Sentencia 2001-00026 de marzo 6 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-3103-010-2001-00026-01

Magistrado Ponente:

Dr. William Namén Vargas

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil doce.

Discutida y aprobada en Sala de trece (13) de febrero de dos mil doce (2012).

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Contiene cinco cargos replicados, a cuya decisión se procede en el orden propuesto.

Cargo primero

1. Al amparo de la causal primera de casación consagrada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, acusa la sentencia de infringir indirectamente el parágrafo 2º del artículo 95 de la Resolución 21 de 1993 expedida por la Junta Directiva del Banco de la República en ejercicio de las facultades concedidas en artículos 371 y 372 de la Constitución Política, 16, literales h) e i) de la Ley 31 de 1992 y el Decreto 1735 de 1993, así como los artículos 1519, 1741, 1742 y 1743 del Código Civil, a consecuencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas.

2. Para los impugnantes, el tribunal no apreció los pagarés creados por el Banco Popular S.A. en los documentos firmados en blanco consignando créditos en moneda extranjera por US$ 70.000, US$ 28.000 y US$ 70.000, “para capitalización con el propósito de desarrollar proyectos de [Arprint de Colombia Ltda.]”, pagaderos “en dólares americanos mediante transferencia de fondos [a la cuenta y banco que indique el Banco Popular]” (resaltado en el texto original).

3. Lo anterior, añaden, genera la nulidad absoluta de los títulos-valores por objeto ilícito al violar el derecho público de la Nación, conforme al artículo 1519 del Código Civil, por cuanto según la expresada resolución, no podrán estipularse en moneda extranjera operaciones de entidades sujetas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, salvo las de cambio expresamente autorizadas, contratos de leasing de importación, seguros de vida o contratación de seguros determinados por el Gobierno Nacional en desarrollo del artículo 14 de la Ley 9ª de 1991.

Consideraciones

1. El juzgador de segunda instancia al hallar los requisitos legales esenciales, tanto generales como particulares de los títulos valores otorgados, y no encontrar causal de nulidad, consideró improcedente su ineficacia o invalidez.

Para los recurrentes el fallador incurrió en yerro fáctico al omitir apreciar los pagarés, cuyo texto consigna la concesión de un préstamo en divisas destinado a capitalización para desarrollar proyectos de la sociedad Aprint de Colombia Ltda., el cual no corresponde a operaciones de cambio expresamente autorizadas, “contrato de leasing de importación, ni seguros de vida, como tampoco, se trata de la contratación de seguros que determine el gobierno Nacional en desarrollo de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 9ª de 1991” (fl. 32 cdno. de la Corte), y entraña su nulidad absoluta por ilicitud de objeto ex artículo 1519 del Código Civil, al infringir el derecho público, en particular, la prohibición establecida en el parágrafo 2º del artículo 95 de la Resolución 21 de 1993 expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, en tanto a su tenor, “no podrán estipularse en moneda extranjera las operaciones que efectúen las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, salvo que correspondan a operaciones de cambio expresamente autorizadas, a contratos de leasing de importación, a seguros de vida, o se trate de la contratación de seguros que determine el Gobierno Nacional en desarrollo de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 9ª de 1991” (fls. 55-60 cdno. ppal.), invalidez no declarada por la comisión del yerro.

El solo planteamiento patentiza la simple expresión de no corresponder el crédito a operaciones de cambio autorizadas, limitándose a la literal consignación de destinarse a capitalizar con desarrollo de proyectos a la sociedad Aprint de Colombia Ltda., sin sustentar ni demostrar con la normativa legal y reglamentaria cambiaria, con la certeza necesaria la índole prohibida de las indicadas en los pagarés y, por ende, la existencia de objeto ilícito ex artículo 1519 del Código Civil, “en todo lo que contraviene al derecho público de la Nación”, deficiencia no susceptible de remediar por la naturaleza del recurso de casación, esencialmente extraordinario, dispositivo y rogado.

Tal aserto reviste mayor relevancia cuando contrario a lo sostenido, los pagarés igualmente contienen la autorización de los deudores para cargar a la cuenta corriente o de ahorros el capital, los intereses, “las comisiones y gastos por todos los trámites cambiarios”, y que “este título no paga impuesto de timbre por tratarse de un instrumento donde se hace constar la constitución, existencia, modificación o extinción de una obligación relacionada con crédito externo, de conformidad con el artículo 529 del estatuto tributario” (fls. 55 vto., 57 vto. y 59 vto. cdno. ppal.).

2. No obstante lo anterior, en lo civil “es nulo el acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato” (C.C., art. 1740), son causas de nulidad absoluta la incapacidad absoluta de las partes (C.C., art. 1742) la ilicitud de la causa u objeto y la “omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos” (C.C., art. 1740); en lo comercial, genera nulidad absoluta la contrariedad de la “norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa”, la incapacidad absoluta de las partes y la “causa u objetos ilícitos” (C. Co., art. 899), y en ambos ordenamientos, la incapacidad relativa de las partes, el error, la fuerza, el dolo y las deficiencias de la formalidades habilitantes o tutelares generan nulidad relativa (art. 1741 [2] c.c. y art. 900 C. de Co).

En “materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulidad, así como la validez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas aparte de las que se estipulan en los contratos” (C.C., art. 6º, inc. 2º), “[n]o podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres” (C.C., art. 16), no puede ser objeto de “declaración de voluntad”, “un hecho moralmente imposible, entendiendo por tal el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público” (C.C., art. 1518), “hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público de la Nación. Así, la promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto” (C.C., art. 1519), también “en todo contrato prohibido por las leyes” (C.C., art. 1523), “se entiende por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público” (C.C., art. 1524) y ex artículo 899 del Código de Comercio, “será nulo absolutamente el negocio jurídico cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa”.

La invalidez del negocio jurídico proyectada en la nulidad absoluta y relativa, rectius, anulabilidad, ostenta tipicidad legal rígida (pas de nullité sans texte), presupone texto, norma o precepto legal previo y expreso, al corresponder exclusivamente a la ley establecer su disciplina, causas y efectos; exige declaración judicial previo proceso con comparecencia de los contratantes y sujeción a las garantías constitucionales, en especial, el debido proceso; entraña, la terminación del acto y su restitución al statu quo ante si es total o, solo de la parte afectada cuando es parcial, como si el negocio jurídico no se hubiere celebrado, excepto aquellos efectos no susceptibles de deshacer por su naturaleza, lógica o consumición o, si afecta el núcleo estructural o existencial del contrato (esentialia negotia); admite saneamiento, ratificación o convalidación, salvo norma legal expresa en contrario; puede oponerse por excepción o ejercerse como acción; la legitimación para incoarla está reservada a la parte o sujeto contractual, pero la absoluta debe declararse ex officio “cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato” y podrá invocarse por todo el que tenga interés en ello, el Ministerio Público o quien “acredite un interés directo para pedir que se declare la nulidad absoluta” (Cas. Civ. Sents. de 7 de febrero de 2008, Exp. 2001-06915-01 y 1º de julio de 2008, Exp. 2001-00803-01).

El ius cogens, derecho imperativo de la Nación u orden público, representa una restricción a la autonomía privada dispositiva (Cas. Civ. Sent. de ago. 30/2011, Exp. 11001-3103-012-1999-01957-01), y su vulneración, a no dudarlo, produce la nulidad absoluta del contrato o de la estipulación afectada, ampara principios y valores fundamentales del sistema jurídico por constituir “núcleo central, medular, básico, cardinal, primario e inmanente de intereses vitales para la persona, la existencia, preservación, armonía y progreso de la sociedad […] valores, principios e ideales considerados esenciales al concernir a materias, asuntos o intereses esenciales para la organización social en determinado momento histórico, en función al respeto y primacía de valores fundamentales del ordenamiento jurídico, la libertad, la democracia, los intereses individuales o sociales. En general, su concepto tutela razonables intereses nacionales vinculados a la organización política, económica o social del país, y no admite sustitución, cambio, modificación, derogación ni exclusión por decisión particular”, sea “positivo, si prescribe cómo y qué debe hacerse, ora negativo, al verterse en restricciones, limitaciones o prohibiciones, y puede obedecer a factores estrictamente políticos, económicos o sociales con sentido directivo o protector de ciertos intereses, situación, posición económica, social o jurídica”, “como mecanismo para la organización, productividad, eficiencia y equidad del sistema económico, [donde] hay una economía dirigida (orden público de dirección), y en ocasiones, para proteger determinados intereses (orden público tutelar o de protección) en razón de cierta posición económica, social, jurídica, factores sociales (Estado providencia, proteccionismo social) para proveer al bienestar social y la satisfacción de las necesidades económicas de los ciudadanos, suprimir o atenuar manifiestas desigualdades socio-económicos (contratos de adhesión, derecho del consumo), ora económicos (política deflacionista-control de precios-de crédito, derecho de la competencia, interés general)”, esto es, actúe en sentido político, social o económico (Cas. Civ. Sents. exequátur de nov. 8/2011, Exp. E-2009-00219-00, y sent. de oct. 19/2011, Exp. 11001-3103-032-2001-00847-01).

El derecho imperativo de la Nación se remite al orden público, comprende principios fundamentales del ordenamiento jurídico inferidos de las normas imperativas. Las reglas legales, según una antigua clasificación, son supletorias, dispositivas o imperativas. En la primera categoría están las que rigen en defecto de específica previsión de las partes, en ausencia de estipulación alguna y, por ello, suplen el silencio de los sujetos, integrando el contenido del acto dispositivo sin pacto expreso ninguno. El segundo tipo obedece a la posibilidad reconocida por el ordenamiento jurídico para disponer, variar, alterar o descartar la aplicación de una norma. Trátase de preceptos susceptibles de exclusión o modificación en desarrollo de la autonomía privada, libertad contractual o de contratación. Son imperativas aquellas cuya aplicación es obligatoria y se impone a las partes sin admitir pacto contrario. Por lo común estas normas regulan materias de vital importancia. De suyo esta categoría atañe a materias del ius cogens, orden público social, económico o político, moralidad, ética colectiva o buenas costumbres, restringen o cercenan la libertad en atención a la importancia de la materia e intereses regulados, son taxativas, de aplicación e interpretación restrictiva y excluyen analogía legis o iuris. Dicha nomenclatura, se remite en cierta medida a los elementos del negocio jurídico, o sea, lo de su estructura existencial (esentialia negotia), o perteneciente por ley, uso, costumbre o equidad sin necesidad de estipulación a propósito (naturalia negotia) y lo estipulado expressis verbis en concreto (accidentalia negotia), que “se expresa en los contratos” (C.C., art. 1603) o “pactado expresamente en ellos” (C. Co., art. 861), y debe confrontarse con la disciplina jurídica del acto y las normas legales cogentes, dispositivas o supletorias, a punto que la contrariedad del ius cogens, el derecho imperativo y el orden público, entraña la invalidez absoluta.

3. En las obligaciones pecuniarias la prestación se proyecta en pagar una determinada suma o cantidad de dinero (numeratio pecunia), desde su nacimiento, ab origene, in natura o por el equivalente monetario de otra diversa (aestimatio pecunia, subrogado pecuniario).

En nuestro ordenamiento jurídico, por regla general, la obligación pecuniaria se entiende contraída en moneda legal colombiana, excepto si se expresa otra cosa, la convenida en moneda o divisa extranjera se cumplirá “en la moneda o divisa estipulada, si fuere legalmente posible”, y en caso contrario, en moneda legal colombiana según las normas legales vigentes al instante del pago (C. Co., art. 874).

