Sentencia 2001-00014 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Proceso: 180012331000200100014-01 (30402)

Consejera Ponente:

Dr. Stella Conto Díaz Del Castillo

Demandante: José Vitelio Calderón Romero y otros

Demandado: Nación—Ministerio de Defensa—Policía Nacional

Acción: Reparación directa

Bogotá, D. C., veintinueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1 Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia que negó las pretensiones, dado que la cuantía alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia.

2.2 Asunto que la Sala debe resolver.

En atención al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de 9 de diciembre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, debe la Sala establecer si la Nación—Ministerio de Defensa—Policía Nacional es responsable del daño alegado en la demanda, esto es la muerte del agente de policía José Vitelio Calderón Aguiar, en hechos ocurridos el 14 de septiembre de 1999, cuando se encontraba detenido en la Base de Antinarcóticos de Larandia, ubicada en el municipio de Florencia, Caquetá.

Lo anterior, comoquiera que la parte actora alega falla del servicio de la entidad pública, por permitir que la víctima, en su condición de detenido, permaneciera en las instalaciones donde se alojaban sus compañeros de armas, al alcance del armamento de dotación oficial, al tiempo que arguye la existencia de una obligación de resultado, similar a la que se predica de los centros de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. La accionada, por su parte, alega el hecho de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad.

Debe en consecuencia la Sala entrar a analizar los hechos probados, con miras a determinar si hay lugar a la declaratoria de responsabilidad que la parte actora endilga a la administración o si se presenta una causal de exoneración.

2.2.1 Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los documentos aportados por la parte actora en las oportunidades legales, los remitidos por la entidad pública demandada, las respuestas de diversas autoridades a los requerimientos del Tribunal y los testimonios recibidos en el curso del presente asunto, pues se trata de pruebas decretadas y practicadas dentro de las oportunidades procesales.

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en la actuación, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.2.1.1 El 14 de septiembre de 1999, murió el señor José Vitelio Calderón Aguiar por una herida causada con arma de fuego. De ello da cuenta el registro civil en el que consta la inscripción de su defunción (copia auténtica aportada por la parte actora a fl. 17 cdn. 1), así como el acta de inspección del cadáver realizada en el “alojamiento antinarcóticos Base Aérea de Larandia Caquetá”, en la que consta que el cuerpo se encontraba “entre dos ileras (sic) de camarotes”, en posición decúbito dorsal, con miembros superiores e inferiores en extensión, con una “herida de 3x3 cms, bordes irregulares en región mamaria izquierda con anillo de contusión, a 1 cm de la línea ½ con exposición de tejido óseo y muscular”, al tiempo que se advierte la presencia de “ahumamiento (sic) en la muñeca cara anterior brazo izquierdo”, concluyendo que lo ocurrido fue un suicidio con móvil indeterminado (documento allegado por la entidad pública, fls. 76, 81-82 cdn. 2).

De igual forma, en la actuación reposa el protocolo de necropsia Nº 225, en el que se registra un orificio de entrada con anillo de contusión entre el 5º y 6º espacio intercostal izquierdo, con trayectoria “supero-infero, antero-posterior, de derecha a izquierda”. Los médicos legistas determinaron que el señor Calderón Aguiar falleció a causa de una “perforación cardiaca debido a herida por proyectil arma de fuego” (documento remitido por la fiscalía mediante Oficio SC-9983 de 27 de noviembre de 2002, fls. 89, 106-108 cdn. 2).

2.2.1.2 Sobre la forma como ocurrieron los hechos, el acervo probatorio que reposa en el plenario permite establecer que el señor José Vitelio Calderón Aguiar se quitó la vida con un arma de dotación oficial, estando detenido en las instalaciones de la Base de Larandia, Caquetá, después de haber sido notificado de una medida de aseguramiento, proferida en su contra por la justicia penal militar, por el delito del centinela.

Sobre el particular, en el plenario reposan las siguientes pruebas:

a) Informe de novedad Nº CZSUR-LRA de 14 de septiembre de 1999, por medio del cual el comandante del grupo de fumigación de la Base de Larandia, Caquetá, informó al comandante de la zona sur de antinarcóticos los hechos en los que resultó muerto el patrullero José Vitelio Calderón Aguiar. Dio cuenta de haber notificado a la víctima la medida de aseguramiento proferida en su contra, por el Juzgado 53 de Instrucción Penal Militar, por el delito del centinela y que, por información recopilada al personal del alojamiento; se pudo establecer que fue la propia víctima quien tomó la decisión de dispararse con el fusil de dotación de un compañero de armas. Del contenido del informe, se transcriben los siguientes apartes:

Cordialmente me permito informar a mi Teniente, la novedad presentada el día de hoy siendo aproximadamente las 17:00 horas tan pronto llegó de su permiso el señor PT. Calderón Aguiar Vitelio, otorgado por el área de erradicación de cultivos Ilícitos, se presentó en la oficina del comando de compañía del grupo de fumigación, cuando le notifiqué la orden emanada por el señor Diego Rafael Collel, Juez 53 de Instrucción Penal Militar, mediante Oficio 925 de fecha 09-09-99 en dictar medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación dentro del sumario 64 que se le adelanta por el delito del centinela. Por tal motivo se hizo la respectiva anotación en la minuta del servicio del alojamiento.

