Sentencia 2001-00055 de septiembre 24 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Ref.: 11001-3103-001-2001-00055-01

Bogotá, D.C., veinticuatro de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Sea lo primero destacar que el único cargo introducido en la demanda de casación con la que se sustentó la impugnación extraordinaria que ahora resuelve la Sala, tiene alcances parciales, como quiera está referido, exclusivamente, a la simulación del contrato objeto del litigio, reclamada en las pretensiones principales del libelo introductorio, sin que, por lo tanto, contenga ataque alguno en contra de la decisión de negar las súplicas subsidiarias que adoptó el tribunal, determinación esta que, en consecuencia, quedó excluida de la casación y que, consiguientemente, se torna inalterable para la Corte.

2. Como ya se registró, la simulación solicitada en el escrito con el que se dio inicio al proceso, la hicieron consistir las accionantes en la suplantación del comprador de la finca “El Naranjito”, como quiera que en la escritura contentiva de ese negocio —Nº 424 de 5 de marzo de 1999 de la Notaría Octava de Bucaramanga— se hizo figurar como tal a Néstor Raúl Higuera Santos, cuando el verdadero adquirente del inmueble, al decir de las actoras, fue Alejandro Higuera Rueda, quien convino el negocio, pagó el precio, adecuó el predio y lo explotó económicamente.

3. El tribunal, para negar el referido fingimiento, adujo, en síntesis, la falta de demostración del mismo, como quiera que:

3.1. Solo halló acreditados los indicios de parentesco y hábito, que consideró insuficientes para reconocer la irrealidad del negocio aquí cuestionado.

3.2. No encontró la prueba de la causa de la simulación, como quiera que de la constitución de una sociedad de familia por parte de Alejandro Higuera Rueda, su cónyuge Cecilia Santos y sus hijos matrimoniales Sergio Eduardo, Oscar Armando y Néstor Raúl Higuera Santos, para evitar que los bienes del primero fueran embargados en un proceso ejecutivo promovido en su contra a principios de los años setenta, no puede inferirse que este, de “manera sistemática e invariable”, hubiese desde entonces puesto “sus bienes a nombre de su familia matrimonial con el propósito de defraudar la legítima vocación herencial de sus hijos extramatrimoniales”; y que ese “cariz genérico” de la simulación, “no encuentra soporte real en los autos”, pues en la demanda no se solicitó la invalidación de la totalidad de los negocios realizados por los miembros de la referida familia y porque si así aconteció, se imponía a las demandantes haber reclamado “la simulación o invalidez del mandato general que había otorgado Higuera Santos a su padre, cosa que no es materia del proceso”.

3.3. Estimó que Néstor Raúl Higuera Santos demostró, por una parte, que para la época en que se realizó la enajenación, tenía capacidad económica para adquirir el mencionado fundo y, por otra, que pagó su precio, lo que dedujo de las matrículas inmobiliarias visibles a folios 100 y 101 del cuaderno principal y de los documentos que allegó con la contestación de la demanda (fls. 85 a 145, cdno. 1).

3.4. Consideró que el poder general que el citado accionado le confirió a su padre, señor Alejandro Higuera Rueda, que lo facultaba para administrar sus bienes, desvirtuó el indició de retención del inmueble por parte del último, como supuesto comprador oculto.

4. Los referidos argumentos del ad quem, que constituyen la base esencial de su fallo, no fueron controvertidos por el recurrente o, de haberlo sido, el ataque no deviene exitoso, como pasa a analizarse.

4.1. Es ostensible que el sentenciador de segunda instancia admitió los indicios derivados del parentesco entre Alejandro Higuera Rueda y Néstor Raúl Higuera Santos, así como el que denominó “hábito”, entendido “como la destreza para la simulación”, pero consideró que “resultan equívocos” y que “no tienen aptitud para fundar la simulación”.

Tal comprensión del fallo impugnado pone en evidencia que no existe discrepancia al respecto entre el tribunal y el recurrente, en tanto que ambos sostuvieron, se reitera, la acreditación en el proceso de esos dos elementos de convicción y que, por lo mismo, no son de recibo las protestas que el impugnante elevó en relación con ellos, sin que se haga necesario analizar en detalle los cuestionamientos que sobre estos tópicos fueron formulados.

