Sentencia 2001-00096 de septiembre 11 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 23001-3103-004-2001-00096-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., once de septiembre de dos mil trece.

(Discutido y aprobado en Sala de 9 de abril de 2013).

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Se desprende del fallo de casación proferido en el presente asunto, por una parte, que tal impugnación extraordinaria únicamente fue propuesta por la transportadora demandada, mas no por el accionado señor Gerardo Antonio Díaz Laclaustra; por otra, que el único cargo que aquella introdujo, se circunscribió a combatir el monto de los perjuicios patrimoniales cuyo pago se ordenó en su contra; y, por último, que dicha acusación resultó próspera solamente respecto de los siguientes tres yerros cometidos por el ad quem:

“a) Dejó de ver que los perjuicios patrimoniales —en la modalidad de lucro cesante— (...), en relación con el fallecimiento de la señorita Viviana Sofía Bravo Gutiérrez, son inexistentes.

b) Pasó por alto, que el lucro cesante para los menores hijos del señor Eddy Luis Julio Yanez se calculó con prescindencia del tiempo que a ellos les faltaba para que cumplieran 25 años o alcanzaran la mayoría de edad.

c) Y finalmente, porque en la liquidación del perjuicio patrimonial sufrido por la señorita Johana María Álvarez Peniche, en lo que hace al porcentaje del 8% de la disminución de su capacidad laboral o productiva, al salario base que se aplicó (la suma de $ 1.600.000 mensuales) y a su presunto desempeño profesional como arquitecta, carecen de todo fundamento”.

2. De las circunstancias en precedencia advertidas se desprenden, delanteramente, las siguientes dos conclusiones, que fijan los alcances del presente fallo sustitutivo:

2.1. En primer lugar, que como el señor Díaz Laclaustra no recurrió en casación la sentencia del tribunal, tal proveído se mantiene en firme y, por ende, conserva toda su fuerza y vigencia respecto de él, por lo que la Corte, al actuar en sede de segunda instancia, carece de competencia para revisar dicha decisión, en lo tocante con el mencionado demandado.

b) Y, en segundo lugar, que, correlativamente, la labor de esta corporación deberá circunscribirse a evaluar la sentencia apelada exclusivamente respecto de los perjuicios patrimoniales que en ella se reconocieron a cargo de la sociedad Inversiones de La Ossa Jiménez - Transportes Luz SCA, única promotora del recurso extraordinario, empero solo en cuanto concierne a los específicos aspectos atrás advertidos.

3. Ahora bien, si como lo destacó la Corte en el memorado fallo de casación, y ahora lo reitera, el tribunal avaló por completo la determinación de los perjuicios que el a quo realizó en el proveído que profirió, es pertinente colegir, por consiguiente, que los anotados desatinos detectados en aquel pronunciamiento son igualmente predicables respecto de la sentencia de primera instancia, como pasa a constatarse.

3.1. Acción promovida por los señores Lissy del Rosario Gutiérrez de Bravo y Rafael Alfonso Bravo Caballero.

3.1.1. Como ya se registró, en la demanda que ellos promovieron se solicitó que se declarara “[q]ue la empresa demandada incumplió su obligación contractual de conducir sana y salva a la pasajera Viviana Sofía Bravo Gutiérrez al producirse el accidente del vehículo automóvil del servicio público tipo [t]axi, (...), de placas YHK-008 (...)”.

3.1.2. Las pretensiones del libelo se fundamentaron, esencialmente, en los siguientes hechos:

a) La señorita Bravo Gutiérrez “adquirió el boleto de pasaje Nest 34800 con la empresa transportadora Inversiones de La Ossa Jiménez - Transportes Luz SCA para trasladarse en uno de sus vehículos, de la ciudad de Montería a la (...) de Cartagena”.

b) “La fecha de transporte fue el día tres (3) de [f]ebrero de 2001, para lo cual la empresa (...) designó el vehículo (...) de placas YHK-008, (...) que fue planillado y despachado a las ocho (8 a.m.) de la mañana”.

c) El indicado automotor “se accidentó a causa de la imprudencia e irresponsabilidad del conductor estrellándose contra un [t]ractor que transitaba por la vía, produciéndose un volcamiento en el sitio [identificado] con el nombre de vereda de Munquía, jurisdicción de Marialabaja, situado en el [k]ilómetro 45 de la carretera que conduce al poblado denominado El Vizo, aproximadamente a la diez y cuarenta y cinco (10:45 a.m.) de la mañana”.

