Sentencia 2001-00067 de septiembre 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Proceso: 880012331000200100067 01

Interno: 25620

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Saulo Rómulo Livingston Williams y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: acción de reparación directa. Apelación de sentencia

Bogotá, D.C., dos de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

La Sala abordará el estudio de los siguientes aspectos: 1) La competencia; 2) El ejercicio oportuno de la acción; 3) El régimen de responsabilidad; 4) Material probatorio allegado al proceso; 5) Determinación de la responsabilidad estatal en el caso concreto y, 6) Costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 27 de junio de 2003, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia el Consejo de Estado(21), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(22), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—. Al respecto, ha manifestado la Sala:

“Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse solo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues solo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial.

Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término solo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal...”(23)(destacado fuera del texto).

Con fundamento en lo anterior es dable predicar que el término de caducidad de la acción de reparación directa en los casos en los cuales se invoca la privación injusta de la libertad, se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia que determina la absolución o preclusión de la investigación a favor del procesado(24).

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños sufridos por la parte actora con la privación de la libertad de que fue objeto el señor Saulo Rómulo Livingston Williams. En esta oportunidad, debe empezarse a contar desde la ejecutoria de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 24 de marzo de 2000(25), lo que significa que el actor tenía hasta el día 25 de marzo de 2002 para presentar oportunamente su demanda y, como ello se hizo el 6 de septiembre de 2001, resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

3. El régimen de responsabilidad.

Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(26), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se dijo:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

En consonancia con lo anterior, resulta acertado precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación injusta de la libertad a la cual fue sometido el señor Saulo Rómulo Livingston Williams desde el 4 de agosto de 1997 hasta el 6 de diciembre de 1999, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala deben ser analizados con fundamento en la Ley 270 de 1996.

En este sentido debe tenerse presente el texto del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta cuando esta sea ilegal o arbitraria(27), sino que se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver de la misma forma la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad.

Significa lo anterior que, después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta(28) y ello en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política. En tal sentido, la Sala, mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(29).

Ahora bien, ciertamente la Sala en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, ha evolucionado en la interpretación y aplicación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(30). En efecto la Jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas etapas, así(31):

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resulte relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(32). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(33).

Posteriormente, una segunda postura indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad­— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(34), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(35), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(36).

En un tercer momento, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, se agregó la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(37), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(38).

Finalmente, en una cuarta etapa, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima hubiera dado lugar a que se profiriera, en su contra, la medida de aseguramiento(39).

Estas últimas tesis han estado fundadas en la primacía de los derechos fundamentales, en la consecuente obligación estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y en la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con sumo grado de importancia, el derecho a la libertad. En relación con estos aspectos, la Sala, en sentencia proferida el 4 de diciembre de 2006, precisó:

“Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas...

“Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la norma fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general...

“De ahí que los derechos fundamentales se configurasen como límites al poder(40) y que, actualmente, se sostenga sin dubitación que el papel principal del Estado frente a los coasociados se contrae al reconocimiento de los derechos y libertades que les son inherentes y a ofrecer la protección requerida para su preservación y respeto(41). No en vano ya desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1798(42), en su artículo 2º, con toda rotundidad, se dejó consignado:

“ART. 2º—El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión...

“Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el capítulo 1 del título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida ¾arts. 11 y 12¾ se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de derecho.

“Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la máxima cautela antes de calificar cualquier limitación a la libertad, como una mera carga pública que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad”.

Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la necesidad de garantizar de manera real y efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos que conlleven al aseguramiento y disfrute de esos derechos. Es por lo anterior que no se puede aceptar que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad como medida cautelar y que, en consecuencia, se hallen obligados a aceptar como un beneficio gracioso que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo —sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima—, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el solo hecho de vivir en sociedad.

4. Material probatorio allegado al proceso.

Obran en el expediente, entre otros, los siguientes elementos probatorios, que fueron allegados en copia auténtica, los que hacen parte del expediente radicado bajo el número 1599-8532(43), adelantado en contra de Saulo Rómulo Livingston Williams, por el delito de favorecimiento en el tráfico de estupefacientes.

