Sentencia 2001-00024 de febrero 11 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 110010326000200100024 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Roberto Fawcett Posada

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Cuestiones procesales previas.

2.1.1. El demandante pretende se declare la nulidad de la Resolución 2292 de 6 de diciembre de 2000 del subdirector de libertad religiosa y de cultos del Ministerio del Interior, copia auténtica de la cual obra a folio 27 del expediente, en cuya parte resolutiva se dispuso:

ART. 1º—Declarar conforme a las leyes 25 de 1992 y 133 de 1994 y con los derechos constitucionales fundamentales la reforma de los estatutos de la entidad religiosa Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, adoptadas mediante actas de 2 de septiembre y 5 de noviembre del año 2000, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

ART. 2º—Notificar la presente resolución en los términos de los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo al señor Luis Alfonso Mazuera y contra ella proceden los recursos de la vía gubernativa. (negrillas fuera del texto).

Advierte la Sala que los argumentos que sirven de fundamento a las excepciones ya fueron estudiados por la Sala en el auto admisorio de la demanda de 25 de julio de 2002 (fls. 259 a 264), en el que admitió la corrección y adición de la demanda de 16 de mayo de 2003 (fls. 554 y 555) y en el de 19 de septiembre de 2003 que decidió el recurso de reposición contra este último (579 a 582).

Las providencias descritas, que se encuentran en firme, dejaron establecido que la acción procedente para cuestionar la legalidad de la resolución demandada es la nulidad y no la de nulidad y restablecimiento del derecho porque la reforma de los estatutos de la entidad religiosa a que alude la demanda, en caso de ser violatorios de normas superiores, no lesionarían ningún derecho subjetivo en particular por lo que no es posible reclamar restablecimiento alguno y como la acción de nulidad puede ejercerse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto por mandato del artículo 136-1 del Código Contencioso Administrativo, no está sometida a agotamiento de vía gubernativa.

El Ministerio del Interior propuso excepción fundada en el argumento de que los actos de las asambleas de las sociedades civiles que violen sus estatutos o la ley deben ser tramitados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con los artículos 408 y 421 del Código de Procedimiento Civil.

El argumento enunciado no es de recibo porque el acto que en este proceso se cuestiona no es el proferido por la asamblea general de una sociedad civil, sino el acto administrativo proferido por el Ministerio del Interior que declara la sujeción de una reforma estatutaria a la legalidad y a los derechos fundamentales, el cual tiene el efecto de permitir la entrada en vigencia de dichos estatutos, tal como lo establece el artículo 4º del Decreto 782 de 1995.

Por las razones expuestas se declararán no probadas las excepciones enunciadas.

2.1.2. El demandante solicitó, además de la nulidad de la Resolución 2292 de 6 de diciembre de 2000 del subdirector de libertad religiosa y de cultos del Ministerio del Interior, la del oficio 899-482 de 17 de octubre de 2000 por el cual el mismo funcionario hizo algunas observaciones que el solicitante respondió el 7 de noviembre de 2000. No obstante, en los autos descritos en el numeral anterior admitió la demanda y su corrección y adición, en cuanto estaban dirigidas a La resolución mencionada. Por esa razón queda excluido del marco de la litis el estudio de las pretensiones de nulidad relacionada con el oficio a que aludió al demandante.

2.2. Estudio de fondo de los cargos.

2.2.1. El demandante afirma que la resolución acusada, en cuanto declaró ajustado a la ley y a los derechos fundamentales la reforma de los estatutos del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia efectuada el 2 y 5 de septiembre de 2000, violó el artículo 4º del Decreto Reglamentario 782 de 12 de mayo de 1995 que establece que las reformas estatutarias de las denominaciones religiosas serán adoptadas por sus órganos competentes con el lleno de los requisitos previstos en sus estatutos.

La prosperidad del cargo de violación del artículo 4º del Decreto 782 de 1995 está sujeta a la demostración de que la reforma de los estatutos de una entidad religiosa avalada por el Ministerio del Interior viola los estatutos vigentes en la época de la reforma. De allí que resulta irrelevante estudiar la conformidad de la reforma con normas internas de la entidad religiosa de rango inferior al estatutario, como pretenden tanto la parte demandante como la demandada. Por ello, la Sala concentrará su estudio en la posibilidad de que la reforma autorizada por el acto acusado esté conforme con los estatutos y excluirá el análisis de normas de rango inferior.