De conformidad con el marco regulatorio en vigor, las obligaciones estipuladas en moneda extranjera correspondientes a operaciones de cambio se pagarán en la divisa estipulada, y para efectos judiciales su conversión a moneda colombiana se hará con la tasa de cambio representativa del mercado del día del pago (arts. 79, Res. Externa 8/2000; 498 CPC); cuando derivan de operaciones diferentes a las cambiarias, aún estipuladas en moneda o divisa extranjera, será cumplida en moneda legal colombiana y su conversión se hará con la tasa de cambio representativa del mercado vigente en “la fecha en que fueron contraídas, salvo que las partes hayan convenido una fecha o tasa de referencia distinta” (arts. 79, Res. Externa 8/2000; 874 C. Co.). En idéntico sentido disponía el artículo 95 de la Resolución Externa 21 de 1993, vigente para la época del préstamo.

En línea de principio, salvo expresa autorización contraria, ningún contrato, convenio u operación entre residentes, se considera operación de cambio, y la obligación se cumplirá en moneda legal colombiana (D. 1735/93, arts. 3º); son de cambio, las “operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país” (art. 1º [4], ibíd.), las de “endeudamiento celebradas por residentes en el país, así como los rendimientos asociados” se canalizan a través del mercado cambiario (art. 4º, ejusdem y 7º Res. Externa 8 de mayo 5/2000, Junta Directiva del Banco de la República), los residentes en el país o en el exterior, “podrán obtener créditos en moneda extranjera de los intermediarios del mercado cambiario directamente o con cargo a recursos de las entidades públicas de redescuento, independientemente del plazo y destino de las divisas” (se resalta, art. 24, Res. Externa 8/2000), y los bancos comerciales en carácter de intermediarios del mercado cambiario, con estricta sujeción al marco legal regulatorio, pueden conceder créditos en moneda extranjera a los residentes en el país o en el exterior, en los términos autorizados (arts. 58 y 59, lit. f), Res. Externa 8/2000).

Se prohíbe a las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera estipular en moneda extranjera operaciones distintas a las de cambio expresamente autorizadas, contratos de leasing de importación, seguros de vida, o contratación de los seguros que determine el Gobierno Nacional en desarrollo de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 9ª de 1991. Dicha prohibición expresa estaba contenida también en el parágrafo segundo de la Resolución Externa 21 de 1993, en vigor para la época de la concesión del préstamo.

A pesar de la expresa prohibición, tanto la Resolución Externa 21 de 1993 bajo la cual se concedió el crédito, como su modificatoria 8 de 2000, y en particular el artículo 874 del Código de Comercio, preceptúa para en caso de pactarse una obligación en moneda extranjera por una operación diversa a la de cambio o expresamente autorizada, el pago en moneda legal colombiana, o sea, dispone la pervivencia de la prestación y su conversión, mas no la nulidad o invalidez absoluta.

Por lo tanto, el cargo carece de trascendencia, por una parte, considerada la inserción textual en los pagarés en torno a la operación de cambio, y de otra, porque si no lo fuera, estipulada la obligación en moneda extranjera, su pago se hará en la divisa respectiva o en pesos colombianos conforme a la ley, esto es, no es nula por ilicitud de objeto.

4. El cargo no prospera.

Cargo segundo

1. Por idéntica causal denuncia quebranto indirecto de los artículos 101 y 104 del Código de Comercio y 1519, 1525, 1526, 1741 y 1742 (“subrogado L. 50/36”), a consecuencia de manifiesto error de hecho en la apreciación de las pruebas.

2. Para la censura, los pagarés suscritos al Banco Popular S.A., consignan su otorgamiento “[por concepto de préstamo en divisas para capitalización con el propósito de desarrollar proyectos de Arprint de Colombia Ltda.]” y que “[la suma anteriormente mencionada la pagaremos en dólares americanos mediante transferencia de fondos a la cuenta y banco que indique el Banco Popular]” (resaltado en el texto original), pagados sus aportes a Arprint S. A. en dólares, el contrato social respecto de los demandantes es nulo por ilicitud del objeto al contrariar el derecho público de la Nación conforme al artículo 1519 del Código Civil, y el parágrafo 2º del artículo 95 de la Resolución 21 de 1993 de la Junta Directiva del Banco de la República, a cuyo tenor no podrán estipularse en moneda extranjera las operaciones de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, salvo las relativas a operaciones de cambio expresamente autorizadas, a contratos de leasing de importación, a seguros de vida o contratación de seguros determinados por el Gobierno Nacional en desarrollo de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 9ª de 1991.

3. Finaliza la acusación con el olvido del juzgador de los referidos pagarés, el acta de 16 de noviembre de 1996 de la junta de socios de Arprint de Colombia Ltda. y la escritura pública Nº 945 de 26 de febrero siguiente otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, por el cual denegó la pretensión de nulidad o invalidez del contrato de sociedad en relación a los demandantes.

Consideraciones

1. Adviértase la disimilitud del préstamo de dinero y las aportaciones sociales, negocios jurídicos diferentes. Por esto, el préstamo concedido en dólares americanos a los demandantes por el Banco Popular, no comporta de suyo aportes sociales en idéntica divisa a la sociedad Arprint S.A.

En cambio, el acta de la junta de socios de Arprint de Colombia Ltda. de 16 de noviembre de 1996, transcrita y protocolizada en la escritura pública Nº 945 de 26 de febrero de 1997 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá (fls. 19-29 cdno. ppal.), prueban los aportes de los demandantes en pesos colombianos (cláusula 7ª de los estatutos sociales), o sea estos documentos, supuestamente omitidos por el tribunal, no acreditan las aportaciones en moneda extranjera denunciadas en el cargo. Aún, si pudiere darse tal entendimiento probativo, sería intrascendente el yerro fáctico, pues la normatividad mercantil no dispone imperativamente hacer los aportes sociales únicamente en moneda legal colombiana, ni prohíbe acordarlos en una moneda diferente (C. Co., art. 110, num. 5º). Por el contrario, el artículo 874 del Código de Comercio, es explícito a propósito de la posibilidad de pactar obligación en moneda o divisa extranjera, cuyo pago se hará en esta “si fuere legalmente posible” y, de no serlo, en moneda nacional según las normas vigentes al momento de realizarlo (C. Co., art. 874).

