Sentencia 2001-00074 de diciembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 27465

Rad.: 20001233100020010007401

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandante: James Enrique Romero Sánchez

Demandado: Municipio de Pailitas

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D. C., seis de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

l. Los presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción.

Corno se acaba de precisar, esta corporación resolvió que esta era la jurisdicción competente para conocer de este proceso.

Ahora bien, frente a la idoneidad de la acción de reparación directa, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió la sentencia de 27 de marzo de 2007, Exp. IJ 2000-2513, en la que evidenció las divergencias que existían al interior de esta corporación en relación con la acción procedente para reclamar el pago de las cesantías definitivas y la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, en los siguientes términos:

“Precedentes jurisprudenciales de la Sección Tercera.

En sentencia de 17 de julio de 1997, Rad. 11.376, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteras, se dictó fallo inhibitorio porque el daño a reparar se originó en el acto administrativo por el cual se reconoció el auxilio de cesantía y, por tanto, la acción indicada no podía ser la de reparación directa pues si el daño se produce en razón de un acto debe impetrarse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Si se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles, contenidas en actos administrativos o títulos expedidos por la administración, la acción procedente es la ejecutiva.

Posteriormente, en sentencia de 26 de febrero de 1998, Rad. 10.813, C.P. Ricardo Hoyos Duque, la Sala modificó la posición anterior al considerar que, tratándose de la ejecución material del acto que contiene la orden de pagar el auxilio de cesantía cuando el pago se produce en forma tardía ocasionando un perjuicio al beneficiario, la fuente del daño es la operación administrativa y, por tanto, no es necesario provocar que la administración se pronuncie al respecto pues cuando la causa de la petición es una operación administrativa ‘la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño’. El Estado incurre en falla del servicio por el retardo en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y surge para este el deber de indemnizar al afectado. En consecuencia la vía procesal adecuada es la acción de reparación directa. En esta providencia el Consejero Daniel Suárez Hernández salvó el voto porque el cumplimiento de los actos administrativos por los cuales se reconocen derechos patrimoniales no puede ser enjuiciado ante el contencioso administrativo por la vía de la reparación directa por tratarse de actos de simple cumplimiento y conformar un título ejecutivo por contener una obligación clara, expresa y exigible que, en consecuencia, debe ventilarse ‘por las normas del proceso ejecutivo’.

En auto de 27 de septiembre de 2001, Rad. 19300, C.P. Ricardo Hoyos Duque, se modificó el criterio mayoritario al considerar que, como según el texto de la Ley 244 de 1995 ‘bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo’, la acción procedente para reclamar la sanción moratoria es la acción ejecutiva porque la sanción se causa automáticamente sin necesidad de reconocimiento expreso por parle del deudor y se podría ejercer con el acto de liquidación de las cesantías, a efectos de reclamar la sanción moratoria causada desde la fecha de su expedición hasta la del pago efectivo de la obligación. Esto es, la acción de reparación directa no es viable para reclamar en forma independiente el pago de unas sumas cuyo reclamo se omitió por las vías conducentes.

En auto de 3 de agosto de 2000, Rad. 18.392, C.P. María Elena Giraldo Gómez, se confirmó la inadmisión de la demanda pues se pretendió, por la vía de la acción de reparación directa, declarar responsable al Estado por no haber pagado unas prestaciones sociales que no habían sido reconocidas. Se señaló: ‘Distinto sería si la demanda refiriera que el Estado pagó tardíamente prestaciones reconocidas y que por el retardo se le causó un daño antijurídico y, en consecuencia, pidiera indemnización’.

En auto de 27 de febrero de 2003, Rad. 23.739, C.P. María Elena Giraldo Gómez, se admitió la demanda de reparación directa porque se demandaron las omisiones consistentes en el retardo y en la falta de pago, es decir, lo cuestionado era el incumplimiento administrativo y no la legalidad del acto que reconoció el derecho. En consecuencia, la acción de reparación directa es la adecuada porque se demandan unas omisiones administrativas.

