Sentencia 2001-00094/36393 de mayo 2 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Proceso: 08001-23-31-000-2001-00094-01 (36393)

Demandante: Efraín José Morón Morón

Demandada: Nación-Fiscalía General de la Nación

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil dieciséis

Sin que se observe nulidad de lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado por la demandada en contra de la Sentencia del 2 de abril de 2008 del Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones de la demanda (fls. 201 a 242, cdno. ppal. 2).

Extractos« IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales.

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente.

Como dentro de la controversia está una entidad pública, la Fiscalía General de la Nación, artículos 82 y 149 del Código Contencioso Administrativo), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo esta Corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 y modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(4), la que para el caso se restringe a aquellos puntos desfavorables al recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

De otro lado, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo(5) prescribe que la acción de reparación directa constituye la vía procesal conducente para buscar la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada, como consecuencia de los hechos descritos en la demanda.

1.2. La legitimación en la causa.

Toda vez que el señor Efraín José Morón Morón, propietario del vehículo de placas IYF-730 (licencia de tránsito expedida por el Ministerio de Tránsito —fl. 20, cdno. ppal. 1—), fue el afectado directo con la actuación de la Fiscalía General de la Nación (fls. 33 a 45, cdno. ppal. 1 y cdno. 1), este se encuentra legitimado para reclamar los perjuicios derivados del alegado defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se constata que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Nación-Fiscalía General de la Nación, de manera que se encuentra legitimada en el asunto de la referencia.

1.3. La caducidad.

Teniendo en cuenta que el vehículo fue devuelto al demandante el 25 de enero de 1999 (fl. 43, cdno. ppal. 1 y fl. 168, cdno. 1), y la demanda se presentó el 25 de enero de 2001 (fl. 15, cdno. ppal. 1), fuerza concluir que lo fue en el bienio prescrito en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(6).

1.4. Del interés del Ministerio Público para apelar.

Cuando el Ministerio Público recurre una providencia no solo debe manifestar su inconformidad, sino que también le corresponde indicar la forma en que su intervención tiene una especial relevancia desde el punto de vista constitucional y las razones expresas por las cuales el respectivo recurso se orienta a la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de las garantías fundamentales(7). Carga argumentativa que no aplica, por ejemplo, cuando interviene en una audiencia de conciliación(8).

En el presente caso, las razones de la apelación de la Procuraduría se limitaron a cuestionar la posibilidad de imputar el daño a la Fiscalía General de la Nación y a poner de presente unas inconsistencias en la liquidación de los perjuicios, intervención que a juicio de la Sala corresponde al legítimo interés de la demandada, no así del Ministerio Público, comoquiera que no está encaminado a reivindicar el orden jurídico, los derechos fundamentales o el patrimonio público.

Así las cosas, decidirá la Sala el recurso planteado por la parte demandante y no se pronunciará de fondo sobre el promovido por el Ministerio Público que no cumplió con la carga argumentativa suficiente que permita establecer que fue interpuesto en cumplimiento de los fines constitucionales que le fueron asignados.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la prolongada retención del vehículo del señor Efraín José Morón Morón, es un hecho imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por dilatar injustificadamente la devolución del automotor en el marco de la investigación penal que adelantaba, o si como lo alega la entidad demandada, el tiempo que tardó para ello era el necesario para clarificar la situación del vehículo, por lo que no era posible declarar la responsabilidad de la Fiscalía.

3. Elementos de la responsabilidad extracontractual.

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(9), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación patrimonial del actor que se alega en la demanda, se entrará a estudiar la imputación.

Igualmente, precisa referir que los documentos allegados por las partes lo fueron dentro de la oportunidad pertinente, en original, en copia auténtica y copias simples (cdno. ppal. y cdno. 1)(10). Sin embargo, la Sala se abstendrá de valorar las fotografías (fls. 57 a 69, cdno. ppal. 1) allegadas con la demanda, toda vez que no es posible determinar su origen, el lugar o la época en que fueron tomadas, y menos se tiene certeza de lo registrado en ellas, pues no fueron reconocidas ni ratificadas dentro del proceso, lo que impide cotejarlas con otros medios de prueba(11).

3.1. El daño.

En el sub lite, el daño alegado por el demandante se concretó en la afectación a su derecho de propiedad sobre el vehículo de placas IYF-730, durante el tiempo que estuvo retenido con motivo de una investigación penal, pues en ese lapso no pudo usarlo ni explotarlo económicamente y cuando la Fiscalía decidió devolverlo le faltaban algunas piezas.

Frente a lo anterior, la Sala encuentra probado que el demandante acreditó ser el propietario del vehículo conforme a la licencia de tránsito expedida por el Ministerio de Transporte (fl. 20, cdno. ppal. 1). Igualmente que la demandada impidió al actor usar su bien desde el 17 de enero de 1997 (fls. 12 y 13, cdno. 1) —cuando el actor acreditó ante la demandada ser el propietario— hasta el 25 de enero de 1999 (fl. 43, cdno. ppal. 1 y fl. 168, cdno. 1) —fecha en la que fue devuelto al demandante—.

Además, con la retención del vehículo se vio afectada la posibilidad de usufructuar el vehículo. Toda vez que desde el 26 de noviembre de 1996, el accionante tenía arrendado(12) el mencionado vehículo al consorcio Odebrecht-Conciviles para el transporte de personal o equipos, por valor de un millón quinientos mil pesos mensuales ($1.500.000)(13).

Respecto a las piezas faltantes, se tiene que en el proceso no existe inventario del automotor cuando fue inmovilizado el 13 de enero de 1997, sin embargo obra copia de un inventario (fl. 23, cdno. ppal. 1 y fl. 9, cdno. 1) firmado por el patrullero Juan Prieto Celis cuando el vehículo fue entregado el 14 de enero de 1997 al parqueadero “Robles”, en el que se hizo una relación de los componentes y se señaló su regular estado de conservación, así(14):

Alternador: SÍ, arranque: SÍ, batería: SÍ (no funcionó), carburador: SÍ, purificador: SÍ, relay: SÍ, tapa aceite motor: SÍ, cuchilla limpia brisas: SÍ, exploradoras: No, farolas: SÍ, persianas: SÍ, parabrisas: SÍ, llaves de swich: SÍ, llavero: SÍ, radio pasacintas: No, Nº parlantes: No, Nº manijas interiores: No, descansa brazos: SÍ, forros: No, cojinerías: SÍ, tapetes: No, boceles: No, copas: No, cocuyos: SÍ, stop: SÍ, carpa lona: No, letreros y emblemas: No, puertas: 3, llantas: 4, gato: No, cruceta: No, varilla: No, caja mecánica: SÍ, automática: No, estado de funcionamiento del vehículo: R, estado de la pintura: R, vidrios de las puertas: Buenos, fue traído remolcado: No.

La Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales dispuso practicar una inspección judicial sobre el automóvil y que fuera trasladado al parqueadero “La Esperanza” (fls. 39 y 40, cdno. 1). La inspección judicial fue practicada el 28 de enero de 1997 (fl. 67, cdno. 1) por un técnico en automotores junto con otros funcionarios de la Unidad Investigativa Regional de la Policía Nacional, donde se dejó anotado:

[N]o se comprobó su estado de funcionamiento debido a que el automotor no tiene batería, ni existen las llaves del swich, presente (sic) una abolladura en la parte trasera lado derecho, su estado de latonería y pintura es bueno, solo posee dos sillas delanteras, tiene un timón o cabrilla, dos puertas con sus respectivos vidrios, tiene el vidrio panorámico y dos ventanas laterales con sus vidrios en buen estado, tiene 4 llantas en mal estado desgastadas por el uso, por el estado que presenta tiene un valo (sic) de $12.000.000 millones de pesos.

El vehículo fue entregado el 7 de febrero de 1997 al parqueadero “La Esperanza”, para ello se elaboró un inventario (fl. 70, cdno. 1) que es del siguiente contenido:

Alternador: SÍ, arranque: SÍ, aire acondicionado: No, batería: No, carburador: SÍ, purificador: SÍ, compresor de aire: No, relay: SÍ, tapa aceite motor: SÍ, tapa radiador: SÍ, aros linternas: No, espejos: 2, cuchillas limpiabrisas: 3, exploradoras: No, farolas: 2, persiana: SÍ (rota), parabrisas: SÍ, parrilla de techo: No, bomperetas: No, consola: No, ceniceros: SÍ, encendedor: No, llaves del swich: SÍ, llavero: No, radio pasacintas: No, antena: 1, ecualizador: No, parlantes: No, manijas interiores: eléctricas, descansabrazos: No, parasoles: 2, reloj eléctrico: No, forros: No, cojinería: 2, tapetes: 2, boceles: No, copas: No, cocuyos: 2, stop: SÍ, carpa de lona: No, letreros y emblemas: SÍ, puertas: 4, llantas: 4, gato: No, cruceta: No, varilla: No, caja mecánica: SÍ, automática: No, estado de la pintura: R, vidrios de las puertas SÍ, fue traído remolcado: No (…)

Puertas traseras golpeadas, toda la parte izquierda rayada, 1 cocuyo lado derecho roto, stop ambos rotos, guardabarros trasero derecho golpeado, guardabarros lado delantero izquierdo golpeado, rayón y golpe en la puerta izquierda, defensa delantera rayada, defensa trasera incompleta, falta eje delantero de la doble, llantas delanteras frenadas por rines muy anchos que pegan en los brazos, el vehículo vino con batería prestada y llantas prestadas de en (sic) adelante quedó varado.

Al momento de la devolución del automotor al demandante, en el acta de entrega (fl. 168, cdno. 1) elaborada por la Unidad Investigativa Regional de la Policía Nacional se consignó lo siguiente:

[D]entro del vehículo en mención el cual le hacen falta los siguientes elementos: caja de cambios, transmisión trasera, aire acondicionado, carburador, radiador, motor del limpia brisa, sistemas de vidrios eléctricos, defensa trasera, batería, rines, llantas, bomba de frenos, bomba de dirección hidráulica, motor de arranque, estribos laterales y traseros, tapa de aceite del motor, plaquetas de identificación, eje de mando, ventanilla puerta trasera, espejos eléctricos. Así mismo, se deja expresa constancia de que según el propietario este automotor presenta unos elementos que no le corresponden, tablero de instrumentos, puertas traseras, vidrios traseros, persiana y defensa delantera, transmisión delantera, timón completo.

En ese orden, la Sala, al comparar el contenido de los inventarios iniciales y la inspección efectuada al vehículo, con el acta de entrega final, advierte la falta de unas piezas, en especial de aquellas que el a quo consideró para condenar. Si bien algunas piezas no estaban relacionadas en los mencionados inventarios y en la inspección, lo cierto es que al momento de la entrega el funcionario encargado corroboró la falta de las piezas que enlistó.

En efecto, la Sala concluye, al igual que el a quo, que faltaba la caja de cambios, carburador, radiador (motor), defensa trasera, cuatro rines, motor de arranque, estribos laterales y traseros, tapa de aceite del motor, ejes de mando y dos espejos(15).

Sin embargo, no encuentra respaldo probatorio la conclusión del a quo cuando reconoció que faltaba el tablero de instrumentos, dos puertas traseras, defensa delantera, transmisión delantera y el timón, pues el acta final de entrega solo refleja la inconformidad del demandante consistente en que esos elementos no correspondían a los que originalmente tenía su vehículo, pero no hay evidencia de que estos faltaran o del alegado cambio. Por tanto, la Sala no puede condenar a la entidad al pago de esas piezas, pues no está acreditada su pérdida o su cambio.

Por todo lo anterior, la Sala encuentra acreditado el daño, en tanto la Fiscalía limitó el uso y goce del actor sobre su vehículo por veinticuatro meses y ocho días. Lapso en el que no pudo explotarlo económicamente y al devolverlo le hacían falta unas piezas.

3.2. La imputación.

3.2.1. En cuanto a la imputabilidad del daño a la Administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(16):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

3.2.2. En ese orden, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

3.2.3. Entonces, recuerda la Sala que el título de imputación privilegiado para casos como el presente es el “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, de que trata la Ley 270 de 1996. En efecto, bajo ese título se ha imputado al Estado los daños derivados de la dilación injustificada en la adopción de decisiones relacionadas con la inmovilización y posterior devolución de vehículos(17). No obstante, como ya se dijo, ello no es óbice para que en el sub judice, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable otro régimen o título de imputación, cuando el mismo se encuentre acreditado.

3.2.4. Ahora, para establecer si el retardo en la devolución está justificado o no, se debe observar la complejidad del asunto, la conducta de las partes, el volumen de trabajo del despacho y los estándares de funcionamiento, entre otros factores relevantes(18):

Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla.

3.2.5. Así las cosas, la Sala debe establecer si la afectación del derecho de propiedad del demandante sobre su vehículo es imputable a la Nación por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, consistente en la dilación injustificada en la adopción de una decisión. Para ello, estudiará las circunstancias que rodearon la inmovilización del vehículo, los trámites encaminados a esclarecer su situación en la investigación penal, así como la decisión de devolverlo al demandante.

3.2.6. En ese orden, frente a la imputación del daño irrogado al actor, de las pruebas allegadas al plenario, se destaca lo siguiente:

3.2.6.1. El 14 de enero de 1997, el coronel Juan Rojas Rojas presentó denuncia penal ante la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Magdalena por el ataque armado a una estación de policía perpetrado a las 5:00 p.m. del 13 de enero de 1997 por miembros de las Farc-EP. En esa oportunidad, precisó(19) que los subversivos dejaron abandonado un automóvil del consorcio Odebrecht-Conciviles —a quien el demandante tenía arrendado el vehículo(20)—, además que en su interior fue encontrado el carné de Camilo Medina Vera —ingeniero del consorcio y quien denunció el hurto del vehículo—.

3.2.6.2. El 14 de enero de 1997 el ingeniero Camilo Medina Vera instauró la denuncia por el hurto del automóvil (fls. 14 y 15, cdno. 1). En esa oportunidad relató que a las 7:30 a.m.(21) del día del ataque —13 de enero de 1997—, mientras se movilizaba en el vehículo de placas IYF-730 en compañía del conductor, dos individuos, que se identificaron como miembros de las Farc-EP, los obligaron a detenerse bajo amenaza de dispararles y les dijeron que necesitaban el vehículo para transportar unos heridos(22). Luego, los subversivos los llevaron hasta un paraje retirado y ahí los mantuvieron hasta la noche de ese día, cuando los uniformados los autorizaron para irse, el ingeniero y el conductor caminaron alrededor de dos horas hasta llegar a una carretera aproximadamente a las 9 p.m., momento en que pudieron comunicarse con el consorcio(23).

3.2.6.3. El 16 de enero de 1997, el Jefe de la Unidad Investigativa Regional de la Policía Nacional identificó plenamente el vehículo e informó a la mencionada fiscalía que fue abandonado por miembros de las Farc-EP luego del ataque a una estación de policía(24).

3.2.6.4. El 17 de enero de 1997 (fls. 12 y 13, cdno. 1), el demandante solicitó a la demandada la entrega de su vehículo y explicó que había sido hurtado en la mañana del 13 de enero de 1997 —mismo día del ataque— por miembros de las Farc-EP. Agregó que el ingeniero Camilo Medina Vera, quien se desplazaba en la camioneta al momento de los hechos, denunció el hurto ante la Policía Nacional y anexó la respectiva denuncia (fls. 14 y 15, cdno. 1) junto con la tarjeta de propiedad (fl. 16, cdno. 1); factura de compraventa del primer propietario (fl. 21, cdno. 1); autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transporte para el cambio del color original (fl. 24, cdno. 1), del motor (fl. 25, cdno. 1) y para la transformación de latas de 1979 a 1994 (fl. 27, cdno. 1); la declaración de importación de unas piezas y las facturas de algunos arreglos hechos al vehículo (fls. 28 a 38, cdno. 1).

3.2.6.5. El mismo día, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Magdalena, con fundamento en la denuncia del coronel Juan Rojas Rojas, abrió investigación preliminar por el ataque a la estación de policía. Sobre la petición de entrega del automotor, ordenó aportar el certificado de existencia y representación del consorcio Odebrecht-Conciviles, copia del contrato de arrendamiento del vehículo, contrato laboral del ingeniero Camilo Mediana Vera y del conductor del vehículo. Además, ordenó practicar una inspección judicial sobre el automóvil (fls. 39 y 40, cdno. 1). La diligencia fue adelantada el 28 de enero de 1997 (fl. 67, cdno. 1), oportunidad en la que sólo se identificó el vehículo.

3.2.6.6. El 28 de febrero de 1997, la mencionada Fiscalía dispuso “dejar el vehículo marca Toyota Land Cruiser 4.5, color rojo, modelo 1994, placas IYF-730, a disposición de la Dirección Regional Administrativa y Financiera de Fiscalías” y remitir la investigación preliminar a la Dirección Regional de Fiscalías de Barranquilla, para que designara a un Fiscal (fl. 117, cdno. 1).

3.2.6.7. El 20 de marzo de 1997, la Secretaría Común de la mencionada dirección regional pasó el expediente de la investigación preliminar al despacho de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales del Atlántico (fl. 121, cdno. 1).

3.2.6.8. La primera actuación de dicha fiscalía fue el 13 de marzo de 1998, cuando dispuso (fl. 130, cdno. 1):

2). Recepcionar declaración jurada al señor Camilo Alfonso Medida Vera, para que se sirva ratificar y ampliar la denuncia que presentara ante la Sección de Policía de Fundación.

3). Oír en declaración jurada al señor Efraín José Morón Morón, quien reside en Valledupar, para que haga un relato claro y detallo (sic) del hurto de su vehículo de placas IYP-730 (sic) y particularmente para que informe quien es el conductor, si tiene afiliado el vehículo en referencia a una empresa, si conoce de antecedentes judiciales o de policía que tenga o halla (sic) tenido su conductor, que sabe de la persona que conducía su vehículo, si conocía que este tuviera algún problema con grupos sediciosos, si presentó denuncia por el hurto del vehículo, si no lo hizo que explique las razones, si tiene asegurado el vehículo y todas las preguntas que considere el comisionada. Para lo cual se comisiona al CTI de Valledupar por el término de diez días, a partir de la fecha de recibo.

4). Solicítese al Instituto de Transporte y Tránsito Nacional con sede en Santafé de Bogotá, para que se sirva enviar a esta Fiscalía el certificado de propiedad del vehículo marca Toyota de Placas IYP-730 (sic).

3.2.6.9. El 15 de abril de 1998 (fls. 137 y 138, cdno. 1), el demandante requirió nuevamente la entrega de su vehículo. Solicitud reiterada el 21 de agosto de 1998 (fls. 141, cdno. 1 y fl. 32, cdno. ppal. 1).

3.2.6.10. El expediente pasó a otra Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales del Atlántico, quien, como primera actuación, ordenó el 4 de septiembre de 1998 la entrega del vehículo (fls. 143 a 145, cdno. 1 y 33 a 35, cdno. ppal. 1):

La presente investigación previa se inició el día diecisiete (17) de enero de 1997 a raíz del ataque armado de un grupo subversivo a la Estación de Policía y Oficinas de Telecom de Santa Rosa de Lima, hechos estos ocurridos el día 13 de enero de 1997, dejando como resultado la destrucción de las oficinas anteriormente señaladas, el hurto de abundante material de guerra, la muerte de dos civiles (…) y heridos varios miembros de la Policía Nacional (…)

Según algunas pruebas practicadas se ha podido establecer que los subversivos pertenecían al frente de la Farc, que en el momento de su partida dejaron abandonado el vehículo marca Toyota Land Cruiser, color rojo de placas IYP-730 (sic) de propiedad del consorcio Odubrecht (sic) Conciviles y en su interior fue hallado el carnet a nombre de Camilo Medina Vera (…)

En este orden de ideas este despacho, al efectuar un estudio del expediente observa que han llegado varios escritos presentados por el señor Efraín José Morón Morón y su apoderada Dra. Eloisa Morón De Araujo, en los que solicitan la entrega del vehículo (…) el que les fue hurtado por un grupo subversivo, para ello anexan al expediente la denuncia respectiva ante el Comando de Policía de Fundación Magdalena, vehículo que fue dejado a nuestra disposición y que se encuentra en el parqueadero La Esperanza de la ciudad de Santa Marta.

Esta oficina judicial considera que la solicitud incoada por los señores Efraín José Morón Morón y su abogada Eloisa Morón de Araujo son procedentes, toda vez, que dentro del expediente se encuentra demostrada la propiedad del vehículo mediante la Factura de Compra, Registro de Traspaso, Tarjeta de Propiedad y Denuncia instaurada por el Hurto del mismo, además al róndate se le efectuó Inspección Judicial la que dio como resultado ser original de fábrica.

Así las cosas, esta oficina judicial en aras al restablecimiento de un derecho que le asiste al peticionario, ordenará la entrega inmediata del vehículo antes señalado a su propietario, el cual se encuentra en el Parqueadero La Esperanza de la ciudad de Santa Marta, por cuanto consideramos que no se puede hacer su situación más gravosa, máxime cuando se ha demostrado que el vehículo nada tiene que ver con los hechos investigados.

Consecuencia de lo anterior se dispone comisionar al Fiscal Regional Delegado con sede en la ciudad de Santa Marta, para que en el término de la distancia y previa suscripción de acta, haga entrega material y definitiva del rodante tantas veces mencionados a su propietario o apoderada señor Efraín José Morón Morón o Eloisa Morón de Araujo. (Negrillas fuera de texto)

3.2.6.11. El Jefe de la Unidad Investigativa Regional informó que el 29 de octubre de 1998 no se pudo llevar a cabo la entrega pues el administrador del parqueadero “La Esperanza” no se encontraba (fls. 153 y 154, cdno. 1). La entrega finalmente se efectuó el 25 de enero de 1999 (fl. 168, cdno. 1).

3.2.7. Teniendo en cuenta lo anterior, advierte la Sala que la devolución se fincó en que el vehículo “nada tiene que ver con los hechos investigados”. Con esa claridad, las disposiciones que debió considerar la entidad eran los artículos 60(25), 64 (numeral 4º)(26) y 65 (numeral 1º)(27) del Decreto 2700 de 1991, que en síntesis prevén que un bien aprehendido en el marco de una investigación penal, pero no relacionado con la comisión del delito, debe ser devuelto de plano —sin lugar a iniciar trámite incidental— a quien acredite ser el propietario.

3.2.8. En esa medida, desde el 17 de enero de 1997 la demandada debió ordenar la devolución, pues ese día el demandante probó ser el propietario del vehículo y que este no estaba relacionado con el ilícito investigado, pues fue hurtado en la mañana del día del ataque, esto es, si bien fue hallado en el sitio de los hechos, ello no fue por voluntad del propietario, toda vez que horas antes el vehículo había salido de su ámbito de control, esto último lo respaldó el demandante con la denuncia del hurto instaurada por el ingeniero del consorcio —supra párr. 3.2.6.4.—.

3.2.9. Además, en la denuncia que inició la investigación preliminar —supra párr. 3.2.6.1.— se informó que los subversivos abandonaron un vehículo del consorcio Odebrecht-Conciviles, esto es el denunciante advirtió desde un inicio que el vehículo era de un tercero no relacionado con el ataque. Asimismo el denunciante relató que en el interior de la camioneta se encontró un carné de un ingeniero de dicho consorcio —mismo ingeniero que denunció el hurto del vehículo—, situaciones que imprimían mayor credibilidad a la versión del demandante.

3.2.10. En ese contexto, el 17 de enero de 1997 debió tomar de plano la decisión, en vez de iniciar un trámite incidental y exigir pruebas adicionales al demandante —supra párr. 3.2.6.5.— para resolver la solicitud de devolución, menos decretar la práctica de otras el 13 de marzo de 1998 —supra párr. 3.2.6.8.—, en tanto eran suficientes las que reposaban en el expediente desde el inicio.

3.2.11. Con esos requerimientos innecesarios la demandada solo dilató la toma de la decisión, máxime cuando no insistió en la práctica de tales pruebas y, cuando al fin decidió devolver el vehículo, concluyó que este no tenía que ver con los delitos investigados con fundamento exclusivamente en los documentos que desde el inicio aportó el demandante. Esto significa que la tardanza en expedir la decisión no obedeció al decreto y práctica de pruebas relacionadas con el vehículo o la averiguación de las circunstancias que rodearon el uso del mismo en el delito.

3.2.12. A lo expuesto, debe sumarse el hecho que la Fiscalía, en ningún momento de la investigación, puso en tela de juicio la versión del demandante del por qué su vehículo estaba en manos de las Farc-EP. El ente investigador tampoco expuso alguna razón por la cual debía retener el vehículo, como por ejemplo que debiera adelantar sobre él alguna diligencia adicional. En contraste el artículo 64 del Decreto 2700 de 1991 —supra párr. 3.2.7.— prevé que de llegar a necesitarse el bien para algún aspecto que interese a la investigación, el propietario está en el deber de presentarlo.

3.2.13. Igualmente, hay que considerar que las múltiples reasignaciones a varias Fiscalías Delegadas antes los Jueces Regionales —las que si bien son permitidas— contribuyeron a la mora en la toma de la decisión.

3.2.14. Todo lo anterior, para resaltar que no existe un solo argumento al interior de la investigación que justifique el retardo en la entrega —la que debió ordenarse el 17 de enero de 1997—, sino lo contrario, que la actuación de la demandada fue tardía.

3.2.15. Así, la Sala considera que el tiempo empleado por la demandada para restituir el vehículo excedió los límites del plazo razonable en la resolución de asuntos judiciales. Al analizar los criterios de razonabilidad en el plazo, no se observa que el asunto fuera de una complejidad considerable —desde el inicio de la investigación preliminar se tenía certeza sobre la propiedad del vehículo y de lo ajeno que era al delito—, que hiciera imposible su resolución dentro de los límites que ha fijado la ley —de plano— y que justifique la demora —veinticuatro meses y ocho días—.

3.2.16. Tampoco se advierte que el demandante diera lugar con su conducta a la dilación del trámite, pues fue oportuno en sus reclamaciones —el mismo día que inició la preliminar el demandante acreditó ser el propietario y explicó la razón por la cual apareció el vehículo en el sitio de los hechos—. Por el contrario, se evidencia que la falta de diligencia de la Fiscalía fue determinante en la demora judicial que debió sufrir, sin estar obligado a ello, el demandante.

3.2.17. Finalmente, la Sala no declarará que la causación del daño emergente —pérdida de piezas del vehículo en el parqueadero— fue ocasionada por un tercero con quien la entidad afirma tenía un contrato para la guarda de los vehículos(28). Pues en tratándose del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia la Fiscalía General de la Nación, sólo puede eximirse de la declaratoria de su responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima, en los términos del artículo 70(29) de la Ley 270 de 1996 y no por el hecho de un tercero.

3.2.18. Ello es así —como se expuso anteriormente— pues el vehículo afectado fue restituido por la Fiscalía General de la Nación a su propietario con algunos daños que antes no tenía, razón por la cual aquélla debe responder ante dicha situación, en tanto el automotor se encontraba bajo su custodia y, por lo mismo, estaba en la obligación de devolverlo en el mismo estado en el que se encontraba antes de su inmovilización, sin que pueda exculparse por el hecho de un tercero.

3.2.19. En consecuencia, la antijuridicidad del daño y su imputación a la entidad demandada a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia están acreditadas, por lo tanto la Sala confirmará la declaratoria de responsabilidad hecha en la sentencia de primera instancia.

3.3. Liquidación de perjuicios.

En vista de que la entidad demandada es el único apelante en el presente asunto, en virtud del principio non reformatio in pejus, no se debe desmejorar la situación que ya le fijó el Tribunal de primera instancia.

3.3.1. En lo concerniente a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la Sala encuentra que estos se limitan al valor de las piezas faltantes del vehículo y los gastos para su instalación —según lo pidió el actor en la estimación de la cuantía hecha en la demanda (fl. 12, cdno. ppal. 1)—.

Ahora, como el a quo reconoció el valor de unas piezas sobre las que no estaba acreditada su sustracción o cambio y teniendo en cuenta que la entidad apeló la declaratoria de su responsabilidad(30), la Sala deberá descontar dicho valor para hallar el monto de la condena por este concepto, que en la primera instancia ascendía a $41.140.000 (fl. 233, cdno. ppal. 2).

Entonces, el valor de las piezas faltantes y su instalación aparece en el avalúo (fls. 146 a 148, cdno. ppal. 1) rendido el 14 de febrero de 2006 por un centro automotriz, así:

RepuestoValorInstalación
Caja de cambios$10.000.000$350.000
Carburador$1.300.000$80.000
Radiador motor$1.400.000$60.000
Defensa trasera (punteras)$2.000.000$40.000
Rines (4)$320.000$20.000
Motor de arranque$1.400.000$40.000
Estribos laterales y traseros$2.910.000$60.000
Tapa de aceite de motor$80.0000
Ejes de mando$2.800.000$80.000
Espejos laterales (2)$1.160.000$20.000
Subtotal$23.370.000$750.000
Total$24.120.000

Suma que será actualizada de conformidad con los índices de precios al consumidor, con base en las fórmulas aplicadas por la Corporación así:

Vf = Vi xÍndice final
Índice inicial

Dónde:

Vf: es el valor final o condena actualizada o ajustada.

Vi: es el valor inicial o de la condena ($24.120.000).

Índice final: el de esta sentencia (marzo de 2016).

Índice inicial: el del avalúo (febrero de 2006).

Vf = $24.120.000 x130.63
85.11

Vf = $37.020.275

En estos términos, la Sala modificará el fallo impugnado y reconocerá al demandante el valor de treinta y siete millones veinte mil doscientos setenta y cinco pesos ($37.020.275), por concepto de daño emergente.

3.3.2. Sobre los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por el tiempo que el demandante no pudo explotar económicamente el vehículo. Se tiene que el demandante acreditó que lo tenía arrendado al momento de la retención. Sin embargo, la Sala, sobre la liquidación que al respecto hizo el a quo, debe hacer las siguientes precisiones:

En primer lugar, se recuerda que en asuntos como el presente debe la parte interesada acreditar que el periodo en que considera existió el defectuoso funcionamiento coincide con el periodo en que podía explotar el vehículo, tanto en el extremo inicial como en el final.

Frente al extremo inicial —desde cuándo se debe reconocer el lucro cesante—, la Sala debe tener en cuenta el momento en que se predica existió mora de la Fiscalía que para el sub lite es el 17 de enero de 1997, en esa fecha el demandante acreditó que tenía el vehículo arrendado y que estaba ejecutando el contrato desde el 26 de noviembre de 1996 por lo menos hasta el 13 de enero de 1997 —cuando fue hurtado—, según puede corroborarse en las planillas de control (fls. 51 y 52, cdno. ppal. 1) del consorcio Odebrecht-Conciviles donde se anotaron los días, como las horas extras, en que se utilizó el vehículo. Aunado al hecho que el día del hurto, en el mismo se movilizaba un ingeniero de ese consorcio, por lo que para la Sala no hay duda que sí existía el contrato y que se estaba ejecutando.

Así, el punto inicial para reconocer lucro cesante sería el 17 de enero de 1997; sin embargo, el a quo entendió que era desde el 8 de febrero de 1997 la fecha en la que existió el defectuoso funcionamiento.

Lo anterior, pues a su entender el término para devolver el vehículo estaba dado en el artículo 338(31) del Decreto 2700 de 1991, que en síntesis prevé que a los vehículos relacionados con la comisión de delitos culposos, se les debe practicar una experticia técnica dentro de los diez días siguientes al momento en que es puesto a disposición de la fiscalía, vencido ese término el vehículo debe ser entregado a su propietario. Así, como la inspección fue practicada el 28 de enero de 1997 —supra párr. 3.2.6.5.—, la demandada debía devolver el vehículo por lo menos desde el 8 de febrero de ese año.

En ese contexto, a pesar de que la Sala no comparte la conclusión del a quo —pues el vehículo no estaba relacionado con el delito y menos con uno culposo—, en respeto de la garantía de la non reformatio in pejus la Sala no podría agravar la condena y tomar una fecha anterior al 8 de febrero de 1997 para calcular el lucro cesante, comoquiera que ello aumentaría la condena.

Ahora, en relación con el extremo final —hasta cuándo se debe reconocer el lucro cesante—, la Sala encuentra que el a quo asumió que el vehículo podía ser explotado económicamente hasta que cesó el defectuoso funcionamiento —25 de enero de 1999—; sin embargo, la Sala no comparte esa tesis, por lo siguiente:

En el contrato se pactó inicialmente el arriendo del vehículo de placas IYF-730, el que fue adicionado(32) para incluir en el arriendo el vehículo de placas DWR-305. De este segundo vehículo también aparece en el plenario una planilla de control (fl. 133, cdno. ppal. 1) del consorcio Odebrecht-Conciviles donde se anotaron los días en que el consorcio utilizó este vehículo, además ahí se consignó “última medición, camioneta desmovilizada, trabajó hasta el 25 de septiembre de 1997”.

Pues bien, ese contrato tenía un término indefinido de ejecución(33), el que debe ser entendido en los términos de los artículos 1551(34) y 2009(35) del Código Civil, que dictaminan que a falta de un plazo cierto, el contrato queda supeditado a que alguna de las partes desahucie a la otra, para así ponerle fin, tal como quedó estipulado en el mismo contrato, donde se dijo que el aviso debía ser con quince días de anticipación.

Entonces, ante el silencio contractual de una fecha cierta de terminación en el arrendamiento del vehículo de placas IYF-730, la Sala tomará el mismo día en que finalizó el arrendamiento de la camioneta de placas DWR-305, pues se infiere que ese día culminó el contrato de arrendamiento que comprendía ambos vehículos, toda vez que la contratante no prosiguió con la utilización del segundo vehículo a partir del 25 de septiembre de 1997, y no existe prueba en contrario. Fecha razonable, por cuanto según la disposición en cita y el mismo contrato, este duraría hasta tanto una de las partes decidiera finalizarlo, como ocurrió en ese caso, donde tampoco se acreditó que el vehículo se necesitara para la ejecución de algún otro contrato.

Con lo hasta aquí expuesto, se tiene que el periodo objeto de liquidación para el lucro cesante quedaría desde el 8 de febrero de 1997 hasta el 25 de septiembre de 1997, esto es 229 días. A diferencia de los 707 días que empleó el a quo.

Ahora, en relación con el monto a utilizar para la liquidación del lucro cesante, la Sala advierte que el a quo tomó como valor mensual del arriendo la suma de $1.450.000(36). Monto que para la Sala es razonable por cuanto el contrato que lo soporta fue allegado al plenario por el deudor —consorcio Odebrecht-Conciviles— por solicitud del a quo, además, el mismo deudor allegó una liquidación parcial (fl. 132, cdno. ppal. 1) en la que reconoció que por el tiempo que alcanzó a utilizar el vehículo —un mes y dieciocho días—, pagó en total $2.439.875.

Así, el valor diario a reconocer —obtenido de dividir el valor mensual entre 30 días— sería de $48.333 que multiplicado por los 229 días, daría como resultado $11.068.257 —monto al que el Tribunal no aplicó la fórmula de lucro cesante consolidado aceptada por esta Corporación—. Ahora que a ese resultado, el a quo hizo unas deducciones derivadas de la ejecución del contrato de arriendo del vehículo, por un lado, el salario del conductor(37) y por el otro los gastos de operación y mantenimiento(38).

Se comparte la primera deducción, dado que según el contrato el actor debía asumir el pago de los salarios del conductor(39). El a quo, ante la falta de prueba sobre las condiciones del salario, tomó el mínimo legal más el 25% de prestaciones sociales, como usualmente lo hace esta Corporación.

Respecto a la segunda deducción, igualmente comparte la Sala que se efectuara la misma, en tanto del contrato(40) se desprendía que esos rubros debían ser asumidos por el demandante, sin embargo no comparte que se haya fijado en 25% del valor del contrato, pues el a quo no indicó algún parámetro objetivo que permita inferir que ese porcentaje es razonable. A pesar de lo anterior, la Sala en virtud de la non reformatio in pejus no puede disminuir el porcentaje, pues ello agravaría la situación de la entidad apelante, además tampoco puede aumentarlo para favorecerla, pues carece de elementos de juicio para hacerlo.

En ese orden, a los anotados $11.068.257 se debe deducir el salario del conductor(41) ($1.641.358) y los gastos de operación y mantenimiento(42) ($2.767.064), para un total de $6.659.835.

Suma que en este caso solo debe ser actualizada. Vale aclarar que para el cálculo de lucro cesante se debió aplicar la fórmula establecida para calcular el lucro cesante consolidado(43); sin embargo, el a quo no aplicó la misma y en virtud de la non reformatio in pejus la Sala se abstendrá de hacerlo, toda vez que ello aumentaría el monto a reconocer.

Para actualizar los $6.659.835, se tomará como referencia el índice de precios al consumidor del mes de septiembre de 1997 —cuando finalizó el contrato—, así:

Vf = Vi xÍndice final
Índice inicial

Dónde:

Vf: es el valor final o condena actualizada o ajustada.

Vi: es el valor inicial o de la condena ($6.659.835).

Índice final: el de esta sentencia (marzo de 2016).

Índice inicial: el del fin del contrato (septiembre de 1997).

Vf = 6.659.835 x130.63
43.66

Vf = $19.926.116

En estos términos, la Sala modificará el fallo impugnado y reconocerá al demandante el valor de diecinueve millones novecientos veintiséis mil ciento dieciséis pesos ($19.926.116)(44), por concepto de lucro cesante.

Por todo lo advertido, la Sala reconocerá por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante la suma de cincuenta y seis millones novecientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y un pesos ($56.946.391).

3.4.(sic) Por último, como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, sino ejecutada en ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa, se impone negar la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Falla

1. Modificar la Sentencia del 2 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva, la cual quedará así:

1. Declárase no probada la excepción propuesta por La Nación - Fiscalía General de la Nación.

2. Declárase patrimonialmente responsable a La Nación - Fiscalía General de la Nación, por los daños materiales causados al demandante, Efraín José Morón Morón, con motivo de la inmovilización y retención ilegal del vehículo de placas IYF - 730, ocurrida entre comienzos del año 1997 y comienzos de 1999, en atención a los considerandos que se dejaron expuestos en este fallo.

3. Como consecuencia de la responsabilidad declarada en el numeral 2º de la parte resolutiva de esta sentencia, condénase a La Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Efraín José Morón Morón la cantidad de cincuenta y seis millones novecientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y un pesos ($56.946.391), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante.

4. Las sumas condenatorias devengarán intereses desde la fecha de ejecutoria del fallo definitivo hasta su cancelación, de acuerdo con lo dispuesto por el 5º inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, tal como quedó redactado luego de su declaratoria de exequibilidad parcial hecha mediante sentencia expedida por la Corte Constitucional C-188 de 1999 (sic).

5. Las condenas impuestas se cumplirán y pagarán de conformidad con los artículos 176 y 177 del CCA (mod. art. 60 de la Ley 446 de 1998).

6. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

7. Sin costas.

8. Notifíquese personalmente de esta providencia al Ministerio Público por conducto del respectivo Procurador Delegado en lo Judicial ante este Tribunal.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(4) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, del Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, Expediente 2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

(6) “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

(7) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Auto del 17 de septiembre de 2014, C.P. Enrique Gil Botero, con salvamento de voto de los Honorables Consejeros Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth. En esa oportunidad se unificó la jurisprudencia en torno a la carga argumentativa que debía cumplir el Ministerio Público cuando recurría una decisión, así: “En efecto, se reitera, el Ministerio Público está llamado a participar de forma activa —como sujeto procesal especial— en los procesos contencioso administrativos, pero siempre circunscrita su actuación a la materialización de los objetivos indicados en el texto constitucional, esto es: i) la defensa del orden jurídico, ii) la protección del patrimonio público o iii) la garantía efectiva de los derechos fundamentales de los asociados. (…) Como corolario de lo anterior, siempre será susceptible que los agentes del Ministerio Público —como representantes de la sociedad— actúen en el proceso contencioso administrativo, inclusive a través de la interposición de recursos legales, pero deben razonar y justificar de manera expresa la relación que existe entre el mecanismo de impugnación específico y cualquiera —o todos— de los objetivos de intervención delimitados en la Constitución Política de 1991”. En el mismo sentido: Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 9 de septiembre de 2015, Expediente 39138, C.P. Hernán Andrade Rincón (E); Subsección A, Sentencia del 13 de mayo de 2015, Expediente 37118, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Subsección B, Sentencia del 5 de marzo de 2015, Expediente 33597, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, con aclaración de voto de los Honorables Consejeros Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth; Subsección A, Sentencia del 1º de octubre de 2014, Expediente 30577, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).

(8) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Auto del 24 de noviembre de 2014, Expediente 37747, C.P. Enrique Gil Botero, con salvamento de voto de los Honorables Consejeros Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth. En tal providencia se precisó la carga argumentativa del Ministerio Público, pues en tratándose de trámites conciliatorios no debía expresamente aducir cuál de los fines constitucionales defendía, sin que por ello pueda actuar por fuera de ellos: “Ahora bien, cuando se trata de la interposición de recursos, en virtud de la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera, corresponde al delegado del Ministerio Público fundamentar su interposición en aras acreditar su interés para recurrir, sin embargo, esta carga no es necesaria cuando actúa en medio de una audiencia de conciliación, sin que esto signifique que pueda hacerlo desconociendo la finalidad establecida para su intervención”.

(9) Henao, Juan Carlos. El daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 37.

(10) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero. En esa oportunidad se dijo que las copias simples obrantes en el proceso y que surtieran el principio de contradicción tienen plenos efectos probatorios. Claro está salvo: “(…) si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus). (…) De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso”.

(11) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de octubre de 2014, Expediente 40411, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Subsección C, Sentencia del 14 de marzo de 2012, Expediente 21848, C.P. Enrique Gil Botero; Subsección C, Sentencia del 3 de febrero de 2010, Expediente 18034, C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, Sentencia del 5 de diciembre de 2006, Expediente 28459, C.P. Ruth Stella Correa; Sección Tercera, Sentencia del 28 de julio de 2005, Expediente 14998, C.P. María Elena Giraldo.

(12) “Cláusula segunda: De los plazos.El Contratante [Consorcio Odebrecht-Conciviles] necesitará de los servicios del Subcontratista [Efraín José Morón Morón] por un tiempo indeterminado de acuerdo a sus necesidades a partir del día veintiséis (26) de noviembre de 1.996. El presente subcontrato será terminado por cualquiera de las partes en cualquier tiempo avisando con quince (15) días calendario de antelación sin que por dicha terminación se cause indemnización alguna y así lo aceptan las partes” (contrato de arrendamiento del vehículo de placas IYF-730 —fl. 125, cdno. ppal. 1—).

(13) “[L]os precios acordados son los siguientes: el precio que se pagará por mes efectivamente disponible para los servicios de transporte de personal y/o materiales y equipos que El Contratante requiera será: 1.- Valor Mensual $1.500.000.00 por el Toyota IYF 730” (adición al contrato de arrendamiento del vehículo de placas IYF-730 —fl. 130, cdno. ppal. 1—).

(14) Respecto al aire acondicionado y al compresor de aire aparece en el inventario la siguiente anotación: “aire acondicionado NO, compresor aire NO”, por lo que al 14 de enero de 1997 no hay certeza de la existencia de esos elementos en el automóvil. Los espacios reservados para tapa de radiador, aros linternas, espejos, perilla de techo, bomperetas, consola, ceniceros y encendedor están en blanco.

(15) El a quo, al verificar la existencia del daño, reconoció (fl. 222, cdno. ppal. 2) que al vehículo le faltaba la transmisión trasera, pero al momento de liquidar el daño emergente (fl. 233, cdno. ppal. 2) ninguna mención hizo sobre esa pieza, por lo que en virtud de la garantía de la non reformatio in pejus la Sala no puede agravar la condena para incluir esa pieza en la condena.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 19 de abril de 2012, Expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la Sentencia del 23 de agosto de 2012, Expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(17) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 28 de mayo de 2015, Expediente 30607, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Subsección B, Sentencia del 5 de marzo de 2015, Expediente 28955, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Subsección C, Sentencia del 10 de septiembre de 2014, Expediente 29483, C.P. Olga Melida Valle de De la Hoz; Subsección B, Sentencia del 3 de mayo de 2013, Expediente 26112, C.P. Danilo Rojas Betancourth (E) y Subsección A, Sentencia del 27 de junio de 2012, Expediente 24135, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Incluso antes de la Ley 270 de 1996 y en vigencia de la Constitución de 1991, la Sala ha reconocido el derecho a la indemnización por fallas en la administración de justicia por la dilación injustificada en la adopción de decisiones. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2002, Expediente 12791, C.P. German Rodríguez Villamizar; Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Expediente 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque y Sección Tercera, Sentencia del 3 de junio de 1993, Expediente 7859, C.P. Julio César Uribe Acosta.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 25 de noviembre de 2004, Expediente 13539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada en Subsección A, Sentencia del 25 de agosto de 2011, Expediente 19162, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(19) “Los subversivos después del ataque dejaron abandonado vehículo marca Toyota Land cruiser, color rojo de placas IYP-730 (sic) de propiedad del consorcio Odubrecht (sic) Conciviles y en su interior fue hallado carnet a nombre de Camilo Medina Vera” (denuncia penal de Juan Rojas Rojas —fl. 2, cdno. 1—).

(20) “Cláusula Primera: Objeto.—Constituye el objeto del presente subcontrato el alquiler de un vehículo Toyota Campero, de plaza IYF 730, modelo 79, de propiedad de El Subcontratista [Efraín José Morón Morón], para el transporte de personal que requiera EL Contratante [consorcio Odebrecht-Conciviles]” (contrato de arrendamiento del vehículo de placas IYF-730 —fl. 125, cdno. ppal. 1—).

(21) “Preguntado: diga cuál fue el motivo por el cual los subversivos hurtaron el vehículo, dígalo si es de su conocimiento. contestó: Manifestaron que iban a llevar unos heridos, eran las siete y media de la mañana” (denuncia instaurada por el ingeniero Camilo Medina Vera —fl. 14, cdno. 1—).

(22) “[S]alieron dos personas uniformadas a la carretera y nos apuntaron con dos fusiles obligándonos a detener el vehículo, al parar se identificaron como [miembros del] frente 19 de las Farc, y dijeron que necesitaban el carro para transportar unos heridos pero que los teníamos que acompañar hasta que ellos regresaran el carro” (denuncia instaurada por el ingeniero Camilo Medina Vera —fl. 14, cdno. 1—).

(23) “[U]no de los que llegó solicitó las llaves del carro y nos montaron a mí y al conductor en la parte de atrás del vehículo (…) hasta encontrarnos una trocha a mano izquierda por donde subieron unos 20 o 30 minutos hasta llegar a una casa abandonada (…) a eso de las 10:30 de la mañana nos llamaron y nos dijeron que íbamos a tener que caminar y mandaron a dos hombres y una mujer para que nos llevaran, empezamos a subir aproximadamente unos 45 minutos y llegamos a otra casa donde dijeron que era el sitio que íbamos a descansar y allí ellos cocinaron el almuerzo y permanecimos con ellos hasta caída la noche y allí nos avisaron que ya podíamos bajar (…) caminamos hora y media como dos horas siguiendo la misma trocha que habíamos subido, y cuando logré tener señal en el celular me comuniqué con mi jefe y él nos envió un carro de la compañía (…) eran como las nueve de la noche” (denuncia instaurada por el ingeniero Camilo Medina Vera —fl. 14, cdno. 1—).

(24) “Por medio del presente me permito dejar a disposición de ese despacho el vehículo de las siguientes características: Clase…Campero, Marca…Toyota, Tipo…Cabinado, Placas…Iyf-730, Color…Rojo, Modelo…1979, Chasis…FJ43-60891. El vehículo antes mencionado queda a su disposición en el parqueadero Robles de esta ciudad, el cual fue abandonado por la guerrilla el día del ataque a la Estación de Policía de Santa Rosa de Lima jurisdicción del municipio de Fundación, Magdalena” (oficio de la Unidad Investigativa Regional —fl. 3, cdno. 1)—.

(25) “De la restitución del objeto material e instrumentos del delito. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 339 de este código, el funcionario que esté conociendo de la actuación, de plano ordenará la devolución a quien sumariamente acredite ser dueño, poseedor o tenedor legítimo del objeto material o instrumentos del delito que sean de libre comercio” (negrillas fuera de texto).

(26) “[P]ero si se tratare de devolución de cosas, armas, instrumentos y efectos aprehendidos durante el proceso, y que no interesen a éste, se determinará de plano la entrega con la obligación de presentarlos en el momento en que el funcionario judicial lo solicite” (negrillas fuera de texto).

(27) “Incidentes procesales. Se tramitan como incidentes procesales: 1. La solicitud de restitución de bienes muebles o inmuebles, o de cauciones, cuando es formulada por persona distinta de los sujetos procesales y la decisión no deba ser tomada de plano por el funcionario competente” (negrillas fuera de texto).

(28) Al expediente no fue allegada prueba del contrato celebrado entre la Fiscalía General de Nación y el propietario del parqueadero “La Esperanza”, sin embargo la entidad al disponer que el vehículo fuera trasladado a ese establecimiento afirmó que existía un contrato, así: “Realizar inspección judicial sobre el vehículo encontrado, el cual se ordenará remitirlo a el (sic) parqueadero La Esperanza de esta ciudad, establecimiento con quien la Dirección Regional Administrativa y Financiera de Fiscalías, ha celebrado contrato” (decisión de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales del Magdalena —fl. 39, cdno. 1)—.

(29) “Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

(30) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 9 de febrero de 2012, Expediente 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En esa oportunidad sobre la posibilidad de analizar aspectos no discutidos expresamente por la parte apelante se dijo: “Es de esperar que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por parte de quien ha sido condenado a pagar una indemnización y pretenda la revocatoria del fallo, se centrarán en las razones por las cuales se pide tal revocatoria, pero que se omitirá toda reflexión relacionada con los aspectos consecuenciales de la sentencia en la cual se accedió a las pretensiones, dado que al revocarse la declaración de responsabilidad, se negarán las pretensiones de la demanda. Sin embargo, la ausencia de razones expuestas por el recurrente no impiden al juez corregir la sentencia apelada, para hacer reducciones por concurrencia de la intervención de la víctima en la causación del daño, o por reconocimientos de daños que no aparecen demostrados en el expediente, o por errores en la liquidación de las indemnizaciones”.

(31) “Modificado por la Ley 81 de 1993, artículo 43. Comiso. (…) En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, se someterán a los experticios técnicos, que se realizarán dentro de los diez días siguientes contados a partir del momento en que el vehículo haya sido puesto a disposición del funcionario. Decretado éste y vencido el término, háyase o no realizado el experticio técnico, se entregarán en depósito a su propietario o tenedor legítimo, salvo el derecho de terceros o de normas que dispongan lo contrario”.

(32) “1. El objeto del subcontrato Super Equi 074 quedará de la siguiente forma. Constituye el objeto del presente subcontrato el alquiler de los siguientes vehículos Toyota Campero de placa IYF-730, modelo 79, Camionera Ford 350 DWR-305, propiedad de El Subcontratista, para el transporte de personal y/o equipos que requiera El Contratante” (adición al contrato de arrendamiento del vehículo de placas IYF-730 —fl. 130, cdno. ppal. 1—).

(33) “Cláusula segunda: de los plazos. el contratante [Consorcio Odebrecht-Conciviles] necesitará de los servicios del Subcontratista [Efraín José Morón Morón] por un tiempo indeterminado de acuerdo a sus necesidades a partir del día veintiséis (26) de noviembre de 1.996. El presente subcontrato será terminado por cualquiera de las partes en cualquier tiempo avisando con quince (15) días calendario de antelación sin que por dicha terminación se cause indemnización alguna y así lo aceptan las partes” (contrato de arrendamiento del vehículo de placas IYF-730 —fl. 125, cdno. ppal. 1—).

(34) “El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; puede ser expreso o tácito. Es tácito, el indispensable para cumplirlo”.

(35) “Si no se ha fijado tiempo para la duración del arriendo, o si el tiempo no es determinado por el servicio especial a que se destina la cosa arrendada por la costumbre, ninguna de las dos partes podrá hacerlo cesar sino desahuciando a la otra, esto es, noticiándoselo anticipadamente”.

(36) La adición del contrato de arrendamiento del vehículo firmada el 30 de noviembre de 1996 (fls. 130 y 131, cdno. ppal. 1) que aumentó el valor mensual a un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) no fue tenida en cuenta por el a quo. Por lo anterior, el fallo de primera instancia solo consideró el valor inicialmente pactado en el contrato firmado el 26 de noviembre de 1996 (fls. 125 a 128, cdno. ppal. 1) que ascendía a un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos ($1.450.000) mensuales. En ese orden, en respeto de la garantía de la non reformatio in pejus la Sala no podría agravar la condena con fundamento en esta situación, por lo que tomará como valor mensual el mismo que consideró el a quo.

(37) “[H]abrá de restársele inicialmente el valor de los emolumentos laborales que devengaría el conductor del vehículo, según el parágrafo tercero de la cláusula segunda del contrato; este concepto se obtiene descontando el valor del salario mínimo legal que devengaría el conductor durante los 707 días teniendo en cuenta su variación años 1997-1998-1999 y además sumándole el valor que devengaría por prestaciones sociales (25%), arrojando un primer ítem a descotar por la suma de $5.611.436,50)” (sentencia de primera instancia —fl. 237, cdno. ppal. 2—).

(38) “[H]abrá de restársele el 25% por concepto de gastos propios del mantenimiento del vehículo, teniendo en cuenta que del contrato se infiere que el combustible para su funcionamiento corre a cargo del contratante; o sea se debe descontar la cantidad de $7.140.057,54” (sentencia de primera instancia —fl. 237, cdno. ppal. 2—).

(39) “Cláusula Tercera: Precio (…) Parágrafo Tercero: el precio contempla conductor durante 12 horas al día, los siete días a la semana” (contrato de arrendamiento del vehículo de placas IYF-730 —fl. 125, cdno. ppal. 1—).

(40) “Cláusula Tercera: Precio (…) Parágrafo Primero: El vehículo estará disponible las veinticuatro horas al día los siete días a la semana, durante la vigencia del presente subcontrato. Este precio es fijo, no tiene reajustes e incluye todos los gastos necesarios para la perfecta y completa ejecución de los servicios tales como: conductor, mantenimiento, reparaciones del vehículo, costos indirectos, impuestos, seguros, permisos, utilidades, IVA en caso de generarse, etc.” (contrato de arrendamiento del vehículo de placas IYF-730 —fl. 125, cdno. ppal. 1—).

(41) Para 1997 el salario mínimo mensual legal vigente ascendía a $172.005, por tanto el salario mínimo diario era de $5.734, el que multiplicado por los 229 días que deben indemnizarse, da como resultado $1.313.086, sumado a eso los $328.272 del 25% de prestaciones sociales, lo concerniente a salario de conductor es $1.641.358.

(42) El 25% por gastos de operación y mantenimiento de $11.068.257 corresponde a $2.767.064.

(43)

S = Ra x(1 + i)n - 1
i

Dónde:
S: es la indemnización consolidada a obtener.
Ra: es la renta o ingreso mensual actualizado.
i: Es el interés puro o técnico mensual equivalente a 0.004867.
n: es el periodo indemnizable.

(44) Valor inferior a los $52.460.673 que corresponde a la suma actualizada a la fecha de esta sentencia de los $38.260.188 que reconoció el a quo por concepto de lucro cesante, con lo que se descarta cualquier afectación al principio de la non reformartio in pejus.