Sentencia 2001-00117 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 18001-23-31-000-2001-00117-02(30408)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero

Actor: Ismael Correa Hurtado y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional

Referencia: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014).

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 2 de diciembre de 2004, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá negó las pretensiones de la demanda. La sentencia será revocada.

Síntesis del caso

El 5 de mayo de 1999 a las 5:30 p.m., se presentó un accidente en la calle 18 con carrera 12 de la ciudad de Florencia, Caquetá, en el que resultó lesionado el menor Rosemberg Ismael Correa Godoy luego de ser arrollado por una volqueta de propiedad del Ejército Nacional conducida por el señor Nelson Fajardo, miembro activo de dicha institución.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

Mediante demanda presentada el 7 de mayo de 2001, Ismael Correa Hurtado y Myriam Godoy Peña, en nombre propio y representación de sus hijos Duber Andrés, Leonard Smith, Érika Marcela y Rosemberg Ismael Correa Godoy, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del CCA, solicitaron que se declarara administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por las lesiones sufridas por el menor Rosemberg Ismael Correa Godoy al ser arrollado por un vehículo tipo volqueta de propiedad de la mencionada entidad (f. 1 a 14, c. 1).

En consecuencia, solicitaron que se realizaran las siguientes declaraciones y condenas:

“Primera. Que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, son responsables administrativamente por las lesiones personales sufridas por el menor Rosemberg Ismael Correa Godoy, ocasionadas al ser arrollado por un vehículo tipo volqueta, de placas H-95003 de propiedad del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, el día 6 de mayo de 1999, en el área urbana de Florencia Caquetá y que lo han llevado a sufrir incapacidad física relativa y permanente.

Segunda. Que como consecuencia de lo anterior se condene la Nación Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional a reconocer y pagar por perjuicios morales a los demandantes de la siguiente manera:

A Rosemberg Ismael Correa Godoy (menor debidamente representado) y en calidad de directo damnificado, el equivalente en pesos colombianos de dos mil (2.000) gramos de oro puro según su precio internacional certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia definitiva.

A Ismael Correa Hurtado y Myriam Godoy Peña, en calidad de padres legítimos de la víctima, el equivalente en pesos colombianos de mil quinientos (1.500) gramos de oro puro según su precio internacional certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia definitiva.

A Duber Andrés, Leonard Smith y Érika Marcela Correa Godoy, hermanos (menores debidamente representados) del afectado, para cada uno, el equivalente en pesos colombianos de mil (1.000) gramos de oro puro según su precio internacional certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia definitiva.

Tercera. Que como consecuencia de lo anterior se condene a la Nación Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional a reconocer y pagar al menor Rosemberg Ismael Correa Godoy por perjuicios materiales los salarios o ingresos que dejará de percibir después de que cumpla los dieciocho (18) años de edad debido a la disminución laboral parcial o permanente y temporal o definitiva originada en las secuelas de las lesiones personales sufridas y que se tasarán de acuerdo a los siguientes parámetros:

a) El salario mínimo legal vigente para el año de 1999, 2000, 2001 y años subsiguientes.

b) Las prestaciones sociales y emolumentos salariales ocasionados durante el periodo de la incapacidad física de acuerdo a los salarios anotados en el literal anterior.

c) El porcentaje de la disminución laboral parcial o permanente y temporal o definitiva debido a las secuelas de dichas lesiones personales que le impedirán plenamente a Rosemberg Ismael Correa Godoy para trabajar.

d) La edad actual de Rosemberg Ismael Correa Godoy.

e) Las anteriores sumas dinerarias se deben actualizar de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor IPC entre la fecha en que se ocasionaron y la de la sentencia definitiva.

Cuarta. Que se condene a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional a reconocer y pagar al joven Rosemberg Ismael Correa Godoy el equivalente en pesos colombianos de Cuatro Mil (4.000) gramos de oro puro según su precio internacional certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia definitiva, por los perjuicios fisiológicos debido a la “disminución de los placeres de la vida causada principalmente por la imposibilidad de dedicarse a ciertas actividades placenteras” a consecuencia de las lesiones personales físicas sufridas en el accidente de que tratan los hechos de la demanda.

Quinta. las sumas así causadas devengarán los intereses previstos en el artículo 177 del CCA y se ejecutarán en los términos establecidos en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo (sic) (f. 1-14, c. 1)”.