d) “La empresa demandada incumplió con su obligación del trámite técnico mecánico de preparación para el viaje del vehículo mencionado, ya que las llantas (...) se encontraban en mal estado, lo que no facilitó el agarre en la frenada. Igualmente el propietario del vehículo no tenía su vehículo en perfectas condiciones para viajar, por lo referido en cuanto a las llantas, y que se demuestra con las fotografías que se aportan”.

e) “En dicho accidente pereció la señorita Viviana Sofía Bravo Gutiérrez”, hija de los señalados actores.

f) “La empresa Inversiones de La Ossa Jiménez - Transportes Luz SCA incumplió su obligación contractual de conducir sana y salva a la pasajera en mención, al producirse el accidente del referido automóvil de servicio público, el cual no se debió a fuerza mayor, ni a culpa de la lesionada, ni al hecho de un tercero”.

3.1.3. No hay duda, pues, como lo estimó el juzgado del conocimiento en la sentencia apelada, que la responsabilidad cuyo reconocimiento reclamaron los esposos Bravo - Gutiérrez tuvo venero en que la sociedad accionada no satisfizo los deberes que para ella se desprendieron del contrato de transporte que celebró con Viviana Sofía Bravo Gutiérrez y que, por lo tanto, según lo precisó la Sala en la sentencia con la que desató el recurso de casación, “la intervención de los citados actores, se realizó a título de herederos de su hija, (...), en el entendido que, acaecida su muerte, se transmitieron a ellos las acciones derivadas del señalado contrato, particularmente, la generada por su incumplimiento por parte de la empresa transportadora”.

3.1.4. Considerado el hecho de que la pasajera Bravo Gutiérrez falleció casi una hora después de ocurrido el accidente, según se infiere del documento visible a folio 14 del cuaderno Nest 2, es ostensible que para ella, ese hecho dañoso, no generó un lucro cesante y que, por lo mismo, el reclamado por sus progenitores, en la advertida condición de herederos suyos, es inexistente.

Sobre el punto, pertinente es reproducir el estudio que realizó la Sala al desatar la impugnación extraordinaria:

“En tal orden de ideas, aflora paladino el equívoco en que incurrió el perito y, por consiguiente, el ad quem, en tanto que, como se dijo, acogió sin reparos su dictamen, al señalar que los perjuicios patrimoniales en comento, consistieron en el lucro cesante representado en los ingresos que ‘pudo haber dejado de percibir la víctima’ por razón de su muerte y al liquidarlos en la forma como lo hizo, esto es, calculando el monto de la retribución económica que la señorita Viviana Sofía Bravo Gutiérrez hubiese podido recibir, desde el momento de su deceso y hasta la época de culminación de su vida probable, en el ejercicio de la profesión que, al parecer, estudiaba cuando falleció.

‘De seguro que tal forma de concretar los perjuicios patrimoniales de la nombrada víctima, riñe abiertamente con los que, como anteriormente se indicó, en verdad se le hubieren podido ocasionar a ella y, por ende, con los que, por razón de su muerte, se transmitieron a sus herederos, los cuales, independientemente de su específica naturaleza jurídica, solo pudieron causarse con anterioridad a su deceso y nunca con posterioridad a él, como con total desatino lo estimó el perito y lo admitieron, sin reparos, los juzgadores de instancia’”.

3.1.5. La Corte, en consecuencia, modificará la sentencia apelada, para suprimir de ella la condena que, por concepto de “perjuicios materiales”, se estableció en el punto 2est del numeral cuarto de su parte resolutiva a cargo de Inversiones de La Ossa - Transportes Luz S.C.A. y en favor de los señores Lissy del Rosario Gutiérrez de Bravo y Alfonso Rafael Bravo Caballero, en cuantía de $ 232.807.500.

3.2. Acción adelantada por la señora María del Carmen Espitia Guerra, como representante legal de sus hijos X X X X X X X X, X X X X X X X y X X X X X X X X X X X X.