— Providencia proferida el 2 de julio de 1998(44), por la Fiscalía Cuarenta y Seis, mediante la cual se libró resolución de acusación ante los jueces penales de Barranquilla entre otros contra el señor Saulo Rómulo Livingston Williams, de conformidad con los siguientes fundamentos:

“... Saulo Rómulo Livingston Williams a folios 272 y siguientes del mismo cuaderno donde señala que conduce una vans vino tinto, que desconoce los hechos registrados el 1º de abril en providencia, niega haber recogido en su vehículo a cuatro sujetos de la lancha cuando los hechos se registraban, que no ha tenido ningún altercado por dinero ni por nada con nadie, dice que Lola Livingston es su tía y no intervino para que ella prestara el teléfono para llamar a Medellín ni Pereira.

Sobre este sumario existen diversos medios de prueba tal como se ha señalado en el análisis de cada medio; siendo testimonios y documentos que lo señalan como la persona que con su medio de transporte auxilió a los sumariados por el delito de narcotráfico, además de encontrar medios documentarios de prueba que aseveran lo señalado en cuanto a que los llevó donde su familiar Lola Livingston para realizar desde allí algunas llamadas telefónicas a Medellín y Pereira que entre otras cosas no ha sabido explicar la propietaria del abonado telefónico y residente en el lugar donde está instalado, contra él existen entonces más que superados los presupuestos sustanciales del artículo 441 del Código de Procedimiento Penal para proferir resolución de acusación en su contra”.

— Sentencia del 6 de diciembre de 1999, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la que se absolvió al señor Saulo Rómulo Livingston Williams(45). Como fundamento de su decisión expresó:

“Ahora, poco confiable resulta el informe muy cuestionado por cierto por la defensa, aunque con razón, si en cuenta se tiene que el mismo (48) C.O. número 1, se afirma de que Saulo Livingston recogió a los ocupantes de la lancha en una camioneta vans color rojo o vino tinto y los ocultó en su residencia, información que se judicializa y cobra solidez con el dicho del teniente Eliécer Armando Gutiérrez Estupiñán (264) c.o. número 3, quien por la época se desempeñaba como comandante en Providencia, que al recibir una llamada de la secretaria del coronel Gómez, le informaba que del comando de la Fuerza Aérea habían llamado reportando la novedad de que a diez millas de la isla de Providencia por el costado sur se acercaba una lancha langostera con 4 tripulantes, perseguida por la fuerza aérea y unidades de guardacostas de los Estados Unidos, de inmediato ordenó el desplazamiento de los patrulleros Hernández y Castillo en una moto hacia la playa sur oeste, mientras él hizo lo propio en una lancha con el agente Ampudia y el patrullero Orozco hacia el lugar indicado, cuando llegó observó la lancha blanca y azul custodiada por infantes de marina al lado del teniente Triana y luego de cambiar información con él, le comunicó no haber visto a ningún tripulante, que la motonave no había sido revisada en espera de la autoridad competente. Ordenó la búsqueda de los tripulantes por el sector de la playa, manglares y lugares aledaños sin resultado alguno. Los operativos permitieron recoger información dada por la ciudadanía sobre los posibles tripulantes y los colaboradores para su evasión, que “... fueron recogidos por una camioneta Ford de color rojo, conducida por el señor Saulo Livignston...”.

Esta secuencia probatoria en principio cuenta el apoyo del teniente César Augusto Triana Gómez (13) C.O. número 1, quien en su primer versión se limita a contar la forma como se supo la persecución de la lancha, y sus pormenores, al notar que aquella se desplazaba hacia el sur oeste seguida de cerca por un helicóptero, desplazó una escuadra a ese sector y él lo hizo en una motocicleta, en compañía de un infante, llegando cinco o diez minutos después cuando vio que la lancha estaba emplayada con los motores encendidos y sin tripulantes, ordenando al infante su vigilancia, mientras él registró el área en busca de la ruta de escape de los tripulantes, regresó, momento en que hizo presencia la patrulla y ordenó el registro amplio y detallado (14) C.O. número 1 (resalta el juzgado).

En la secuencia surge una primera contradicción palmaria, en relación con el testimonio del teniente de la Policía Eliécer Armando Gutiérrez Estupiñán quien como se precisó atrás, se había desplazado en una lancha con el agente Ampudia y el patrullero Orozco, en donde vio la lancha emplayada al cuidado de los Infantes de Marina al mando del teniente Triana quien le dijo no había visto a ningún tripulante y que no había revisado la lancha, porque esperaba la llegada de la autoridad competente (resalta el juzgado).