En sentencia de 2 de junio de 2005, Rad. AG 2382, C.P. María Elena Giraldo Gómez, se declaró responsable a la administración, en el marco de una acción de grupo, por la tardanza en el pago de unas mesadas pensionales, por cuanto la demostración de la tardanza en el pago puso en evidencia el daño material ocasionado a los pensionados, lo que, de paso, quebranta la Constitución, artículo 53, inciso 3º, conforme al cual ‘El Estado garantiza el derecho al pago oportuno’ de las pensiones legales.

Precedentes jurisprudenciales de la Sección Segunda.

En sentencia de 21 de marzo de 2002, Rad. 1124-2000, C.P. Alberto Arango Mantilla, se señaló que si bien, en principio, la sanción moratoria a que se refiere la Ley 244 de 1995, artículo 2º, exige la existencia de un acto administrativo que reconozca la prestación, tal circunstancia abriría la posibilidad de que las entidades se escuden en ella para evitar la condena por sanción moratoria. Empero, de la exposición de motivos de dicha ley se infiere que al establecer la sanción se busca una respuesta rápida, imparcial y efectiva a las peticiones de pago de las cesantías respecto de las cuales el derecho no esté en discusión; es decir, esta sanción es aplicable cuando el derecho no esté en litigio porque lo que se sanciona es la negligencia de la entidad en efectuar los trámites tendientes a la satisfacción de la obligación. Así, cuando la entidad argumenta la inexistencia del derecho y deja a disposición del administrado la vía judicial no parece coherente que se le impute mora en el pago.

En sentencia de 12 de diciembre de 2002, Rad. 1604-2001, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, se indicó que para determinar cuándo la administración incurrió en mora deben contarse sesenta días hábiles, más el término de ejecutoria de la resolución que se hubiere dictado, desde la fecha en que debió efectuarse el reconocimiento de la prestación. Los sesenta días se desagregan de la siguiente manera, quince que corresponden al término que tiene la entidad para expedir la resolución de reconocimiento de las cesantías definitivas y cuarenta y cinco que corresponden al término para el pago o desembolso de la suma de que se trate, según lo previsto por los artículos 1º y 2º de la Ley 244 de 1995.

En sentencia de 3 de abril de 2003, Rad. 0881-02, C.P. Ana Margarita Olaya Forero, también se abordó el fondo el (sic) asunto debatido y se denegó la solicitud de la indemnización moratoria porque para su causación se requiere que hayan transcurrido 45 días desde la fecha en que haya quedado en firme el acto de liquidación de las cesantías definitivas y como en el expediente no obra copia de dicho acto no se dan los presupuestos de hecho señalados por la norma para que proceda el reconocimiento de la sanción.

En sentencia de 31 de julio de 2003, Rad. 4873-2002, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación acogió la tesis de la acción ejecutiva y se declaró inhibida para conocer una reclamación de indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de unas cesantías definitivas y remitió el expediente, para lo de su cargo, al juez laboral del circuito, oficina de reparto, Palmira.

En sentencia de 19 de febrero de 2004, Rad. 1846-2003, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, se sostuvo que el pago de las cesantías definitivas debe adelantarse ante el juez laboral del circuito y se negó el pago de la sanción moratoria por la falta de pago oportuno de la cesantía definitiva al considerar que debe existir una petición previa a la administración en ese sentido” (resaltado por fuera del texto).

Por lo anterior y en aras de resolver la discrepancia existente, la Sala diferenció entre aquellos eventos en los que el administrado no discute el monto de las cesantías definitivas a la que tiene derecho, pero alega que las mismas no le fueron canceladas o su reconocimiento y/o pago se efectuó de manera tardía, en cuyo caso procedería la acción ejecutiva laboral ante .la jurisdicción ordinaria por tratarse, en principio, de un título ejecutivo complejo, y aquellos en los que sí se está en desacuerdo con la suma reconocida, caso en el cual la acción idónea será la de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral.

Sin embargo, aunque destacó la improcedencia de la acción de reparación directa, adujo que “(...) por razones de seguridad jurídica y por respeto al derecho de acceso a la administración de justicia, los procesos emprendidos a través de [esta acción], que no requiere agotamiento de la vía gubernativa, deben continuar con el trámite iniciado hasta su culminación, conforme a las tesis jurisprudenciales correspondientes”. Indicó que dicha sentencia seria criterio jurisprudencial a partir de su ejecutoria.

La Sala Plena de la Sección Tercera, siguiendo las consideraciones esbozadas en la anterior jurisprudencia, señaló en un proceso en el que se solicitaba el pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, a través de la acción de reparación directa, lo siguiente:

“En el sub lite, se advierte que la acción ejercida fue la de reparación directa, dado que el actor al formular la demanda por esa vía actuó en acatamiento de la tesis jurisprudencial que existía en ese momento, conforme a la cual ‘la orden de pagar una prestación social como la cesantía, es un acto de la administración que realiza una norma legal que modifica por tanto el ordenamiento jurídico; pero, la actuación material consistente en la ejecución de ese acto, es una operación administrativa y si esta se produce en forma tardía y de ello se deriva un perjuicio al beneficiario del derecho, se concluye que la fuente de producción del daño no es entonces el acto, sino la operación’(3).

Por manera que en la demanda se solicitó el pago de la indemnización moratoria adeudada al actor como consecuencia del retardo en el reconocimiento y pago de sus cesantías, en aplicación de la tesis jurisprudencial vigente en 1998 cuando se presentó la demanda, y por ello la acción escogida, esto es, la de reparación directa, debe interpretarse como idónea a partir de una lectura conforme a la Constitución, y en especial a los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la justicia y de igualdad.

Lo anterior no significa que el Consejo de Estado no esté habilitado para revisar su jurisprudencia, esto es, para modificar su criterio bien porque adopte uno nuevo que juzgue más apropiado, ya porque se adapte a los continuos cambios sociales(4). Pero estos cambios no pueden suponer afectación del derecho de acceso a la justicia, como sucedería justamente en punto de la definición de la acción procedente para demandar al Estado”(5).

En el sub examine, la demanda impetrada en ejercicio de la acción de reparación directa y dirigida a obtener el pago de las cesantías definitivas adeudadas al señor Romero Sánchez, así corno la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995, se presentó el 26 de enero de 2001, es decir, en vigencia de la tesis jurisprudencial plasmada en la sentencia de 26 de febrero de 1998, proferida por la Sección Tercera de esta corporación, en virtud de la cual esta acción es procedente para conocer sobre el asunto y antes de aquella emitida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Por lo anterior, se estudiará el mérito de las pretensiones formuladas.

Además, esta corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto perjuicios materiales supera la exigida por la norma para el efecto(6).

De la legitimación en la causa.

La legitimación en la causa aparece demostrada en el plenario, por una parte, porque el actor es el directamente afectado con el no pago de las cesantías definitivas y por la otra, porque es el municipio de Pailitas el ente directamente encargado de llevar a cabo el pago que aquí se cuestiona.

De la caducidad de la acción.

En el presente asunto se pretende que se declare la responsabilidad del municipio de Pailitas por el no pago de las cesantías definitivas reconocidas en la Resolución 48 de 21 de mayo de 1999, expedida por la personería municipal.

De acuerdo con el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, ese municipio tenía un plazo de 45 días hábiles para efectuar el pago respectivo, contados a partir de la fecha en la cual quedó ejecutoriada esta resolución. Como no se demostró en el proceso que se hubiera presentado algún recurso en contra de esta decisión, se infiere que la misma quedó ejecutoriada a los 5 días siguientes de su expedición —art. 51, CCA—, esto es, el 28 de mayo de 1999. A partir de esta fecha empezó a correr el término de dos años para interponer la acción de reparación directa, por cuanto desde ese día se hizo exigible el pago y como la demanda se presentó el 26 de enero de 2001, se entiende que fue oportunamente impetrada según lo consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Validez de los medios de prueba

En el plenario obran unos documentos en copia simple aportados por la parte actora (fls. 3-11, cdno. 1), los cuales podrán ser valorados por cuanto fueron expedidos por la entidad demandada, cuyos originales deben reposar en sus archivos y no fueron tachados de falsos al haber podido ser cotejados(7). La Sección Tercera de esta corporación, en reciente fallo de unificación de jurisprudencia(8), consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no haya sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

III. Problema jurídico

Procede la Sala a determinar sí se configuró una falla del servicio imputable a la demanda, al no efectuar el pago oportuno de las cesantías definitivas reconocidas en favor del señor James Enrique Romero Sánchez y si por esa razón resulta procedente la aplicación de la sanción moratoria consagrada en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995.

IV. Hechos probados

Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1. El 21 de mayo de 1999, la personería municipal de Pailitas, departamento del Cesar, ordenó en favor del señor James Enrique Romero Sánchez el pago de la suma de $6282386, correspondiente al 100% de las cesantías definitivas causadas en el periodo comprendido entre el 1º de marzo de 1997 y el 21 de mayo de 1999 y a las que tenía derecho al haber sido personero de ese municipio (copia de la Resolución 48 de 1999, expedida por la personería de ese municipio - fls. 3-4, cdno. 1; copia de la liquidación efectuada el 23 de mayo de 1999 por la suma de $6.282.386 - fl. 5, cdno. 1; copia del certificado de disponibilidad presupuestal de 21 de mayo de 1999 - fl. 6, cdno. 1).

2. El 7 de octubre de 1999, la personería de Pailitas, al dar respuesta a un derecho de petición interpuesto por el señor Romero Sánchez, le informó:

“Ahora, con respecto al cobro de las cesantías definitivas a que usted, tiene derecho por haberse desempeñado como personero de este municipio (mar 1/97 a mayo 23/99 (sic)), debo recordarle que, esta dependencia municipal no produce ingresos, que su funcionamiento está dado por las transferencias que para ello le hace el municipio mismo, luego no habiendo recibido las dos (2) últimas transferencias cuatro (4) meses correspondientes recibido (sic), es apenas lógico que tenga dificultades para cancelar sus prestaciones a que tiene derecho, con recursos del presupuesto actual (1999) y cuando al hacer usted, dejación del cargo en dinero en efectivo, solo dejó en la cuenta de esta institución la suma de $149 778,70 lo cual tampoco alcanza para cubrir sus cesantías” (copia del Oficio 207 - fls. 12-13, cdno. 1).

3. El señor James Enrique Romero presentó derecho de petición ante la personería municipal de Pailitas con el fin de que se ordenara el pago de las cesantías definitivas reconocidas a su favor, así como “(...) un día de salario por cada día de mora (...), desde el 7 de julio de 1999, hasta el día en que se efectúe el pago de acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995” (copia del derecho de petición presentado el 27 de julio de 2000 - fl. 10, cdno. 1). Igualmente, dicha petición fue formulada al alcalde del municipio de Pailitas, con el fin de que dispusiera “(...) lo conducente al respecto, habida cuenta de la responsabilidad solidaria que legalmente le atañe a ese ente territorial frente a lo requerido” (copia de la comunicación de 27 de julio de 2000 - fl. 8, cdno. 1).

V. Análisis de la Sala

La Sala encuentra acreditado el daño alegado por la parte actora, pues las pruebas del plenario dan cuenta de que el señor James Enrique Romero Sánchez se desempeñó corno personero municipal de Pailitas, departamento del Cesar, desde el 1º de marzo de 1997 hasta el 21 de mayo de 1999 y al desvincularse, a través de la Resolución 48 de 1999, esa personería ordenó el pago de la suma $6.282.386 por concepto de cesantías definitivas causadas en ese periodo, las cuales no le fueron canceladas dado que esa entidad no contaba con los recursos para el efecto.

En cuanto a la imputación del daño a la entidad demandada, encuentra la Sala que el incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas a favor del actor, resulta atribuible al demandado, por cuanto no obra prueba que permita tener por acreditado dicho pago. Se precisa que aunque se allegó un comprobante de egreso del municipio de Pailitas, sin fecha, por concepto “(...) del 100% de cesantías definitivas al señor personero municipal James Enrique Romero Sánchez desde el 1º de marzo (sic) al 21 de mayo de 1999”, por la suma de $6.282.386, el mismo no se encuentra suscrito por el actor y por ende no puede inferirse la cancelación de ese dinero (fl. 7, cdno. 1).

Además, de acuerdo con lo manifestado por la personería de Pailitas, en el oficio de 6 de noviembre de 2013, no se encontró en los archivos de ese municipio ni en la Secretaría de Hacienda ningún comprobante de pago de esas cesantías.

Ahora bien, la Ley 244 de 1995(9), vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, fijó los términos dentro de los cuales se debía efectuar la liquidación y cancelación oportuna de las cesantías definitivas a los servidores públicos. En relación con el pago, en el artículo 2º consagró que la entidad pública contaba con 45 días hábiles, a partir de que el acto administrativo que ordenara la liquidación quedara en firme, para llevarlo a cabo. Esta norma prescribía que de no cumplir dentro de ese plazo, la entidad debía cancelar de sus propios recursos un día de salario por cada día de retardo hasta que se hiciera efectivo el pago.

Así las cosas, en el caso concreto resulta claro que la personería municipal de Pailitas reconoció las cesantías definitivas en favor del señor Romero Sánchez por un monto de $6282386, mediante Resolución 48 de 21 de mayo de 1999, y que las mismas no le han sido canceladas, incurriendo en un incumplimiento que impone la aplicación de la sanción moratoria del artículo 2º, parágrafo, de la Ley 244 de 1995, la cual empezó a causarse desde el 6 de agosto de 1999(10) hasta la fecha de esta sentencia. Es decir, han transcurrido 5230 días (del 6 de agosto de 1999 al 6 de diciembre de 2013 han transcurrido 14 años y 4 meses).

En este orden de ideas, se encuentra acreditada la responsabilidad del municipio de Pailitas por el daño sufrido por el señor James Enrique Romero Sánchez con el no pago de las cesantías definitivas a las que tiene derecho. Por lo anterior, la sentencia de primera instancia será revocada y en su lugar se condenará al demandado al pago de los perjuicios correspondientes, cuyo monto se establecerá en las consideraciones que siguen.

VI. Liquidación de perjuicios

Perjuicios materiales.

De conformidad con la sentencia de 4 de mayo de 2011, proferida por la Sección Tercera de esta corporación (ver nota al pie Nº 5) y de la Ley 244 de 1995, la sanción moratoria se liquidará de acuerdo con el último salario devengado por el señor James Enrique Romero Sánchez, que de acuerdo con la liquidación de las cesantías que se aportó con la demanda, ascendía a $1.923.333, monto que dividido entre 30 arroja la suma diaria de $64.111 (fl. 11, cdno. 1).

Como el artículo 2º de la Ley 244 de 1995 fijó un día de salario por cada día de retardo hasta que se produjera el pago efectivo de la prestación social, pero no precisó si se trataba de días hábiles se contarán días calendario, que como se señaló anteriormente se contabilizan 5230 días.

La suma de $64.111 deberá actualizarse, para lo cual se emplea la fórmula de actualización reiteradamente utilizada por el Consejo de Estado, de acuerdo con la cual:

2001-00074 Fórmula 1
 

Vp = Valor presente

Vh = Valor histórico

I. final = octubre de 2013 = 113.93

l. inicial= agosto de 1999 = 56.05

2001-00074 Fórmula 2
 

Vp = $130.315

Estos $130.315 se multiplican por los 5230 días de no pago de las cesantías definitivas, lo que arroja un valor de $681.547.450, correspondiente a la sanción moratoria.

También se ordenará el pago de la suma reconocida en la Resolución 48 de 21 de mayo de 1995 por concepto de cesantías definitivas, que asciende a $6.282.386, valor que será actualizado con la siguiente fórmula:

2001-00074 Fórmula 1
 

Vp = Valor presente

Vh = Valor histórico

I. final = octubre de 2013 =113.93

l. inicial = mayo de 1999 = 55.45

2001-00074 Fórmula 3
 

Vp = $12.908.066

Como en la demanda no se solicitaron intereses corrientes, no hay lugar a su reconocimiento.

Perjuicios morales.

El actor pidió perjuicios morales, sin embargo estos no fueron estimados ni demostrados en el curso del proceso.

VII. Costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera —Subsección B— de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA

REVOCAR la sentencia proferida el 3 de abril de 2003, por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR administrativamente responsable al municipio de Pailitas, por los perjuicios padecidos por el señor James Enrique Romero Sánchez, por el no pago de las cesantías definitivas que le fueron reconocidas en la Resolución 48 de 21 de mayo 1999.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al municipio de Pailitas a pagar en favor del señor James Enrique Romero Sánchez, la suma de seiscientos ochenta y un millones quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos ($681.547.450) por concepto de sanción moratoria y la suma de doce millones novecientos ocho mil sesenta y seis pesos ($12.908.066) por cesantías definitivas.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Dese cumplimiento a lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

7. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) [12] Consejo de Estado, sentencia de 26 de febrero de 1998, Sección Tercera, Exp. 10813.

(4) [13] Como anota la doctrina española “el principio de igualdad no podría nunca opera de tal forma que impidiese fenómenos que son connaturales al ejercicio ele la función jurisdiccional: el primero de ellos, la independencia de los órganos jurisdiccionales y su posibilidad de interpretar las normas jurídicas en sentido diferente a la interpretación realizada por otros órganos jurisdiccionales; el segundo de ellos, el de la facultad de los órganos judiciales de rectificar su propia y precedente interpretación de las normas, facultad que está igualmente ínsita en el propio ejercicio de la función jurisdiccional que incluye la posibilidad de modificar los criterios interpretativos, y que, incluso, resulta de la evidente necesidad de adaptación de los patrones interpretativos y del sentido de las normas jurídicas a la propia evolución social”. García Morillo, Joaquín, “La cláusula general de igualdad”, en VV.AA. Derecho constitucional, Volumen I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 188.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de mayo de 2011, Exp. 19957, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) En razón de la cuantía, el proceso es de doble instancia, pues la pretensión mayor correspondiente a perjuicios materiales, se estimó en $33.716.600, monto que supera la cuantía requerida en 2001 ($26.390.000) para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, fuera de doble instancia. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.

(7) En atención a los principios de lealtad procesal. equidad y buena fe. esta corporación ha flexibilizado las exigencias legales para la valoración de las copias simples. En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de octubre de 2011, Exp. 20450, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencias de 10 de marzo de 2011, Exp 15666 y de 19 de junio de 2013, Exp. 27129, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

(9) Esta ley fue adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006, publicada en el Diario Oficial del 31 de julio de ese año.

(10) Se reitera que la Resolución 48 de 21 de mayo de 1999, quedó en firme el 28 de mayo siguiente y por lo tanto los 45 días hábiles consignados en esa ley se cumplieron el 5 de agosto de 1999.