Sentencia 2001-00026 de septiembre 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Expediente 18001-23-31-000-2001-00026-01 (26.197)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Enriqueta Ordóñez Ramírez y otros.

Demandada: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

Acción: Reparación directa.

Bogotá, D.C., dos de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Como se expuso inicialmente, le corresponde a la Sala decidir el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el 15 de septiembre de 2003, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la entidad pública demandada y se la condenó al pago de las cantidades transcritas al inicio de esta sentencia.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(16), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en la muerte del señor Rodrigo Basto Quintero, en hechos ocurridos el 11 de julio de 1999 y, comoquiera que la demanda se interpuso el 30 de enero de 2001(17), resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tiene debidamente acreditado lo siguiente:

• Que el señor Rodrigo Basto Quintero falleció el 11 de julio de 1999, según se desprende del contenido de su registro civil de defunción, remitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil(18).

• Que el fallecimiento del señor Rodrigo Basto Quintero ocurrió en momentos en que tropas del Ejército Nacional que tripulaban un helicóptero enfrentaron un grupo subversivo que realizaba un retén en el sitio llamado Puerto Pacheco, aledaño al puente de la quebrada “La Granada”, en la vía que comunica a los municipios de El Doncello y Puerto Rico en el departamento del Caquetá.

En este sentido se tienen las declaraciones rendidas ante juez comisionado por los testigos presenciales que se transportaban en el mismo vehículo que la víctima. Alba Lucero Sterling Delgado relató(19):

“El 11 de julio de 1999, nos dirigíamos hacia Puerto Rico en el camión de don Lizandro (sic) Garzón pues del cual Rodrigo se había ido a acompañarlo a Pitalito, yo en Doncello me subí en el carro para venirnos a Puerto Rico y en el sitio Puerto Pacheco cerca a la quebrada la granada en el puente se presentó un enfrentamiento entre el ejército (sic) y la guerrilla en ese momento estaba sobrevolando un helicóptero el (sic) ejércitopues nosotros al ver ese problema nos fuimos y Rodrigo venía encima entre la carrocería del carro y la capota y más adelante paramos para ver porque yo me asomé y no vi a Rodrigo sentado y efectivamente estaba muerto a consecuencia del enfrentamiento de la guerrilla con el ejército (sic), allí había un retén de la guerrilla que cuando nosotros pasamos ya estaban dejando pasar los carros y en ese momento fue cuando hubo un intercambio de disparos, que inclusive que en ese mismo sitio tengo conocimiento que fue herida otra señora en la pierna, la cual se desplazaba en otro vehículo, luego nos devolvimos y lo llevamos al Hospital de El Doncello y allá el médico le hizo la necropsia respectiva” (se destaca).

Lisandro Garzón, conductor del automotor, expuso(20):

“... nosotros veníamos de Pitalito Huila con carga de la mona el señor Rodrigo venía como cotero, bajamos como dos toneladas en El Doncello eso fue un día sábado, luego el domingo nos vinimos para Puerto Rico como a las seis y cinco y llegamos a Puerto Pacheco y allí hubo un enfrentamiento y lo mataron (...) nos vinimos de Doncello y llegamos a Puerto Pacheco y había un retén de uniformados yo venía a una distancia de unos cien metros y estaban pasando más carros cuando apareció un helicóptero sobrevolando y empezó el enfrentamiento con los uniformados que presuntamente era (sic) de la guerrilla, en ese momento los uniformados se perdieron y nosotros pasamos y más adelante paramos a mirar si estaba Rodrigo porque él venía encima de la carga, y cuando lo miramos era que estaba muerto con un tiro en la cabeza y se encontraba boca abajo y al ver que estaba muerto nos devolvimos con él para el Doncello al hospital... en ese mismo enfrentamiento también apareció una señora que fue herida en una pierna la cual viajaba en un carro pequeño detrás de nosotros... el disparo que le acaeció la muerte al señor Rodrigo pudo haber venido de arriba del helicóptero” (se destaca).

Lo anteriormente relatado, refuta de manera contundente la información consignada en el oficio de 8 de mayo de 2001(21), suscrito por el Comandante de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional, quien señaló que el 11 de julio de 1999 sí se presentaron combates contra grupos al margen de la ley, pero que las tropas en desarrollo de operaciones militares no se encontraban cerca o sobre el puente de la quebrada “La Granada”, pues , como acaba de verse, la versión de los testigos presenciales refiere de manera clara y coincidente la presencia de una aeronave militar en el sitio de los hechos, así como el enfrentamiento con el grupo subversivo.

Igualmente, lo expuesto en el oficio 005144/ FTCS-BR12-B3-375 de 13 de septiembre de 2001(22), suscrito por el oficial B5 de la Décimo Segunda Brigada, carece de fuerza de convicción, pues aparece en abierta contradicción con la anterior comunicación, toda vez que en esta última misiva se afirmó expresamente que, para el 11 de julio de 1999, las unidades adscritas a dicha brigada no llevaron a cabo ninguna operación militar aérea ni terrestre, información que aparece totalmente alejada de la realidad de los hechos.

Sobre este particular se tiene que en las copias del libro diario de operaciones de la Décimo Segunda Brigada allegadas por la entidad demandada(23), se registró que el apoyo a los puestos de policía de El Paujil, Valparaiso y El Doncello, con ocasión de los hostigamientos ocurridos el 10, 11 y 12 de julio de 1999 incluyó el desarrollo de la misión “Alfa” y las operaciones “Rastrillo”, “Fortaleza”, “Fortín” y “Tucano”, apoyadas por el avión fantasma, en donde se registró la realización de “un asalto helicoportado con 4 compañías de la Brim 2 sobre el municipio del Doncello”, información que es coherente con la versión de los testigos presenciales, quienes señalaron la presencia de un helicóptero en el sitio de los hechos, desde el cual la tropa enfrentó a los subversivos en tierra.

• Que el señor Rodrigo Basto Quintero no tenía antecedentes penales, según lo consignado en las certificaciones emitidas por el Departamento Administrativo de Seguridad, Seccional Caquetá(24); la seccional de policía judicial e investigación del Departamento de Policía del Caquetá(25) y la Fiscalía General de la Nación(26).

4. La imputabilidad del daño a la demandada.

Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(27), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

De cara a lo anterior, con fundamento en lo probado en el proceso, es posible concluir que la imputación de responsabilidad a la entidad pública demandada en el presente asunto debe realizarse bajo el título de falla del servicio(28), comoquiera que la muerte del señor Rodrigo Basto Quintero se produjo en el marco de un enfrentamiento entre miembros de la fuerza pública y un grupo de subversivos que ejecutaban un retén ilegal.

Si bien es cierto que no aparece acreditado en el expediente que la muerte del señor Basto Quintero hubiera sido causada por uno de los proyectiles disparados por los efectivos militares o por los guerrilleros, si aparece probado, con meridiana claridad, que en el presente caso se desconoció una de las reglas esenciales del derecho internacional humanitario, cual es el principio de distinción, que impone a las partes en conflicto el deber de diferenciar entre combatientes y no combatientes, puesto que estos últimos no pueden ser nunca un objetivo de la acción bélica.

Resulta irrelevante para el caso concreto si los subversivos o la fuerza pública iniciaron el enfrentamiento o propinaron el disparo que acabó con la vida de la víctima, dado que el mencionado deber de respeto a la población civil subsistía y, con mayor razón, cuando los militares tenían a su favor una gran ventaja estratégica, representada en la posición helicoportada de la tropa, lo que les permitía tener una visión completa de lo que estaba ocurriendo en tierra y de la presencia de vehículos particulares y sus ocupantes, quienes podrían verse afectados con un combate.

Así las cosas, tal y como lo ha considerado la corporación en casos similares al que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala(29), se encuentra configurada una falla del servicio, en razón de la violación del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas del orden.

Debe reiterar la Sala que la población civil no combatiente se encuentra amparada por el principio de distinción consagrado en el “Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a lo protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (protocolo II)”, incorporado a la normatividad interna mediante la Ley 171 de 1994. Sobre el particular, en la Sentencia C-225/95, en la que se declaró lo exequibilidad del citado tratado, la honorable Corte Constitucional manifestó:

“28. Una de las reglas esenciales del derecho internacional humanitario es el principio de distinción, según el cual las partes en conflicto deben diferenciar entre combatientes y no combatientes, puesto que estos últimos no pueden ser nunca un objetivo de la acción bélica. Y esto tiene una razón elemental de ser: si la guerra buscó debilitar militarmente al enemigo, no tiene por qué afectar o quienes no combaten, ya sea porque nunca han empuñado las armas (población civil), ya sea porque han dejado de combatir (enemigos desarmados), puesto que ellos no constituyen potencial militar. Por ello, el derecho de los conflictos armados considera que los ataques militares contra esas poblaciones son ilegítimos, tal y como lo señala el artículo 48 del protocolo I, aplicable en este aspecto a los conflictos internos, cuando establece que las partes ‘en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares’.

“El artículo 4º del tratado bajo revisión recoge esa regla, esencial para la efectiva humanización de cualquier conflicto armado, puesto que establece que los no combatientes, estén o no privados de libertad, tienen derecho o ser tratados con humanidad y a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas.

“29. Este artículo 4º también adelantó criterios objetivos para la aplicación del principio de distinción, ya que las partes en conflicto no pueden definir a su arbitrio quien es o no es combatiente, y por ende quien puede ser o no objetivo militar legítimo. En efecto, conforme a este artículo 4º, el cual debe ser interpretado en armonía con los artículos 50 y 43 del protocolo I, los combatientes son quienes participan directamente en la hostilidades, por ser miembros operativos de las fuerzas armadas o de un organismo armado incorporado a estos fuerzas armadas. Por ello este artículo 4º protege, como no combatientes, a “todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas”. Además, como lo señala el artículo 50 del Protocolo I, en caso de duda acerca de la condición de una persono, se lo considerará como civil. Ella no podrá ser entonces objetivo militar. Es más, el propio articulo 50 agrega que “la presencia entre la población civil de personas cuya condición no responda a la definición de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil”. En efecto, tal y como lo señala el numeral 3º del artículo 13 del tratado bajo revisión, las personas civiles sólo pierden esta calidad, y pueden ser entonces objetivo militar, únicamente ‘si participan directamente en los hostilidades y mientras dure tal participación’.

“Las obligaciones derivadas del principio de distinción.

“30. Esta distinción entre población combatiente y no combatiente tiene consecuencias fundamentales. Así, en primer término, tal y como lo señala la regla de inmunidad del artículo 13, las partes tienen la obligación general de proteger a la población civil contra los peligros procedentes de las operaciones militares. De ello se desprende, como señala el numeral 2º de este artículo, que esta población, como tal no puede ser objeto de ataques militares, y quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarlo. Además, esta protección general de lo población civil contra los peligros de la guerra implica también que no es conforme al derecho internacional humanitario que una de los partes involucre en el conflicto armado a esta población, puesto que de esa manera la convierte en actor del mismo, con lo cual la estaría exponiendo a los ataques militares por la otra parte...

“34. En ese orden de ideas, la Corte no comporte el argumento, bastante confuso, de uno de los intervinientes, para quien lo protección a la población civil es inconstitucional, por cuanto los combatientes podrían utilizar o esta población como escudo, con lo cual la expondrían ’o sufrir los consecuencias del enfrentamiento”. Por el contrario, la Corte considera que, como consecuencia obligada del principio de distinción, los partes en conflicto no pueden utilizar y poner en riesgo a la población civil para obtener ventajas militares, puesto que ello contradice su obligación de brindar una protección general a la población civil y dirigir sus operaciones de guerra exclusivamente contra objetivos militares’.

El artículo 13 del protocolo II establece:

“Protección de la población civil. 1º La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.

“2. ‘No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.

“3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación” (se destaca).

En aplicación de los anteriores criterios, en sentencia de 6 de julio de 2005(30), la Sala sostuvo:

“En el presente caso, se desconoció el principio de distinción por parte de los miembros del Ejército Nacional en el operativo del siete de octubre de 1992, dado que los pasajeros del bus, personas civiles, fueron atacados de manera indiscriminada por los miembros de la fuerza pública. Debe recurrirse a la definición de términos del protocolo I(31) para entender la anterior afirmación: se trató de un ataque, término bajo el cual quedan comprendidos tanto los actos defensivos como los ofensivos contra el adversario, tal como lo prevé el artículo 49 de dicho protocolo; resulta irrelevante si en este caso los subversivos o la fuerza pública iniciaron el enfrentamiento, dado que el deber de respeto a la población civil subsistía cualquiera que fuera la naturaleza del ataque. En el mismo sentido, además de tratarse de un ataque contra no combatientes, éste fue de carácter indiscriminado, como lo establece, en el mismo protocolo, el artículo 51:

“5. Se consideraran indiscriminados, entre otros, los siguientes tipos de ataque:...

(...).

“b) los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista” (se destaca).

A la luz de los precedentes jurisprudenciales traídos a colación, es posible considerar que el hecho de quedar en medio del enfrentamiento armado, además de situar en indefensión a los civiles no combatientes, materializa el rompimiento del principio de distinción y, para el caso concreto, dicho enfrentamiento se puede catalogar como un “ataque indiscriminado”, según lo consagrado en el citado artículo 51 del protocolo I adicional a los convenios de Ginebra de 1949, ya que era previsible la causación de daños a la población civil que se encontraba en el retén, los cuales no pueden entenderse justificados en desmedro de los no combatientes y en aras de aprovechar una ventaja estratégica de la fuerza pública, pues resulta claro que esa exposición al peligro involucraba un alto potencial de daño asociado, daño que en efecto tuvo ocurrencia en el sub lite, sin que la víctima tuviera el deber jurídico de soportarlo.

Por consiguiente, se impone concluir que en el sub judice concurren los elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado a causa de los daños sufridos por los demandantes como consecuencia de la muerte del señor Rodrigo Basto Quintero, bajo el título jurídico de imputación de la falla del servicio, sin que la entidad demandada hubiere acreditado la existencia de una causa extraña que pudiere eximirla de responsabilidad por ese hecho, razones que sirven de apoyo para confirmar la sentencia consultada.

5. La indemnización de perjuicios.

En este punto, la Sala debe precisar que, en razón a que el grado jurisdiccional de consulta se surte a favor de la entidad pública condenada, no hay lugar a incrementar las indemnizaciones otorgadas por el a quo.

5.1. Perjuicios morales reconocidos a los demandantes.

Según se acreditó en el presente asunto, el daño que se imputó a la entidad demandada en la sentencia de primera instancia se produjo por la muerte del señor Rodrigo Basto Quintero, en las circunstancias descritas en la parte considerativa de este proveído, todo lo cual produjo a los demandantes, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se tiene que obra dentro del expediente copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Rodrigo Basto Quintero, en donde consta que Urbano Basto y Ermencia Quintero son sus padres(32). Así mismo, aparecen los registros civiles de nacimiento de los señores Raúl(33), Urbano(34) y Edermino Basto Quintero(35), de los cuales se desprende que son hermanos de la víctima.

De otra parte, se tiene el registro civil de matrimonio entre Rodrigo Basto Quintero y Enriqueta Ordóñez Ramírez(36) y los registros civiles de nacimiento de Gilberto(37), Orfenys(38), Hermencia(39) y Francy Basto Ordóñez(40), con los que se acredita la calidad de esposo y padre de los mencionados demandantes.

Con los documentos señalados se prueba debidamente el vínculo familiar entre los demandantes y la víctima, parentesco que, unido a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que aquellos sufrieron con la muerte de aquel.

La jurisprudencia frente a la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, ha considerado que, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para cuyo propósito debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la aflicción y de sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

Este entendimiento es congruente con la posición recientemente reiterada por la Sala Plena de la sección(41), en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.

Así las cosas, demostrada como está la condición de víctima del señor Rodrigo Basto Quintero y el vínculo de parentesco que lo une con los demandantes, habrá lugar a confirmar la decisión adoptada en la sentencia consultada respecto del reconocimiento, a título de daño moral, de los montos establecidos para cada uno de los actores, no sin antes advertir que el error de simple transcripción en el nombre de uno de los actores(42) será subsanado en esta oportunidad, habida cuenta de que el fallo consultado no tiene firmeza jurídica y le corresponde a la Sala decidir sobre su conformidad con el derecho aplicable(43).

5.2. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Teniendo en cuenta que en el proceso se demostró debidamente que el señor Rodrigo Basto Quintero devengaba al momento de los hechos una suma mensual de $ 300.000, tal como lo señaló su empleadora, la señora Alba Lucero Sterling Delgado(44), encuentra la Sala que la liquidación realizada por el a quo se ajusta a los criterios fijados en la jurisprudencia de esta corporación en relación con el lucro cesante reconocido a favor de la esposa y los hijos del fallecido.

De otra parte, si bien la Sala encuentra conforme a derecho este aspecto de la sentencia de primera instancia, habrá de modificarlo para efectos de reliquidar los perjuicios materiales reconocidos en dicho fallo, en cuanto se refiere a la actualización monetaria a valor presente, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes(45), sin que esto suponga, en modo alguno, desconocer que el grado jurisdiccional de consulta se surte a favor de la entidad pública condenada, para lo cual se aplicará la fórmula utilizada reiteradamente por esta corporación para actualizar la renta.

Así pues, comoquiera que el a quo ordenó en el fallo de primera instancia el pago de indemnizaciones por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, para la esposa e hijos de la víctima, la Sala actualizará dichos montos hasta la actualidad.

Para tal efecto la fórmula aplicable es la siguiente:

En donde:

S2001-00026formula1CE.jpg
 

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar;

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el correspondiente a la fecha en que se realiza la actualización (113.80);

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el que correspondió a la fecha de la sentencia de primera instancia, desde la cual se va a realizar la actualización (sep. 15/2003 - 75.26)

S2001-00026formula2CE.jpg
 

6. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia consultada, esto es, la proferida el 15 de septiembre de 2003, por el Tribunal Administrativo del Caquetá, la cual en su parte resolutiva quedará así:

“1. DECLARAR la responsabilidad patrimonial y administrativa de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por la muerte del señor Rodrigo Basto Quintero, ocurrida el 11 de julio de 1999, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar analizadas en la parte considerativa.

2. CONDENAR al ente demandado a pagar a título de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes, el equivalente en pesos que a la fecha en que se surta el pago, tengan cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Enriqueta Ordóñez Ramírez (esposa), Gilberto, Orfenys, Hermencia y Francy Basto Ordóñez (hijos); cincuenta (50) salarios minimos legales mensuales vigentes para Urbano Basto y Ermencia Quintero (padres) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Edermino, Raúl, y Urbano Basto Quintero (hermanos).

3. CONDENAR al ente demandado a pagar por concepto de perjuicios materiales en la forma de lucro cesante (causado y futuro) las siguientes sumas de dinero, a favor de las personas que a continuación se indican:

A) Para la señora Enriqueta Ordóñez Ramírez la suma de sesenta y seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos m/cte. ($ 66.655.394).

B) Para Gilberto Basto Ordóñez la suma de tres millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos trece pesos m/cte. ($ 3.847.613).

C) Para Orfenys Basto Ordóñez la suma de cuatro millones cuatrocientos seis mil ciento cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($ 4.406.144).

D) Para Hermencia Basto Ordóñez la suma de seis millones trescientos diecisiete mil seiscientos treinta y tres pesos m/cte. ($ 6.317.633).

E) Para Francy Basto Ordóñez la suma de siete millones ciento setenta y tres mil novecientos tres pesos m/cte. ($ 7.173.903).

4. ORDENAR la devolución a la parte demandante, del remanente del depósito para gastos ordinarios del proceso, si lo hubiere.

5. ORDENAR que una vez en firme la decisión se expidan copias con destino a la parte actora y en los términos del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, copias de esta decisión para efectos de su cumplimiento.

6. ORDENAR que cumplido lo anterior, se archive el expediente previas las constancias en los libros del caso”.

2. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(16) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(17) Folio 23 vto. del cuaderno principal 1.

(18) Folio 11 del cuaderno de pruebas de la parte demandante.

(19) Folios 35 y 36 del cuaderno de pruebas de la parte demandante.

(20) Folios 39 y 40 del cuaderno de pruebas de la parte demandante.

(21) Folio 10 del cuaderno de pruebas de la parte demandada.

(22) Folio 2 del cuaderno de pruebas de oficio.

(23) Folios 13 y 14 del cuaderno de pruebas de la parte demandada.

(24) Folios 3 y 18 del cuaderno de pruebas de la parte demandada.

(25) Folios 4 y 17 del cuaderno de pruebas de la parte demandada.

(26) Folio 7 del cuaderno de pruebas de la parte demandada.

(27) Expediente 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(28) En copiosa jurisprudencia la Sala ha señalado que cuando se advierta que el daño por el cual se reclama reparación ha sido producto de un mal funcionamiento de la Administración, ello se debe poner de presente y el título de imputación con arreglo al cual se debe decidir el litigio ha de ser el de falla del servicio, en aras del cumplimiento del deber de diagnóstico y pedagogía que le corresponde al juez al definir la responsabilidad del Estado y con el fin de que éste pueda repetir contra el agente que dolosa o culposamente hubiere producido el daño, en caso de que resulte condenado a la correspondiente reparación, situación que releva el estudio del caso desde la perspectiva de los títulos objetivos de imputación. Al respecto ver entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera: sentencia de 19 de agosto de 2004, expediente 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 10 de marzo de 2005, expediente 14808, C.P. Germán Rodríguez y, sentencia de 26 de abril de 2006, expediente 15427, C.P. Ruth Stella Correa.

(29) En este sentido, en sentencia de 6 de julio de 2005, —Exp. 13.969, C.P. Alier E. Hernández Enríquez—, la Sala sostuvo que la falla del servicio también se verificaba a partir de la violación de normas de derecho humanitario por parte de los miembros de la fuerza pública que intervinieron en el operativo, específicamente las que regulan el trato a la población civil en situaciones de conflicto armado interno. Este criterio fue reiterado en sentencia de 5 de junio de 2008, Expediente 14.526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(30) Expediente 13.969, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(31) Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (protocolo I), incorporado a la normatividad interna mediante la Ley 11 de 1992.

(32) Folio 7 del cuaderno principal 1.

(33) Folio 6 del cuaderno principal 1.

(34) Folio 8 del cuaderno principal 1.

(35) Folio 8 del cuaderno de pruebas de la parte demandante.

(36) Folio 9 del cuaderno principal 1.

(37) Folio 10 del cuaderno principal 1.

(38) Folio 11 del cuaderno principal 1.

(39) Folio 12 del cuaderno principal 1.

(40) Folio 13 del cuaderno principal 1.

(41) Sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(42) En la parte resolutiva del fallo consultado se consignó erróneamente que uno de los beneficiados con la condena era “Edermiro Basto Quintero”, cuando en realidad se trata de “Edermino Basto Quintero”, según se consignó en el poder otorgado y la demanda, aspecto que se verifica con su registro civil de nacimiento, obrante a folio 8 del cuaderno de pruebas de la parte demandante.

(43) En el mismo sentido se pronunció la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de 7 de noviembre de 2012, Expediente 24.531, en sede de consulta, al disponer la corrección de un error de trascripción en el nombre de uno de los demandantes.

(44) Folios 35 y 36 del cuaderno de pruebas de la parte demandante.

(45) Para la actualización de la condena se tendrá en cuenta el IPC certificado por el DANE, generado con la metodología base 2008, por ser la aplicable a la fecha y contener el ajuste de los índices hacia el pasado, cobijando la época en que se impuso la condena de primera instancia, criterio expuesto por la subsección, entre otras, en las siguientes providencias: sentencia del 7 de julio de 2011, Expediente 20724; sentencia del 9 de mayo de 2012, Expediente 23361; sentencia del 3 de abril de 2013, expediente 25671; sentencia del 17 de abril de 2013, Expediente 36566; sentencia del 27 de junio de 2013, Expediente 24.559.