El señor AP. Arroyave Robles Fredy manifestó por radio que el patrullero Calderón Aguiar se había suicidado por tal motivo me desplacé hacia el alojamiento en compañía del señor CT. Moreli Zabarain Nicolás, al llegar al alojamiento encontramos en el piso el cadáver del patrullero en mención, el auxiliar nos informó que a eso de las 23:00 horas el señor PT. Calderón Aguiar Vitelio cogió el fusil galil 7.62 Nº 8-1973111 asignado al señor PT. Maca Elago Liborio, aprovechando que la gran mayoría del personal del grupo de fumigación que se encontraba en el alojamiento descansando, al observar esta situación se intentó acercar hasta donde se encontraba él, porque escuchó que accionó los mecanismos y este le preguntó que qué iba a hacer él le gritó que no se acercara cuando fue que escuchó la detonación del disparo, prendió la luz vio en el piso al patrullero moribundo e intentando alcanzar de nuevo el fusil y en este instante al ver dicha situación el patrullero Herrera le corrió el fusil hacia un lado y reportando de inmediato al radioperador del servicio, el auxiliar Arroyave también manifestó que en momentos antes que esto sucediera él le entregó un papel diciendo que era un número telefónico y que se lo entregara al PT. Guerrero Baldion.

Por información recopilada al personal del alojamiento se pudo obtener que minutos antes de haber sucedido este incidente, el señor AP. Sinisterra Viveros Luis Enrique notó y extrañó que este patrullero dio un par de vueltas y al frente de donde estaba él, cogió uno de los fusiles del personal que allí pernoctan, sin identificar el de quién era, por dicha razón el AP. le manifestó al patrullero de inmediato “qué hace” “qué va a hacer” y el patrullero le contestó, “tranquilo quédese quieto”, éste lo montó y fue ahí donde se decidió por alar (sic) el gatillo y suicidarse, manifestó también que ante esa contestación él no reaccionó de pensar que le fuera a disparar en su contra.

En versión que rinde el señor PT. Herrera Granados Jorge la (sic) cual se encontraba de custodia al momento de ir a cenar, estos se encontraron con el PT. Maca Elago Liborio, manifestando el patrullero Calderón a Maca, que al día siguiente le iba a tocar que cuidarlo (sic) y que a él se le iba a escapar, también manifestó el PT. Herrera que él escuchó accionar un fusil y cuando reaccionó el PT. le estaba diciendo al AP. Sinisterra que se estuviera quieto, y de inmediato se escuchó la detonación intentando reaccionar al notar que el PT. en mención estaba agonizando e intentando coger el fusil de nuevo procedió a corrércelo (sic) hacia un lado.

En el informe también consta que la víctima dejó una carta dirigida a su señora madre despidiéndose de ella (documento allegado por la oficina de control disciplinario interno de la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional, con sede en Florencia, Caquetá, mediante Oficio 396 de 22 de octubre de 2002, fls. 46-47 cdn. 2).

b) Mediante Auto 24 de 15 de septiembre de 1999, la oficina de control disciplinario interno de la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional estableció que la muerte del patrullero José Vitelio Calderón Aguiar ocurrió “simplemente en actividad”. Así mismo, puso de presente el informe prestacional por muerte 020/99, de cuyo texto se observa:

Originó la presente investigación informe suscrito por el señor TE. Néstor A. Romero Puentes, comandante grupo fumigación Larandia donde da cuenta los hechos ocurridos el día 140999 e informados por el señor AP. Arroyave Robles Fredy, el cual manifestó por radio que el PT. Calderón Aguiar Vitelio se había suicidado, trasladándose al alojamiento en compañía del señor CT. Moreli Zabarain Nicolás, al llegar al alojamiento encontraron en el piso el cadáver del patrullero Calderón; el auxiliar les informó a eso de las 23:00 horas aproximadamente que el PT. Calderón Aguiar Vitelio cogió el fusil galil 7-62 Nº 8-1973111 asignado al señor PT. Maca Elago Liborio, aprovechando que la gran mayoría del personal del grupo de fumigación se encontraba en el alojamiento descansando, al observar eso se trató de acercar hasta donde estaba él, porque escuchó que accionó los mecanismos y este le preguntó que qué iba a hacer, él le gritó que no se acercara cuando fue que escuchó la detonación del disparo, prendió la luz y vio en el piso al patrullero moribundo e intentando alcanzar de nuevo el fusil y al ver dicha situación el PT. Herrera le corrió el fusil hacia un lado y reportando de inmediato al radioperador de servicio, el auxiliar Arroyave también manifestó que en momentos antes que esto sucediera él le entregó un papel diciendo que era un número telefónico y que se lo entregara al PT. Guerrero Baldón (documentación allegada por la entidad pública mediante Oficio 12153 de 3 de octubre de 2002, fls. 26-27 y 29 cdn. 2).

c) En cumplimiento de la misión de trabajo 942, del día 16 del mes y año en mención, la Unidad Investigativa de Policía Judicial del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Caquetá rindió el presente informe sobre las diligencias adelantadas en el curso de la investigación:

Una vez recibido el reporte de la Policía Nacional, el día 15 de septiembre/99 nos trasladamos a las 01:30 horas aproximadamente, en asocio con el Fiscal Séptimo Local y técnicos del CTI a practicar la inspección del cadáver en la base militar de La Arandia, alojamientos de la Policía antinarcóticos, al patrullero Vitelio Calderón Aguiar.

