Sentencia 2001-00120/28194 de noviembre 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad. 25000-23-26-000-2001-00120-01(28194)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: SOCIEDAD EL CARMELO LTDA. Y OTRO

Demandado: NACION – RAMA JUDICIAL Y OTROS

Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « V. Consideraciones

1. Competencia.

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 26’390.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 19.208’557.125, solicitada por concepto de perjuicios materiales, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

2. Prueba trasladada.

En lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse que los medios probatorios en ella contenidos que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no hubieran sido solicitados en el presente proceso por la parte contra la cual se aducen, o que no hubieran sido practicados con audiencia de esta no podrán ser valorados por la Sala(2). Por otro lado, téngase en cuenta que, como se ha dicho en otros casos, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, estas podrán ser tenidas en cuenta, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en aquel del cual se traen y no hayan sido ratificadas en el destinatario, considerando que, en esos casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(3).

En el expediente obran, en copia simple(4), el proceso ejecutivo adelantado en contra del señor Gerardo Streithorst Clausen, el proceso ejecutivo que se inició en contra del señor José Urbano Daza Zamora y las querellas policivas formuladas por El Carmelo Ltda. en contra de personas indeterminadas, elementos que fueron aportados con la demanda con el fin de que fueran tenidas como pruebas, petición a la que adhirió el municipio de Soacha(5). En este orden de ideas, se les otorgará valor probatorio.

3. Valoración probatoria.

1. Según las piezas procesales del juicio adelantado en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá por la señora Alicia Barrera de Sandquist y Jorge Eliécer Sandquist Barrera en contra de Gerardo Streithorst Clausen, ese despacho ordenó el embargo y secuestro de un bien inmueble ubicado en el municipio de Soacha, por el cual se reclama en el presente proceso. La medida de embargo quedó registrada en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente (anotación 8, f. 11, cdno. pbas.).

2. El 3 de octubre de 1975 se llevó a cabo la audiencia de secuestro en la que se identificó plenamente el predio, el cual quedó a cargo del secuestre Felipe Humberto Ramírez; sin embargo, comoquiera que el ejecutado cumplió con la obligación contraída, mediante auto del 29 de marzo de 1978 se dio por terminado el proceso y se decretó la cancelación de las medidas cautelares. Como anotación 9 del folio de matrícula se registró el desembargo (f. 23 a 24 y 84, cdno. 5 y f. 11, cdno. pbas.). La diligencia de entrega material del predio se realizó el 7 de septiembre de 1999, en los términos que se expondrán más adelante (pág. 9, numeral 8º).

3. Según anotación 10 del certificado de matrícula inmobiliaria expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, realizada el 24 de mayo de 1978, el señor Gerardo Streithorst Clausen, mediante escritura pública 1296 del 18 de abril de ese año, vendió el inmueble a la sociedad Ganadería El Topacio Ltda. (f. 11 a 12, cdno. pbas.).

El certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga da cuenta de que la mencionada sociedad cambió de razón social, así: en 1979 a Alphamotos Ltda., en junio de 1998 a Disbelta Ltda., en agosto de 1998 a Representaciones El Carmelo Ltda. y en septiembre de 2000 a El Carmelo Ltda., siendo esta última con la que compareció a este proceso, en calidad de demandante; en consecuencia, en adelante e independientemente de las fechas de cada presupuesto fáctico, se hará mención únicamente a El Carmelo Ltda. (f. 11 y 106 a 107, cdno. pbas.).

4. El 24 de febrero de 1981, El Carmelo Ltda.(6) solicitó ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá que ordenara al secuestre, Felipe Humberto Ramírez, que le hiciera la entrega material del predio en cuestión, ya que ahora era propietaria del mismo, no obstante lo cual “se ha visto imposibilitada para explotar los predios que adquirió legalmente hace más de tres años”. El Juzgado, mediante auto del 28 de febrero siguiente, accedió a la petición y ordenó oficiar al auxiliar de la justicia para lo de su cargo; no obstante, según memorial del 3 de marzo de 1982, “no ha sido posible la restitución del predio desembargado por parte del secuestre ni de sus moradores”; de manera que pidió librar despacho comisorio al Juzgado Civil de Soacha para que practicara la diligencia de entrega (f. 101, 102 y 106, cdno. 5).

5. Mediante auto del 5 de marzo de 1982, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá comisionó al Juzgado Civil de Soacha para que realizara la entrega del predio; sin embargo, el 19 de abril de 1982 aquél, oficiosamente, dejó sin efecto la providencia del 5 de marzo anterior, así (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):

“Débese tener en cuenta que el presente proceso termino por pago efectivo de la obligación, y allí se desembargaron los bienes objeto de aquel, según auto de marzo 29 de 1.978. Allí mismo se ordenó la entrega de los bienes por parte del secuestre al demandado, lo cual cumplió el juzgado haciendo el oficio respectivo, y este comunico al Juzgado que no había recibido orden de entrega al señor Alfonso Penagos.

“Lo cierto es que el demandado vendió el terreno a la firma denominada Ganadera El Topacio Ltda., y según la escritura, el dominio y posesión de los lotes que formen dos globos de terreno. De esto resulta que es el vendedor quien debe salir al saneamiento con el adquirente, y no el juzgado quien debe hacerle entrega a un tercero que no es parte dentro del proceso, el cual ya terminó y hay sustracción de materia.

“Como quiera que se ordenó la entrega de terreno por medio del Juez Civil Municipal de Soacha, a quien se le ordenó librar comisorio, este juzgado considera que no es la vía para hacer ese tipo de diligencia, cuando es obligación del vendedor entregar lo que vendió, esa es la razón para dejar sin ningún valor como efecto lo hace el auto de 5 de marzo del corriente año” (f. 107, cdno. 5).

6. El Carmelo Ltda. formuló recurso de reposición en contra de la anterior decisión, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante auto del 17 de junio de 1982 (f. 108 a 110, cdno. 5).

7. Mediante auto del 21 de noviembre de 1997, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá ordenó oficiar al secuestre para que procediera a la entrega de los bienes a favor del ejecutado, es decir, al señor Gerardo Streithorst Clausen; sin embargo, el 17 de julio de 1998, comisionó a un inspector de policía, designado por la Secretaría de Gobierno, para que llevara a cabo la mencionada diligencia de entrega que, como ya se dijo, se realizó el 7 de septiembre de 1999 (f. 259 vtdo. y 265, cdno. 5).

8. De otra parte, está probado que, el 4 de abril de 1990, El Carmelo Ltda. formuló querella ante la Inspección de Policía de Soacha, con el fin de solicitar el lanzamiento de personas indeterminadas que, “de manera clandestina, y sin consentimiento tacito (sic) ni escrito”, ocuparon de hecho el inmueble que había adquirido mediante la escritura pública 1296 atrás mencionada, denominado La Cantera. La acción fue admitida mediante auto de 9 de abril de ese año, providencia en la que también se ordenó llevar a cabo la diligencia de lanzamiento (f. 21 a 27, cdno. pbas.).

9. El 22 de mayo de 1990 se practicó dicha diligencia; sin embargo, el señor José Urbano Daza Zamora se opuso a la misma, aseverando haber ejercido posesión quieta y pacífica sobre el predio durante más de 15 años. De igual manera, el señor William Humberto Ardila Infante se resistió al desalojo y manifestó que el inmueble se encontraba embargado por disposición judicial proferida en el marco de un proceso ejecutivo adelantado en contra del señor Daza Zamora y en el que fue designado como secuestre. El 19 de junio siguiente, el inspector de policía ordenó el archivo de la querella (f. 30 a 32 y 35, cdno. pbas.).

10. Al respecto, se verificó en el expediente que, tal como lo aseguró en esa oportunidad el señor William Ardila, el inmueble fue embargado y secuestrado el 30 de enero de 1988 por orden del Juzgado 35 Municipal de Bogotá; pero, debido a que el ejecutado, señor José Urbano Daza, pagó la obligación el 5 de febrero de 1992 el juez de conocimiento dio por terminado el proceso y decretó el levantamiento de dichas medidas (f. 663 y 689, cdno. 4).