El teniente Triana Gómez, por otra parte habla de testigos presenciales como el dueño del kiosco de venta de licores ubicado justamente a dos metros de donde quedó la lancha y una señora que trabaja en la Universidad del Valle quien le dijo eran cuatro sujetos, de los cuales observó cuando salía a la carretera un hombre de baja estatura, gordo, de color negro y calvo, iba descalzo. Aunque el teniente de la Policía Eliécer Armando Gutiérrez Estupiñán no suministra dato alguno sobre el particular, para cuyo efecto basta ver declaración (264) C.O. número 3. En esta declaración agrega como nueva información de que (sic) los posibles tripulantes según se supo por la ciudadanía fueron recogidos por una camioneta de color rojo conducida por Saulo Livingston (resalta el juzgado).

Lo lamentable como curioso es que la Fiscalía no practique allanamiento a la vivienda de este individuo ante la certeza de tal información, pero si se lleven a otras viviendas, en la misma fecha, que ningún resultado produjeron. En verdad no entiende el proceder de la autoridad policiva como de la Infantería de Marina.

Con todo y ello y para colmo de males, el teniente de Infantería de Marina César Augusto Triana Gómez se le amplía su declaración el 14 de enero de 1998, es decir, 9 meses después, con el fin de corroborar la secuencia de la recogida de la tripulación por el automotor rojo y véase la versión particular de sus propias palabras (252) C.O. número 4, donde asegura fue el primero en llegar y que desde el helicóptero le indicaron la ruta por donde huyó la tripulación, hizo un registro y solo encontró una gafas tal vez de alguno de ellos, al salir a la carretera algunas personas le dijeron que una camioneta había recogido dos personas que estaban sin camisa y una tenía rapada la cabeza, luego se amplió el registro, como una inspección ocular a la lancha.

Ahora, en uso de la palabra el señor defensor de uno de los encartados en ese momento procesal presente en la diligencia interrogó al oficial, con el fin de verificar la secuencia atinente del automotor que les recogió expresándose que según lo que recordaba “... se trataba de una camioneta tipo pick up, no recuerdo si era blanca con gris o azul con blanco...”. Luego no se compadece que si esta diversidad de versiones no es contradictoria, al menos resulta inentendible con mayor razón que estaba coordinando la investigación con el teniente de la Policía Gutiérrez Estupiñán.

Por si fuera poco, analizando el despacho la declaración del capitán de la FAC Néstor Andrés Quinche Galán, uniéndose al helicóptero BlankHauk| (sic) de los Estados Unidos, luego de dar los pormenores iniciales ya conocidos, indica los tripulantes de la lancha saltaron y corrieron por entre los manglares, uno salió y trató de parar un vehículo pero no le paró. Dice estuvo aproximadamente 40 minutos más colaborando con cualquier información.

Resulta evidente esta declaración con la de los tenientes Triana Gómez y Gutiérrez Estupiñán, sobre todo el segundo, cuando apunta los ocupantes de la lancha fueron recogidos por un automotor rojo, con mayor razón cuando el primero se muestra más que confundido, dubitativo frente a las características del vehículo pues da cuenta no recuerda (sic) si era blanco o gris con blanco.

El dicho del capitán Quinche Galán, es corroborado por el resto de la tripulación, en su orden el teniente Ricardo Horacio Mateus Acero (154) y el técnico Miguel Ángel Trujillo Gamboa (157), el uno como el otro narran de manera similar el operativo, hace énfasis en que la tripulación abandonó la lancha y se perdió por entre la vegetación de manglares, mientras el helicóptero mantuvo una estación y ellos volaban en círculo, aunque al final las cuatro personas se perdieron en el monte, fue imposible capturarlos, no sin dejar de aclarar que el capitán Quinche mantuvo contacto con los tripulantes del helicóptero, pues era el único que hablaba inglés pues dialogó en esa lengua.

Esta secuencia de personas que en verdad relativamente se constituían en testigos de excepción, ante el dominio relativo del hecho, riñe abiertamente con el dicho de los tenientes Triana Gómez y Gutiérrez Estupiñán, circunstancia que les hace perder en cierto sentido seriedad y credibilidad en sus versiones.

En ese orden de ideas, para el juzgado resulta clara la posición defensiva de los implicados en sus injuradas, ubicados de manera radical en su negativa de haber participado en los hechos, ya como tripulantes de la embarcación que encalló en la Playa suroeste de Providencia, ora en sus condiciones de auxiliadores de estos, en su salida subrepticia de la isla hacia San Andrés, aunque tampoco se puede desconocer que sus dichos no convencen, pues las razones que esgrimen no resultan confiables mucho menos razonables, actitud que se entiende y tiene respaldo con el frágil respaldo probatorio, que para el juzgado no satisface el principio de certeza, de tal manera que bajo tan deleznable situación, si que también contradictoria posición de los testigos que de alguna manera estuvieron en la persecución y sobre todo, en epílogo de esta, en donde no encuentra el Juzgado explicación alguna, cómo la tripulación a no ser por su temeridad saliera airosa de tan severa persecución, por aire, agua y tierra.

Por otra parte no puede perderse de vista que todos los indagados en sus injuradas se repite, asumieron posiciones negativas frente a los hechos, ya como copartícipes en el transporte del alcaloide como el favorecimiento de la tripulación para sacarla de Providencia hacia San Andrés, para lo cual basta solo un ejemplo, que desde el mismo día dos de abril no solo las autoridades estaban en el teatro de los hechos investigando aunque de manera insólita, pues mientras se contaba la valiosa información sobre el supuesto auxilio que Saulo Rómulo Livingston había prestado a los tripulantes se ordenen y practiquen allanamientos a viviendas totalmente distintas, o al menos no indicadas.

Además resulta incuestionable las versiones suministradas por los implicados en principio no fueron desvirtuadas con razonable apoyo probatorio y si existan (sic) en el expediente prueba favorable, tal como acontece con las supuestas llamadas desde el negocio de Sonny Arenas, hacia Medellín o Pereira o las que presuntamente hizo Eden Watts a la primera ciudad para avisarle al “patrón”, o a la ida a Cartagena de Fabian Barker Duffis a un chequeo médico dando margen a pensar nada más, que el mismo obedeció a los golpes que recibió a raíz del aparatoso encallamiento de la lancha en la playa, cuando la testigo René Garry en la audiencia pública, lo que por la estrecha amistad con el acusado su dicho no es del todo confiable y por ende creíble.

Tampoco se explica el juzgado por qué la Fiscalía no hizo uso del instituto jurídico del testigo con reserva de identidad, si era cierto que quienes hicieron las revelaciones sobre los integrantes de la tripulación pidieron encarecidamente no suministrar sus nombres por temor o algún otro motivo.

Para el juzgado resulta incontrovertible que la investigación no es modelo en su género, al contrario, conserva cualquier cantidad de falencias que ponen en entredicho los informes policivos, amén de que la confrontación de las grabaciones no fue posible y cuán fácil hubiese sido esta prueba proveyendo en su oportunidad, el perito idóneo en un medio en donde deben sobrar sin caer en el extremo que lo hace el señor defensor para quien la prueba de expertos frente al implicado Edén Watts por no saber el castellano, se le designó a una intérprete, cuya labor debe tenerse ajustada a la realidad más no cuestionarse con fundamento en argumentos interesados, que tan solo tienen cabida como estrategia defensiva.

En tales condiciones, la investigación para el Juzgado en momento alguno ofrece los elementos de prueba necesarios para crear certeza en el juzgado y edificar en él un fallo adverso en contra de los implicados, incluyendo Claudio Howar Duffis, Fabian Barker Duffis y Melvin Marlon Edén Watts, para quienes la fiscal demandó un fallo condenatorio pues se reitera los medios de prueba esgrimidos en su contra de manera especial los informes policivos y las grabaciones de las conversaciones, no ofrecen la certeza para sustentar un fallo adverso, al contrario como quedó dicho la investigación es deleznable...”.

— Providencia del 10 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el cual se confirmó la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado.

“Como lo dijo el a quo hay dudas surgidas de contradicciones y vaguedades que impiden responsabilizar a Saulo Rómulo Livinsgston..., de los hechos por lo que fueron acusados.

Al primero se le sindicó por haber transportado en una van roja a los tripulantes de la lancha y haberlos ayudado para evadir a las autoridades, pero lo cierto es que no se demostró que el único vehículo van, rojo o vino tinto que circulaba para la época en la isla de Providencia fuera la que conducía Saulo y cuyo propietario era su hermano, además, César Augusto Triana Gómez, Oficial de Infantería de Marina cuando amplió su declaración dijo no recordar el color de ese vehículo “si era blanco con gris o azul con blanco”, y lo cierto es que ninguno de estos colores corresponde a los de la van manejada por Saulo; y tampoco se acreditó que él como se dice en el oficio 041, en horas de la noche, los hubiere llevado por Punta Rocosa, bajando por el cementerio, por la loma que queda por el cayo tres hermanos, donde eran esperados por Wayne Hawkins”(46).

5. Determinación de la responsabilidad estatal en el caso concreto.

Valorado el material probatorio antes relacionado, encuentra la Sala suficientemente demostrado que en el presente caso Saulo Rómulo Livingston Williams fue procesado por el delito de favorecimiento en el tráfico de estupefacientes, pues la Fiscalía Cuarenta y Seis mediante providencia del 2 de julio de 1998 calificó el mérito del sumario y lo acusó de ese cargo, siendo absuelto tanto por el juzgado único especializado de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa misma circunscripción, después de estar privado de su libertad por dos años, cuatro meses y dos días, al encontrar el juez de conocimiento que existían serias dudas sobre la responsabilidad penal por la comisión del delito que le había sido endilgado o, lo que es lo mismo, que no se logró demostrar que este cometió el delito por el cual había sido acusado por la Fiscalía.

Así las cosas, esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el ahora demandante, siempre mantuvo incólume la presunción constitucional de inocencia que lo ampara y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás desvirtuó. En consecuencia, mal podría afirmarse que el señor Saulo Rómulo Livingston Williams hubiese estado en la obligación de soportar las consecuencias de la medida restrictiva de su libertad, en los términos en que le fue impuesta.

Resulta, desde todo punto de vista, desproporcionado pretender que se le pueda exigir al hoy demandante que asuma de forma impasible y como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, la privación jurídica de su derecho a la libertad que, como ya se dejó visto, se extendió por un lapso superior a dos años. Por el contrario, lo que resulta compatible con el marco constitucional vigente es, concluir que dicha circunstancia, limitativa del derecho a la libertad, se ha de entender como configurativa de un daño antijurídico que determina la consecuente obligación para la Administración de resarcir al ahora demandante.

Debe precisar la Sala que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad —actuación del Estado, daño antijurídico e imputación—, extremos que están suficientemente demostrados en el expediente, pues fue una decisión de la administración de justicia, emanada de la Fiscalía General de la Nación la que determinó que tuviera que padecer la limitación a su libertad hasta cuando fue absuelto de las imputaciones que le fueron formuladas por el Estado, absolución que se correspondió con la circunstancia de no haber podido determinarse por parte de la administración de justicia que fuera el responsable del delito por el cual se lo investigó.

La Sala estima necesario reiterar que, aún en los casos de privación injusta de la libertad proveniente de causas ajenas a las enunciadas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 o por in dubio pro reo, el régimen de responsabilidad aplicable es de carácter objetivo, en el cual se prescinde en absoluto de la conducta del sujeto y su culpabilidad; en ella se atiende única y exclusivamente al daño producido, por tanto, basta demostrar este último para endilgar la responsabilidad de la administración en razón a que quien lo padeció no estaba en la obligación de soportarlo —en este caso el daño producto de la privación de la libertad—(47).

Esta subsección, en sentencia de mayo 12 de 2011(48), acogió el anterior entendimiento en los siguientes términos:

“La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable en aquellos casos en los cuales se configuren las causales previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civil —esto es, que el hecho no existió, no era constitutivo de delito, o el acusado no lo había cometido—, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo, las cuales fueron reiteradas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de abril de 2010, Expediente 18.284, dado que si bien, como se dijo, al caso concreto no le resulta aplicable alguno de esos supuestos, lo cierto es que el mismo será resuelto bajo esa misma línea de pensamiento —estructurada en un régimen objetivo de responsabilidad—, acogida por la jurisprudencia de la Sala y reiterada por esta subsección”.

Como se desprende de lo anterior, la razón que llevó a la Fiscalía a precluir la investigación penal a favor del aquí demandante no obedeció a alguno de los supuestos previstos en el entonces vigente artículo 414 del Código de Procedimiento Civil —porque el hecho no hubiere existido, porque el hecho no hubiere sido constitutivo de delito, o porque el acusado no lo hubiere cometido— y tampoco devino de la aplicación del principio in dubio pro reo, comoquiera que la decisión adoptada no fue producto de un cotejo probatorio en uno u otro sentido —a favor o en contra del sindicado— que generare duda acerca de la responsabilidad penal del actor y que la misma fuese resuelta a favor de este último, sino que se apoyó, simplemente, en el vencimiento del plazo legal para proferir resolución de acusación o de preclusión, última alternativa que se acogió debido a la escasez de pruebas que le permitieren a la Fiscalía inclinarse por la primera opción decisoria” (destaca la Sala).

