Sentencia 2001-00033 de diciembre 13 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECURSO DE APELACIÓN

El contenido de la sustención no delimita la competencia del superior.

EXTRACTOS: «El censor lo funda todo en que los demandados, al apelar, apocaron la competencia funcional del ad-quem, pues de su alegato no deduce sino ciertos y específicos argumentos de inconformidad con el fallo de primer grado, ninguno de los cuales tiene que ver con la interrupción de la prescripción en que fue a parar el tribunal.

Y aunque bien es cierto que los demandados no alegaron lo que el tribunal vio, la tesis del recurrente no es sin embargo de recibo. No es atinado sostener en verdad que lo que no alegue el apelante es intocable por el superior, habida cuenta que así se distorsionan los principios que informan el recurso ordinario de apelación, atribuyéndosele de aquel modo el carácter de extraordinario que no tiene. Y como ha sido esa una teoría que, según ha observado la Corte, viene enarbolándose con más frecuencia de lo que pudiera pensarse, incluso acentuada por algunos tribunales por las épocas en que el legislador ha exigido que el recurso de apelación sea sustentado, inmejorable es este evento para la precisión que sigue.

Según los postulados de la apelación —que recurso ordinario es—, tales el de la personalidad e individualidad, la competencia del superior ya no es respecto del litigio todo, porque en su caso tendría que respetar lo que del fallo apelado favorece al apelante, salvas las eventualidades en que es forzoso tocar el punto por razones de orden público, porque la naturaleza de las modificaciones lo hagan indispensable, al estar relacionadas con aquellas, o cuando ambas partes son apelantes, excepciones que, por no hacer al caso, se dejan de lado en las líneas venideras. El principio de cualquier forma es que tratándose de apelante único, este tiene asegurado ya lo que ha ganado. Postulado que se conoce desde el fondo de las edades y que ha sido consentido por todos desde siempre. Y a fe que nada ha aparecido que justifique su modificación y mucho menos su derogatoria, pues que, si de otro modo fuera, daríase rudo golpe al respetado derecho de que otro juez, más versado quizá, revise la causa en pos de una decisión que por lo pronto estima equivocada el recurrente. Es el derecho universalmente conocido como el de la doble instancia. Y cualquiera entiende lo grave que es colocar al apelante en el predicamento de si ejerce ese derecho, bajo la amenaza de que la segunda instancia acabe siendo un remedio revulsivo.

El ordenamiento jurídico colombiano, fiel a dichos dictados, ha estado en todo tiempo pendiente de tal garantía procesal, y de ahí que sea proverbial y sentenciosa la frase de que “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”. En esas palabras está la quintaesencia de la apelación. Porque ellas establecen sin duda los contornos de la competencia que adquiere el superior, quien desde allí sabe cuál es la actividad judicial a emprender. Dicho a secas, no es otra que revisar todo lo que perjudica al apelante único. Para expresarlo con criterio de contraste, ajeno a su competencia es todo lo que hasta ahora favorece al apelante.

Así lo ha sido el criterio jurisprudencial que de tiempo atrás ha venido sosteniendo la Corte, sobre apuntar que “cuando un recurrente no ataca sino lo desfavorable que contra él contiene una providencia judicial no recurrida por su contraparte, en lo que le favorezca es inmodificable, pero cuando él mismo expresa categóricamente su voluntad en contrario, combatiendo por ilegal la solución que le favorece, no existe la limitación para resolver el recurso, porque en tal caso desaparece su fundamento, que no es otro que una presunta interpretación de la voluntad de quien recurre” (G.J. LXIX, sent. de 17 de mar. de 1951, pág. 363).

Todo claro está sin perjuicio de que haya voluntad en contrario por parte del apelante, conforme ocurrió en reciente caso (cas. de 12 de oct. de 2004, exp. 7922). Desde luego que para que así ocurra deben obrar elementos de juicio concluyentes; lo que no puede es suponerse que si no hay alegato expreso respecto de un punto, es porque el recurrente lo está excluyendo de la apelación.

