo ser tomado en cuenta como condición porque el ofensor no lo conocía. En ese sentido ver Tratado de la responsabilidad, Mazeaud H, L – Tunc A. y Peirano Facio J. Responsabilidad extracontractual. Cita en sentencia de 9 de junio de 2010, M.P. Gladys Agudelo Ordóñez, Exp. 18078.

(20) Sentencia de 9 de junio de 2010, M.P. Gladys Agudelo Ordóñez, Exp. 18078.

(21) El énfasis ha sido efectuado en el texto original. Cfr. Enneccerus, Ludwig-Lehmann, Heinrich, Derecho de las obligaciones, 11ª edición, traducción de B., Pérez González y J., Alguer, Barcelona, Bosch, 1948, citado por Goldengerg, Isidoro, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, cit., pág. 10. Por la misma senda marchan los planteamientos de Adriano de Cupis, quien no obstante considerar operativo el tema de la relación de causalidad al interior del análisis jurídico, estima existente la que denomina “causalidad jurídica” misma, que a su entender “no es más que un corolario del principio enunciado por nosotros, según el cual, el contenido del daño se determina con criterios autónomos [en el ámbito jurídico]. Debemos preocuparnos de averiguar no ya cuándo el daño pueda decirse producido por un hecho humano según las leyes de la naturaleza, sino más bien cuándo ese daño pueda decirse jurídicamente producido por un hecho humano” (énfasis en el texto original). Cfr. De Cupis, Adriano, El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, traducción de la 2ª edición italiana por A. Martínez Sarrión, Bosch, Barcelona, 1975, pág. 248. Cita en sentencia de 26 de mayo de 2010, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 18590.

(22) Ponencia para segundo debate. Plenaria Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional Nº 112 de 3 de julio de 1991, pág. 7 y 8.

(23) Al respecto ver, entre otras, las sentencias: C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-533 de 1996; C-043 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.

(24) Sentencia C-533 de 1996.

(25) Sentencia C-043 de 2004. En la misma decisión sostuvo: “No se trata de saber si hubo o no una falla en el servicio, es decir una conducta jurídicamente irregular aunque no necesariamente culposa o dolosa, sino de establecer si cualquier actuar público produce o no un “daño antijurídico”, es decir un perjuicio en quien lo padece, que no estaba llamado a soportar” (negrillas fuera del texto original).

(26) Sentencia C-333 de 1996.

(27) Esta corporación, en Sentencia C-333-96, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero, resaltó la armonía existente entre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado consagrado en el artículo 90 de la Carta y el Estado social de derecho: “Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho (C.P., art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Esta concepción de la posibilidad de indemnización de un daño antijurídico incluso originado en una actividad lícita del Estado armoniza además con el principio de solidaridad (C.P. art. 1º) y de igualdad (C.P. art. 13), que han servido de fundamento teórico al régimen conocido como de daño especial, basado en el principio de igualdad de todos ante las cargas públicas. En efecto, si la administración ejecuta una obra legítima de interés general (C.P., art. 1º) pero no indemniza a una persona o grupo de personas individualizables a quienes se ha ocasionado un claro perjuicio con ocasión de la obra, entonces el Estado estaría desconociendo la igualdad de las personas ante las cargas públicas (C.P., art. 13), pues quienes han sufrido tal daño no tienen por qué soportarlo, por lo cual este debe ser asumido solidariamente por los coasociados (C.P., art. 1º) por la vía de la indemnización de quien haya resultado anormalmente perjudicado. Se trata pues, de un perjuicio especial sufrido por la víctima en favor del interés general, por lo cual el daño debe ser soportado no por la persona sino por la colectividad, por medio de la imputación de la responsabilidad al Estado. Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual este se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

(28) Sentencia C-832 de 2001.

(29) Consejo de Estado. Sentencia de 13 de julio de 1993, loc. cit.

(30) Sentencia del Consejo de Estado de mayo 8 de 1995, Expediente 8118, Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández.

(31) Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.

(32) M.P. Alier E. Hernández Enríquez.