Sentencia 2001-00106 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 50001-23-31-000-2001-00106-01(27438)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 27438

Actor: Darío Moreno Ospina y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., nueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7 La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta en un proceso que, por su cuantía(1), tiene vocación de doble instancia.

II. Los hechos probados

8 De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1 El 24 de abril de 1999, aproximadamente a las 9:40 p.m., en el kilómetro octavo de la vía que de Villavicencio conduce al municipio de Puerto López, ocurrió un accidente de tránsito consistente en la colisión de un taxi marca Daewoo Cielo, modelo 1998, de placa Nº UTV-851, y un camión marca Chevrolet Kodiak, de placa Nº QFY-462, conducidos por los señores Jairo Enrique Correal Alvarado y William Jesús Reina Rivera, correlativamente. Como consecuencia del acaecimiento del anterior siniestro, la inspección primera perteneciente a la secretaría de tránsito y transporte del municipio de Villavicencio inició el trámite de la investigación correspondiente, la cual se encuentra contenida en el expediente 01-0340-99, y mediante Resolución 7 del 28 de enero del 2000, declaró responsable del mismo al conductor William Jesús Reina Rivera, puesto que con su conducta vulneradora de las previsiones reguladores de tráfico correspondientes, esto es, de los artículos 109, 129, 138 y 179 del Decreto 1344 de 1970, originó el choque señalado. En consecuencia, lo sancionó con la imposición de una multa de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y lo condenó a “pagar la suma de diecisiete millones de pesos ($17.000.000.oo), por los daños materiales causados al vehículo de placa UTV-851, conducido por el señor Jairo Enrique Correal Alvarado, identificado con la cédula de ciudadanía 17.346.210, vehículo de propiedad de Dario Moreno Ospina, identificado con la cédula de ciudadanía 18.201.482. Igualmente deberá pagar el señor Reina Rivera, la suma de un millón quinientos setenta y cinco mil pesos ($1.575.000.oo) por el Lucro Cesante causado por efecto de los daños infringidos al vehículo de placa UTV-851”, absolviendo de toda responsabilidad contravencional al señor Jairo Enrique Correal Alvarado. Sobre las circunstancias en que sucedió el accidente y las infracciones de tránsito cometidas, manifestó (copias auténticas de la Resolución 7 del 28 de enero del 2000, expedida por la inspección primera perteneciente a la secretaría de tránsito y transporte del municipio de Villavicencio y originales de la certificación expedida por la empresa Transportes Taxi Estrella Ltda. y del memorial 1752 del 13 de julio de 1999, suscrito por el comandante del batallón de ingenieros Nº 7 “General Carlos Albán”; fls. 27, 32-35, cdno. 1):

Hecho el estudio del acervo probatorio presente en el expediente se encontró que el choque tubo (sic) ocurrencia gracias a la imprudencia con la que conducía el señor William de Jesús Reina Rivera, quien según se pudo establecer inexplicablemente transitaba ocupando los dos carriles, en tanto marchaba por la parte central de la calzada, y, para completar, cuando se dio cuenta de la presencia del taxi, vehículo que transitaba correctamente sobre su carril derecho, en lugar de tratar de retomar el carril derecho de la vía a Puerto López Villavicencio, le dio el cabrillazo (sic) hacia la izquierda, situación que lo llevó a encontrarse ahí si inevitablemente con el otro automotor, en tales circunstancias resulta fácil colegir que el señor Reina Rivera, infringió el artículo 129 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, y por ende, incurrió en la segunda infracción señalada en el numeral 8º del artículo 179 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, también se encontró por este despacho que el camión se desplazaba a una velocidad superior a la indicada en el parágrafo del artículo 138, teniendo en cuenta que transitaba de noche, estaba lloviendo, ello (sic) piso estaba mojado y que entraba en una curva, situaciones que reducían las condiciones de visibilidad, que obligaban al conductor, a marchar a una velocidad no superior a 30 kilómetros, sin embargo, según dijo en su declaración, en el momento del choque llevaba una velocidad de 60 kilómetros por hora, por lo que debe responder por la sanción correspondiente a la infracción indicada en el numeral 22 del artículo 179 del Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Establecida la responsabilidad, el contraventor deberá responder también por la indemnización de los perjuicios en concreto resultantes del choque, por lo que para efectos de fijar la condena, se tomará en cuenta los experticios que dicen en relación con el avalúo de daños materiales y lucro cesante presente (sic) en el expedientes (sic).

8.2 La Dirección del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el señor William Jesús Reina Rivera contra la decisión aludida, conoció de ella en segunda instancia y mediante la Resolución 102 del 26 de abril del 2000 la confirmó en todos sus apartes, al colegir que de conformidad con la totalidad del material probatorio recaudado, era evidente que la causa del accidente había sido el actuar violatorio de las normas de tránsito pertinentes por parte del referido conductor (copias auténticas de la Resolución 102 del 26 de abril del 2000, dictada por la dirección del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta fls. 39-42, cdno. 1).

8.3 A raíz del mencionado accidente, el automóvil Daewoo Cielo, modelo 1998, mecánico, de placa UTV-851, sufrió varios daños al punto de considerarse que se presentó la pérdida total del mismo (originales de los dictámenes rendidos por la empresas Autorrillings Multitécnica Ltda. y Auts Nubira Daewoo, con destino a la investigación adelantada ante la inspección primera perteneciente a la secretaría de tránsito de Villavicencio y cotizaciones efectuadas por las empresas Servi Daewoo Motor y Vehicolda Ltda.; fls. 21-29, 31, cdno. 1).

8.4 El señor William Jesús Reina Rivera ocupaba para la fecha del accidente el cargo de adjunto segundo adscrito al Ejército Nacional, de conformidad con el extracto de hoja de vida remitida al presente asunto por parte del referido cuerpo castrense (original del memorial Nº 323987 del 31 de octubre del 2002, suscrito por el jefe de la sección de hojas de vida del Ejército Nacional, y copias auténticas del extracto de la hoja de vida del adjunto primero William Jesús Reina Rivera, quien habría ascendido a ese cargo el 20 de marzo del 2000; fls. 78-81; cdno. 1).

8.5 Mediante escrito Nº 1752 del 13 de julio de 1999, el comandante del batallón de ingenieros Nº 7 “General Carlos Albán” señaló que el conductor William Jesús Reina Rivera “no portaba los documentos del vehículo camión Chevrolet Kodiak de placas QFY-462 de Villavicencio de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional asignado al Ejército Nacional y destinado al batallón de ingenieros Nº 7 General ‘Carlos Albán’ para el día 24 de abril de 1999 fecha de los hechos como figura en el expediente 0340-99. // Como es de conocimiento a nivel nacional, nuestro país se encuentra en una situación de orden público bastante crítica lo cual hace demasiado riesgosa la labor de los conductores que trabajan en la fuerza, por lo tanto nos vemos en la necesidad de que los documentos soportes de los vehículos queden en la unidad, si se llegase a presentar alguna novedad la unidad se haría responsable a llevar la documentación requerida inmediatamente”. Posteriormente, ante la petición probatoria de la parte demandada con el objeto de demostrar que el accidente de tránsito había sido causado por el empleado referido en el despliegue de una actividad privada sin conexión alguna con el servicio, el comandante del referido batallón comunicó mediante el memorial Nº 3088 del 21 de noviembre del 2002, que “una vez consultados los archivos de la unidad táctica, no se encontraron documentos que permitan determinar qué misión cumplía el señor D1. William Reina Rivera para la fecha de ocurrencia de los hechos” (originales de los documentos identificados con los Nº 1752 y 3088 del 13 de julio de 1999 y del 21 de noviembre del 2002, respectivamente, remitidos por la comandancia del batallón de ingenieros Nº 7 “General Carlos Albán”; fls. 30, 82, cdno. 1).

III. Problema jurídico

9 La Sala debe establecer si se configura la responsabilidad de la entidad demandada con ocasión del accidente de tránsito consistente en la colisión de los vehículos de placas QFY-462 y UTV-851, ocurrido en el kilómetro octavo de la vía que conduce de Villavicencio al municipio de Puerto López, teniendo en cuenta que en la sentencia impugnada se denegaron las pretensiones elevadas por los accionantes al determinarse que no se había demostrado el derecho de propiedad que tenía el señor Darío Moreno Ospina sobre el vehículo objeto de la demanda.

9.1 De esta manera, con observancia de lo expuesto en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de lo argüido en sus alegatos de conclusión, y de que (sic) el presente asunto judicial, enmarcado por el ejercicio de acción de reparación directa, tiene por objeto reparar las consecuencias nocivas derivadas del daño antijurídico imputable al Estado, se impone verificar el material probatorio obrante en el plenario para efectos de establecer si el señor Darío Moreno Ospina acreditó debidamente su calidad de propietario o de poseedor del bien respectivo, o demostró cualquier otra relación con este que sea tolerada o tutelada por el ordenamiento jurídico, en virtud de lo que se pueda inferir su calidad de víctima en el presente asunto y así tener por demostrada la legitimación en la causa por activa de los demandantes, caso en el cual, le corresponderá a la Sala efectuar el juicio de responsabilidad pertinente, para lo que se analizará si la parte demandada acreditó en igual forma la excepción que alegó en su escrito de contestación de la demanda, consistente en la configuración del hecho personal del agente como fuente exclusiva del menoscabo demandado.

9.2 De resultar imputable el daño demandado a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, deberá la Sala determinar los perjuicios cuya causación esté acreditada así como la cuantificación de las indemnizaciones que resulten procedentes, momento en el que será necesario tener en cuenta que las autoridades administrativas correspondientes condenaron al señor William Jesús Reina Rivera a indemnizar tanto el daño emergente como el lucro cesante derivado del accidente respectivo, de acuerdo con las competencias que les fueron asignadas por el Decreto 1344 de 1970.

IV. Análisis de la Sala

10 Se principia por recordar que el tribunal de primera instancia en la sentencia denegatoria recurrida por la parte actora, coligió a la luz del material probatorio recaudado en el desarrollo del iter procesal, que no se había acreditado su legitimación en la causa por activa, en consideración a que no se probó la condición de propietario del señor Darío Moreno Ospina respecto del automotor objeto de la demanda, bien en virtud de cuyo deterioro los demandantes habían accedido a la administración de justicia en ejercicio de la acción de reparación directa con el objeto de percibir la indemnización de los perjuicios de carácter material e inmaterial que a su parecer, se derivaron de dicha situación.

10.1 Asimismo, se debe tener en cuenta que los actores, en el escrito de apelación de la decisión judicial referida, señalaron que si bien no se allegó el documento aducido en esta, se contaba con los suficientes elementos de convicción para tener al mencionado accionante como dueño del vehículo señalado y posteriormente, en sus alegatos de conclusión, adujeron que no obstante no se hubiese demostrado la existencia de dicho derecho, si se debía tener certeza de que aquel era su poseedor, lo que a su juicio era suficiente para entender configurado el daño que se les había causado, el cual debía serle resarcido por la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional.

10.2 Con observancia de los anteriores planteamientos, procede la Sala a estudiar la legitimación en la causa por activa de los actores, para lo que considera pertinente aclarar que para efectos de edificar un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado y de radicar en este la obligación indemnizatoria respectiva, es necesario que la parte demandante acredite la causación de un daño antijurídico que le pueda ser atribuido a la entidad estatal correspondiente(2) —se debe recordar que el artículo 90 de la Constitución Política contempló que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y por ende, es claro que el constituyente decidió establecer un fundamento expreso, general y primario de la responsabilidad tanto contractual como extracontractual del Estado(3)—, lo que implica que dicho extremo de la litis tiene como una primera carga demostrar la titularidad del derecho o del bien tutelado por el ordenamiento jurídico que asevera como lesionado, en tanto es evidente que a quien resultaría procedente resarcir a través de una decisión judicial con ocasión de un detrimento en específico es a la persona a la que se le originó el mismo y que demandó debidamente por ello, conexión conocida dentro de la dogmática del derecho de la responsabilidad como el carácter personal del daño.