En línea de principio, pues, el criterio orientador al efecto es que el fallador está compelido, en ese orden de ideas, a examinar lo que desfavorece al apelante y a respetar lo que le favorece. Tal su competencia. Nada más, aunque tampoco nada menos. Repítese, así ha sido de día y de noche.

Mas ha querídose abrazar por algunos la idea de que algo cambia cuando la ley ha demandado de tiempo en tiempo que la sustentación del recurso sea forzosa. Ocurrió en el pasado (L. 2ª/84) y se revivió hoy en la 794 de 2003. Quien no sustenta el recurso, pierde el derecho de impugnación, es cierto. Esa es la única sanción prevista por la ley.

Pero sacar de allí que el contenido de esa sustentación delimita aún más la competencia del superior, de tal manera de decir que solamente se revisará la precisa argumentación que de modo expreso invoque el recurrente, luce desproporcionado y se convierte en un ataque insospechado al principio constitucional de la doble instancia. Por el hecho de la sustentación, no es que la apelación haya adquirido un rango de recurso extraordinario, en donde sí es de la esencia que lo que no está alegado no existe en el recurso. En los recursos extraordinarios la actividad del juzgador la delinea el alegato del impugnante, y por consiguiente es extraña a la tarea oficiosa de quien decide. Algo distinto, empero, por no decir que opuesto, acaece en los recursos ordinarios como lo es de veras el de apelación.

¿Para qué entonces exigir la sustentación? Es la pregunta que con naturalidad podrían algunos formularse. Pues bien. Cualquiera que sea la impresión que sobre el punto se tenga, en todo caso la respuesta no puede ser aquella. El fin de la sustentación es muy otro, cual tuvo ocasión de expresarlo la Corte en sentencia de tutela de 7 de octubre de 2003, expediente 2003-30631, en los siguientes términos:

“No conviene que el asunto sea analizado de modo aislado, porque lo que en definitiva arrojará luces sobre el particular será aquel que conectado aparezca con los principios que informan el recurso de apelación. Es forzoso memorar, por ejemplo, que aún sigue operando el artículo 357 del mismo código, y, por lo tanto, la “apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”. Vale decir, que cuando de desatar la alzada se trate, el ad quem debe averiguar normalmente lo que perjudicado tiene al apelante, porque se supone, “o se entiende” para emplear la propia expresión de la ley, que sobre eso versa la apelación. Así ha sido siempre. Por donde se viene el pensamiento que al exigirse la sustentación con carácter obligatorio, so pena de deserción del recurso, lo que con ello se busca es facilitar, que no desplazar, aquella labor del juzgador, quien así conocerá más de cerca el inconformismo del apelante. En otras palabras, que el apelante llegue al ad quem con más expresividad. Como es fácil descubrirlo, allí lo determinante es que no se eche a perder esa posibilidad adicional de que el fallador se entere de modo expreso de lo que tácitamente está obligado a averiguar”.

De este parecer fue también la Corte Constitucional, como puede verse en fallo T-449/2004.

Puestas así las cosas, en el evento de ahora no puede tener cabida la acusación de este primer cargo. Primero, porque el apelante de aquí simplemente justificó el recurso con una argumentación que, lejos de querer limitar la impugnación del modo que lo dice el casacionista, expresó su inconformismo con la pertenencia declarada, argumentos que seguramente a su juicio eran suficientes. Lo verdaderamente importante es que a disgusto estuvo con lo decidido por el a quo, algo que ciertamente lo desfavorece, y en eso radica la competencia del superior, no interesa si por tal o cual camino. El inconformismo, en una palabra, no es por una específica razón, es por el resultado del pleito.

La competencia del tribunal está dada por lo que le perjudica mas no por lo que alega. Así pues el tribunal obró conforme al principio que desde tiempos inmemoriales se expresa así: tantum devolutum quantum apellatum. Y por si fuere poco, ya se vio, en este caso no se trata de apelante único, sino de ambas partes.

El cargo, por las razones anotadas, es frustráneo».

(Sentencia de casación, diciembre 13 de 2005. Expediente 2001-00033-01. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Isidro Ardila Velásquez).

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