11. El 7 de septiembre de 1992, El Carmelo Ltda. solicitó nuevamente el lanzamiento de las personas que se asentaron en el mencionado predio y pidió a la inspección de policía que ordenara la demolición de las viviendas irregularmente allí construidas (f. 38 a 40, cdno. pbas.). Previa admisión de la querella y dada la orden de desalojo, el 14 de octubre de 1992, la Inspección Tercera Municipal de Soacha llevó a cabo la respectiva diligencia, en la que participó la parte actora y se consignó lo siguiente:

“2. Se acordó delimitar una franja en la parte superior del terreno para allí reubicar allí (sic) PROVISIONALMENTE a las familias que ocupan las cuarenta y ocho viviendas antes censadas… 3. La misma comunidad que habita este sector se COMPROMETE a no permitir la construcción y/o habitación de otras personas distintas a las que realmente se encuentran habitando en este momento de conformidad con el censo levantado, obligándose a informar cualquier contravención a lo acordado a las autoridades municipales, acuerdo extensivo para las partes en conflicto… El despacho sin embargo de lo anterior señala que estas medidas adoptadas son de carácter PROVISIONAL, mientras se adelantan los trámites en orden a lograr la ubicación definitiva de esta población” (f. 53 a 55, cdno. pbas.).

12. Ahora bien, comoquiera que en el primer proceso mencionado, esto es, el ejecutivo que se tramitó en contra de Gerardo Streithorst Clausen, se ordenó el levantamiento del embargo y secuestro decretado sobre el predio La Cantera, pero no fue posible adelantar la diligencia de entrega material durante muchos años, ella se llevó a cabo el 7 de septiembre de 1999, en cuya acta se dejó constancia de lo siguiente (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):

“De lo manifestado por los dos apoderado se corre traslado al apoderado de la parte interesada en la práctica de esta diligencia quien manifiesta: Teniendo en cuenta lo evidenciado en el transcurso de las distintas sesiones en que se ha desarrollado esta diligencia, es decir que del inmueble que se ordeno en entregar compuesto por dos franjas de terreno junto con unos bienes muebles destinados a la explotación de una cantera estos últimos no existen y en los dos lotes hoy esta asentada una comunidad que en numeroso grupo se ha hecho presente existiendo aproximadamente seiscientos diecinueve lotes en lo que antaño fueron esos dos lotes mencionados y que estan aportando pruebas referentes a adquisición de lotes, pago de servicios, cesión de la posesión que refuerza lo que se observa como actos posesorios consistentes en la construcción de casas y constitución de sus ocupantes en juntas de Acción Comunal, algunos de los cuales se han referenciados adquirieron del secuestre de estevpredio en el proceso que nos ocupa, lo cual imposibilita la entrega real y material que viene ordenada por el Juzgado comitente, pido atentamente al despacho que ante tales circunstancias que reitero han generado una situación social de grandes repercusiones por tratarse de una numerosa comunidad de escasos recursos que reitero hacen que no pueda efectuarse la entrega o insistirse en ella como lo ha podido constatar el despacho (…) En el caso que nos ocupa tenemos que se ha presentado oposición en primer lugar por un grupo de habitantes del barrio y en segundo lugar han sido representados por la junta de Acción Comunal que a nombre de la misma comunidad a otorgado poder para que se defiendan sus intereses, lo esencial que debe demostrar quien obstenta la calidad de poseedor, es el fenómeno jurídico de la posesión que es un hecho que quien la detenta lo debe de mostrar de manera quieta y pacífica y a la luz pública. Se ha podido constatar en el transcurso de las diligencias que las personas que habitan este barrio son las que directamente ejercitan actos de señor y dueño cada uno respecto de su propiedad, la que han adquirido por medio de compras tal como se pudo advertir en los documentos que se han aportado en el desarrollo de esta diligencia (…) En consecuencia el juzgado RESUELVE ADMITIR la Oposición planteada por los habitantes del Barrio El Divino Niño de la localidad de Soacha. De la anterior decisión las partes quedan notificadas en estrados. Los apoderados no hacen manifestación alguna sobre la anterior decisión” (f. 343 a 360, cdno. 6).

