Sentencia 2001-00029 de marzo 20 de 2013

 

Sentencia 2001-00029 de marzo 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 25000-23-15-000-2001-00029-02(AG)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Gloria Patricia Quintero y otros

Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá y otros

Referencia: Ejecutivo derivado de sentencia

Bogotá, D.C., marzo veinte de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Advirtiendo que la sentencia de primera instancia será revocada parcialmente, la Sala abordará los siguientes aspectos que sustentan la decisión de fondo: i) La competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto; ii) El régimen de excepciones aplicable al caso concreto: Discusión sobre las causales del artículo 784 del Código de Comercio y las causales del artículo 509, Código de Procedimiento Civil, iii) El caso concreto y lo probado en el proceso.

1. Competencia del Consejo de Estado.

Esta Sala se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativa para conocer de procesos ejecutivos, para señalar —a la luz de la Ley 1107 de 2006 (aplicable al caso concreto)— que solo conoce de los siguientes: i) de los ejecutivos derivados de contratos estatales, al amparo del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, y ii) de los ejecutivos derivados de sentencias de esta misma jurisdicción, al amparo del artículo 132.7 Código Contencioso Administrativo(3). De otros procesos ejecutivos conoce la jurisdicción ordinaria.

Adicionalmente, como el proceso sub iudice se inició antes de que entrara en vigencia la Ley 1437 de 2011, el análisis a que remite el párrafo anterior se conserva(4); aunque la conclusión tampoco varía si se introduce esta norma, pues conforme a ella la jurisdicción que conoce de los procesos ejecutivos derivados de sentencias será esta misma jurisdicción. Incluso, la nueva ley extendió la competencia, para comprender los ejecutivos derivados de laudos arbitrales, donde sea parte una entidad estatal —art. 104.6(5)—. En este último evento es evidente que la sentencia —laudo— no la dicta la jurisdicción administrativa, pero por las particularidades del funcionamiento de los tribunales de arbitramento, el legislador asignó el proceso ejecutivo al juez administrativo.

Comentario adicional merece la circunstancia de que la providencia que constituye el título ejecutivo, en este proceso, es una sentencia dictada en una acción constitucional denominada acción de grupo, cuyo régimen procesal, si bien es especial en relación con el trámite, en todo caso no difiere en cuanto a la competencia para conocer del proceso ejecutivo que se deriva de la sentencia no cumplida por el condenado, pues el artículo 66 de la Ley 472 de 1998 establece que: “La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso”, razón por la cual presta mérito ejecutivo.

Ahora, la ley procesal contencioso administrativa no distingue cuáles sentencias que dicta prestan mérito ejecutivo; se limitó a señalar, en el artículo 132.7, con radicalidad, que: “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (...) 7. De los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando la cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales”.

En estos términos, sumado a que el artículo 68 de la Ley 472 de 1998 añadió que “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”, entonces la jurisdicción y la competencia para conocer de este proceso ejecutivo quedó perfectamente definida desde la primera instancia, teniendo en cuenta, además, que esta acción constitucional, a diferencia de la tutela y la popular, no tiene previsto el incidente de desacato en caso de incumplimiento de la orden judicial con que concluye la actuación.

2. Régimen de excepciones aplicable en el proceso ejecutivo derivado de sentencias.

Definido lo anterior, es necesario establecer el régimen de las excepciones procedentes en este proceso ejecutivo —para analizar y decidir el asunto apelado—, y de esta forma examinar lo propuesto por la parte demandada.

Además de las razones expuestas, y considerando que el Código de Procedimiento Civil regula las excepciones del proceso ejecutivo, esta Sección, en sentencia de julio 27 de 2005 —expediente 23.565—, interpretó el artículo 509.2 del Código de Procedimiento Civil —que coincide con el 335 del Código de Procedimiento Civil—, concluyendo que, tratándose de procesos ejecutivos derivados de sentencia, laudo de condena, u otra providencia que conlleve ejecución. Únicamente proceden las excepciones que de forma taxativa dispone dicha norma.

En estos términos, el régimen de las causales que pueden alegarse como excepciones en los procesos ejecutivos son dos: i) las previstas en el articulo 784 Código de Comercio analizado, el cual solo aplica tratándose de procesos que tengan como fuente un título valor, y ii) las causales contempladas en los artículos 335 y 509 del Código de Procedimiento Civil.

Bajo este entendimiento, según la sentencia analizada, cuando se adelante un proceso ejecutivo derivado de una sentencia, laudo de condena o en otra providencia que conlleve ejecución, solo procederán las excepciones de “[p]ago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los numerales 7º y 9º del artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida”.

Lo anterior, debido a que la parte ejecutada propuso cuatro excepciones sin tener el cuidado y la técnica jurídica adecuada de enmarcar sus alegaciones en las circunstancias correspondientes de los artículos 335 y 509, pero que resolvió correctamente el tribunal administrativo.

3. El caso concreto, y lo probado en el proceso.

La inconformidad del recurrente se circunscribe a cuestionar: i) la decisión del a quo de actualizar, oficiosamente, la condena que se le impuso, desde la fecha en que se profirió la sentencia y hasta el 30 de mayo de 2010, a pesar de que la providencia del Consejo de Estado no autoriza hacer esta operación matemática, es decir, que en criterio del apelante se debe mantener el monto que estableció la providencia en el año 2007. En sus palabras: “no nos oponemos al pago ordenado, no nos oponemos a la firma de las escrituras por parte del Distrito Capital, acompañó el acto administrativo que así lo autoriza y la relación de escrituras públicas que se encuentran radicadas en la Defensoría del Pueblo” —fl. 4600, cdno. ppal. 12—. De otro lado, ii) se cuestionó si la condena por alteración a las condiciones de existencia debe pagarse en SMLMV al momento de la sentencia del Consejo de Estado o al efectuarse el pago...” —fl. 4602, cdno. ppal. 12—.

La parte ejecutante, por su lado, considera que el tribunal actuó correctamente, ya que uno es el dinero liquidado en la sentencia de 2007 y otro el de 2010, porque el paso del tiempo deprecia la moneda.

Para resolver, la Sala recuerda que en el expediente se encuentra acreditado que la Sección Tercera del Consejo de Estado condena al Distrito de Bogotá a pagar, a título de indemnización de perjuicios materiales y de alteración de las condiciones de existencia, la suma de $ 16.303´410.500 —auto del 23 de abril de 2009— a los integrantes del grupo que se hayan constituido como parte en el proceso que da lugar a la sentencia dictada el 18 de octubre de 2007, y los que lo hagan después, en los términos señalados en la parte motiva de la providencia —auto del 23 de abril de 2009—.

El Distrito de Bogotá cumplió parcialmente las obligaciones que le impuso la sentencia, y por eso la parte actora inició el proceso ejecutivo. En virtud de esto, está claro que la sentencia que dicto a Sección Tercera del Consejo de Estado, el 18 de octubre de 2007, fue objeto de varias solicitudes de aclaración, adición y corrección —interpuestas tanto por la parte actora como por la demandada—, resueltas mediante auto del 23 de abril de 2009, lo que en términos del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil significa que esta decisión de segunda instancia quedó ejecutoriada en la última fecha indicada, pues dispone esta norma:

“ART. 331.—Ejecutoria. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza solo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.

“Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta.

“La interposición del recurso de anulación contra un laudo arbitral, no suspende ni impide su ejecución. No obstante, el interesado podrá ofrecer caución para responder por los perjuicios que la suspensión cause a la parte contraria. El monto y la naturaleza de la caución serán fijados por el competente para conocer el recurso de anulación en el auto que avoque conocimiento, y esta deberá ser constituida dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de aquel, so pena de que se declare desierto el recurso. Una vez aceptada la caución, en las condiciones y términos fijados por el tribunal, se entenderá que los efectos del laudo se encuentran suspendidos. Cuando el recurrente sea una entidad pública no habrá lugar al otorgamiento de caución” (resaltado fuera de texto).

Ahora bien, la firmeza o ejecutoriedad de la sentencia es condición para exigir su cumplimiento, bien por la fuerza del proceso ejecutivo, pues el artículo 332 establece que a partir de ese momento goza de la característica de la cosa juzgada, pero sobre todo porque el artículo 334 del mismo código dispone sobre al(sic) respecto que: “Podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas, o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y cuando contra ella se haya concedido apelación en el efecto devolutivo.

“Si en la providencia se fija un plazo para su cumplimiento o para hacer uso de una opción, este solo empezará a correr a partir de la ejecutoria de aquella, o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso. La condena total o parcial que se haya subordinado a una condición, solo podrá ejecutarse una vez demostrado el cumplimiento de esta”.

No obstante la claridad acerca del momento a partir del cual es ejecutable una sentencia —tiempo u oportunidad—, la Sala debe resolver no tanto esta cuestión como sí la obligación ejecutable —que proviene de la sentencia— se limita única y exclusivamente al monto o a la prestación impuesta, o si puede variarse en el proceso ejecutivo, así sea levemente y en casos extraordinarios. Esta averiguación indaga por el contenido de la obligación que presta mérito ejecutivo, al margen del momento en que es ejecutable la sentencia. Para la Sala, la cuestión se esquematiza con las siguientes ideas:

i) Como regla general, el proceso ejecutivo derivado de una sentencia se circunscribe a exigir el cumplimiento literal de la obligación que impone la parte resolutiva; no obstante, existen excepciones:

ii) Es posible exigir un pago adicional al que expresa literalmente la condena, tratándose de obligación de pagar sumas de dinero, según dispone el artículo 491 del Código de Procedimiento Civil, que establece que tratándose del pago de una cantidad líquida de dinero, esta es liquidable en el proceso ejecutivo, de manera que en tal supuesto la suma total no está expresada en la providencia, aunque sí la manera de llegar a ella(6).

iii) La anterior idea la refuerza el artículo 497, que dispone que el mandamiento de pago que libra el juez ordenará cumplir la obligación en la forma indicada en el título ejecutivo —en este caso la sentencia—, si eso es posible; en caso contrario lo hará “... en la [forma] que aquel considere legal”(7) —palabra en corchetes fuera de texto—.

iv) El artículo 498 establece una excepción más: el mandamiento ejecutivo incluye la orden de pagar los intereses del capital, suma que no determina literalmente el título —cuando se trata de una sentencia— sino que proviene de la ley, quien los impone en virtud de la mora en cumplir la providencia judicial; no obstante, en este evento la providencia que se dicta en el proceso ejecutivo es quien adiciona la obligación de pagar, superando el monto que contempla literalmente la sentencia.

v) Los artículos 499 a 501 del Código de Procedimiento Civil también contemplan la posibilidad de que el mandamiento de pago no solo incorpore la obligación de dar, de hacer y de no hacer, sino también el cálculo de los perjuicios moratorios por no cumplir la obligación, orden que tampoco proviene del título ejecutivo —la sentencia—, sino de la ley, que autoriza incluir este valor en el mandamiento de pago.

vi) Finalmente, también es posible indicar en el mandamiento de pago una suma diferente a la prevista en la sentencia, si la providencia lo ordenó y autorizó, es decir, si la sentencia condenó a pagar no solo la suma líquida que indica, sino también —por ejemplo— esa misma suma “debidamente actualizada o indexada”. En este caso el juez del proceso ejecutivo actúa en cumplimiento de la orden judicial.

En conclusión, aunque lo usual es qua el proceso ejecutivo sea una réplica económica del título valor que le sirve de causa —sentencia en este caso—, también es cierto que existen varios casos —tampoco son infrecuentes— donde el mandamiento de pago añade valores no previstos expresamente allí. No obstante, lo común a estos supuestos es que rompe la regla general indicada, pero esto solo procede por dos razones: i) por autorización legal o ii) porque así lo dispone la sentencia que se ejecuta.

Aplicadas estas ideas al caso concreto, la Sala encuentra que la actualización oficiosa de una condena, por parte del juez de la ejecución, no está autorizada por la ley en ninguno de los supuestos analizados, es decir, que por esta razón no procedería actuar de la manera en que lo hizo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que ahora reprocha la parte ejecutada. Incluso, esta Sala ni siquiera cuestiona la validez del razonamiento que empleó el a quo, pues es posible pensar que una condena se debe pagar actualizada a la fecha en que la cancele el deudor; no obstante, esta forma de analizar el problema exige varias precisiones.

En primer lugar, que el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo ya dispuso que las condenas de sumas líquidas de dinero, que se haga en las sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se deben actualizar tomando como base el IPC; esto significa que la actualización debe constar en la sentencia, o por lo menos ella misma ordenarla; pero de ninguna manera puede hacerse oficiosamente en el proceso ejecutivo.

En segundo lugar, que cuando está ejecutoriada una sentencia ya presta mérito ejecutivo, en caso de que el obligado no cumpla las órdenes que establece ella —o la ley—, de ahí que la literalidad de la condena vincule al juez de la ejecución, y solo en los casos que ella misma permita ajustar la condena —después de dictada la providencia— podrá hacerlo el juez de la ejecución.

Sin embargo, se explicó atrás que en algunos pocos casos la ley autoriza incluir en el mandamiento de pago, y luego en la sentencia de proceso ejecutivo, sumas de dinero no previstas en esta: intereses o indemnizaciones por mora, pero tales supuestos son expresos y limitados, de ahí que en el caso concreto no era posible que el a quo agravara la condena, actualizando la suma desde la fecha de la sentencia hasta el 30 de mayo de 2010.

Esto significa que la potestad de actualizar una suma de dinero solo la tiene el juez del proceso ordinario, porque esa decisión hace parte de la condena; y el juez del proceso ejecutivo solo podrá hacerlo si la misma sentencia se lo ordena y autoriza, en cuyo caso el mandato de actualizar sigue procediendo de la sentencia inicial. Ahora, el juez de la ejecución sí tiene poderes propios para calcular intereses u otras indemnizaciones derivadas de la mora en el pago, porque la ley se lo autoriza expresamente.

En tercer lugar, revisada la sentencia de primera instancia, en el proceso de acción de grupo, la Sala observa que la condena que se impuso al Distrito, en la parte resolutiva cuarta, establecía que la condena in genere, que posteriormente se concretaría, se debía liquidar “indexados a la fecha en que se realice el pago”(8), es decir, que con esta fórmula el Tribunal Administrativo impuso la obligación de mantener la fórmula de ajuste no hasta la fecha de la sentencia sino hasta la de pago, es decir, que se proyectaba por fuera de la ejecutoria de la decisión, hasta la fecha de cancelación por parte del Distrito, así que la parte condenada debía realizar la operación de actualización del capital, y si no cumplía la orden quedaba facultado el juez de la ejecución para librar mandamiento de pago, y luego la sentencia, incluyendo esta suma. En tal caso el juez actuaba en cumplimiento de la orden judicial.

No obstante, esta providencia fue apelada, y el Consejo de Estado modificó la decisión cuarta, disponiendo que se condenaba en concreto a favor de los integrantes del grupo, pero en esta ocasión no se mantuvo la orden de actualizar la condena hasta la fecha del pago, sino que la actualización se hizo hasta la fecha de la sentencia(9).

De esta manera, se confirma que la posibilidad de actualizar la condena, hasta una fecha diferente a la que hizo el ad quem, resulta injustificada y carente de apoyo en norma o providencia alguna, por el contrario, la orden que autorizaba esta forma de proceder fue modificada y la sentencia de segunda instancia dispuso pagar en condiciones diferentes.

Esta orden, incluso, fue objeto de una solicitud de aclaración por parte del Distrito, frente a lo cual dispuso la Sección Tercera, confirmando su entendimiento, que: “Al entender del representante del Distrito Capital, si lo que se pretendía en la parte resolutiva de la sentencia era dejar sin efectos el numeral cuarto del fallo definitivo proferido por el a quo, debía revocarse expresamente, conducta esta que no se adoptó. La Sala no comparte esta idea, toda vez que de manera clarísima, se señaló como se observa de la trascripción efectuada, que el antiguo numeral cuarto de la sentencia proferida en primera instancia dentro del proceso, fue modificado con ocasión del recurso de apelación que resolvió la sentencia de segunda instancia. La expresión “el cual quedará así” entonces, extrañamente le ofrece confusión a dicho apoderado”.

En estos términos, la nueva orden no dispuso actualizar a condena hasta una fecha diferente a la de la sentencia, decisión que tampoco fue objeto de solicitud de aclaración, adición o corrección de la decisión, por parte de los actores, lo que hace suponer que quedaron conformes con la manera como se resolvió esta pretensión(10).

Para la Sala, según lo analizado, no existe fundamento para que el juez del proceso ejecutivo actualice la condena, ni entre la fecha de la providencia inicial y la de expedición del auto que se pronunció sobre las solicitudes de aclaración, adición o corrección de la decisión; ni entre esta fecha y la de pago efectivo; otra cosa es la condena al pago de intereses por mora en cumplir la orden judicial, pero este aspecto no se analiza aquí, porque no fue objeto del recurso de apelación.

Ahora bien, en relación con la conversión de los salarios mínimos que concedió la Sección Tercera, por concepto del daño por alteración de las condiciones de existencia, la Sala remite a la lógica del análisis del aspecto anterior; es decir, que el valor del salario mínimo que se debe utilizar en el proceso ejecutivo es el que empleó la sentencia que impuso la condena, es decir, el del año 2007 —$ 433.700— porque fue el monto que empleó la Sección para imponer y liquidar la condena en concreto.

Si se observa la parte resolutiva de la providencia, allí no se condenó a pagar “10 salarios mínimos”, ni a cancelar “10 salarios mínimos a la fecha en que se realice el pago”; sino “...a pagar a título de indemnización de perjuicios materiales y de alteración de las condiciones de existencia, la suma de diez y seis mil trescientos tres millones cuatrocientos diez mil quinientos pesos moneda legal colombiana ($ 16.303.410.500 MLC) a los integrantes del grupo...”, valor que incluye los 10 salarios mínimos, convertidos directamente por el ad quem al valor de la fecha de la sentencia: 18 de octubre de 2007(11).

En estas condiciones, la condena del Consejo de Estado no solo fue en concreto, sino que precisó desde cuándo y hasta cuándo se actualizaba la misma, y no autorizó extender esta operación matemática más allá de los hitos indicados; y también convirtió los salarios mínimos en que se expresó la condena por concepto del daño por alteración de las condiciones de existencia al año que consideró justo, así que en el proceso de ejecución solo se puede cobrar el monto concreto de la condena, salvo mora en su pago, en cuyo caso se generan intereses, no analizados en esta providencia.

4. La condena en costas.

Para el estudio de las costas de este proceso se debe acudir al artículo 510 de esa normatividad. Sobre el particular, se ha expuesto:

“El proceso ejecutivo adelantado ante esta jurisdicción está sometido a las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan el proceso ejecutivo de mayor cuantía, por disponerlo así el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, de manera que debe aplicarse la regulación especial establecida en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 51 de la Ley 794 de 2003, (...).

“Se tiene así que la condena en costas dentro del proceso ejecutivo está sometida a las condiciones particulares previstas para este proceso y no a las previsiones contenidas en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

“Cabe igualmente advertir que tampoco es aplicable lo dispuesto respecto de costas en los parágrafos 2º y 3º del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, en consideración a que las aludidas normas del Código de Procedimiento Civil son especiales para los procesos ejecutivos y posteriores a las del estatuto contractual”(12).

Advirtiendo, entonces, que el régimen de las costas en el proceso ejecutivo —a diferencia de los declarativos en materia contencioso administrativa— es objetivo(13), esto es, no exige el análisis de la conducta asumida por las partes durante el trámite del mismo —como lo pide el apelante—, es necesario tener en cuenta que en el presente caso prosperó el recurso de apelación. Al respecto, el literal e) del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil dispone:

“ART. 510.—De las excepciones se dará traslado al ejecutante por diez días, mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas, adjunte y pida las pruebas que pretenda hacer valer.

“Surtido el traslado se tramitarán así: (...).

“e) Si las excepciones no prosperan, o prosperaren parcialmente, la sentencia ordenará llevar adelante la ejecución en la forma que corresponda, condenará al ejecutado en las costas del proceso y ordenará que se liquiden;

“Cuando las excepciones prosperen parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 392, y (...)” (resaltado fuera de texto).

En esta perspectiva, la Sala encuentra que el proceso ejecutivo se originó por la existencia de varias órdenes que impuso una sentencia de esta jurisdicción, que contienen obligaciones claras, expresas y exigibles(14). Además, en diversas oportunidades el Distrito aceptó la existencia de la obligación originada en la sentencia, y manifestó estar presto a cumplirla.

Esta situación permite concluir que, sumado a que prosperó el recurso de apelación, el ejecutante tenía razón para activar la jurisdicción —presentando la demanda ejecutiva— en virtud del incumplimiento en el pago de su crédito; pero también tenía razón el Distrito en discutir el alcance de la obligación dineraria impuesta en la sentencia, por tanto, teniendo en cuenta esta circunstancia, la Sala no condenará a pagar costas de la segunda instancia a ninguna de las partes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de noviembre de 2010, por las razones expuestas en esta providencia. En consecuencia, la parte resolutiva quedará así

“PRIMERO: Negar las excepciones propuestas por el Distrito Capital de Bogotá - Alcaldía Local de San Cristóbal Sur por las razones aquí expuestas”.

“SEGUNDO: Ordenar seguir adelante con la ejecución contra el Distrito Capital de Bogotá - Alcaldía Local de San Cristóbal Sur, por las siguientes sumas de dinero:

“Por la suma de diez y seis mil trescientos tres millones cuatrocientos diez mil quinientos pesos moneda legal colombiana ($ 16.303'410.500 MLC) m/cte., a título de indemnización de perjuicios materiales y de alteración de las condiciones de existencia, suma ya indexada conforme a la sentencia que impuso la obligación, que deberá pagar inmediatamente el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, con cargo a los recursos que a la fecha se encuentren consignados, una vez los miembros del grupo reconocidos acrediten la transferencia del dominio al Distrito Capital de las 319 viviendas objeto de esta acción, la cual debe ser pagada a cada uno de los miembros del grupo dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia.

“TERCERO: Señalar el día martes 9 de noviembre de 2010, o el nuevo día que defina el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como fecha para llevar a cabo la firma por parte de los suscritos magistrados de las escrituras públicas de transferencia de dominio de los inmuebles cuyos propietarios han sido reconocidos conforme las minutas aprobadas en las siguientes horas: Notaría Primera: Calle 16 Nº 4-62 a las 9:30 a.m.; Notaría Doce: Calle 40 A Nº 13-65 a las 11:00 a.m.; Notaría Veintiocho: Carrera 12 Nº 70-44 a las 12.30 p.m.; Notaría Veintiuna: Calle 70 A Nº 8-27 a las 2.30 p.m., y Notaría Veintidós: Calle 104 Nº 14 A 66 a las 3:30 p.m.

“La suscripción de las escrituras públicas por los magistrados que integran esta Sala de Decisión, en la fecha señalada, se hará en caso de que el representante legal del Distrito Capital, o en su defecto de la Caja de Vivienda Popular, no comparezca con anterioridad a las aludidas notarías a suscribirlas con su firma.

“Por secretaría OFÍCIESE a cada una de las notarías citadas para efecto de tener listas para la firma las escrituras públicas elaboradas.

“CUARTO: La liquidación del crédito queda entendida en la forma prevista. De lo contrario si el pago no se efectúa dentro del plazo señalado en el ordinal segundo, se procederá en la forma que señala el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil”.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, para continuar con el trámite del proceso.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.»

(3) En este sentido se señaló en el auto de esta misma Sección, de febrero 8 de 2007 —exp. 30.903. Actor: Aguas de la Montaña—, que: “vi) Esta jurisdicción no conoce, sin embargo, de los procesos de ejecución que reúnan las características descritas, salvo los que están asignados por normas especiales —ejecutivos contractuales (L. 80, art. 75) y de sentencias dictadas por esta jurisdicción (CCA, art. 132.7)—, que prevalecen sobre las disposiciones generales.

“Este tipo de procedimiento no es de conocimiento de esta jurisdicción, porque la Ley 1107 dispone que ésta juzga “... las controversias y litigios...” de las entidades públicas y, técnicamente hablando, los procesos ejecutivos no constituyen controversia ni litigio, luego no hacen parte de esta jurisdicción(3). Se repite, excepto en los dos temas a que se refiere el párrafo anterior”.

(4) “ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

“Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

“Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior” (resaltado fuera de texto).

(5) “ART. 104.—De la jurisdicción de lo contencioso administrativa. La jurisdicción de lo contencioso administrativa está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones, operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

“Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

“1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.

“2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.

“3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes.

“4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.

“5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno.

“6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.

“7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado” (resaltado fuera de texto).

(6) “ART. 491.—Ejecución por sumas de dinero. Si la obligación es de pagar una cantidad líquida de dinero e intereses, la demanda podrá versar sobre aquella y estos, desde que se hicieron exigibles hasta que el pago se efectúe.

“Entiéndase por cantidad líquida la expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por simple operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas. Cuando se pidan intereses y la tasa legal o convencional sea variable, no será necesario indicar la tasa porcentual de la misma”.

(7) ART. 497.—Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.

“Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Con posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título, sin perjuicio del control oficioso de legalidad”.

(8) “CUARTO: Como consecuencia, ordénase el pago de la indemnización colectiva por perjuicios materiales a los miembros del grupo, demandantes de que da cuenta la parte motiva de esta sentencia, en la suma concreta que resulte de aplicar las bases y las fórmulas contenidas en la considerativa de este fallo, los valores que por cuota inicial pagaron a la sociedad constructora, junto con las sumas que han cancelado a los bancos y corporaciones financieras y que fueron abonados a capital de sus créditos de vivienda, indexados a la fecha en que se realice el pago, y los intereses corrientes, y lo que se acredite ante el Fondo Para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos”.

(9) “SEGUNDO. MODIFÍCASE el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B de 12 de marzo de 2004, el cual quedará así: “CUARTO. Como desarrollo de lo anterior CONDÉNESE a la parte demandada a pagar a título de indemnización de perjuicios materiales y de alteración de las condiciones de existencia, la suma de diez y nueve mil ciento veintidós millones cuatrocientos sesenta mil quinientos pesos moneda legal colombiana ($ 19.122.460.500 MLC) a los integrantes del grupo que se hayan constituido como parte en el proceso que da lugar a esta sentencia, y los que lo hagan después, en los términos señalados en la parte motiva. La suma de dinero constitutiva de esta condena se deberá pagar al Fondo para la Protección de los Derechos e Intereses Colectivos, administrado en los términos de ley, por el defensor del pueblo”.

Esta orden fue modificada en 2008, por medio del auto que se pronunció sobre la nulidad procesal.

(10) En la providencia que resolvió las solicitudes de adición, aclaración y corrección se dispuso como decisión definitiva segunda la siguiente: “SEGUNDO. MODIFÍCASE el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B de 12 de marzo de 2004, el cual quedará así: “CUARTO. Como desarrollo de lo anterior CONDÉNESE a la parte demandada a pagar a título de indemnización de perjuicios materiales y de alteración de las condiciones de existencia, la suma de diez y seis mil trescientos tres millones cuatrocientos diez mil quinientos pesos moneda legal colombiana ($ 16.303.410.500 MLC) a los integrantes del grupo que se hayan constituido como parte en el proceso que da lugar a esta sentencia, y los que lo hagan después, en los términos señalados en la parte motiva. La suma de dinero constitutiva de esta condena se deberá entregar al Fondo para la Protección de los Derechos e Intereses Colectivos, administrado en los términos de ley, por el Defensor del Pueblo”.

(11) Indicó la providencia: “AI valor ya establecido por concepto de perjuicios materiales, para cada una de las viviendas, se le adicionará, la suma indicada por concepto de alteración de las condiciones de existencia, de 30 salarios mínimos legales mensuales, de conformidad con lo expuesto antes

“En este sentido por cada vivienda se pagará:

“Por concepto de perjuicios materiales:

“$ 45.827.340

“Por concepto de la alteración en las condiciones de existencia:

“$ 13.011.000(11),

“Para un total de:

“$ 58.838.340”.

En la nota al pie de página que figura con el número 11 —en el texto de la sentencia corresponde al 112— la Sala explicó: “Suma esta que resulta de la multiplicación del valor de la condena por este concepto (30 salarios mínimos legales mensuales) por el valor actual de cada uno de estos ($ 433.700)”.

(12) Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia de agosto 30 de 2007, expediente 26.767, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(13) Así lo ha sostenido esta Sección: “A diferencia de lo dispuesto sobre la materia respecto del proceso declarativo sometido al Código Contencioso Administrativo, en el proceso ejecutivo no es dable realizar consideraciones subjetivas respecto de la posición asumida por la parte vencida en el desarrollo del mismo, para determinar la procedencia de la condena en costas” (ibíd.).

(14) En este sentido, la Sección Tercera ha expuesto: “La Sala ha aclarado que es expresa la obligación que aparece nítida y manifiesta de la redacción misma del título; es decir, que en el documento que contiene la obligación deben constar en forma nítida, en primer término, el crédito del ejecutante y, en segundo término, la deuda del ejecutado, tienen que estar expresamente declaradas estas dos situaciones, sin que, para ello, sea necesario acudir a elucubraciones o suposiciones.

“La obligación es clara cuando aparece fácilmente determinada en el título; debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido.

“Por último, es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar sometida a plazo o condición” (sent., oct. 7/2004, exp. 23.989).