3.2.1. En lo tocante con la estimación de los perjuicios patrimoniales que se reconocieron a los prenombrados actores, el único yerro que se abrió paso en casación consistió en que para su cuantificación, se tuvo en cuenta “la totalidad del tiempo de la vida probable del de cujus (15.33) y [se] dejó de lado el lapso que faltaba para que los referidos interesados cumplieran 25 años o alcanzaran la mayoría de edad, según fueran o no estudiantes, respectivamente, espacio que en uno y otro supuesto, de todas maneras, era inferior al margen de tiempo utilizado en el dictamen, si se aprecia que X X X X X X, al 3 de febrero de 2001, fecha en la que murió su padre, tenía 15 años, 1 mes y 21 días; X X X X X, 12 años, 4 meses y 7 días; y X X X Leonardo, 10 años, 8 meses y 27 días”.

3.2.2. Con el propósito de establecer la actividad de los menores en la época del fallecimiento de su progenitor, señor Eddy Luis Julio Yanez, la Sala oficiosamente decretó la exhibición por su parte de los “documentos que acrediten los estudios que hayan realizado a partir, inclusive, del primero (1est) de febrero de 2001, hasta la actualidad, en su caso”, diligencia para la que comisionó al “magistrado ponente que conoció en segunda instancia del proceso”.

3.2.3. En audiencia verificada el 21 de noviembre de 2008, se allegaron los documentos que obran del folio 296 al 331 del presente cuaderno, entre los que se encuentran los que pasan a relacionarse:

a) Las certificaciones expedidas por las instituciones educativas “El Carmen” de Cotora, “Santa Teresa” y “Marceliano Polo” de Cereté, fechadas los días 13 y 14 de noviembre de 2008, que informan lo siguiente:

— X X X X X X X cursó y aprobó los grados 10 y 11 durante los años 2001 y 2002, respectivamente (fls. 296 y 297, cdno. de la Corte).

— X X X X X X X cursó los grados 6est a 11 en los años comprendidos entre 2002 y 2008 (fls. 300-305, cdno. de la Corte).

— X X X X X X X cursó los grados 6est a 9est en los años comprendidos entre 2003 y 2005 (fls. 307-310, cdno. de la Corte).

b) La certificación expedida por la “Fundación Institucional Técnica de Córdoba” de Cereté, que data del 13 de noviembre de 2008, en la que consta que X X X X X X X X X X X X X X X X X “culminó satisfactoriamente el primer I semestre y actualmente se encuentra estudiando en esta institución el segundo II semestre del programa técnico de auxiliar de enfermería, con una intensidad horaria de 20 horas semanales. (...). Cabe destacar su buen comportamiento y conducta” (fl. 311, cdno. de la Corte).

3.2.4. En adición a lo anterior, se dispuso mediante auto de 10 de agosto de 2010 (fls. 332-336 precedentes), escuchar en declaración a los hermanos Julio Espitia para que complementaran la información sobre sus actividades, habiéndose comisionado para la práctica de la prueba al funcionario mencionado.

3.2.5. El 28 de octubre de la misma anualidad, se practicaron sendas audiencias a las que comparecieron los indicados demandantes, quienes, en síntesis, expusieron:

a) X X X X X X X X X X X X X , que desde 2008 ha laborado “en apuestas de Córdoba los domingos y lunes festivos, desempeñando actividades de vendedor de chance”.

Allegó la prueba documental que a continuación se especifica:

— La certificación expedida por la mencionada institución educativa “El Carmen”, adiada el 28 de octubre de 2010, que registra que X X X X X X X X X X X X X cursó el grado 5est en el año 2001 (fl. 501, cdno. de la Corte).

— Copia auténtica de su diploma de “bachiller académico”, otorgado por la institución educativa “Marceliano Polo” el 5 de diciembre de 2008 (fl. 503, cdno. de la Corte).

— La constancia expedida por la jefe de admisiones, registro y control de la Universidad Cooperativa de Colombia, con sede en Montería, calendada el 15 de octubre de 2010, consistente en que X X X X X X X X X X X X X “se encuentra matriculado en el [p]rimero de los [d]iez [s]emestres del programa de derecho (...), en el periodo comprendido de julio a noviembre de 2010” (fl. 504, cdno. de la Corte).

b) X X X X X X X X X X, que luego de haber terminado el bachillerato ingresó, “en el año 2003, a la Universidad de Córdoba al programa de ingeniería de alimentos”, del que luego se retiró. Posteriormente inició estudios de “ingeniería industrial, eso lo hice ayudándome a mí misma trabajando y estudiando, que de hecho aún lo hago, vendo mercancía, ropa, siempre desde que empecé a estudiar, para ayudar en la casa, con mis propios gastos, hasta la fecha estoy en noveno semestre de ingeniería industrial”.

Por otra parte, aportó los siguientes documentos:

— La certificación expedida el 11 de octubre de 2010 por la oficina de admisiones, registro y control académico de la Universidad de Córdoba, que da cuenta de que X X X X X X X X X X X X X X X “se encuentra matriculado(a) (...) en el programa de ingeniería industrial, correspondiente al segundo periodo académico 2010” (fl. 511, cdno. de la Corte).

— Copia auténtica de su diploma de “bachiller académico”, conferido por el “Colegio Departamental de Bachillerato ‘El Carmen’ de Cotora”, Córdoba, el 20 de diciembre de 2002 (fl. 513, cdno. de la Corte).

c) X X X X X X X X X X X X X X, que entró “a estudiar en el 2008 al programa de enfermería en Fuinstecor, cursé primero, segundo semestre y tercero, pero faltándome un mes para culminarlo me retiré, porque me estaban pidiendo mucha plata para las prácticas y como trabajo con apuestas de Córdoba, me alcanzaba para lo necesario, entonces para las prácticas si no, aparte del semestre teníamos que pagar las prácticas por aparte, y pues ahí he seguido trabajando pero no he podido seguir estudiando, estoy esperando [a ver] cómo me va para [ver] si termino”.

Anexó los escritos que pasan a identificarse:

— Certificación expedida el 27 de octubre de 2010 por la coordinadora académica de la Fundación Institucional Técnica de Córdoba, con sede en Cereté, que da cuenta de que X X X X X X X X X “realizó el [p]rimer y [s]egundo semestre correspondiente al programa de ‘auxiliar de enfermería’, desde [f]ebrero a [j]unio y de [j]ulio hasta [n]oviembre del año 2008. (...). Su comportamiento en la fundación estuvo acorde con los lineamientos y procesos efectuados tanto en la parte académica como disciplinaria” (fl. 514, cdno. de la Corte).

— Copia auténtica de su diploma de “bachiller académico” otorgado por la “Institución Educativa ‘El Carmen’” de Cotora, Córdoba, el 16 de diciembre de 2006 (fl. 517, cdno. de la Corte).

3.2.6. Se advierte que las certificaciones y constancias anteriormente relacionadas son originales y que, tratándose de documentos meramente declarativos provenientes de terceros respecto de los que la parte demandada no solicitó su ratificación, son susceptibles de apreciarse como fueron presentados, según las previsiones contenidas en el numeral 2est del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 27 de la Ley 794 de 2003.

3.2.7. Valorados en conjunto los elementos de juicio en precedencia mencionados, se concluye que los hermanos Julio Espitia, al momento del fallecimiento de su progenitor —3 de febrero de 2001—, adelantaban estudios de educación formal básica (primaria y secundaria), los que continuaron hasta obtener el correspondiente título de bachiller. Posteriormente, X X X X X X X X X y X X X X X X X cursaron programas profesionales, en tanto que X X X X X X X adelantó uno técnico.

3.2.8. Así las cosas, en acatamiento de las premisas que la Corte delineó en el fallo de casación, se colige que el cálculo del lucro cesante que ellos experimentaron con ocasión del intempestivo deceso de su padre, señor Eddy Luis Julio Yanez, debe proyectarse por el lapso que les faltaba, desde cuando acaeció tal suceso, para llegar a la edad de 25 años.

3.2.9. Se sigue a la cuantificación de dicho rubro, para lo que son necesarias las apreciaciones que a continuación se consignan:

a) Como los juzgadores de instancia acogieron sin reparos el dictamen pericial en el que se tasó el lucro cesante de los accionantes de que se trata, liquidado para el año 2004 (fls. 144 y 145, cdno. 1), la Sala utilizará las mismas bases económicas allí aplicadas y seguirá un procedimiento similar al que se usó en la experticia, salvo en lo tocante con el tiempo por el que habrá de realizarse el cálculo, como quiera que, según ya se consignó, este fue el único aspecto que se vio afectado por el éxito de la censura planteada en casación.

b) Para evidenciar la reducción de la condena, se adoptará el mismo salario base de la aludida liquidación, que fue estimado por el experto para el citado año (2004) en la suma anual de $15.020.979 (equivalente a $ 1.256.748,25 mensuales), monto del que deberá restarse el 25%, porcentaje que dicho auxiliar fijó para los gastos personales del causante ($ 314.187.06), obteniéndose un total mensual de $ 942.561,19, que repartido entre los tres hijos arroja para cada uno la cantidad de $ 314.187,06 (mes), equivalente a $ 10.472,90 diarios ($ 314.187.06 / 30 = $ 10.472.90).

c) El tiempo que faltaba a los demandantes para alcanzar la edad de 25 años, es el siguiente:

— X X X X X X X X X X X X: 9 años, 10 meses y 9 días (3.549 días).