Se entrevistó al patrullero de la Ponal Guerrero Baldión Jairo Alberto (…) el cual manifestó que el occiso se encontraba muy angustiado debido a una medida de aseguramiento que le había dictado una autoridad de Mariquita Tolima, por faltas en actos del servicio. Así mismo suministró una carta en la cual su compañero Vitelio Calderón se despedía de sus padres, y que debería ser entregada a su madre Amparo Aguiar, que lo visitaría al siguiente día. Es de anotar que ese documento fue anexado a las diligencias del fiscal de turno.

Igualmente fueron entrevistados los patrulleros Herrera Granados Jorge, Sinisterra Viveros Luis Enrique, quienes aducen haber estado presentes al momento que el patrullero Calderón Aguiar se suicidó en un instante, sin dar tiempo de ser detenido y los cuales también manifiestan que el único problema que tenía era la medida de aseguramiento antes mencionada.

Al entrevistar al patrullero Jaime Méndez Paternino, afirma que se encontraba dormido y que su fusil era el único que tenía proveedor en todo el alojamiento, ya que es la persona más antigua de esta base y es autorizado por sus superiores (copia auténtica allegada por la entidad, fls. 125-127 cdn. 2).

d) A través de la Resolución 1230 de 9 de diciembre del mismo año, la Dirección General de la Policía Nacional reconoció a los señores José Vitelio Calderón Romero y Orfilia Amparo Aguiar Conde —padres de la víctima—, la suma de $16.097.425,36, por concepto de indemnización por muerte y cesantías. En dicho documento consta, además, que el señor José Vitelio Calderón Aguiar ingresó a la institución el 4 de agosto de 1997, siendo retirado del servicio el 14 de septiembre de 1999 por defunción, en la categoría de patrullero, con un término de servicio de dos años, un mes y diecinueve días, sin que figure cuánto devengaba mensualmente (documentación allegada por la entidad pública mediante Oficio 12153 de 3 de octubre de 2002, fls. 28-29 cdn. 2).

e) La Fiscalía General de la Nación, por su parte, adelantó investigación en “averiguación” por el delito de “homicidio culposo” (Oficio SC-9983 de 27 de noviembre de 2002, original, fl. 89 cdn. 2). Dentro de la documentación aportada allegó, además del acta de inspección del cadáver atrás referida y la diligencia de necropsia, remitió copia auténtica de las piezas procesales de la instrucción, entre las cuales se encuentra una carta, al parecer elaborada por la víctima, a cuyo tenor se lee:

Hola mami espero que algún día me perdone por la locura que cometí, lo único es que los quiero mucho a todos. Quiero que cuiden a los niños.

Ropa para la niña de mado (sic).

El osito para la de Luis.

Goku para Jonier.

Mi ropa mía (sic) para chiqui. Mami los quiero mucho y esté donde esté los quiero por siempre, no quiero que lloren sino que piensen que estoy vivo y con ustedes y les dedico “triste recuerdo” y dígale a Luis que se cuide y no sigan mis pasos (…) chao mami y mi familia recuerden que siempre los amaré. Lo único que en la cárcel jamás me dejaré ver, porque quiero que me recuerden libre como lo era en la casa.

Mami si algún día conoce a Diana en Bogotá dile que mi propuesta era en serio, que en verdad la amaba y que nadie me le haría daño porque donde esté la cuidare, a don Pedro que es un verdadero amigo y que nunca los olvidaré y que mi estadía en Bogotá fue lo mejor que me pasó (…) (fls. 90, 97 cdn. 2).

Así mismo, la fiscalía adjuntó el Oficio 1061 de 15 de octubre de 1999, por medio del cual el Juzgado 53 de Instrucción Penal Militar informó que en ese despacho cursaba el sumario radicado bajo el número 64, en contra del Patrullero José Vitelio Calderón Aguilar, por el delito del centinela, en el cual se dispuso la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, mediante auto interlocutorio de 6 de septiembre (fl. 131 cdn. 2).

Por último, en la instrucción reposa copia auténtica del proveído de 11 de abril de 2000, mediante el cual la Fiscalía Sexta Seccional de Florencia profirió resolución inhibitoria, con fundamento en el suicidio del agente José Vitelio Calderón Aguiar. De la decisión se destaca:

La ubicación y trayectoria de la herida nos indica que probablemente el señor Vitelio Calderón Aguiar se suicidó disparándose con el fusil. En igual sentido deponen sus compañeros quienes se encontraban en el alojamiento cuando se escuchó el disparo. Por lo tanto y de conformidad a lo previsto por el 327 (sic) del C. de P. Penal, se declara en proferir resolución inhibitoria en las presentes diligencias, por cuanto el punible en el caso que nos ocupa no se ha cometido (fls. 150-151 cdn. 2).