10.3 Ciertamente, no se puede desconocer que el elemento en comento, es decir, el nexo del sujeto demandante con el derecho o bien que aduce afectado, reviste esencial importancia para los litigios judiciales en los que se debate la responsabilidad patrimonial de una persona, habida cuenta de que como se mencionó, la titularidad mencionada permite establecer el individuo destinatario de la reparación correspondiente al haber surgido verdaderamente en su patrimonio el derecho a ser indemnizado por el daño que se le ocasionó(4) —derecho sustantivo en virtud del cual se puede ejercer el derecho de acceso a la administración de justicia— y que a su vez, facilita identificar cuál es la situación que se vio alterada negativamente para efectos de intentar retornar a esta antes del acaecimiento del menoscabo respectivo —lo que también se relaciona con la delimitación del resarcimiento que sea pertinente de conformidad con el principio de reparación integral, comoquiera la magnitud de la indemnización debe corresponder de manera exacta con la entidad del daño—.

10.4 En consecuencia, resulta diáfano que para resolver un litigio en específico, al juez de lo contencioso administrativo le compete entrar a dilucidar a partir de los elementos de convicción respectivos la existencia de una conexión entre el sujeto actor y el derecho o el bien que arguye como menoscabado, puesto que se reitera, solo así podría hacerlo beneficiario de la restitución que solicita.

10.5 Ahora bien, conviene precisar que el aspecto denotado no solo se relaciona con la misma existencia del daño para quien lo aduce producido, dado que el detrimento para entenderse configurado debe ser personal por quien depreca su restablecimiento, sino también se conecta con la legitimación en la causa por activa al interior de un asunto jurisdiccional. Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado:

Hablar de las condiciones de existencia del daño significa simplemente hablar de los elementos que son necesarios para que el daño exista.

(…)

Es así como se estima que, para que el perjuicio pueda calificarse de tal, debe ser personal y cierto. Estas son las dos características que lo definen y por ello se pasa a estudiarlas.

(…)

Que el perjuicio sea sufrido por la persona que solicita reparación es un principio elemental del derecho de la responsabilidad(5).

(…)

Es oportuno, entonces, anotar que el carácter personal del perjuicio se presenta en forma pura. Solo hay que establecer que el hecho dañino causó un perjuicio a la persona que solicita la indemnización.

(…)

Puesto que se parte entonces del supuesto de que el título con el cual se comparece al proceso es lícito, el estudio de este aspecto del perjuicio lleva a precisar la forma como operan las reglas para que se dé la identidad entre demandante y título, y se establezca, de contera, el daño personal. Si dicha identidad se presenta, se puede afirmar que la víctima sufre un daño, salvo que se pruebe que su título no es legal.

(…)

Se debe solo mirar si el título con que comparece al proceso legitima al demandante para actuar. Es así como tal concepción nos permite centrarnos en el estudio de la existencia del título jurídico con el cual el demandante concurre al proceso, lo cual nos relaciona con el concepto de legitimario ad causam por activa.

(…)

Es así como el carácter personal del perjuicio estará presente cuando el demandante relaciona el daño padecido con los derechos que tiene sobre el bien que sufrió menoscabo, debiendo establecer una titularidad jurídica sobre el derecho que tiene respecto del bien menguado. En este entendido se recuerda un concepto elemental del derecho de daños, claramente enunciado por De Cupis cuando afirma que “lo que el derecho tutela, el daño vulnera”(6), y por ello el demandante en un proceso debe establecer que tenía el derecho que vulneró el daño, como requisito para establecer que en efecto hubo lesión en su patrimonio. Es la lógica del artículo 2342 del Código Civil colombiano cuando enuncia que “puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso”. Dentro de esta concepción se puede afirmar que, “en consecuencia, es claro que la lesión de un derecho constituye una condición de existencia del daño, necesaria para que proceda la indemnización. La lesión del derecho es entonces un elemento para apreciar el perjuicio reparable”(7).

Es así como carácter personal y legitimación por activa en la causa se confunden.

(…)

[C]on independencia de quien pida, el demandante debe aportar la prueba del título de su derecho para reclamar, es decir, la identidad entre resarcimiento pedido y derecho a obtenerlo, de conformidad con el ya citado artículo 2342 del Código Civil.

(…)

No se trata en este acápite de estudiar la forma como deben ser probados los derechos, pues ello es tema de un estudio sobre pruebas, sino simplemente de establecer el título que se invoca en la demanda debe, en efecto, ser establecido legalmente en el proceso.

Si el demandante invoca la calidad de propietario de un bien debe probar dicha calidad.

(…)

La lógica que viene de describirse respecto de la propiedad invocada como título es similar a la que se da cuando se presenta cualquier otro título.

(…)

Se debe también anotar que no se excluye la hipótesis de la acumulación alternativa de títulos para pedir, pues bien pueden presentarse casos en los cuales se invocan varios derechos simultáneamente.

(…)

También se observa en la jurisprudencia colombiana la tendencia a otorgar indemnización a pesar de que el título con el cual se compareció al proceso no se logre establecer, siempre y cuando se establezca otro título que permita dicho otorgamiento. Es lo que ocurre, por ejemplo, “en los casos de reparación de daños recaídos sobre muebles automotores, en los que si la parte actora se presenta como propietaria del vehículo y no logra demostrar ese carácter sino otro, como el de poseedora, es esta última condición la que puede fundamentar el reconocimiento a la pertinente indemnización”(8). Igual tendencia se observa cuando se invoca el título de pariente para efectos de obtener una indemnización por daño moral, sin lograr establecer dicha calidad. En tales casos la jurisprudencia, valiéndose de testimonios que permiten dar por establecido el sufrimiento del a persona a pesar de que “no demostró, con la prueba exigida legalmente, ser la madre de Etelberto”, porque no demostró que este era hijo legítimo (el registro del matrimonio no existe) y ni siquiera que lo era extramatrimonialmente (…) procede a otorgar indemnización porque, “con todo, se le tendrá como tercero damnificado”(9)(10).

10.6 En cuanto a la legitimación en la causa, es preciso determinar que de conformidad con la jurisprudencia de la corporación, existen dos clases: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas —siendo o no partes del proceso—, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda(11). En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. Al respecto, se ha establecido:

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(12)(13).

10.7 Cabe destacar igualmente que la ausencia de legitimación en la causa no inhibe al juzgador para pronunciarse de mérito, en consideración a que esta es un elemento de la pretensión y no de la acción, motivo por el cual, no se relaciona con un aspecto procesal sino sustancial del litigio(14). De esta manera, cuando no se encuentra acreditada la legitimación material en la causa de alguna de las partes procesales, el juzgador deberá denegar las pretensiones elevadas en la demanda puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o, el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados.

10.8 De conformidad de todo lo expuesto, la Sala observa que, en los casos en que se demanda con el fin de obtener la reparación por el daño o destrucción de un bien material, como sucede en el asunto concreto frente al deterioro del vehículo marca Daewoo Cielo de placa UTV-851, le correspondería a los accionantes en principio probar la titularidad del derecho que adujeron se tenía en relación con aquel para efectos de no solo demostrar la existencia del daño aseverado como causado sino también su interés para demandar y dar inicio al proceso contencioso administrativo, lo que claramente no es óbice para que el juez de la reparación directa pueda ordenar el restablecimiento que corresponda de conformidad con las funciones que le son propias y los hechos que encuentre probados en el caso concreto, de haberse demostrado que el demandante ostentaba otra condición respecto del bien que de todas formas permita atribuirle la calidad de víctima —aspecto de mayor relevancia en el marco de un proceso judicial de responsabilidad—, situación que se podría presentar cuando en el libelo introductorio se invoca el carácter de propietario pero solo se logra demostrar otro derecho subjetivo sobre la cosa, como lo es la posesión, el usufructo, la habitación, o cualquier otro interés o derecho que permita colegir que los actores efectivamente sufrieron un detrimento, al ser cierto que tenían una conexión con el bien sobre el que ocurrió el hecho dañoso. En este mismo sentido, esta corporación ha señalado:

1. La demanda. El 20 de agosto de 1986, el doctor Jaime Alfonso Torne Fandiño, por medio de apoderado judicial presentó demanda para que, frente a la Nación Colombiana, se dedujeran en su favor las siguientes pretensiones:

“Primera: Declárese a la Nación Colombiana, administrativamente, responsable de los daños causados al vehículo A.G. 6314 Marca Renault-6 modelo 1971 sedan amarillo, Motor Nº 132992 serie 7935652 tipo automóvil de propiedad del demandante y en el accidente causado el día 30 de abril de 1986 (…).

Estos medios de prueba generan certeza respecto de estas circunstancias:

— Que el demandante compró el carro a Armando Pérez Briceño.

— Que recibió el carro y pago, por él, un precio de $800.000.

— Que uso el carro como suyo y lo disfrutaba el día del accidente.

— Que no se hizo el traspaso a su nombre ante las autoridades de tránsito.

En otros términos se presentó una circunstancia conocido en el comercio de automotor como el “traspaso en blanco”, según la cual un propietario firma la solicitud de traspaso, documento que desfila por diversos compradores futuros sin que se haga efectiva la petición.

Para la Sala, sin entrar a establecer los requisitos necesarios para adquirir la propiedad de los vehículos automotores es claro que el demandante era poseedor del automóvil al tiempo de los hechos, en los términos del artículo 762 del Código Civil (…).

Las pruebas cuya relación se hizo antes son suficientes para demostrar los dos elementos tradicionales de esta figura.

Hecha esta precisión, la Sala ha reconocido en el poseedor el interés necesario para acceder ante esta jurisdicción dentro del contencioso subjetivo(15).

10.9 Una vez dilucidado lo anterior, se advierte que en el sub lite, tal como lo consideró el tribunal a quo, no se demostró en el marco del presente asunto el derecho de propiedad del señor Darío Moreno Ospina sobre el vehículo objeto del escrito inicial, interés en virtud del cual se solicitó la indemnización de los perjuicios derivados de la pérdida del mismo ocasionada por las múltiples averías que le fueron producidas, en tanto no se allegó prueba alguna tendiente a acreditar el título traslaticio de dominio y el modo en virtud de los cuales habría ingresado tal derecho a su patrimonio y por consiguiente, no sería posible en un comienzo tener por cierta su legitimación en la causa por activa con base en la calidad de dueño en comento, lo que asimismo pondría en duda el interés jurídico sustancial en las resultas del proceso que tendrían que poseer sus familiares para constituirse en actores dentro del mismo.

10.10 Al respecto, cabe recordar que de conformidad con la actual postura de esta Sección en relación con la forma de acreditar la titularidad del derecho de dominio sobre vehículos automotores, es necesario demostrar de forma conjunta tanto el título como el modo mediante los cuales dicho derecho fue adquirido, y sin importar si resulta aplicable la legislación comercial o civil al acto jurídico correspondiente, la forma de probar el segundo elemento señalado consiste en evidenciar la inscripción del título en el registro automotor respectivo, comoquiera que se concluyó que este no tiene una mera naturaleza declarativa sino constitutiva del derecho en comento. Al respecto, la Sala, modificando su postura anterior(16) sobre el tema, señaló:

(i) Si bien es cierto que el contrato de compraventa de vehículos automotores es consensual, comoquiera que no requiere de formalidad alguna para su perfeccionamiento, no lo es menos que la eficacia del mismo tanto frente a las autoridades públicas en materia de tránsito terrestre automotor como frente a terceros, pende del cumplimiento de la formalidad o solemnidad de la inscripción del negocio jurídico en el correspondiente registro, procedimiento este que se constituye, aún desde la normatividad expedida en 1970, en el modo a través del cual el título conduce a la transmisión de la propiedad en los negocios a los cuales no se aplica la legislación mercantil; una comprensión diferente, en virtud de la cual dicho registro tendría solamente propósitos de publicidad, no solo contraviene el tenor literal de los preceptos que condicionan la eficacia del negocio a la realización del registro, sino también el espíritu mismo del sistema registral colombiano, construido a semejanza de los modelos alemán y austríaco —en los cuales el modo, el registro, resulta imprescindible para constituir o modificar el derecho real— y no del esquema consensual aplicado en Francia y en parte de la república italiana en esta materia;

(ii) En la medida en que el anotado registro tiene naturaleza claramente constitutiva y no meramente declarativa, tanto en materia civil como en materia comercial, desde los años 1970 y 1971, respectivamente, la tradición de este tipo de bienes solo se entiende surtida con la entrega material del automóvil y con la inscripción del título correspondiente en el registro nacional automotor, y

(iii) Como corolario de lo anterior, la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte un derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación tanto del título (contrato) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente establecen una tarifa legal de prueba en esta materia —artículos 43 y 44 del Decreto-Ley 1250 de 1970— excluyen la posibilidad de que las anteriores circunstancias puedan acreditarse mediante la sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción, más allá de que el título o instrumento en cuestión solo surtirá efectos respecto de terceros —desde 1970, se insiste— después de efectuada la referida inscripción.

La especial naturaleza de los bienes de los que aquí se trata —vehículos automotores— siempre fue tenida en cuenta por el Legislador nacional para expedir normas especiales que regularan el tráfico jurídico en la medida en que este involucrara la disposición de dicha clase de bienes, especialidad sustancial y normativa que, en consecuencia, excluye la aplicabilidad, a los negocios civiles que versaren sobre automotores, de lo preceptuado por el artículo 754 del Código Civil en punto a la tradición de cosas corporales muebles pues, como ampliamente se explicó, el sistema de registro colombiano, tradicionalmente y desde sus orígenes, ha asimilado al tratamiento dispensado a la propiedad inmueble en punto de las exigencias registrales, a los vehículos a motor. Lo dicho encaja perfectamente, por lo demás, con lo preceptuado por los artículos 749 y 759 del Código Civil, disposiciones cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 749.—Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas”.

“ART. 759.—Los títulos traslaticios de dominio que deben registrarse, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mientras no se haya verificado el registro en los términos que se dispone en el Título Del Registro de Instrumentos Públicos” (resaltado del texto)(17).

10.11 Ahora, no obstante lo anterior, para la Sala se encuentra suficientemente acreditado que el demandante referido ostentaba la posesión del bien objeto de la demanda, circunstancia que para fines indemnizatorios lleva a reputarlo dueño a menos de que otra persona justifique serlo en los términos del artículo 762(18) del Código Civil, y teniendo en cuenta igualmente que en oportunidades anteriores esta corporación ha reconocido a los poseedores un interés jurídico sustancial para demandar(19).

10.12 Se debe traer a colación que existen dos elementos estructurales que configuran la referida posesión; (i) el animus, presupuesto que se define como la concepción y conducta que tiene el poseedor de ser señor y dueño de la cosa poseída y, (ii) el corpus, consistente en la relación material o física que se tiene con aquella(20). Partiendo de que la Corte Suprema de Justicia ha manifestado en múltiples ocasiones que la única posesión válida es la material(21), y debido a que el animus, como elemento proveniente de la intención del poseedor, no puede ser apreciado objetivamente, este se infiere siempre y cuando el corpus se encuentre demostrado y por ende, en estos casos se debe entender acreditada la posesión.

10.13 La referida corporación, al igual que el Consejo de Estado(22), ha indicado que el último elemento en mención se prueba demostrando la realización de actos materiales sobre la cosa poseída(23). En este sentido dijo:

[A]creditar la posesión pacífica, pública, inequívoca, “exclusiva y no interrumpida por el lapso exigido (…) sin efectivo reconocimiento de derecho ajeno y sin violencia o clandestinidad” (LXVII, 466), durante todo el término legal, el cual antes de la Ley 791 de 2002 era de veinte años y a partir de su vigencia se redujo a la mitad (C. C., arts. 2512, 2531 y 2532, modificado por la L. 791/2002, art. 1º), probando sus elementos de la “tenencia física, material y real de una cosa, perceptible en su materialidad externa u objetiva por los sentidos (corpus) y el designio o intención de señorío (animus), ser dueño (animus domini) o hacerse dueño (animus remsibi habendi) de la misma, que por obedecer a un aspecto subjetivo es susceptible de inferir por la comprobación de actos externos razonable, coherente, explícita e inequívocamente demostrativos (cas. civ. marzo 13/1937, XLIV, 713; julio 24/1937, XLV, 329; mayo 10/1939, XLVIII, 18; noviembre 9/1956, LXXXIII, 775; abril 27/1955, LXXX, 2153, 83; agosto 22/1957, LXXXVI, 14; febrero 12/1963, CI, 103; junio 24/1980, CLXVI, 50; Sentencia S-020 de 1995, Sentencia S-028 de 1995, Sentencia S-031 de 1995, Sentencia S-051 de 1996, Sentencia S-055 de 1997, Sentencia S-059 de 1995, Sentencia S-101 de 1995, Sentencia S-115 de 1995, Sentencia S-126 de 1995, Sentencia S-025 de 2002, Sentencia S-124 de 2003, Sentencia SC- 149 de 2004) siendo admisible todo medio probatorio idóneo’ (XLVI, 716, y CXXXI, 185, Sentencia S-041 de 1997, Sentencia S-016 de 1998, Sentencia S-025 de 1998,Sentencia S-005 de 1999, Sentencia S-021 de 1998, Sentencia S-100 de 2001, Sentencia S-183 de 2001, Sentencia S-192 de 2001, Sentencia S-209 de 2001, Sentencia S-126 de 2003)” (cas. civ. sentencia sustitutiva de 22 de julio de 2009, Exp. 68001-3103-006-2002-00196-01)(24).

10.14 En el presente asunto, la relación material y física que tenía el señor Darío Moreno Ospina con el taxi marca Daewoo de placa UTV-851, y la realización de actos materiales sobre el mismo presentándose adicionalmente como su propietario ante el público en general, se deduce del certificado de ingresos expedido el 10 de junio de 1999 por la empresa Transportes Taxi Estrella Ltda.(25), puesto que de conformidad con dicha prueba, aquel se encontraba vinculado a esa sociedad y prestaba el servicio de transporte con el vehículo en comento, de lo que resulta fácil inferir que todas las actuaciones que le correspondían ejercer en virtud de su trabajo con el bien objeto de la demanda demuestran su calidad de poseedor del mismo, máxime si pregonaba ser su propietario ante los demás a pesar de no haber acreditado esa condición en este proceso, para lo que a su vez se debe tener en cuenta que fue reconocido como tal por la inspección primera perteneciente a la secretaría de tránsito y transporte del municipio de Villavicencio y la dirección del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta al momento de adoptar sus resoluciones respectivas —ver párrafos 8.1 y 8.2—, y en consecuencia, no solo se tiene por demostrada su calidad de poseedor —presunto propietario— y por ende su interés en la obtención de un decisión de fondo en este proceso, sino que igualmente, se puede colegir la conexión que tendría su núcleo familiar con dicho bien, de lo que se sigue que ellos también estarían legitimados en la causa por activa para solicitar las indemnizaciones de los perjuicios morales que se pidieron a su favor.

11 Con observancia de lo expuesto, esto es, probada la legitimación en la causa por activa de los integrantes de la parte demandante, se advierte que se encuentra debidamente probada la causación del daño, consistente en los múltiples y graves deteriores que sufrió el referido bien mueble automotor el 24 de abril de 1999, ocasionados al colisionar con el camión marca Chevrolet Kodiak, de placa QFY-462 -ver párrafo 8.3 y nota respectiva-.

12 Ahora bien, en cuanto a la imputabilidad del daño referenciado a la entidad demandada, de manera previa a abordar la plausibilidad de acudir a cualquiera de los títulos de imputación decantados por la jurisprudencia de esta corporación para efectos de atribuir jurídicamente ese detrimento, se hace necesario determinar si entre este y la conducta estatal aseverada como su causante realmente existe una conexión que viabilice dicha imputación jurídica, puesto que de no configurarse la misma, lo que puede suceder cuando el empleado o funcionario estatal respectivo lo originó de manera exclusiva actuando solamente en el ámbito de su vida privada —hecho personal del agente—, haría inane cualquier otra consideración al respecto dado que el menoscabo producido provendría de una fuente distinta al comportamiento de la parte pasiva de la litis, situación que fue argüida por parte de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional como excepción.

12.1 Al respecto, cabe recordar que en los eventos en que como en el caso concreto, el daño es producido por un funcionario de la administración, la imputabilidad del mismo al Estado se configura cuando es causado por dicho agente, pero en desarrollo de las funciones propias derivadas de la actividad estatal o, cuando el hecho tuvo algún nexo o vínculo con el servicio, dado que de esta forma es posible concluir que el daño fue ocasionado como consecuencia del ejercicio de alguna función del Estado(26). Igualmente, en este contexto, la mencionada responsabilidad también se deriva cuando el funcionario se vale de su investidura y a los ojos de la víctima, el comportamiento lesivo se manifiesta como derivado de su poder público(27).

12.2 Contrario sensu, si el daño no fue producto de dicha actividad estatal, sino que se ejecutó en la esfera privada de quien ostenta la calidad de agente público, el Estado no se hace responsable del daño originado, pues se ha reconocido que los servidores de dicha naturaleza en general conservan la responsabilidad que se origine por actuaciones propias en su ámbito individual, dentro del cual proceden como cualquier particular y pueden cometer infracciones y delitos comunes, sin relación alguna con su calidad de funcionarios(28). En estos casos, resulta inadmisible que, por el simple hecho de ser empleados suyos, tenga el Estado el deber de asumir la responsabilidad por las actuaciones de aquellos, sin discriminarse en qué circunstancias obraron y dejando de lado el hecho de que se trata de personas racionales, con libre albedrío y discernimiento, que no se limitan a ejecutar un servicio público y que cuentan con otras dimensiones en su vida en las que desarrollan actos que producen consecuencias para el mundo jurídico. Esta esfera privada se configura cuando el funcionario correspondiente actúa, por ejemplo, (i) al margen de las funciones que el cargo le impone o por fuera del servicio(29), o (ii) desprovisto de toda calificación jurídico pública frente al sujeto lesionado(30). De este modo, si el victimario se presenta ante la víctima como una persona privada, no es correcto imputarle responsabilidad a la entidad estatal a la cual este se encuentre vinculado de manera laboral(31).

12.3 Por ello, de tiempo atrás ha dicho reiteradamente la Sala(32) que las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas, cuando las mismas tienen algún nexo con el servicio público, puesto que la simple investidura de servidor estatal de quien produce o concurre en la producción del hecho dañoso resulta insuficiente para vincular la responsabilidad del Estado. Así, dicha postura ha sido reitera recientemente:

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, que ahora se reitera, las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público(33). La simple calidad de funcionario que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro de su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública.

En doctrina que la Sala ha acogido en dichas decisiones, se señala que para que la conducta causante del daño, desplegada por un agente estatal, tenga vínculo con el servicio, se requiere que esta se presente externamente como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público:

“(…) no cualquier actuación dañosa de los funcionarios o agentes administrativos conlleva imputación de responsabilidad a la administración de quien dependen o en la que están encuadrados. Se requiere en todo caso para que opere el mecanismo de atribución a la administración del deber de reparar un daño patrimonial, que la actuación lesiva de la persona autora material de este pueda calificarse como propia del ‘funcionamiento de los servicios públicos’. Es decir que la conducta del agente de la administración productora del evento dañoso suponga una manifestación del desempeño o ejercicio del cargo público, presentándose externamente entonces el resultado lesivo como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público. Por tanto, la administración no responde de los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y agentes, es decir, la llevada a cabo absolutamente al margen de las funciones del cargo público; en una palabra, la realizada fuera del servicio público. En definitiva, el fenómeno jurídico de la imputación de responsabilidad civil a la administración no se produce en aquellos supuestos de daños resarcibles en los que el funcionario se presenta frente al sujeto dañado en su calidad de persona privada, desprovisto, por tanto, de toda calificación jurídico pública(34)(35).

12.4 Como se observa, para que se origine la responsabilidad a cargo de las entidades del Estado, no es suficiente con evidenciar que cierto daño ha sido perpetrado por un agente de la administración, o con la utilización de algún elemento que se usa para la prestación del servicio, sino que además es necesario demostrar que las actividades del agente estuvieron relacionadas con aquel, labor en la cual habrá de observarse, en cada caso concreto, si el agente estatal obró prevalido de su función administrativa. Sobre este particular, en la sentencia del 10 de junio de 2009 se plasmaron las siguientes consideraciones:

Para establecer cuándo un hecho cometido por un agente estatal tiene vínculo con el servicio, inicialmente, la Sala, en sentencia del 17 de julio de 1990, expediente: 5998, formuló el siguiente test de conexidad, con fundamento en la doctrina extranjera: ¿advino el perjuicio en horas del servicio, en el lugar o con instrumento del mismo? ¿El agente actuó con el deseo de ejecutar un servicio o bajo su impulsión? En la misma providencia se advirtió que “ello no quiere decir que siempre que el hecho ocurra dentro de cualquiera de aquellas especies o de ambas, necesariamente se vea comprometida la responsabilidad, pero sí resultará que el juez, en primer término, tendrá mejores elementos de juicio para inferir que existió una falla del servicio”.

En providencias posteriores se señaló que “en las decisiones que se ha acudido al referido test, este no conduce inexorablemente a una u otra conclusión, ya que se deberán analizar, en cada caso, las circunstancias especiales que rodearon el hecho para poder determinar si el daño es atribuible o no al demandado, aportando únicamente hechos indicadores en relación con la conducta imputada (no con el nexo de causalidad), a partir de los cuales y en armonía con las demás pruebas se podrá solucionar la controversia”(36).

Finalmente, la Sala en providencia de 25 de febrero de 2009(37), reiteró en relación con el nexo instrumental, que la responsabilidad de la Nación, no se ocasiona con la simple comisión del hecho con un instrumento del servicio, sino que dicha responsabilidad se origina, principalmente de las características de la acción u omisión que desarrolló el funcionario respectivo y por la cual causó un daño, la cual debe tener una relación directa con el servicio público prestado. Al respecto señaló:

“Frente a ello, precisa la Sala que el nexo con el servicio que debe presentar una actuación para comprometer la responsabilidad de la administración pública, no se desprende exclusivamente del horario en el que se encontraba el agente estatal, ni de los implementos usados por aquel, ni de las funciones que tenía asignadas en ese momento, sino principalmente de las características de la acción u omisión que desarrolló el funcionario respectivo y por la cual causó el daño, que debe tener una relación directa con el servicio público prestado”.

“El horario del servicio, las funciones asignadas y los instrumentos utilizados en la ejecución de las mismas, son circunstancias que pueden llevar al juez al convencimiento de que el hecho generador del daño presentó un nexo con el servicio, porque fueron determinantes en su producción; pero de ninguna forma, implican que por su sola verificación se deba presumir responsabilidad de la administración. Es necesario que con motivo del desarrollo de las funciones públicas, se cause el daño alegado en la demanda, porque de lo contrario, se estaría ante un caso de responsabilidad personal del agente”(38).

12.5 Con base en lo expuesto, es posible concluir que la calidad de funcionario público necesariamente no conduce a la determinación de la responsabilidad de la administración(39), ni el portar el uniforme de la Fuerza Pública(40); ni la tenencia o el uso de un instrumento del Estado para causar daño(41), si no existe prueba de la conexión con el servicio.

12.6 Finalmente, conviene precisar que al ser dicho vínculo con el servicio o con la actividad estatal un componente fundamental para entender viable la imputabilidad de un daño y para consecuentemente declarar la responsabilidad del Estado, la carga de su prueba le corresponde en principio a la parte actora de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177(42) del Código de Procedimiento Civil, no obstante lo cual, cuando la parte demandada menciona la existencia de un hecho personal del agente como mecanismo de defensa, igualmente se radica en su cabeza el lastre de probar los elementos fácticos que sustenten tal excepción. En relación con las cargas aludidas impuestas por la norma en comento, la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en el siguiente sentido:

La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el juez de lo contencioso administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es este, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses.

Los planteamientos expuestos son, entonces, los que han de ilustrar el proceder del juez ante la falta o la insuficiencia de los elementos demostrativos de los hechos que constituyen el thema probandum del proceso —es decir, aquellos respecto de los cuales se predica la necesidad de su demostración—, pues la autoridad judicial, en cualquier caso, no puede declinar su responsabilidad de resolver el fondo del asunto, de suerte que las anotadas reglas de la carga de la prueba indicarán si procede despachar favorablemente las pretensiones del actor o, por el contrario, si lo que se impone es acceder a la oposición formulada por la parte demandada(43).

12.7 Con observancia de lo expuesto, la parte actora, con la finalidad de acreditar el vínculo de los sucesos objeto de su libelo introductorio con la prestación del servicio público por parte del Ejército Nacional, allegó con la demanda el memorial Nº 1752 del 13 de julio de 1999, en el que el comandante del batallón de ingenieros Nº 7 “General Carlos Albán” reconoció al señor William Jesús Reina Rivera como conductor del cuerpo castrense y al camión de placa QFY-462 como vehículo de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional asignado a esa fuerza armada, prueba que tenía como destino la investigación iniciada por las autoridades de tránsito respectivas. De otra parte, en el marco de este proceso judicial, la misma entidad demandada, con el objeto de demostrar que se había configurado un hecho personal del agente, solicitó que se oficiara al batallón aludido para que informara la misión específica que estaba realizando el mencionado individuo, quien para esa época ocupaba el cargo de adjunto segundo del Ejército Nacional —párrafo 8.4—, frente a lo que solamente se contestó que no se tenían los antecedentes necesarios que permitieran esclarecer cuál era dicha tarea —ver párrafo 8.5—.

12.8 Con base en los elementos documentales de convicción reseñados, junto con la hoja de vida del señor William Jesús Reina Rivera, para la Sala se encuentra suficientemente acreditado que dicho daño fue producido por un empleado estatal con un bien afectado exclusivamente al uso público, tal como fue aceptado por el propio comandante del batallón que hacía uso del camión respectivo —a pesar de que no se hubiese probado debidamente la titularidad del derecho de dominio que tenía la Nación-Ministerio de Defensa Nacional sobre este; ver párrafo 10.10— y en consecuencia, si bien como se señaló, para que se entienda configurado el nexo con el servicio no resulta en un comienzo suficiente que el detrimento sea causado por un agente del Estado o con un instrumento destinado al cumplimiento de una función pública, no se puede perder de vista que tales particularidades se configuran en hechos indicadores de la existencia de dicho vínculo a menos de que obren elementos de convicción que demuestren otros supuestos fácticos que invaliden tal inferencia, comoquiera que resulta razonable suponer que un funcionario público normalmente se encuentra ejecutando un cometido propio de la entidad a la cual se encuentra adscrito cuando emplea un bien sujeto a la finalidad de esta.

12.9 Al respecto, resulta diáfano que se cuenta con dos indicios de que el daño objeto del escrito inicial se ocasionó mientras se desplegaba la prestación del servicio de la entidad demandada, puesto que el mismo fue producido por uno de sus servidores públicos con un vehículo que le había sido asignado para únicamente satisfacer la necesidades propias de su actividad, uso estatal que se debe inferir ab initio a menos de que exista material probatorio que devele que el empleo del instrumento respectivo se dio exclusivamente en el marco de la vida privada del agente, lo cual no ocurre en el sub judice, y para lo que se debe tener en cuenta que, por una parte, dadas las particularidades del caso concreto, a los accionantes se les tornaría en extremo difícil o imposible conseguir otros medios probatorios que sean directos y que a su vez puedan dar fe de la función o de la tarea de orden público que estaba realizando el señor William Jesús Reina Rivera para la fecha de ocurrencia del accidente de tránsito, máxime cuando el propio Ejército Nacional ni siquiera tiene en sus archivos la información necesaria para aclarar dicha cuestión, y de otro lado, las aseveraciones consignadas en los memoriales allegados por la comandancia del batallón Nº 7 “General Carlos Albán”, consistentes en que el empleado señalado no tenía los documentos del automotor para ese momento o de que en los archivos se carecía de la información de la misión que este estaba realizando, no se constituyen en pruebas que rebatan la señalada deducción del ejercicio de una actividad de la administración, lo que erróneamente fue considerado como factible por la parte demandada al creer que la falta de datos sobre el asunto indefectiblemente conllevaba a concluir que se presentaba la excepción por ella alegada.

12.10 Sobre este último punto, se impone señalar que a la Sala no le parece suficiente ese tipo de manifestaciones para deducir que en el presente asunto se está ante un hecho personal del servidor público, en tanto no resulta plausible colegir de manera inmediata que el mismo estuviera actuando por cuenta propia por el simple hecho de que no portara los documentos del camión, o de que no se encontraran los antecedentes de la labor que se le hubiese ordenado en los registros que la misma entidad demandada maneja, más aún cuando (i) es posible que al señor Reina Rivera se le hubiera impartido el mandato correspondiente que estaba efectuando para cuando ocurrió el siniestro de manera verbal, sin que de ello hubiese quedado constancia escrita alguna, y (ii) por el contrario, la circunstancia de que no quedara anotación alguna sobre las sucesos del presente litigio solo reflejan la falta de técnica frente al manejo de la información por parte del órgano estatal demandado, por cuanto de haberse tratado de un uso no autorizado del vehículo respectivo y por ende, no sujeto a su finalidad estatal, en cuyo despliegue se terminó no solo por causar un daño a un particular sino que adicionalmente se debió afectar a dicho bien de uso del Estado —así fuera parcialmente o en forma mínima—, parece ilógico que no se hubiese adelantado la investigación disciplinaria pertinente en contra del dependiente aludido, o siquiera se tuviera una constancia de lo sucedido en la que se expusiera qué estaba haciendo este al momento de colisionar con otro automotor.

12.11 Por consiguiente, teniendo en cuenta (i) que la parte demandante acreditó debidamente el carácter de funcionario público y de bien afectado a una finalidad estatal, tanto del conductor correspondiente como del camión marca Chevrolet Kodiak que se vieron vinculados con la ocurrencia del hecho dañoso, y (ii) las dificultades de carácter probatorio que tendría la misma para acreditar la función en específico que estaba realizando el señor Reina Rivera cuando chocó contra el taxi del señor Darío Moreno Ospina, más aún cuando ello ni siquiera es claro para la entidad a la que estaba adscrito, resulta palmario que a partir de los hechos indicadores aludidos es posible inferir la configuración de la conexión entre el daño demandado con el servicio público de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, la cual no pudo ser desvirtuada o siquiera puesta en duda debido a la deficiente actividad probatoria del organismo mencionado, por lo que resulta factible continuar con el presente análisis de imputación al estar demostrada adecuadamente la configuración del nexo con el servicio.

12.12 En cuanto al fundamento de responsabilidad que se debe invocar en el presente juicio, no obstante cabe indicar que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, por lo que tampoco podría la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su motivación(44), lo cierto es que no se puede desconocer sin argumentación razonable alguna el precedente jurisprudencial fijado por esta corporación en relación con los accidentes de tránsito causados por varios vehículos en los que se ejercen de manera simultánea la actividad peligrosa de conducción de los mismos —como ocurrió en el sub lite—, toda vez que ello implicaría vulnerar el principio de igualdad frente a asuntos que hubieran sido decididos siguiendo un derrotero argumentativo en específico, es decir, que el principio señalado impone la resolución de asuntos que sugieren los mismos supuestos de hecho utilizando la misma metodología de estudio en lo que se refiere a la imputación del detrimento correspondiente, a menos de que racionalmente se justifique que el caso concreto sea abordado desde una perspectiva diferente.

12.13 Así se advierte que sin perjuicio de que normalmente en los eventos en que se produce un daño por la ejecución de una actividad riesgosa o por el uso de una cosa peligrosa, se ha acudido al fundamento objetivo de responsabilidad denominado riesgo excepcional, por lo que en esos asuntos el menoscabo que se origina por la concreción del riesgo respectivo debe ser reparado desde un punto de vista objetivo por quien desarrolló dicha actividad o tuvo control sobre la cosa que implicaba el peligro, no se puede perder de vista que este título de imputación se hace inoperante cuando de manera concurrente se realizan comportamientos que originan riesgos de manera recíproca o simultánea, puesto que en estos casos se ha colegido necesaria la aplicación del régimen subjetivo de falla probada del servicio y por ende, para atribuir responsabilidad en los mismos, se debe encontrar como acreditado que la causa adecuada del daño se constituyó en el incumplimiento en las cargas obligacionales que se generan para dicho actuar peligroso que desarrolló tanto la víctima como el presunto causante del daño y, lo que en el sub judice se traduce en la conducción de los vehículos automotores que se vieron comprometidos en la génesis del siniestro en que terminó averiado el automotor de placa UTV-851 . Al respecto, se ha dicho por esta subsección:

En cuanto el régimen de responsabilidad aplicable a los casos en los cuales interviene un vehículo oficial en la producción del daño cuya indemnización se reclama a través de la acción de reparación directa, el Consejo de Estado ha señalado que este, por regla general, es de carácter objetivo, pues con la conducción de vehículos automotores se crea un riesgo de carácter excepcional que, de materializarse, compromete la responsabilidad estatal. No importa, para el efecto, que no exista ilicitud en la conducta de la administración e, incluso, que esta contribuya al cumplimiento de un deber legal, pues la imputabilidad surge del ejercicio de una actividad que, por su peligrosidad, genera un riesgo grave y anormal para los administrados(45).

(…)

Excepcionalmente, el régimen de responsabilidad aplicable será el de la falla probada del servicio cuando el daño se produzca por la colisión de dos vehículos en movimiento pues, en estos eventos, se presenta una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa porque tanto el conductor del vehículo oficial como el del vehículo particular están creando recíprocamente riesgos. En tales circunstancias, “el criterio objetivo de imputación de responsabilidad se torna inoperante, y surge la necesidad, entonces, de establecer la causa del accidente para determinar de esta manera, si se presentó alguna actuación irregular por parte del conductor del vehículo oficial o alguna otra circunstancia constitutiva de falla del servicio que permita, por lo tanto, imputar la responsabilidad a la entidad demandada(46)(47).

12.14 Asimismo, siguiendo en el anterior precedente y desde la perspectiva de la teoría de la causalidad adecuada(48) dentro del marco de la responsabilidad patrimonial extracontractual, conviene precisar que dado que en los eventos en que se presenta la concurrencia de actividades peligrosas no es factible acudir a un régimen de responsabilidad objetivo basado en el riesgo que las mismas representan, tampoco resulta adecuado señalar que un daño en específico puede ser imputado desde un principio a la entidad que se demande cuando el despliegue de su actividad tuviese un mayor nivel de peligrosidad en comparación con la del demandante, puesto que como se señaló, lo relevante en tal estudio de responsabilidad tiene que ver con hallar en dicho encuentro de comportamientos que implican riesgos mutuos la causa eficiente y adecuada del detrimento pertinente, lo que sin duda puede ocurrir de manera exclusiva o concurrente por la conducta peligrosa de menor rango o entidad, haciéndose inaplicable este tipo de consideración la cual fue traída a colación por la parte demandante al momento de interponer su recurso de apelación.

12.15 Una vez puesto de presente lo anterior, sobre las circunstancias específicas en que acaeció el accidente de tránsito señalado, solo se cuenta con el contenido de las decisiones expedidas por la inspección primera perteneciente a la secretaría de tránsito y transporte del municipio de Villavicencio y la Dirección del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta, elementos de convicción de carácter documental que resultan suficientes para tener por demostrado que el vehículo conducido por el empleado del Ejército Nacional se movilizaba por la mitad de la calzada, excediendo la velocidad adecuada para las condiciones reducidas de visibilidad que se tenían, el cual luego invadió totalmente el carril por el que le correspondía transitar el conductor del automotor del señor Darío Moreno Ospina, produciéndose la colisión respectiva y causándose el daño demandado —ver párrafos 8.1 a 8.4—, lo que a todas luces se configuró en un incumplimiento por parte de la entidad demandada respecto del contenido obligacional establecido por las normas de tránsito de la época, conducta que de manera adecuada conllevó al desenlace del siniestro y por ende, de dicho menoscabo, especialmente en cuanto a la trasgresión de lo dispuesto por el artículo 129(49) del Decreto 1344 de 1970, puesto que al ocupar el camión Kodiak de placa QFY-462 el sentido de la vía por donde venía movilizándose el taxi marca Daewoo Cielo, modelo 1998, de placa UTV-851, se ocasionó el choque que llevó a que los demandantes deprecaran la reparación de los detrimentos respectivos por parte del Estado, siendo por ende posible la imputación en estudio así como la consecuente declaratoria de responsabilidad.

12.16 Conviene precisar que si bien las decisiones adoptadas por las autoridades de tránsito correspondientes, mediante las cuales se estableció la responsabilidad patrimonial del conductor del Ejército Nacional con ocasión del mismo daño objeto del presente análisis, no tienen efectos de cosa juzgada en relación con la obligación que le cabría al Estado de repararlo al haberse originado en el marco de la deficiente prestación de su servicio, las mismas sí ostentaban la calidad de medios probatorios escritos con la potencialidad de generar certeza sobre los supuestos fácticos del caso concreto y, al no haber sido contradichas o refutadas en ningún sentido por la parte pasiva de la presente litis, así como tampoco se probó la existencia de alguna causal de exoneración, como el hecho de la víctima, de un tercero o de una fuerza mayor —respecto de las cargas probatorias ver párrafo12.6—, solo resta imputarle a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional el daño objeto de la demanda y declarar su responsabilidad a título de falla del servicio, para lo que igualmente se debe señalar que no es cierto que en dichas resoluciones se hubiese colegido que el único responsable del daño era el empleado público aludido(50), por cuanto en ambas se previó la posibilidad de acudir a la jurisdicción para obtener el resarcimiento que correspondiera de parte de cualquier otro sujeto que hubiese incidido en su génesis —no obstante se mencionó solo la jurisdicción ordinaria, no hay razón para que se entienda excluida la jurisdicción contencioso administrativa—, lo que legalmente se encuentra permitido por el artículo 2344(51) del Código Civil, de conformidad con el cual surge la solidaridad por pasiva de la obligación de reparar el perjuicio correspondiente cuando en su producción concurren dos o más personas.

13 Comoquiera que resulta posible vincular el accidente de tránsito del sub lite a la prestación del servicio por parte de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, siniestro en el cual habría incumplido el contenido obligacional establecido por el ordenamiento jurídico para el despliegue de la actividad de conducción de vehículos a través de su funcionario ocasionando el siniestro del cual se derivó el daño demandado, se debe imputar el mismo a la referida entidad estatal y declarar su responsabilidad, por lo que se procede a fijar la indemnización de los perjuicios solicitados en la demanda.

V. Liquidación de perjuicios

14 En relación con los perjuicios elevados en el libelo introductorio, se solicitó por concepto de los perjuicios morales que se les habría causado a todos los integrantes de la parte demandante con ocasión de los daños sufridos por el vehículo presuntamente de propiedad del señor Darío Moreno Ospina, la suma equivalente a 2000 gramos de oro a su favor, y el equivalente a 1000 gramos de oro a favor de cada uno de los accionantes restantes.

14.1 Al respecto, cabe destacar que a pesar de que se ha entendido por esta Corporación que el detrimento en objetos o pérdida de bienes pueden llegar a producir congoja, tristeza o aflicción, estas circunstancias tiene que ser debidamente acreditadas con el fin de que se tenga por cierto el mencionado perjuicio y sea viable acceder a su reparación(52). Al respecto, se ha señalado:

La jurisprudencia de la corporación ha adoptado un criterio amplio en relación con este tipo de daños y la consecuente indemnización de perjuicios cuando los mismos devienen de una pérdida material, siempre que su ocurrencia sea probada debidamente en el proceso. En este sentido ha expresado:

“No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, como el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquellos sean demostrados en el proceso(53).

Tanto la doctrina(54) como la jurisprudencia nacionales han sido unánimes en advertir que el fundamento que debe servir al juez para reconocer la existencia de dichos perjuicios y para proceder consecuentemente a declararlos indemnizables estriba en que los mismos aparezcan probados(55).

14.2 En la medida en que no se allegó prueba alguna tendiente a demostrar lo expuesto respecto de los actores en el presente asunto, se advierte que no se probó la causación del menoscabo aludido y por ende, no será reconocida dicha indemnización solicitada por ellos.

15 De otra parte, en el escrito inicial se solicitó el resarcimiento de los perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, consistiendo los primeros en el costo de los avalúos del automotor averiado por la empresa Autorolings Multitécnica Ltda. y del valor del vehículo propiamente dicho, los cuales se estimaron en las sumas de $71 998 y $27 000 000, respectivamente, y en cuanto a las ganancias que se dejaron de percibir por la imposibilidad de su explotación económica, se solicitó la suma de $39 000 000 en virtud de aquellos ingresos que no entraron al patrimonio de los demandantes desde el momento del accidente hasta aquel en el que se presentó la demanda, y se pidió de manera abstracta la indemnización del mismo concepto desde dicha fecha hasta que se hubiese aceptado el libelo introductorio.

15.1 Respecto de la indemnización deprecada por los daños emergentes referidos, la Sala advierte, de una parte, que no resulta plausible condenar al Estado por el valor de las estimaciones que efectuó el taller automotor referido respecto del taxi averiado, con el objeto de acreditar en el presente asunto el alcance de los detrimentos que se le habían producido y así, determinar el precio de su reparación, en consideración a que ello se reduce a un gasto en que incurrió la parte demandante para el desarrollo del presente proceso, por lo que no se trata de una minoración patrimonial que tenga una conexión directa con el daño sufrido por la parte actora sino que tiene que ver con las costas procesales, las cuales, no resulta plausible imponer a ninguna de las partes de esta litis de acuerdo con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, en cuanto ninguna de ellas actuó con temeridad. En efecto, de acuerdo con la normativa aludida, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de los extremos del conflicto jurisdiccional actúa temerariamente y como en este caso, ninguna de aquellas obró de esa forma, no se proferirá condena en este sentido.

15.2 De otro lado, en cuanto al valor referente a la pérdida del automóvil marca Daewoo Cielo, modelo 1998, mecánico, de placa UTV-851, se advierte que en el plenario obran cuatro avalúos efectuados por diferentes empresas de automotores, a partir de los cuales es posible concluir que el perjuicio en análisis fue realmente causado, no obstante dichos estudios arribaron a diferentes conclusiones en cuanto a los valores sobre los repuestos y las labores de reparación pertinentes. De esta manera, se tiene que (i) la empresa Autorrollings Multitécnica Ltda., sin ofrecer detalles sobre su valoración, y soportes que la cimentaran más allá de seis fotografías en las que se percibe al automotor dañado, conceptuó que “[l]os repuestos superan el 80% del valor del vehículo, se da por pérdida total. Avalúo los daños en: diez y siete (sic) millones de pesos m/cte. ($17.000.000.oo)”; (ii) el taller de servicios y repuestos Servi Daewoo Motor, luego de efectuar una relación detallada de los noventa y cuatro repuestos que necesitaba el automóvil referido, adicionados a los trabajos de latonería, pintura, mecánica y otros pertinentes, cotizó toda la reparación en un total de $18 411 000; (iii) la empresa Auts Nubira indicó que el 24 de abril de 1999 se había llevado el vehículo en cuestión a sus talleres, y después de examinarlo, señaló que no se podía reparar toda vez que se había producido la pérdida total del mismo y coherentemente, no procedió a analizar el costo de su restablecimiento, y (iv) la sociedad Vehicolda Ltda., sin justificación alguna y señalando erróneamente que el vehículo era un carro Daewoo Cielo modelo 2000, fijó el monto de su arreglo en la suma de $27 000 000 —valor solicitado en la demanda como indemnización— (originales de los dictámenes rendidos por la empresas Autorrillings Multitécnica Ltda. y AUTS NUBIRA Daewoo, con destino a la investigación adelantada ante la inspección primera perteneciente a la secretaría de tránsito de Villavicencio y cotizaciones efectuadas por las empresas Servi Daewoo Motor y Vehicolda Ltda.; fls. 21-29, 31, cdno. 1).

15.3 Con fundamento en las características de cada estimación aludida, se debe destacar que los avalúos efectuados por las empresas Autorrollings Multitécnica Ltda. y Vehicolda Ltda. no tienen la potencialidad de ofrecer credibilidad alguna en cuanto al valor al que debe ascender la indemnización del daño emergente por la pérdida del automotor objeto de la demanda, habida cuenta de que en ninguno de estos se enseña los detalles y de donde provienen los valores totales de reparación decantados y adicionalmente, en el último examen referenciado, el cual se rinde hasta el 19 de julio del 2000, extrañamente se confunde el modelo del vehículo en cuestión al señalarse que se trata de un Daewoo Cielo del mismo año, a pesar de que el accidente hubiese ocurrido a principios del año 1999.

15.4 Ahora bien, en cuanto a los otros dos documentos, no escapa a la Sala que en uno de ellos se conceptuó que no era viable la reparación del automotor respectivo por cuanto se había presentado su pérdida total, aseveración que halló eco en el examen que realizó Autorrollings Multitécnica Ltda. a pesar de que ilógicamente procedió a estimar sin sustento alguno el precio de su reparación, conclusión que imposibilita, con base en cualquiera de las cotizaciones de arreglo que fueron aportadas con la demanda, adquirir total certeza sobre el monto a reconocer como indemnización del perjuicio en estudio, en consideración a que si la reparación no resultaba posible o si era más onerosa que lo que costaba la adquisición de un vehículo usado de las mismas características para esa fecha, desde la perspectiva de una indemnización integral, los límites del quantum del resarcimiento respectivo no pueden ser fijados por dichas pruebas y por el contrario, deben corresponder al precio de remplazo del vehículo y no de su reconstrucción, aspecto para el cual, con fines únicamente ilustrativos, se acudió a la información pública y de libre acceso de la revista Motor, a partir de la cual se observa que todas las restauraciones cotizadas por los accionantes superan el valor de mercado que tenía ese bien para la época de acaecimiento del accidente, en consideración a que el mismo, según dicho medio de comunicación, ascendía únicamente a los $14 000 000(56).

15.5 Habida cuenta de que no es posible tener en cuenta los valores arrojados por las pruebas documentales allegadas con el escrito inicial para fijar la cuantía del resarcimiento pertinente, y con la finalidad de reparar integralmente a la parte demandante por la pérdida de su automotor evitando que se produzca un enriquecimiento sin justa causa, se procederá a proferir condena in genere respecto de este menoscabo en específico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172(57) del Código Contencioso Administrativo.

15.6 De esta manera, durante el incidente que sea incoado por los interesados, (i) se deberá practicar un dictamen pericial a costa de los integrantes de la parte demandante, con la finalidad de que el profesional respectivo realice un estudio de mercado del bien objeto de este proceso, esto es, de un automóvil marca Daewoo Cielo, modelo 1998, mecánico, usado, con el fin de que establezca su valor para el año de 1999, suma que será escogida como base de liquidación del daño emergente a liquidar, a menos de que la misma supere el monto de restauración de $18 411 000 estimado por la empresa Auts Nubira y contenido en la cotización obrante en los folios 24 a 26 del cuaderno 1, puesto que esta es la que mayor certeza ofrece sobre el costo de reparación del vehículo en tanto relacionó de manera independiente el precio de cada uno de los repuestos y de las tareas a realizar para restaurarlo, caso en el que se adoptará esa suma como base de liquidación; (ii) para el dictamen aludido, la parte actora podrá aportar elementos de convicción que versen sobre las especificaciones reales del vehículo que resultó averiado, con el fin de que el peritaje sea lo más preciso posible, las cuales podrán ser refutadas por la parte demandada; (iii) no se tendrán en cuenta ninguna de las otras cotizaciones obrantes en el plenario al carecer de aspectos objetivos que permitan determinar el precio de restitución del bien dañado, o de su valor en el mercado, (iv) la cifra que se obtenga del anterior estudio pericial deberá ser actualizada de conformidad con las fórmulas pertinentes, y (v) a pesar de que en las pretensiones no se especificó a favor de cuál de los demandantes debía otorgarse el monto de la indemnización por este concepto, para la Sala es claro que la condena que se llegue a determinar será a favor del señor Darío Moreno Ospina, al ser él el presunto propietario del bien dañado.

15.7 Finalmente, en cuanto a la indemnización de los perjuicios materiales por concepto de lucro cesante, se observa que la misma resulta plausible en consideración a que es evidente que debido a las graves averías que sufrió el automotor, no fue le posible a la parte demandante continuar con su explotación económica en su calidad de taxi afiliado a la empresa de Transportes Taxi Estrella Ltda.

15.8 De esta manera, la Sala procede a establecer el monto del resarcimiento pecuniario correspondiente, para lo que se debe tener en cuenta que (i) si bien obra en el expediente una constancia de la empresa aludida en la que se estableció que el referido vehículo producía $2 100 000 al mes —si trabajaba las veinticuatro horas de día—, se advierte que no es posible tomar dicha suma como base de liquidación, en la medida en que tal prueba documental no refleja soportes objetivos que permitan tener como cierta esa cifra así como tampoco muestra los gastos y costos en los que necesariamente tenía que incurrir el señor Darío Moreno Ospina para percibir tales emolumentos, toda vez que resulta claro que la explotación del automotor referido durante todo el día implicaría a su vez la necesidad de emplear a varias personas que lo manejaran, entre otras reducciones y gastos, por lo que para su estimación se partirá de que el señalado demandante al menos obtenía el salario mínimo a partir de su explotación y, (ii) este perjuicio no se liquidará por todo el tiempo que consideró pertinente la parte actora, sino que se dará aplicación al criterio sostenido en anteriores oportunidades(58) con apoyo de la doctrina según el cual, la liquidación en este tipo de eventos en los que se daña un bien que era productivo deber abarcar un término definido y razonable para que el afectado recomponga la actividad económica que desarrollaba con el mismo, puesto que “es imposible aceptar su prolongación hasta el infinito”(59), término que, por regla general, se ha estimado en seis meses, y del que no se apartará para el sub examine, comoquiera que no se observa ningún elemento que lo justifique(60).

15.9 Tomando como base de liquidación el salario mínimo legal vigente, por cuanto la actualización del salario mínimo legal para la época del daño resulta inferior a aquella, y con observancia de se indemnizará por el lapso de 6 meses, se observa:

S2001-00106-01
 

15.10 De acuerdo con lo anterior, la indemnización por los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Darío Moreno Ospina, como presunto propietario del carro dañado, es de $3 741 263,98 m/cte.

16 Finalmente, habida cuenta que está fehacientemente demostrado que con ocasión el daño cuya reparación se ordena en esta sentencia, también fue condenado civilmente el señor William Jesús Reina Rivera —ver párrafos 8.1 y 8.2—, en el evento en que la entidad demandada, al darle cumplimiento a la misma, logre acreditar que efectivamente se realizó por dicho individuo los pagos correspondientes, podrá descontarlos de las obligaciones que se erigen en esta decisión, para lo que se debe tener en cuenta el precedente jurisprudencial de esta corporación en los casos en que las víctimas se constituyen en parte civil del proceso penal que se inicia con base en la comisión de un delito por parte del respectivo funcionario público y a su vez, demandan a la administración:

La víctima o perjudicado con un delito, por consiguiente, tiene la libertad y el derecho de reclamar la indemnización integral de los perjuicios ante la jurisdicción ordinaria, bien a los jueces penales dentro del proceso penal en ejercicio de la acción civil promovida en él con la anteriormente denominada constitución de parte civil —o ahora bajo el trámite del incidente de regulación integral de perjuicios una vez culminado este—, ora ante los jueces civiles mediante el ejercicio independiente de la acción civil. Pero, a la vez, también puede acudir en demanda de reparación directa para perseguir la indemnización del Estado por el daño antijurídico.

(…)

De ahí que, retomando lo atrás expuesto, en cuanto a que la fuente de la obligación de reparar y el derecho que surge a favor del lesionado es única, esto es, el daño antijurídico originado por el delito, y no obstante que por mandato y fuerza del ordenamiento deba ser analizada desde dos perspectivas y relaciones jurídicas, entre sujetos y régimen normativo diferentes, es claro que se prohíbe el doble pago de la indemnización a la víctima, porque no se puede favorecer al actor —este sí el mismo en uno y otro juicio—, con la posibilidad de cobrar dos veces por el mismo concepto(61) y, por ende, patrocinar un enriquecimiento ilícito.

(…)

(…) no puede permitirse que la víctima se enriquezca sin justa causa a través del cobro de un doble valor indemnizatorio, y de esta irregular forma acreciente su patrimonio a expensas del patrimonio del Estado, situación que, como afirma la doctrina y así lo ha reconocido la jurisprudencia, “(… está condenada por el derecho y la equidad (nemo cum alterio detrimento locupletiorem fiere potest) (…)”(62). Pretender recibir otro pago cuando el resarcimiento de los perjuicios derivados del daño ocasionado con el hecho delictivo ya se encuentra satisfecho, con independencia de quién ha pagado, no tiene una fuente justificativa que lo ampare y, por ende, no merece tutela por el ordenamiento jurídico.

En este sentido, huelga precisar que para no propiciar un enriquecimiento sin causa a favor del perjudicado y evitar el cobro de una doble indemnización(63), imperativo que constituye un principio general del derecho(64), cuando exista prueba del pago de la indemnización como consecuencia de una condena penal o civil o de otra forma jurídica de resolución pacífica pero vinculante de conflictos prevista por la ley, el juez administrativo en el proceso contencioso administrativo y sin perjuicio de la declaratoria de la responsabilidad del Estado, cuando se den los elementos que la estructuren, debe declarar de oficio o a petición de parte probada la excepción de pago total o parcial de la obligación indemnizatoria. Así lo impone el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo (…)

(…)

(…) para que en el proceso contencioso administrativo se decrete la excepción de pago, no es suficiente la demostración de que se pagó la condena impuesta por el juez penal, pues debe existir proporcionalidad entre la condena de perjuicios que este último impuso al funcionario y la que impone el juez contencioso administrativo al Estado; es decir, la excepción de pago parte de la demostración de la reparación integral del daño en la cuantía determinada en el juicio de responsabilidad contra el Estado y solo cuando el monto de la condena sea por lo menos igual a la que se profiera en el contencioso administrativo se hablará de pago total o en su defecto la excepción sería de pago parcial.

(…)

Con las anteriores precisiones, la Sala, nuevamente reflexiona en torno al asunto y ahora afirma lo siguiente por considerarlo de justicia y equidad y, por ende, ajustado a derecho, el incidente de reparación de perjuicios para perseguir la responsabilidad civil del funcionario, igualmente puede demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, con el fin de perseguir del Estado la plena indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima cuando quiera que hubiese sido afectada a la vez por la conducta del agente y falla del servicio.

b) Que para que en el proceso contencioso administrativo se decrete la excepción de pago total, no solo se requiere la demostración de que se pagó la condena impuesta por el juez penal, sino que debe existir equivalencia entre la condena de perjuicios que este último impuso al funcionario y la que impone el juez contencioso administrativo al Estado, de suerte que se cumpla con el principio de la reparación integral del daño irrogado a la víctima o, en su defecto la excepción sería de pago parcial, o sea por la proporción que efectivamente se haya pagado en relación con el monto de la condena a imponer en el proceso contencioso administrativo.

c) Que bajo estas circunstancias la entidad demandada estará obligada a pagar la totalidad de la indemnización impuesta en la sentencia por el juez administrativo, o asumida en una conciliación aprobada judicialmente o en cualquier otra providencia, salvo que la entidad pruebe en el proceso o al momento de cubrir el monto de la condena, que el funcionario citado en el proceso penal pagó totalmente el monto de los daños tasados en el proceso contencioso administrativo por ser la condena de perjuicios en el proceso penal igual o equivalente a aquella, porque si es inferior o prueba que el funcionario pagó parcialmente, la entidad únicamente tendrá derecho de descontar la suma proporcional cubierta(65).

16.3.2. (sic) De conformidad con lo anterior, la Sala precisa que si la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional tiene demostrado el pago de la condena impuesta al conductor aludido a favor del señor Darío Moreno Ospina con ocasión de la investigación respectiva por parte de las autoridades de tránsito de Villavicencio y el Meta, entonces podrá la demandada descontar dicha suma de dinero de la indemnización que, por virtud de la presente sentencia, deba pagarse a su favor.

17 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia del 2 de diciembre de 2003, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, y, en su lugar se dispone:

1: DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, por los perjuicios causados al señor Darío Moreno Ospina, con ocasión de los daños sufridos por el bien presuntamente de su propiedad, consistente en el automóvil marca Daewoo Cielo, modelo 1998, de placa UTV-851.

2: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional a pagar a favor del señor Darío Moreno Ospina, la suma de tres millones setecientos cuarenta y un mil doscientos sesenta y tres pesos, con nueve centavos ($3 741 263,9 m/cte), por concepto de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante que se le causaron.

3: Asimismo, CONDENAR en abstracto a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, al pago del resarcimiento de los perjuicios irrogados a título de daño emergente por concepto del valor del vehículo dañado, indemnización que se liquidará mediante incidente de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

4: Si la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional acredita el efectivo pago la condena impuesta al señor William Jesús Reina Rivera a favor del señor Darío Moreno Ospina, AUTORÍZASE a dicha entidad a descontar la suma de dinero pertinente de la indemnización que, por virtud de la presente sentencia, deba pagarse a su favor.

5: DENEGAR las restantes suplicas de la demanda.

6: Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

7: CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

8: EXPEDIR, por secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

9: En firme esta fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda se consideró que el valor de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización del lucro cesante consolidado a favor del señor Darío Moreno Ospina, equivale a la suma de $39 900 000. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2001 fuera de doble instancia, debía ser superior a $26 390 000.

(2) Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: ‘incumbit probatio qui dicit non qui negat’. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el juez de lo contencioso administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es este, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) “Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el artículo 90 señala con claridad que el Estado ‘responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas’.
Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no solo imperativo —ya que ordena al Estado responder— sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento de uno de los intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. Por el contrario, para esta corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no solo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(4) Aspecto que se identifica con la función resarcitoria de la responsabilidad. Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado lo siguiente: “El daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad civil”. Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, p. 37. “Conocido es el paso de un modelo clásico de responsabilidad entendida como sanción derivada de la realización de un comportamiento prohibido, a un modelo que pone en el centro del debate le hecho dañoso y su función reparadora (…) de ahí que la función resarcitoria se muestre como fundamental dentro del derecho de la responsabilidad civil, pues responde a una necesidad que se podría decir lógica, de devolver a la víctima lo que ha perdido; prueba de ello es la pregonada necesidad de una ‘reparación integral’. Esta expresión, corolario de la función reparadora, refleja esa exigencia según la cual todo daño debe ser resarcido”. Édgar Cortés- Responsabilidad Civil y Daños a la Persona, el daño a la Salud en la Experiencia Italiana, ¿Un modelo para América Latina?”, Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2009, pp. 61 y 62.

(5) [2] Este enunciado se observa claramente en la doctrina. Así, en derecho colombiano, el profeso Tamayo Jaramillo sostiene “tradicionalmente doctrina y jurisprudencia enuncian que el perjuicio debe ser personal para que haya derecho a reparación. Ello significa que la víctima del daño o sus causahabientes pueden demandar reparación” (De la responsabilidad civil, cit., T. 2 p. 80). En derecho francés Laurent Richer afirma que el “conjunto de la doctrina considera el carácter personal del perjuicio como una condición de fondo de la existencia del derecho a reparación” (“Prejudice réparable”), en Répertoire de la Responsabilité de la Puissance Publique, cit., Nª 46).

(6) [34] De Cupis. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, cit., p. 109.

(7) [35] Deguergue. Jurisprudence et doctrine dans l`élaboration du droit de la responsabilité administrative, cit., p. 412.

(8) [80] Consejo de Estado col., Sección Tercera, 22 de agosto de 1996, C.P. Betancur Jaramillo, actor: Ma. Rubiela Restrepo de Madrid, Exp. 10204. Ver en el mismo sentido: 9 de septiembre de 1991, C.P. Montes Hernández, actor: Jaime Torne Fandiño, Exp. 6565.

(9) [82] Consejo de Estado col., Sección Tercera, 6 de mayo de 1993, C.P. Uribe Acosta, actor: Ma. Ortiz, Exp. 7646.

(10) Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, pp. 87, 88, 93, 102, 103, 111, 113, 114, 115.

(11) “(…) la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de esta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues solo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda” (resaltado del original). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, Exp. 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452), actor: Reinaldo Posso García y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(12) [6] A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “… si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de julio de 2011, Exp. 52001-23-31-000-1997-08625-01(19753), actor: Carlos Julio Pineda Solis, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(14) Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y, sentencia del 1 de marzo de 2006, Exp. 15001-23-31-000-1992-02402-01(13764), actor: Alfonso Ahumada Salcedo y otros.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 1991, Exp. 6565, actor: Jaime Alonso Torne Fandiño, C.P. Juan de Dios Montes Hernández. En el mismo sentido se ha pronunciado esta corporación al aseverar: “La Sala viene aceptando en los casos de reparación de daños recaídos sobre vehículos automotores, que si la parte actora se presenta como propietaria del vehículo y no logra demostrar ese carácter sino otro, como el de poseedora, es esta la última condición la que puede fundamentar el reconocimiento de la pertinente indemnización. Así lo decidió por ejemplo en la sentencia del 20 de septiembre de 1991 (actor: Jaime A Torne Fandiño, Exp. 6565). En ese negocio había prueba suficiente de la posesión ejercida por el demandante sobre el vehículo, lo que no sucede en el sub lite. No se allegó ni un solo medio probatorio dirigido a demostrar el hecho de la posesión o cualquier otro vínculo entre la demandante y el bien destruido o dañado.
Si dañó antijurídico es la lesión de un interés legítimo que la víctima no está obligada a soportar, a esta le corresponde por lo menos acreditar ante el juzgador ese interés legítimo. En el presente caso no se demostró que a la actora le asista tal interés. Ni era propietaria, ni poseedora, ni tenía otro derecho sobre el vehículo de placas KE 5678. Así, no demostró estar legitimado en la causa”. Consejo de estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de agosto de 1996, Exp. 10204, María Rubiela Restrepo de Madrid, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(16) En un principio, esta corporación señaló que la inscripción de cualquier acto o negocio jurídico que afectara o modificara el derecho de propiedad sobre vehículos automotores no tenía una naturaleza constitutiva, sino simplemente declarativa. Posteriormente, se precisó que en los casos en que resulta aplicable el estatuto comercial, solo es posible realizar la tradición mediante la inscripción del acto correspondiente ante la oficina de tránsito correspondiente, comoquiera que el artículo 922 del Código de Comercio lo establece así al señalar que “La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa. // PAR.—De la misma manera se realizará la tradición del dominio de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades”.
En relación con lo expuesto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 2003, Exp. 17001-23-31-000-1995-5033-01(14176), actor: Sociedad Camperos de Occidental Ltda. y Javier Mejía, C.P. Ricardo Hoyos Duque y, sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp. 41001-23-31-000-1993-07279-01 (19432), actor: Jorge Enrique Sánchez Rodríguez, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009, Exp. 25000-23-26-000-1996-01798-01(16837), actor: Álvaro Peña Ortega, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(18) “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. // El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo del 2000, Exp. 12497, actor: Juan de la Cruz Castillo Vargas y otro, C.P. María Elena Giraldo Gómez y, sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp. 41001-23-31-000-1993-07279-01 (19432), actor: Jorge Enrique Sánchez Rodríguez, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(20) “El corpus es el poder físico o material que tiene una persona sobre una cosa. Son los actos materiales de tenencia, uso y goce sobre la cosa, como dicen Planiol y Ripert. El poder de hecho sobre la posesión no significa que el poseedor tenga un contacto físico o material con el bien (…) El animus es el elemento psicológico o intelectual de la posesión. Consiste en la intención de obrar como señor y dueño (animus domini) sin reconocer dominio ajeno”. Luis Guillermo Velásquez Jaramillo. Bienes. Novena Edición, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2004, p. 132.

(21) “Al respecto, es preciso indicar, con la Corte que, en relación con los artículos 759 y 789 del Código de Comercio, ‘tendientes a atribuir al registro de títulos de la propiedad raíz, una función posesoria, prevalecen los textos relativos a la posesión que el Código Civil no califica, o sea, la material, la única y verdadera posesión. No existe, por lo mismo, en la legislación colombiana una posesión que consista en la inscripción de los títulos de los derechos reales inmuebles en el registro público, porque, como lo ha consagrado la jurisprudencia nacional que este fallo acoge y compendia, la inscripción de los títulos carece de contenido y alcance posesorios’ (G. J. LXXX, p. 87). Posteriormente ratificó la Corte: ‘la única posesión real y jurídicamente eficaz es la posesión material, o sea, la que, conforme al artículo 762 del Código Civil consiste en la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño. Esta posesión implica la aprehensión de un bien y el poder que se ejerce sobre él, mediante actos de goce y transformación. La llamada posesión inscrita no es en el fondo posesión, ya que la única verdadera es la material’. (Sentencia de Casación Civil del 30 de mayo de 1963)”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de febrero de 2001, Exp. 6446, M.P. Jorge Santos Ballesteros.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, Exp. 05001-23-26-000-1995-00565-01(18615), actor: Jorge Iván Rojas Arbeláez y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(23) “Análogamente, en el asunto controvertido, la propia demandante tuvo conciencia de haber entregado la posesión a los promitentes compradores, quienes sabedores de tal condición realizaron actos de dominio conocidos por todos, como bien se aprecia en la testificación del señor Simpson, al referir que ‘esa posesión la ostentan desde febrero o marzo del año dos tres, (sic) porque he pasado por la casa y he visto obras en la fachada, me imagino ejecutados por el señor Vargas que la ocupa’ (fls. 190 y 191), declarante que para dar firmeza a su dicho dejó copia de ‘una diligencia de descargos rendida por el señor Vargas’, sobre ‘las obras adelantadas en el inmueble ubicado en la carrera 13ª Nº 127ª-53 de Bogotá’ (fl. 188), además la actora aportó como anexo de la demanda copia del acta de visita de verificación por la posible infracción urbanística (fl. 86), ante las modificaciones realizadas por los demandados y de la misiva del asesor de obras sobre la actuación administrativa cumplida en relación con los trabajos en el inmueble de la carrera 13ª Nº 127ª-53 (fl. 85), no pudiendo por ello, como lo hace la casacionista, predicar la clandestinidad ni ocultamiento en la posesión, bajo la premisa de que en el hecho 4º de la demanda, se afirmó sin explicación ninguna que ‘[m]ediante manipulaciones y engaños por parte de los promitentes compradores, obtuvieron la entrega material del inmueble (…)’ (fl 90)” (resaltado por la Sala). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de julio de 2010, Exp. 11001-3103-014-2005-00154-01, recurrente: Gladys Cepero Páez, M.P. William Namén Vargas.

(24) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 2 de diciembre de 2011, Exp. 25899-3103-001-2005-00050-01, recurrente: María del Rosario Suárez Zabala y Mercedes Suárez Zabala, M.P. William Namén Vargas.

(25) “El suscrito gerente de transportes Taxi Estrella hace constar que el señor Darío Moreno Ospina identificado con la cédula de ciudadanía 18’301.482 expedida en el Mitú propietario del vehículo de placas UTV-851, marca Daewoo, modelo 1998, número interno 3198, recibe un ingreso diario de setenta mil pesos mct (70.000) para un total de dos millones cien mil pesos mct (2’100.000) mensual laborando veinticuatro (24) diarias y se encuentra debidamente afiliado a esta empresa en la modalidad de transporte”.

(26) Sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del 17 de marzo de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 18526; y del 10 de octubre de 1994, C.P. Juan de Dios Montes, radicación 8200.

(27) Sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del 28 de abril de 2010, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 17201; del 17 de marzo de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 18526; del 16 de febrero de 2006, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, radicación 15383; del 24 de noviembre de 2005, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 13305, y del 15 de junio de 2000, C.P. Ricardo Hoyos Duque, radicación 11330.

(28) Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 16 de 2006, radicación 15383, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de noviembre 19 de 2008, radicación 35073, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de julio 8 de 2009, radicación 17171, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y sentencia de marzo 23 de 2011, radicación 19571, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(29) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 2011, radicación 19643, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(30) Ibídem.

(31) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 17201 y del 16 de febrero de 2006, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, radicación 15383.

(32) Se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 10 de agosto de 2001, radicación 13666 y del 15 de agosto del 2002, radicación 13335, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(33) [1] En sentencia de 26 de septiembre de 2002, Exp. 14.036, dijo la Sala: “Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna, sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer ‘si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo de la policía nacional aparecía como derivado de un poder público, siquiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público’”.

(34) [2] Andrés E. Navarro Munuera. La ampliación de la responsabilidad patrimonial de la administración a los daños ocasionados por sus funcionarios o agentes actuando al margen del servicio público, en Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 60, octubre-diciembre de 1988. Se analiza en el artículo la sentencia del Tribunal Supremo de España del 27 de mayo de 1987, que concedió a los demandantes la indemnización por la muerte de su hijo ocasionada por un agente de la policía con arma de fuego reglamentaria, pero quien disfrutaba de sus vacaciones, en aplicación de la teoría del riesgo como título de imputación.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2011, expediente 19123, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(36) [5] Sentencia de 6 de diciembre de 2004, Exp. 504222331000941044-01.

(37) [6] Exp. 17.426, actor: Bolívar Arce y otros, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(38) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, radicación 34348, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(39) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, radicación 17201, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(40) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de octubre de 1994, radicación 8200, C.P. Juan Dios de Montes.

(41) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010, radicación 18526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(42) Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

(43) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(44) Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), actor: María Hermenza Tunubala Aranda, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(45) [7] Sobre el particular, pueden consultarse, entre muchas otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 10 de julio de 2003, Exp. 14.083, C.P. María Elena Giraldo; 3 de mayo de 2007, Exp. 16.180, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 26 de marzo de 2008, Exp. 14.780, C.P. Ruth Stella Correa.

(46) [9] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, Exp. 16180, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de julio de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicado 27001-23-31-000-1994-02194-01 (20319), actor: Ricardo Mena Mena, demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación.

(48) “a) Gravitación de la teoría. La doctrina de la ‘causa adecuada’ adquirió gran predicamento y se la considera en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. (…) // b) Su mecánica. La ‘prognosis póstuma’. Dicha teoría aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos id quos plerumque accidit. (…) // El concepto de causalidad adecuada implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según la interpretación que comentamos, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (65). (…) // A fin de establecer la vinculación de causa efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia? (…) // Este juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente las cosas. // La determinación del fenómeno causal constituye de este modo el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de ‘causa’ del evento. (…) // d) Fractura del nexo causal. La operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los eslabones de la cadena sean adecuados, la regularidad debe existir en cada etapa del iter causal. Como bien lo señala Orgaz ‘no basta establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o extraordinarios. // Precisamente, la concurrencia de esos eventos disociantes interfieren el curso ordinario del proceso, interrumpiéndolo; se produce entonces la fractura del nexo causal. En tales hipótesis queda excluida la imputatio facti entre el resultado final y el suceso desencadenante de la trama de acontecimientos (73). // Nos hallamos ante lo que se denomina ‘proceso atípico o inadecuado’: los efectos anormales no se atribuyen ya al agente, pues no se consideran causado por su acción, aunque en concreto ese obrar haya constituido una condictio sine qua non del desmedro resultante (74). (…) // En otras hipótesis el proceso puede verse alterado o desviado de su curso normal por circunstancias anteriores o concomitantes que concurren a la producción del efecto”. Isodoro Goldenberg. “La relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, segunda edición ampliada y con actualización jurisprudencial, editorial La Ley, Buenos Aires, 2000, pp. 22-27.

(49) “Los vehículos transitarán por sus respectivos carriles, sin pisar las rayas o líneas de demarcación”.

(50) “Cuarto: Dejar a las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria a fin de obtener el pago de perjuicios en concreto de las indemnizaciones de ley”. Resolución 7 del 28 de enero del 2000, expedida por la inspección primera perteneciente a la secretaría de tránsito y transporte del municipio de Villavicencio, obrante en folios 32-35 del cuaderno 1.
“El artículo 116 de la Constitución Política de Colombia atribuye funciones de carácter jurisdiccional a las autoridades administrativas en forma excepcional y debe referirse a materias precisas, por lo tanto la norma en ningún momento prohíbe o impide que el asunto de la responsabilidad civil que corresponda a otras personas que estén obligadas a responder solidariamente por los perjuicios causados, si quien sufre la condena no satisface espontáneamente el valor del perjuicio inferido”. Resolución 102 del 26 de abril del 2000, expedida por la dirección del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta, obrante en folios 39ª 42 del cuaderno 1.

(51) “Si un delito o culpa ha sido cometido por dos (2) o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo el perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355”.

(52) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto del 2005, Exp. 15001-23-31-000-1990-10957-01(15338), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(53) [13] Sentencia del 24 de septiembre de 1987, Exp. 4039. Citada en: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 18 de marzo de 2004. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Exp. 14589.

(54) [14] Véase: Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Tomo II. Bogotá. Legis S. A. 2007. Págs. 496 y ss. Con similares argumentos se expresa Ospina Fernández, Guillermo. Régimen general de las obligaciones. Bogotá. Editorial Temis S. A. 2001. pág. 118 y ss.

(55) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, Exp. 63001-23-31-000-1998-00622-00(16980), actor: Rodrigo Rodríguez Estrada, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(56) Página de internet: http://www.motor.com.co/revista-motor/precios/home/. Consultada el 3 de septiembre de 2014.

(57) “Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere si establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil. // Cuando la condena se haga en abstracto, se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escritura que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación”.

(58) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp. 19.432, C.P. Ruth Stella Correa; sentencia del 25 de febrero de 1999, Exp. 14.655, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(59) Juan Carlos Henao. El daño. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2007, p. 155.

(60) Sección Tercera, sentencias de 25 de febrero de 1999, Exp. 14.655 y de 12 de septiembre de 2002, Exp. 13.395, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 11 de mayo de 2006, Exp. 14.694. C.P. Ramiro Saavedra Becerra y Subsección B, sentencia de 21 de marzo de 2012, Exp. 21473, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Esta posición se ha fundado en el siguiente criterio: “En relación con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador, ya que ‘la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse (…). Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido”, Juan Carlos Henao Pérez, “El Daño”, Universidad Externado de Colombia, Santafé de Bogotá, 1998, págs. 156-157.

(61) [34] En efecto, se trata de una misma conducta del funcionario que comprometió su propia responsabilidad y la de la administración, y por ende, se refiere a la misma fuente de la cual se pretende un reconocimiento indemnizatorio por el daño antijurídico.

(62) [36] Ospina Fernández, Guillermo, Régimen General de las Obligaciones, Octava Edición, 2005, pág. 42.

(63) [37] Se advierte que otra situación es la que se presenta “En caso de causa jurídica diferente, se acepta el doble pago porque se estima que el enriquecimiento que obtiene la víctima se encuentra justificado legalmente por la diferencia de causas que no son todas indemnizatorias. En este evento, la víctima puede quedar en una situación mejorada respecto de la que tenía antes del advenimiento del daño”. Cfr. Henao Perez, Juan Carlos, Ob. Cit. pág. 64 ídem. Es decir, repárese de que no se trata aquí de que la prohibición de doble pago deba ceder, puesto que no existen causas jurídicas diferentes, sino que existe una, derivada del hecho anómalo del servidor público que lesionó a un particular.

(64) [38] El artículo 8º de la Ley 153 de 1887 permite su aplicación al disponer que “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho”. El artículo 831 del Código de Comercio también lo trae cuando señala que “[n]adie podría enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”.

(65) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 25000-23-26-000-1995-01359-01(15046), actor: Luis Marino Clavijo Cifuentes, demandado: Nación-Ministerio de Defensa.