4.2. En punto de la causa de la simulación, el casacionista aseveró, por una parte, que fue el propósito de Alejandro Higuera Rueda morir insolvente “para eludir una acción judicial y, luego, para excluir de la herencia a [sus] hijos extramatrimoniales” y que, en tal virtud, el citado causante, su cónyuge y sus descendientes matrimoniales realizaron diversas maniobras tendientes a que ninguno de los bienes de que aquél era el titular del dominio figurara a su nombre, como fueron constituir la sociedad Higuera Santos y Cía. Ltda., liquidarla y distribuir sus activos en la forma como lo hicieron, disolver y liquidar la sociedad conyugal que existió entre los nombrados esposos de la manera como ellos lo acordaron y “rotar” entre sí los inmuebles adquiridos por el primero, lo que dedujo de las declaraciones rendidas en el proceso por los señores Nora Esther Acuña de García, Amiro Luis García Vargas, Oscar Armando Higuera Santos, Cecilia Santos de Higuera y Ricardo Carreño Hernández, de las escrituras públicas y demás documentos que relacionó como preteridos por el tribunal, en particular, las números 3495 del 10 de octubre de 1973, otorgada en la Notaría Tercera de Bucaramanga, contentiva de la constitución de la sociedad Higuera Santos y Cía. Ltda., 3805 del 14 de diciembre de 1982 de la Notaría Primera de la citada ciudad, en la que se hizo constar la liquidación de la mencionada persona jurídica, y 5000 de 21 de diciembre de 1990, suscrita en la Notaría Séptima de la misma capital, que contiene la disolución y liquidación de la sociedad conyugal que de mutuo acuerdo efectuaron los esposos Higuera - Santos, y el escrito que aparece a folios 172 a 175 del cuaderno principal.

Contrastados tales planteamientos del recurrente con las razones que adujo el Tribunal para colegir que en este asunto “no asoma de manera específica el móvil para estimar que en realidad fue simulada la adquisición del bien antes referido” (se resalta) y se establece el desenfoque de la censura, toda vez que, como se aprecia, el ad quem no desconoció la realización por parte de los miembros de la familia Higuera - Santos de los diversos actos relacionados en la acusación, al punto que, como ya se registró, admitió la comprobación del indicio del “hábito”, sino que consideró que de ellos no afloraba “de manera específica”, se reitera, “el móvil para estimar que en realidad fue simulada” la precisa compraventa materia de la acción, esto es, la contenida en la escritura pública Nº 424 del 5 de marzo de 1999.

Y ese juicio del tribunal no se avizora constitutivo de un yerro fáctico, o por lo menos de uno manifiesto, que es el único que tiene la virtud para ocasionar en casación el quiebre de la sentencia impugnada, pues, ciertamente, ni de las pruebas en que se apoyó dicha autoridad para elaborarlo, ni de las restantes que el censor denunció como indebidamente apreciadas o preteridas, fluye de manera nítida o clara que la supuesta suplantación de Alejandro Higuera Rueda por su hijo matrimonial Néstor Raúl Higuera Santos como adquirente de la finca “el Naranjito” en el contrato de compraventa objeto de la disputa de las partes, hubiese tenido por fin excluir dicho bien del activo sucesoral del primero una vez acaeciera su muerte y, por esta vía, impedir a sus hijos extramatrimoniales heredarlo en cuanto concierne al derecho de dominio de tal predio.

Al respecto, no puede pasarse por alto el periodo de tiempo que transcurrió entre la realización de los actos en los que el censor concentró el ataque: la constitución de la indicada sociedad, que tuvo lugar en 1973; su liquidación, que se realizó en 1982; y la disolución de la sociedad conyugal de los cónyuges Cecilia Santos y Alejandro Higuera, que se verificó en 1990; y la fecha de la compraventa cuestionada (mar. 5/99), tiempo que, per se, desvanece la relación causal de unos y otro y que, aparejadamente, respalda la conclusión del sentenciador de segunda instancia.

4.3. Ahora bien, en cuanto hace a la comprobación por parte del demandado Néstor Raúl Higuera Santos de su capacidad económica para adquirir el predio denominado “El Naranjito” y del pago del precio del mismo, se observa:

4.3.1. En primer lugar, que la referida capacidad económica del mencionado comprador, que infirió el tribunal, no fue un tema controvertido por el recurrente sino, por el contrario, aceptado por él, como quiera que en el literal b) del sub acápite que denominó “contraindicios” del cargo auscultado, expresó que “es cierto que, según las declaraciones de renta traídas al proceso, el señor Néstor Higuera Santos puede que hubiese tenido capacidad económica para adquirir la finca objeto del proceso” y, seguidamente, añadió: “Pero también es cierto que de las mismas declaraciones de renta surge con evidencia que el supuesto comprador no lo fue en realidad dado que allí consta que declar[ó] cero semovientes, cero terneros nacidos y enajenados, cero gastos por concepto de mano de obra directa, salarios, prestaciones sociales y otros pagos laborales”, queriendo con ello significar, como lo sostuvo en otros apartes de la demanda de casación, que el citado demandado nunca desarrolló actividades agrícolas o ganaderas, salvo una cría de conejos que tuvo cuando era estudiante.