La Procuraduría General de la Nación, por su parte, dio cuenta de haber adelantado indagación preliminar por los hechos en los que resultó muerto el señor José Vitelio Calderón Aguiar, en razón de la queja presentada por el padre del occiso señor José Vitelio Calderón Romero, sin que se tenga conocimiento como concluyó (documento allegado por la Procuraduría mediante Oficio 2591 de 11 de septiembre de 2002, fls. cdn. 2).

f) Acorde con el informe de balística Nº 268, de 14 de enero de 2000, los expertos determinaron que el señor Calderón Aguiar se dio muerte con un fusil galil calibre 7.62, identificado con el número 8-1973111, de uso privativo de la Fuerza Pública. Efectuado el análisis químico correspondiente arrojó “resultado positivo para residuos de disparo” (copia auténtica remitida por la fiscalía, fls. 133-136 cdn. 2).

g) Mediante los documentos 035 DIROP-ASECI/568 de 31 de enero de 2002 y 070 GESIN DIROP de 18 de febrero de la misma anualidad, la Dirección Operativa de la Policía Nacional impartió instrucciones sobre “Seguridad personal en lugares públicos” y “Uso de armas”. En el primero, la entidad recomendó que, “(…) ante los últimos actos terroristas perpetrados por los grupos generadores de violencia contra edificaciones públicas y la intensificación del “plan pistola” contra miembros de la Fuerza Pública”, i) tomar los alimentos en las instalaciones; ii) evitar acudir a establecimientos públicos para hacer recesos dentro del servicio o posterior a este; iii) atender los casos con personal de apoyo; iv) realizar los desplazamientos fuera del servicio en traje de civil y sin olvidar las medidas de seguridad personal y v) “evitar permanecer en lugares públicos en donde se presenten aglomeraciones y existe un nivel de vulnerabilidad alto”.

En el instructivo de “uso de armas”, la entidad dispuso, entre otras cosas, que: i) el personal de policía debía emplear solo los medios autorizados por la ley y escogería, entre los más eficaces, aquellos que causaran menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes; ii) “quienes tengan a su cargo la administración del armamento, municiones y explosivos, cumplirán diligentemente los mecanismos de control establecidos” y iii) “todo funcionario de la Policía al término del servicio, está obligado a entregar las armas de dotación y demás elementos que se le hayan asignado para el mismo, salvo autorización expresa en contrario emitido por el superior competente”, quien sería responsable de la supervisión y cumplimiento de esta obligación.

La entidad informó al Tribunal, además, que “(…) revisado el archivo físico y sistematizado de los últimos dos años no se encontraron antecedentes de instrucciones impartidas a las unidades policiales sobre medidas de prevención con los uniformados retenidos en instalaciones policiales por la comisión de delitos” (documentación allegada por la entidad mediante Oficio 8184 de 10 de octubre de 2002, fls. 38-42 cdn. 2).

h) Mediante Oficio 396 de 22 de octubre de 2002, la oficina de control disciplinario interno de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, con sede en Florencia, Caquetá, dio cuenta al Tribunal de que: i) el Juzgado Penal Militar 53 profirió medida de aseguramiento en contra del agente José Vitelio Calderón Aguiar, por el delito del centinela; ii) la víctima cumplía funciones de seguridad en la base de aspersión de Larandia, empero, para el día de los hechos, no se encontraba en servicio, “(..) por cuanto en horas de la tarde del 14/09/09 al regresar de un permiso que le habían concedido, le fue notificada la medida y, en cumplimiento a lo dispuesto por el señor Juez 53 no se le asignó armamento ni servicios”, al tiempo que se le designó un acompañante para que “estuviera pendiente de él en sus movimientos para dirigirse a tomar los alimentos y otros relacionados” y iii) el arma con el cual el agente se propinó un disparo era un fusil galil identificado con el número 8-1973111, asignado al PT. Maca Elago Liborio (original, fls. 44-45 cdn. 2).

2.2.1.3 Por razón de la muerte del señor José Vitelio Calderón Aguiar, sus padres, abuelos y hermanos resultaron afectados moralmente.

Esto es así porque, los registros civiles que reposan en el plenario demuestran que el señor Calderón Aguiar fue hijo de los señores José Vitelio Calderón Romero y Orfilia Amparo Aguiar Conde, así como lo son María Docsul, Eixiderio, Nancy, Judith y Luis Alberto Calderón Aguiar (copias auténticas, fls. 10- cdn. 1).

De igual forma, los señores Rogelio Calderón Fajardo y María de Jesús Romero de Calderón acreditaron su condición de abuelos de la víctima, con el registro civil de nacimiento en el que consta que son padres del señor José Vitelio Calderón Romero (copia auténtica, fl. 9 cdn. 1).

Las declaraciones que obran en el proceso permiten establecer, además, las relaciones de familiaridad, convivencia y colaboración entre los demandantes y el señor José Vitelio Calderón Aguiar, así como de la afectación moral que les produjo su muerte.

En efecto, la señora María del Carmelo España afirmó conocer al señor José Vitelio Calderón Aguiar “desde recién nacido, porque éramos vecinos de los papás de él”. Interrogada por la familia de la víctima, la testigo sostuvo que estaba “(…) integrada por los papás Vitelio Calderón y Amparo Aguiar, los abuelos Rogelio Calderón y María Romero, los hermanos Dolsu (sic), Judith, Nancy, Eixiderio, Luis Alberto Calderón Aguiar”. Aseguró que José Vitelio “les mandaba mensualmente plata para el mantenimiento de los papás que son personas pobres y necesitadas” (testimonio recibido en primera instancia, fls. 182-183 cdn. 2).

El señor Alfonso Lozano Rayo, por su parte, aseguró conocer a la familia desde mucho tiempo atrás, al tiempo que dio cuenta de las buenas relaciones entre los demandantes y la víctima. Así mismo, afirmó que el hoy occiso “(…) mandaba parte del sueldo para que pudieran comprar lo necesario para medio vivir, además porque las hermanas no tienen esposo y tienen unos niños pequeños por los que tienen que responder y no tienen trabajo” (testimonio recibido en primera instancia, fls. 186-187 cdn. 2).

