Sentencia 2001-00063 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 66001-23-31-000-2001-00063-01(25075)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Amparo Alzate de Betancur

Demandado: Instituto de Seguros Sociales

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

I. Competencia

10. Por ser competente, procede la Sala a decidir, en segunda instancia(7), el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, el 27 de febrero de 2003.

II. Cuestión previa

11. Considera la Sala pertinente precisar, que en el caso bajo estudio no operó el fenómeno de la caducidad, como lo afirmó la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda. En efecto, los hechos objeto de estudio ocurrieron en virtud de la muerte del señor Marino Betancur Morales el 18 de mayo de 1999, por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(8), la parte actora disponía de un término de 2 años para accionar, es decir, a más tardar podía hacerlo hasta el 19 de mayo de 2001 y como la demanda que dio origen al presente proceso fue presentada el 31 de enero de 2001, resulta evidente que el ejercicio de la acción fue dentro del término previsto por la ley (fls. 22-36, c. ppal.).

III. Los hechos probados

12. De conformidad con el material probatorio recaudado en el proceso contencioso administrativo, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

12.1. Los demandantes Amparo Álzate de Betancur, Fabián Aleices y Silvia Eliana Betancur Álzate son, con respecto al señor Marino Betancur Morales, cónyuge la primera e hijos los últimos (copias auténticas del registro de matrimonio Nº 557036, fl. 5 del cdno. 1 y registros civiles de nacimiento Nº 730510-02595 y 770202-09103, fls. 3-4 del cdno. 1).

12.2. El 18 de mayo de 1999, a las 7:30 de la mañana el señor Marino Betancur Morales, identificado con número de afiliación 4468261, recibió valoración médica general en el servicio de urgencias de la Clínica Pío XII, donde fue atendido por la doctora Ana Milena Ruiz quien le diagnosticó “gastritis esofágica”(9).

12.3. A las 8:55 de la mañana del mismo día, el señor Betancur Morales es atendido en la consulta general de urgencias por el galeno Carlos A. Carmona, pero en este momento su diagnóstico según el registro diario antes mencionado fue “muerte” (fl. 41, cdno. 2).

12.4. Según lo establecido en el registro de defunción el señor Marino Betancur Morales falleció el 18 de mayo de 1999, a las 9:05 a.m., sin haberse establecido la causa del deceso (fl. 6, cdno. 1).

12.5. El señor Marino Betancur Morales, era una persona económicamente productiva, ya que hasta el momento de su muerte se encontraba laborando como conductor de taxi (original del carné fl. 7 cdno. 2).

12.6. La muerte del señor Marino Betancur Morales les produjo a los demandantes una gran aflicción, rompiendo de manera considerable los vínculos familiares. Al respecto, en la declaración rendida ante el a quo, el 29 de enero de 2002, la señora Olga Lucía Echeverri Cardona afirmó que:

PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho cuál fue el impacto de orden moral y sentimental que le causó a los actores la muerte del señor Marino Betancur. CONTESTÓ: La familia se afectó bastante con la muerte de don Marino, porque era una familia con lazos familiares muy profundos, hasta el punto que dejaron la casa donde estaban habitando, la mayoría de sus integrantes se fueron a vivir a España porque ya no soportaban el recuerdo de don Marino y moralmente todos se vieron muy afectados, ellos solían reunirse con frecuencia en todas las fechas especiales, eran muy integrados y desde la fecha de fallecimiento de don Marino las cosas cambiaron por completo. PREGUNTADO: Acaba usted de manifestar que después del fallecimiento de don Marino las cosas cambiaron por completo, quiere usted explicarnos a que se refiere. CONTESTÓ: Como yo frecuentaba tanto la familia, iba de visita bastante, el estado de ánimo de los hermanitos y doña Amparo era completamente distinto a lo que yo conocía, ellos vivían constantemente deprimidos (fls. 86-87, cdno. 2).