En suma, nada obsta estipular aportes sociales en moneda extranjera, pero el pago se hará bajo la norma cambiaria, en la moneda estipulada si corresponde a una operación de cambio expresamente autorizada, o en caso contrario, en moneda legal colombiana, como quedó atrás reseñado, lo cual evidencia la intrascendencia de la acusación.

2. El cargo no prospera.

Tercer cargo

1. Fundado en la causal primera de casación, impugna la sentencia por violar indirectamente los artículos 98 y 384 del Código de Comercio, 1741 y 1742 (“subrogado L. 50/36”) del Código Civil a causa de error de hecho manifiesto en la valoración de las pruebas.

2. A juicio de los censores la consignación cartular en los tres pagarés firmados al Banco Popular S.A. de su otorgamiento “[por concepto de préstamo en divisas para capitalización con el propósito de desarrollar proyectos de Arprint de Colombia Ltda.]” (resaltado en el texto original), denota la ausencia de sus aportes por destinarse su producto a pagar las deudas adquiridas con el establecimiento bancario por Arprint de Colombia Ltda., y según el acta de su junta de socios del 16 de noviembre de 1996 y la escritura pública Nº 945 otorgada el 26 de febrero de 1997 en la Notaría 2ª del Círculo de Bogotá, no se celebró contrato de suscripción de acciones, lo cual se corrobora con los testimonios rendidos por los funcionarios de Banco Popular S.A. Jorge Nelson Guzmán Parra, Yenny Cecilia Garzón Espitia y Marco Fidel Burbano Franco, siendo así nulo, inexistente o inválido el acto de transformación societaria respecto de los actores.

3. El sentenciador de segunda instancia, agregan, denegó la súplica respectiva de la demanda por no apreciar los precitados pagarés y atestaciones, además, no podía descartar como prueba trasladada las declaraciones de tales funcionarios de la entidad crediticia, por ser esta una de las demandadas en el presente proceso y porque a los otros demandados “no les interesa para nada” la inexistencia, la nulidad o la invalidez de la sociedad, incoadas exclusivamente respecto de los demandantes.

Consideraciones

1. Los pagarés hacen constar su otorgamiento “[por concepto de préstamo en divisas para capitalización con el propósito de desarrollar proyectos de Arprint de Colombia Ltda.]” (resaltado en el texto original), y no para pagar deudas de esta sociedad al Banco Popular S.A., de donde del texto de los títulos valores no puede inferirse la falta de aportes a Arprint S.A., según la acusación al tener probado “que mis poderdantes no hicieron aportes a la sociedad [Arprint S.A.], porque los dineros se destinaron a pagar las deudas de [Arprint de Colombia Ltda.]” (fl. 39 cdno. de la Corte), pues la constancia concierne a la capitalización de la sociedad, después transformada a anónima, el acta y la escritura pública de formalización de la transformación societaria, dice otra cosa.

Carece, entonces de soporte la invocada preterición por el fallador de manifestaciones no contenidas ni emanadas de los documentos.

2. En lo tocante a los testimonios, la sentencia de primera instancia confirmada por el ad quem, clara estuvo de “los testimonios de [Yenny Cecilia Garzón] (fl. 338 c. 1), [Jorge Nelson Guzmán Parra] (fl. 295 c. 1) (…) cuyas versiones se orientan a demostrar la veracidad y legalidad de los negocios jurídicos motivo de impugnación” (fl. 559 cdno. ppal.), sin mencionar explícitamente el de Marco Fidel Burbano Franco.

Sin embargo, la censura es contradictoria, al plantear al mismo tiempo el error de hecho y el de derecho, cuando en principio, este concierne a la producción, eficacia o valor de los medios de convicción, presupone su existencia y apreciación en el proceso, sin omisión, preterición, alteración ni distorsión de su materialidad o contenido objetivo.

A este propósito, “el error de derecho a que se refiere la causal primera de casación —ha dicho la Corte Suprema—, presupone la existencia y apreciación en el proceso de la prueba y el quebranto por el juzgador de las normas legales que disciplinan su mérito probatorio. Por consiguiente, mal puede cometerse un yerro de este linaje respecto de pruebas no tenidas en cuenta en la sentencia” (sent. de abr. 22/97, G. J., t. CCXLVI, pág. 472).

La regla se exceptúa cuando ex officio el juzgador no decreta y practica pruebas, imponiéndolo específicamente la ley o si las circunstancias particulares resulta indispensable hacerlo de conformidad con su facultad-deber en ese ámbito. En efecto, “el juzgador, tiene el deber-poder de decretar y practicar pruebas de oficio (CPC, arts. 37, num. 4º, 179 y 180), en principio, según su análisis prudencial y razonable en cuanto a su pertinencia, necesidad y coherencia (sent. de dic. 12/94, Exp. 4293).Empero, se impone este deber, cuando expresamente ‘la utilidad y necesidad de la prueba, surgiera de la misma ley, por esta exigirla imperativamente, o de las circunstancias propias del proceso respectivo, como cuando indubitablemente conduce al hallazgo de la verdad real y a determinar la decisión final’ (sent. de cas. de mayo 5/2000, Exp. 5165), específicamente, en los casos ‘en que es obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la genética en los procesos de filiación o impugnación; la inspección judicial en los de declaración de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. De análogo modo para impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades’, eventos, en los cuales, ‘es ineludible el ‘decreto de pruebas de oficio’, so pena de que una omisión de tal envergadura afecte la sentencia’ (Cas. Civ. Sent. de jul. 15/2008, [SC-069-2008], Exp. 1100131030422003-00689-01)” (Cas. Civ. Sent. de mayo 28/2009, Exp. 05001-3103-014-2001-00177-01).

El error de derecho atañedero a la valoración de testimonios trasladados, ordenados y practicados en los procesos ejecutivos hipotecarios, resulta infundado porque en estos no intervinieron los ahora demandados, Arprint S. A., Daniel Nova Pradilla y Ramón Nova Pradilla, de donde no se cumplen las exigencias previstas en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, como señalaron los juzgadores de instancia (fls. 559 cdno. ppal. y 90-91 cdno. 17), orientadas a garantizar el del derecho fundamental del debido proceso y defensa de las partes procesales (art. 29 Constitución Política).

3. El cargo no prospera.

Cuarto cargo

1. Con base en la causal primera de casación, invoca la trasgresión indirecta de los artículos 98 y 900 del Código de Comercio y 63, 1516 y 1741 del Código Civil a causa de error de hecho manifiesto en la apreciación de unas pruebas.

2. Para el casacionista, el ad quem desconoció los testimonios rendidos por Jorge Nelson Guzmán Parra, Yenny Cecilia Garzón Espitia y Marco Fidel Urbano Franco, tres pagarés, el acta de 16 de noviembre de 1996 de la junta de socios de Arprint de Colombia Ltda., la escritura pública Nº 945 de 26 de febrero de 1997 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá y “el mismo acto de transformar a [Arprint de Colombia Ltda.], en [Arprint, S. A.]”.

3. En su sentir, las pruebas demuestran el dolo desplegado contra los actores con la artimaña o maquinación de los préstamos en dólares para obtener su consenso en su ingreso como socios de Arprint S.A., otorgar escrituras públicas y suscribir los pagarés, el pago de las deudas de Arprint de Colombia Ltda. a favor del banco, el cambio de la destinación indicada en los títulos valores “[capitalización con el propósito de desarrollar proyectos]”, y la falta de adquisición de la calidad de accionistas en Arprint S.A., al no realizar los aportes, así como la falsedad del acta y escritura pública mencionadas, atribuyéndoles esa condición.

Consideraciones

1. El negocio jurídico, rectius, acto dispositivo de intereses jurídicamente relevante, y dentro de este, el contrato o acuerdo dispositivo de dos o más partes o sujetos contratantes para constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas, por lo común, es fruto de una disposición volitiva, deliberada, madura, seria, reflexiva, libre, espontánea y desprovista de anomalías, irregularidades, vicio o defecto, aunque en ocasiones, presentase per relationem, heterónoma e impuesta, ya por disposición legal, ora negocial, bien por la particular naturaleza dinámica del tráfico jurídico moderno, ad exemplum, dictado, forzado o impuesto, v.gr. remate, expropiación, contenido predispuesto por ley, decreto, acto administrativo, pliegos licitatorios, términos de referencia, condiciones generales de contratación, recetarios, formularios o moldes contractuales, mínimo legalmente impuesto, contratación en serie, en masa, estándar, contrato por adhesión, tipo, global, patrón, normativo, términos de referencia o reenvío, relaciones de hecho (rebus ipsis et factis), o por contacto social, conducta social típica, intercambio de mercado (“contrahere sin consentire”), u operación económica, etc.

Cuando la génesis del negocio es la voluntad, interesa al ordenamiento jurídico la sanidad y regularidad del consenso, en cuya protección y, más ampliamente de la libertad contractual o autonomía privada, el legislador disciplina en los presupuestos de validez del acto dispositivo, la ausencia de vicios destructivos de la conciencia o la libertad del sujeto, esto es, el error, dolo y la fuerza (C.C., arts. 1502, 1508 y ss.), y dispone en tales hipótesis la nulidad relativa (art. 1741 ejusdem). Esta condición de validez fue específicamente prevista en los negocios mercantiles, y en materia de sociedades (C. Co., art. 101), sancionado con nulidad relativa el acto dispositivo por tales defectos (art. 104 ibíd.).

A dicho respecto, los de validez son presupuestos, requisitos o condiciones cuya observancia es menester no para la existencia del negocio, sino para su validez, a punto de generar su ineficacia por invalidez o nulidad cuando están ausentes o viciados. Vicios del consentimiento, voluntad o declaración, son expresiones utilizadas no solo en la doctrina sino en los códigos y ordenamientos, para significar en todos los casos irregularidades en el querer del individuo (esfera volitiva), reducidas al contrato (in idem placitum consensus) o a la declaración, pero comprenden toda hipótesis de anormalidad de la voluntad en sentido abstracto tanto del negocio bilateral cuanto del unilateral, y entrañan no la inexistencia, sino invalidez por nulidad relativa o anulabilidad del negocio jurídico por circunstancias alteradoras de la voluntad cuando el acto dispositivo sea un acto voluntario para proteger la libertad contractual, la sanidad del consenso e interés de la parte afectada, por supuesto, con las restricciones inherentes a la tutela de la confianza legítima y el tráfico jurídico.

El dolo, concebido en sentido amplio como la intención de inferir o causar daño a alguien (C.C., art. 63), en el negocio jurídico consiste en la maniobra, artificio, engaño, maquinación consciente y deliberada de una parte o sujeto contractual con suficiente aptitud para inducir o provocar un error de la otra parte y obtener su consenso o voluntad en la celebración del acto.

Estricto sensu, el dolo difiere de la culpa grave a la cual se asimila (Cas. Civ. Sent. de nov. 13/56), del fraude cuanto concepto genérico (Cas. Civ. Sent. de mar. 14/84), y tratándose del negocio, ha de ser obra de una de las partes (incluido el representante, mandatario, el beneficiario de la declaración, el tercero cuya conducta conoce y calla la parte, o del que se vale para desplegar la maquinación, engaño o artificio), determinante, esencial, definitivo e incidente en la obtención del consenso de la parte, en forma de aparecer claramente que sin él no habría contratado (C.C., art. 1515), podrá consistir en una acción, reticencia u omisión y debe probarse por quien lo invoca en todas sus exigencias, salvo que la ley lo presuma (arts. 1516, 1025/5, 1358, 2284 C.C.; Cas. Civ. Sents. de jun. 29/11 y de nov. 23/36, XLIV, pág. 483).

En torno a este puntual aspecto, ha dicho la Corte, “el dolo tampoco constituye en sí mismo un vicio del consentimiento, sino que es la causa del error que genera en la mente de la víctima, protegida con la acción rescisoria del acto respectivo. Sólo que como el error es un estado intelectual muchas veces imperceptible e indemostrable, al paso que el dolo que lo produce, de ordinario deja tras de sí huellas o rastros de su comisión, el legislador para facilitar la convicción del juez acerca de las circunstancias anormales en que el contrato se ha celebrado, califica el dolo como si este fuese en realidad un vicio del consentimiento. Sin embargo, dicho legislador no ignora la verdadera naturaleza del fenómeno en cuestión y así el artículo 1515 del Código Civil no se limita a exigir la presencia del dolo cometido por uno de los contratantes, sino que también mira a la influencia o repercusión que aquel tenga sobre el ánimo del otro contratante, bien sea para declarar la nulidad relativa del acto o bien para sólo imponer la sanción indemnizatoria que normalmente aparejan las conductas dolosas. Así en este punto nuestra legislación civil (art. 1515) consagra la distinción clásica entre el dolo principal o determinante que es el que induce a la celebración misma del acto o contrato y el dolo incidental que no tiene esa virtualidad compulsiva, sino que solo influye en las condiciones de un negocio que la víctima ya estaba dispuesta a concluir” (resaltado en el texto original. Cas. Civ. Sent. de dic. 15/70, G.J. t. CXXXIV, pág. 367).

2. Sentado lo anterior, en criterio de la censura las pruebas antedichas demuestran la comisión del dolo mediante un engaño a los actores por los demandados para ingresar como socios a Arprint S.A con el dinero de los préstamos en dólares americanos otorgados por el Banco Popular S.A. sin lograrse este cometido al destinarlo el establecimiento bancario al pago de deudas contraídas por la sociedad transformada, generando la nulidad relativa de la transformación, no declarada por el fallador pretermitiendo tres pagarés, el acta de 16 de noviembre de 1996 de la junta de socios de Arprint de Colombia Ltda., la escritura pública Nº 945 de 26 de febrero de 1997 otorgada en la Notaría 2ª del Círculo de Bogotá y las testimoniales de tres funcionarios de Banco Popular S.A.

No obstante, el ad quem, dejó de valorar jurídicamente los testimonios rendidos por Jorge Nelson Guzmán Parra, Yenny Cecilia Garzón Espitia y Marco Fidel Urbano Franco, funcionarios de Banco Popular S.A. por falta de los requisitos consagrados en el artículo 185 del estatuto procesal civil, y delante de los demás elementos probatorios referidos en la impugnación se anota:

a) Según los pagarés, los accionantes se obligaron a cancelar al Banco Popular S.A. las sumas de USD$ 28.000, USD$ 70.000 y USD$ 70.000 recibidas “[por concepto de préstamo en divisas para capitalización con el propósito de desarrollar proyectos de Arprint de Colombia Ltda.]” (resaltado en el texto original), que debían abonarse con intereses remuneratorios y moratorios según el plan de amortización (fls. 55-60 cdno. ppal.).

b) En el acta de 16 de noviembre de 1996 consta la reunión extraordinaria de la junta general de socios de Arprint de Colombia Ltda. con asistencia de todos sus socios y otras personas, acordando el aumento de capital y transformación de la sociedad en Arprint S.A., la aprobación de los nuevos estatutos, el balance, detalle de la maquinaria y equipo aportado, y se comisionó a la gerente y representante legal para otorgar la escritura pública correspondiente a la reforma del contrato social.

c) La escritura pública Nº 945 de 26 de febrero de 1997 otorgada en la Notaría 2ª del Círculo de Bogotá, perfeccionó la reforma del contrato social, transcribió el acta de 16 de noviembre de 1996 de la junta de socios de Arprint de Colombia Ltda. y consignó la distribución del capital suscrito y pagado de Arprint S.A., donde los actores realizaron los siguientes aportes, “en pesos”: Mario Rodríguez A., 55 acciones por un valor de $ 82.500.000; Hugo Humberto Rodríguez, 25 acciones por un valor de $ 37.500.000, y Susana Alvira de Rodríguez, 10 acciones por un valor de $ 15.000.000. También consta el pago por prima de colocación de acciones de $ 137.500.000, $ 62.500.000 y $ 25.000.000 (art. 7º) (fls. 19-29 cdno. ppal.).

Del análisis escueto de las probanzas señaladas se deduce de modo ostensible la falta probativa del engaño de los demandados a los demandantes, constitutivo de dolo y generador de la nulidad relativa del acto de transformación de la sociedad Arprint de Colombia Ltda. en Arprint S.A., por lo cual no se configura el desacierto fáctico imputado al ad quem.

3. El cargo no prospera.

Quinto cargo

1. Enrostra al fallo quebranto indirecto del artículo 110, numeral 5º, del Código de Comercio, por omitir apreciar los testimonios de Jorge Nelson Guzmán Parra, Yenny Cecilia Garzón Espitia y Marco Fidel Urbano Franco, tres pagarés, el acta de 16 de noviembre de 1996 de la junta de socios de Arprint de Colombia Ltda., la escritura pública Nº 945 de 26 de febrero de 1997 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, “el mismo acto de transformar a [Arprint de Colombia Ltda.], en [Arprint, S.A.]” y la carta dirigida por Amparo Salazar de Molina a Marino Gutiérrez Isaza, representante legal de Arprint S.A., demostrativos de la “nulidad por simulación absoluta” del acto de transformación.

2. Para los impugnantes en los tres pagarés se hizo constar la destinación del dinero de los préstamos concedidos por Banco Popular S.A. a la “[capitalización con el propósito de desarrollar proyectos]” de Arprint de Colombia Ltda., y su utilización por el establecimiento bancario a la cancelación de las deudas contraídas a su favor por dicha sociedad, y no al pago de sus aportes a Arprint S.A., si bien aparecen en la citada acta de 16 de noviembre de 1996 y en la escritura pública Nº 945 de 26 de febrero de 1997 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá como accionistas de esta última compañía.

3. La precitada carta, añaden, proveniente de quien fue representante legal de la sociedad en sus dos formas “es la conclusión que prueba fehaciente y concretamente la nulidad absoluta por simulación del contrato social, en razón a que solo formalmente hubo contrato social” (fl. 47 cdno. de la Corte).

Consideraciones

1. De conformidad con el artículo 374, numeral 3º, del Código de Procedimiento Civil, la demanda de casación debe contener “la formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa” e, igualmente, “si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas”, exigencia esta última para la cual según el artículo 51, numeral 1º, del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, “será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”.

2. En armonía con estas reglas legales, para la Sala la impugnación por el quebranto de normas sustanciales exige su individualización o singularización, pues, de no hacerlo, no es posible materialmente el cotejo con la sentencia atacada, esto es, el estudio de la misma, defecto no susceptible de suplirse por el carácter eminentemente dispositivo de este recurso.

En efecto, “tratándose de la causal primera, es indispensable, acorde con esas disposiciones, que el recurrente señale las ‘normas de derecho sustancial’ que estime infringidas, exigencia que bien puede cumplirse indicando una ‘cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada.

“La Corte tiene decantado que por normas de derecho sustancial debe entenderse las que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas concretas, es decir, las que se ocupan de regular una situación de hecho, respecto de la cual deba seguirse una consecuencia jurídica, y no las que se limitan a definir fenómenos jurídicos o a describir sus elementos, precisamente porque al ser tales, no pueden atribuir derechos subjetivos, tampoco las que regulan, como es natural entenderlo, determinada actividad procesal o probatoria. Presupuesto que es de vital importancia cumplirlo, porque de omitirse, al decir de la Sala, ‘quedaría incompleta la acusación, en la medida en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación” (Cas. Civ. auto de dic. 4/2009, Exp. 1500131030011995-01090-01).

Además, “de manera constante, la Corte ha entendido por normas de derecho sustancial aquellas que ‘en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación’ (Cas. Civ., Sent. de dic. 19/99, se subraya. En similar sentido, entre otras, pueden citarse las sentencias del 9 de marzo de 1995, 30 de agosto, 9 de septiembre y 9 de diciembre de 1999 y 3 de septiembre de 2004). “De suyo, no ostentan tal carácter, los preceptos materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria” (Cas. Civ. Auto de ago. 5/2009, Exp. 08001-3103-013-1999-00453-01).

Conforme a lo dicho, el artículo 110, numeral 5º, única disposición en la cual se sustenta el ataque al fallo, no reviste carácter sustancial, en cuanto no declara, crea, modifica o extingue derechos y obligaciones y solo prevé el contenido de la escritura pública de constitución de la sociedad comercial en lo concerniente a la composición del capital social y su forma de pago.

3. Con todo, nulidad y simulación de los negocios jurídicos son figuras diferentes. La simulación absoluta configura inexistencia del negocio, y la relativa, un tipo negocial distinto. La nulidad, absoluta o relativa, parte de la existencia del contrato y un defecto en los presupuestos de validez, o sea, la capacidad de parte, la legitimación dispositiva y la idoneidad del objeto o, en los términos legales, la incapacidad, la ilicitud de objeto o causa, los vicios de voluntad por error, fuerza o dolo, o la contrariedad de norma imperativa o de orden público o de las buenas costumbres.

Al respecto, ha señalado la Sala:

“La simulación, por otro lado, per se no es un negocio jurídico ilícito, fraudulento o engañoso (animus nocendi), ni de suyo, comporta su nulidad absoluta (Cas. Jul. 27/1935, Cas. Mayo 23/1955, LXXX, 360), pues ‘[s]uperada desde hace ya largo tiempo la teoría de la simulación-nulidad, se tiene definido que, en virtud del postulado de la autonomía de la voluntad privada, pueden los particulares, siempre que no violen los límites del orden público, elegir las formas que consideren pertinentes para llevar a cabo sus designios; incluida allí la facultad para ‘hacer secreto lo que pueden hacer públicamente’, fingiendo ante terceros una convención que no se encuentra destinada a producir los efectos aparentados. Así, es admitida la simulación como acto estructurado en dos declaraciones, a una de las cuales las partes restan eficacia, ‘en el entendimiento de que, en nuestro ordenamiento jurídico esa dicotomía, en cuanto lícita, está permitida…’ (G.J. T. CXXIV, pág. 290); conceptos estos de donde surge nítidamente la diferencia entre la simulación y la nulidad, pues en aquella no se alude en modo alguno a un vicio en los negocios jurídicos, como que por ese medio simplemente las partes persiguen un fin diferente del que aparece en el contrato mismo, mientras que en la nulidad, en cambio, la voluntad de las partes ‘persigue en todo caso la efectividad del acto, pero este surge viciado radicalmente en su causa o en su objeto, o sin la solemnidad exigida por la ley para que nazca a la vida del derecho’. (Sent. de ago. 29/51, LXX, 74)’ (Cas. Nov. 17/1998, Exp. 5016), a lo cual, ‘cabe recordar, ya para terminar, cómo lo que ha de presumirse es la seriedad, la realidad del negocio, y no su simulación, cual parecería entenderlo el acusador; de tal suerte que la voluntad manifestada por las partes conserva todo su vigor mientras no se demuestre lo contrario. En desarrollo de tal idea la Corte expuso, por ejemplo, que ‘en ese complicado proceso de desentrañar la verdad escondida tras los velos de la apariencia, todo conduce inicialmente a señalar que aquello que se expresó, corresponde a la realidad; en principio, entonces, lo exterior coincide con lo interior y de ese supuesto es necesario partir’ ‘[a]nte lo cual anotó todavía cómo en la labor investigativa atinente a la simulación surgen hechos de todas las especies que refuerzan unos la apariencia demandada, que la develan los otros; y es entonces cuando el fallador, sopesando esas circunstancias, haciendo uso de la autonomía que le asiste, opta por alguna de las soluciones que se le ofrecen; de allí que, una vez tomada la decisión, queden entonces, por lo general, algunos cabos sueltos, algunas circunstancias que se contraponen a lo decidido, pero sin que tales aspectos puedan constituir por sí mismos motivo bastante para quebrantar la conclusión del juzgador, el cual, precisamente, elaborando un juicio lógico-crítico desprecia las señales que le envían algunos hechos, para rendirse ante la evidencia que en su criterio arroja la contundencia de los demás’ (Cas. Civ. Feb. 26/2001, Exp. 6048)’ (Cas. Jul. 16/2001, Exp. 6362).

“Por consiguiente, la simulación constituye un negocio jurídico, cuya estructura genética se conforma por un designio común, convergente y unitario proyectado en dos aspectos de una misma conducta compleja e integrada por la realidad y la apariencia de realidad, esto es, la creación de una situación exterior aparente explicada por la realidad reservada, única prevalente y cierta para las partes.

“En consecuencia, si de simulación absoluta se trata, inter partes, la realidad impone la ausencia del acto dispositivo exterior inherente a la situación contractual aparente y la permanencia de la única situación jurídica al tenor de lo acordado, y, en caso de la simulación relativa, esa misma realidad precisa, entre las partes, la prevalencia del tipo negocial celebrado, el contenido acordado, la función autónoma que le es inherente, ora los sujetos; a este respecto, lo aparente no está llamado a generar efecto alguno entre las partes y, frente a terceros, in casu, dentro del marco de circunstancias concretas se definirán las diferentes hipótesis que pueden suscitarse entre estos conforme deriven derechos del titular real o del titular aparente en la cual, por principio se privilegia el interés de quien actuó de buena fe con base en la apariencia en preservación de esta, la regularidad y certidumbre del tráfico jurídico y de las relaciones jurídicas negociales’” (Cas. Civ. Sent. de jul. 30/2008, Exp. 41001-3103-004-1998-00363-01; iterada en Cas. Civ. Sent. de ago. 30/2010, Exp. 05376-3103-001-2004-00148-01; dic. 16/2010, Exp. C-47001-3103-005-2005-00181-01 y oct. 13/2011, Exp.11001-3103-032-2002-00083-01).

4. El cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 12 de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de Hugo Humberto Rodríguez Cortés, Mario Gabriel Rodríguez Alvira y Susana Alvira de Rodríguez contra Banco Popular S.A., Arprint S.A., Daniel Nova Pradilla y Ramón Nova Pradilla.

Costas de casación a cargo de los recurrentes. En su liquidación inclúyase seis millones de pesos ($ 6.000.000) por concepto de agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

Aclaración de voto

De manera muy breve me permito manifestar que, aunque comparto el sentido de la decisión que se adopta en la sentencia de casación proferida por la Corte, en cuanto que los cargos formulados contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el día 12 de noviembre de 2009 no estaban llamados a prosperar por diversas deficiencias de carácter técnico, estoy en desacuerdo con la afirmación que se hace en la sentencia en el sentido de que, a pesar de la expresa prohibición contenida, en su momento, en el parágrafo 2º del artículo 95 de la Resolución 21 de 1993 para que las operaciones de las instituciones financieras se estipularan en moneda extranjera, salvo que se tratara de operaciones de cambio internacional, contratos de leasing de importación o cierta clase de seguros, en caso de que una entidad sometida a la supervisión de entonces Superintendencia Bancaria hubiera pactado un negocio jurídico en dichas condiciones, tal operación —se afirma en la sentencia— no adolecía de nulidad absoluta sino que, siendo válida y eficaz, la obligación que de ella surgiera no podía pagarse en la divisa estipulada sino únicamente en moneda legal colombiana, al tenor de lo establecido en el artículo 874 del Código de Comercio.

Y no comparto dicha tesis por cuanto ella no corresponde al sentido que tenían las disposiciones vigentes para la época en la que se celebraron las operaciones que en el presente asunto se cuestionaron. En efecto, el parágrafo 2º del artículo 95 de la Resolución 21 de 1993 prohibía, de manera general, que las instituciones financieras pactaran sus operaciones en divisas, salvo algunos casos excepcionales, el más relevante, que se tratara de operaciones de cambio internacional. Por otra parte, de conformidad con el artículo 874 del Código de Comercio y las normas que lo han desarrollado, si se pacta una operación en moneda extranjera, esta se puede pagar en la divisa estipulada, si es legalmente posible (particularmente cuando corresponda a operaciones de cambio internacional); si no lo es, tales obligaciones se pagarán en moneda legal colombiana de conformidad con las normas vigentes el día del pago.

Es decir, esta última normatividad regula específicamente el pago de las obligaciones pactadas en monedas o divisas extranjeras, pero en manera alguna reglamenta las condiciones para la eficacia de los negocios que les dan origen o introduce una excepción a las disposiciones del estatuto cambiario que prohíban expresamente que algunos sujetos pacten sus operaciones en moneda extranjera.

Finalmente, tampoco comparto la argumentación contenida en el proyecto como refuerzo de la tesis de la que me aparto y que se apoya en diversas disposiciones de la Resolución 8 de 2000, sencillamente porque dicha normatividad no estaba vigente para la época en la que se perfeccionaron las operaciones de crédito que fueron objeto de controversia en este proceso.

Fecha ut supra 

Arturo Solarte Rodríguez