La señora Ana Liboria Angarita de Lozano también se refirió a las relaciones de familiaridad y colaboración entre los actores y el señor José Vitelio Calderón Aguiar, respecto de quien afirmó que trabajaba en la Policía y lo que allí devengaba “lo invertía en él y en ayuda para los padres de él” (testimonio recibido en primera instancia, fls. 188-189 cdn. 2).

En iguales términos declararon los señores Gilberto Calderón y Jesús María Sánchez Quevedo (testimonios recibidos en primera instancia, fls. 184-185, 190-191 cuaderno 2).

2.2.2 Análisis del caso. Responsabilidad del Estado por daños causados a quienes se encuentran bajo su custodia y cuidado.

De acuerdo con el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que, así el ordenamiento jurídico no prevea una definición de daño antijurídico, es dable afirmar que se trata de “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(2).

Ahora bien, en concordancia con el artículo 2º de la Constitución, las autoridades “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades”, por lo que, en criterio de la Sala, “[o]mitir el cumplimiento de esas funciones no solo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación”(3).

En este marco, el Estado no solo debe respetar, sino también garantizar los derechos de las personas, lo cual implica asumir conductas no solo tendientes a evitar actos contrarios a los intereses legítimos de los asociados, sino también a impedirlos y tomar las medidas necesarias para que los derechos, creencias y libertades se garanticen, realicen y prevalezcan en todos los casos.

Esta corporación ha precisado que las personas recluidas en establecimientos carcelarios o de detención se encuentran en una situación de indefensión y vulnerabilidad manifiesta, que implica la existencia de una relación de especial sujeción al Estado(4). Dicha sujeción, sostiene la jurisprudencia, se deriva de la limitación legítima de algunos derechos y libertades de los presos y de la reducción o eliminación de las posibilidades que tienen estos “(…) de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de agentes estatales o de terceros de que puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario”(5).

Al respecto, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha definido el contenido y alcance de tales relaciones; así por ejemplo, mediante Sentencia T-687 del 8 de agosto de 2003, señaló:

Doctrina constitucional acerca de las relaciones de especial sujeción

De la existencia, identificación y régimen de las llamadas “relaciones especiales de sujeción” entre los reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha extraído importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función de la ilustración del caso bajo estudio.

De la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala identifica seis elementos característicos que procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (controles disciplinarios y administrativos especiales y posibilidad de limitar el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).

Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo(6) en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos.

En este sentido, del perfeccionamiento de la “relación de especial sujeción” entre los reclusos y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra de los valores y principios propios del Estado social de derecho(7).

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia T-1190 de 4 de diciembre de 2003, respecto del deber de protección del derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, precisó:

(…) La privación de la libertad de una persona la coloca en una situación de indefensión, que genera obligaciones de protección por parte de quien adopta la medida o acción restrictiva de la libertad. No importa que se trate de particulares o del Estado, y que la restricción sea lícita o ilícita.

Esta particular condición de indefensión, en la medida en que impide por completo la satisfacción de las necesidades del privado de libertad por los medios a su disposición en condiciones de generalidad, implica que las obligaciones de protección no necesariamente son de medio. En este sentido, la responsabilidad no se deriva de una relación causal naturalística (sic) entre la privación de la libertad y los daños o peligros a los que se ve sometida la persona, sino que tiene como base el mero deber de custodia y protección que se desprende de colocar a la persona en una situación restrictiva de su libertad.

Lo anterior implica que el custodio tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el mayor disfrute posible de los derechos constitucionales de la persona privada de la libertad. Tratándose del Estado, supone la obligación de garantizar condiciones de dignidad del recluso. Garantía que únicamente se cumple si tales condiciones son efectivamente realizadas; es decir, no basta la adopción de medidas programáticas, sino que han de traducirse en realidad. Así, tal como lo ha señalado esta corporación, no pueden aducirse problemas presupuestales, sino que el Estado tiene la obligación de realizar el trato digno. Se trata pues, de una obligación de respeto.

(…)

En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares (obligación de protección), así como el personal Estatal —sea personal penitenciario o de otra naturaleza— (obligación de respeto) amenacen contra la vida del interno(8). Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos(9). Esto apareja la obligación de adoptar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida.

Empero, cuandoquiera que se supera el umbral de riesgo ordinario para el derecho a la vida de los reclusos y se presentan situaciones de amenaza contra determinados grupos de reclusos, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias que aseguren que dichas amenazas no se hagan efectivas. Se trata, por lo tanto, de obligaciones de resultado Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 1998.

El anterior criterio jurisprudencial resulta coincidente con lo que al respecto ha sostenido la Sala, al ocuparse de explicar el fundamento de la responsabilidad patrimonial de la administración, cuando se trata de daños causados a personas detenidas:

En determinados eventos, sin embargo, el Estado asume una obligación específica de protección y seguridad, en virtud de la cual se hace responsable de los perjuicios que sufren las personas. Es el caso de los retenidos, quienes por encontrarse en una situación de particular sujeción frente al Estado en virtud de la cual ven limitados sus derechos y libertades y la autonomía para responder por su propia integridad, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenacen.

Las obligaciones que asumen las autoridades de la República frente a los retenidos son de dos clases: 1) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar.

(…)

En este orden de ideas, considera la Sala que las obligaciones de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicados dentro de la medida cautelar, así como las de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.

Lo anterior significa que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que este haya sufrido durante el tiempo de la retención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado(10).