4. La legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es un elemento sustancial que corresponde a la calidad o al derecho que tiene una persona para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda, como sujeto de la relación jurídica; de esta manera, la parte demandante tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado en la demanda —legitimación por activa— frente a quien fue demandado —legitimación por pasiva—. En ese sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa) es la identidad que tiene el demandante con el titular del derecho subjetivo y, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por pasiva) es la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado.

Así las cosas, es deber de la Sala determinar, a partir del material probatorio atrás comentado, si la parte accionante está legitimada para reclamar la indemnización del daño y si la entidad demandada es la llamada a responder por aquella.

Tal como quedó demostrado atrás, el señor Gerardo Streithorst Clausen vendió su derecho real de propiedad a El Carmelo Ltda., a través de la escritura pública 1296 del 18 de abril de 1978, la cual fue registrada en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente; de esta manera, se entiende, en principio, que quien únicamente está facultada para reclamar algún perjuicio con ocasión de una afectación respecto del predio enajenado en aquel negocio jurídico, en calidad de propietaria, es, en efecto, la sociedad El Carmelo Ltda. y no el señor Streithorst Clausen.

Sin embargo, sucede que no solo se alegó la afectación del inmueble, como se desprende del hecho 53 de la demanda —atrás transcrito—, derivada de la inactividad del municipio de Soacha para impedir la urbanización ilegal que se edificó en el mismo y respecto de la cual, como ya se dijo, es El Carmelo Ltda. la llamada a reclamar los daños causados con dicha falla; también se le atribuyó responsabilidad a la Rama Judicial por los perjuicios derivados del secuestro del predio y de la falta de entrega, previo levantamiento de las medidas cautelares, a favor del ejecutado, es decir, del señor Gerardo Streithorst Clausen.

Así las cosas, comoquiera que, de conformidad con los hechos probados, fue al señor Streithorst Clausen a quien le embargaron y le secuestraron el inmueble (pues en esa época era quien tenía la propiedad) y, en consecuencia, era a él a quien se le debía hacer entrega del mismo, según las decisiones judiciales proferidas en el proceso ejecutivo (ver numeral 5º de la página 8 de esta providencia), no obstante lo cual ello no se efectuó, la Sala considera que el mencionado demandante también demostró tener un interés jurídico susceptible de ser resarcido; por lo tanto, se concluye que Gerardo Streithorst Clausen se encuentra legitimado para integrar el extremo activo de la litis.

Ahora, teniendo en cuenta que en la demanda se realizaron imputaciones fácticas constitutivas de fallas en el servicio y generadoras del daño cuya indemnización se persigue respecto de la Rama Judicial y del municipio de Soacha, la Sala considera que ambas demandadas están legitimados en la causa por pasiva.

5. Oportunidad de la acción.

La Sala ha señalado que, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley y, de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado por la vía jurisdiccional(7).

Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones permanezcan indefinidas en el tiempo. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio del derecho de acción, acudan a la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones.

Para efectos del conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa, debe tenerse en cuenta lo consagrado en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, según el cual esta:

“… caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

En otras palabras, la ley consagra un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

Sin embargo, para aquellos casos en los cuales no resulta claro el momento de iniciar la contabilización del término de caducidad, esta corporación, de forma pacífica y reiterada, ha considerado que debe computarse desde el conocimiento del hecho dañoso y no a partir de su ocurrencia(8). Así ha discurrido, al sostener que:

“Si bien es cierto que el inciso 4º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que el término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por causa de trabajos públicos, dicha norma entendida de manera racional debe interpretarse en el sentido de que no basta con la realización pura y simple del hecho causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el afectado, lo cual en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo. Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que solo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción(9)(10).

Ahora bien, en los casos en los cuales el conocimiento o concreción del daño se produce con posterioridad a la ocurrencia misma del hecho dañoso, la Sala ha definido que, en virtud de los principios pro actione y pro damnato, la contabilización del término de caducidad se debe realizar a partir del momento en que alguno de aquellos —conocimiento o concreción del daño— tenga ocurrencia(11).

Es decir, para la Sala la regla general consiste en que el término de caducidad, según el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe contabilizarse a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho que originó el daño; sin embargo, en aquellos casos en los cuales el conocimiento o la concreción del daño padecido ocurre con posterioridad, el término de caducidad se computará desde este último instante.

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que, tal como se dedujo de la demanda y se explicó atrás, el señor Gerardo Streithorst Clausen pretende la declaración de responsabilidad de la Rama Judicial por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que se hizo consistir en el secuestro del inmueble y en la omisión, por parte del auxiliar de la justicia, de los deberes de custodia y devolución del mismo a su favor, la Sala contabilizará el término de caducidad desde el 7 de septiembre de 1999, fecha en la cual se llevó a cabo la diligencia de entrega del inmueble embargado y en la que, por imposibilidad absoluta, no le fue devuelto el predio, momento en el que, entonces, se concretó el hecho dañoso.

En consecuencia, como la demanda se formuló el 19 de diciembre de 2000, se concluye que, respecto del señor Streithorst Clausen, su presentación fue oportuna.

En cuanto a El Carmelo Ltda. la situación es diferente, pues, atendiendo a sus pretensiones, es decir, a que se condene al municipio de Soacha a indemnizar los perjuicios causados con la falla en el servicio en que incurrió al ser pasivo y permisivo ante una urbanización irregular que se desarrolló en el mencionado lote y al hecho de que no es posible determinar el momento preciso en que la entidad territorial empezó a avalar las acciones de ocupación, la Sala tendrá en cuenta, para efectos del conteo del término de caducidad, el momento en que la mencionada sociedad conoció de la falla alegada.

Los hechos que están probados en el proceso dan cuenta de que el predio denominado La Cantera fue objeto de una medida de secuestro que se materializó el 3 de octubre de 1975, diligencia en la cual se nombró a Felipe Humberto Ramírez como secuestre del mismo. Una vez El Carmelo Ltda. adquirió la propiedad del lote, buscó normalizar la situación que allí se presentaba, de manera que, en dos oportunidades, esto es, el 4 de abril de 1990 y el 7 de septiembre de 1992, solicitó el lanzamiento de las personas que ocupaban de hecho el inmueble y pidió la demolición de las viviendas edificadas allí.

En la primera ocasión, el apoderado de El Carmelo Ltda. fundó tales peticiones en el siguiente supuesto fáctico:

“QUINTO: Mi poderdante, por intermedio de uno de sus apoderados judiciales y uno de sus dependientes, se entero (sic) el día 15 de marzo de 1.990, que al costadonor-oriental (sic) del inmueble ya alinderado, se habían construido 4 casitas hechas en bloque de ladrillo y teja de zinc, que la ocupación de hecho, se había llevado a cabo por personas indeterminadas, de manera clandestina, y sin consentimiento tacito (sic) ni escrito de la entidad que represento, habiéndose, con este hecho, configurado la figura (sic) estatuida por la Ley 57 de 1.905, y reglamentada por el Decreto 992 de 1.930…” (Se resalta, f. 22, cdno. pbas.).

Conforme a lo anterior, en el caso de El Carmelo Ltda. el término de caducidad no empezó a correr desde la diligencia efectuada el 7 de septiembre de 1999, como sí lo hizo respecto del daño alegado por Gerardo Streithorst Clausen, sino que ello ocurrió el 16 de marzo de 1990, toda vez que, según lo recién transcrito, el día anterior la sociedad tuvo conocimiento del asentamiento irregular que empezaba a proliferar en el lote de su propiedad; es decir, en estricto sentido, el término feneció el 16 de marzo de 1992; no obstante, la presentación de la demanda se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2000, esto es, cuando el fenómeno de la caducidad ya había operado.

Y es que, aun contabilizando el término desde la fecha de la segunda querella de lanzamiento iniciada por El Carmelo Ltda., es decir, desde el 7 de septiembre de 1992, la acción igual está caducada.

Ahora, no sobra aclarar que, en todo caso, respecto de El Carmelo Ltda. no se puede predicar una falla de la Administración por la omisión en la entrega del inmueble, toda vez que, en el presente asunto, dicha obligación no radica en cabeza del Estado, sino que, a la luz del artículo 1880 del Código Civil, es quien vendió el inmueble, es decir, el señor Streithorst Clausen, la persona que tiene el deber de cumplir con “la entrega o tradición, y el saneamiento de la cosa vendida”, entendiéndose con ello que, además de estar obligado a conservar la cosa hasta la entrega, es dicho señor quien debe ponerla a disposición del comprador, jurídica y materialmente, es decir, es él, no la administración, el obligado a la entrega del inmueble en favor del comprador, de suerte que, si aquel no atiende la obligación que le compete, independientemente de las razones que motiven su falta, es a él a quien el acreedor puede reclamar por el incumplimiento de tal deber contractual.

Así las cosas, corresponde a la Sala abordar el análisis de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios que el señor Gerardo Streithorst Clausen asegura haber padecido con ocasión del secuestro y la falta de devolución de un bien inmueble que, para el momento de la imposición de la medida cautelar, era de su propiedad y que fue puesto bajo la custodia del secuestre Felipe Humberto Ramírez.

6. Responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Antes de entrar a regir la Constitución Política de 1991, la Sección Tercera del Consejo de Estado distinguió entre lo que denominó: i) responsabilidad derivada de la administración de justicia, que la asimiló a una falla en la prestación del servicio y consideró, por ejemplo, que había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes, o por sustracción de títulos o bienes que se encontraran bajo custodia de las autoridades judiciales(12); y, ii) responsabilidad derivada del error judicial, la cual en un principio fue rechazada por la jurisprudencia de esta corporación, bajo el entendido de que, en los eventos en los cuales los funcionarios judiciales incurrían en errores en desarrollo de su actividad de los que se derivaban daños para los administrados, quien comprometía la responsabilidad era el propio funcionario judicial y no el Estado, idea bajo la cual se entendió que admitir la responsabilidad derivada del error judicial implicaría el desconocimiento del principio de cosa juzgada, en cuya virtud no es posible que un aspecto ya decidido por el juez sea fallado nuevamente, de tal suerte que los daños causados como consecuencia de ese error judicial únicamente comprometían la responsabilidad personal del funcionario judicial, en los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil(13), esto es, cuando fueran causados como consecuencia de un error inexcusable.

De manera excepcional, la corporación llegó a reconocer la responsabilidad de la administración de justicia en aquellos eventos en los que el funcionario judicial, aún en el ejercicio de sus funciones, incurría en una vía de hecho y causaba lesión a una de las partes, sus apoderados, un auxiliar de la justicia o un tercero(14).

Pues bien, la Constitución Política establece como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de todas las autoridades públicas, incluidas, por supuesto, las judiciales; así, en una decisión de 22 de julio de 1994, expediente 9043, la Sección Tercera aseguró que, en aplicación del artículo 90 de la Constitución Política, no existía duda alguna en torno a que los errores judiciales pueden ser fuente de reclamaciones por quienes resulten dañados o perjudicados con ellos, independientemente de la responsabilidad que pueda recaer sobre el funcionario judicial.

En los artículos 232 y siguientes del Decreto 2700 de 1991 —antiguo Código de Procedimiento Penal—, fue consagrada la acción de revisión, a través de la cual se contempló la posibilidad de reabrir un juicio ya clausurado, cuando se hubiera incurrido en error judicial. Dicha acción constituye una excepción a la intangibilidad de la cosa juzgada. A su turno, el artículo 242 del mismo ordenamiento consagró el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el proceso penal, aspecto frente al cual la Sección Tercera ha declarado la responsabilidad de la administración, sin dificultad alguna(15).

Posteriormente, la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del poder público, así como el de la responsabilidad personal de sus funcionarios y empleados judiciales.

En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado se establecieron tres supuestos: el error jurisdiccional, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad. En todo caso, conviene precisar que, aún con anterioridad a la expedición de la Ley Estatutaria, la jurisprudencia de esta corporación había distinguido ya entre el contenido del error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como títulos jurídicos de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado administrador de justicia.

En cuanto a la configuración del primero de estos, es decir, del error jurisdiccional, la mencionada ley estatutaria dispone que es necesario que concurran los siguientes elementos: i) que el error esté contenido en una providencia judicial, ii) que esta sea proferida por un funcionario investido de autoridad judicial y iii) que el afectado haya interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes. Es preciso anotar que se incurre en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho.

Esta clase de responsabilidad también se hace extensiva a los errores en que incurran los demás agentes del Estado que, sin pertenecer a la Rama Jurisdiccional, cumplan la función de administrar justicia(16). El error judicial puede ser de hecho o de derecho, en este último caso por interpretación errónea, falta de aplicación o indebida aplicación de la norma procedente; además, deben quedar incluidas en el concepto de error jurisdiccional las providencias que contraríen el orden constitucional(17).

No es necesario que la providencia sea constitutiva de una vía de hecho, esto es, que se trate de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que obedezca a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, como lo entendió la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270 de 1996(18), porque ello implicaría desconocer la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto dicha disposición prevé que se debe indemnizar todo daño antijurídico que llegare a ocasionarse, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa(19).

Dado que el artículo 90 de la Constitución de 1991 y la Ley 270 de 1996 conciben el error judicial de una manera objetiva, para su configuración basta que la providencia que lo contenga cause un daño antijurídico y que este resulte imputable a la administración de justicia, pues la noción de culpa grave o dolo queda diferida a los eventos en los que se pretenda demostrar la responsabilidad personal del funcionario.

En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que este, a diferencia del error judicial, se produce en las actuaciones judiciales —distintas a la expedición de providencias— necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de estas últimas.

Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Pueden provenir no solo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales; en efecto, en relación con las acciones u omisiones de estos últimos particulares, colaboradores de la justicia, el Consejo de Estado ha señalado que, cuando con estas se causen daños antijurídicos, se deriva la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios.

Así lo dispuso el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 que, en desarrollo del artículo 90 de la Constitución Política, reguló la responsabilidad del Estado y la de sus funcionarios y empleados judiciales, en los siguientes términos:

“ART. 65.—DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Al respecto, esta corporación también ha dicho:

“Así las cosas, la actividad judicial de los auxiliares de la justicia, en detrimento de los deberes que la constitución y las leyes les impone, bien puede llegar a comprometer, por acción u omisión, no solamente su responsabilidad personal y patrimonial de tales servidores públicos ocasionales, sino también la responsabilidad administrativa del Estado, en virtud de daños antijurídicos que le sean imputables frente a los litigantes y otros. Todo esto derivado del acentuado intervencionismo en la actividad para confeccionar las listas, para designar a los auxiliares de la justicia y para controlarlos estrictamente en el cumplimiento de sus deberes. Claro está, que en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, así lo sea transitoriamente aquel deber (sic) repetir contra este, según claras voces del artículo 90 Constitución Nacional”(20).

En estos casos, ese detrimento debe ser acreditado, no solo porque no siempre la falla en la prestación del servicio de administración de justicia genera un daño antijurídico sujeto a resarcimiento, sino porque, aun cuando no es un elemento suficiente para construir la imputabilidad que se pretende, es a partir del mismo que el análisis de la falla alegada por quien demanda y la relación de causalidad cobran importancia, porque “si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”(21).

Hechas las anteriores precisiones, puede concluirse que en vigencia del artículo 90 de la Constitución Política de 1991, inclusive antes, como se anotó, y de la Ley 270 de 1996, el Estado está en la obligación de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, siempre que estén acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, esto es, que se haya causado un daño antijurídico, que este resulte imputable a una actuación u omisión de la autoridad vinculada a la rama judicial y que exista un nexo causal entre el primero y el segundo.

Así las cosas y apreciando en su conjunto el material probatorio allegado al proceso (art. 187 del C.P.C.), la Sala no halla acreditado el primero de los elementos fundamentales para imputarle responsabilidad patrimonial y administrativa al Estado, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dentro de la noción jurídica de falla en la prestación del servicio de administración de justicia, pues, aunque se demostró: i) la imposición del embargo y secuestro del inmueble ubicado en el municipio de Soacha, por el cual se reclama, ii) la terminación del proceso ejecutivo por pago de la obligación y el consecuencial levantamiento de las medidas cautelares (auto de 29 de marzo de 1978) y iii) la imposibilidad de hacer efectiva la entrega material del predio, por cuanto en la diligencia del 7 de septiembre de 1999 se admitió la oposición de los habitantes del barrio que, para esa época, ya se había cimentado, no existe en el proceso evidencia alguna que acredite que Gerardo Streithorst Clausen sufrió un detrimento patrimonial con ocasión de la falta de entrega del predio, pues, lo cierto es que, a pesar de ello, él sí dispuso de su derecho de propiedad y, de hecho, lo cedió, a título oneroso, a El Carmelo Ltda. por la suma de $ 3'000.000 (en 1978). Cosa distinta es que, con ocasión de la falta de entrega del inmueble a su favor, él, a su vez, no lo haya podido entregar al comprador y que a partir de dicho incumplimiento se le haya ocasionado algún daño; no obstante, no existe ninguna prueba en el expediente que así lo acredite.

A todo lo anterior es preciso agregar que, a juicio de la Sala, el señor Streithorst Clausen adoptó una posición pasiva y negligente respecto de las decisiones y diligencias a cargo del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, pues, por ejemplo, contrario a actuar en defensa de sus propios intereses, nada manifestó sobre el auto del 29 de marzo de 1978 en el que, pese a disponer el levantamiento de las medidas cautelares y dar por terminado el proceso ejecutivo en su contra, no ordenó la entrega material del inmueble a su favor.

En conclusión, comoquiera que la parte actora no observó el mandato que le impone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(22), por cuanto no probó la existencia de los elementos necesarios para estructurar la responsabilidad patrimonial en cabeza del Estado, se presenta una clara ausencia o imposibilidad de imputación de responsabilidad a cargo de la entidad demandada.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por los motivos expuestos en este proveído.

7. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFÍCASE la sentencia del 16 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE que, respecto de El Carmelo Ltda., ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

2. NIÉGANSE las pretensiones del señor Gerardo Streithorst Clausen.

3. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE»

(2) Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20300.

(3) Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12789.

(4) En sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2013 (expediente 25002), la Sección Tercera de esta corporación aceptó la valoración de las piezas documentales aportadas al proceso en copia simple, por cuanto respecto de estas “se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido”. Pese a que el suscrito Magistrado no comparte la posición mayoritaria adoptada por la Sala sobre la materia, acogerá lo dispuesto en la mencionada providencia.

(5) F. 35, cdno. 1.

(6) El señor Alfonso Penagos, gerente de El Carmelo Ltda. otorgó poder al doctor José Octavio Santamaría Carrero para que actuara en representación de la sociedad (f. 102, cdno. 5).

(7) Entre otros, auto de 26 de marzo de 2007, expediente 33372. Actor: Carlos Fabián Quilindo.

(8) Al respecto, ver por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12.200 y autos de 12 de diciembre de 2007, expediente 33.532 y de 6 de agosto de 2009, expediente 36.834, entre otras decisiones.

(9) Ricardo de Ángel Yagüez: “Tratado de Responsabilidad Civil”, Madrid, Edit. Civitas, 1993, 3ª ed., pág. 154.

(10) Consejo de Estado, sentencia del 2 de marzo de 2006, expediente 15785, C.P. María Elena Giraldo.

(11) Ver sentencia de la Sección Tercera, Subsección A, del 26 de febrero de 2014, expediente 27588, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(12) Ver, entre otras: sentencias de 10 de noviembre de 1967, expediente 868; de 31 de julio de 1976, expediente 1808; de 24 de mayo de 1990, expediente 5451.

(13) El artículo 40 del Código de Procedimiento Civil disponía: “Además de las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley, los magistrados y jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes, en los siguientes casos: 1. Cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad. 2. Cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto. 3. Cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo del recurso que la parte dejó de interponer”. En Sentencia C-244A de 30 de mayo de 1996, la Corte Constitucional declaró que esta norma fue subrogada por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que reguló totalmente el tema.

(14) Sala Plena, sentencia de 16 de diciembre de 1987, expediente R-01, CP.

(15) Ver: sentencias de 30 de mayo de 2002, expediente 13.275, y de 14 de agosto de 1997, expediente 13.258.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15.528.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 1997, expediente 13.258.

(18) Sentencia C-037 de 1996.

(19) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, expediente 10.285.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 1991, expediente 6380, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(21) HENAO, Juan Carlos: “El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés”. Universidad Externado de Colombia, 2007, pág. 36.

(22) “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.