Se procede a enunciar los cargos concretos de violación de normas estatutarias y en seguida a su estudio y decisión.

a) La junta coordinadora nacional profirió la Resolución 3 de 14 de agosto de 2000 que señaló el procedimiento para enviar delegados a las asambleas extraordinarias con el pretexto de que no era posible convocar asambleas en forma rápida y oportuna. El artículo 14 de dicha resolución, al disponer la asistencia como delegados a la asamblea extraordinaria de los mismos delegados que asistieron a la asamblea ordinaria inmediatamente anterior, modificó sin autorización del Ministerio del Interior el artículo 18 de los estatutos entonces vigentes que establecían que dichos delegados serían elegidos por los centros de estudios(3).

Al proceso se allegó copia auténtica de la Resolución 3 de 14 de agosto de 2000 de la junta coordinadora nacional del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia (fl. 633) “Por la cual se establece el procedimiento para enviar delegados a asambleas extraordinarias y se reglamentan las sesiones extraordinarias” en la cual consta, tal como lo afirma el actor, que fue dictada bajo la consideración de que en los estatutos y en el reglamento general no existe un procedimiento para elegir delegados de los centros constituidos a la asamblea general y el procedimiento previsto en los artículos 18 y 20 es aplicable a las convocatorias a asambleas ordinarias pero no a las extraordinarias porque no resulta rápida ni oportuna. El artículo 14 de la resolución dispuso:

“ART. 14.—Asistirán como delegados a las asambleas extraordinarias, los mismos delegados elegidos para la asamblea nacional ordinaria inmediatamente anterior”.

Para determinar si la norma anterior vulnera lo dispuesto en los estatutos sobre designación de delegados para asambleas extraordinarias conviene transcribir las disposiciones del mismo sobre la materia:

“ART. 18.—La asamblea general es la máxima autoridad del movimiento y está constituida por dos (2) delegados de los centros de estudio debidamente acreditados ante la junta coordinadora nacional que llevará los respectivos registros.

PAR. 1º—Los centros de estudio de que trata este artículo elegirán dos (2) delegados a la asamblea general, quienes deberán ser socios o miembros del movimiento.

PAR. 2º—Los dos (2) delegados a la asamblea general serán elegidos por los centros de estudio, que les expedirán las respectivas credenciales, las cuales para su validez, requieren de la refrendación del presidente de la junta coordinadora nacional.

(...).

ART. 20.—La asamblea general del movimiento es ordinaria y extraordinaria. La primera se reúne por derecho propio una (1) vez al año —el último sábado del mes de noviembre— y la segunda, cuando lo determine la junta coordinadora nacional o lo solicite un número de miembros o socios del movimiento no inferior al 25% de los centros de estudio debidamente registrados en la mencionada junta. En el último caso, esta hará la convocación para la fecha que señale la solicitud, y si no lo hiciera, la asamblea general se reunirá por derecho propio.

(...).

PAR. 2º—Cuando la asamblea general ordinaria no pueda reunirse en la fecha indicada en estos estatutos se reunirá en cualquiera de los cuatro (4) sábados siguientes. Si se trata de la asamblea extraordinaria, se convocará nuevamente para dentro de quince días y así sucesivamente.

PAR. 3º—No obstante lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, la convocación de la asamblea general extraordinaria se hará con antelación no inferior a diez (10) días, señalando fecha, hora, lugar y objetivo de la reunión. Sin embargo, la propia asamblea, por simple mayoría podrá ampliar el temario del orden del día.