En conclusión, como ya se dijo, es evidente que la privación de la libertad del señor Saulo Rómulo Livingston Williams configuró para él, un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a la libertad que le fue impuesta en razón de las actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, comprometiendo la responsabilidad de la entidad demandada, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

Así las cosas, habrá lugar a confirmar el fallo apelado, que declaró la responsabilidad administrativa de la entidad demandada, dejando claro que le asiste responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, puesto que al resolver la situación jurídica del señor Livingston Williams lo afectó con medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación y al calificar el mérito de la instrucción profirió en su contra resolución de acusación.

5.(sic) Actualización de la condena impuesta en primera instancia.

Ahora bien, como el recurso de apelación solamente se encontraba direccionado a que se revisara el tema de la responsabilidad de la entidad demandada y la indemnización de perjuicios no fue motivo de impugnación, se procederá únicamente a actualizar la condena impuesta por perjuicios materiales a favor de la parte actora, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor actual, lo cual en modo alguno implica la vulneración del principio de la no reformatio in pejus que opera a favor de la Fiscalía General de la Nación, pues no se está reconsiderando la suma impuesta por tal concepto, solamente se está llevando a valor actual.

 

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Ra= $ 20’350.647

6. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Decreto 1 de 1984(49), modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 27 de junio de 2003, la cual quedará así:

1. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva a favor de la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y la Policía Nacional.

2. Declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación - Fiscalía General de la Nación por el daño causado como resultado de la injusta privación de la libertad a que fue sometido el ciudadano Saulo Rómulo Livingston Williams.

3. En consecuencia, condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación al reconocimiento y pago de los siguientes perjuicios:

Por concepto de perjuicios morales

— A Saulo Rómulo Livingston Williams, la suma de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— A Danexa Eliseña Bryan Archbold, la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— A Devan Saulo Livingston Bryan, la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por concepto de perjuicios materiales - lucro cesante

— La suma de veinte millones trescientos cincuenta mil seiscientos cuarenta y siete pesos ($ 20’350.647,oo), a favor de Saulo Rómulo Livingston Williams.

4. Negar las demás súplicas de la demanda.

5. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(21) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Expediente 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(22) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(23) Sentencia del 14 de febrero de 2002. Expediente 13.622. C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(24) Criterio reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, Expediente 21801, C.P. Hernán Andrade Rincón, así como por la sección en auto de 19 de julio de 2010, radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01 (37410), C.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez.

(25) Según certificación visible a folio 75 vto. del cuaderno 6.

(26) Expediente 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, Expediente 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros y el 26 de marzo de 2008, Expediente 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, entre otras.

(28) Sobre el particular, consultar la sentencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, Expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

(30) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, Expediente 9734.

(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, Expediente 8.666.

(34) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, Expediente 10.056.

(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, Expediente 10.229.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2002, Expediente 13.606.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, Expediente 11.601; sentencia del 27 de septiembre de 2000, Expediente 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, Expediente 11.413.

(39) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2007); radicación 20001-23-31-000-3423-01; Expediente 15.463; actor: Adiela Molina Torres y otros; demandado: Nación-rama judicial.

(40) Sobre el punto, véase De Asís Roig, Agustín, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, Debate, Madrid, 1992; Rodríguez-Toubes Muñiz, Joaquín, La razón de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995.

(41) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de derecho administrativo, tomo I, Introducción, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 2003, p. 375.

(42) Se toma la cita de la trascripción que del texto de la declaración efectúa Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales..., cit., p. 139.

(43) Copia auténtica remitida por el Juzgado Único Especializado de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en cumplimiento de lo dispuesto en providencia del 3 de abril de 2002.

(44) Folios 105 a 144 del cuaderno 5.

(45) Folios 405 a 464 del cuaderno 5.

(46) Folios 13 a 70 del cuaderno 6.

(47) Sobre el derecho fundamental de todas las personas a la libertad, la Corte Constitucional, en sentencias C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997 y C-774 de 25 de julio de 2001, hizo los siguientes pronunciamientos:

“Sobre el derecho de libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que: ‘Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

‘La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

‘En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles’.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado mediante la Ley 74 de 1968 se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta...”.

— En la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por la Ley 16 de 1972 se dice que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(...) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no solo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”.

“La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues según el inciso 4º del artículo 29 de la Carta Política: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, y por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado.

(48) M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 1998-1400 (20665).

(49) Normatividad aplicable al asunto de la referencia por expresa disposición del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a su tenor literal dispone:

“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.