De esta manera, el Estado tiene el deber de asumir la reparación por los daños antijurídicos causados a las personas privadas de la libertad. Esto, porque a la relación de especial sujeción subyace la responsabilidad por la lesión de los bienes jurídicos que no son susceptibles de limitación durante la reclusión, como la vida, la integridad y seguridad personales. Así, los reclusos no están obligados a soportar cargas diferentes a las que se desprenden de las propias condiciones de su privación de la libertad y, por tanto, la administración debe responder por los perjuicios que excedan dichas condiciones, pues —según se consideró anteriormente—, la seguridad de los internos depende de la administración pública.

En el presente caso, está acreditado que el señor José Vitelio Calderón Aguiar se encontraba recluido en la base de aspersión de Larandia, Caquetá, para la fecha de los hechos, por orden de la justicia penal militar. Así mismo, el acervo probatorio da cuenta de que el antes nombrado murió el 14 de septiembre de 1999, por una herida causada por él mismo con un arma de fuego de dotación oficial, en hechos ocurridos al interior del establecimiento, mientras se encontraba bajo la custodia y vigilancia de la Policía Nacional.

Las pruebas permiten establecer que, si bien el agente Calderón Aguiar decidió quitarse la vida, la entidad pública también contribuyó a la realización del daño, comoquiera que no tomó las medidas necesarias que requería su condición de detenido.

En efecto, cuando la accionada dispuso la reclusión de la víctima en una institución policial, en virtud de la medida de aseguramiento que pesaba en su contra, por haber cometido una infracción cuando desempeñaba funciones de centinela, suspendió el ejercicio de su profesión y encargó su vigilancia a un compañero, su calidad de detenido exigía, además, un tratamiento especial y distinto al brindado al resto de los agentes que se encontraban en la guarnición, esto es, debía restringir su acceso al armamento de dotación oficial.

Las pruebas dan cuenta de que los hechos ocurrieron en el alojamiento de la base, en momentos en que todo el personal dormía, aún la persona encargada del cuidado del señor José Vitelio Calderón Aguiar, quien se encontraba despierto y, aprovechando la oportunidad, tomó el arma de otro agente y disparó contra sí mismo.

Cabe anotar que, los establecimientos de reclusión —de cualquier orden o naturaleza—, asumen una obligación de seguridad y protección y deben contar con los medios para cumplirla, en todo caso, se hacen responsables de reintegrar a los internos a la sociedad en las mismas condiciones físicas y psíquicas del ingreso, cualquiera fueren las circunstancias.

El carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger al interno de atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración, por otros detenidos(11) e incluso por él mismo.

El Estado no podría abandonar al recluido a su suerte, por el contrario, está en la obligación constitucional y legal de velar por su integridad personal —en todos los órdenes—. Es por ello que la administración cuenta con las herramientas constitucionales y legales para controlar el ingreso de armas a los establecimientos carcelarios “ordinarios”, porque su uso es exclusivo para el personal de guardia, sino para vigilar su utilización en el interior de las guarniciones militares, en donde, si bien las autoridades deben estar armadas, se deben tomar medidas preventivas para proteger a los allí detenidos, justamente para evitar casos como el presente.

Bajo las consideraciones expuestas, la Sala encuentra configurada la responsabilidad de la Nación—Ministerio de Defensa—Policía Nacional y así habrá de declararse.

No obstante, la Sala también encuentra configurado el hecho de la víctima, pues ella contribuyó a la producción del daño, comoquiera que, estando detenido, tomó el fusil de dotación de un compañero y decidió dispararse.

Nada indica que el señor José Vitelio Calderón Aguiar padeciera de algún tipo de trastorno mental o de personalidad que le hubiese permitido a la entidad conocer su estado anímico y, de esta forma prever lo que iba a acontecer. El hoy occiso, tampoco, dio señales que reflejaran su intención suicida.

Cabe recordar que el hecho de la víctima exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño cuando esta es exclusiva. De igual forma, cuando tal hecho no es exclusivo, sino que contribuye a la producción del daño por ella sufrido, la Sala ha precisado:

(…) para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos: —Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil. —El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración (…)(12).

De acuerdo con todo lo anterior y establecida como se encuentra la responsabilidad estatal en los hechos que fueron sustento de las pretensiones en el presente proceso, resulta procedente condenar a la Nación—Ministerio de Defensa—Policía Nacional, en una proporción del 50%, teniendo en cuenta la participación de la víctima en el resultado dañoso, que a juicio de la Sala, representa un 50%. De esta forma, se hará la liquidación que corresponda, según los parámetros que a continuación se exponen.

2.2.3 Indemnización de perjuicios.

2.2.3.1 Morales.

Establecidos como se encuentran los vínculos de consanguinidad y familiaridad entre la víctima y los demandantes, plenamente acreditados con las pruebas documentales y testimoniales a las que se ha hecho referencia, hacen presumir la afectación moral que la muerte del señor José Vitelio Calderón Aguiar les causó.

En consecuencia, la Nación—Ministerio de Defensa—Policía Nacional pagará a favor de las personas que a continuación se relacionan, las sumas de dinero liquidadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes y no en gramos oro, como lo viene sosteniendo la corporación desde la sentencia de 6 de septiembre de 2001, proferida dentro del proceso acumulado 13232–15646(13).

Para los señores José Vitelio Calderón Romero y Orfilia Amparo Aguiar Conde —padres—, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, monto compensatorio que, como lo viene sosteniendo la Sección, consulta principios de equidad, dada la cercanía de los demandantes con la víctima.

Para los señores María Docsul, Eixiderio, Nancy, Judith y Luis Alberto Calderón Aguiar —hermanos— y para los señores Rogelio Calderón Fajardo y María de Jesús Romero de Calderón —abuelos—, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

2.2.3.2 Materiales.

En la demanda se solicitó el reconocimiento y pago de perjuicios materiales, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, estimándolos en la suma de $20.000.000, a favor de los progenitores de la víctima, “por el término de dos años, que sería el tiempo que le faltaba al occiso para cumplir la edad de 25 años” (fl. 37 cdn. 1).

En relación con el daño emergente, la Sala no lo encuentra acreditado, razón por la cual negará su reconocimiento, pues no se aportó con la demanda recibos, facturas y demás documentación necesaria para demostrar los gastos en que incurrieron los demandantes con ocasión de la muerte del señor José Vitelio Calderón Aguiar, ni tampoco se solicitó la práctica de pruebas tendientes a su demostración.

En lo atinente al lucro cesante, la indemnización resulta procedente a favor de los señores José Vitelio Calderón Romero y Orfilia Amparo Aguiar Conde —padres del occiso—, comoquiera que la prueba testimonial que reposa en el plenario da cuenta de su dependencia económica con la víctima. De ello dieron cuenta los señores María del Carmelo España, Alfonso Lozano Rayo, Ana Liboria Angarita de Lozano, Gilberto Calderón y Jesús María Sánchez Quevedo(14).

En concordancia con lo solicitado, la indemnización comprenderá el periodo transcurrido entre la fecha de los hechos —14 de septiembre de 1999— a la fecha en la que la víctima habría de cumplir los 25 años de edad, esto es hasta el 26 de noviembre de 2001(15), lo que arroja un total de 26,4 meses.

La Sala encuentra, además, que los señores José Vitelio Calderón Romero y Orfilia Amparo Aguiar Conde “tenían varios hijos que debían atender igualmente la obligación”(16) de garantizar su sostenimiento, como son los señores María Docsul, Eixiderio, Nancy, Judith y Luis Alberto Calderón Aguiar, por lo que se tendrá en cuenta la proporción de contribución de la víctima, comoquiera que “se presume, con base en el principio de equidad, que cada uno debe aportar en la medida de su solvencia económica”(17).

De este modo, la precitada pretensión será acogida así(18):

A través de la Resolución 1230 de 9 de diciembre del mismo año, la Dirección General de la Policía Nacional reconoció a los señores José Vitelio Calderón Romero y Orfilia Amparo Aguiar Conde —padres de la víctima—, la suma de $16.097.425,36, por concepto de indemnización por muerte y cesantías. En dicho documento consta, además, que el señor José Vitelio Calderón Aguiar ingresó a la institución el 4 de agosto de 1997, siendo retirado del servicio el 14 de septiembre de 1999 por defunción, en la categoría de patrullero, con un término de servicio de dos años, un mes y diecinueve días, sin que figure cuánto devengaba mensualmente (documentación allegada por la entidad pública mediante Oficio 12153 de 3 de octubre de 2002, fls. 28-29 cdn. 2). No obstante, la Sala encuentra que dicho reconocimiento se dio en aplicación del artículo 68 del Decreto 1091 de 1995, a cuyo tenor se lee:

“ART. 68.—Muerte simplemente en actividad. A la muerte de un miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en actividad, sus beneficiarios en el orden establecido en el artículo 76 de este decreto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que el tesoro público les pague una compensación equivalente a dos (2) años de la remuneración correspondiente, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 49 del presente decreto.

b. Al pago de la cesantía causada en el año en que ocurrió la muerte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de este decreto.

c. Si el miembro del nivel ejecutivo hubiere cumplido doce (12) o más y hasta quince (15) años de servicio, tendrá derecho a que por el tesoro público se les pague una pensión mensual, equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 49 de este decreto y un cinco por ciento (5%) más por cada año que exceda de los quince (15) años, hasta completar un setenta y cinco por ciento (75%), límite a partir del cual la pensión se liquidará en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de este decreto”.

De conformidad con la norma trascrita, la Sala encuentra que, si la indemnización por muerte y reconocimiento de la cesantía ascendió a la suma líquida de $16.097.425,36, en razón de dos años, un mes y diecinueve días de servicio, esto es por 15,63 meses, el ingreso mensual percibido por la víctima lo fue la cantidad de $628.070.

En consecuencia, a la suma de $628.070 se adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales —$785.087— y, a la vez, se descontará el 50%, porcentaje que, se infiere, la víctima destinaba a sus gastos propios en ausencia de cónyuge, compañera e hijos, lo que da como resultado la suma de $392.544. Este valor se dividirá en seis partes iguales, en tanto, como se dijo, los señores José Vitelio Calderón Romero y Orfilia Amparo Aguiar Conde tenían cinco hijos más, además de la víctima, que también debían contribuir a su sostenimiento, de lo que resulta la suma de $65.423, por lo que la base de liquidación para cada uno de los progenitores es la cantidad de $32 712.

La liquidación se hará conforme a la siguiente fórmula:

Indemnización debida.png
 

Para aplicar se tiene:

S = suma a obtener.

Ra = Renta actualizada (base de liquidación).

i = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

n = Número de meses transcurridos entre la fecha de los hechos —14 de septiembre de 1999— a la fecha en la que la víctima habría de cumplir los 25 años de edad, esto es hasta el 26 de noviembre de 2001(19), lo que arroja un total de 26,4 meses.

1 = Es una constante.

Indemnización a favor del señor José Vitelio Calderón Romero (padre)

S2001-00014CE.png
 

Indemnización a favor de la señora Orfilia Amparo Aguiar Conde (madre)

S2001-00014CE.png
 

Teniendo en cuenta la participación de la víctima en el resultado dañoso que, como ya se dijo, a juicio de la Sala representa un 50%, se condenará a la Nación—Ministerio de Defensa—Policía Nacional a pagar a favor de los señores José Vitelio Calderón Romero y Orfilia Amparo Aguiar Conde, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte ($459 575), para cada uno de ellos.

Sin condena en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B

FALLA:

REVOCAR la sentencia de 9 de diciembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, para, en su lugar, disponer:

PRIMERO. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación—Ministerio de Defensa—Policía Nacional, por la muerte del agente de policía José Vitelio Calderón Aguiar, en hechos ocurridos el 14 de septiembre de 1999, cuando se encontraba detenido en la base de antinarcóticos de Larandia, ubicada en el municipio de Florencia, Caquetá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación—Ministerio de Defensa—Policía Nacional a pagar las siguientes cantidades de dinero por concepto de perjuicios morales:

Para los señores José Vitelio Calderón Romero y Orfilia Amparo Aguiar Conde —padres—, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Para los señores María Docsul, Eixiderio, Nancy, Judith y Luis Alberto Calderón Aguiar —hermanos— y para los señores Rogelio Calderón Fajardo y María de Jesús Romero de Calderón —abuelos—, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

TERCERO. CONDENAR a la Nación—Ministerio de Defensa—Policía Nacional a pagar a favor de los señores José Vitelio Calderón Romero y Orfilia Amparo Aguiar Conde, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte ($459.575), para cada uno de ellos.

CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. y 115 del C.P.C. Expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones de la última norma en cita y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Para el 19 de enero de 2001, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $26.390.000 —artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el Decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en el equivalente a 1500 gramos oro, para cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales, esto es la suma de $28.794.420.

(2) Sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C. P. María Elena Giraldo Gómez.

(3) Sentencia de 20 de noviembre de 2008, expediente 20511, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Entre otras, se pueden consultar, las sentencias de 30 de agosto de 2006, radicación 27581, C. P. Alier E. Hernández Enríquez; de 3 de mayo de 2007, radicación 21511, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; de 20 de febrero de 2008, radicación 16996, C. P. Enrique Gil Botero, posición jurisprudencial que fue reiterada en las sentencias de 29 de enero de 2009, radicación 16975, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; y de 26 de mayo de 2010, radicación 18800, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) Sentencia de 23 de abril de 2008, radicación 16186, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) Sobre el contenido de este deber positivo ver la Sentencia T-153 de 1998.

(7) En el mismo sentido ver las sentencias: T-596/92, T-065/95, C-318/95, T-705/96, T-1190/03, T-490/04, T-881/02 y T-134/05.

(8) Sentencia T-265 de 1999.

(9) Ídem. En igual sentido T-208 de 1999.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 12 de febrero de 2004, expediente 14955; de 24 de junio de 2004, exp. 14950; de 24 de junio de 1998, exp. 14406 y de 20 de febrero de 2008, exp. 16996.

(11) Sentencia de 14 de abril de 2011, M. P. Danilo Rojas Betancourth, exp. 20587.

(12) Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2002, M. P. María Elena Giraldo Gómez, exp. 13262.

(13) M. P. Alier E. Hernández Enríquez.

(14) Ver numeral 2.2.1.3.

(15) De conformidad con el registro civil de nacimiento que reposa en la actuación, el señor José Vitelio Calderón Aguiar nació el 26 de noviembre de 1976 (fl. 10 cdn. 1).

(16) Sentencia de 15 de agosto de 2002, expediente 14357, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

(17) Ibídem.

(18) Se reitera la sentencia aprobada por la Subsección B el 29 de agosto de 2012, expediente 24453, C. P. Danilo Rojas Betancourth, en la cual se indicó: “[e]n cuanto al lucro cesante consolidado, se hará la liquidación correspondiente de la siguiente forma: (i) se toma como base el salario devengado por la persona en su valor actual, es decir, $909.090,52; (ii) se adiciona el 25%, que equivale a las prestaciones sociales; (iii) se resta el 50% (sentencia de 28 de julio de 2011, rad. 19490, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo), que corresponde a la destinación para gastos personales, dado que era soltero); y (iv) se obtiene, en consecuencia, un valor final de $568.181,57. || La contribución económica de Patricio Rentería hacia sus padres está limitada en función del aporte proporcional que les corresponde a los demás hermanos, equivalente a una décima parte de sus ingresos, por tratarse de diez hermanos en edades productivas. || De la operación anterior se deduce que la ayuda prestada por el señor Patricio Rentería a sus padres, en valor actualizado, ascendía a $56.818,15. Este valor se dividirá en partes iguales entre los padres, lo que da como resultado que éstos sufrieron, cada uno, la pérdida de un lucro cesante mensual de $28.409,07”.

(19) De conformidad con el registro civil de nacimiento que reposa en la actuación, el señor José Vitelio Calderón Aguiar nació el 26 de noviembre de 1976 (fl. 10 cdn. 1).