La parte demandante fundamentó las pretensiones de la demanda en el daño ocasionado a Rosemberg Ismael Correa Godoy, consistente en la pérdida de capacidad laboral del 17.5%, luego de ser arrollado por un vehículo tipo volqueta propiedad del Ejército Nacional, el cual era conducido por un miembro de dicha institución.

II. Trámite procesal

La entidad demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma. Argumentó que para que se pueda declarar administrativamente responsable al Estado, es necesaria la existencia de una actuación irregular constitutiva de falla en el servicio, un daño a un bien jurídicamente protegido, y una relación de causalidad entre estos; además, afirmó que para que surja la obligación indemnizatoria, el daño debe haber sido producido por una acción u omisión que le sea imputable a la administración, lo cual debe ser demostrado por el accionante durante el proceso (f. 52-55, c. 1).

El Tribunal Administrativo del Caquetá, profirió sentencia de primera instancia el 2 de diciembre de 2004, en la cual negó las pretensiones de la demanda. El a quo consideró que, aunque se encontró acreditado el daño alegado por la parte actora, y que el estudio de imputación se realizó bajo la óptica del régimen de responsabilidad objetiva, se encontró probada la configuración de un eximente de responsabilidad consistente en una causa extraña, debido a que existió culpa “exclusiva y determinante de la víctima”. Se dijo en la sentencia:

“(…) ya se dejó sentado que las lesiones ocasionadas por parte de un vehículo de propiedad del ente demandando en marcha, es decir, en el desarrollo de una actividad peligrosa, desplegada por un servidor del ente demandado, por lo que en principio habría lugar a declarar la responsabilidad que se reclama a menos que por parte del ente demandado se demuestre la existencia de una causa extraña que rompa el nexo de causalidad (culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero o la fuerza mayor).

En efecto, no se discute que la conducción de vehículos está considerada como una actividad peligrosa, mas sin embargo no fue por el ejercicio de la misma que resultó lesionado el menor Rosemberg Ismael toda vez que la única declaración próxima al insuceso nos dice que el vehículo transitaba por su vía e hizo el pare reglamentario al llegar a la carrera 12 y que el menor fue arrollado sobre la vía, a metro y medio del andén, posiblemente tratando de cruzarla o de tomar el bus y por consiguiente realizando una maniobra que necesitaba la asistencia de una persona adulta, específicamente de las personas encargadas del cuidado y protección del menor, es decir sus padres, tal y como lo señala el artículo 253 del C. Civil, que les impone el deber de cuidado personal de los menores” (f. 106, c. ppl.).

El magistrado Baudilio Murcia Guzmán se apartó de la decisión mayoritaria y presentó salvamento de voto en el que realizó las siguientes acotaciones. Aludió que, tal como se mencionó en el fallo, el menor fue atropellado por un vehículo oficial, lo cual debe ser suficiente razón para que se estructure la presunción de responsabilidad en contra de la entidad demandada. Argumentó que en el régimen de responsabilidad subjetivo no se presume responsable al Estado, y por tanto, los demandantes tienen la carga probatoria de probar dicha responsabilidad.

Por otra parte, anotó que en el régimen de responsabilidad objetivo, el cual se aplica al presente caso por tratarse de una actividad peligrosa, a la parte actora solo le corresponde demostrar la existencia de un daño antijurídico imputable a la administración. Afirmó que en el presente caso, los demandantes lograron demostrar que el menor fue lesionado por un vehículo de propiedad de la entidad demandada, lo cual le causó una disminución en su capacidad laboral del 17.5%, y que una vez demostrado lo anterior, a la entidad demandada le corresponde probar la existencia de una causa extraña que rompa el nexo causal; de lo contrario, la presunción de responsabilidad quedará incólume.

Teniendo en cuenta que el tribunal decidió negar las pretensiones de la demanda debido a que encontró probada la configuración de una causa extraña, consistente en la “culpa exclusiva y determinante de los padres”, el magistrado Murcia Guzmán manifestó su desacuerdo, debido a que consideró que no existe certeza sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos, por lo que es imposible afirmar que hubo imprudencia o descuido por parte de la víctima. Por tanto, le correspondía a la entidad demandada probar dentro del proceso la configuración de una causa extraña como lo es el hecho exclusivo de la víctima, lo cual no ocurrió (f. 109-112, c. 1).

Contra la decisión de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación. Manifestó su desacuerdo con la decisión del a quo, y sustentó el recurso con los argumentos esgrimidos por el magistrado Baudilio Murcia Guzmán en su salvamento de voto, por lo cual solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda (f. 419-429, c. ppl.).

Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

Por ser la demandada una entidad estatal, el proceso es de conocimiento de esta jurisdicción (art. 82 CCA). Además, esta Corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios fisiológicos, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

La acción de reparación directa instaurada (artículo 86 CCA) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por las actuaciones en las que incurrió y que tuvieron como consecuencia las lesión sufrida por Rosemberg Ismael Correa.

De la legitimación en la causa

La legitimación en la causa aparece demostrada en el plenario, por una parte, porque la actora es la directamente afectada con el daño sufrido con los hechos que se imputan a la demandada y, por la otra, porque está probado en el expediente que fue un miembro de la Ejército Nacional quien provocó la lesión de la víctima, lo cual fue invocado en la demanda como origen de la responsabilidad estatal.

De la caducidad de la acción

En el presente asunto se pretende que se declare la responsabilidad de la entidad demandada por las lesiones sufridas por Rosemberg Ismael Correa, como consecuencia del accidente ocurrido el 5 de mayo de 1999, sin embargo, como el daño fue conocido por la parte actora hasta el 6 de mayo de 1999, fecha en la que se emitió el diagnóstico de “fracturas múltiples del metatarso derecho”(2), se tomará esta fecha como referente para el computo del término de caducidad de la acción. Como la demanda fue impetrada el 7 de mayo de 2001, se instauró dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho dañoso, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Jurisprudencia

II. Problema jurídico

Procede la Sala a establecer si es posible atribuir al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, el daño alegado en la demanda, esto es, la pérdida de capacidad laboral por la lesión provocada a Rosemberg Ismael Correa, en un accidente ocurrido el 5 de mayo de 1999 y ocasionado por un miembro de la Ejército Nacional con un vehículo bajo la guarda de tal entidad. Para el efecto es necesario determinar, en primer lugar, cuál es el régimen de responsabilidad aplicable, en el entendido de que el daño fue ocasionado por un miembro de la entidad demandada y con un vehículo de la administración.

III. Hechos probados

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

1. El 5 de mayo de 1999 a las 5:30 p.m., se presentó un accidente en la calle 18 con carrera 12 de la ciudad de Florencia, Caquetá, en el que resultó lesionado el menor Rosemberg Ismael Correa Godoy, luego de ser arrollado por una volqueta de propiedad del Ejército Nacional conducida por el señor Nelson Fajardo (formulario único de reclamación de las entidades hospitalarias por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, f. 62, c. 2).

2. El 6 de mayo de 1999, el menor Rosemberg Ismael Correa Godoy ingresó al Hospital María Inmaculada de la ciudad de Florencia, Caquetá, con “trauma a nivel de pie derecho”, como consecuencia de un accidente de tránsito (historia clínica de urgencias, f. 14, c. 1).

3. Para el momento del accidente, el señor Nelson Fajardo González era miembro activo del Ejército Nacional y se desempeñaba como conductor del batallón de servicio Nº 12 (constancia emitida por el jefe de personal del Batallón de ASPC Nº 12).

4. El vehículo tipo volqueta que conducía el señor Nelson Fajardo, con el que se ocasionó la lesión al menor Rosemberg Ismael Correa Godoy estaba bajo la guarda del Ejército Nacional (copia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito —SOAT—, formulario único de reclamación de las entidades hospitalarias por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, f. 61,62, c. 2).

5. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila dictaminó que la pérdida de capacidad laboral que sufrió Rosemberg Correa Godoy como consecuencia de la lesión en su pie derecho es de 17.5% (f. 64, c. 2).

6. Rosemberg Correa Godoy es hijo de Ismael Correa Hurtado y Myriam Godoy Peña, y hermano de Duber Andrés, Leonard Smith y Érika Marcela Correa Godoy (registros civiles de nacimiento, f. 2-4, c. 1).

IV. Análisis de la Sala

De conformidad con los hechos probados, se tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditada la lesión sufrida por Rosemberg Ismael Correa Godoy, el cual se produjo el 5 de mayo de 1999, como consecuencia de un accidente de tránsito.

Establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de la imputación con el fin de determinar si en el caso concreto, el daño es endilgable por acción u omisión a la entidad demandada, y si esta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de este se derivan.

La jurisprudencia de esta Corporación, al analizar el fenómeno de la imputación fáctica desde el punto de vista jurídico, ha manifestado lo siguiente(3):

“Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la Administración Pública en la medida en que esta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto.

En materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar —acción u omisión—, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política(4).

Si la ciencia jurídica parte del supuesto de atribuir o endilgar las consecuencias jurídicas de un resultado (sanción), previa la constatación de que una trasgresión se enmarca en una específica proposición normativa, es evidente que el nexo causal por sí mismo deviene en insuficiente para solucionar el problema de la atribución de resultados, tal y como desde hace varios años se viene demostrando por el derecho penal, lo que ha conllevado a que se deseche el principio de causalidad a efectos de imputar un hecho, para dar aplicación a una serie de instrumentos e ingredientes normativos (v.gr. el incremento del riesgo permitido, la posición de garante, el principio de confianza, la prohibición de regreso, etc.) dirigidos a establecer cuándo determinado resultado es imputable a un sujeto. Lo anterior, como quiera que es posible que un determinado suceso tenga origen material en una específica conducta (causa material), pero las consecuencias del mismo sean atribuidas a un tercero (v.gr. la responsabilidad por el hecho de las cosas, o por el hecho de otro; la posición de garante)(5).

En otros términos, la causalidad —y sus diferentes teorías naturalísticas— puede ser empleada para determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. A contrario sensu, la imputación surge de la atribución de un resultado en cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser.

En consecuencia, la imputación fáctica puede derivarse de la constatación en el plano material de la falta de intervención oportuna que hubiera podido evitar el resultado; en efecto, es en el plano de la omisión donde con mayor claridad se verifica la insuficiencia del dogma causal, motivo por el cual el juez recurre a ingredientes de tipo normativo para determinar cuándo una consecuencia tiene origen en algún tipo de comportamiento y, concretamente, a quién resulta endilgable o reprochable la generación del daño. De lo contrario, la responsabilidad derivada de la omisión no tendría asidero, como quiera que a partir de la inactividad no se deriva nada, es decir, no se modifica el entorno físico; en ese orden de ideas, el derecho de daños ha evolucionado en la construcción de instrumentos normativos y jurídicos que permiten solucionar las insuficiencias del denominado nexo causal importado de las ciencias naturales, para brindar elementos que permitan establecer cuándo un determinado daño es atribuible a la acción u omisión de un determinado sujeto”.

En el caso en concreto, la parte demandante imputó el daño a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, debido a que tanto el vehículo con el que fue ocasionado el accidente, como quien lo conducía, pertenecían a esta institución.

En atención a lo anterior, el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto es el objetivo, bajo el título de imputación de riesgo excepcional, ya que se trató de un daño causado por un miembro del Ejército Nacional, con un vehículo oficial, en ejercicio de una actividad peligrosa. 

La Sección Tercera del Consejo de Estado(6) ha establecido que la conducción de vehículos es una actividad peligrosa(7) y que, cuando el daño se concreta por un riesgo creado en su desarrollo, el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo, pues resulta excesivo, grave y anormal para quien lo sufre. Así, la responsabilidad debe ser asumida por quien genera el riesgo o se beneficia de dicha actividad peligrosa(8), sin perjuicio de que se demuestre que hubo fuerza mayor, hecho de la víctima o de un tercero, para exonerarse de responsabilidad.

Al respecto la jurisprudencia ha señalado(9):

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.

No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima (…)”.

En efecto, cuando el daño es ocasionado durante el desarrollo de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de vehículos, el caso deberá analizarse desde la perspectiva de la responsabilidad objetiva, sin perjuicio de que se demuestre una causal exoneración constituida por el hecho de la víctima, de un tercero o por un evento imprevisible e irresistible que haya sido ajeno al riesgo propio de la actividad.

En el presente caso, se encuentra demostrada la existencia tanto del daño, como de la relación de causalidad entre este y un hecho de la administración, pues se probó en el proceso que el vehículo con el que se ocasionó la lesión a Rosemberg Correa Godoy en el accidente ocurrido el 5 de mayo de 1999 en la ciudad de Florencia, Caquetá, estaba bajo la guarda del Ejército Nacional y que quien lo conducía era miembro de esta institución. 

Sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente, el señor Jaime Coronado Sanchez testificó:

“(…) yo me encontraba enseguida del bar California que queda en la calle 18 cra 12 esquina, en seguida del bar hay un almacén de motos que se llamaba Usa Motos, ya no está, yo estaba arreglando las motos que tenía cuando me llama la atención que en el pare de Magicolor hace pare una volqueta pero me llama la atención que cruza rápido y apenas pasa la cuadra, o sea, pasa la doce escucho los gritos de un muchacho. Yo estoy a la vueltica, arranco a correr a ver qué es y estaba este niño ROSSEMBER (sic) en el suelo, nos prestamos a ayudarle a levantarlo del suelo, hicimos bulla y el carro frenó, el señor de la volqueta se baja a prestarle los primeros auxilios, lo echa en la volqueta y se lo lleva al hospital. Eso fue a las 4:00 o 5:00 de las tarde. Eso ocurrió entre miércoles, jueves de 1999, principios de mayo. Preguntado: qué supo usted sobre la causa del accidente. Contestó: A ver yo pienso que él venía muy orillado hacia la parte donde estaba el niño parado, porque el niño iba a coger el bus o a cruzar la calle, esa pudo ser la causa del accidente. Yo no vi el choque, yo esta (sic) a la vuelta. Preguntado: infórmenos si con ocasión del accidente se hizo presente alguna autoridad para elaborar croquis o informe del mismo, en caso cierto, quién. Contestó: inmediatamente al accidente, el señor de la volqueta para, recoge el niño del suelo y lo lleva al hospital, no hubo croquis, nada, porque él mismo lo llevó al hospital. (…) Preguntado: cuando usted escucha los gritos del niño y corre hasta la esquina, en qué lugar de la calle o el andén se encuentra el menor lesionado. Contestó: del andén a la calle por ahí un metro, metro y medio, del andén del bar hacia la calle. Preguntado: La calle 18 por donde transitaba la volqueta, en esa época, era calzada de una o doble vía. Contestó: de doble vía, siempre ha sido doble vía, muy concurrida y muy peligrosa. Preguntado: cuál es la densidad del tráfico vehicular y peatonal en ese sector. Contestó: a ver, es muy concurrido por ahí, hay mucho tráfico de carros y de peatones porque es una vía muy concurrida. (…) Preguntado: qué edad tenía el niño en la época del accidente. Contestó: él tenía de 11 a 12 años. Preguntado: le consta que el niño trabajaba continuamente solo o en compañía de algún adulto. Contestó: él trabajaba siempre con la mamá, sino que la mamá se hacía en el parque Santander que queda aproximadamente 4 cuadras del lugar del accidente. (…) Preguntado: usted pudo apreciar a qué velocidad se desplazaba la volqueta. Contestó: la volqueta pasó rápido porque ella hace el pare en Magicolor, se le siente el ruido, lo único que hacen esos carros, se siente cuando el chofer sale hacia el Batallón (…) (sic)” (f. 46, c. 2).

De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que el declarante no observó de manera directa el accidente, por lo que los indicios que brindó sobre la causa del mismo son débiles. En primer lugar, aseguró que el niño se encontraba aproximadamente a un metro del andén, sin supervisión por parte de un adulto, en una zona de alto tráfico vehicular y peatonal; por otra parte, afirmó que el conductor de la volqueta pasó rápido y muy “orillado” hacia el andén, luego de realizar el pare al cruzar la calle.

Así las cosas, si bien el a quo consideró que el accidente se produjo por una causa extraña que rompió el nexo de causalidad, debido a que, a pesar de que la conducción de vehículo es una actividad peligrosa, el hecho de que un menor de edad transite solo por la calle sin la supervisión de un adulto constituye una causa extraña que superó el riesgo propio de la actividad peligrosa, para la Sala es claro que, bajo la óptica de la responsabilidad objetiva, la entidad demandada es responsable del daño causado por las siguientes razones:

i) Se encuentra demostrada la existencia del daño, consistente en la disminución de la capacidad laboral de Rosemberg Correa Godoy, como consecuencia de la fractura de metatarso derecho provocada durante el accidente de tránsito, y ii) existe relación de causalidad entre el mencionado daño y un hecho de la administración, pues se demostró que el vehículo con el que se causó la lesión, estaba bajo la guarda de la demandada, y que quien lo conducía, pertenecían a la entidad, por lo que se concluye que el daño se derivó de la concreción de un riesgo de naturaleza anormal y excepcional, creado por la entidad demandada y al cual expuso a los administrados(10)

Finalmente, debido a que a partir de las pruebas obrantes en el expediente no se esclarecen las circunstancias en que ocurrió el accidente, no es posible afirmar que alguna de las partes involucradas incurrió en una conducta imprudente que facilitara la ocurrencia del mismo, por tanto, no encuentra la Sala que en el presente caso opere la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, en virtud del deber de cuidado para con los hijos que le es exigible a los padres, tal como lo consideró el a quo, debido a que dicha conducta de la parte actora no se encuentra demostrada en el proceso. 

En este punto es necesario poner de presente que para exonerarse de responsabilidad a la administración no le basta con alegar la presencia de alguna causal excluyente de responsabilidad, sino que debe acreditarla de manera fehaciente en la oportunidad procesal pertinente. Ha sostenido la Sala:

“(…) el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad (…), debe constituir, exclusiva [mente] (…), causa eficiente del perjuicio reclamado.

(…) aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño”(11).

Así mismo:

“El hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva del daño, impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible a quien lo invoca, en el entendido de que cuando el suceso es previsible o resistible para él, se revela una falla del servicio, como quiera que teniendo el deber de precaución y de protección derivado de la creación del riesgo, no previno o resistió el suceso pudiendo hacerlo”(12).

La Sala advierte que en el presente proceso no se encuentra probado que la conducta de la víctima, o como es en este caso de sus padres, haya contribuido en forma alguna a la ocurrencia del daño, pues no se probó que esta fuera la causa adecuada del mismo, entendida esta como aquella causa idónea, eficiente y preponderante cuya consecuencia directa inmediata es el daño mismo(13).

Así las cosas, procederá la Sala a fijar el monto de los perjuicios morales y materiales con fundamento en las pretensiones formuladas en la demanda y en las pruebas obrantes dentro del proceso.

V. Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

La parte actora solicitó el reconocimiento de perjuicios morales y fijó su valor en gramos de oro, sin embargo, como esta Corporación abandonó el criterio de remisión al oro para establecer los valores de las condenas(14), se procederá a determinar el valor de las respectivas indemnizaciones en moneda legal colombiana. Como punto de partida para la tasación de perjuicios morales se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(15), como ocurre en los casos en el que se demanda indemnización por la muerte de un familiar.

A juicio de la Sala, las lesiones físicas o corporales generan en la víctima directa sentimientos de dolor, congoja y sufrimiento, constitutivos del perjuicio moral que, al no poderse resarcir en sí mismo, debe serlo como compensación económica. Por tanto, teniendo en cuenta el criterio objetivo de la pérdida de capacidad laboral del 17.5% del referido menor, se condenará a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a favor de Rosemberg Ismael Correa Godoy —víctima directa—, el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales(16); para Ismael Correa Hurtado y Myriam Godoy Peña el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno en su condición de padres del directo afectado; y para Duber Andrés, Leonard Smith y Érika Marcela Correa Godoy, el equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno en su condición de hermanos del directo afectado.

Perjuicios materiales

La parte demandante solicita el reconocimiento de perjuicios materiales a favor de la víctima, como consecuencia de las limitaciones físicas para trabajar que ocasionó la lesión sufrida.

La Sala accederá a la indemnización solicitada, pues, de acuerdo con las reglas de la experiencia se presume que Rosemberg Ismael Correa Godoy iba a ser una persona económicamente productiva. Por tanto, debido a que como consecuencia de la lesión se redujo un porcentaje de su capacidad laboral, se puede inferir que dicha situación afectará su nivel de ingresos por lo que resta de su vida a partir de la fecha en que cumplió 18 años.

Para el cálculo de la indemnización se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente providencia, ante la carencia de cualquier otro elemento de juicio que permita deducir suma distinta para efectuar la liquidación, dado que, como es natural, para la fecha de ocurrencia de los hechos la víctima no percibía de manera formal renta alguna debido a su condición de menor de edad. No obstante, la Sala presume que una vez cumplida su mayoría de edad Rosemberg Ismael Correa Godoy, percibiría un ingreso, por lo menos igual al salario mínimo mensual legal vigente.

Ahora bien, la junta regional de calificación de invalidez concluyó que el lesionado presenta una pérdida de capacidad laboral del 17.5%, por tanto con base en dicho porcentaje se realizará la respectiva liquidación:

Renta: el salario mínimo legal vigente a la fecha de la sentencia, es decir $ 616 000, incrementado en un 25% por prestaciones sociales, monto que equivale a $ 770 000. Así, la renta para el presente caso, correspondiente al 17.5% es de $ 134 750.

Indemnización consolidada

El periodo a indemnizar corresponde al momento en que Rosemberg Ismael Correa Godoy cumplió su mayoría de edad hasta la fecha de la sentencia, con aplicación de la siguiente fórmula:

Ra (1 + i)n – 1

S= ------------------------------

i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual.

i= Interés puro o técnico: 0.004867.

n= Número de meses que comprende el período indemnizable.

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 134 750
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurridos desde el momento en que el lesionado cumplió 18 años —12 de octubre de 2004— hasta la fecha de sentencia 27 de marzo de 2014, estos son, 115,1 meses.
1=Es una constante

(1 + 0.004867)115.1 – 1

S= $ 134 750 ----------------------------------------- = $ 20 726 926,84

0.004867

Indemnización futura

Para efectos de liquidar la indemnización futura se liquidarán los meses que hagan falta desde la sentencia hasta la vida probable del lesionado. Rosemberg Ismael Correa Godoy nació el 12 de octubre de 1986, al momento del accidente (5 de mayo de 1999) tenía 12 años, y en la actualidad cuenta con 27 años de edad, por lo que conforme con la Resolución 1555 del 30 de julio de 2010 de la Superintendecia Financiera, tendría una vida probable de 53.2 años, esto es, de 638,4.meses. De estos meses, ya fue liquidado el tiempo desde que cumplió su mayoría de edad hasta la sentencia, esto es, 115,1 meses, por lo que harían falta por liquidar 523,3 meses.

(1 + i)n – 1

S = ---------------------------

i (1 + i)n

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 134 750
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta la vida probable de Rosernberg Correa Godoy, estos son, 523,3 meses
1=Es una constante

(1 + 0.004867)523.3 – 1

S = $ 134 750 ----------------------------------------------- = $ 25 504 507

0.004867 (1 + 0.004867)523.3

De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante a favor de Rosemberg Ismael Correa Godoy:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 20 726 926,84$25 504 507,10$ 46 231 433,93

Perjuicios por daño a la salud(17) 

La parte actora solicitó reparación por concepto de perjuicios fisiológicos, sobre este punto, es pertinente mencionar que en reciente jurisprudencia de la Corporación aclaró que cuando los daños relacionados con el goce de la vida provienen de una alteración de la salud del sujeto, ya no es procedente referirse al “perjuicio fisiológico”, o al “daño a la vida de relación”, o a las “alteraciones graves en las condiciones de existencia”, sino a una nueva tipología de perjuicio, llamada daño a la salud(18).

Para la tasación del monto a indemnizar por dicho concepto, se deben tener en cuenta los dos criterios que refiere la jurisprudencia: (i) el objetivo, tasado de conformidad con el porcentaje de invalidez que presenta la víctima y su edad; y (ii) el subjetivo, que permite acrecentar el primer valor según las consecuencias particulares del daño en la vida de la persona. Al respeto se ha señalado:

“Son dos los componentes del perjuicio fisiológico o daño a la salud: i) el ingrediente estático u objetivo, en el cual opera una regla de tres, de tal forma que en principio a una incapacidad del 100% corresponderá una indemnización de 400 smlmv; en consecuencia, dependiendo del porcentaje de incapacidad, se fijará con el referido método matemático la indemnización correspondiente al componente estático del daño a la salud, y ii) el elemento dinámico o subjetivo, que permitirá valorar al juez las particularidades de la víctima, de tal forma que se permita incrementar, en el porcentaje que defina el funcionario judicial, la indemnización siempre que compruebe que respecto de ese sujeto en particular la lesión psicofísica produjo unas consecuencias específicas que requieren ser compensadas (v. gr. la imposibilidad de practicar el deporte preferido, no poder ejercer una actividad lúdica o cultural, la pérdida de un placer como por ejemplo la actividad sexual, entre otras).

El primer ámbito del daño a la salud opera de manera automática sin que se requiera una prueba particular, salvo la que sea conducente para demostrar la afectación a la integridad psicofísica y el porcentaje respectivo, por lo que los dictámenes periciales y las actas de calificación de invalidez se tornan en los principales medios de convicción para los mencionados efectos. Contrario sensu, la esfera dinámica requerirá que la parte que la alega demuestre esos efectos o consecuencias que se desprenden de manera particular para la persona”(19).

Así las cosas, la Sala considera que Rosernberg Correa Godoy sufrió un daño a la salud(20), por el grado de invalidez del 17.5% que fue decretado, pues se encuentra imposibilitado en dicho porcentaje para ejercer actividades de disfrute o rutinarias.

En un caso donde se decretó una incapacidad de 25.17%, esta Corporación reconoció como indemnización de perjuicios por daño a la salud la suma equivalente a 50 SMLMV(21), en otro caso, frente a una pérdida de capacidad laboral del 39.36%, se reconoció la suma equivalente a 66 SMLMV(22). Para este caso, y con base en las cifras señaladas, considera la Sala que el monto a indemnizar será el equivalente a 25 SMLMV por el daño a la salud ocasionado a Rosemberg Ismael Correa Godoy.

VI. Costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia de 2 de diciembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, la cual quedará así:

1. Declarar patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, por el daño ocasionado a Rosemberg Ismael Correa Godoy.

2. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

2.1. Veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes (20 SMMLV) a favor de: Rosemberg Correa Godoy.

2.2. Diez salarios mínimos mensuales legales vigentes (10 SMMLV) a favor de cada una de las siguientes personas: Ismael Correa Hurtado y Myriam Godoy Peña.

2.3. Cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (5 SMMLV) a favor de cada una de las siguientes personas: Duber Andrés Correa Godoy, Leonard Smith Correa Godoy y Érika Marcela Correa Godoy.

3. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Rosemberg Ismael Correa Godoy la suma de cuarenta y seis millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos ($ 46 231 434).

4. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios por daño a la salud a favor de Rosemberg Ismael Correa Godoy la suma equivalente a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

5. Sin condena en costas.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. En firme este fallo devuélvanse los expedientes al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a las partes actoras las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, Presidente—Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz del Castillo, salvó parcialmente voto.

1 La pretensión mayor, fue estimada en $ 80 480 000, suma equivalente a 4 000 gramos oro para el año 2001, fecha de interposición de la demanda, solicitada como indemnización por perjuicios fisiológicos. Este monto que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2001 fuera de doble instancia ($ 26 390 000). Se aplica en este punto el numeral 10º del artículo 2 del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.

2 Resumen de atenciones y egreso de la historia clínica allegada por el Hospital María Inmaculada. Fecha de ingreso 6 de mayo de 1999 (f. 15, c. 3).

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, exp. 17994, M.P. Enrique Gil Botero.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, expediente 7622, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

5 “En la responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos” (Se resalta) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 21 de febrero de 2002 expediente 14215.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2010, expediente. 19348, M.P. Enrique Gil Botero.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de julio de 2000, C.P. Alier Hernández Enríquez. Expediente 11.842.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 10 de agosto de 2000, expediente 13.816.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, C.P. Alier Hernández Enríquez. Expediente 12.696.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2011, exp. 18691. C.P. Danilo Rojas Betancourth.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 18 de 2000, exp. 11981, C.P. Alier Hernández.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 30 de 2007, exp. 15635, C.P. Ramiro Saavedra.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2011, exp. 18691. C.P. Danilo Rojas Betancourth.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación Nº 13232-15646; Sentencia del 12 de febrero de 2004, C.P. Ricardo Hoyos Duque, radicación Nº 14955; Sentencia del 10 de agosto de 2005, C.P. María Elena Giraldo Gómez, radicación n.º 16205; Sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación Nº 15459.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 13.232-15.646, C.P. Alier Eduardo Hernández.

16 En sentencia de 5 de abril de 2013, exp. 25.956, la Sala reconoció 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes a una persona afectada por la pérdida definitiva de una de sus extremidades que le ocasionó una pérdida de capacidad laboral del 52%. En sentencia de 10 de agosto de 2005, exp. 15.775, se reconoció a favor del demandante, víctima de la pérdida total de la visión en el ojo derecho, una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

17 Antes llamado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 14 de septiembre de 2011, exp. 38222, C.P.: Enrique Gil Botero.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de julio de 1997, exp. 12499, C.P. Enrique Gil Botero.

20 Sobre el daño a la salud ver sentencia del 14 de septiembre de 2011, C.P. Enrique Gil Botero, radicación Nº 38222 y 19031.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, expediente. 17421.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de julio de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourt, expediente 20640.