Sentencia 2001-00120 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUB SECCIÓN “A”

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Radicación 68001 23 31 000 2001 00120-01 (2334-11)

Apelación sentencia

Actor: Gladys Celina Ariza Montañez

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se trata de establecer la legalidad de las resoluciones 344 de junio 6 de 2000, expedida por el Gerente de la Empresa Social del Estado ISABU, mediante la cual se reconocieron las cesantías definitivas a la señora Gladys Celina Ariza Montañez y 0480 A de octubre 10 de 2000, expedida por el mismo funcionario, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera.

La demandante prestó sus servicios en la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga desde el 22 de enero de 1996 hasta el 15 de marzo de 2000.

Mediante Resolución 344 de junio 26 de 2000 (fls. 4 a 6) expedida por el gerente de la Empresa Social del Estado ISABU, se reconoció a la demandante las cesantías definitivas anualizadas, por los años 1996, 1997, 1998 y 1999.

La demandante no estuvo de acuerdo con la liquidación efectuada en la resolución anterior, teniendo en consideración que no se liquidaron en debida forma los rendimientos financieros, conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 50 de 1990; no se reconoció la sanción moratoria a que alude el artículo 99 numeral 3º de la Ley 50 de 1990 por no haber realizado las consignaciones de las cesantías en forma cumplida y tampoco se reconoció la indexación y actualización de las cantidades reconocidas por ISABU por ese concepto y debió consignarlas anualmente a su favor en un fondo privado; así mismo, por no ser cierto que es la Caja de Previsión Social Municipal la encargada de liquidar, reconocer y pagar el valor adeudado por concepto de cesantías, sino la propia ESE, razón por la cual interpuso recurso de reposición (fls. 9 a 18).

El recurso fue resuelto por el mismo funcionario mediante Resolución 0480 A de octubre 10 de 2000 (fl. 23) que ratificó en todas sus partes lo decidido en el acto recurrido, teniendo en consideración que la ESE ISABU sí consignó las cesantías en la Caja de Previsión Social Municipal y en virtud de lo dispuesto en la Ley 244 de 1995 y el Decreto 2712 de 1999 no ha incurrido en mora porque las consignaciones se efectuaron a tiempo; sin embargo, más adelante agregó que fue ISABU quien realizó el pago para evitar la demora por parte de la Caja toda vez que las dos entidades debían hacer un cruce de cuentas.

En la demanda se asegura que con lo decidido en los actos acusados, se incurrió en violación de la Constitución Política artículos 1º, 2º inciso 2º, 25 y 53; Ley 50 de 1990 artículos 99 numeral 3º y 101; Decreto 3118 de 1968 artículo 49 literal b y Convenio 95 de 1949 de la OIT artículos 1º y 12, aprobado por la Ley 54 de 1962.

El derecho a percibir cesantías fue consagrado en el literal f) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 como un derecho de carácter prestacional a favor de los trabajadores oficiales, que debía ser reconocido por el patrono a razón de un mes de salario por cada año de trabajo y proporcionalmente por las fracciones de año.

Dicho derecho prestacional fue extendido a todos los asalariados de carácter permanente al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, departamentos, intendencias, comisarias, municipios y particulares, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 65 de 1946 y se constituyó en una obligación a cargo del Estado en beneficio de sus empleados.

El Decreto 3118 de 1968 “por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones”, consagró como uno de los principales objetivos del Fondo Nacional de Ahorro, el pago oportuno de las cesantías(1) a los empleados públicos y trabajadores oficiales y, en su artículo 22 consagró:

“ART. 22.—Liquidación en 31 de diciembre de 1968. La Caja Nacional de Previsión Social liquidará el auxilio de cesantía causado hasta el 31 de diciembre de 1968 en favor de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Los demás organismos nacionales de previsión social, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado cuyos empleados o trabajadores no estén afiliados a la Caja Nacional de Previsión social harán para éstos la liquidación prevista en el inciso anterior, siempre que el pago de los respectivos auxilios de cesantía corresponda a dichas entidades.

Las liquidaciones practicadas en desarrollo del presente artículo tendrán carácter definitivo y no podrán revisarse aunque el salario del funcionario y trabajador varíe posteriormente”.

Es decir, a partir de la vigencia del precitado decreto, la administración de las cesantías dejó de ser obligación de la Caja Nacional de Previsión Social y se trasladó al Fondo Nacional de Ahorro; no obstante, la administración de ellas surgía una vez se efectuara la liquidación respectiva, en virtud del reconocimiento, al tenor de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 ídem, que establecen las liquidaciones anuales y definitivas por retiro; respecto de estas últimas se consagró:

“ART. 27.—Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1º de enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.”

“ART. 28.—Liquidación año de retiro. En caso de retiro del empleado o trabajador, el respectivo ministerio, departamento administrativo, superintendencia, establecimientos públicos o empresa industrial y comercial del Estado, liquidará la cesantía que corresponda al empleado o trabajador por el tiempo servido en el año de retiro”.

Ahora bien, en lo que respecta a la entrega de las liquidaciones anuales al fondo, y los intereses que se causarían sobre las cesantías, los artículos 32, 33, 50 y 51 ídem, consagraron:

“ART. 32.—Entrega de liquidaciones al Fondo. La Caja Nacional de Previsión Social, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado, deberán entregar al fondo las liquidaciones previstas en el artículo 22, dentro de los términos que señale el gobierno.

Los ministerios, departamentos administrativos, establecimientos del Estado entregarán al Fondo las liquidaciones previstas en el artículo 27, durante el mes de enero del año inmediatamente siguiente.”

“ART. 33.—Intereses en favor de los trabajadores. El Fondo Nacional de Ahorro liquidará y abonará en cuenta, intereses del nueve (9) por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año figuren a favor de cada empleado público o trabajador oficial, inclusive sobre la parte de cesantía que se encuentre en poder de establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el artículo 47”.

“ART. 50.—Pago de intereses del fondo. Los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social deberán también consignar en el Fondo intereses del nueve (9) por ciento anual sobre el saldo de las cesantías que estuviere en su poder el 31 de diciembre de cada año.

Esta consignación se hará dentro de los tres (3) primeros mese del año siguiente”.

“ART. 51.—Intereses moratorios. La mora de los establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado en consignación en el fondo el valor de las cesantías o de los intereses, conforme a lo dispuesto en el presente decreto dará al fondo derecho para exigir las sumas respectivas por la vía ejecutiva y para cobrar sobre ellas intereses de dos (2) por ciento mensual por el tiempo de la mora”.

La Ley 50 de 1990 “por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”, cuya aplicación se pretende, en materia de reconocimiento y pago de cesantías estableció:

“ART. 99.—El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. 

4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.

5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto.

6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el Gobierno Nacional, en orden a:

a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en todo el territorio nacional;

b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia el financiamiento de actividades productivas.

7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley, continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de cesantía.

PAR.—En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.”

“ART. 101.—Las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía invertirán los recursos de los mismos con el fin de garantizar su seguridad, rentabilidad y liquidez, en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca la Comisión Nacional de Valores. Esta entidad, para el efecto, deberá oír previamente a una comisión designada por el Consejo Nacional Laboral.

Asimismo, abonarán trimestralmente a cada trabajador afiliado y a prorrata de sus aportes individuales, la parte que le corresponda en los rendimientos obtenidos por el fondo durante el respectivo período.

La rentabilidad del Fondo no podrá ser inferior a la tasa efectiva promedio de captación de los bancos y corporaciones financieras para la expedición de certificados de depósito a término con un plazo de noventa (90) días (DTF), la cual será certificada para cada período por el Banco de la República.

En caso de que lo fuere, deberá responder a través de uno de los siguientes mecanismos:

a. Con su propio patrimonio, o

b. Con la reserva de estabilización de rendimientos que establezca la Superintendencia Bancaria.

Si la rentabilidad resultare superior podrá cobrar la comisión de manejo que señale para tal efecto la Superintendencia Bancaria”.

La aplicación de dichas disposiciones, inicialmente consagradas para los empleados del sector privado y los trabajadores oficiales, no estaba concebida para los empleados públicos; sin embargo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 344 de 1996 “por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”, se estableció la aplicación del régimen anualizado de cesantías para los empleados públicos, así:

ART. 13.—Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;

(...).

PAR.—El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.” (se resalta).

“ART. 14.—Las cesantías parciales o anticipos de cesantías de los servidores públicos, sólo podrán reconocerse, liquidarse y pagarse cuando exista apropiación presupuestal disponible para tal efecto, sin perjuicio que en los presupuestos públicos anuales se incluyan las apropiaciones legales para estos efectos y para reducir el rezago entre el monto de solicitudes y los reconocimientos y pagos, cuando existan. En este caso, el rezago deberá reducirse al menos en un 10% anual, hasta eliminarse”.

La ley anterior fue reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en cuyo artículo 1º se estableció:

“ART. 1º—El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998”.

Sin embargo, debe advertirse que respecto a los empleados al servicio del sistema de salud, el inciso 3º del artículo 242 de la Ley 100 de 1993 ya había establecido que, a partir de su vigencia, el reconocimiento de cesantías no sería mediante la aplicación del sistema de retroactividad, lo que quiere decir que a partir de allí los cobijaba el régimen anualizado de cesantías, que debía regirse por la norma vigente para ese momento, aplicable a los empleados públicos, es decir, el Decreto 3118 de 1968, cuyos apartes pertinentes se trascribieron previamente.

En el caso de la demandante, quien prestó sus servicios en una entidad del sector de la salud —ESE ISABU— por haber tenido una vinculación laboral posterior a la Ley 100 de 1993, la Sala considera que es beneficiaria del régimen anualizado de cesantías, como se desprende de lo dispuesto en el inciso 3º de su artículo 242, el cual estaba regido inicialmente por lo dispuesto en el Decreto 3118 de 1968, como se señaló con anterioridad y a partir de la vigencia del Decreto 1582 de 1998, le eran aplicables las disposiciones de la Ley 50 de 1990.

No obstante, en la reclamación en sede administrativa y en la demanda no se solicitó el reconocimiento de intereses o sanciones derivadas del Decreto 3118 de 1968(2), sino que sólo se hizo referencia puntual a la sanción moratoria y rendimientos financieros a que alude la Ley 50 de 1990, la cual es aplicable a los empleados del orden territorial, como la demandante, solamente a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1582 de 1998, es decir, desde el 5 de agosto de 1998, razón por la cual solo se analizará si le asiste algún derecho a lo reclamado a partir de dicha disposición.

En el expediente no obra prueba de la afiliación de la demandante a ningún fondo de cesantías; sin embargo, la entidad demandada aseguró que se encontraba afiliada a la Caja de Previsión municipal, en donde realizó las cotizaciones anuales oportunas(3).

Al resolver la solicitud que esta corporación, mediante auto para mejor proveer(4), le hizo al Instituto de Salud de Bucaramanga, aseguró que la Caja de Previsión de Bucaramanga era la encargada de administrar el fondo de cesantías y la legalmente obligada a realizar los pagos por ese concepto(5); sin embargo, nunca aportó constancia de afiliación de la demandante a dicha Caja de Previsión y en oficio remitido por la Secretaria General de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga(6) se aseguró que la demandante nunca estuvo afiliada a ella.

Teniendo en cuenta lo anterior, no entiende la Sala cómo la entidad demandada pretende hacer recaer en la Caja de Previsión la responsabilidad por el no pago oportuno de las cesantías de la demandante, a pesar de que esta fuera la encargada de administrar los fondos destinados por el Ministerio de Hacienda para tal efecto, cuando la demandante nunca estuvo afiliada a ella.

De conformidad con lo anterior, se concluye que como la demandante era beneficiaria del sistema anualizado de cesantías, éstas debieron liquidarse con corte al 31 de diciembre de cada año, posterior a su vinculación y consignarse, a más tardar, el 15 de febrero del año siguiente en el fondo(7) al que estuviere afiliada.

Sin embargo, las cesantías causadas por los años 1996 a 1999, solo le fueron reconocidas mediante Resolución 38 de febrero 13 de 2001 y el pago solo se materializó el 31 de marzo de 2001, como consta en el extracto del fondo de cesantías Horizonte(8).

Pero como ya se señaló, la demandante solo se entiende vinculada al régimen anualizado de cesantías a partir del año 1998, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1582 de 1998, por lo tanto, solo a partir del 15 de febrero de año siguiente se causó mora de la administración en el reconocimiento y pago de la prestación y ella cesó en virtud del pago efectuado el 31 de marzo de 2001.

Ahora bien, en cuanto a los reconocimientos económicos que la demandante reclama, se hará el siguiente análisis:

Rendimientos financieros: 

El derecho al reconocimiento y pago de los rendimientos financieros surge de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 50 de 1990, que dispone:

“ART. 101.—Las sociedades administradoras de fondos de cesantía invertirán los recursos de los mismos con el fin de garantizar su seguridad, rentabilidad y liquidez, en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca la Comisión Nacional de Valores. Esta entidad, para el efecto, deberá oír previamente a una Comisión designada por el Consejo Nacional Laboral.

Asimismo, abonarán trimestralmente a cada trabajador afiliado y a prorrata de sus aportes individuales, la parte que le corresponda en los rendimientos obtenidos por el Fondo durante el respectivo período.

La rentabilidad del fondo no podrá ser inferior a la tasa efectiva promedio de captación de los bancos y corporaciones financieras para la expedición de certificados de depósito a término con un plazo de noventa (90) días (DTF), la cual será certificada para cada período por el Banco de la República.

En caso de que lo fuere, deberá responder a través de uno de los siguientes mecanismos:

a. Con su propio patrimonio, o

b. Con la reserva de estabilización de rendimientos que establezca la Superintendencia Bancaria.

Si la rentabilidad resultare superior podrá cobrar la comisión de manejo que señale para tal efecto la Superintendencia Bancaria.”

La rentabilidad a que alude la norma previamente citada, en principio hace recaer la responsabilidad de ese reconocimiento en cabeza del fondo administrador de cesantías; sin embargo, como en este caso la demandante no estaba afiliada a ningún fondo de cesantías, la obligación de dicho reconocimiento recaía en cabeza de su empleador y así lo consideró la entidad en los actos acusados, tal como lo señaló en el litera h) de la Resolución 34 de junio 6 de 2000.

No obstante, omitió hacer la liquidación correspondiente a tal concepto —rendimientos financieros— por lo que no ordenó ninguna suma sobre el particular, lo que constituye la ilegalidad del acto acusado en ese aspecto, por la omisión del reconocimiento de la suma a que estaba obligada en aplicación de tal disposición.

Sin embargo, con las pruebas aportadas por la entidad demandada, junto con la respuesta dada al auto para mejor proveer, se allegó copia de la Resolución 38 de febrero 1º de 2001, mediante la cual se precisó el valor a reconocer por concepto de las cesantías a favor de la demandante en el acto acusado y se adicionó el valor correspondiente a los rendimientos financieros, lo que implica que no hay lugar a ordenar ningún restablecimiento del derecho por ese concepto, toda vez que la entidad ya reconoció la suma pertinente, la cual fue consignada en el valor allí mencionado, como consta en el extracto del fondo de cesantías, previamente citado(9).

Sanción moratoria 

El reclamo de la sanción moratoria, tiene sustento legal en lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 que prevé una sanción consistente en un día de salario por cada día de retardo en que incurra el empleador en consignar las cesantías.

Con las pruebas recaudadas y el análisis que antecede, se pudo establecer que la entidad demandada incurrió en mora en la consignación de cesantías de la demandante, a partir del 16 de febrero del año 1999 y hasta el 31 de marzo de 2001 cuando efectivamente se reportó su pago, lo que hace procedente al tenor de la norma trascrita, el reconocimiento y pago de la sanción aludida a razón de un día de salario, por cada día de mora, por el periodo antes señalado y así se ordenará en la parte resolutiva de esta providencia.

Indexación o actualización

La demandante estima que la entidad omitió pronunciamiento en relación con el valor de la indexación de las sumas que por concepto de cesantías omitió reconocer oportunamente.

La indexación o actualización reclamada, tiene por objeto que los valores reconocidos tardíamente no pierdan su valor adquisitivo por el transcurso del tiempo, desde cuando debieron ser consignados, hasta cuando se hizo efectivo su pago.

No obstante, a juicio de la Sala, el reconocimiento de rendimientos financieros durante ese mismo lapso, tuvo el efecto de evitar que el valor adeudado por ese concepto se envileciera por el tiempo transcurrido, razón por la cual, no considera procedente hacer tal reconocimiento.

No ocurre lo mismo respecto del valor debido por la entidad por concepto de sanción moratoria, con posterioridad al momento en que se configuró la misma, como pasa a explicarse.

Como ya se señaló, la entidad incurrió en mora desde el 16 de febrero del año 1999 y hasta el 31 de marzo de 2001 y a causa de ello, se generó una sanción a costa de la entidad demandada y a favor de la demandante, en los términos anotados, que debió ser reconocida al momento de cesar la mora, es decir en el año 2001, pero no fue reconocida y tuvo que transcurrir el tiempo durante la reclamación administrativa y el proceso judicial que nos ocupa, para que finalmente, en cumplimiento de lo que aquí se ordena, la administración efectúe el pago de la misma.

Es decir, que el mismo dinero que causó entre el 16 de febrero de 1999 y hasta el 31 de marzo de 2001 por concepto de mora, no es el mismo valor que ha de reconocerse al momento de cumplir la sentencia, pues el valor que resulte de la mora durante ese lapso, debe ser actualizado, para que no se produzca la pérdida de su poder adquisitivo y es en los anteriores términos que habrá de reconocerse la indexación o actualización reclamada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de treinta (30) de junio de dos mil once (2011), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en el proceso promovido por Gladys Celina Ariza Montañez contra el Instituto de Salud de Bucaramanga de conformidad con las consideraciones de esta providencia.

En su lugar se dispone:

1. Declárase la nulidad parcial de las Resoluciones 344 de junio 6 de 2000 y 00480 de octubre 10 de 2000, mediante las cuales se ordenó el reconocimiento y pago de las cesantías a favor de la señora Gladys Celina Ariza Montañez por el periodo comprendido enero el 22 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 1999, en cuanto omitió el reconocimiento de rendimientos financieros y de la sanción moratoria por el pago tardío de las mismas.

2. Ordénase al Instituto Nacional de Salud reconocer y pagar a favor de la demandante Gladys Celina Ariza Montañez la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías, a razón de un día de salario por cada día de mora desde el 16 de febrero de 1999 y hasta el 31 de marzo de 2001, al tenor de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.

3. Sobre el valor adeudado, deberá aplicarse la indexación de la suma debida por concepto de sanción moratoria, año por año desde el 31 de marzo de 2001, cuando se efectuó el pago de las cesantías y cesó la mora, al tenor de lo dispuesto en el artículo 178 del C.C.A.

4. Compúlsense copias de las presentes diligencias a la Procuraduría General de la Nación, para que se investigue si la conducta omisiva de quienes estaban encargados del reconocimiento y pago oportuno de las cesantías a la demandante, pudo configurar falta disciplinaria.

5. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión de la fecha».

1 Ver artículo 2º.

2 Si bien en el capítulo de normas violadas de la demanda (fl. 52) se señaló como tal el literal b) del artículo 49 del Decreto 3118 de 1968, este no tiene relación con la reclamación de rendimientos financieros, sanción moratoria o indexación que son objeto de la demanda.

3 Según se desprende del literal a de las consideraciones de la Resolución 480 A de octubre 10 de 2000 (folio 23).

4 Folios 178 y 179.

5 Tal afirmación la hizo en el oficio que obra a folios 197 y 198.

6 Folios 217 y 218.

7 Según el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

8 Folio 196.

9 Folio 196.