— X X X X X X X X X X X X X: 12 años, 7 meses y 23 días (4.553 días).

— X X X X X X X X X X X X X X X: 14 años, 3 meses y 3 días (5.133 días).

d) Con sujeción a las precedentes directrices, se arriba a los resultados que pasan a expresarse:

— X X X X X X X X X X X X: $ 10.472,90 X 3.549 días = $ 37.168.322,10.

— X X X X X X X X X X X X X: $ 10.472,90 X 4.553 días = $ 47.683.113.70.

— X X X X X X X X X X X X X X: $ 10.472,90 X 5.133 días = $ 53.757.395,70.

Recapitulando, para el año 2004, el lucro cesante padecido por los señores Julio Espitia, ascendía a los siguientes valores:

X X X X X X:$ 37.168.322,10
X X X X X X:$ 47.683.113,70
X X X X X X:$ 53.757.395,70
Total$ 138.608.831,50

3.2.10. En consideración a que, como ya se precisó, por una parte, los juzgadores de instancia acogieron el dictamen pericial en el que se cuantificó el lucro cesante de los mencionados demandantes y, por otra, la única modificación que a esa estimación puede hacerse como consecuencia de la prosperidad del recurso de casación que ellos introdujeron, concierne al lapso de tiempo del lucro cesante con el que fueron beneficiados, es del caso insistir en que, por ende, el cálculo definitivo de ese rubro, esto es, el que corresponda hacerse al momento del pago de la indemnización, deberá igualmente respetar los parámetros establecidos por el auxiliar de la justicia en la respectiva experticia.

Ahora bien, como en la demanda promovida en nombre de los hermanos Julio Espitia se solicitó la corrección monetaria de las condenas y el perito utilizó como factor de actualización el salario mínimo legal mensual, la liquidación definitiva del lucro cesante deberá efectuarse con base en el monto de dicho salario mínimo legal mensual para el año en que se realice el cálculo, que habrá de multiplicarse por el factor 3.496 determinado por el experto en el punto séptimo de su trabajo, con el que expresó en salarios mínimos mensuales el ingreso percibido por el señor Julio Yanez. Con otras palabras, para el auxiliar de la justicia la cantidad de $ 1.000.000.00, que era lo que la citada víctima devengaba para 2001, equivale a 3.496 salarios mínimos mensuales, toda vez que en dicho año el salario mínimo mensual ascendía a $ 286.000.00 ($ 1.000.000 / $ 286.000 = 3.496).

Adicionalmente, tal y como se hizo en el ordinales b) y d) del punto precedente, a ese valor se le restará el 25% de gastos personales de la víctima; tal producto se dividirá entre los tres hijos del occiso; con esa base se determinará el salario diario aplicable, que se multiplicará por el número de días establecido por la Corte.

3.2.11. Efectuado el cálculo para el año que transcurre —2013—, se tiene:

Como el salario mínimo mensual actual equivale a la suma de $ 589.500, el ingreso devengado por la víctima debidamente actualizado, conforme el sistema aplicado por el perito y atrás explicado, asciende a la cantidad de $ 2.060.892 ($ 589.500 X 3.496 = $ 2.060.892) de la que, como se indicó, debe restarse el 25%, por concepto de gastos personales, es decir, el monto de $ 515.223 ($ 2.060.892 / 100 X 25 = $ 515.223), lo que arroja un total de $ 1.545.669 ($ 2.060.892 - $ 515.223 = $ 1.545.669), que dividido entre los tres (3) hijos, da como resultado para cada uno el valor de $ 515.223 ($ 1.545.669/ 3 = $ 515.223), que equivale a $ 17.174,10 diarios ($515.223/30 = $ 17.1274,10).

Aplicado dicho monto al número de días que comprende el periodo del lucro cesante, establecido atrás por la Corte, se llega al siguiente resultado:

— X X X X X X X X X X X X: $ 17.174,10 X 3.549 días = $ 60.950.880,90.

— X X X X X X X X X X X X X X: $ 17.174,10 X 4.553 días = $ 78.193.677.30.

— X X X X X X X X X X X X X X: $ 17.174,10 X 5.133 días = $ 88.154.655,30.

En suma, para el presente año de 2013, el lucro cesante experimentado por los citados demandantes, totaliza las siguientes cifras:

X X X X X X:$ 60.950.880,90
X X X X X X:$ 78.193.677,30
X X X X X X X:$ 88.154.655,30
Total
$227.299.213,50

3.3. Acción gestionada por Johana María Álvarez Peniche:

3.3.1. La deficiencia en la que incurrió el ad quem y que, por ser similar su fallo al del juzgado de primera instancia, también cabe censurar a este, es la carencia de fundamento de las bases en que se fincó la estimación del lucro cesante que en favor de la ahora mencionada demandante se reconoció, particularmente, en cuanto concierne con el salario base aplicado ($ 1.600.000) y el porcentaje de reducción de su capacidad de trabajo (8%), valores calculados por el perito sin ningún soporte.

3.3.2. Al respecto, explicó la Corte:

“... No hay duda que tanto el perito, como el tribunal, supusieron que la incapacidad permanente dictaminada a la nombrada demandante, relativa a la reducción en un 20% del movimiento de rotación de la cabeza, cuestión no controvertida en casación, equivalía a una ‘[d]isminución de la capacidad laboral o productiva’ del ‘8%’, puesto que, en realidad, ninguno de los medios de convicción recaudados en el proceso da cuenta de esa correspondencia.

Sin existir sustento de esa conjetura del experto, mal hizo el ad quem en aceptar el cálculo que aquel efectuó, cuando esos cómputos se soportaron, en buena medida, en dicha apreciación, del todo huérfana de respaldo probatorio.

... Igual acontece con el salario base del que partió el experto para concertar el lucro cesante en la suma de $ 54.685.440. Nada en el proceso la sustenta, sin que, por tanto, resulte admisible que el ingreso mensual fijado en cuantía de $ 1.600.000 pueda derivarse del ‘promedio asignado pericialmente’.

Conveniente es aclarar que, en esencia, no se reprocha al perito que para efectuar el trabajo que se le encomendó, hubiese optado por hacer la estimación del señalado factor, sino que su laborío en este punto carezca por completo de un fundamento objetivo que excluya la idea de que esa cifra es caprichosa o antojadiza.

(...).

Como al tribunal se imponía detectar el vacío analizado, lo que no hizo, incurrió en el yerro fáctico que le endilgó la censura.

(...). Por último, también hay que dar la razón al recurrente cuando le reprochó al ad quem que la tasación de los perjuicios patrimoniales a favor de la señorita Álvarez Peniche se hubiese elaborado sobre la base de que terminaría sus estudios profesionales y obtendría el título que la habilitaría para desempeñarse como arquitecta, pues tales circunstancias, al momento de la confección del dictamen, no estaban suficientemente comprobadas, sin perderse de vista, claro está, que en el interrogatorio de parte que la nombrada actora absolvió, aproximadamente tres meses antes de la presentación del trabajo pericial que se comenta, se dejó indicado que ella, entonces, estaba cursando décimo semestre del aludido programa universitario (fls. 135-137, cdno. 1).

Con todo, como la experticia y, por lo mismo, el fallo del Tribunal, se afincaron tanto en la efectiva obtención del correspondiente título profesional, así como en el desempeño como arquitecta de la demandante de que ahora se trata, hay que admitir, como anteriormente se señaló, que estas específicas circunstancias no estaban demostradas y que, por lo mismo, no podían suponerse o imaginarse.

No ocurre lo mismo con la queja consistente en que el perito dio por hecho que la citada actora iniciaría su desempeño profesional de forma inmediata a la conclusión del programa académico que cursaba, ya que, por una parte, si el experto tomó como punto de partida que ella, en la fecha del accidente de que fue víctima, cursaba tercer semestre en la facultad de arquitectura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Cartagena, apreciación que no fue controvertida por el recurrente, de ello se seguiría que debió finalizar la carrera (10 semestres) al terminar el año 2004, mientras que el experto situó el ‘inicio del trabajo profesional’ a partir del segundo semestre de 2005, es decir, seis meses después de la finalización de estudios y, por otra, la señalada inferencia no luce carente de fundamento razonable o se aleja de lo que ocurre en la vida cotidiana”.

3.3.3. Con el propósito de superar las deficiencias advertidas, la Sala, en la sentencia de casación, decretó de oficio las siguientes pruebas:

a) Que la nombrada demandante exhibiera “los documentos que acrediten los estudios que haya realizado a partir, inclusive, del primero (1est) de febrero de 2001 hasta la actualidad, [y] en su caso, (...), la obtención de cualquier título profesional” y su desempeño como tal “o su actividad laboral”, para cuya realización se comisionó al magistrado que como ponente conoció del proceso en segunda instancia.

b) Que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y/o la respectiva Junta de Calificación de Invalidez, considerada la edad que la citada actora tenía en la fecha del accidente, “que para tal momento cursaba tercer semestre de arquitectura, el lugar de su residencia y cualquier otro dato que se considere pertinente, determine el porcentaje de disminución de su capacidad laboral al habérsele dictaminado, como secuela permanente, la reducción de la movilidad de su cabeza en un 20%”.

c) Y que distintas entidades, luego ampliadas mediante auto de 10 de agosto de 2010, “informen cuál es el salario promedio que, de acuerdo con sus bases de datos o las encuestas de salarios que hayan realizado, devengaba, para el año 2005, en las ciudades de Montería o Cartagena, o en su defecto a nivel nacional, un arquitecto que concluyó sus estudios en el año 2004”.

3.3.4. Como en la audiencia realizada el 21 de noviembre de 2008 (fls. 312 y 313, cdno. de la Corte), que la autoridad comisionada fijó para la recepción de los documentos materia de la exhibición ordenada, se allegaron las copias informales que obran del folio 316 al 325 precedentes, en el auto atrás invocado se insistió para que se aportaran en original o en copia auténtica.

Como resultado de tal determinación, se realizó una nueva audiencia el 28 de octubre del año en cita (fl. 498, ib.), a la que no asistió la demandante de que se trata.

3.3.5. Posteriormente, con memorial presentado el 16 de noviembre de ese mismo año, el apoderado judicial de la citada accionante anexó los documentos que obran del folio 523 al 536 que anteceden.

De ellos, el único original corresponde a la certificación expedida el 6 de noviembre de 2008 por el director del Departamento Académico de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Seccional Caribe, en la que consta que Johana María Álvarez Peniche “fue alumna del programa de arquitectura - jornada diurna desde el primer periodo lectivo de 2000 hasta el segundo periodo de 2004”. En copia auténtica se trajo el acta de grado Nest 028, en la que figura que dicha demandante recibió el título profesional como tal, el 2 de febrero de 2005. Los restantes documentos corresponden a fotocopias informales.

3.3.6. Las otras pruebas ordenadas por la Corte no se materializaron, como quiera que en relación con la información sobre el salario promedio de un arquitecto, las distintas entidades a las que se les hizo la solicitud señalaron que carecían de los datos pertinentes; y respecto del dictamen que debía realizar la junta de calificación de invalidez, Regional Bolívar, para establecer la reducción de la capacidad laboral de la señorita Álvarez Peniche, esta no prestó la debida colaboración, lo que se deduce del silencio que guardó frente a los requerimientos que se le hicieron en los autos de 17 de mayo y 12 de junio de 2012 (fls. 546-547 y 549, cdno. de la Corte).

3.3.7. Forzoso es colegir, por lo tanto, que así se admitiera que en el proceso se acreditó que la nombrada demandante sí obtuvo el título profesional de arquitecta, es palmario que no se demostró que la lesión física que ella sufrió como consecuencia del accidente investigado, hubiera determinado la reducción de su capacidad laboral, vacío que, per se, impide predicar la causación de un lucro cesante, condena que, por ende, habrá de suprimirse.

4. Corolario de todo lo expresado, es que la sentencia apelada, respecto del demandado Gerardo Antonio Díaz Laclaustra, habrá de confirmarse, excepto el punto tercero, en el que se le exoneró de responsabilidad, como quiera que el tribunal extendió los efectos del fallo estimatorio a él, sin que este hubiere recurrido en casación ese pronunciamiento. Por lo tanto, dicho accionado deberá responder por las condenas que en ese fallo se impusieron en los numerales 1est, 2est y 3 est del punto “[c]uarto” de su parte resolutiva.

En cuanto hace a Inversiones de La Ossa Jiménez - Transportes Luz S.C.A., igualmente se confirmará, salvo en lo tocante con las condenas que por concepto de “perjuicios materiales” se impusieron en el numeral cuarto, así:

— La prevista en el punto 1est, en favor de María del Carmen Espitia Guerra, como representante de sus hijos X X X X X X, X X X X X X X y X X X X X X X X X X X X, que se reducirá a la suma de $ 138.608.831,50.

— La establecida en los puntos 2est y 3est en favor, por una parte, de los señores Lissy Gutiérrez de Bravo y Alfonso Rafael Bravo Caballero, en cuantía de $ 232.807.500, y, por otra, de Johana María Álvarez Peniche, en cuantía de $ 54.685.440.oo, que no es impondrán.

Decisión

En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, actuando en sede de segunda instancia, RESUELVE:

1. Respecto del demandado Gerardo Antonio Díaz Laclaustra, confirmar la sentencia apelada, salvo el punto tercero (3°) de su parte resolutiva, que se revoca. En defecto del mismo, se condena solidariamente al precitado accionado, “como propietario del vehículo objeto del accidente”, a pagar las indemnizaciones que por “perjuicios materiales” y “morales” se establecieron en los numerales 1º, 2º y 3º de su numeral cuarto.

2. En cuanto hace a la Sociedad Inversiones de La Ossa Jiménez - Transportes Luz S.C.A., confirmar el fallo de primera instancia, salvo las condenas que por concepto de “perjuicios materiales” se impusieron a cargo de la precitada accionada en el numeral cuarto de sus determinaciones, las que se modifican en la forma indicada en la parte motiva de este proveído.

Por consiguiente, la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto hace a dicha demandada, queda así:

“Primero: Negar por lo antes dicho todas y cada una de las excepciones formuladas por la parte demandada”.

“Segundo: Declarar que la empresa demandada transportes Luz incumplió su obligación contractual de conducir sanos y salvos a Viviana Sofía Bravo Gutiérrez y Johana María Álvarez Peniche, al producirse el accidente del vehículo automóvil de servicio público Taxi marca Daewoo clase Sedan modelo 1998 placas YHK-008 afiliado a la sociedad demandada, accidente que no se debió a causas extrañas (fuerza mayor o caso fortuito, hecho exclusivo de tercero o hecho exclusivo de los occisos y lesionada)”.

“Además declarar que la empresa demandada Transportes Luz es también responsable por el mismo hecho de la muerte del señor Eddy Luis Julio Yanez”.

“(...)”.

“Cuarto: Condenar a la sociedad demandada Inversiones de La Ossa Transportes Luz SCA al pago de las siguientes sumas de dinero por los perjuicios materiales y morales derivad[o]s de la responsabilidad contractual y extracontractual, una vez ejecutoriada la sentencia:

“1. A la demandante María del Carmen Espitia Guerra representante legal de los menores X X X X X X, X X X X X X X X y X X X X X X X X X X hijos del fallecido Eddy Luis Julio Yanez, perjuicios materiales (...)” que para el año 2004 ascendían a la suma de ciento treinta y ocho millones seiscientos ocho mil ochocientos treinta y un pesos con cincuenta centavos ($ 138.608.831,50) y para el presente año (2013) totalizan la cantidad de doscientos veintisiete millones doscientos noventa y nueve mil doscientos trece pesos con cincuenta centavos ($ 227.299.213,50); y daños “morales en la suma total de treinta millones de pesos ($ 30.000.000)”.

“2. A los demandantes Lissi del Rosario Gutiérrez de Bravo y Alfonso Rafael Bravo Caballero, herederos de la fallecida Viviana Sofía Bravo Gutiérrez, (...) [p]erjuicios morales por valor de veintiocho millones de pesos ($ 28.000.000)”.

“3. A la demandante Johana María Álvarez Peniche perjuicios (...) morales en la suma de siete millones de pesos ($ 7.000.000)”.

“Quinto: Condenar a la sociedad demandada Transportes Luz al pago de las costas del proceso. En su momento tásense por secretaría”.

“Sexto: Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente”.

3. “Sin costas” en segunda instancia, como lo resolvió el tribunal.

4. Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen».