Sentencia 2001-00081/19817 de julio 6 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000200100081-01 (19817)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Actor: Banco Granahorrar S.A.

Demandado: Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera)

Ref.: Sanción por defecto de encaje

Bogotá D.C., seis de julio de dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «Consideraciones.

1. Problema jurídico.

De acuerdo con los argumentos expuestos por las partes, y en particular, con los motivos de inconformidad señalados en el recurso de apelación y el ámbito de competencia del ad quem, el problema jurídico consiste en determinar: I) Si las Resoluciones 1295 de 18 de agosto de 2000 y 1590 de 18 de octubre de 2000, proferidas por el Director Técnico Intermediación Dos B y el Superintendente Delegado para Intermediación Financiera Dos Ad-Hoc de la Superintendencia Bancaria de Colombia respectivamente, adolecen de falta de competencia y ii) Si los hechos que generaron el desencaje del Banco Granahorrar por las bisemanas comprendidas entre el 9 y el 24 de septiembre de 1998 y entre el 23 de septiembre y el 8 de octubre de 1998, ocurrieron por fuerza mayor.

2. De la falta de competencia. Reiteración jurisprudencial(5). 

2.1. Para el Banco Granahorrar S.A., quien resolvió el recurso de reposición carecía de competencia, conforme con los artículos 327 numeral 4.1. literal n) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 1 del Decreto 2489 de 1999, por cuanto el acto previo expedido por el Superintendente Bancario Resolución 0626 de 14 de abril de 2000, que delegó en los Directores Técnicos la facultad de imponer sanciones de desencaje, no fue publicado en el medio previsto en el artículo 108 de la Ley 510 de 1999.

2.2. La Resolución 1295 de 18 de agosto de 2000, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición, fue expedida por el Director Técnico Intermediación Dos B En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las que le confieren el literal n), del numeral 4º, del artículo 1º del Decreto 2489 de 1999, Resolución 0626 del 14 de abril de 2000 de la Superintendencia Bancaria y en aplicación del capítulo I del título II del libro I del Código Contencioso Administrativo”.

Por su parte, el Decreto 2489 de 1999 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Bancaria”, en el artículo 1º numeral 4º literal n) asignó a las Direcciones Técnicas las funciones de “imponer a las instituciones vigiladas, directores, revisores fiscales o empleados de las mismas, previas explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable y en los casos que determine el Superintendente Bancario las medidas o sanciones que sean pertinentes (...)”.

En cumplimiento de lo anterior el Superintendente Bancario profirió la Resolución 0626 de 14 de abril de 2000(6), determinó en el artículo 1º que las “Direcciones Técnicas de las Delegaturas impondrán las medidas de sanciones en los siguientes casos: por violación a las normas sobre encaje (...).”

Así las cosas el Director Técnico de Intermediación Dos B era el funcionario competente para resolver el recurso de reposición. No obstante, alega la parte demandante que era incompetente por cuanto la Resolución 0626 de 2000 no fue publicada en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 108 de la Ley 510 de 1999. Frente a este tema, la Sección se ha pronunciado(7):

“(...)

Al respecto, se señala que la falta de publicación o la publicación irregular de los actos administrativos, no es causal de nulidad de los mismos, sino un requisito de eficacia y oponibilidad. La publicidad de un acto administrativo no es requisito para su validez, solo constituye un requisito de eficacia del mismo, este no será obligatorio para los particulares hasta tanto no se dé a conocer(8).

Tratándose de actos generales, para que sean obligatorios se requiere su publicación en el Diario Oficial o en la gaceta o boletín que en cada entidad se destine para ese fin, de acuerdo con el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, con lo cual se da cumplimiento al principio de publicidad.

Existen algunos actos generales que se refieren a las labores y organización de las dependencias de la administración y cuyos destinatarios se encuentran al interior de la entidad que lo expide, por lo que para ellos resultan obligatorios a partir de su expedición, toda vez que conocen el acto administrativo antes que la publicación se realice.

En estos casos, a pesar de que los actos no hayan sido publicados, se puede exigir su cumplimiento a la administración, pues ella misma los expidió y no puede invocar su desconocimiento.

(...)

Esta decisión constituye un acto administrativo de asignación interna de funciones, dirigido a los funcionarios de la entidad, para quienes tiene carácter vinculante y obligatorio. Se trata de un acto que por su contenido material y concreto, solo tiene incidencia en el ámbito interno de la Superintendencia y por tanto no requiere de su publicación para que tenga eficacia y produzca efectos jurídicos.

(...)

Como se observa, la competencia de los Directores Técnicos para sancionar a las entidades vigiladas emana directamente de la norma legal. Otra cosa es que para el adecuado cumplimiento de dicha función, se haya previsto en el artículo 1º del Decreto-Ley 2489 de 1999 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), que sea el Superintendente Bancario, quien defina los casos en los cuales pueden ejercer.

Lo anterior significa que la falta de publicación de la Resolución 0626 de 2000, no genera la incompetencia del funcionario a quien se le adscribió la función sancionatoria, toda vez que por dirigirse a la administración resultaba oponible a esta, aún sin que fuera publicitada y principalmente, porque esta facultad proviene directamente de la ley.

(...)”

Por lo expuesto, la falta de publicación de la Resolución 0626 de 14 de abril de 200 no genera la incompetencia del funcionario que profirió la resolución que resolvió el recurso de reposición, por cuanto aquella constituye un acto general que se refiere a la asignación o distribución de competencias de las dependencias de la Superintendencia Financiera, cuyos destinatarios son los funcionarios de la entidad, son obligatorios “a partir de su expedición, toda vez que conocen el acto administrativo antes que la publicación se realice”. Además, son actos de asignación de funciones, que solo tienen incidencia a nivel interno de la entidad y, por tanto, no requiere de su publicación para que tenga eficacia y produzca efectos jurídicos.

2.2. Falta de competencia del funcionario que profirió la resolución que resolvió el recurso de apelación.

De acuerdo con el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo el recurso de apelación lo resuelve el inmediato superior administrativo. El Banco alega que quien desató el recurso no es el superior inmediato del Director Técnico.

La Sala observa que la Resolución 1590 de 18 de octubre de 2000, por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación fue expedida por el Superintendente Delegado para intermediación Financiera Dos Ad-Hoc.

El Decreto 2489 de 1999 Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Bancaria”, en el artículo 1º estableció la estructura orgánica de la Superintendencia Bancaria así:

a) Despacho del Superintendente Bancario.

Oficina de Control Interno de Gestión

b) Despachos de los Superintendentes Delegados de las áreas de Supervisión.

Direcciones Técnicas

El Superintendente Bancario dispuso mediante la Resolución 9 de 4 de enero de 2000 las Direcciones en las Delegaturas de la Superintendencia Bancaria así:

ART. 1º—De las áreas de supervisión y de las Direcciones Técnicas. Las áreas de supervisión de la Superintendencia Bancaria son tres (3): De intermediación Financiera, de Pensiones y Cesantías y de Seguros y Capitalización que operan a través de cinco (5) Delegaturas, dirigidas por Superintendentes Delegados y contarán con catorce (14) Direcciones Técnicas así:

(...)

Delegatura para intermediación financiera dos.

• Dirección Técnica Intermediación Dos “A”

• Dirección Técnica Intermediación Dos “B”

• Dirección Técnica Intermediación Dos “C” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Por consiguiente el superior inmediato del Director Técnico de Intermediación Financiera Dos B, es el Superintendente Delegado de la respectiva área, quien expidió la Resolución 1590 de 18 de octubre de 2000, es decir, fue proferida por funcionario competente en uso de facultades legales.

3. De la Fuerza Mayor. Reiteración jurisprudencial(9). 

3.1. Según el apelante, el desencaje que ha sido objeto de la sanción impuesta por la Superintendencia Bancaria al Banco Granahorrar por las bisemanas comprendidas entre el 9 y el 24 de septiembre de 1998 y entre el 23 de septiembre y el 8 de octubre de 1998, ocurrieron por fuerza mayor.

3.2. La Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) por medio de la Resolución 0661 de 5 de mayo de 1999, impuso multa a Granahorrar por la suma de $ 1.821.273.242, por los defectos de encaje presentados en las bisemanas entre el 9 y el 24 de septiembre de 1998 y entre el 23 de septiembre y el 8 de octubre de 1998.

El artículo 64 del Código Civil define la fuerza mayor o caso fortuito, como aquel “imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público”.

3.3. Sobre el concepto de fuerza mayor o caso fortuito la Sala ha indicado(10):

“Para la Sala, si bien es cierto que la fuerza mayor o caso fortuito son hechos eximentes de responsabilidad, para que tengan cabida, debe apreciarse concretamente, si se cumplen con sus dos elementos esenciales: la imprevisibilidad y la irresistibilidad.

El artículo 1º de la Ley 95 de 1890 que subrogó el artículo 64 del Código Civil, define la fuerza mayor o caso fortuito, como aquel “imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público”.

La imprevisiblidad se presenta cuando el suceso escapa a las previsiones normales, que ante la conducta prudente adoptada por el que alega el caso fortuito, era imposible preverlo, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia de febrero 27 de 1974: “La misma expresión caso fortuito idiomáticamente expresa un acontecimiento extraño, súbito e inesperado (...) Es una cuestión de hecho que el juzgador debe apreciar concretamente en cada situación, tomando como criterio para el efecto, la normalidad o la frecuencia del acontecimiento, o por el contrario, su rareza y perpetuidad”.

Y la irresistibilidad, como lo dice la misma sentencia, “el hecho [...] debe ser irresistible. Así como la expresión caso fortuito traduce la requerida imprevisibilidad de su ocurrencia, la fuerza mayor, empleada como sinónimo de aquella en la definición legal, relieva esta otra característica que ha de ofrecer tal hecho: al ser fatal, irresistible, incontrastable, hasta el punto de que el obligado no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias”.

En consecuencia, para que un hecho pueda considerarse como fuerza mayor o caso fortuito, deben darse concurrentemente estos dos elementos.

Para ese efecto, el juez debe valorar una serie de elementos de juicio, que lo lleven al convencimiento de que el hecho tiene en realidad esas connotaciones, pues un determinado acontecimiento no puede calificarse por sí mismo como fuerza mayor, sino que es indispensable medir todas las circunstancias que lo rodearon. Lo cual debe ser probado por quien alega la fuerza mayor, es decir, que el hecho fue intempestivo, súbito, emergente, esto es, imprevisible, y que fue insuperable, que ante las medidas tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara, esto es, irresistible (...)”.

3.4. Según el apelante, el hecho que originó la situación de desencaje por las bisemanas entre el 9 y el 24 de septiembre de 1998 y entre el 23 de septiembre y el 8 de octubre de 1998, se debió “al efecto coyuntural de la economía nacional que hizo ingobernable el manejo de la liquidez. La especulación en el incremento del dólar, la agresiva política monetaria para defender la política cambiaria, el crecimiento inusitado e imprevisible de las tasas de interés y los efectos de la crisis financiera internacional, constituyen los elementos más protuberantes en cita para comprender la complejidad de la situación, por fuera del alcance de una institución financiera”.

2.4. Obran las siguientes pruebas:

a. Informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso de la República.

Informe de marzo de 1998(11):

“Entre enero y febrero del presente año, la tasa de cambio se situó muy próxima al borde superior del corredor cambiario, tocándolo en algunas oportunidades, lo que obligó al Banco de la República a intervenir con ventas de divisas. En el primer bimestre del año, las reservas internacionales disminuyeron US$ 514 millones. (...) La reducción de las reservas internacionales generó una contracción de la base monetaria, que la llevó a la parte inferior de su corredor. Paralelamente se presentó un mayor dinamismo de la cartera del sistema financiero respecto al incremento de sus fuentes de recursos. En respuesta a estos factores, la tasa de interés interbancaria y el DTF aumentaron”.

Informe de julio de 1998(12):

“En el presente año la economía colombiana ha vivido turbulencia en los mercados cambiario y monetario, Tal y como se expone en las siguientes páginas, esta situación no es fortuita ni intempestiva. La misma se deriva, de una parte de la evolución de la economía durante lo corrido de la presente década. En particular, el desarreglo creciente de las finanzas públicas y el déficit persistente en la cuenta corriente de la balanza de pagos son fuente de creciente inestabilidad. De otra parte, el entorno internacional ha sido afectado por los problemas recientes de los países asiáticos, que han repercutido en una actitud cautelosa y de escrutinio en los mercados financieros internacionales frente a las economías en desarrollo” (negrilla fuera de texto).

Informe de octubre de 1999(13):

“(...)

Así la economía colombiana no solo se encontraba a comienzos de 1998 gastando muy por encima del crecimiento del ingreso sino que este era un fenómeno que venía ocurriendo desde comienzos de la década. En condiciones de fuertes desequilibrios externo y fiscal la economía era especialmente vulnerable a los cambios en las percepciones de los inversionistas nacionales e internacionales y a los choques externos adversos, tal y como se advirtió en la mayoría de los Informes al Congreso presentados por la Junta Directiva en los últimos años.

(...)”.

b. Respuesta al oficio Nº 01-2598 por parte del Subdirector de Desarrollo de la Superintendencia Bancaria de Colombia, de fecha 18 de octubre de 2001(14):

“(...) respecto al cumplimiento del encaje legal en 1998, le informo que según datos que reposan en esta Superintendencia en la bisemana del 9 al 24 de septiembre, cumplieron 43 entidades de 48 y del 23 de septiembre al 8 de octubre, cumplieron 44 entidades de 48 establecimientos de crédito, entre bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial (...)”.

c. Dictamen pericial, que respecto a la liquidez de la economía para 1998, indicó(15):

“(...) El punto anterior refleja el nivel de liquidez de la economía y al igual que este, la lectura de los documentos tanto del CONPES como los Informes de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso de la República, indican de manera clara y categórica que no se esperaban situaciones de iliquidez y de altas tasas de interés.

En efecto, la Junta Directiva del banco, en su informe presentado en marzo de 1998, estableció para ese año la meta de inflación en 16% (meta final) y acorde con esa cifra, se definió un crecimiento de la base monetaria (meta intermedia) al final del año de 16% respecto al punto medio del corredor del año 1997 y del agregado M33 mas bonos de 21.3%.

De manera posterior, en el Informe de julio de 1998, la Junta Directiva dijo respecto al diseño de la política monetaria compatible con la cambiaria:

(...)

De donde se puede inferir que ante un hecho no previsible, como lo fue la situación cambiaria, se sacrificaría el nivel de liquidez de la economía, evento que no era previsible y, por lo tanto, no estaba registrado en los documentos de proyección macroeconómica”.

d. Informe del Director Técnico de la Superintendencia Bancaria de Colombia respecto a la volatilidad de la tasa interbancaria y de captación presentada por el sistema financiero y Granahorrar para el periodo comprendido entre los años 1995 y 1998(16)

“(...)

En general se observa como las series se siguen en respuesta a las tendencias del mercado. La tasa interbancaria del sistema financiero alcanzó como niveles máximo y mínimo en este periodo los valores 66.45% y 10.24%, mientras que para Granahorrar los mismos topes fueron 67.22% (más alto que el del sistema) y 8.07% (más bajo que el sistema). Es decir, el intervalo de variación de la tasa interbancaria de Granahorrar fue mayor que el que presentó el sistema.

(...)

También se observa como en el primer trimestre de 1996 y en el segundo semestre de 1998 las tasas de Granahorrar le ubicaban por encima de las del sistema, evidenciándose así algunas necesidades mayores de liquidez frente a las demás entidades del sistema financiero.

(...)

De acuerdo con la información anterior se puede concluir que durante el periodo de análisis (1995-1998) Granahorrar afrontó una mayor volatilidad en la tasa interbancaria la cual debió pagar por recursos de corto plazo que demandó al sistema interbancario, frente a las volatilidades que afrontó el conjunto de entidades financieras para dicha tasa.

(...)”

e. Informe del Banco de la República de 26 de septiembre de 2001, en cuanto a la pregunta si Granahorrar acudió a las líneas especiales de liquidez del Emisor el 1 de julio de 1998(17).

“(...)

Le informo que la Corporación de Ahorro y Vivienda Granahorrar ingresó al apoyo transitorio de liquidez por el procedimiento ordinario el día 2 de junio de 1998 y solicitó el traslado al procedimiento especial el día 17 de junio 1998. Una vez efectuada la evaluación técnica, con fecha 1º de julio de 1998 se autorizó el traslado al apoyo transitorio de liquidez por el procedimiento especial. En esa fecha, el saldo del apoyo ascendió a $ 270.000 millones que incluían $ 130.492 millones correspondientes al saldo del apoyo ordinario”.

f. Informe del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras de 16 de octubre de 2001, relacionada con las operaciones de compra de cartera celebrada con la Corporación Granahorrar(18).

“(...)

1. Con ocasión de la autorización impartida por la Junta Directiva de la Corporación Granahorrar, en sesión del 2 de julio de 1998, en el sentido de celebrar con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras operaciones de otorgamiento de un cupo de aval para el cumplimiento de obligaciones interbancarias y sobregiros, el representante legal de la citada corporación solicitó al Fondo la celebración de operaciones de compra de activos representados en cartera de créditos, hasta por la suma de $ 300.000 millones.

2. La Junta Directiva del Fondo en sesión de la misma fecha, optó por otorgar el cupo de aval con vigencia de un mes, hasta por la suma de $ 300.000 millones, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que la corporación adquiriera con entidades financieras en la contratación de créditos interbancarios o por utilización de sobregiros en cuenta corriente, adquiriendo la corporación la obligación de vender cartera hipotecaria equivalente al monto utilizado del aval.

3. Mediante comunicación del 8 y 16 de julio de 1998, la corporación solicitó la ampliación de la cobertura del cupo de aval a operaciones con títulos de deuda emitidos hasta por 90 días por la corporación a favor de cualquier entidad y una operación de descuento de cartera de crédito hasta por un monto de $1 50.000 millones, a un plazo de 120 días, disminuyendo en un monto equivalente el cupo aval autorizado.

4. La Junta Directiva del Fondo en sesión del 22 de Julio del mismo año autorizó la ampliación del cupo hasta por un máximo de $ 300.000 millones, el cual podía utilizarse combinando el otorgamiento de avales y las operaciones de venta de cartera con pacto de recompra.

5. En Sesión subsiguiente la Junta Directiva del Fondo amplió la autorización inicial, prorrogando el plazo de recompra de la cartera hasta el 5 de octubre y aumentando el cupo rotativo hasta un monto máximo de $ 400.000 millones para compra de cartera”.

De las pruebas antes relacionadas se concluye que:

Los informes rendidos por la Junta Directiva del Banco de la República, demuestran que la situación del mercado monetario cambiario y crediticio para el año 1998 no fue fortuita ni imprevisible sino que se derivó de la evolución económica de la década. Por lo tanto, la entidad financiera debía mantener parte de sus fondos en activos líquidos, esto es, activos de reserva para conservar unos márgenes de seguridad que no afectaran su disponibilidad dineraria para el encaje.

Tampoco se demuestra el carácter de irresistible de dicha situación, pues los efectos frente a las demás entidades financieras fueron iguales y no aparece en el proceso probado que aquellas hubieran estado desencajadas a raíz de la crisis financiera que enfrentó el país desde mediados de 1998. Por el contrario, según la respuesta del Subdirector de Desarrollo de la Superintendencia Bancaria de Colombia, el porcentaje de incumplimiento fue muy bajo.

Respecto a las conclusiones de los peritos del hecho imprevisible, si bien la situación de la economía del país fue crítica para la época en estudio, e hizo más gravoso el cumplimiento de las normas sobre encaje, también lo es que la situación interna de Granahorrar influyó en la posición de la entidad sancionada.

Las deficiencias internas del Banco lo pusieron en una condición de mayor vulnerabilidad para enfrentar la crisis que se presentaba. Pero, como tales circunstancias provenían de debilidades atribuidas a la entidad, surgidas de tiempo atrás, no hay justificación para que se invoquen como fundamento de eximente de responsabilidad.

Si bien el banco acudió a varias alternativas para hacer frente a la situación y superar la iliquidez, también lo es que la corporación presentaba irregularidades sucesivas en materia de encaje, lo que demuestra una inadecuada administración.

Además, no puede ser admisible que el desencaje en que incurra una entidad financiera constituya un hecho imprevisible e irresistible, por cuanto la disponibilidad monetaria constituye la materia prima de la actividad financiera y diariamente conocen el comportamiento de su disponibilidad. La corporación puede tomar las decisiones respecto de sus operaciones para establecer márgenes de seguridad que le permitan cumplir con la obligación legal referente al encaje, sin que sea posible que las circunstancias económicas del momento sean el hecho imprevisible que lleve a la irregularidad sancionada, pues un acontecimiento no puede calificarse por sí mismo como fuerza mayor, sino que es indispensable ponderar todas las circunstancias que lo rodearon.

Al respecto, se pronunció la Sala(19), en un proceso entre las mismas partes pero por las bisemanas del 20 de mayo al 4 de junio de 1998 y del 17 de junio al 2 de julio del mismo año:

“(...)

La conclusión a que llega la Sala sobre la relación entre la situación económica general y el incumplimiento de la posición de encaje de una entidad bancaria es que una cosa es esperar que la economía se comporte en forma estable y dentro de un cierto rango y horizonte “razonablemente previsto” y otra que deban tomarse todas las medidas de control del riesgo en torno a obligaciones de índole legal y de alto costo de incumplimiento como son los defectos de encaje.

La expectativa de un comportamiento económico “razonable” de los agregados monetarios, no importa cuán imprevisible sea, no es determinante per se al tornarse inestable, de la carencia de niveles de liquidez suficientes para alcanzar las posiciones de encaje bancario exigidas, salvo que corresponda a una decisión gerencial expresa, que por ejemplo, desvíe dicha liquidez hacia otros fines operacionales o administrativos, o la disminuya a partir de operaciones de colocación de alto riesgo y larga maduración, o la coloquen en una posición de encaje exigente a partir de operaciones de captación masivas en los conceptos altamente afectados con el encaje sin el contra balance de mantener el correspondiente disponible en caja o en depósitos en el Banco de la República, entre otras acciones empresariales.

De alguna manera, todas estas decisiones empresariales implican, una aproximación a condiciones de iliquidez que pueden dar lugar al incumplimiento de las normas sobre el encaje, e implican una separación deliberada de las prioridades legales en favor de las comerciales, cualesquiera que ella sean, lo cual obviamente, si bien pueden ser hábiles, necesarias y/o riesgosas acciones de negocios, no excusan de ninguna manera la responsabilidad por el incumplimiento consecuente, perfectamente previsible y que caracteriza precisamente lo “arriesgado” de la decisión así tomada (executive decisión).

(...)”

Por lo expuesto, la Sala no observa que se hubiere presentado la causal de fuerza mayor que haya impedido el cumplimiento de la disposición de encaje por parte del banco, pues de los argumentos y de las pruebas allegadas no puede considerarse que se hubieren configurado los elementos esenciales de imprevisibilidad e irresistibilidad.

En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFÍRMASE la sentencia de 23 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección C en Descongestión.

2. Se RECONOCE personería para actuar a los abogados Saray Chajin Gori como apoderada de la Superintendencia Financiera de Colombia y Daniel Jiménez Pastor, como apoderado judicial de BBVA Colombia S.A., de conformidad con los poderes que obran a folios 21 y 29 del cuaderno cuatro, respectivamente.

3. La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase».

5 Sentencia del Consejo de Estado Sección Cuarta de 26 de septiembre de 2007, M.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié Expediente 14847.

6 “Por la cual se determinan los casos en los cuales los Directores Técnicos de esta Superintendencia son competentes para imponer medidas o sanciones”.

7 Sentencias de 3 de abril de 2005, Exp: 14066, C.P. Ligia López Díaz y del 7 de abril de 2005, Exp. 13504. C.P. Héctor J. Romero Díaz, de 26 de septiembre de 2007, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié Exp: 14847; de 29 de septiembre de 2011, C.P. Dra Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

8 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 7 de febrero de 2002, exp. 2820, M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.

9 Sentencia Consejo de Estado Sección Cuarta de 21 de junio de 2012, M. P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez Exp. 17475

10 Sección Cuarta Sentencia del 3 de junio de 2010, Exp. 16564 M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

11 Página 28 vto del Informe visible en los Fls. 2-19 c.a.

12 Página 7 del Informe visible en los Fls 20-54 c.a.

13 Página 10 del Informe visible en los Fls 374-400 c.p.

14 Fl. 92 c.a.

15 Fls. 264-273 c.a.

16 Fls. 402-409 c.p.

17 Fl. 78 c.a.

18 Fls. 90-91 c.a.

19 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta de 21 de junio de 2012, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Exp. 17475.