12.7. La afirmación anterior fue confirmada por la señora Gloria Inés Murillo Monsalve cuando en la misma fecha declaró lo siguiente:

PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho como se vio afectada moralmente la familia con el fallecimiento de don Marino. CONTESTÓ: Se vio afectada en el sentido de que ya no estaba él en las reuniones que hacían el fin de semana, dándose el paseo que acostumbraban hacer, debido a esto no pudieron superar la ausencia y viajaron a España, Amparo y su hija Silvia (fl. 88, cdno. 2).

12.8. El 4 de febrero del año 2000, el apoderado de la parte actora presentó derecho de petición al Instituto de Seguros Sociales. A través del Oficio 211212 de fecha 24 de febrero de 2000, la coordinadora de auditoría médica, calidad y vigilancia epidemiológica le informó que debía dirigirse directamente al archivo central de la entidad para que atendieran la solicitud (fls. 3-5, anexo 1).

12.9. El 29 de febrero de 2000, nuevamente el apoderado reiteró su petición al gerente de la Clínica Pío XII, doctor Mario García, la que fue negada bajo el argumento de que la historia clínica es un documento privado sometido a reserva y su entrega sólo sería procedente mediante orden judicial (fl. 6-9, anexo 1).

12.10. El 13 de abril de 2000, el apoderado presentó recurso de insistencia ante el ISS, solicitud que fue nuevamente negada bajo el argumento anteriormente expuesto. En esta contestación le sugirieron que la solicitud fuese realizada directamente por su poderdante (fls. 11-13, anexo 1).

12.11. Mediante escrito presentado el 17 de abril de 2000 el profesional del derecho en representación de los actores, requirió a la gerencia de la Clínica Pío XII, remitir la historia clínica al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, con el fin de que éste dirimiera sobre la reserva o no de dichos documentos. Sin embargo, la entidad reiteró los argumentos esbozados desde el principio del trámite (fls. 14-17, anexo 1).

12.12. El 22 de agosto de 2000, los demandantes a través de apoderado judicial, interpusieron acción de cumplimiento contra el Instituto de Seguros Sociales - Seccional Risaralda, para que atendieran lo estipulado en el artículo 21 de la Ley 57 de 1985(10) y entregaran la copia de la historia clínica. El ISS mantuvo su negativa de entregar la historia clínica, indicando que sólo la entregaría si se le requería mediante orden judicial (fls. 30-31, anexo 1). El 29 de septiembre de 2000, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda profirió decisión, en la cual accedió a la súplica formulada en la acción de cumplimiento. Sin embargo, mediante Oficio GC 093, el doctor Francisco Javier Meza Cadavid, en su calidad de gerente de la Clínica Pío XII, manifestó que no hallaron la historia clínica del señor Marino Betancur Morales (fls. 39-42, 46, anexo 1).

12.13. Finalmente, mediante Oficio G.C. 031 de 24 de enero de 2001, se informó que la historia clínica había sido deteriorada por “exposiciones a condiciones ambientales (como por ejemplo goteras), con la lamentable pérdida del documento (fl. 58 anexo 1). Ante estas circunstancias el tribunal ordenó compulsar copias de todo el expediente a la Procuraduría General de la Nación, para que se adelantaran las investigaciones y sanciones disciplinarias correspondientes.

IV. Problema jurídico

13. Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis, la parte demandada incurrió en una falla del servicio al no prestarle la oportuna y debida atención médica al señor Marino Betancur Morales o si por el contrario el paciente fue atendido de acuerdo con los síntomas que le manifestó a los galenos que prestaban el servicio médico en el ISS. De hallarse cierta la primera hipótesis, habrá de estudiarse si fue la indebida atención brindada al actor la que ocasionó su muerte, o si por el contrario, su deceso no guarda nexo de causalidad con el servicio brindado. Finalmente, la Sala estudiará si la renuencia del ISS para entregar la historia clínica del paciente, aduciendo para ello diferentes razones en diferentes momentos, les causó un perjuicio indemnizable a los demandantes al restarles la posibilidad de probar una posible falla del servicio o si por el contrario dicha renuencia solamente constituye un indicio en contra de la entidad demandada.

V. Análisis de la Sala

14. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(11).

15. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

16. La Sección Tercera del Consejo de Estado ha consolidado una posición en materia de responsabilidad del Estado por la prestación del servicio de salud, en virtud de la cual aquella es de naturaleza subjetiva, advirtiendo que es la falla probada del servicio el título de imputación bajo el cual es posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica hospitalaria, de suerte que se exige acreditar la falla propiamente dicha, el daño antijurídico y el nexo de causalidad entre aquella y este(12). En relación con la carga de la prueba del nexo causal, se ha dicho que corresponde al demandante, pero dicha exigencia se modera mediante la aceptación de la prueba indirecta de este elemento de la responsabilidad, a través de indicios, al tiempo que no se requiere certeza en la determinación de la causa, sino que se admite la acreditación de una causa probable(13).

17. De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra demostrado el daño invocado por la parte actora, consistente en primer lugar, en la muerte del señor Marino Betancur Morales el 18 de mayo de 1999, en la Clínica Pío XII del Instituto de los Seguros Sociales - seccional Risaralda y en segundo lugar, en la negativa del ISS de entregar la historia clínica correspondiente al señor Mariano Betancur Morales.

18. Así las cosas, probado el daño antijurídico, la Sala debe estudiar si, según las pruebas obrantes en el expediente, se configuró o no una falla en la prestación del servicio que hubiere podido ser la causa del daño cuya reparación se pretende.

19. En materia médica, para que pueda predicarse la existencia de una falla, la Sala ha precisado que es necesario que se demuestre que la atención no cumplió con estándares de calidad fijados por el estado del arte de la ciencia médica, vigente en el momento de la ocurrencia del hecho dañoso(14). Del mismo modo, deberá probarse que el servicio médico no ha sido cubierto en forma diligente, esto es, que no se prestó el servicio con el empleo de todos y cada uno de los medios humanos, científicos, farmacéuticos y técnicos que se tengan al alcance(15).

20. La normatividad colombiana define la historia clínica como elemento determinante para la práctica médica. La Ley 23 de 1981 señala:

ART. 34.—La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley.

ART. 35.—En las entidades del sistema nacional de salud la historia clínica estará ceñida a los modelos implantados por el Ministerio de Salud.

ART. 36. En todos los casos la historia clínica deberá diligenciarse con claridad.

21. En desarrollo de lo dispuesto en las normas transcritas, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 1995 de 1999, la cual estipula:

ART. 1º—Definiciones.

a. La historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley.

b. Estado de salud: El estado de salud del paciente se registra en los datos e informes acerca de la condición somática, psíquica, social, cultural, económica y medioambiental que pueden incidir en la salud del usuario (...).

ART. 3º—Características de la historia clínica.

Integralidad: La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria.

Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de salud brindados al usuario.

Racionalidad científica: Para los efectos de la presente resolución, es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo.

Disponibilidad: Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las limitaciones que impone la ley.

Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio.

22. Así las cosas, la prueba directa por excelencia dentro de los procesos en los cuales se discute la responsabilidad extracontractual del Estado derivada del despliegue de actividades médico-asistenciales, es la historia clínica. Es así como la jurisprudencia de esta Sección(16), se ha ocupado de estudiar el tema concerniente a las características y exigencias de la historia clínica y ha precisado la naturaleza jurídica de documento público que le corresponde y, por ende, su valor probatorio, en los siguientes términos:

Es de resaltarse que la historia clínica asentada en entidades públicas es un documento público, que da fe, desde el punto de vista de su contenido expreso, de la fecha y de las anotaciones que en ella hizo quien la elaboró (CPC, art. 264), y desde el punto de vista negativo, también da fe de lo que no ocurrió, que para este caso revela que al paciente no se le practicó arteriografía (negrita del texto citado)(17).