En suma, el argumento del tribunal relativo a que en el proceso se acreditó que Higuera Santos tenía capacidad económica suficiente para haber adquirido, como lo hizo, el predio denominado “El Naranjito”, no fue siquiera cuestionado y, por lo mismo, mucho menos desvirtuado, sin que la aducción por el censor del argumento consistente en que la actividad profesional de aquél no comprendía actividades agrícolas o ganaderas, por ser un hecho de naturaleza bien diversa al esgrimido por el ad quem, sirva para desvanecerlo.

4.3.2. Y en segundo término, que el razonamiento tocante con la comprobación del pago del precio de compra de la ya tantas veces señalada finca “El Naranjito”, tampoco fue efectiva y eficientemente atacado, toda vez que ese aserto del Tribunal encuentra suficiente respaldo en el contrato de promesa de compraventa que milita del folio 85 al 95 del cuaderno No. 1, aportado por el demandado Higuera Santos al contestar la demanda, celebrado el 26 de enero de 1999 por éste, como prometiente comprador, quien actuó representado en ese acto por Alejandro Higuera Rueda, como apoderado general, y por los señores Javier Benjumea Vélez y José Ramiro Sánchez Uribe, como prometientes vendedores, que versó sobre el predio “El Naranjito”, y en el que, entre otras estipulaciones, se acordó:

“3. Que el precio de los inmuebles materia del presente contrato es la suma de ciento ochenta y cinco millones de pesos ($185’000.000) m/cte., suma que EL PROMETIENTE COMPRADOR cancelará en la siguiente forma:

“1. La suma de setenta millones de pesos ($70’000.000) m/cte. representad[a] en los siguientes inmuebles: a) Una casa, construida de tapias, madera y teja, junto con el suelo que ocupa y su solar anexo, con sus mejoras, ubicada en la Carrera Octava de la ciudad de Zapatoca (Sder.), marcada en su puerta de entrada con el número (sic) diez y ocho (sic) - veintidós (18-22), con una extensión aproximada de 712 m2, inmueble determinado por los siguientes linderos: (...). Este inmueble está inscrito en el Catastro como predio número 01-0-0105-007 y le corresponde la matrícula inmobiliaria Nº 326-0006246 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zapatoca. b) Un apartamento, ubicado en la carrera octava del municipio de Zapatoca (Sder.), marcado en sus puertas de entrada con los números diez y ocho (sic) - cero ocho (18-08), diez y ocho - diez (18 -10) y diez y ocho (sic) - catorce (18-14), de extensión aproximada de 75 m2, con todas sus mejoras, instalaciones y anexidades y determinado por los siguientes linderos: (...). Se encuentra inscrito en el Catastro como predio Nº 01-0-0105-0027 y le corresponde la matrícula inmobiliaria Nº 326-0004305 de la Oficina de Registro de Instrumento[s] Públicos de Zapatoca.

“Junto con los inmuebles anteriormente descritos que LOS PROMETIENTES COMPRADORES (sic) aceptan recibir en el estado en que se encuentran y como cuerpo cierto, no obstante la mención de su cabida y linderos, EL PROMETIENTE COMPRADOR entrega igualmente todos los derechos sobre la línea telefónica Nº 252116, así como los siguientes materiales de construcción: (...).

“2) La suma de setenta millones de pesos ($70.000.000) m/cte. representada en tres lotes de terreno rural ubicados en la Parcelación o vereda La Esperanza de la Mesa de Ruitoque, municipio de Piedecuesta, los cuales se segregan de otro de mayor extensión distinguido en el Catastro como predio número 03-00-0036-0114-000 y con matrícula inmobiliaria Nº 314-0012.895 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Piedecuesta; los tres globos se encuentran alinderados como sigue: (...).

“PAR.—Los derechos de posesión de los inmuebles ubicados en Zapatoca descritos en el numeral 1) de esta cláusula, los entrega EL PROMETIENTE COMPRADOR como parte de pago de las fincas denominadas EL NARANJITO, simultáneamente con la firma del presente contrato. Es decir que EL PROMETIENTE COMPRADOR hace en la fecha de hoy la entrega real y material a LOS PROMETIENTES VENDEDORES de los inmuebles de Zapatoca junto con los derechos de posesión que sobre ellos tiene y ejerce.

“3) La suma de cinco millones de pesos ($5’000.000) m/cte. a la fecha de la firma de este contrato.

“4) La suma de cuarenta millones de pesos ($40’000.000) m/cte. en dinero efectivo a los noventa días contados a partir de la firma del presente contrato.

“PAR.—Por razón de otorgarse la escritura en fecha anterior a este compromiso, EL PROMETIENTE COMPRADOR girará como garantía dos letras de cambio, así: una por diez millones de pesos ($10’000.000) y otra por treinta millones de pesos ($30’000.000) moneda corriente, para ser cubiertas el día veintiséis de abril del año en curso”.

Dicha promesa de contrato y los certificados que figuran a folios 100 y 101 del cuaderno principal, expresamente invocados por el ad quem, que corresponden a las matrículas inmobiliarias 326-0006246 y 326-0004305 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zapatoca, esto es, a los inmuebles indicados en el punto 1º de la cláusula contractual antes transcrita, soportan suficientemente el juicio del tribunal, consistente, como ya se consignó, en que el precio de la compraventa cuestionada “se pagó en parte con bienes que también eran de (...) propiedad” de Néstor Raúl Higuera Santos.

Ni la comentada promesa de compraventa, ni los aludidos certificados, fueron mencionados por el recurrente, en forma específica, como pruebas indebidamente apreciadas o ignoradas por el juzgador de instancia, de lo que se sigue que la indicada conclusión fáctica no fue resquebrajada en lo más mínimo y que, en consecuencia, conserva toda su vigencia.

Así las cosas, queda en el vacío el planteamiento que el censor hizo en contra de la afirmación del tribunal relacionada con la demostración del pago del precio de venta de la finca “El Naranjito” por parte de quien aparece como su comprador, habida cuenta que ese reproche, por una parte, se fincó en medios de prueba diversos a los que, como viene de registrarse, le permitieron al juzgador de segunda instancia arribar a las conclusiones de que ahora se trata —la cláusula tercera de la escritura 424 del 5 de marzo de 1999 de la Notaría Octava de Bucaramanga, contentiva como se sabe de la compraventa aquí cuestionada, y las escrituras públicas 422 y 423 del 5 de marzo de 1999, otorgadas en la misma notaría, mediante las cuales Néstor Raúl Higuera Santos transfirió en venta a los señores Benjumea Vélez y Sánchez Uribe la casa y el apartamento ubicados en la localidad de Zapatoca referidos en la cláusula del contrato preparatorio que se reprodujo—; y, por otra, se concretó en que en ninguno de esos tres instrumentos públicos se aludió ni a la promesa de compraventa de la finca “El Naranjito”, ni al acto de enajenación de la misma, observación esta que, pese a ser cierta, no enerva el contenido de los aludidos contratos.

4.4. Omitió el recurrente cualquier comentario en torno del último de los raciocinios del ad quem, relativo, como se explicó, a que el contrato de mandato ajustado entre Higuera Santos y su progenitor, Higuera Rueda, impedía reconocer el indicio de la retentio posesionis, postura del juzgador que, por ende, se mantiene en pie.

5. Sigue de lo hasta aquí expuesto, el fracaso de la acusación examinada, en tanto que con ella su promotor no logró resquebrajar los argumentos esenciales en los que descansa la decisión desestimatoria de las pretensiones principales, adoptada por el tribunal.

6. No obstante lo anterior, cabe agregar que si se admitiera, aunque sólo de manera hipotética, que el sentenciador de segunda instancia sí incurrió en alguno o algunos de los yerros que el censor le endilgó, sus desatinos se tornarían en intrascendentes, por la razones que a continuación se dilucidan, así sea someramente.

6.1. Es regla general y de obligada observación, que “la simulación, amén de exigir para su estructuración una divergencia entre la manifestación real y la declaración que se hace pública, requiere insoslayablemente del concierto simulatorio entre los partícipes, esto es, de la colaboración de las partes contratantes para la creación del acto aparente. (...). Esta última exigencia no es de difícil comprensión si se considera que un contrato no puede ser simultáneamente simulado para una de las partes y verdadero para la otra, de manera que si uno de los partícipes oculta al otro que al negociar tiene un propósito diferente del expresado, esto es, si su oculta intención no trasciende su fuero interno, no existe otra cosa que una reserva mental por parte suya (propósito in mente retenti), insuficiente desde luego para afectar la validez de la convención, o para endilgar a la misma efectos diferentes de los acordados con el otro contratante que de buena fe se atuvo a la declaración que se le hizo. (...). En el punto, ha expresado la Corte cómo ‘no ofrece duda que el proceso simulatorio exige, entonces, la participación conjunta de los contratantes y que, si así no ocurre, se presentaría otra figura, como la reserva mental. Que no tiene ninguna trascendencia sobre la validez y fuerza vinculante del negocio jurídico celebrado en esas condiciones. (...). Poco interesa que la simulación sea absoluta o relativa, pues en una y otra se requiere del mencionado acuerdo, comoquiera que la creación de una situación jurídica aparente, distinta de la real, supone necesariamente un concurso de voluntades para el logro de tal fin. De suerte que si no hay acuerdo para simular, no hay simulación. El deseo de una de las partes, sin el concurso de la otra de emitir una declaración que no corresponde a la verdad, no pasa de ser, como antes se afirmó, una simple reserva mental, fenómeno distinto a la simulación (G.J. t. CLXXX, Cas. Civ., Sent. ene. 29/85, pág. 25)” (Cas. Civ., Sent. dic. 16/2003, exp. 7593; se resalta.

6.2. Ahora bien, en tratándose de la “simulación por interposición fingida de persona”, que “consiste en hacer figurar como parte contratante a quien en verdad no lo es, con el fin concertado de ocultar la identidad de quien real y directamente está vinculado con la relación negocial”, derivándose de allí que “ese intermediario o testaferro es un contratante imaginario o aparente” y que el contrato celebrado, “en términos generales, permanece intacto”, salvo por “las partes que lo celebran”, “no basta que en el negocio actúe una persona para ocultar al verdadero contratante, sino que se requiere que concurran las circunstancias que caracterizan la simulación, una de las cuales es el concierto estipulado ‘...de manera deliberada y consciente entre los contratantes efectivo y aparente con la contraparte para indicar quiénes son los verdaderos interesados y el papel que, por fuerza precisamente de esa inteligencia simulatoria trilateral, le corresponde cumplir al testaferro, esto bajo el entendido que cual ocurre por principio en todas las especies de simulación, la configuración de este fenómeno tampoco es posible en el ámbito de los extremos subjetivos del contrato si no media un ‘pacto para simular’ en el cual consientan el interponente, la persona interpuesta y el tercero, pacto cuyo fin es el de crear una falsa apariencia ante el público en cuanto a la real identidad de aquellos extremos y que no necesita para su formación, que se produzca en un momento único, habida consideración que su desarrollo puede ser progresivo y, por ejemplo, terminar consumándose mediante la adhesión por parte de un tercero adquirente a la farsa fraguada de antemano por quien enajena y su testaferro, aceptando por consiguiente las consecuencias que su interposición conlleva’ (G.J. tomos CXXXVIII, CLXVI pág. 98, y CLXXX pág. 31, entre otras)” (Cas. Civ., Sent. ago. 28/2001, exp. 6673; se resalta), criterio reiterado por la Corte en fallo reciente, que data del 16 de diciembre de 2010 (exp. C-47001-3103-005-2005-00181-01).

6.3. Examinada la totalidad de las pruebas recaudadas en el proceso, ninguna acredita que los vendedores del predio “El Naranjito” hubiesen participado, en asocio con el comprador, Néstor Raúl Higuera Santos, y con el supuesto adquirente oculto, Alejandro Higuera Rueda, en el fingimiento denunciado en la demanda, es decir, que él fue fruto del “acuerdo simulatorio” de todos los que intervinieron en la celebración de la compraventa cuestionada, incluidos, claro está, los señores Benjumea Vélez y Sánchez Uribe.

6.4. Tal orfandad probatoria, por sí sola, conduciría a que la Corte, en el supuesto de casar la sentencia impugnada, al dictar el correspondiente fallo sustitutivo, forzosamente coligiera el fracaso de las pretensiones principales, tal y como, de todas maneras, lo resolvió el tribunal.

7. Colofón de todo lo estudiado, es que el cargo no está llamado a abrirse paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 7 de mayo de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en este proceso ordinario.

CONDÉNASE en costas del recurso extraordinario a sus proponentes. En la correspondiente liquidación, por concepto de agencias en derecho, inclúyase la suma de $6.000.000.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen».