Sentencia 2001-00113 de agosto 30 de 2006

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 85001-23-31-000-2001-00113-01(22918)

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Actor: Orlando Campos Sanchez y otros

Demandado: Departamento de Casanare

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil seis.

Resuelve la Sala, en grado de consulta, de conformidad con el acta de prelación Nº 040, aprobada en sesión celebrada el día nueve de diciembre de 2004, la sentencia de ocho de noviembre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en la cual se decidió lo siguiente:

“1. Declarar al departamento de Casanare, responsable por la muerte del señor Ricardo Campos Sánchez y las lesiones ocasionadas a Josefina Perilla Colmenares y Lucely Vega Alonso, según hechos ocurridos el 10 de febrero de 1999 en el perímetro rural de la población de Aguazul (Casanare).

“2. Condenar al Departamento de Casanare, a pagar a favor de Orlando Campos Sánchez, por concepto de perjuicios morales la suma de dinero equivalente en la fecha de ejecutoria de esta sentencia a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales.

“3. Condenar al Departamento de Casanare a pagar por concepto de perjuicios morales a la señora Josefina Perilla Colmenares la suma de dinero equivalente en la fecha de ejecutoria de esta sentencia a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales, a su hijo Cristian Ricardo Campos Perilla la suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a sus hermanos Amelia, Luis María, Pilar del Rocío, Luz Aurora, Sara Pubenza, Azucena, Luis Fabián, y Aleyda Milena Perilla Colmenares quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

“5. Condenar a la demandada a pagar a favor de Josefina Perilla Colmenares, por concepto de perjuicios materiales, daños (sic) emergente la suma de dos millones quinientos diecisiete mil doscientos doce pesos ($ 2.517.212) y por lucro cesante, la suma de un millón quinientos mil pesos.

“6. Condenar al Departamento de Casanare a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de Lucely Vega Alfonso (sic) (lesionada) la suma de dinero equivalente en la fecha de ejecutoria de esta sentencia a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales; para Jairo Mora Ramos (compañero permanente), Edna Lizzette, Heinner Andrés Mora Vega (hijos), cuarenta (40) salarios mínimos mensuales para cada uno; para Arturo Vega González y Rosa María Alfonso (sic) de Vega (padres), treinta y cinco (35) salarios mínimos legales vigentes para cada uno; a sus hermanos Yasmina, Reinaldo, Oscar Vega Alfonso (sic) quince (25) (sic) salarios mínimos legales mensuales para cada uno.

“7. Condenar a la accionada a pagar a favor de Lucely Vega Alfonso (sic) y Jairo Mora Ramos por concepto de perjuicios materiales, daño emergente, la suma de doce millones doscientos ochenta mil trescientos pesos ($ 12.280.300.oo); y para Lucely Vega Alfonso (sic) por el lucro cesante la suma de dos millones setecientos diecisiete mil quinientos sesenta y un mil (sic) pesos ($ 2.717.561).

“8. Condenar a la parte demandada a pagar a favor de Josefina Perilla Colmenares por concepto de perjuicios fisiológicos la suma de dinero equivalente en la fecha de ejecutoria de esta sentencia a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales.

“9. Condenar al Departamento de Casanare a pagar a favor de Lucely Vega Alfonso (sic) por concepto de perjuicios fisiológicos la suma de dinero equivalente en la fecha de ejecutoria de esta sentencia a ciento diez (110) salarios mínimos legales mensuales.

“10. Las sumas liquidadas deberán ser actualizadas de acuerdo con las formulas adoptada (sic) para tal fin por el H. Consejo de Estado, es decir, se deberán multiplicar por el valor que resulte de dividir el índice final sobre el índice inicial de precios al consumidor.

“11. Las sumas liquidadas devengarán intereses moratorios desde la ejecutoria de esta sentencia.

“Sexto: Niéguense el resto de peticiones.

“Séptimo: si esta sentencia no fuere apelada se consultará si de acuerdo al incidente de liquidación de perjuicios que presente la parte interesada en el término previsto en el art. 172 inciso 2 del C.C.A., tiene vocación de consulta acorde con el art. 7 de la ley 446 de 1998, modificatorio del art. 184 del C.C.A.

“Octavo: Este fallo se cumplirá en los términos señalados en los artículos 176 y 178 del C.C.A.”.

Antecedentes:

Mediante demanda presentada el 12 de diciembre de 2000, los actores, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara administrativamente responsable al departamento de Casanare, por los perjuicios causados, debido a la muerte del señor Ricardo Campos Sánchez y las lesiones padecidas por Josefina Perilla Colmenares y Lucely Vega Alonso, en accidente de tránsito ocurrido en la vía que, de Aguazul conduce a Tauramena Casanare, el 10 de febrero de 1999 (folios 8 a 35, cuaderno 1).

En el presente caso, el señor Orlando Campos Sánchez formuló demanda por la muerte de su hermano Ricardo Campos Sánchez; los demás lo hicieron por las lesiones de Josefina Perilla Colmenares y Lucely Vega Alonso.

En efecto, el grupo familiar de Josefina Perilla Colmenares pidió que se condenara al demandado a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos, a 1000 gramos de oro para la lesionada, la misma suma que fue pedida para su hijo Christian Ricardo Campos Perilla, y el equivalente en pesos, a 500 gramos de oro para cada uno de los hermanos de la lesionada, Amelia, Luisa María, Pilar del Rocío, Luz Aurora, Sara Pubenza, Azucena, Luis Fabián y Aleyda Milena Perilla Colmenares. Por su parte, el señor Orlando Campos Sánchez pidió, el equivalente en pesos, a 500 gramos de oro, por la muerte del hermano (folio 9, cuaderno 1).

El grupo familiar de Lucely Vega Alonso pidió que se condenara al demandado a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos, a 1000 gramos de oro para la lesionada, la misma suma que fue pedida para el compañero permanente Jairo Mora Ramos, para cada uno de los hijos, Lizzette y Heinner Mora Vega, para cada uno de los padres, Arturo Vega González y Rosa María Alonso de Vega, y el equivalente en pesos, a 500 gramos de oro para cada uno de sus hermanos, Oscar Reinaldo y Yasmina Vega Alonso (folio 9, cuaderno 1).

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, los actores pidieron la suma de $ 1.605.300.oo. para Josefina Perilla Colmenares, y la suma de $ 17.687.350.oo para Lucely Vega Alonso; en la modalidad de lucro cesante pidieron la suma de $ 5.308.034.oo para la primera, y la suma de $ 5.869.968.oo. para la segunda (folio 11, cuaderno 1).

Por concepto de perjuicio fisiológico o daño a la vida de relación, los actores pidieron, el equivalente en pesos, a 2000 gramos oro para cada una de las lesionadas.

Según los demandantes, el 10 de febrero de 1999, el señor Ricardo Campos Sánchez, su esposa Josefina Perilla Colmenares, y la señora Lucely Vega Alonso se desplazaban en el vehículo Chevrolet Sprint de placas BFJ-523 por la vía que, de Tauramena conduce a Aguazul, Casanare, sufriendo un aparatoso accidente a la altura de la vereda “Las Atalayas”. Acerca del accidente relataron que, aproximadamente a la 1:45 de la tarde, la volqueta oficial de placas OFJ-748, conducida por el señor Campo Elías Barrera, que se desplazaba en sentido contrario, perdió el control e invadió el carril por el cual transitaban los vehículos Renault 4 de placas AHD 268, conducido por el señor Luis Enrique Herrera Niño, y el vehículo Chevroleth Sprint de placas BFJ 523, conducido por Ricardo Campos Sánchez, colisionando con ellos. Señalaron que, en el accidente, falleció el señor Campos y resultaron gravemente lesionadas las dos acompañantes, y que la colisión se debió a la imprudencia del conductor del vehículo oficial, quien transitaba en una volqueta con exceso de velocidad, en bajada, en plena curva, y por una carretera que se encontraba húmeda por efecto de la lluvia.

La demanda fue admitida mediante auto del 1º de febrero de 2001 y notificada en debida forma (folio 178, cuaderno 1).

El departamento de Casanare se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo que el accidente se debió a la presencia de una causa extraña, puesto que la carretera se encontraba húmeda por efecto de la lluvia, circunstancia constitutiva de fuerza mayor, por ser imprevisible, irresistible y extraña para el conductor del vehículo oficial (folios 182 a 186, cuaderno).

Practicadas las pruebas decretadas mediante auto del 3 de mayo de 2001, y habiendo manifestado la parte demandante la falta de ánimo conciliatorio, el Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (folios 223, 224, cuaderno 1).

El apoderado de la parte actora señaló como causa del accidente, la imprudencia del conductor del vehículo oficial, por no haber tomado las medidas preventivas del caso, si se tiene en cuenta que la colisión de los automotores ocurrió de bajada y en plena curva, y que, para el día de los hechos, la volqueta oficial transitaba con exceso de velocidad por una carretera húmeda (folios 228 a 245, cuaderno 1).

Para el Ministerio Público, el daño sufrido por los demandantes es imputable a la administración, toda vez que fue causado por uno de sus agentes, cuando se encontraba en ejercicio de una actividad peligrosa, y no se demostró que la causa del accidente fuera imputable a las víctimas (folios 225 a 227, cuaderno 1).

La demandada guardó silencio.

La sentencia consultada.

Mediante sentencia del ocho de noviembre de 2001, el Tribunal Administrativo de Casanare condenó al demandado, en los términos transcritos al inicio de esta providencia. Al respecto, señaló:

“De las pruebas examinadas, llegamos en primer lugar, a la conclusión de que el accidente fue provocado por la imprudencia del conductor de la volqueta oficial que como ya lo advertimos, es de propiedad del Departamento de Casanare y estaba conducido por un funcionario de esa misma dependencia, con ello se descarta la excepción de caso fortuito o fuerza mayor propuesta por la demandada, es decir que perfectamente podríamos hablar de la falla en el servicio, pero la verdad es que jurisprudencialmente ha evolucionado el régimen que se debe aplicar para estos casos y hoy en día es unánime la jurisprudencia al decir que por tratarse de una actividad peligrosa estamos en presencia de una presunción de responsabilidad en contra de la administración, es decir, la responsabilidad es objetiva, caso en la cual (sic) basta con demostrar la ocurrencia del accidente para deducir la responsabilidad; obviamente que la demandada puede demostrar lo contrario, acreditando que hubo la intervención de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima, circunstancia que no se presentó en el caso a estudio, pues la demandada no trajo ningún elemento de juicio para romper esa presunción (folio 277, cuaderno 1).

El apoderado de la parte actora solicitó corrección de la sentencia respecto del nombre de la demandante Lucely Vega Alfonso por el de Lucely Vega Alonso y aclaración del numeral 5º de la misma, por cuanto invirtió las sumas de dinero reconocidas por concepto de daño emergente y lucro cesante (folios 287, 288, cuaderno 1).

La sentencia fue aclarada mediante auto del 13 de diciembre de 2001 (folio 289, cuaderno 1).

El 4 de febrero de 2002, el apoderado de la parte actora presentó incidente de liquidación de perjuicios, con el fin de que las condenas impuestas en salarios mínimos legales mensuales vigentes se liquidaran en pesos. Mediante auto del 25 de abril de 2002, el Tribunal aprobó el incidente de liquidación presentado por los actores, previo el traslado concedido al demandado, quien guardó silencio sobre el mismo (folios 1, 6, 12, cuaderno 1).

Mediante auto del 12 de agosto de 2002, el Despacho admitió la consulta de la sentencia del Tribunal, ordenando el traslado a las partes para alegar de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera el concepto (folio 294, cuaderno 4).

La parte actora reiteró lo dicho, en tanto que el demandado y el Ministerio Público guardaron silencio (folios 295 a 309, cuaderno 4).

Consideraciones

Competencia de la Sala

Teniendo en cuenta que la condena impuesta por el Tribunal supera los trescientos salarios mínimos legales mensuales, y como quiera que dicha providencia no fue apelada, siendo el proceso de doble instancia, la Sala encuentra procedente el grado jurisdiccional de consulta, de acuerdo con el art. 184 del C.C.A, modificado por el artículo 57 de la ley 446 de 1998.

Dado que la consulta se entiende interpuesta en favor de las entidades condenadas(1), la Sala se abstiene de emitir pronunciamiento respecto de las pretensiones negadas por el a quo.

Régimen de responsabilidad aplicable

En los casos en que se discute la responsabilidad del Estado por daños causados en ejercicio de actividades peligrosas, como ocurre en el caso de la conducción de vehículos automotores, aquel debe responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado, y solo podrá exonerarse si demuestra una causa extraña en la producción del resultado.

Para definir el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, es necesario reiterar los argumentos expuestos por esta Corporación en sentencia de 19 de julio de 2000, donde se precisó lo siguiente:

“Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó:

“...Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...”.(2)

“Precisó el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, que el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional podía incluirse dentro de los denominados regímenes objetivos, en los que el elemento falla del servicio no entra en juego. En efecto, no está el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración solo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo de causalidad.

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado.

“Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen del responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.(3) La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquellas. En efecto, la conducción de vehículos automotores ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa.(4)

“No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(5).

Pese a lo anterior, y como se dejó dicho, en casos como este, el riesgo se constituye en suficiente factor de imputación del daño, lo cual no excluye, por supuesto, que eventualmente se haya incurrido en una falla del servicio.

La Sala ha considerado necesario presentar, previamente, estas reflexiones que serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, a fin de establecer si está demostrada, en este caso, la responsabilidad de la entidad demandada.

Los demandantes señalaron que el accidente donde perdió la vida el señor Ricardo Campos Sánchez y resultaron lesionadas las señoras Josefina Perilla Colmenares y Lucely Vega Alonso, se debió a la negligencia e impericia del conductor del vehículo oficial Campo Elías Barrera, quien transitaba, en bajada, con exceso de velocidad y por una carretera húmeda, circunstancias que le hicieron perder el control del automotor, e invadir el carril contrario por el cual se desplazaba el Chevroleth Sprint de placas BFJ 523, provocando el trágico accidente que acabó con la vida del citado señor y dejó lesionadas gravemente a sus dos acompañantes. A su juicio, se encuentran acreditados los elementos que configuran la responsabilidad del ente demandado, razón por la cual deberá ser condenado al pago de los perjuicios causados a los actores.

Traslado de pruebas:

Los demandantes solicitaron el traslado de las pruebas obrantes en el proceso contencioso administrativo No 2000/283, iniciado por Josefina Perilla Colmenares y otros, contra el departamento de Casanare, por la muerte del señor Ricardo Campos Sánchez, así como las obrantes en el proceso penal adelantado contra Campo Elías Barrera Parada, solicitud que fue coadyuvada por la demandada (folios 26, 185, cuaderno 1).

En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado, en otras ocasiones que, en los eventos en que el traslado de las rendidas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(6). En este caso, las pruebas trasladadas podrán valorarse en este proceso, teniendo en cuenta que fueron solicitadas por el demandante y la solicitud coadyuvada por el demandado.

El caso concreto

Con fundamento en las pruebas practicadas en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

a. El 10 de febrero de 1999, en la vía que de Tauramena conduce a Aguazul, Casanare, murió el señor Ricardo Campos Sánchez y resultaron lesionadas las señoras Josefina Perilla Colmenares y Lucely Vega Alonso, como consecuencia de un accidente de tránsito causado por la volqueta de placas OFJ-748, que invadió el carril contrario por el cual se desplazaban las víctimas en el vehículo Chevroleth Sprint de placas BFJ 523 (folios 13 a 15, 18 a 20, cuaderno 2). El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Casanare, determinó que el señor Campos falleció por “Choque neurogénico secundario a politraumatismo severo en cara y cabeza, con hipertensión endocraneana en accidente de tránsito” (folio 48, cuaderno 2). Así lo acredita también el acta de levantamiento del cadáver y el registro civil de defunción de la víctima (folios 65 a 67, cuaderno 2, folio 56, cuaderno 1). De igual forma, el dictamen médico legal de Josefina Perilla Colmenares determinó: “presenta cicatrices quirúrgicas en número de 2 de 25 X 1 y 16 X 1 centímetros en caras externas de muslo y pierna izquierda por osteosíntesis de fractura de fémur y peroné izquierdos, cicatrices en número de 9 de 8 X 1 centímetros la mayor y de 1 X 1 centímetros la menor en cuero cabelludo de región fronto-parietal izquierda, dedos de mano derecha, dorso nasal, pierna derecha calcáneo izquierdo” (folio 58, cuaderno 2), y el de Lucely Vega Alfonso dictaminó: “Presenta cicatriz antigua de 8.0 x 0.3 centímetros en región mentoniana visible, notoria a 2 metros (ostensible), en forma de c, deprimida, hipocrómica y rosada; cicatriz antigua de 7.0 x 35 centímetros en pierna izquierda, cara anterior, tercio proximal, visible, notoria a 2 metros (ostensible), atrófica y deprimida; cicatrices quirúrgicas en número de 2 de 12 x 0.8 y 8 x 0.5 centímetros en muslo derecho, cara externa, tercios medio y distal, hipocrómicas levemente queloides, visibles, notorias a 2 metros (ostensibles)” (folio 64, cuaderno 2).

b. Sobre la forma como sucedieron los hechos, obra el informe de accidente de la Inspección Municipal de Policía de Aguazul, Casanare, según el cual, el 10 de febrero de 1999, aproximadamente a la 1:45 p.m., en la vía Aguazul-Tauramena, vereda “Las Atalayas”, colisionaron los vehículos de placas OFJ-748 conducido por Campo Elías Barrera, el vehículo de placas AHD 268 conducido por Luis Enrique Niño, y el vehículo de placas BFJ 253 conducido por Ricardo Campos Sánchez. Según el citado informe, el vehículo de placas OFJ 748 invadió el carril por el cual transitaban los dos automóviles produciéndose el impacto. Respecto de las características del lugar donde ocurrió el accidente, el informe señaló que se trata de una vía de dos carriles, en sentido contrario, inclinada y curva, y que, para el día de los hechos, se encontraba húmeda por efecto de la lluvia (folios 13 a 20, cuaderno 2).

c. La Directora Administrativa de Personal de la Gobernación de Casanare certificó que Campo Elías Barrera Parada, en la fecha de los hechos, laboraba en la Administración Departamental, según contrato de trabajo No 097 de dos de octubre de 1991, desempeñando el cargo de conductor 2, código 00210, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Transporte (folio 7, cuaderno 3). El Director de Tránsito y Transporte de Casanare certificó que el propietario de la volqueta de placas OFJ 748 era Coinco Ltda., y la Gobernación de Casanare (folio 59, cuaderno 1).

De lo anterior, se deduce que el 10 de febrero de 1999, en la vereda “Las Atalayas”, departamento de Casanare, el vehículo oficial, tipo volqueta, de placas OFJ 748, conducido por Campo Elías Barrera Parada, el cual transitaba por la vía que de Aguazul conduce a Tauramena Casanare, perdió el control, e invadió el carril contrario, colisionando con los vehículos de placas AHD 268, conducido por Luis Enrique Herrera Niño, y BFJ 523, conducido por Ricardo Campos Sánchez, quienes se desplazaban en el sentido contrario de la vía. Como consecuencia del accidente, falleció el señor Campos Sánchez en el Hospital Juan Hernando Urrego de Yopal, Casanare, y resultaron gravemente lesionadas, las señoras Josefina Perilla Colmenares y Lucely Vega Alonso.

Se encuentra, entonces, acreditado el daño sufrido por los demandantes y el hecho generador de ese daño.

d. Según los demandantes, la causa del hecho fue la imprudencia del agente estatal, por conducir con exceso de velocidad cuando la vía se encontraba húmeda, circunstancia que lo hizo perder el control del vehículo oficial, e invadir el carril contrario por el cual se desplazaban los automotores de placas BFJ 523 y AHD 268, colisionando fuertemente con estos.

Al respecto, obra en el proceso el testimonio de Luis Enrique Herrera Niño, prueba trasladada del proceso contencioso administrativo No 2000/283, seguido por Josefina Perilla Colmenares contra el departamento de Casanare, por la muerte del señor Ricardo Campos Sánchez, quien sobre los hechos sucedidos, señaló:

“Siendo más o menos las 2 o 2:15 de la tarde del 10 de febrero de 1999, veníamos con mi papá y una hermana en el vehículo Renault 4 de placas AHD 268, veníamos de Bogotá, caía una leve llovizna, detrás de nosotros venía un Esprint (sic) color rojo, cuando al coger la curva en el sector de Río Chiquito vimos que una volqueta venía de lado a lado, sin control, comenté eso con mi papá a quien le dije se nos vino esa volqueta encima, Dios mío, yo le saqué el quite pero el Esprint (sic) que venía detrás de nosotros no, después del accidente como a nosotros no nos pasó nada, nos bajamos y fuimos a averiguar que pasaba con el señor de la volqueta, porque había tratado de atropellarnos así, y vimos que los del esprin había (sic) resultado lesionados; comentamos con el señor de la volqueta que le había pasado, y me dijo que el piso estaba liso por la lluvia y que había perdido el control. Preguntado: Díganos si usted venía manejando el Renault 4 a que hizo mención anteriormente. Contestó: Si señor, yo venía conduciendo el vehículo (...) cuando le sacamos el cuerpo a la volqueta, esta nos dio con el platón en la parte de atrás del Renault en el cual salimos dando vueltas, y cuando colisionó la volqueta con el Esprin (sic) no me di cuenta. Preguntado. Aclárenos si el conductor de la volqueta invadió el carril derecho de ustedes y si algo similar ocurrió con el automóvil Esprin (sic) rojo. Contestó: Sí la volqueta invadió el carril derecho por donde nosotros veníamos, y también la parte del Sprin (sic) porque ese venía detrás de nosotros. Preguntado: A qué distancia venía el Esprin (sic) rojo de ustedes. Contestó: Yo creo que a unos cuarenta metros. Preguntado: Usted se pudo dar cuenta qué personas resultaron lesionadas en ese accidente. Contestó: Las personas lesionadas fueron tres, una señora que venía en la parte posterior del vehículo Esprint (sic), cuando la sacamos del carro nos dimos cuenta que tenía partidas las dos piernas y estaba inconsciente y tenía partida una pierna (...) Nosotros veníamos a un promedio de velocidad 50-60, relativamente ahí es una subida y uno no va muy impulsado, la volqueta yo creo que venía a un promedio 70-80, ella viene bajando Preguntado: Indíquele al Despacho si observó usted en que parte del Esprint (sic) impactó la volqueta? Contestó: La parte que impactó la volqueta con el Esprint (sic), más que todo de frente donde estaba el conductor del Esprint (sic), porque la volqueta rompió el motor, parabrisas y toda la parte delantera del Esprint (sic)”. Folio 119, cuaderno 2).

Por su parte, Campo Elías Barrera, conductor del vehículo oficial manifestó en la Inspección Municipal de Policía lo siguiente:

“Me desplazaba de Yopal al Municipio de Villanueva, faltaba más o menos quince minutos para las dos (2:00) de la tarde, en ese momento estaba lloviendo y al coger la curva fui disminuyendo la velocidad y la volqueta al frenarla dio una vuelta porque el piso estaba liso, no la pude controlar y fue cuando colisioné con los dos (2) vehículos (folio 13, cuaderno 2).

Según el croquis del accidente de tránsito, la colisión de los vehículos ocurrió en el carril derecho de la vía que de Tauramena conduce a Aguazul, es decir, sobre el carril por el cual transitaban los vehículos de placas VFJ 523 y AHD 268 (folio 19, cuaderno 2).

De lo dicho por el señor Campo Elías Barrera, conductor del vehículo oficial causante del accidente, y Luis Enrique Herrera Niño, conductor del vehículo de placas AHD 268, testigo presencial de los hechos, se infiere que el agente estatal perdió el control del automotor en una curva, debido a que la carretera se encontraba húmeda, e invadió el carril contrario por el cual se desplazaban los dos vehículos afectados, colisionando con el de placas AHD 268, en primer lugar, y posteriormente con el de placas BFJ 523, falleciendo el conductor de este último, y resultando gravemente heridas sus dos acompañantes. Según versión del conductor de la volqueta oficial, este perdió el control del vehículo en una curva, debido a que el lugar se encontraba húmedo por efecto de la lluvia. Para Luis Enrique Herrera, quien resultó involucrado en la colisión, fue imposible evitar el impacto con la volqueta oficial, debido a que esta invadió completamente el carril por el cual transitaba, recibiendo un golpe en el costado izquierdo posterior del vehículo que conducía; sin embargo, no sufrió ninguna lesión, tampoco las personas que lo acompañaban. No ocurrió lo mismo con los ocupantes del Chevrolet Sprint, quienes marchaban detrás de su vehículo, pues la volqueta los impactó de frente, causando la muerte al señor Ricardo Campos y lesiones graves a sus dos acompañantes.

A juicio de los demandantes, el exceso de velocidad del vehículo oficial, aunado a la imprudencia de su conductor, por transitar a altas velocidades por una pendiente, en una carretera que se encontraba húmeda, fueron las causas del trágico accidente en el que perdió la vida el señor Campos y resultaron lesionadas las señoras Vega y Perilla.

Sobre las imputaciones formuladas por los demandantes, está probado en el proceso que el accidente ocurrió en una curva, y que, para el día de los hechos, la carretera se encontraba húmeda; no obstante lo anterior, no está acreditado el exceso de velocidad atribuido por los actores al automotor oficial, pues, ni el informe de accidente, ni los testigos presenciales del hecho, hacen alusión a ello. En efecto, el informe de las autoridades de tránsito no señala como posibles causas del accidente, el exceso de velocidad del vehículo oficial (folios 16 a 20, cuaderno 2). Tampoco se menciona dicha circunstancia en la declaración del conductor del Renault 4 que colisionó inicialmente con la volqueta: “Nosotros veníamos a un promedio de velocidad 50-60, relativamente ahí es una subida y uno no va muy impulsado, la volqueta yo creo que venía a un promedio 70-80, ella viene bajando” (folio 119, cuaderno 2). Si bien esta última afirmación no es indicativa de que el vehículo oficial transitara con exceso de velocidad, pues lo hacía dentro de los límites autorizados por las disposiciones de tránsito(7), la misma pudiera parecer exagerada, atendiendo a las circunstancias que presentaba la vía al momento del accidente.

Por su parte, el ente demandado atribuyó el accidente al estado de la vía, si se tiene en cuenta que el piso estaba liso por efecto de la lluvia, circunstancia que, a su juicio, es constitutiva de fuerza mayor, y por ende, causal eximente de responsabilidad. 

En un régimen de responsabilidad por riesgo, como es el caso de las actividades peligrosas, la fuerza mayor, considerada como una causa extraña, que es imprevisible, irresistible y externa a la esfera jurídica del demandado, se convierte en un factor eximente de responsabilidad, capaz de romper el nexo de causalidad entre el hecho imputable a la administración y el daño. A diferencia del caso fortuito, que proviene de la estructura de la actividad del demandado, que puede ser desconocido y permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño.(8) 

Teniendo en cuenta lo afirmado por la demandada, la Sala procederá a determinar, si las condiciones de humedad que presentaba la vía, el día de los hechos, fue constitutiva de fuerza mayor, y si esta es la causa determinante del daño. 

Como se dijo anteriormente, la fuerza mayor, considerada como causa extraña, tiene la característica de ser externa, irresistible e imprevisible para el demandado. La exterioridad supone que el hecho constitutivo de la fuerza mayor es extraño al demandado que se ampara en él, en tanto que lo imprevisible escapa a las previsiones normales del caso, y lo irresistible supone que, a pesar de las medidas adoptadas por el demandado, le fue imposible evitar que el hecho se presentara, por escapar por entero a su control. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el estado húmedo que presentaba la vía el día de los hechos, las condiciones topográficas del lugar donde ocurrió la colisión, y las características del vehículo oficial, resulta menester preguntarse, si el accidente era previsible, y de ser ello así, si este era evitable. 

Para la Sala es evidente que la presencia de los factores señalados anteriormente, obligaban al conductor del vehículo oficial a extremar las medidas de precaución; sin embargo, parece que ello no ocurrió, pues de haberlo hecho, lo más seguro es que el accidente no hubiese ocurrido. Debe tenerse presente que el señor Campo Elías Barrera descendía en un vehículo pesado por una carretera húmeda, y al realizar una maniobra de frenado en plena curva, perdió el control, invadió el carril y se llevó por delante a los dos automóviles que transitaban en sentido contrario. 

Para la Sala es obvio que, en este caso, no se acreditaron los elementos constitutivos de fuerza mayor como lo alegó el demandado, pues la circunstancia de que el accidente ocurriera en una vía que se encontraba húmeda, no es un hecho que resultara imprevisible para el conductor del vehículo oficial, ni mucho que este fuera irresistible, pues, como se dijo, de haberse tomado las debidas precauciones, el accidente no hubiese ocurrido. 

En consecuencia, resultan infundadas las razones aducidas por el ente demandado, en cuanto a que el accidente en el que perdió la vida el señor Campos y resultaron lesionadas las señoras Perilla Colmenares y Vega Alonso, se debió a la presencia de un caso de fuerza mayor. 

No obstante que hay riesgo, puesto que el Estado estaba a cargo de la actividad riesgosa que produjo el daño, sin que exista causal eximente de responsabilidad, resulta claro que, en el caso concreto, se presentó una culpa del conductor oficial que constituye, sin duda, una falla del servicio. 

Por lo demás, en este caso, tampoco hubo lugar a la presencia de un caso fortuito, el cual, como se advirtió ab initio, no constituye una causa extraña que exima de responsabilidad al demandado, pues dicho accidente, no solo fue previsible y resistible para el conductor del vehículo oficial, sino que fue este quien, con su conducta, propició el resultado. 

Se concluye, entonces, que la causa eficiente del aparatoso accidente en el que perdió la vida una persona y resultaron lesionadas otras dos, fue la conducta imprudente del agente estatal, y como quiera que el demandado no demostró la presencia de una causa extraña en su ocurrencia, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare, que lo condenó al pago de los perjuicios causados a los actores. 

3. Indemnización de perjuicios.

Antes de entrar a hacer cualquier clase de consideraciones con relación al reconocimiento de perjuicios, la Sala advierte que el grado jurisdiccional de consulta fue instituido en favor de las entidades demandadas, razón por la cual, la decisión que se profiera, en este caso, no podrá agravar la condena impuesta por el juzgador de primera instancia; sin embargo, esta se podrá aminorar si así lo estima probado el juez, luego de valorar las pruebas obrantes en el proceso que conduzcan a una conclusión semejante.

Grupo Familiar Campos Perilla.

En cuanto a los perjuicios morales ocasionados al grupo familiar Campos Perilla, se encuentra acreditado en el proceso que, del matrimonio de Josefina Perilla Colmenares y Ricardo Campos Sánchez (occiso) es hijo legítimo, Cristhian Ricardo Campos Perilla, de acuerdo con los registros de matrimonio y de nacimiento provenientes de la Notaría Única del Círculo de Monterrey, Casanare (folios 38, 39, cuaderno 1). También está acreditado el parentesco de la señora Perilla Colmenares con Amelia, Luisa María, Pilar del Rocío, Luz Aurora, Sara Pubenza, Azucena, Luis Fabián, Aleyda Milena Perilla Colmenares, de conformidad con el registro civil de nacimiento y de matrimonio de Luis Benigno Perilla Rojas y Elena Colmenares Ramírez provenientes de la Notaría Única de Monterrey, Casanare (folios 40 a 48, cuaderno 1). Así mismo está demostrado el parentesco de Orlando Campos Sánchez con el occiso, quienes tenían por padres a Adolfo Campos Morales y María Eva Sánchez Martínez, de conformidad con el registro civil de matrimonio y de nacimiento provenientes de la Notaría Única de Monterrey, Casanare (folios 36, 37, cuaderno 1).

Están demostradas en el proceso, las buenas relaciones de los miembros de la familia Perilla Colmenares, de acuerdo con las declaraciones de María Concepción Pérez López, quien señaló: “ellos se visitan constantemente, siempre se vio mucha unidad en esa familia, ellos sufren con lo que le pasó a la hermana” (folios 224 a 227, cuaderno 1). Por su parte, Zoraida Barreto Arias manifestó: “Igualmente guardaban una estrecha relación en razón a que ha sido una familia muy unida, se vicitaban (sic) constantemente, los observo reunidos en fechas especiales (...) “sus hermanos, su hijo Cristian Ricardo y creo que en general su familia sufren porque en varias ocasiones que la visité he encontrado los miembros de su familia acompañándola, deprimidos” (...) “Josefina está moralmente destrozada porque la vida le ha cambiado totalmente su estado de ánimo, su comportamiento permite observar fácilmente el cambio radical de ella y su estado anímico, al igual que la familia porque aún ellos mantienen atentos a visitarla y a acompañarla y se observan deprimidos porque ella no ha mejorado al no quedar en las mismas circunstancias que antes” (folios 227 a 229, cuaderno 1).

Igualmente están probadas las buenas relaciones de Orlando Campos Sánchez con el occiso, tal como se desprende de las declaraciones de José Patrocinio Soler, según el cual: “las relaciones con su señora madre y sus hermanos fueron cálidas, de respeto, de arminía (sic), de mucho parecio” (sic) (...) “el trato con sus hermanos fue el mejor, siendo uno de los hermanos mayores y dado que sus condiciones económicas le permitían, el solía comentar que le correspondía y lo hacía con gusto ayudarlos en la parte económica y siendo también uno de los que mayor formación académica tenía, estaba pronto a orientarlos cuando era necesario (folios 79 a 83, cuaderno 1). Sobre las buenas relaciones del occiso Ricardo Campos Sánchez con sus hermanos también dan cuenta las declaraciones de Aura Susana Roa (folios 84 a 87, cuaderno 1), y Mariela Romero Pulido (folios 89 a 91, cuaderno 1).

Grupo Familiar Mora Vega

En cuanto a los perjuicios morales causados al grupo familiar Mora Vega, está probado que, de la unión libre de Lucely Vega Alonso y Jairo Mora Ramos, son hijos extramatrimoniales Edna Lizzette y Heinner Andrés Mora Vega, de conformidad con los registros civiles de nacimiento provenientes de la Notaría Única de Monterrey, Casanare (folios 55, 56, cuaderno 1). De igual manera está acreditado que, del matrimonio de Arturo Vega González y Rosa María Alonso Moreno, son hijos legítimos Lucely, Oscar, Reinaldo y Yasmina Vega Alonso, de conformidad con los registros civiles de matrimonio y de nacimiento provenientes de la Notaría Única de Monterrey, Casanare (folios 49 a 53, cuaderno 1).

Están acreditadas igualmente las buenas relaciones de los miembros de la familia Mora Vega y Vega Alonso, de conformidad con las declaraciones de Fernando Rodríguez Sandoval, quien manifestó que la señora Lucely Vega vive en unión libre desde hace más de 15 años con el señor Jairo Mora Ramos, relación de la cual son fruto Lizette y Heinner Mora Vega, familia que se caracteriza por sus fuertes lazos de amor y solidaridad, los mismos que identifican a los de la familia Vega Alonso, pues la afectada mantiene excelentes relaciones con los padres y con los hermanos. Sobre el particular manifestó:

“Las relaciones de familia con los padres fue muy buena, ella vivía pendiente de ellos en colaborarles económicamente, ella era el soporte familiar y en la parte afectiva era la que movía la casa, era el eje de esa familia, con los hijos ella era el centro de la vida de ellos, estaba pendiente de ellos y en este momento se nota porque los niños sufren mucho por el estado en que quedó ella(...) “Con Jairo su esposo fue una relación de mucho afecto, de mucha integración social, iban a todo lado juntos, les gustaba mucho el baile, asistían a reuniones de amigos(...) “con los hermanos Lucely era la que estaba mejor, era el eje central de la familia, todo se lo comentaban a ella, era la protectora, económicamente les colaboraba” (folio 214, cuaderno 2).

Por su parte, Lupe Consuelo Cendales Colmenares manifestó que la afectada mantiene excelentes relaciones con toda su familia, y que las lesiones sufridas en el accidente de tránsito afectaron a todos sus miembros por igual (folios 217 a 220, cuaderno 2). En igual sentido se pronunció Teresa del Pilar Pérez (folios 220 a 223, cuaderno 2).

Acreditadas las relaciones de parentesco de los demandantes, y los testimonios que se acaban de relacionar, puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que los actores citados tenían un nexo afectivo importante con las víctimas, que determinó la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos, y que, por lo tanto, la muerte de Ricardo Campos Sánchez produjo en su hermano, un profundo pesar y dolor, el mismo que padecieron las señoras Lucely Vega y Josefina Perilla, al igual que los miembros de sus familias. Pueden considerarse suficientes, entonces, las pruebas del parentesco aportadas al proceso, y las declaraciones referidas para tener demostrado el daño moral reclamado por los demandantes.

Conforme a lo expresado en sentencia reciente, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado(9).

En este caso, la Sala condenará a la demandada a pagar a Orlando Campos Sánchez, por este concepto, el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma $ 16.320.000.oo., por la muerte de su hermano; para Josefina Perilla Colmenares, el equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma de $ 32.640.000.oo.; para Cristhian Ricardo Campos Colmenares, hijo de la lesionada, el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales, esto es, la suma de $ 16.320.000.oo.; para cada uno de los hermanos de la lesionada, Amelia, Luisa María, Pilar del Rocío, Luz Aurora, Sara Pubenza, Azucena, Luis Fabián y Aleyda Milena Perilla Colmenares, el equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma de $ 6.120.000.oo.

De igual manera, la Sala condenará a la demandada a pagar a Lucely Vega Alonso, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma de $ 32.640.000.oo.; para su compañero permanente, Jairo Mora Ramos, y para cada uno de sus dos hijos, Edna Lizzette y Heinner Mora Vega, el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma de $ 16.320.000.oo.; para cada uno de los padres, Arturo Vega González y Rosa María Alonso, el equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma de $ 12.240.000.oo.; para cada uno de los hermanos, Oscar, Reinaldo y Yazmina Vega Alonso, el equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales, esto es, la suma de $ 6.120.000.oo.

Para la Sala es claro que las víctimas sufrieron, a más de un daño moral, un daño a la vida de relación. Las afectaciones que constituyen el primero han sido explicadas y, se refieren, especialmente, a la preocupación y la angustia que les produjo la gravedad de las lesiones padecidas. Pero, además, es evidente que las señoras Perilla Colmenares y Vega Alonso se vieron afectadas por la imposibilidad de realizar aquellas actividades que normalmente desarrollaban. Al respecto, Fernando Rodríguez Sandoval, con relación a la situación que padece la señora Vega Alonso, dijo: “en este momento ella como quedó físicamente ya no puede bailar, ella tenía mucha chispa antes pero hoy ya no” (...) “hoy en día ella se encuentra en generales (sic) es otra persona muy distinta, muy insegura, perdió la malicia, no tiene una charla agradable, mentalmente no asimila, no genera ideas, es retraída, nerviosa, tiene pérdida de la memorial (sic), físicamente quedó muy acabada, quedó coja, la parte facila (sic) quedó desfigurada, al hablar quedó mal” (folio 215, cuaderno 2). La misma situación padece la señora Perilla Colmenares, según lo dicho por María Concepción López: “En cuanto a lo laboral antes ella era muy activa, participaba en danzas, baloncesto y en el colegio se veía que era muy activa. Familiarmente vivía muy unida con su esposo, se veía muy alegre, se veía muy unida, y ahora pues ha cambiado bastante, ya no participa porque ya no puede por el impedimento que tiene en la pierna, se le dificulta jugar con los niños y desempeñarse en enseñar danzar (sic), no puede jugar baloncesto y en cuanto a la vida familiar muy deprimida, yo boy (sic) a la casa y la encuentro llorando, ya casi no sale, pues las relaciones han cambiado muchísimo, antes me visitaba y ahora no, se invita a salir (sic) y ya no quiere salir” (folio 225, cuaderno2).

Sobre el contenido y alcance del daño a la vida de relación, esta Sección ha tenido la oportunidad de precisar las diferencias existentes entre este concepto y el daño moral. Respecto del primero, dijo:

“...aquella afectación puede tener causa en cualquier hecho con virtualidad para provocar una alteración a la vida de relación de las personas, como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de este por otra persona (situaciones a las que alude, expresamente, el artículo 4º del Decreto 1260 de 1970), o un sufrimiento muy intenso (daño moral), que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de una persona. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la pérdida económica es tan grande que – al margen del perjuicio material que en sí misma implica – produce una alteración importante de las posibilidades vitales de las personas...”.(10) (Subrayas propias).

En consecuencia, como se pretende la indemnización por la grave afectación extrapatrimonial en la vida exterior de las víctimas, la cual se demostró, la Sala confirmará el monto concedido por el Tribunal a la señora Josefina Perilla Colmenares, es decir, el equivalente a 90 salarios mínimos legales mensuales, esto es, la suma de $ 36.720.000.oo., y reducirá al mismo valor, el monto concedido a la señora Lucely Vega Alonso por dicho concepto.

En cuanto al daño emergente, está acreditado en el proceso que la señora Josefina Perilla Colmenares pagó a Margarita Aguilera, la suma de $ 1.500.000.oo., por concepto de los servicios prestados en su recuperación, desde el 12 de febrero al 20 de agosto de 1999, según recibo de pago obrante a folio 167, del cuaderno 2, lo cual fue confirmado por la señora Aguilera, según declaración obrante a folio 231, del cuaderno 2. Dicha suma será actualizada con la siguiente fórmula:

F1131
 

Por su parte, Jairo Mora Ramos, compañero permanente de la señora Lucely Vega, pidió, por concepto de daño emergente, la suma de $ 4.200.000.oo., suma que, según dijo, pagó a los señores Gilma Olarte Romero y Gilberto Álvarez Serrano, quiénes fueron contratados para atender un almacén de su propiedad, puesto que este debió dedicarse al cuidado de su esposa, según recibos de pago No 005 y No 006, obrantes a folios 168, 169 del cuaderno 2. No obstante lo anterior, y las afirmaciones de los citados señores, según las cuales laboraron en el almacén denominado “El Establo”, de propiedad del señor Mora (folio 255, cuaderno 2), no se acreditó que dicho vínculo laboral estuviera relacionado con el accidente que sufrió la señora Vega, razón por la cual, en este caso, tales sumas de dinero no serán tenidas en cuenta para efectos de indemnizar el daño emergente. También pidió la suma de $ 7.495.350.oo., por concepto de transporte, gastos médicos, odontológicos, terapias y drogas, sumas que se encuentran acreditadas con los recibos de pago obrantes a folios 168 a 191 del cuaderno 2, y folios 151 a 157 del cuaderno 1. En este caso, el Tribunal condenó a la demandada a pagar a la señora Lucely Vega Alonso, por este concepto, la suma de $ 12.280.000.oo., la cuál será reducida al valor antes señalado, precisando que esta se hará efectiva a favor del señor Jairo Mora Ramos, quien fue la persona que acreditó el pago. Dicha suma será actualizada con la siguiente fórmula:

F1132
 

En cuanto a los perjuicios materiales, por concepto de lucro cesante, se tiene que Josefina Perilla Colmenares es licenciada en Educación Primaria y Promoción de la Comunidad, grado 13, vinculada al Fondo Educativo Departamental de Casanare, y que, para la fecha de los hechos, febrero 10 de 1999, devengaba un salario mensual de $ 1.641.665.oo., según certificaciones obrantes a folios 61 y 62 del cuaderno 1.

La señora Perilla Colmenares estuvo incapacitada desde el 13 de febrero de 1999, hasta el 10 de junio siguiente, y desde el 21 de julio de 1999, hasta el 29 de agosto siguiente, según certificación laboral de la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio de Casanare, periodos en los cuáles le fue concedida una licencia por enfermedad, según resoluciones Nos 0400598, 0400780, 0401128 y 0401737 de 1999, expedidas por el Secretario General de la Gobernación de Casanare, recibiendo una asignación mensual equivalente a las 2/3 partes del salario, es decir, dejó de percibir la suma de $ 4.088.888.oo. por los 115 días que estuvo incapacitada (folios 91 a 99, cuaderno 1). No obstante lo anterior, el Tribunal le concedió, por este concepto, la suma de $ 2.517.212.oo., y como quiera que la sentencia no fue apelada, y conoce la Sala de este asunto, por el grado jurisdiccional de consulta, el cual, como se dijo, opera en favor de la demandada, se reconocerá a la señora Josefina Perilla Colmenares, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 2.517.212.oo. Dicha suma será actualizada con la siguiente fórmula:

F1133
 

Con relación al lucro cesante sufrido por la señor Lucely Vega Alonso, se tiene que, para la fecha de los hechos, laboraba en la Escuela Rural Villacarola del municipio de Monterrey, como Licenciada en Educación Preescolar y Promoción de Familia, grado 13, con una asignación mensual de $ 1.630.561.oo., según certificaciones obrantes a folios 63 y 64 del cuaderno 1.

La señora Vega Alonso estuvo incapacitada desde el 10 de febrero de 1999, hasta el 12 de junio siguiente, y desde el 12 de julio de 1999, hasta el 8 de septiembre siguiente, según certificación laboral de la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio de Casanare, periodos en los cuáles le fue concedida una licencia por enfermedad, según Resoluciones Nos 0400892, 0400998, 0401658 y 0401844 de 1999, expedidas por el Secretario General de la Gobernación de Casanare, recibiendo una asignación mensual, equivalente a las 2/3 partes de su salario, es decir, dejó de percibir la suma de $ 6.449.774.oo., por los 178 días que estuvo incapacitada (folios 100 a 111, cuaderno 1). En este caso, el Tribunal condenó a la demandada a pagar a la víctima, por este concepto, la suma de $ 2.717.561.oo., y como quiera que la sentencia no fue apelada, y conoce la Sala de este asunto, por el grado jurisdiccional de consulta, el cual, como se dijo anteriormente, opera en favor de la demandada, se condenará al departamento de Casanare a pagar a la señora Lucely Vega Alonso, la suma de $ 2.717.561.oo. Dicha suma será actualizada con la siguiente fórmula:

F1134
 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 8 de noviembre de 2001.

2. DECLÁRASE responsable al departamento de Casanare, de la muerte del señor Ricardo Campos Sánchez, y de las lesiones causadas a Josefina Perilla Colmenares y Lucely Vega Alonso.

3. CONDÉNASE al departamento de Casanare, a pagar, por concepto de perjuicios morales, las sumas de dinero que se relacionan a continuación:

Para Orlando Campos Sánchez, la suma de dieciséis millones trescientos veinte mil pesos ($ 16.320.000.oo). m/cte.

Para Josefina Perilla Colmenares, la suma de treinta y dos millones seiscientos cuarenta mil pesos ($ 32.640.000.oo) m/cte.

Para Christhian Ricardo Campos Colmenares, la suma de dieciséis millones trescientos veinte mil pesos ($ 16.320.000.oo) m/cte.

Para Amelia, Luisa María, Pilar del Rocío, Luz Aurora, Sara Pubenza, Azucena, Luis Fabián y Aleyda Milena Perilla Colmenares, la suma de seis millones ciento veinte mil pesos ($ 6.120.000.oo) m/cte., para cada uno.

Para Lucely Vega Alonso, la suma de treinta y dos millones seiscientos cuarenta mil pesos ($ 32.640.000.oo) m/cte.

Para Jairo Mora Ramos, Lizette Mora Vega y Heiner Mora Vega, la suma de dieciséis millones trescientos veinte mil pesos ($ 16.320.000.oo) m/cte., para cada uno de ellos.

Para Arturo Vega González y Rosa María Alonso de Vega, la suma de doce millones doscientos cuarenta mil pesos ($ 12.240.000.oo) m/cte., para cada uno de ellos.

Para Oscar, Reinaldo y Yazmina Vega Alonso, la suma de seis millones ciento veinte mil pesos ($ 6.120.000.oo) m/cte., para cada uno de ellos.

4. CONDÉNASE al departamento de Casanare a pagar a Josefina Perilla Colmenares y Lucely Vega Alonso, por concepto de daño a la vida de relación, la suma de treinta y dos millones seiscientos cuarenta mil pesos ($ 32.640.000.oo) para cada una de ellas.

5. CONDÉNASE al departamento de Casanare a pagar a Josefina Perilla Colmenares, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de dos millones cuatrocientos quince mil doscientos treinta y cinco pesos ($ 2.415.235.oo) m/cte., y para Jairo Mora Ramos, por el mismo concepto, la suma de doce millones sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos ($ 12.069.432.oo) m/cte.

6. CONDÉNASE al departamento de Casanare a pagar a Josefina Perilla Colmenares, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de cuatro millones cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y seis pesos ($ 4.053.356.oo) m/cte., y para Lucely Vega Alonso, la suma de cuatro millones trescientos setenta y cinco mil novecientos sesenta y nueve pesos ($ 4.375.969.oo) m/cte., por el mismo concepto.

Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese.

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez, Presidente de la Sala—Alier E. Hernández EnríquezRuth Stella Correa Palacio—Ramiro Saavedra Becerra—Fredy Ibarra Martínez.

1 Código Contencioso Administrativo, artículo 184, inciso cuarto.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 20 de febrero de 1989. Expediente 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez.

3 Ver, entre otras, sentencia de la Sección III, del 16 de junio de 1997. Expediente 10024. M.P. Ricardo Hoyos Duque.

4 Ver, en el mismo sentido, sentencia del 16 de marzo de 2.000. Expediente 11.670. Actor Martiniano Rojas y otros.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de junio de 2000, expediente: 11.688, actores: Hernando Miranda González y otros.

6 Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789

7 El artículo 106 del Decreto 1344 de 1.970, aplicable para la fecha en que ocurrió el accidente, señalaba que “La velocidad máxima permitida en zonas rurales será de ochenta (80) Kilómetros por hora. En los trayectos de las autopistas y vías arterias en que las especificaciones de diseño y las condiciones así lo permitan, las autoridades podrán autorizar velocidades máximas hasta de (100) kilómetros por hora por medio de señales adecuadas.
“Parágrafo. De acuerdo con las características de operación de la vía y las clases de vehículos, las autoridades de tránsito competentes determinarán la correspondiente señalización y las velocidades máximas y mínimas permitidas.

8 Ver, entre otras, sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 19 de julio de 2000, expediente 11.842.

9 Consultar sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646.

10 Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 11.842, actor: José Manuel Gutiérrez Sepúlveda y otros.