… A su vez, esta Sala se ha pronunciado respecto de —y ahora reafirma— la necesidad de elaborar historias clínicas claras, fidedignas y completas, las cuales permitan garantizar el adecuado seguimiento y el acierto en el diagnóstico y en la atención de los pacientes, así como también el pertinente control posterior, tanto interno por parte del centro médico asistencial, como externo por parte de entidades de vigilancia o del propio juez, de suerte que se haga posible el conocimiento y la fiscalización efectiva del proceder de los galenos, tal como resulta necesario dentro de los procesos a los cuales da lugar el ejercicio de la acción de reparación directa por parte de los ciudadanos que se sienten perjudicados por la acción o la omisión de las instituciones que prestan este tipo de servicios o del personal a su cargo. En la anotada dirección se ha aseverado lo siguiente:

No debe perderse de vista que el sólo transcurso del tiempo entre el momento en que se presta el servicio y aquel en el que la entidad debe ejercer su defensa, aunado además a la imposibilidad de establecer una relación más estrecha entre los médicos y sus pacientes, hace a veces más difícil para la entidad que para el paciente acreditar las circunstancias en las cuales se prestó el servicio. Por eso, el énfasis debe centrarse en la exigencia institucional de llevar las historias clínicas de manera tan completa y clara que su solo estudio permita al juez, con la ayuda de peritos idóneos si es necesario, establecer si hubo o no responsabilidad estatal en los daños que aduzcan sufrir los pacientes como consecuencia de la prestación del servicio médico. La desigualdad que se presume del paciente o sus familiares para aportar la prueba de la falla, por la falta de conocimientos técnicos, o por las dificultades de acceso a la prueba, o su carencia de recursos para la práctica de un dictamen técnico, encuentran su solución en materia de responsabilidad estatal, gracias a una mejor valoración del juez de los medios probatorios que obran en el proceso, en particular de la prueba indiciaria, que en esta materia es sumamente relevante, con la historia clínica y los indicios que pueden construirse de la renuencia de la entidad a aportarla o de sus deficiencias y con los dictámenes que rindan las entidades oficiales que no representan costos para las partes(18).

23. La conducta evasiva de la parte demandada, es considerada por la jurisprudencia de esta corporación como indicio que puede ser valorado por el juzgador al momento de proferir decisión. Al respecto señala:

(…) no es necesario modificar las reglas probatorias señaladas en la ley para hacer efectivas las consecuencias que se derivan de la violación del deber de lealtad de las partes, dado que el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, establece que el juez podrá deducir indicios de su conducta procesal.

Así, por ejemplo, de la renuencia a suministrar la historia clínica, o hacerlo de manera incompleta, o no documentar datos relevantes de la prestación médica, puede inferirse el interés de la parte de ocultar un hecho que le resulta adverso a sus intereses; como puede serlo también en contra de la parte demandante, el negarse a la práctica de un examen médico con el fin de establecer la veracidad de las secuelas que hubiera podido derivarse de una intervención, o el ocultar información sobre sus antecedentes congénitos, que por ejemplo, pudieran tener incidencia sobre la causa del daño aparentemente derivado de la intervención médica.

La desigualdad que se presume del paciente o sus familiares para aportar la prueba de la falla, por la falta de conocimiento técnicos, o por las dificultades de acceso a la prueba, o su carencia de recursos para la práctica de un dictamen técnico, encuentran su solución en materia de responsabilidad estatal, gracias a una mejor valoración del juez de los medios probatorios que obran en el proceso, en particular de la prueba indiciaria, que en esta materia es sumamente relevante, con la historia clínica y los indicios que pueden construirse de la renuencia de la entidad a aportarla o de sus deficiencias y con los dictámenes que rindan las entidades oficiales que no representan costos para las partes”(19).

24. En el caso concreto, para que la Sala pueda determinar si la parte demandada incurrió o no en falla del servicio médico, se requiere sin lugar a dudas el documento en el cual se consignó la atención prestada al paciente, esto es, la historia clínica. Solo en el mencionado documento, quedó plasmado el procedimiento seguido en el momento de la consulta; por lo tanto, allí se encuentra la prueba de la posible falla. Ante la imposibilidad para la Sala de conocer cuál fue el tratamiento y manejo dado al paciente que minutos después falleció en la consulta, no es posible concluir que se presentó una falla del servicio.

25. Si bien la renuencia de la parte demandada a aportar al proceso la historia clínica —tantas veces solicitada por la parte actora—, debe ser tomada como un indicio de responsabilidad en su contra, lo cierto es que no existen suficientes elementos de juicio, que permitan demostrar que fue el diagnóstico errado de la sintomatología que presentaba el paciente, o la falta de tratamiento diligente, lo que dio lugar a la muerte del señor Marino Betancur Morales. Por consiguiente, no es dable afirmar que las actuaciones en la prestación del servicio médico, no fueron acordes a lo que finalmente requería el paciente y que esto fue lo que produjo el daño, porque tal como quedó expuesto, no existe prueba de que la actuación u omisión de la demandada haya contribuido al desenlace fatal.

26. Ahora bien, se destaca que la ausencia de la historia clínica en el expediente obedece a la negativa del ISS de entregar la mencionada prueba, incluso ante una orden judicial que le imponía dicha carga. La Sala encuentra probado en este proceso que la demandada ejerció maniobras evasivas y dilatorias que le permitieron el ocultamiento de dicho documento de gran importancia para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el ISS de Risaralda el 18 de mayo de 1999. Con su conducta, la entidad imposibilitó a la administración de justicia el acercamiento a la verdad sobre la ocurrencia de los hechos narrados en la demanda, e hizo nugatorio a los demandantes el derecho a la reparación de los perjuicios posiblemente ocasionados con motivo de esos hechos.

27. Comoquiera que la parte demandada en este asunto no puede beneficiarse de su propia culpa, la Sala considera que la situación descrita, constituye en sí misma una falla del servicio, por cuanto el ISS incumplió sus obligaciones institucionales y legales de llevar el registro médico del paciente, y brindar acceso a la información requerida por los actores y por las autoridades. Esta falla del ISS ocasionó un daño a las personas que hoy conforman el extremo activo de la relación procesal y por lo tanto la demandada está en el deber de indemnizarlos conforme se expondrá en el acápite pertinente.

28. De conformidad con lo expuesto, concluye la Sala que existe un nexo de causalidad directo entre la falla en el servicio consistente en la no entrega de la copia de la historia clínica correspondiente al señor Marino Betancur Morales y el daño, es decir, la no obtención de dicho documento por parte de los aquí demandantes cuando tenían derecho a ello, lo cual hizo nugatoria su posibilidad de reparación ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

VI. Liquidación de perjuicios

29. Antes de fijar el valor correspondiente a los perjuicios morales, la Sala advierte que a pesar de que las pretensiones de la demanda se plantearon en gramos oro la condena se proferirá en el valor equivalente a salarios mínimos legales. Esto teniendo en cuenta que la Sala(20) resolvió abandonar el sistema de cálculo de los perjuicios morales con base en el patrón gramo de oro, para acoger en su lugar la indemnización de los mismos en salarios mínimos legales, considerando apropiado para la tasación de los perjuicios morales sufridos en mayor grado, el monto equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

30. Por concepto de perjuicios morales sufridos por los demandantes con motivo de la muerte del señor Mariano Betancur morales, el a quo condenó a la entidad pública demandada a pagar setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los señores, Amparo Álzate Montoya, Silvia Eliana Betancur Álzate y Fabián Aleices Betancur Álzate (fl. 100, c. ppal.).

31. Si bien la indemnización a reconocer no corresponde al perjuicio moral ocasionado a los demandantes por la muerte del señor Mariano Betancur Morales, sino al ocasionado a los actores por la no entrega de la historia clínica del mencionado familiar, la Sala considera que dicho perjuicio es de similar envergadura, por lo tanto, confirmará la condena impuesta por el a quo.

32. Por las razones expuestas no hay lugar a reconocer perjuicios materiales.

VII. Costas

33. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

34. En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera —Subsección “B”— de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia del 27 de febrero de 2003 proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, por las razones vertidas en el presente proveído.

2. DECLARAR patrimonialmente responsable al Instituto de Seguros Sociales, por la falla del servicio consistente en la no entrega de la historia clínica del señor Marino Betancur Morales, lo que a la postre causó perjuicios a los demandantes en el contexto de la presente demanda de reparación directa.

3. En consecuencia, CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales, a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de dinero equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los demandantes: Amparo Alzate Betancur, Fabián Aleices Betancur Alzate y Silvia Betancur Alzate.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. RECONOCER personería a la abogada Lina Paola Barrios Castrillón identificada con la cédula de ciudadanía 55 178 353 de Neiva, portadora de la tarjeta profesional Nº 107.489 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la parte demandada en los términos y para los efectos del poder a ella conferido, obrante en el folio 164 del cuaderno principal.

6. Sin condena en costas.

7. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. En firme este fallo DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) En razón de la cuantía el proceso es de doble instancia, pues la pretensión mayor correspondiente a perjuicios morales a favor de cada uno de los demandantes se estimó en 2021 gramos de oro, equivalentes a $ 38 758 636.95 a la presentación de la demanda, monto que supera la cuantía requerida en el año 2001 ($ 26 390 000) para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, fuere de doble instancia.

(8) Artículo 136 modificado D. 2304 de 1989, art. 23 modificado Ley 446 de 1998, art. 44. “(…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

(9) El registro médico de cuidado ambulatorio del servicio de urgencias, obra como prueba auténtica en el presente proceso, de acuerdo a la información allegada por la coordinadora de calidad de la entidad demandada, prueba decretada mediante auto de 26 de septiembre de 2001 (fls. 62-63, del cdno. 1, y fls. 32-85 del cdno. 2).

(10) “La administración sólo podrá negar la consulta de determinados documentos o la copia o fotocopia de los mismos mediante providencia motivada que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales pertinentes. Si la persona interesada insistiere en su solicitud, corresponderá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos decidir en única instancia si se acepta o no la petición formulada o si se debe atender parcialmente. Ante la insistencia del peticionario para que se le permita consultar o se le expida la copia requerida, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal para que este decida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Se interrumpirá este término en el caso de que el Tribunal solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir y hasta la fecha en la cual los reciba oficialmente”.

(11) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, Expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de: agosto 31 de 2006, Expediente 15772, C.P. Ruth Stella Correa; de octubre 3 de 2007, Expediente 16402, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 23 de abril de 2008, Expediente 15750; del 1º de octubre de 2008, expedientes 16843 y 16933; del 15 de octubre de 2008, Expediente 16270, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; del 28 de enero de 2009, Expediente 16700, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 19 de febrero de 2009, Expediente 16080, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: del 18 de febrero de 2010, Expediente 20536, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y del 9 de junio de 2010, Expediente 18683, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de: septiembre 13 de 1991, Expediente 6253, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; del 22 de marzo de 2001, Expediente 13166, C.P. Ricardo Hoyos Duque; del 14 de junio de 2001, Expediente 11901; de octubre 3 de 2007, Expediente 12270, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de marzo 26 de 2008, Expediente 16085, C.P. Ruth Stella Correa y del 4 de junio de 2008, Expediente 16646, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otras.

(14) Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, Expediente 17149, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(15) Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, Expediente 14726, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(16) Sentencia del 9 de febrero de 2011, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Radicado 73001233100019980029801(18793), actor: Nancy Ducuara y otro.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2007, Expediente 15178, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(18) [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, Expediente 15772, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, Expediente 15772, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(20) Sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646.