Sentencia 2001-00015 de mayo 20 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 250002327000200100015 01

Consejera Ponente (E):

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actora: Jeans & Jackets S.A.

La Sección Primera procede a dictar sentencia de segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto por Jeans & Jackets S.A. contra la sentencia del 28 de septiembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las  pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

a) El actor, el tipo de acción incoada y las pretensiones de la demanda.

Jeans & Jackets S.A., por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita  la declaratoria de nulidad de los siguientes actos:

1. Resolución 8503 del 3 de mayo de 2000, por medio de la cual la división de liquidación de la Administración de Aduanas de Bogotá de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, impuso a la demandante una multa por valor de mil ciento sesenta y siete millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos setenta y ocho pesos ($ 1167’759.278.00), equivalente al 200% del valor de la mercancía que no fue puesta a su disposición.

2. Resolución 18362 del 1º de septiembre  de 2000,  mediante la cual  la división jurídica de la DIAN Bogotá confirmó la resolución  identificada en el numeral anterior, al resolver el recurso de reconsideración.

3. Que a título de restablecimiento del derecho, se declare que la actora no está obligada a pagar la multa impuesta y se condene a la demandada a pagarle todos los perjuicios ocasionados con los actos acusados, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, debidamente actualizados, teniendo en cuenta la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

b) Los hechos de la demanda

La parte actora expone como fundamento de su acción, los siguientes hechos:

— Entre el 30 de abril y el 11 de diciembre de 1997 la DIAN expidió 21 actos administrativos de levante, o actos de autorización para disponer de la mercancía traída o importada al país por la demandante para efectos del desarrollo de su objeto social, cual es la confección de prendas de vestir para consumo nacional y para exportación.

— Todos los documentos que sirvieron de base para los levantes y que se referían a las mercancías objeto de estos actos administrativos y de los respectivos reconocimientos (las declaraciones de importación con sus anexos) fueron incorporados en el sistema y archivados en las dependencias de la aduana, luego de su envío por los depósitos autorizados Green Cargo de Colombia y Almincarga.

— Todos los trámites aduaneros relacionados con esta importación fueron encargados a Intermediarios Aduaneros SIA Ltda., quien los adelantó en forma exclusiva, previo permiso de la aduana para tal efecto.

— La DIAN ha reconocido que las compañías de intermediación aduanera son las responsables únicas por las consecuencias de sus distintas actuaciones, en cuanto a la presentación o no presentación de las respectivas declaraciones y en cuanto al pago o no pago de los correspondientes tributos aduaneros.

— La multa impuesta mediante los actos acusados se basó en que la mercancía importada al país por la demandante no fue declarada en debida forma,  en que  no se pagaron los tributos aduaneros respectivos y en que con posterioridad no se puso a su disposición.

Jeans & Jackets no tuvo participación alguna en la presunta infracción cometida por la SIA, razón por la cual no se le podía imponer la sanción cuestionada.

— La DIAN adelantó una investigación contra la demandante, que concluyó con la imposición de una multa mediante los actos acusados, y otra contra la compañía Intermediarios Aduaneros SIA Ltda., que concluyó con la Resolución 4106 de 1999, por la cual le canceló a dicha compañía su autorización para actuar como intermediaria aduanera, sin que le dedujera responsabilidad frente a la multa del 200% del valor de la mercancía que contempla el Decreto 1800 de 1994, pese a que de nuevo la aduana reconoció que la parte actora no tuvo participación alguna en la comisión de la infracción.

c) Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación

La parte actora estructura contra los actos acusados, los siguientes cargos de violación:

Primer cargo. Considera la demandante que los actos acusados violan los artículos 29 de la Constitución Política y 14 del Decreto 1750 de 1991, que consagran, respectivamente, el debido proceso y el término de prescripción de la acción administrativa sancionatoria.

En efecto, los actos administrativos de levante de la mercancía importada por la actora fueron expedidos por la Aduana de Bogotá entre el 30 de abril y el 11 de diciembre de 1997, es decir, que para la fecha de expedición de los actos acusados ya había transcurrido el término de dos años de que trata el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, lo cual se traduce en que la acción había prescrito y, por tanto, que fue violado el debido proceso.

Segundo cargo. Señala que los actos cuestionados violan también el debido proceso, por cuanto la demandante no tuvo participación alguna en la infracción cometida por Intermediarios Aduaneros SIA Ltda., como lo reconoce la demandada en la parte motiva de la Resolución 8503 del 3 de mayo de 2000.

Tercer cargo. Sostiene que la DIAN desconoció el debido proceso, por cuanto el artículo 29 de la Constitución Política establece que “…nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes”, calidad que no ostenta el Decreto 1800 de 1994, que no fue expedido por el legislador sino por el Gobierno Nacional, no obstante lo cual la demandada le impuso a la actora la sanción del 200% del valor de la mercancía en éste establecida.

En consecuencia, considera que es inconstitucional el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994, pues al no haber sido expedido por el legislador contraría el artículo 29 de la Constitución Política, razón por la cual solicita su inaplicación.

Cuarto cargo. Señala que la actuación administrativa (Exp. 127-001) que culminó con la expedición de los actos acusados se adelantó únicamente contra la actora, sin que se investigara a otros sujetos, como por ejemplo, a Intermediarios Aduaneros SIA Ltda., contra quien se adelantó otra actuación administrativa por la misma infracción aduanera, a la que no fue citada Jeans & Jackets, pese a que en cualquier investigación sancionatoria el funcionario respectivo debe investigar toda la verdad de los hechos,  factores y circunstancias, tanto favorables como desfavorables  al administrado, como se lo impone el deber de imparcialidad.

Añade que el artículo 29 del Código Contencioso Administrativo obliga que con todos los documentos relacionados con una misma actuación o con actuaciones que tengan el mismo efecto “se hará un solo expediente al cual se acumularán, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad y tengan relación íntima con él para evitar decisiones contradictorias”, disposición que adquiere mayor relevancia en materia sancionatoria, por cuanto en ella se investigan, definen y deciden posibles infracciones administrativas,  se imponen sanciones, se investigan diversas conductas y responsabilidades y se establecen o no coparticipaciones o coautorías para determinar la responsabilidad total o parcial, en diversos grados.

Dice que esta unidad de las actuaciones permite asegurar el derecho de defensa y el debido proceso, llegando incluso a la posibilidad de interponer los recursos en la vía gubernativa contra todas y cada una de las decisiones adoptadas respecto de esos distintos sujetos vinculados al expediente.

