Sentencia 2001-00084 de julio 10 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 88001-23-31-000-2001-00084-01 (27.950)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Julio César Henao Ríos y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(2), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

Prelación de fallo

Comoquiera que, en relación con los hechos que se estudian en el presente caso, es decir, con la privación injusta de la libertad, ya existe una jurisprudencia consolidada y reiterada, se procederá a decidirlo de manera anticipada, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009.

Consideraciones previas

Sobre los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, se ha dicho que aquella que no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no haya sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aduce, o no haya sido practicada con audiencia de esta no puede ser valorada en el proceso al que se traslada(3). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de la prueba rendida dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dicha prueba puede ser tenida en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aún cuando haya sido practicada sin su citación o intervención en el proceso original y no haya sido ratificada en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(4).

En este caso, obra la copia auténtica del proceso penal con radicado 1998-0058, remitido a este expediente por el Juzgado Penal del Circuito de San Andrés (oficio 45, ene. 27/2004(5)), proceso que cursó contra el señor Julio César Henao Ríos, por el delito de violación de la Ley 30 de 1986 por transporte de marihuana, prueba que fue solicitada por la parte demandante(6), adelantada por la Fiscalía (que es la parte contra quien se aduce(7)) y decretada por el tribunal mediante auto del 29 de julio de 2002(8). En este orden de ideas, dicha prueba se tendrá como tal en este proceso.

El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor Julio César Henao Ríos, del 16 de septiembre de 1998 al 22 de noviembre de 1999, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996(9), que establece:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“(...).

“ART. 68.—Privacion injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(10), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 ¾y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia¾, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996...”(11) (se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(12).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(13).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudencias de la Sección Tercera de esta corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(14). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(15).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si este incurrió en dolo o culpa(16). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no solo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(17).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(18): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(19).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(...) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (...) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(20).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o —en la opinión mayoritaria de la Sala— a la aplicación de la figura del indubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a estos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, o en el evento de que esta no haya interpuesto los recursos de ley, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos que se le imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que solo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (C.N., art. 28) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad...”(21).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.N., art. 5º) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (C.N., art. 2º), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 eiusdem)(22).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta...”.

— En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(...) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no solo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”(23).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(24).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o —en la opinión de la mayoría de la Sala— porque se le favoreció con la aplicación del indubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —sin que, en cualquier caso, opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima—, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o —en la opinión mayoritaria de la Sala— por virtud del indubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados al actor, con ocasión de la privación de la libertad de la cual fue objeto.

El caso concreto

El 17 de septiembre de 1998, el señor Julio César Henao Ríos fue dejado a disposición de la Fiscalía Regional de San Andrés Islas, luego de haber sido capturado el día anterior, con dos personas más, transportando una cajas en cuyo interior se hallaban 18 latas metálicas que contenían marihuana, según oficio suscrito por la Comandante de la Estación Aeroportuaria del Departamento de Policía de San Andrés y Providencia(25).

En providencia de esa misma fecha(26), el fiscal delegado decretó la apertura de instrucción en contra de aquel, sindicado de una posible violación a la Ley 30 de 1986.

En providencia del 8 de octubre de 1998(27), la Fiscal Delegada ante los jueces regionales le decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por el delito de transporte de marihuana y, el 21 de mayo de 1999(28), le profirió resolución de acusación.

En providencia del 22 de octubre de 1999, el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Andrés Islas absolvió al señor Julio César Henao Ríos de los cargos de infracción del artículo 33 de la Ley 30 de 1986 por transporte de marihuana, en los siguientes términos:

“c) Es el mismo sindicado Polo Polo quien en su indagatoria manifiesta que invitó a almorzar a Henao Ríos a fin de que realizar (sic) en su carro unos trabajos propios de la profesión de este tales como el arreglo de la luz de reversa y el Stop (sic), confirmando en este sentido el dicho de Henao Ríos...

“d) Altamente significativo de que el sindicado Henao Ríos ha estado siempre consciente de su inocencia en sentido de no haber conocido el contenido de las cajas que portaba Polo Polo resulta el hecho consistente en que este sindicado no se haya acogido a la institución de la sentencia anticipada pese a haberse enterado de que, de hacerlo, se haría acreedor a una muy significativa rebaja de pena. A esta institución de sentencia anticipada se acogen generalmente quienes se saben culpables del delito que se les imputa, tal y como lo hicieron los otros sindicados Polo Polo y Reyes García. De ahí que resulte tan significativa para el despacho esta actitud del incriminado en mención.

“e) Por último, la versión exculpativa del sindicado, siendo perfectamente posible de ocurrencia, no ha sido desvirtuada por medio legal alguno.

“En las anteriores circunstancias considera respetuosamente el despacho que la situación jurídica del inculpado Henao Ríos no resistía ni siquiera el llamamiento a juicio para el que se requieren varios indicios graves en su contra, o testimonios directos, o confesión etc., nada de los cual milita en el presente proceso, por lo que fuerza concluir que tampoco existe prueba de certeza (sic) sobre su culpabilidad y en consecuencia deberá ser absuelto de los cargos que se formularan (sic) en su contra.

“(...).

“1. Se absuelve a Julio César Henao Ríos... de los cargos que por infringir el artículo 33 de la Ley 30 de 1986 modificado por el (sic) la Ley 365 de 1997 por transporte de marihuana le fueran formulados dentro de este proceso por la fiscalía en la respectiva resolución de acusación”(29).

El demandante permaneció recluido en el establecimiento penitenciario y carcelario de San Andrés Islas, del 17 de septiembre de 1998 al 22 de noviembre de 1999, según el oficio 318-EPCSA-240(30) del 14 de abril de 2004, proferido por la directora EPC-SAI del Inpec.

Se acreditó, pues, que al señor Julio César Henao Ríos se le dictó medida de aseguramiento, como presunto cómplice del delito de transporte de marihuana y que, en consecuencia, estuvo privado de la libertad durante 14 meses y 6 días; así mismo que, finalmente, el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Andrés Islas lo absolvió del cargo imputado, porque no existía prueba de su culpabilidad.

La situación descrita, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, conforme al artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal, cual es que el sindicado no cometió el delito.

Conforme a lo dicho, es claro que el demandante fue privado injustamente de la libertad y que, por tanto, tiene derecho a ser indemnizado.

Por lo anterior y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que el actor no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que el mismo debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la administración de indemnizar o resarcir los perjuicios causados a los demandantes.

Al respecto, la Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue la Fiscalía la que determinó que el señor Julio César Henao Ríos estuviese privado de su libertad durante más de 14 meses, término al cabo del cual se le absolvió de responsabilidad penal, al considerarse que no cometió la conducta punible que se le imputaba. En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(31); sin embargo, ninguna de estas eximentes fue acreditada en el plenario.

Así, pues, forzoso resulta concluir que el daño causado al demandante por la privación injusta de su libertad es jurídicamente imputable a la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual la Sala confirmará la sentencia apelada.

Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

Por la privación injusta de la libertad del señor Julio César Henao Ríos, además de él, concurrieron al proceso los señores Jesús Antonio, María Lilia y María del Rosario Henao Ríos, en calidad de hermanos.

En el proceso, se encuentra acreditado que María Lilia(32) y María del Rosario(33) son hermanas de Julio César Henao Ríos.

Por su parte, Jesús Antonio aportó al proceso el documento con el que pretendió acreditar su parentesco con la víctima, con el recurso de apelación, es decir, en segunda instancia, sin el cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo y, por lo mismo, no se le dará valor probatorio; así mismo, aunque en el mencionado recurso su apoderado manifestó que la prueba testimonial daba cuenta de la relación y el vínculo familiar entre ellos, lo cierto es que, en los testimonios obrantes en el proceso(34), ni se menciona al señor Jesús Antonio Henao Ríos, razón por la cual tampoco podrá ser tenido como tercero damnificado. Así las cosas, se confirmará en este punto la sentencia recurrida, que negó el reconocimiento de perjuicios morales a favor de Jesús Antonio Henao Ríos.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la víctima directa del daño, por la privación injusta de su libertad(35). Así mismo, dicho dolor se presume respecto de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(36).

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, se ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales. Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(37).

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el señor Julio César Henao Ríos fue privado injustamente de la libertad durante 14 meses y 6 días, y que el padecimiento moral que dicha medida les produjo a este y a sus hermanas debe ser resarcido, se reconocerán perjuicios morales, así:

 

Julio César Henao Ríos (directamente afectado)90 smlmv
María Lilia Henao Ríos (hermana)45 smlmv
María del Rosario Henao Ríos (hermana)45 smlmv

 

Perjuicios materiales

Comoquiera que este punto no fue objeto de apelación, únicamente se actualizará la suma reconocida en la sentencia de primera instancia, así:

 

00084 ecu1.JPG
 

 

Donde, Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar ($ 7’600.960).

Índice final: índice de precios al consumidor, a la fecha de esta sentencia (en este caso se toma el de mayo de 2013).

Índice inicial: índice de precios al consumidor, a la fecha de la sentencia de primera instancia, esto es, mayo de 2004

 

00084 ecu5.JPG
 

 

Vp = $ 10’911.955,10

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase el numeral 2º de la sentencia del 6 de mayo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual quedará así:

2. En consecuencia, condénase a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero, en la forma que a continuación se indica:

a) Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a Julio César Henao Ríos, la suma de diez millones novecientos once mil novecientos cincuenta y cinco pesos con diez centavos ($ 10’911.955,10) m/cte.

b) Por concepto de perjuicios morales:

• A Julio César Henao Ríos, la suma de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• A María Lilia y María del Rosario Henao Ríos, la suma equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales vigentes, para cada una.

2. Confírmase, en lo demás, la sentencia recurrida.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Expediente 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300.

(4) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789.

(5) Folio 223 del cuaderno 1.

(6) Folio 24 del cuaderno 1.

(7) Cuadernos 2 y 3 del expediente.

(8) Folio 74 del cuaderno 1.

(9) La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.

(10) “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

(12) En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en sentencia de 19 de octubre 2011, Expediente 19.151, precisó: “... no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma...”.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463.

(14) Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 1992, Expediente 7058.

(15) Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 1994, Expediente 8666.

(16) Sección Tercera, sentencia de 15 de septiembre de 1994, Expediente 9391.

(17) Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, Expediente 10056

(18) Rodríguez Villamizar, Germán. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Memorias del décimo encuentro de la jurisdicción contencioso administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

(19) Sección Tercera, sentencia de 18 de septiembre de 1997, Expediente 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo.

(20) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 15.980.

(21) García Morillo, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en López Guerra, Luis et ál. Derecho constitucional, volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 258.

(22) El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295, dic. 10) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan —aun previstas en la ley— privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “... por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).

(23) Sentencia C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

(24) Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2001 de la Corte Constitucional.

(25) Folios 1 a 4 del cuaderno 2.

(26) Folio 14 y 15 del cuaderno 2.

(27) Folios 74 a 84 del cuaderno 2.

(28) Folios 205 a 212 del cuaderno 2.

(29) Folios 271 y 272 del cuaderno 2.

(30) Folios 230 y 233 del cuaderno 1.

(31) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Expediente 17.517, reiterada en sentencia de abril 15 de 2011, Expediente 18.284 y recientemente en sentencia de 26 de mayo de 2011, Expediente 20.299, actor: Jesús David Arciniegas Caselles y otro, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(32) Folio 148 del cuaderno 1.

(33) Folio 109 del cuaderno 1.

(34) Folios 96 a 103 del cuaderno 1.

(35) Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, Expediente 12.076.

(36) Sentencia de 20 de febrero de 2.008, Expediente 15.980.

(37) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros - William Alberto González y otra.