El artículo 18 de los estatutos transcritos señala con toda claridad las siguientes reglas comunes para la asamblea general sin distingo de su condición de ordinaria o extraordinaria: a) La asamblea general es la máxima autoridad del movimiento; b) ella está constituida por dos (2) delegados de los centros de estudio debidamente acreditados ante la junta coordinadora nacional que llevará los respectivos registros, y c) Los centros de estudio elegirán dos (2) delegados a la asamblea general, quienes deberán ser socios o miembros del movimiento; d) los centros de estudio les expedirán las respectivas credenciales; y d)(sic) el presidente de la junta coordinadora nacional deberá refrendarlas para su validez.

A juicio de la Sala el artículo 14 de la Resolución 2 de 2000 de la junta coordinadora nacional, al disponer que asistirían como delegados a las asambleas extraordinarias los mismos delegados elegidos para la asamblea nacional ordinaria inmediatamente anterior, vulneró el artículo 18 de los estatutos que le otorgan a los centros en forma excluyente, la posibilidad de elegir los delegados que habrían de conformar la asamblea general sin distinguir su condición de ordinaria o extraordinaria.

El argumento expuesto por la defensa en el sentido de que la resolución comentada no violó los estatutos porque en todo caso los delegados habilitados para participar de la asamblea extraordinaria que modificaron los estatutos habían sido delegados por los centros para la asamblea general anterior, no hace sino reconocer que no fueron elegidos por los centros para esa asamblea extraordinaria en particular, como lo ordenaban los estatutos vigentes. Además la resolución comentada pretendió producir efectos retroactivos al asignarle a la designación de delegados para la asamblea general ordinaria anterior unos efectos que no tenía a la luz de los estatutos vigentes cuando se produjo la delegación.

Por consiguiente, quienes participaron como delegados de los centros en la asamblea extraordinaria de 2 de septiembre y 5 de noviembre de 2000(4) y reformaron los estatutos del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia sin haber sido designados por los centros violaron el artículo 18 de los estatutos vigentes en esa época.

Al proceso se allegó copia auténtica del oficio de 28 de agosto de 2000 de la junta coordinadora nacional donde sus miembros reconocen que por disposición suya los delegados llamados a la reforma de los estatutos fueron los designados para la asamblea general ordinaria de 1999 (ver fls. 460 a 462).

b) El actor afirmó, por otra parte, que la convocatoria a la sesión extraordinaria efectuada mediante Resolución 5 de 14 de agosto de 2000 violó el artículo 20 parágrafo 3º de los estatutos que establece que “No obstante lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, la convocación de la asamblea general extraordinaria se hará con antelación no inferior a diez (10) días, señalando fecha, hora, lugar y objetivo de la reunión. Sin embargo, la propia asamblea, por simple mayoría podrá ampliar el temario del orden del día. (...)”(5).

Para determinar si la norma transcrita fue violada se examinará la Resolución 5 de 14 de agosto de 2000, copia auténtica de la cual obra a folios 5 y 6 del cuaderno 3, dictada por la junta coordinadora nacional, cuya parte resolutiva señala:

1. Convócase a la asamblea general extraordinaria de la denominación religiosa Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia con el objetivo de aprobar la reforma estatutaria de la institución. La asamblea se reunirá en la ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C., departamento de Cundinamarca a partir de las 8 a.m., del sábado dos de septiembre del año en curso.

PAR. 1º—Si las circunstancias lo aconsejan, la asamblea general extraordinaria prorrogará sus sesiones por el tiempo que fuere necesario, para evacuar el temario correspondiente.

PAR. 2º—Por separado se señalará el sitio de reunión de la asamblea general que se convoca por el artículo anterior.

ART. 3º—Envíese copia de este resolución al Ministerio del Interior, subdirección religioso y de cultos y por medio de comunicación háganse las publicaciones que correspondan.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Como se advierte, la convocatoria cumple con los requisitos de señalar fecha, hora y objetivo, pero no con los de señalar el lugar, el cual defiere para otra ocasión.

En el curso del proceso el ministerio nada dijo sobre este punto, y el apoderado del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal se limitó a decir que consuetudinariamente —que no estatutariamente— se informaba del lugar de la asamblea en acto separado de la convocatoria (fl. 410) pero no indicó cuál fue ese acto ni cuándo fue expedido e informado a los interesados.

Luego, si la convocatoria a asamblea general extraordinaria efectuada para reformar los estatutos de la entidad religiosa mencionada no señaló el lugar de la reunión dentro de los diez días previos a su celebración, violó los estatutos vigentes.

El señalamiento de Bogotá como la ciudad donde debía efectuarse la reunión lugar no constituye el cumplimiento del requisito de señalar el lugar pues no dice el lugar de Bogotá donde efectuarse la sesión. Tan evidente es lo anterior que la resolución de convocatoria dice que indicará por separado el lugar de reunión. Si bien el señalamiento de este no exige la nomenclatura oficial de la ciudad, si al menos una dirección inteligible que en este caso se echa de menos.

Por lo expuesto, el cargo prospera.

c) La reforma estatutaria declarada conforme a la ley y a los derechos fundamentales por el acto acusado se efectuó con violación de los derechos de los afiliados a participar de dicha decisión porque mediante Circular 6 de 10 de mayo de 1999 el coordinador general internacional del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia solicitó a todas las juntas que recogieran y les enviaran todos los carnés y certificados antes del 5 de junio de 1999 y señaló que los centros que no cumplieran esa disposición perderían el amparo jurídico. Agregó que la circular se expidió con el pretexto de proteger la vida de los miembros dado que habían perpetrado algunas masacres en su contra en Arauca y otras partes del país, y con ese pretexto se les quitó la condición de miembros a más de dos mil miembros que no pudieron participar del proceso de reforma de los estatutos. En consecuencia, se violaron los artículos 11 y 12 que establecen quiénes tienen la condición de miembros y cómo se pierde.

El cargo anterior no prospera por dos razones:

Primero, porque si bien es cierto que la circular mencionada, cuya copia auténtica obra a folio 632, sí dispuso el envío de los carnés a los órganos que los profirieron, no justificó dicha medida en la presunta protección de los miembros del movimiento sino en la proximidad del cambio en el sistema de identificación. Además, dicha disposición no prevé que el envió de los carnés implicara la pérdida de la condición de miembro del movimiento; por el contrario reconoce que su situación no cambia al señalar en el numeral 6º que “las juntas actuales pueden seguir funcionando como hasta ahora lo han venido haciendo hasta la llegada de nuevas disposiciones”, pues si las juntas pueden seguir funcionando es porque quienes las integran siguen perteneciendo a la institución.

Conviene anotar que el artículo 11 de los estatutos (fl. 42) establece como requisitos para tener la condición de socio o miembro del movimiento señalado los siguientes: “a) tener 18 o más años de edad; b) haber tenido la calidad de aspirante; c) pertenecer a la fase; c)(sic) previa aceptación, juramentación por el respectivo centro de estudios y carnetización por parte de la junta coordinadora nacional”.

En el contexto de la norma comentada la carnetización debe entenderse como la entrega de un documento que identifica a una persona como miembro del movimiento mencionado cuando ha cumplido los demás requisitos. Pero ello no significa que el cambio de un tipo de carné por otro, o su renovación en caso de pérdida o extravío, v.gr., signifique la pérdida de la membresía pues ella se adquirió cuando cumplió por primera vez los requisitos para ostentarla. Una razón de peso para considerar que la entrega de los carnés para cambiar el sistema de identificación no puede ser entendido como la pérdida de la condición de miembro o socio es que el artículo 12 de los mismos estatutos establecen como casos en que se suspende o se pierde dicha condición el retiro voluntario, la expulsión, la muerte y la suspensión, pero no incluye la pérdida o el cambio de carné.

Por otra parte, no se aportó ninguna prueba que demuestre que la junta coordinadora nacional hubiera retirado el estatus de miembro a los miembros que entregaron los carnés, razón suficiente para negarle prosperidad al cargo.

d) El cargo según el cual la aprobación de los estatutos avalados por el acto acusado viola los estatutos porque estos solo autorizan la asamblea general ordinaria para efectuar dichas modificaciones y no a la asamblea general extraordinaria no prospera porque examinados dichos estatutos (fls. 32 a 88), se advirtió que no hay ninguna norma en ellos que limite las facultades de la asamblea general extraordinaria para modificarlos o le otorgue una facultad excluyente a la asamblea general ordinaria en la materia.

e) El literal b) del artículo 19 estatutario faculta a la asamblea general para reformar los estatutos sin precisar si ella deba tener carácter ordinario o extraordinario. El artículo 51 ibídem, por su parte señala que “los presentes estatutos solo pueden ser adicionados, modificados o reformados por el voto de la mayoría de los delegados asistentes a la asamblea general siempre que esta se realice con el quórum necesario para deliberar”.

f) Las resoluciones de la junta coordinadora nacional violan los derechos de defensa y contradicción de los miembros del movimiento porque no señalaron los recursos que procedían en su contra.

Este cargo no prospera porque el actor no explicó las razones por las cuales considera que a los actos del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal debieron aplicarse disposiciones relativas a la notificación de los actos administrativos y a los recursos de vía gubernativa. De allí que su estudio no deba ser avocado siquiera pues implicaría una violación del derecho de defensa de la parte demandada quien no tuvo oportunidad de conocer y controvertir las razones en que debió fundarse el cargo.

g) El demandante manifestó que el acto acusado violó los artículos 2º, 4º, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 38 y 83 constitucionales, cuyos textos enunció, pero no sustentó estas acusaciones, razón suficiente para negarles prosperidad.

h) Por otra parte, cuestionó la legalidad del acto acusado porque no fue comunicado ni notificado a los terceros interesados, en este caso los miembros del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Estas acusaciones no tienen vocación de prosperidad porque, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia reiterada y uniforme de esta corporación, la falta de publicidad de los actos administrativos no constituye una causal de nulidad sino un motivo de ineficacia.

i) Tampoco prosperarán las acusaciones referidas a la supuesta aprobación de la elección o prórroga del periodo de dignatarios del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia efectuadas en las asambleas extraordinarias en las que se aprobó la reforma de sus estatutos, porque el acto acusado no aprueba elección alguna y es un asunto que no guarda ninguna relación con la legalidad de declaración contenida en la resolución demandada que decide sobre la conformidad de la reforma estatutaria de que trata la demanda con la ley y los derechos fundamentales.

j) El cargo según el cual la Resolución 2292 de 2000 no fue motivado no prospera porque el examen de su contenido revela que sí lo fue.

En efecto, el texto de dicho acto, obrante a folio 27 del expediente da cuenta del reconocimiento jurídico de la entidad religiosa que solicita la declaración de conformidad con la ley de la reforma estatutaria aprobada mediante actas de 2 y 5 de noviembre de 2000; señala que la solicitud fue estudiada y que se le hicieron observaciones el 18 de octubre de 2000 y que fueron atendidas por el solicitante mediante escrito de 7 de noviembre del mismo año. Declara además que la reforma en estudio se ajusta a las previsiones del literal b) del artículo 19 de los estatutos vigentes respecto del órgano competente y el procedimiento seguido para la reforma.

La brevedad y concisión de la motivación permite al actor controvertir su contenido y no puede asimilarse en absoluto a falta de motivación. No prospera.

k) El acto acusado fue dictado por funcionario incompetente porque el Decreto 782 de 1995 establece en el artículo 5º que la personería de las denominaciones religiosas “se reconocerá mediante resolución motivada suscrita por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Gobierno y por el abogado encargado del estudio y documentación respectiva”, pero fue dictado por el secretario general.

El cargo en estudio no prospera por dos razones: primero, porque no es cierto que el acto acusado fue dictado por el secretario general, lo fue por el subdirector de libertad religiosa y de cultos de la secretaría general del Ministerio del Interior.

En segundo lugar, porque el artículo 5º del Decreto 782 de 1995 que invoca el actor como norma violada se aplica al reconocimiento de la personería jurídica de las entidades religiosas(6) y el acto acusado no decide una solicitud de reconocimiento de personería jurídica sino una de reconocimiento de que la reforma estatutaria de una entidad religiosa con personería jurídica guarda conformidad con las leyes 25 de 1992 y 133 de 1994, requisito necesario para que una reforma estatutaria entre a regir.

Esta última materia está reglamentada por el artículo 4º del mismo decreto cuyo texto es el siguiente:

ART. 4º—Reformas estatutarias. Las reformas estatutarias serán adoptadas por el órgano competente de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros con el lleno de los requisitos estatutarios, y solamente entrarán a regir cuando el Ministerio de Gobierno las declare conformes con las leyes 25 de 1992 y 133 de 1994, y con los derechos constitucionales fundamentales.

El artículo 4º transcrito no exige que la resolución que declara la conformidad de la reforma estatutaria con la ley y los derechos fundamentales sea expedida por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Gobierno y el abogado encargado del estudio y documentación respectiva —como lo exige el artículo 5º para el reconocimiento de personería jurídica— sino que sea expedida por “El Ministerio”. Esta expresión debe entenderse naturalmente, como por “el funcionario competente del ministerio”, esto es, aquel a quien la ley o los reglamentos le asignen esa función, y como el acto acusado está dotado de presunción de legalidad debe asumirse que quien lo expidió tiene competencia para hacerlo. De allí que al demandante le correspondía demostrar que quien lo profirió no era competente sino otro funcionario distinto y no lo demostró.

En merito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declarar no probadas las excepciones propuestas por el Ministerio del Interior y por el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia.

2. Declárase la nulidad de la Resolución 2292 de 6 de diciembre de 2000, mediante la cual el subdirector de libertad religiosa y de cultos del Ministerio del Interior declaró conforme a la ley los estatutos de la “denominación religiosa Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia”.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(3) Artículo 18 de los estatutos. La asamblea general es la máxima autoridad del movimiento y está constituida por dos (2) delegados de los centros de estudio debidamente acreditados ante la junta coordinadora nacional que llevará los respectivos registros.

PAR. 1º—Los centros de estudio de que trata este artículo elegirán dos (2) delegados de la asamblea general, quienes deberán ser socios o miembros del movimiento.

PAR. 2º—Los dos (2) delegados a la asamblea general serán elegidos por los centros de estudios, que les expedirán las respectivas credenciales, las cuales, para su validez requieren de la refrendación del presidente de la junta coordinadora nacional.

(4) Copias auténticas de dichas actas obran a folios 128 y siguientes.

(5) Recuérdese que el texto del artículo 3º es el siguiente: La asamblea general del movimiento es ordinaria y extraordinaria. La primera se reúne, por derecho propio, una vez al año —el último sábado del mes de noviembre y, la segunda, cuando lo determine la junta coordinadora nacional o lo solicite un número de miembros o socios del movimiento no inferior al 25% de los centros de estudio debidamente mencionados en la mencionada junta. En el último caso, esta hará la convocación para la fecha que señale la solicitud, y si no lo hiciere, la asamblea general se reunirá por derecho propio.

PAR. 1º—La asamblea general, ordinaria y extraordinaria, será presidida por el presidente de la junta coordinadora nacional y será secretariada por el secretario general de la misma, pero en caso de que ello no sea posible la propia asamblea elegiré su presidente y su secretario.

PAR. 2º—Cuando la asamblea general ordinaria no pueda reunirse en la fecha indicada en estos estatutos, se reunirá en cualquiera de los cuatro (4) sábados subsiguientes. Si se trata de asamblea extraordinaria se convocará nuevamente para dentro de quince (15) días y así sucesivamente.

PAR. 3º—No obstante lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, la convocación de la asamblea general extraordinaria se hará con antelación no inferior a diez (10) días, señalando fecha, hora, lugar y objetivo de la reunión. Sin embargo, la propia asamblea, por simple mayoría podrá ampliar el temario del orden del día. (...)”.

(6) ART. 5º—Personería jurídica. La personería jurídica especial de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros se reconocerá mediante resolución motivada suscrita por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Gobierno, y por el abogado encargado del estudio de la solicitud y documentación respectiva.

Así mismo se rechazarán las solicitudes que no reúnan los requisitos establecidos por este decreto o violen la Ley 133 de 1994 o los derechos constitucionales fundamentales. Contra esa resolución proceden los recursos de reposición y apelación ante el Ministro de Gobierno.