Que no obstante lo anterior, la actuación administrativa que llevó a imponer la sanción de multa a Jeans  & Jackets fue una investigación limitada, parcial y parcializada, adelantada sólo contra la demandante y sin la participación de la sociedad de intermediación aduanera que fue la verdadera autora de la conducta investigada.

Quinto cargo. Menciona que de conformidad con el inciso 2º del artículo 12 del Decreto 1800 de 1994 la sanción (en el caso de que fuera constitucional), sólo puede imponerse a los responsables de la infracción administrativa y no a quien no tuvo participación alguna en la comisión del acto o hecho ilegal, tal como lo reconoció la misma DIAN en Concepto 53012-211 de octubre de 2000, expedido por el jefe de la división normativa y doctrina aduanera.

Concluye que la demandante no participó en la infracción, tal como lo reconoció la aduana en los actos acusados, así como en la Resolución 4106 de 1999, que culminó la actuación adelantada contra la sociedad de intermediación aduanera, razón por la cual no podía ser sancionada.

Sexto cargo. Se refiere a que el artículo 10 del Decreto  2532 de 1994 le impone a las sociedades de intermediación aduanera, entre otros, el deber de cumplir con todas las disposiciones aduaneras aplicables y el deber de liquidar y pagar los tributos aduaneros legalmente exigibles y a que el artículo 12 ibídem, consagra la responsabilidad de tales sociedades frente a los tributos aduaneros.

Expresa que de igual manera el artículo 68, inciso 4º de la Ley 488 de 1998 precisó que es directa la responsabilidad de las SIA’S frente a los tributos aduaneros, lo cual significa que la sanción de multa del 200% se debía aplicar única y exclusivamente a la sociedad de intermediación aduanera.

Pone de presente que tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(1) como la del Consejo de Estado(2) ha señalado que las nuevas disposiciones legales, así no se encontraran vigentes en el momento inicial, sirven para ilustrar el sentido de la legislación preexistente, ya que son norte interpretativo y guía para desatar materias semejantes.

Anota que la Ley 488 de 1998 entró en vigencia el 24 de diciembre de ese año y que la misma se aplica y se aplicaba directamente en todas estas actuaciones administrativas que aún no habían concluido y que dieron lugar, entre otras cosas, a la expedición de los actos acusados, norma que, por tanto, sirve de norte interpretativo para desatar materias semejantes.

Sostiene que la aduana no aplicó la Ley 488, con lo cual violó, por falta de aplicación, los artículos 8º de la Ley 153 de 1887,  14 del Código Civil y 29 de la Constitución Política.

Séptimo cargo. Advierte que al analizar las distintas circunstancias relacionadas con los trámites aduaneros efectuados por Intermediarios Aduaneros SIA Ltda., no aparece por parte alguna que la demandante hubiera tenido el menor ánimo defraudatorio frente al Estado, razón por la cual no podía imponérsele la sanción de multa, como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado(3), ya que el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994 sólo permite imponer la sanción del 200% del valor de la mercancía por conductas de mala fe.

Que, en consecuencia, se violaron los artículos 29 y 83 de la Constitución Política y 12 del Decreto 1800 de 1994, pues se hizo una interpretación extensiva “in malam partem” de la norma sancionatoria.

d) Las razones de la defensa

La demanda fue notificada a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, quien aduce que para poder determinar en el presente caso  a partir de cuándo debió contarse el término de prescripción de la sanción, debe precisarse en qué momento se realizó el hecho a sancionar, para lo cual trascribe el artículo 73 del Decreto 1909 de 1992, con la modificación introducida por el 12 del Decreto 1800 de 1994, norma que consagra la infracción en que incurrió la demandante.

Señala que el momento en el cual Jeans & Jackets S.A. no puso a disposición de la autoridad aduanera la mercancía está perfectamente determinado, esto es, cuando la aduana expidió  el requerimiento ordinario 14 del 9 de septiembre de 1999; luego, es evidente que para la fecha de expedición de los actos acusados (mayo 3 y sep. 1º/2000) la acción sancionatoria no había prescrito. Como sustento, trascribe apartes del problema jurídico 3 del Concepto 126 del 10 de mayo de 1999 de la división de doctrina de la oficina jurídica de la DIAN.

Después de transcribir los artículos 2º y 3º del Decreto 1909 de 1992, sostiene que de acuerdo con los mismos es claro que el importador o propietario de la mercancía es el principal responsable de las obligaciones aduaneras, una de las cuales es el pago de los tributos aduaneros; que no obstante lo anterior, la SIA debe responder ante su cliente hasta por la culpa leve en el ejercicio de sus funciones, responsabilidad que es de carácter civil y no administrativo.

Dice que de conformidad con los artículos 1º y 12 del Decreto 2532 de 1994 es evidente que quien debe responder ante la autoridad aduanera por el cabal cumplimiento de las obligaciones que se generen por la introducción de mercancía extranjera al territorio nacional es su importador o propietario, quien no se exime de dicho cumplimiento al realizar los trámites por conducto de una SIA, pues tal y como lo señalan las normas pertinentes, debe responder frente a su cliente hasta por culpa leve.

Considera que no es cierto que no se pueda sancionar por conductas imputables o realizadas por un sujeto distinto y cita, a vía de ejemplo, que dentro del régimen de responsabilidad civil extracontractual los padres responden por el daño, la culpa o los delitos cometidos por sus hijos menores, al igual que los patronos por las actuaciones de sus dependientes.

Agrega que del contenido del artículo 3º del Decreto 2532 de 1994 se infiere que la demandante no estaba obligada a actuar frente a la autoridad aduanera por medio de una SIA para realizar los trámites de nacionalización de la mercancía por ella ingresada al territorio nacional y que si utilizó los servicios de una de estas sociedades ello no implicaba que con ello se exoneraba de la responsabilidad que el importador tenía frente a su representada, que no es otra que la del cabal cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

Afirma que no se sancionó a la actora por la conducta imputable a un tercero, pues se impuso por el incumplimiento de las obligaciones aduaneras en que incurrió, como importadora, con la introducción de mercancía extranjera al territorio nacional.

De otra parte, anota  que la regulación en materia aduanera y de comercio exterior se rige, entre otras, por las leyes marco, siendo la vigente en materia aduanera y de comercio exterior la Ley 6ª de 1971, que debe ser reglamentada por el Gobierno Nacional (C.P., art. 189, num. 25).

Que el Decreto 1800 de 1994, por el cual se unificaron procedimientos en materia aduanera y se dictaron otras disposiciones, fue proferido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 189, numeral 25 de la Constitución Política y la Ley 6ª de 1971; y que es así como el Congreso, en las materias que deben ser objeto de ley marco sólo puede dictar leyes de ese tipo y con las características propias de las mismas y, por consiguiente, no puede hacer tales materias objeto de leyes ordinarias, en las cuales puede regular la materia de que se trate con la extensión y detalle que a bien tenga, mientras que en las leyes marco debe limitarse a señalar los principios generales que informan la materia.

Expresa que por ser aduanera la materia del Decreto 1800 de 1994 éste no podía ser expedido por el Congreso de la República  mediante una ley ordinaria, pues tenía que ser expedido por el Presidente de la República en desarrollo de la ley marco, como efectivamente lo hizo.

Frente a la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 1800 de 1994, argumenta que mientras estuvo vigente no fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, razón por la cual debía aplicarse a las personas por él cobijadas.

Añade que el Decreto 1800 de 1994 tiene fuerza de ley, en cuanto fue expedido en uso de las facultades conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción  a las pautas señaladas en el artículo 3º de la Ley 6ª de 1971.

En cuanto a la inconformidad de la actora consistente en que en la actuación administrativa que culminó con la expedición de los actos acusados solamente fue investigada ella y no así la SIA, anota la DIAN que ha de tenerse en cuenta que una es la situación jurídica de la mercancía respecto de la cual no se cumple a cabalidad con todos los requisitos legales para su importación y otra la conducta de la SIA que intervino en la operación que se efectuó sin el lleno de esos requisitos.

Pone de presente que la legislación aduanera señala, de una parte, que la mercancía que ingrese o permanezca ilegalmente en el territorio nacional podrá ser decomisada a favor de la Nación y que en el evento de que no se pueda aprehender se le debe aplicar, a quien dispuso de ella, una sanción equivalente al 200% de su valor y que, de otra parte, consagra las faltas administrativas en las que incurren, entre otros, los intermediarios aduaneros en ejercicio de las funciones propias de su actividad y las sanciones a aplicar por incurrir en dichas infracciones, razón por la cual como fue a la demandante a quien se le requirió para que pusiera a disposición de la DIAN la mercancía por el no pago de los tributos aduaneros, no queda duda  que debía ser la vinculada, tal y como se hizo, y que a la intermediaria aduanera se le tenía que seguir un procedimiento administrativo independiente, regulado por el Decreto 2532 de 1994.

Argumenta que en el entendido de que la sanción impuesta a la actora hubiera tenido que ver directamente con la mercancía que no pudo ser decomisada y, por ende, comercializada, resulta claro que quien debe responder es la persona que de alguna manera dispuso de ella y de ahí que Jeans & Jackets S.A. se hiciera acreedora a la sanción establecida en el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994.

Considera la DIAN que la responsabilidad en el pago de los tributos aduaneros a que se refieren los artículos 10 y 12 del Decreto 2532 de 1994 y 68, inciso 4º de la Ley 488 de 1998 no abarca la responsabilidad que se genera por poseer y comercializar una mercancía que se encuentra ilegalmente en el territorio colombiano, pues debe tenerse en cuenta que el problema no es solamente de un menor pago de tributos, lo cual legalmente se corregiría con una liquidación oficial de corrección que contenga una cuenta adicional, sino que se trata de la puesta en circulación de una mercancía que no se encuentra legalmente amparada con una declaración de importación, dado que las declaraciones de importación con las que se obtuvo el levante de la mercancía no son válidas ni legales, por cuanto en relación con ellas se incurrió en una maniobra fraudulenta a los intereses del Estado, pues acreditan un pago de tributos que nunca se realizó, lo que conlleva necesariamente a afirmar que el levante de la mercancía quedó sin efecto por cuanto se obtuvo fraudulentamente, independientemente de quien provenga el fraude.

Sostiene que diferente sería que la SIA, al liquidar los tributos aduaneros, hubiese clasificado la mercancía, por ejemplo, en una partida arancelaria distinta o hubiese indicado un gravamen o tarifa de IVA inferior al legalmente establecido y, en consecuencia, hubiese pagado un menor valor del correspondiente, pues en tal caso el problema sería exclusivamente respecto del pago de tributos, por lo que la declaración de importación sería legal y válida para amparar la mercancía, la cual se consideraría entonces legalmente importada, creándose simplemente una discusión frente al valor pagado por concepto de tributos, la cual se solucionaría mediante una liquidación oficial de corrección.

Dice que no se violan las disposiciones citadas de la Ley 153 de 1887 y del Código Civil, ya que la Ley 488 de 1998 no estaba vigente para la época de la presentación de las declaraciones de importación, además de que esta última ley  desde ningún punto de vista es interpretativa.

Menciona que la infracción contenida en el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994 no está sujeta a condicionamiento alguno, pues señala una situación de hecho y una consecuencia jurídica ante su ocurrencia, razón por la cual no es de recibo la violación alegada respecto de la presunción de buena fe, como tampoco la de la interpretación extensiva “in malam partem” de la norma en cita.

II. La sentencia de primera instancia

Mediante la sentencia recurrida el tribunal de origen denegó las pretensiones la demanda, con base en las siguientes consideraciones:

Señala que no prospera la excepción de inconstitucionalidad propuesta, en cuanto según la actora existe incompatibilidad entre el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994 y el artículo 4º de la Constitución Política, por no ser el primero de los citados una norma con fuerza de ley, pese a que consagró la sanción que se le aplicó a aquella.

Sobre el particular, el a quo precisa que el Decreto 1800 de 1994 lo profirió el Presidente de la República en uso de las facultades conferidas por el artículo 189, numeral 25 de la Constitución Política y con sujeción a las pautas señaladas en el artículo 3º de la Ley 6ª de 1971, lo cual significa que se trata de un decreto reglamentario, el cual se define como aquél que regula con detalle el régimen que sobre una institución ha establecido la ley que, para el caso, es la Ley 6ª de 1971, en virtud de la cual el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1800, con el fin de unificar los procedimientos en materia aduanera, tal como lo autorizó la Norma Superior, razón por la cual desestima la excepción.

Considera que deben absolverse los siguientes problemas jurídicos: 1. ¿Cuál es el término de prescripción de la acción administrativa sancionatoria? 2. ¿Cuándo debe entenderse realizado el hecho que da origen a la sanción? 3. ¿Es responsable solidario el propietario de la mercancía? y 4. ¿Son imputables los hechos al intermediario aduanero?, y para el efecto dice que se deben tener en cuenta las siguientes actuaciones administrativas: Requerimiento Ordinario 14 del 9 de septiembre de 1999; Resolución 4106 del de (sic) diciembre de 1999, mediante la cual se le canceló a Intermediarios Aduaneros SIA Ltda. la autorización concedida como intermediario aduanero; Resolución 8503 del 3 de mayo de 2000, por la cual se impuso a la actora la sanción de multa correspondiente al 200% del valor de la mercancía; Resolución 7350 del 28 de abril de 2000, que declaró el incumplimiento de una obligación y ordenó la efectividad de la póliza; Resolución 17263 del 15 de agosto de 2000, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 7350; y Resolución 18362 del 1º de septiembre de 2000, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 8503 del 3 de mayo del mismo año.

Anota que los dos años a los que se refiere el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, para efectos de determinar la prescripción de la acción sancionatoria, se cuentan a partir del momento de la realización del hecho.

Dice que se parte del hecho cierto establecido dentro del procedimiento adelantado por la administración, en el cual se estableció el incumplimiento de la obligación aduanera atinente a la  presentación de la declaración de importación y el pago de los tributos, dado que se cometió un ilícito en el pago realizado, lo cual incide directamente en la situación jurídica de la mercancía, la cual pasó a ser considerada en estado de ilegalidad en el territorio nacional.

Señala que puesta en tela de juicio la legalización de la mercancía, se ha de recabar que se trata de un procedimiento introducido en el Decreto 1909 de 1992, por medio del cual la mercancía de procedencia extranjera introducida al país sin el cumplimiento de los requisitos para su importación, para su disposición podía ser declarada en cualquier tiempo, o según lo estableciera la legislación, presentando declaración de importación con el pago de los tributos aduaneros y el valor del rescate.

Se refiere a que la legalización sólo nace a la vida jurídica con la presentación de la declaración y que en vista de que no pudo establecerse que el momento de la realización del hecho se llevó a cabo con el levante de la  mercancía, ha de entenderse que éste se produjo en el momento en que se le requirió a la demandante para que pusiera a disposición de la aduana la mercancía, esto es, con el requerimiento ordinario 14 del 9 de septiembre de 1999, fecha a partir de la cual se cuentan los dos años de que trata el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, teniéndose entonces que la Resolución 8503 del 3 de mayo de 2000 fue expedida oportunamente y que, por tanto, no se configuró la prescripción de la acción sancionatoria.

Expresa que la sanción se impuso a la demandante, ya que al confrontar el informe de las declaraciones de importación reportadas por ésta, contra la información que reposaba en la DIAN, se observó que no se encontraban registradas. Por tanto, se procedió a establecer su existencia y a validar el correspondiente pago de los tributos.

Que al realizar la investigación correspondiente, al confrontar los documentos presentados al momento del levante de la mercancía y confrontarlos con los registros de la DIAN, se encontró que ninguno de los documentos relacionados figuraba como declaración de importación ni como recibo oficial de pago en aduana; sin embargo, se demostró que la actora giró a Intermediarios Aduaneros SIA Ltda. los cheques correspondientes al pago de sus obligaciones, pero no se ubicaron los comprobantes de egreso que evidenciaran el pago.

Que por ello, la administración requirió a Jeans & Jackets S.A. para que pusiera a su disposición la mercancía importada, a lo cual ésta respondió que era físicamente imposible hacerlo, razón por la cual al haberse evidenciado la infracción al artículo 1º del Decreto 2274 de 1989 y a los artículos 72 y 73 del Decreto 1909 de 1992, se le impuso sanción equivalente al 200% del valor de la mercancía.

En consecuencia, el tribunal entró a examinar cuál es el grado de responsabilidad de las sociedades de intermediación aduanera, quienes por autorización de la DIAN actúan por encargo de terceros y tienen como fin principal colaborar con las autoridades aduaneras en la aplicación de las normas relacionadas con el comercio exterior.

Sostiene que de conformidad con los artículos 10, 11 y 12 del Decreto 2532 de 1994, las SIA’S responden por la exactitud y verificación de la información suministrada en los documentos que suscriban; frente a sus clientes, hasta por la culpa leve en el ejercicio de sus funciones; y son responsables de los tributos aduaneros cuando no sean pagados en debida forma.

Que el Decreto 1909 de 1992 define la importación como la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional, naciendo en ese momento las obligaciones que el régimen de aduanas impone.

Dentro de las obligaciones aduaneras se encuentra la presentación de la declaración de importación, el pago de los tributos aduaneros y de la sanción a que haya lugar, así como la obligación de conservar los documentos que soportan la operación, atender las solicitudes de información y pruebas y, en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes.

Destaca que el artículo 3º del Decreto 1909 de 1992 consagra como responsables de dichas obligaciones al importador, al propietario o al tenedor de la mercancía; al transportador, al depositario y al declarante.

Añade que el decreto en cita precisa que la obligación aduanera es de carácter personal, sin perjuicio de que se pueda hacer efectivo su cumplimiento sobre la mercancía mediante el abandono, la aprehensión y el decomiso, con preferencia sobre cualquiera otra garantía u obligación que recaiga sobre ella, e independientemente de quien sea su propietario o tenedor.

A su juicio, la sanción fue impuesta a la demandante no por incumplir su obligación de declarar ni por el no pago, sino por no poner a disposición de la autoridad aduanera la mercancía que no se encontraba legalizada, para efectos de aprehenderla y decomisarla, supuesto consagrado en el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994, razón por la cual concluye que la multa se encuentra ajustada a la norma.

En consecuencia, deniega las pretensiones de la demanda.

III. Fundamentos del recurso

La actora resalta que se encuentra plenamente probado que importó al país una mercancía para cuya nacionalización contrató a Intermediarios Aduaneros SIA Ltda., quien exclusivamente actuó en nombre de aquella y realizó todo el trámite ante la DIAN para nacionalizarla mediante 21 declaraciones de importación.

Transcribe el siguiente aparte de la sentencia apelada: “… Así las cosas y en vista de que no pudo establecerse que el momento de la realización del hecho se llevó a cabo con el levante de las mercancías ha de entenderse que éste se produjo en el momento en que se le requirió a la demandante para que pusiera a disposición de la administración la mercancía, esto es, con el Requerimiento Ordinario 14 de 9 de septiembre de 1999…” y destaca que la sentencia no precisa cuál es el hecho cuya realización señala la norma como determinante de la infracción, lo cual impide determinar cuándo se produjo, lo que, a su juicio, no puede llevar a considerar que el hecho (cuál?) se produjo al no poner a  disposición de la administración la mercancía, cuando ésta lo requirió.

Menciona que el decomiso de la mercancía sólo puede producirse cuando la mercancía puede ser aprehendida, es decir, cuando existe realmente; de ahí que el artículo 12 del Decreto 1909 de 1992 establezca que “Cuando la mercancía no se haya podido aprehender por haber sido consumida, destruida, transformada, porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera o por cualquier otra circunstancia, procederá la aplicación de una sanción equivalente al 200% del valor de la misma”.

Afirma que al contrario de lo que ordinariamente sucede cuando se trata de una mercancía que ingresa de forma clandestina al territorio nacional, en este caso desde el mismo momento de su llegada la mercancía fue presentada a la aduana, quien la inspeccionó y expidió los actos administrativos de levante, de tal modo que desde ese momento la aduana conocía de la existencia e introducción de la mercancía al país.

Señala que no se dio el supuesto de hecho contenido en el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992; que tratándose de materias primas para confecciones, éstas fueron utilizadas de buena fe por la importadora, quien para ese momento ignoraba las manipulaciones que había realizado la SIA, quien estaba encargada del adelantamiento de los trámites aduaneros y de la nacionalización de la mercancía, manipulaciones que llevaron al no pago de los tributos, para el cual la  demandante había suministrado oportunamente los recursos, en cheques que fueron consignados en las cuentas de Intermediarios Aduaneros SIA Ltda.

Pone de presente que los documentos que sirvieron de base para los levantes de la mercancía fueron incorporados en el sistema y archivados en las dependencias de la aduana luego de su envío por los depósitos autorizados; que al hacer la verificación la aduana comprobó que los gravámenes aduaneros no fueron pagados; y que con base en ello adelantó una investigación administrativa contra la SIA y ordenó a la demandante poner a su disposición la mercancía.

Precisa que los levantes de la mercancía se produjeron entre el 30 de abril y el 11 de diciembre de 1997; que la sanción a la SIA se produjo el 29 de diciembre de 1999; que el requerimiento aduanero es del 9 de septiembre de 1999; y que la sanción impuesta a la demandante fue del 3 de mayo de 2000 y confirmada el 1º de septiembre del mismo año.

Que de lo anterior surge que para la fecha en que se confirmó la sanción (sep. 1º/2000) ya habían transcurrido más de dos años contados a partir del levante de la mercancía; que pese a que la aduana verificó que los gravámenes no habían sido pagados, tardó entre un año y nueve meses y dos años y cinco meses, desde que se hizo el levante de la mercancía para ordenar su puesta a disposición, la cual, como era de presumir,  por ser materia prima para confección ya había sido consumida, como lo manifestó oportunamente la actora, momento en el cual tenía que entenderse que ya se había transformado.

Considera que no puede aceptarse, entonces, que como “la autoridad aduanera no tiene certeza de su ocurrencia (la del consumo, destrucción o transformación de la mercancía) razón por la cual debe acudirse a la última alternativa, esto es, cuando no se puso a disposición de la autoridad aduanera la mercancía, momento este que está perfectamente determinado…”, ya que con ello la DIAN está desconociendo los términos legales, utilizando la vía más cómoda y aprovechando su propia falta de acción oportuna para revivir o extender términos para sancionar y así evitar la ocurrencia de la prescripción.

Que se sale de todo contexto jurídico aduanero la decisión del tribunal al afirmar que la sanción impuesta a la actora del 200% del valor de la mercancía se ajusta a lo preceptuado en el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994, por no haberla puesto a disposición de la aduana, pues tal apreciación riñe con lo que la misma aduana ha conceptuado respecto de la responsabilidad que recae única y exclusivamente en la SIA, cuando ésta ha obtenido el levante de la mercancía mediante el uso de adhesivos falsos y el importador ha obrado siempre de buena fe y no ha participado en los ilícitos cometidos por aquella.

Se refiere a que la DIAN, no obstante haber expedido la Resolución 4106 del 29 de diciembre de 1999, mediante la cual le canceló la autorización como SIA a Intermediarios Aduaneros SIA Ltda., por haber incurrido, precisamente, en las conductas dolosas sancionables, mediante los actos acusados impuso a la demandante una multa por el 200% del valor de la mercancía, pese a que reconoció que esta última no participó en la comisión de la infracción.

Por lo demás, insiste en la violación de los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, 12 del Decreto 1800 de 1994 y en que debe inaplicarse por inconstitucional esta última norma, en cuanto se trata de un decreto reglamentario y no de una ley o un decreto con fuerza de ley.

IV. Alegato del Ministerio Publico

El  procurador delegado ante esta corporación no presentó alegatos de conformidad con el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo.

V. Consideraciones de la Sala

La Sala considera que el asunto por definir en esta instancia se centra en establecer si podía la DIAN imponerle a Jeans & Jackets S.A. la multa de que tratan los actos acusados por valor de mil ciento sesenta y siete millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos setenta y ocho pesos ($ 1167’759.278.00), equivalente al 200% del valor de la mercancía que la actora no puso a su disposición, debido a que se trataba de textiles que ya habían sido utilizados en la confección de prendas de vestir.

Los antecedentes administrativos dan cuenta de que la demandante importó una mercancía amparada en 21 declaraciones de importación, operaciones que realizó por conducto de Intermediarios Aduaneros SIA Ltda., sociedad que para la época de ocurrencia de los hechos se encontraba autorizada por la DIAN para ejercer la actividad de intermediaria aduanera.

Consta en la Resolución 8503 del 3 de mayo de 2000, que se acusa, que mediante requerimiento ordinario 14 del 9 de septiembre de 1999 se solicitó al representante legal de la demandante poner a disposición de la DIAN la mercancía relacionada en las declaraciones de importación en cuestión, debido a que “… se incumplió con la obligación aduanera de la presentación de la declaración  y el pago de los tributos aduaneros ante la entidad financiera; y por lo tanto, dichas mercancías carecen de un documento válido que ampare su ingreso al territorio nacional”(4) y que a tal requerimiento la actora manifestó que no es cierto el aparente incumplimiento por su parte del pago de los tributos aduaneros correspondientes a tales declaraciones y que “… por imposibilidad física, no es posible poner a disposición del despacho tales mercancías”(5), que describió  bajo el  proceso que se llevó a cabo con dichas declaraciones y los trámites efectuados con la sociedad Intermediarios Aduaneros SIA Ltda., y que “… anexa en fotocopia las 21 declaraciones de importación que se cuestionaron con todos los documentos que amparan dichas importaciones así como los documentos relativos a los pagos de anticipo que se giraron a favor de Intermediarios Aduaneros SIA Ltda. y todos sus soportes”(6).

De la misma manera, la Resolución 8503 señala que:

“Es claro, por lo tanto, que estando la sociedad Intermediarios Aduaneros SIA Ltda., debidamente autorizada por la DIAN para desarrollar su objeto social, podía ser esta contratada para prestar sus servicios de intermediación aduanera, ya que tal como lo señala el artículo primero del Decreto 2532 de 1994, esta actividad es de naturaleza mercantil.

“De acuerdo a las pruebas recaudadas dentro de la sustentación del presente expediente, y a lo mencionado por el apoderado de la sociedad Jeans & Jackets S.A. en sus respectivos descargos, queda pues claro que esta última sociedad contrató la prestación de los servicios de intermediación aduanera, por lo cual dio a su mandatario todos los documentos y elementos necesarios para el buen desarrollo de esta actividad, entre ellos el dinero para el pago de los tributos que se ocasionaron por la introducción de las mercancías al territorio nacional. Por lo anterior, la SIA en cuestión diligenció las respectivas declaraciones de importación y obtuvo el levante de las mercancías envueltas y así fueron entregadas en las bodegas del importador con sus respectivos documentos debidamente autorizados por funcionarios de la Administración Especial de Aduanas de esta ciudad o por el respectivo depósito habilitado conectado; supuestamente habiéndose efectuado para el importador y la Administración todos los procedimientos correcta, legal y lícitamente”(7) (el resaltado no es del texto).

Es evidente, entonces, que es la misma DIAN la que reconoce que se encuentra demostrado que la demandante cumplió con todos sus deberes para la legalización de la mercancía importada por ella, incluido el suministro del valor correspondiente a los tributos, pese a lo cual la sociedad de intermediación aduanera no efectuó el pago de tales tributos, razón por la cual la DIAN inició también contra ella investigación, la cual culminó con la expedición de la Resolución 4106 del 29 de diciembre de 1999, mediante la cual le canceló a Intermediarios Aduaneros SIA Ltda. la  autorización concedida como sociedad de intermediación aduanera y, en consecuencia, dejó sin efectos la inscripción en el registro de las personas a quienes se autorizó para que actuaran como representantes y auxiliares de dicha sociedad ante las autoridades aduaneras; de igual manera, para el cobro de los tributos aduaneros dejados de pagar por parte de la sociedad Intermediarios Aduaneros SIA Ltda. y, en  general, de las sanciones legales e intereses que se determinaran, ordenó remitir copia de dicha resolución y de la póliza 95-5004860/1452 expedida por Cóndor S.A. y constituida a favor de la DIAN, a fin de que la división de liquidación declare el incumplimiento y efectividad de la garantía.

Para adoptar la anterior decisión, la DIAN aludió expresamente como prueba  a las “Fotocopias de los comprobantes de ingreso en la contabilidad de Intermediarios Aduaneros SIA Ltda. de los cheques girados por Jeans & Jackets S.A.” y a las “Fotocopias de los extractos bancarios suministradas por los bancos, de las cuentas de Jeans & Jackets del Banco Cafetero Cuenta No. 05103988-1, a septiembre 30/97; Banco de Colombia cuenta 000 1752 680785 4, períodos del 97/06/01 al p7/06/30 y 97/07/01 al 97/07/31; Banco de Occidente cuenta 234-000910, en los que se observa que los cheques girados a Intermediarios Aduaneros Ltda. fueron debitados de las respectivas cuentas corrientes”(8) y concluyó:

“Del análisis de las pruebas que obran en el expediente y las normas transcritas, la Subdirección de Comercio Exterior observó que la Sociedad Intermediarios Aduaneros SIA Ltda… se enmarca en el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en los artículos 10, 12 y 17, literales a) y h) del Decreto 2532 del 16 de noviembre de 1994, en razón a que las declaraciones de importación objeto del análisis fueron incorporadas al sistema informático del depósito autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y obtuvieron levante sin que hubiera mediado el pago efectivo de los tributos aduaneros correspondientes, conclusión a la que se llega si se observa que dichos documentos no aparecen registrados en los sistemas informáticos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ni de las entidades financieras autorizadas para el efecto”.

En cumplimiento de la Resolución 4106 del 29 de diciembre de 1999, la división de liquidación expidió la Resolución 7350 del 28 de abril de 2000, mediante la cual declaró el incumplimiento  de las obligaciones derivadas del ejercicio de la actividad de intermediación aduanera autorizada a la Sociedad Intermediarios Aduaneros SIA Ltda. y ordenó la efectividad de la póliza de cumplimiento expedida por Cóndor S.A.

La Sala considera que es evidente que Jeans & Jackets obró de buena fe al encomendar a Intermediarios Aduaneros SIA Ltda. que llevara a cabo la importación de la mercancía, sociedad debidamente autorizada por la DIAN para el efecto, para lo cual le entregó a aquella un determinado número de cheques para que cubriera el importe de los tributos, sin que la omisión de tal obligación y la posible falsificación de los  autoadhesivos puestos en las declaraciones de importación que no fueron presentadas ante las entidades bancarias por parte de dicha intermediaria pueda traer como consecuencia la imposición de la multa en cuestión, con base en la no puesta a disposición de la mercancía por parte de la demandante, obligación que no se le podía exigir, si se tiene en cuenta, por un lado, que la actora desconocía las maniobras fraudulentas de la SIA, y de otro, que era una exigencia  imposible de cumplir, debido a que la mercancía, que consistía en textiles, ya había sido transformada en ropa.

Además de lo anterior, destaca esta corporación que no se demostró, y es más, ni siquiera la DIAN insinuó que la intención de la demandante fuera la de defraudar al fisco y que, por tanto, actuó en connivencia con la sociedad de intermediación aduanera; por el contrario, en los actos acusados, la DIAN reconoce que tanto ella como la importadora, esto es, Jeans & Jackets S.A. supusieron que el procedimiento fue efectuado “… correcta, legal y lícitamente”.

Por ser pertinente, esta corporación trascribe los siguientes apartes de una sentencia en la que se debatió un asunto similar al que aquí se controvierte, en la que se dejó claramente establecido que una es la responsabilidad por el pago de los tributos aduaneros, cuyo valor debe ser erogado, en principio, por el importador, y que otra es la responsabilidad administrativa de la sociedad de intermediación aduanera(9):

“… Quiere decir que la actora puso en manos de la intermediaria aduanera todas las gestiones concernientes a la nacionalización, pago y consecuente legalización de las mercancías amparadas en cada una de esas declaraciones de importación, y en virtud de ello las recibió.

“En este caso es menester distinguir entre la responsabilidad fiscal o tributaria, esto es, satisfacer la obligación tributaria, que está en cabeza principalmente del importador, atendiendo el artículo 2º del Decreto 1909 de 1992, y la responsabilidad administrativa que por su intervención tiene toda sociedad de intermediación aduanera, según el artículo 12 del Decreto 2532 de 1994, de la cual se destaca la de efectuar en debida forma el pago de los tributos aduaneros que le encarga el importador, la cual puede generar faltas administrativas aduaneras y la consiguiente sanción administrativa, e incluso la de tener que responder también —con cargo a la póliza de garantía que debe constituir— por el pago de los tributos cuyos dineros hubiere recibido del importador, según lo señaló la Sala(10); faltas frente a la cuales puede haber solidaridad del importador cuando se le demuestre participación en la ocurrencia de dichas faltas, sin perjuicio de su responsabilidad tributaria.

“En ese sentido, se está ante obligaciones o responsabilidades personales, esto es, por razones de la intervención de la persona o sujeto aduanero en el proceso de importación, según lo prevé el artículo 3º del Decreto 1909 de 1992, según se precisa más adelante. De modo que el importador debe responder, en cualquier circunstancia por el pago de los tributos aduaneros, más no por las faltas administrativas en que incurra la sociedad de intermediación aduanera, a menos que se demuestre su participación en tales faltas.

“…

“Asimismo, sorprende la laxitud de los controles que le correspondía ejercer sobre las actividades de la intermediaria  en cuestión, e incluso del mismo levante de la mercancía, pues es inexplicable que la situación de cada declaración de importación se hubiera dado repetidamente, como que aparece en relación con quince (15) declaraciones, a lo largo de los años 1997 a 1999 en lo que a las importaciones de la actora se refiere; mucho más inexplicable cuando según se da cuenta en autos, dicha entidad cuenta con dos sistemas a los que deben ingresar tales declaraciones, como son el Sifaro y el SIAT; situación que en caso de que tales hechos constituyan irregularidades de la intermediaria aduanera indicaría una reprochable desidia y omisión de la DIAN en el cumplimiento de su función de control, inspección y vigilancia de aquella, prevista en la normativa aduanera con un especial rigor, que precisamente obedece a la importante y delicada misión que le asigna la ley, con la consecuente necesidad de ofrecerle a los importadores que utilicen sus servicios la mayor seguridad posible de sus intereses económicos puestos en manos de las mismas, amén de los intereses del propio Estado.

“Llama igualmente la atención que después de 4 años de presentadas varias de las declaraciones en cuestión, como fueron las de enero de 1997, la DIAN sorprenda a la actora con un requerimiento sobre ellas para que acredite el pago de los tributos aduaneros o, en su defecto, ponga a su disposición las mercancías, siendo que la prueba de ese pago, en principio son las mismas declaraciones en cuanto aparecen presentadas con pago, y si no fue así a quien tenía que requerir para el efecto era a quien hizo tales presentaciones y el presunto pago de los tributos, y que a esas alturas muy probablemente le estaba haciendo un requerimiento de imposible satisfacción por la actora, tanto en relación con dichos pagos como de la entrega de la mercancía, ya que aparte de las declaraciones, no podía más que acreditar la entrega de los dineros a la sociedad intermediaria, y si ésta realmente no hizo el pago, se trataría entonces de una situación que se escapaba de sus manos, en tanto que era de esperarse que la mercancía ya hubiera salido de su dominio.

“Hacerle a la actora tales exigencias en las circunstancias anotadas, so pena de la multa que se la anunció y finalmente se le impuso, era ni más ni menos que ponerla en un imposible jurídico, pues si de entrada la DIAN desconocía la autenticidad de las declaraciones de importación en lo concerniente a su presentación y pago de tributos aduaneros, que no fueron diligenciadas ni presentadas por ella sino por un tercero que tiene la función de ser colaborador de las autoridades aduaneras y con base en las cuales éste efectuó el levante de la mercancía, no tendría  forma de escapar de dicha multa, pues nada distinto a las mismas declaraciones y los documentos de egresos con destino al intermediario aduanero podía presentar a la DIAN, como en efecto los presentó en fotocopia anexa a la respuesta que dio al comentado requerimiento especial, y sobre los cuales ésta no hizo consideración alguna.

“Si a pesar de la documentación aportada por la actora, la DIAN concluía que hubo falsedad en las declaraciones de importación en cuanto al pago de los tributos y no evidenciara complicidad o participación de la actora en esa falsedad, lo razonable era que, en tanto importadora, a lo sumo le requiriera el pago de los mismos, para lo cual le debía hacer el requerimiento en ese sentido.

“…

“Como quiera que la aprehensión de la mercancía que pretendía la DIAN se derivaba de una conducta de la intermediaria aduanera y no del importador, y la aplicación del artículo 503 pretranscrito en realidad es una manera utilizada por la DIAN para sancionar en últimas las irregularidades en el pago de los tributos aduaneros por parte de la intermediaria aduanera, quien debe responder por la multa es ésta, pues se trata de una responsabilidad administrativa y esa responsabilidad administrativa obedece a hechos resultantes de su intervención en la declaración y pago de los tributos aduaneros, la cual es puesta en cabeza suya por el artículo 12 del Decreto 2532 de 1994, vigente para la época de los hechos, según se aprecia en su texto, el cual claramente señala que “Las sociedades de intermediación aduanera serán responsables administrativamente por el pago de tributos aduaneros cuando éstos no sean cancelados en debida forma”, al cual cabe agregar el artículo 17 de ese decreto, en cuanto dentro las “Obligaciones de las sociedades de intermediación aduanera”, señala “f) Responder por la veracidad y exactitud de los datos consignados en las declaraciones de importación, exportación, tránsito y demás procedimientos aduaneros en desarrollo de la actividad de intermediación aduanera;” y en este caso es evidente que de lo que se trató fue de establecer una responsabilidad administrativa por la presunta falsedad en la declaración de importación, de allí que la medida tomada haya sido la imposición de una multa, luego en las circunstancias evidenciadas en el sub lite la intermediaria aduanera fue la que debió ser perseguida por la DIAN a fin de determinarla; sin perjuicio, claro está, del requerimiento a la importadora para el pago de los tributos que se habría dejado de cancelar.

“…

“En efecto, en el presente asunto es claro y evidente que la  intermediaria  aduanera, en su condición de mandataria, excedió los límites de su encargo, motivo por el cual legalmente quedó obligada por los actos realizados en exceso; así mismo, nada permite suponer razonada y probatoriamente que el mandante haya ratificado o aprobado la irregular actuación de la mandataria.

“…

“En otras palabras, el procedimiento debió encaminarse a verificar la realidad de las maniobras fraudulentas en comento y a sancionar administrativamente a sus responsables, y una vez así establecida la real falta de pago de los tributos, en cuanto concierne a la actora, requerirla para que subsanara esa falta del pago; pero sucede que pese a que siendo tales maniobras la principal causa o motivo de los actos acusados y en éstos se dan como ciertas, no se establece responsabilidad alguna ni se impone sanción por ellas, pero con pretexto de las mismas sí se sanciona a la actora sin que se establezca su responsabilidad en su ocurrencia, de allí que esa decisión amerite ser anulada.

“De esa manera, también por contera, se viola el debido proceso, en perjuicio de la actora, quien no contó con un procedimiento administrativo claro y unívoco y resulta sancionada, realmente, por hechos que ni si quiera se le endilgaron, los cuales, incluso se hicieron de lado para sancionarla por una situación en que involuntariamente resultó inmersa, llevada, como se dijo por la confianza legítima que puso en una institución que por su régimen y  la connotación de colaboradora con el Estado en el procedimiento aduanero, estaba llamada a darle todas las garantías necesarias para el cabal cumplimiento de sus deberes y obligaciones aduaneras en las importaciones cuya legalización le encomendó”.

Como se advierte, las anteriores consideraciones son perfectamente aplicables al caso que ocupa la atención de la Sala y por ello las reitera  en esta oportunidad, de manera tal que dada la actuación ilegal de la DIAN, en cuanto violó el debido proceso y el principio de la presunción de buena fe de la demandante, declarará la nulidad de los actos acusados, restablecerá el derecho de la actora, en el sentido de declarar que no está obligada a pagar suma alguna por la multa impuesta, y denegará los perjuicios solicitados, dado que no fueron objeto de demostración, carga que le correspondía a Jeans & Jackets S.A. a la luz del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, tal como se dejó sentado en la sentencia cuyos apartes pertinentes fueron arriba trascritos, a lo sumo la DIAN podía requerir  a la importadora por el pago de los tributos aduaneros dejados de percibir y no así el 200% del valor de la mercancía.

En razón a que mediante la Resolución 7350 del 28 de abril de 2000, la división de liquidación de la DIAN declaró “… el incumplimiento de las obligaciones derivadas del ejercicio de la actividad de intermediación aduanera autorizada a la Sociedad Intermediarios Aduaneros SIA Ltda...” y  ordenó “… la efectividad de la póliza de cumplimiento 5004860 del 30 de junio de 1995 y sus anexos modificatorios...”, cuyo objeto fue  “responder ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad de intermediación aduanera y por el pago de los tributos aduaneros y/o sanciones a que hubiere lugar”, es claro que en este caso la demandante no está obligada a pagar el valor de dichos tributos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada de 28 de septiembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar:

Primero. DECLÁRASE  la nulidad de las resoluciones 8503 del 3 de mayo de 2000 y 18362 del 1º de septiembre del mismo año,  expedidas, en su orden, por las división de liquidación y la división jurídica de la Administración de Aduanas de Bogotá de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mediante las cuales se impuso a la demandante Jeans & Jackets S.A. una multa por valor de mil ciento sesenta y siete millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos setenta y ocho pesos ($ 1167’759.278.00), equivalente al 200% del valor de la mercancía que no fue puesta a disposición de la DIAN.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que Jeans & Jackets S.A. no está obligada a pagar suma alguna por concepto de la multa impuesta mediante los actos acusados, cuya nulidad se declara en el numeral anterior.

Tercero. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto. RECONÓCESE al abogado Hermes Ariza Vargas como apoderado de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,  en los términos y para los fines del poder que le fue conferido, visible a folio 37 del cuaderno 2.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—María Claudia Rojas Lasso, Presidente—Marco Antonio  Velilla Moreno.

Este documento fue creado a partir del original obtenido en el Consejo de Estado.

(1) Sentencia del 11 de junio de 1974, M.P. Dr. Germán Giraldo Zuluaga.

(2) Sentencia del 18 de marzo de 1991, Expediente 3060, C.P. Dr. Carlos Betancur Jaramillo.

(3) Sentencias del 29 de octubre de 1998, Expediente 5072 y del  4 de febrero de 1999, Expediente 5088, C.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

(4) Folio 23 del cuaderno principal.

(5) Folio 23 del cuaderno principal.

(6) Folio 23 del cuaderno principal.

(7) Folio 41 del cuaderno principal.

(8) Folios 230 y 231 del  cuaderno principal.

(9) Sentencia del 19 de julio del 2007; Expediente 2002 00967; Actora, Hap Electrónica Ltda.; C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, reiterada por la sentencia del 30 de abril de 2009; Expediente 2003 00328; actora,  Talton Internacional Ltda.; C.P. Dra. Martha Sofía Sanz Tobón.

(10) La Sala, en sentencia de 25 de enero de 2001, Expediente 6034, C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, precisó: “De manera pues que si, de acuerdo con lo previsto en los actos acusados, en el evento sub lite había lugar a pagar una suma de dinero superior a la que se pagó en virtud de la declaración de importación cuestionada, por concepto de tributos aduaneros, los mismos deben ser sufragados por el importador o propietario de la mercancía, que es quien tiene la obligación legal de pagarlos de su propio pecunio, a menos que se demuestre que al intermediario aduanero se le entregaron los dineros para responder por una cuantía superior, en caso de liquidación adicional, lo que podría dar lugar a la aplicación del parágrafo 1º del artículo 10 del Decreto 2339 de 1996, que autoriza a la DIAN para cobrar, entre otros, los tributos aduaneros, haciendo efectiva la garantía constituida por la sociedad intermediaria aduanera” (subrayas no son del texto).