Sentencia 2001-00054 de julio 3 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación 25000 2324 000 2001 00054 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Actor: Jorge Alvenio Ladino Casallas y otra.

Bogotá, D.C., tres de julio de dos mil ocho

Extractos:«VI. Consideraciones

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, así:

1. El acto demandado.

Está conformado por las resoluciones 1º de 24 de septiembre de 1999, por la cual se deciden las reclamaciones presentadas al proceso de liquidación forzosa administrativa de la Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A., en cuanto negó a los actores la reclamación del derecho sobre el cupo 307 en el fideicomiso Moderno Park, “por ausencia de titularidad como fideicomitente, inversionista adherente o beneficiario sobre el derecho reclamado”; y 47 de 8 de septiembre de 2000, por la cual se decide el recurso de reposición que los nombrados interpusieron contra la antes citada, en el sentido de confirmar lo decidido en ella; todas, expedidas por el agente especial - liquidador de la fiduciaria Cáceres y Ferro S.A. en liquidación forzosa administrativa.

Al efecto, en la segunda resolución se consideró que si bien es cierto que Fiduciaria Caceres y Ferro S.A. emitió varias comunicaciones a los recurrentes, tendientes al logro de la transferencia del cupo 307 del fideicomiso “moderno park”, ellas se basaron en el convencimiento de que se realizaría el contrato prometido en la promesa de cesión de derechos suscrita por ellos con la sociedad Alfredo Muñoz Construcciones S.A. sobre el mencionado cupo, por lo cual Fiduciaria Caceres y Ferro S.A., adelantándose a la realización del contrato prometido procuró ejecutar algunas gestiones tendientes al cumplimiento de los requisitos formales previstos en los contratos de fiducia y de inversión para la aceptación de la cesión del cupo.

Que según la cláusula séptima del contrato de fiducia mercantil inmobiliaria respectivo es claro que la reclamación del cupo indicado está sujeta a que se acredite la cesión de dicho cupo, ya que en ese momento quien ostentaba la calidad de fideicomitente inversionista era la sociedad Alfredo Muñoz Construcciones S.A.

2. El problema principal del debate procesal.

La cuestión central del debate procesal en esta instancia consiste en establecer la situación jurídica en que se hallan los demandantes en virtud del contrato de promesa de cesión del derecho de fideicomitente inversionista que celebraron con Alfredo Muñoz Construcciones S.A., y si las circunstancias dadas respecto de ese contrato de promesa constituyen título suficiente para que se les reconozca la condición de fideicomitentes en relación con el cupo 307 en el fideicomiso “moderno park”, para cuya solución es menester considerar las condiciones y características de tal contrato y las implicaciones en los derechos de las partes.

3. Examen del recurso.

Al punto se tiene que al tenor del artículo 1226 del Código de Comercio, la fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado beneficiado o fideicomisario”.

A su vez, el artículo 1228 ibídem establece que “La fiducia constituida entre vivos deberá constar en escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes” (destaca la Sala).

De otra parte, el artículo 1959 del Código Civil señala que “La cesión de un crédito, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento”.

De las anteriores disposiciones, concordantes entre sí, se puede inferir que la cesión de una posición de fideicomitente inversionista debe constar por escrito, tal como nace el derecho o la posición objeto de la cesión, pues el cesionario inversionista pasa a sustituir al fideicomitente inversionista en la posición cedida, en sus derechos y obligaciones dentro del fideicomiso.

Lo anterior explica que en la cláusula tercera del contrato de promesa de cesión se hubiere estipulado que “la cesión que se promete, se perfeccionará mediante la firma del documento de cesión suscrito por ‘el promitente cesionario’, ‘el promitente cedente’, o quien hagas sus veces y la ‘fiduciaria’”.

Quiere decir que solo cuando se ha plasmado por escrito y se ha firmado por las partes interesadas en el asunto (el cedente, el cesionario y la fiduciaria), vale decir que hubo cesión o existe contrato de cesión de la posición de que se trate en el fideicomiso.

En este caso, tal como se acepta por las partes y consta en autos, el contrato de cesión no llegó a celebrarse, pues el cedente, no suscribió el contrato luego los actores no lograron sustituir al fideicomitente inversionista en la posición prometida en cesión, la 307, de modo que los únicos derechos que les asisten son los que se deriven de la promesa de contrato de cesión, en relación con los dineros entregados por causa de la misma, teniendo en cuenta y aunque sea obvio que el contrato de promesa es distinto del contrato prometido, y que por lo mismo no puede pretenderse hacerle producir los mismos efectos jurídicos de este, empezando porque el objeto de ambos es totalmente diferente, como quiera que en aquél las partes se obligan a celebrar un determinado contrato, bajo las condiciones o circunstancias que señala el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, de allí que una pretensión de la parte cumplida puede ser la de que la otra se allane al perfeccionamiento o suscripción del contrato prometido; en tanto que en éste se obligan a unas satisfacciones mutuas directas o atinentes sustancialmente a sus derechos personales o patrimoniales.

Así las cosas, la sentencia impugnada resulta acorde con la situación procesal examinada, de allí que deba confirmarse, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMASE la sentencia apelada, de 6 marzo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; mediante la cual niega las pretensiones de la demanda en el proceso de la referencia.

2. Se reconoce a la abogada Gloria Lucía Cabieles Caro como apoderada del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, en los términos y para los fines conferidos en el poder que obra a folio 85 de este cuaderno.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 3 de julio de 2008».

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