Sentencia 2001-00145 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 250002326000200100145 02 (29.456)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: María Cristina Ramírez Cabrera y otros

Demandado: Ministerio de Educación Nacional y otro

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado ni caducidad(2), procede la Subsección a resolver el asunto sometido a su consideración a través del siguiente esquema: 1) las pruebas relevantes para adoptar la decisión, 2) el caso concreto, 3) el reconocimiento de perjuicios y 4) la condena en costas.

2.1. Pruebas relevantes para adoptar la decisión.

Para adoptar la decisión en el presente proceso resultan relevantes las siguientes pruebas:

— Registro civil de nacimiento de María Cristina Ramírez Cabrera (fl. 1, cdno. 2 de pbas.)

— Registro civil de nacimiento de Miryam Patricia Cabrera Borda (fl. 2, cdno. 2 de pbas.).

— Registro civil de nacimiento de Luis Humberto Ramírez Cabrera (fl. 3, cdno. 2 de pbas.).

— Registro civil de nacimiento de Carlos Miguel Isaza Caicedo (fl. 4, cdno. 2 de pbas.).

— Registro civil de nacimiento de Nohora Caicedo Rico (fl. 5, cdno. 2 de pbas.).

— Registro civil de nacimiento de Miguel Alfonso Isaza (fl. 6, cdno. 2 de pbas.).

— Registro civil de nacimiento de Eliana Paola Reyes Sanabria (fl. 7, cdno. 2 de pbas.).

— Certificado de registro civil de nacimiento de Ana Celina Reyes Sanabria (fI. 8, cdno. 2 de pbas.).

— Anuncios publicitarios del programa de administración comercial ofrecido por Fenalco (fls. 10-16, cdno. 2 de pbas.).

— Constancia del 30 de marzo de 2000, de la secretaria general del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, mediante la cual certifican la inexistencia de la Institución de Educación Superior - Corporación Universitaria Fenalco (fI. 17, cdno. 2 de pbas.).

— Oficio 3010 del 19 de junio de 2000, mediante la cual la subdirectora de monitoreo y vigilancia del Icfes remite las actas 9, 16, y 17 de 22 de noviembre de 1995, 23 de octubre de 1996 y 11 de diciembre de 1996, respectivamente (fls. 18-60, cdno. 2 de pbas.).

— Respuesta de la subdirectora de monitoreo del Icfes al derecho de petición presentado por el apoderado de los demandantes (fls. 64-65, cdno. 2 de pbas.).

— Copia simple del Oficio DG-1./96 suscrito por el representante legal provisional de la Fundación Universitaria Fenalco dirigido al director general del Icfes, en la cual hace unas consideraciones sobre el trámite de la solicitud de personería jurídica de la Fundación Institución Universitaria Fenalco (fls. 67-70, cdno. 2 de pbas.).

— Copia simple del Oficio 700-3-2560 del 26 de febrero de 1996, en la cual el Icfes hace unas recomendaciones respecto del trámite de la personería jurídica de la Fundación Institución Universitaria Fenalco (fls. 71-72, cdno. 2 de pbas.).

— Solicitud de personería jurídica presentada por Fenalco ante el Icfes del 24 de marzo de 1998 (fls. 73, 74 y 75, cdno. 2 de pbas.).

— Recibos de pagos, oficios, certificación de notas que acreditan la vinculación de los demandantes con Fenalco (fls. 79-110, cdno. 2 de pbas.).

— Oficio 55062 del 22 de abril 2002, mediante el cual el Icfes remite con destino al tribunal de primera instancia la actuación surtida por dicha entidad en lo relacionado con la Fundación Universitaria Fenalco (fls. 151-251, cdno. 2 de pbas.).

— Mediante Oficio 126 del 18 de septiembre de 2003, la Fiscalía General de la Nación remitió copia de las diligencias penales adelantadas contra los señores Dionisio Araújo Vélez, Oscar Rojas y Jaime Salazar por el delito de estafa (cdnos. 6 y 7 de pbas.).

2.2. El caso concreto.

2.2.1. La apelación adhesiva.

Previo al estudio del fondo del asunto, la Sala considera necesario pronunciarse acerca de la apelación adhesiva, sobre la que ha dicho la Sala que quien no presentó oportunamente su apelación está facultado legalmente para adherir al recurso presentado por otra de las partes, en lo que la providencia le sea desfavorable, pero su impugnación dependerá de la apelación principal, ya que en caso de desistimiento la apelación adhesiva quedará sin efecto(3).

2.2.2. Las copias simples.

Sobre el valor probatorio de las copias simples aportadas al plenario. La Sala las valorará conforme al precedente jurisprudencial de Sala Plena de la Sección Tercera, ha indicado que es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

Sobre la valoración de las copias simples ha dicho la Sala:

“Debe precisarse que la copia simple de las pruebas que componen el acervo del proceso penal, en especial las diligencias adelantadas por las demandadas, pueden ser valoradas toda vez que los medios probatorios obrantes fueron practicados con audiencia de la demandada(4), y solicitados como prueba traslada(sic) por la parte demandante, petición que fue coadyuvada por las demandadas, surtiéndose así el principio de contradicción.

Sobre este punto en particular, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia proferida el 18 de enero de 2010, en el proceso radicado con el Nº 1999-01250, la cual se cita in extenso:

“(...) Ahora, la Sala observa que con la demanda la parte actora aportó en copia simple un documento que contiene la valoración de los daños ocasionados por la toma guerrillera al corregimiento de Tres Esquinas, realizado por el comité técnico para la valoración de daños, el cual fue suscrito por el alcalde municipal, el secretario de planeación, el presidente de la Cruz Roja, el secretario de obras públicas y el promotor comunitario. En dicho documento se incluyó el listado de las personas afectadas y el presupuesto establecido por el comité para el resarcimiento de los daños, correspondiéndole a la señora Gloria Orjuela de Lozano la suma de $ 55'000.000, con la constancia de que “el comité local de emergencias del municipio de Cunday, unánimemente da por aceptado los valores presentados por el comité técnico de valoración para los fines pertinentes” (fls. 12 a 14, cdno. 1).

En principio dicho documento carecería de valor probatorio al obrar en copia simple tal como la Sala lo ha explicado en numerosas providencias, comoquiera que no cumple con las reglas contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil; según las cuales los documentos públicos y privados aportados en fotocopia simple por personas que no los suscriben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente.

No obstante lo anterior, en este caso la Nación, al contestar la demanda admitió tenerlo como prueba y aceptó el hecho al que se refería dicho documento. Así se advierte del escrito presentado oportunamente por la Nación:

“Los hechos 1-2-3-4-5-6-7 y 9 son ciertos de acuerdo a los documentos que se anexan, los hechos 8-10-11 y 12 no me constan y por lo tanto me atengo a lo que legalmente resulte probado dentro del proceso.

(...) Pruebas.

Además de las solicitadas y aportadas con la demanda, muy respetuosamente me permito anexar fotocopia del informe 00711/030498 y sus anexos, por medio del cual se informó a la dirección operativa de la Policía Nacional, el hecho ocurrido el 21 de febrero de 1998 en la localidad de Tres Esquinas.

Así mismo me permito solicitar se decrete la siguiente prueba: (...)”.

Y en la demanda, en el hecho 6, que fue aceptado como cierto por parte de la Nación, se narró lo siguiente:

“6. El 27 de febrero a las 9 A.M., según acta 6 se reúne nuevamente el CLE para escuchar el informe de los señores Jhon Jenry Morales y Ferney Figueroa G., destacándose en dicha acta que la pérdida de la vivienda de mi poderdante Gloria A. Orjuela de Lozano, asciende a cincuenta y cinco millones de pesos, después de haberse reajustado el precio inicial que daba cuenta de cincuenta millones de pesos”.

De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda.

Es dable precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión ambas partes aceptaron que ese documento fuera apreciable y coincidieron en la valoración del mismo en forma recíproca no solo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal.

Cabe agregar que la autenticación de las copias tiene por objeto que éstas puedan ser valoradas bajo el criterio de la sana crítica como si se tratara de documentos originales, de manera que frente a la parte contra quien se aducen, ese requisito tiene por finalidad garantizar su derecho de defensa, máxime cuando con tal prueba se pretende probar un hecho que en principio se aduce en su contra. Siendo esto así, cuando las partes de común acuerdo solicitan la apreciación y valoración de un documento aportado en copia simple, como en este caso, no sería dable soslayar ese interés para exigir el cumplimiento de una formalidad y las partes no podrían desconocer la decisión que con sustento en tal documento se adoptare por cuanto esa conducta atentaría contra el principio de la buena fe e implicaría atentar contra sus propios actos.

Frente a esto último resulta necesario recordar que en la contestación de la demanda la Nación, no solo aceptó el hecho que se pretendía probar con el documento aportado en copia simple, sino que además admitió a este último como prueba, sin haber alegado en momento alguno que tal documento no se podía valorar, circunstancia que por demás, hubiere significado la trasgresión al principio constitucional de buena fe que protege la confianza que los particulares depositan al deber de coherencia en el actuar de quien tiene la carga de respetar y de someterse a una situación creada anteriormente por su propia conducta. En estos términos la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado:

“En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima.

Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias. En estos casos, la actuación posterior es contraria al principio de la buena fe, pues resulta contraria a lo que razonablemente se puede esperar de las autoridades estatales, conforme a su comportamiento anterior frente a una misma situación. ()”(5).

Al respecto cabe resaltar el siguiente texto doctrinal:

“La conducta contradictoria es una contravención o una infracción del deber de buena fe. Ya antes hemos señalado que el hecho de que una persona trate, en una determinada situación jurídica, de obtener la victoria en un litigio, poniéndose en contradicción con su conducta anterior, constituye un proceder injusto y falto de lealtad. He aquí por donde la regla según la cual nadie puede ir contra sus propios actos, se anuda estrechamente con el principio de derecho que manda comportarse de buena de(sic) en las relaciones jurídicas”.

Cabe destacar igualmente el reciente pronunciamiento de la Sala en relación con el valor probatorio de las copias en similares eventos excepcionales:

“Cabe señalar que aunque esas pruebas obran en el expediente en copia simple y fueron aportadas por la parte demandante, las mismas pueden ser valoradas en este proceso, porque:

— La exigencia legal de los requisitos para que una copia simple tenga valor probatorio en un proceso fue declarada exequible por la Corte Constitucional al resolver la demanda presentada en contra del numeral 2º del artículo 254 y el numeral 3º del artículo 268, por considerar que esas disposiciones no quebrantan los artículos 83 y 228 de la Constitución que, respectivamente, consagran la presunción de buena fe de los particulares en todas las gestiones que éstos adelanten ante las autoridades públicas y el principio de la primacía del derecho sustancial: (...).

— No obstante, la Sala, sin desconocer las disposiciones que fueron declaradas, exequibles, pero aplicando, entre otros, los principios de equidad y de buena fe y como protección al derecho de defensa, ha considerado que las copias simples de un documento tienen valor probatorio, cuando le resulte imposible a quien las aporte obtener la copia auténtica, porque la parte contra la que se aduce sea justamente quien conserve el original y se niegue a aportarlo al expediente, sin aducir una razón jurídica atendible (...).

— En esa misma providencia destacó la Sala, otros eventos en los cuales el ordenamiento jurídico le confiere valor probatorio a las copias simples: a) en el numeral 6º del artículo 133 del Código de Procedimiento Civil a propósito del trámite de reconstrucción por pérdida total o parcial de un expediente, se establece que si sólo concurriere a la audiencia que para el efecto se cita una de las partes o su apoderado, se declarará reconstruido el proceso con base en su exposición jurada y las demás pruebas que se aduzcan en aquélla, dentro de las cuales pueden ser aportadas copias simples de documentos que obraban en el proceso y que estuvieren en su poder; o b) en el artículo 274 ibídem, cuando una vez citado al autor del documento para su reconocimiento, se presenta renuencia por parte del mismo porque no concurre a la diligencia, o si a pesar de comparecer se niega a prestar juramento o a declarar, o da respuestas evasivas, en cuyos casos no obstante la amonestación del juez, se tendrá por surtido el reconocimiento, y así se declarará en nota puesta al pie del documento.

— Pero, además, se añade en esta oportunidad, que con fundamento en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil es posible, sin contrariar lo dispuesto en los artículos 244 y 268 ibídem, conferir valor probatorio a las copias simples, cuando la parte contra la cual se aducen conserva el original de las que se señala fueron reproducidas y puede por lo tanto, efectuar su cotejo y tacharlas de falsedad cuando no estén conformes, sin necesidad de que practique la inspección judicial de que trata la norma. (...).

Sin embargo, resultaría superfluo que la misma parte que tiene bajo su guarda los documentos originales, de los cuales la parte contraria afirma haber obtenido las copias que aporta, solicite una inspección judicial para que se practique el cotejo, cuando esa misma parte puede practicar la confrontación sin intervención judicial y en caso de encontrar disconformidad, proponer la tacha de falsedad de que tratan los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. (...).

— Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que éstas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene bajo su guarda esos originales o copias auténticas y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar éstas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa, con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso.

(...). Esa actuación de la parte contra la cual se aducen las copias debe ser valorada atendiendo el principio de lealtad procesal, que debe gobernar el comportamiento de las partes en toda la actividad procesal, principio que la Sala ha aplicado, por ejemplo, para flexibilizar las exigencias legales en relación con la prueba trasladada, por considerar que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, éstas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión.

— Finalmente, que para la Sala no cabe duda de que las pruebas traídas por las partes en copia simple, pueden ser apreciadas sin limitación alguna en lo que le resulten desfavorables, en aplicación, igualmente, del principio de lealtad procesal. Por lo tanto, todas las consideraciones anteriores resultan relevantes pero cuando esas copias simples se aducen en contra de la otra parte, que, se reitera, tiene en su poder los originales en las que ellas reposan o las copias auténticas de los mismos” (...)”(6)(7) (resaltado fuera del texto).

De otro lado, se advierte que el proceso penal fue aportado con la demanda en copia simple, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan, no obstante, conforme a los lineamientos legales y jurisprudenciales recientes(8), se reconocerá valor a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, respecto de la misma se surtió el principio de contradicción...”(9).

Así las cosas, al haber sido aportada la prueba documental junto con la demanda y su contestación, es procedente su apreciación toda vez que ha obrado durante todo el curso del proceso, sin haber sido tachada de falsa por la entidad demandada ni haberse opuesto a la misma en las etapas procesales pertinentes.

2.2.3. El daño.

En primer lugar, tenemos que de conformidad con el artículo 90 constitucional el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(10).

Verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante· las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(11).

El daño en el caso bajo estudio, lo constituye la imposibilidad que tuvieron los demandantes María Cristina Ramírez Cabrera, Eliana Paola Reyes Sanabria y Carlos Miguel Isaza Caicedo de culminar el programa académico de administración comercial ofrecido y ejecutado en la modalidad de pregrado por Fenalco sin contar con la respectiva aprobación del Ministerio de Educación e Icfes viendo así frustradas sus expectativas de obtener el título profesional en dicho programa.

2.2.4. La imputación.

Para efecto de determinar si el daño le es imputable tanto al Ministerio de Educación Nacional como al Icfes a título de falla en el servicio, tal como lo afirman los demandantes, por omitir su obligación de vigilar la promoción y posterior ejecución de dicho programa académico por parte de Fenalco, sin contar con las autorizaciones correspondientes, resulta pertinente hacer un estudio de la normatividad vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.

En primer lugar, la Constitución Política en su artículo 67 establece:

“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos...”.

De igual forma, la Constitución (art. 68) asigna a la ley, establecer las condiciones para la creación y gestión de los establecimientos educativos, a la vez que garantiza la autonomía universitaria (art. 69), prevé que de acuerdo a ella, las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos.

El artículo 189, numerales 21 y 22 constitucional, asigna al Presidente de la República la función de “inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley”, la cual puede delegar en sus ministros u otras autoridades. Dichas funciones están referidas en la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior, en cuyos artículos 31 y 32 prevé que la “inspección y vigilancia de la enseñanza” corresponde al Presidente de la República, la que implica la verificación de que en la actividad de las instituciones de educación superior se cumplan los objetivos previstos en la ley y en sus propios estatutos, así como los pertinentes al servicio público cultural y a la función social que tiene la educación.

A través del Decreto 628 de 1993 se delegó al Ministerio de Educación Nacional, las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior consagrada en la Ley 30 de 1992.

Conforme al Decreto 837 de 1994 “se establecen los requisitos para notificar e informar la creación y desarrollo de programas académicos de pregrado y de especialización de educación superior”, normatividad que consagra el procedimiento, en cuyo artículo 8º previó que le competía al Ministerio de Educación Nacional dar la orden al Icfes para realizar el registro en el sistema de información de la educación superior, cuando se hubiere verificado la información dada por la institución de educación superior.

A su turno, al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, de conformidad con el Decreto 837 de 1994, le corresponde diseñar o establecer el formato para la actualización de la información de los programas que ofrezcan las universidades, para efectos de mantener actualizado el sistema nacional de información de la educación superior (art. 5º). Igualmente, tiene a su cargo colaborar con el Ministerio de Educación Nacional en el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control para verificar cuando lo estime necesario, la información suministrada por las instituciones de educación superior (art. 7º), así como registrar en el sistema de información de la educación superior, los programas educativos, previa orden del Ministerio de Educación (art. 8º).

Revisado el material probatorio obrante en el expediente, se observa el informe síntesis elaborado por el Icfes el 25 de mayo de 2000(12), el cual contiene los antecedentes del trámite administrativo surtido por Fenalco para obtener personería jurídica como institución universitaria que esta continuó con dicho trámite, pues, mediante comunicación 2560 del 26 de febrero de 1998, el Icfes le informó al representante legal de Fenalco que se estimaba necesario complementar la documentación aportada según el Decreto 1478 de 1994 información que es entregada por el decano el 27 de marzo de 1998, el 13 de mayo de 1998; la asesora de aspectos sobre infraestructura y dotación emite concepto en el sentido que dicha institución no disponía con la infraestructura y la dotación adecuada para el desarrollo institucional; el 13 de julio de 1998 mediante radicación 011252 el representante legal de Fenalco solicita suspender temporalmente el trámite de solicitud de personería jurídica con el fin de ajustar la documentación presentada, continuando el trámite hasta el 9 de mayo de 2000, cuando el representante legal de Fenalco remite el CDT 0140628 por $ 200.000.000, para continuar con el trámite de reconocimiento de personería jurídica.

A folios 166-168 del cuaderno de pruebas 2 obra la Resolución 226 del 15 de febrero de 2001, mediante la cual el Ministro de Educación Nacional negó el reconocimiento de la personería jurídica a la Fundación Institución Universitaria Fenalco, considerando para ello que:

“...el señor Dionisio Araújo Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía 17.189.582 de Bogotá, en su calidad de representante legal provisional de la Fundación Institución Universitaria Fenalco, con domicilio en la ciudad de Bogotá, mediante escrito radicado en el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, con el número 041053 de fecha 31 de octubre de 1996, solicitó al señor Ministro de Educación Nacional el reconocimiento de personería jurídica como institución universitaria de educación superior de origen privado, amparándose para ello en lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 y Decreto Reglamentario 1478 de 1994;

Que el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, mediante Oficio 2560 del 26 de febrero de 1998, de la subdirección general de planeación, le solicitó al representante legal provisional de la institución información complementaria;

Que la institución remitió la documentación complementaria solicitada mediante escrito radicado en el Icfes con el número 004872 del 27 de marzo de 1998;

Que el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el Decreto 2662 de 1999, realizó a través del grupo de apoyo a la comisión consultiva de la subdirección de monitoreo y vigilancia, el estudio de los documentos allegados por la fundación, encontrando que los mismos no se ajustan a los requerimientos establecidos en la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1478 de 1994;

Que la comisión consultiva de instituciones de educación superior, en ejercicio de la competencia atribuida en el Decreto 1176 de 1996, luego de analizar los informes de factibilidad socio-económica, jurídico y de infraestructura, remitió a este despacho mediante comunicación radicada el 4 de julio de 2000, concepto desfavorable acerca de la solicitud de reconocimiento de personería jurídica para la Fundación Institución Universitaria Fenalco, por no responder a los requisitos exigidos por el Decreto 1478 de 1994…”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra probado que la Fundación Institución Universitaria Fenalco presentó ante el Icfes solicitud de reconocimiento de personería jurídica el 31 de octubre de 1996, trámite que culminó el 15 de febrero de 2001, con la negativa al reconocimiento de dicha personería jurídica por parte del Ministerio de Educación de conformidad con la Resolución 226. Igualmente se encuentra acreditado que dicha institución universitaria inició a prestar el servicio de educación superior en la modalidad de pregrado —administración comercial— sin contar con la respectiva aprobación del Ministerio de Educación Nacional.

El Decreto 837 de 1994, en su artículo 7º(13) le otorgó al Ministerio de Educación con la colaboración del Icfes la facultad de verificar en ejercicio de la suprema función de inspección y vigilancia la información suministrada por las instituciones de educación superior, con el fin de velar por la prestación del servicio público de educación, sin embargo, tal como se acreditó en el proceso Fenalco no tenía al momento de anunciar el programa de administración comercial la calidad de institución universitaria, pues no contaba con la personería jurídica que la acreditaba como tal.

No obstante lo anterior, el Decreto 1295 de 1996, en su artículo 9º(14) le otorgó al Ministerio de Educación la facultad de ejercer su función de inspección y vigilancia aun respecto de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que anuncien, ofrezcan o realicen actividades propias de instituciones de educación superior, en ese sentido, resulta pertinente establecer el momento a partir del cual el Ministerio de Educación y el Icfes conocieron que la Institución Universitaria Fenalco se encontraba realizando actividades de educación superior.

Al respecto obra a folios 19-27 el acta 9 del comité asesor de instituciones universitarias del 22 de noviembre de 1995, en la cual se observa que unos de los miembros de dicho comité presentó como inquietud lo siguiente: “1. Es preocupante que se encuentren avisos de prensa ofreciendo programas de educación superior por instituciones que no tienen aprobación oficial. Es el caso de Fenalco, quien no es institución de educación superior y ofrece programas en convenio con la Universidad del Valle.

Sugiere que se publique un aviso en el que se informe a la opinión pública que esta institución no cuenta con personería jurídica y que el Icfes no dará curso a la solicitud hasta tanto se resuelva lo relacionado con los avisos de prensa”.

Igualmente, a folios 10 a 16 del cuaderno de pruebas 2, obra el material publicitario mediante el cual Fenalco en asocio con la Universidad del Valle ofrecían el programa de administración comercial con una duración de diez (10) semestres en jornada diurna, en dicha publicidad se dijo: “Consciente Fenalco-Bogotá de que es necesario estimular el estudio de todas aquellas ciencias y técnicas cuyo conocimiento perfeccione al comerciante, elevando su nivel cultural, técnico y económico, creó en 1996 la facultad de administración comercial, como primer jalón de la que será la Fundación Institución Universitaria Fenalco”.

Así mismo, el comité asesor de instituciones universitarias CESU-Icfes mediante acta 16 del 23 de octubre de 1996, dentro del desarrollo de la agenda de la sesión de dicha fecha expresó:

“4. Solicitudes de reconocimiento de personería jurídica para creación de nuevas instituciones:

— Fundación Institución Universitaria Fenalco, con domicilio en Santafé de Bogotá (informe síntesis sobre estudio de factibilidad).

Esta institución presentó la documentación para reconocimiento de personería jurídica e inmediatamente publicó avisos en los diarios anunciándose como Institución Universitaria Fenalco; simultáneamente firmó convenio con la Universidad del Valle para ofrecer el programa de administración comercial. Esto motivó comunicaciones por parte de la subdirección jurídica del Icfes a Fenalco y la Universidad del Valle. Hasta el momento esta (sic) por resolverse el asunto.

Así las cosas, el comité analizó el informe síntesis de la documentación presentada por los interesados para reconocimiento de personería jurídica y dadas las inconsistencias técnicas y jurídicas de la documentación, emite, por unanimidad, concepto desfavorable ante el CESU”(15).

En este orden de ideas, fue el mismo comité asesor de instituciones universitarias —órgano adscrito al Icfes— quien expuso que ante los anuncios publicitarios hechos por Fenalco la subdirección jurídica del Icfes elevó comunicaciones tanto a Fenalco como a la Universidad del Valle, es decir, que las entidades demandadas tenían conocimiento de esta situación al momento en que Fenalco radicó la solicitud de reconocimiento de personería jurídica el 31 de octubre de 1996.

Posteriormente, el Icfes mediante Oficio 55062 del 22 de abril de 2002(16), ante el requerimiento que le realizó el a quo presentó una relación de las denuncias e investigaciones sobre el ofrecimiento del programa de administración comercial realizado por Fenalco, desde el 27 de septiembre de 1999 hasta el 5 de febrero de 2001, cuando la directora del Icfes le solicitó al Ministro de Educación Nacional la apertura de la investigación administrativa a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, por recibir estudiantes pertenecientes a Fenalco.

Es claro entonces que tanto el Icfes como el Ministerio de Educación Nacional, incumplieron sus obligaciones de vigilancia y control propiciando que Fenalco incumpliera las normas de educación superior y en especial el deber de inscripción en el sistema nacional de información del programa de administración comercial, en detrimento de los derechos de los estudiantes inscritos en dicho programa lo que motivó el retiro de clases de los demandantes ante la incertidumbre de no poder cumplir con sus expectativas de obtener el título profesional ofrecido, presentándose así una falla en el servicio imputable a dichos entes estatales.

Con respaldo en lo expuesto, no son de recibo los argumentos expuestos por el Icfes, en el sentido que Fenalco es el único responsable de ofrecer el programa de administración comercial, debido a que ni al Ministerio de Educación, como tampoco al Icfes le resulta exigible las funciones de inspección y vigilancia de un ente privado sin la naturaleza de institución de educación superior, por cuanto, quedó establecido que sí era su función ejercer un control ante la evidencia de una actividad irregular ejercida por Fenalco.

Dado que Fenalco fue vinculado al proceso en su calidad de llamado en garantía, la Sala sobre esta figura ha considerado:

“(...).

“El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a éste como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante.

El objeto del llamamiento en garantía lo es “que el tercero llamado en garantía se convierta en parte del proceso, a fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa acerca de las relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar o a rembolsar, y al igual del denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino para defenderse de la obligación legal de saneamiento”(17).

El artículo 217 del Código Contencioso Administrativo permite, en los procesos de naturaleza contractual y en los de reparación directa, el llamamiento en garantía, figura que se regula por el Código de Procedimiento Civil (art. 57), al no existir en aquella codificación, norma que regule el tema. A su turno el Código de Procedimiento Civil al ocuparse de la figura remite a las normas que rigen la denuncia del pleito, en relación con la cual el escrito que la contenga debe reunir los siguientes requisitos:

1) Nombre del llamado o el de su representante según sea el caso.

2) Indicación de su domicilio, residencia, habitación u oficina.

3) Los hechos y fundamentos de derecho en que se basa el llamamiento.

4) La dirección donde el llamado podrá recibir las notificaciones.

Adicionalmente existe la carga de aportar prueba sumaria de la existencia del derecho legal o contractual a formular el llamamiento en garantía.

Es decir, es indispensable para la procedencia del llamamiento en garantía, además del cumplimiento de los requisitos formales, que el llamante allegue prueba siquiera sumaria del derecho legal o contractual en que apoya la vinculación del tercero al proceso, dado que dicha vinculación implica la extensión de los efectos de la sentencia judicial al tercero, causándole eventualmente una posible afectación patrimonial”(18).

Teniendo en cuenta, que el a quo aceptó el llamamiento en garantía mediante providencia del 31 de mayo de 2001, bajo la consideración que “(...) de las pretensiones y hechos formulados en la demanda y en la solicitud de llamamiento se deduce que sí hay derecho legal y reglamentario para llamar en garantía a la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco - Seccional Bogotá pues del libelo demandatorio se desprende que “quien prestó el servicio, quien suscribió contrato con las demandantes, quien ilegalmente —al parecer violando inclusive normas penales— las engañó, quien les incumplió el contrato, quien recibió el dinero de las estudiantes demandantes, quien ofreció un programa ilegalmente, sin registrar fue: La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco - Seccional Bogotá”.

No encuentra la Sala razón suficiente para condenar al llamado en garantía, por cuanto, no existe un derecho legal o contractual que vincule a Fenalco con las demandadas —Ministerio de Educación e Icfes— pues tal como ha quedado demostrado, la infracción a las normas de educación superior por parte del llamado en garantía ofreciendo el programa académico —administración comercial— sin contar con la personería jurídica que lo habilitara para tal fin, no lo relaciona en forma directa ni legal ni contractualmente con éstas, como para hacer extensivos los efectos de la sentencia al llamado en garantía, tal como lo exigen las normas sustanciales y procedimentales que regulan la materia.

En tal sentido, se condenará en forma solidaria a las entidades demandadas Ministerio de Educación e Icfes por la falla en el servicio derivada del incumplimiento a su deber de ejercer las funciones de inspección y vigilancia a las actividades desarrolladas por Fenalco en la promoción y ejecución de actividades propias de instituciones de educación superior.

Finalmente, sobre la participación de la Universidad del Valle en las actividades desarrolladas por Fenalco, la Sala observa que dicho centro académico no fue vinculado al proceso ni como demandado o llamado en garantía, razón por la cual, endilgar algún tipo de responsabilidad sería atentar contra su derecho al debido proceso, amén de considerar que su actuación tal como se demuestra con las pruebas aportadas al proceso se circunscribió a firmar un convenio marco de cooperación el 2 de noviembre de 1995(19), el cual se dio por terminado mediante Resolución 2245 del 20 de octubre de 1997, “...ante el incumplimiento de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, a las cláusulas del subconvenio específico de cooperación y a los numerales c, h, i, j, y l...”(20).

2.3. El reconocimiento de perjuicios.

2.3.1. Perjuicios materiales.

Daño emergente

Debido a que el reconocimiento de perjuicios materiales por concepto de cancelación de matrículas por parte de los demandantes está debidamente acreditado tal como lo consideró el a quo y al no existir inconformidad sobre estos, la Sala procederá a actualizar las sumas reconocidas conforme a las fórmulas actuariales utilizadas por esta corporación.

Ra = Rh x índice final

índice inicial

Para la señora María Cristina Ramírez Cabrera

Ra = 3.355.060 x 116.91 (jun. 2014)

79.52 (ago. 2004)

Ra = $ 4.932.221,58

Para el señor Carlos Miguel Isaza Caicedo

Ra = 2.861.237 x 116.91 (jun. 2014)

79.52 (ago. 2004)

Ra = $ 4.206.579,69

Para la señora Eliana Paola Reyes Sanabria

Ra = 2.469.114 x 116.91 (jun. 2014)

79.52 (ago. 2004)

Ra = $ 3.630.081,96

Lucro cesante

En lo atinente al reconocimiento del lucro cesante pasado y futuro a favor de los demandantes, la Sala confirmará en este tópico la sentencia apelada, toda vez que al interior del plenario no reposa prueba alguna demostrativa de tales perjuicios.

Al respecto debe señalarse que la Sala no comparte los argumentos expuestos por la parte demandante en cuanto considera como un hecho cierto y notorio que los demandantes María Cristina Ramírez Cabrera, Eliana Reyes Sanabria y Carlos Miguel Isaza Caicedo dejaron de percibir 72 y 60, 24 y 60 y 48 y 60 salarios mínimos, respectivamente por no culminar sus estudios académicos, pues con ello se desconoce el carácter cierto del daño, lo cual, impide su indemnización, por ello “el demandante no puede limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”(21), incumpliendo la obligación impuesta por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil que es enfático en afirmar “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...”.

A juicio de la Sala, estas son razones suficientes para negar la solicitud de reconocimiento de los perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante, por lo que procederá entonces en este punto a confirmar la sentencia de primera instancia.

2.3.2. Los perjuicios morales.

Sobre los perjuicios morales la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia de unificación ha considerado:

“(...)

“Así las cosas, en esta oportunidad, la Sala reitera la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.

Ahora bien, no puede perderse de vista que de tiempo atrás la jurisprudencia de esta Sala —y de la Corte Suprema de Justicia también—, ha soportado la procedencia de reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con fundamento en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco, sino que, acudiendo al arbitrium judicis, ha utilizado como criterios o referentes objetivos para su cuantificación la características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo gracioso, nacido de la mera liberalidad del juez, y bajo esa concepción han de entenderse los lineamientos que la jurisprudencia ha llegado a decantar que en ese punto —el del quantum— obra como referente”(22).

En tratándose de casos como el sub examine donde el perjuicio moral alegado no proviene de la muerte o lesión de un ser querido, dichos perjuicios no se presumen sino que su ocurrencia debe ser acreditada a través de medios probatorios distintos a la prueba del parentesco, así lo ha manifestado la Corte Constitucional(23), al señalar que:

“(…)

7.2.1.9. En síntesis, los perjuicios morales son daños que pueden ser reconocidos por el juez administrativo y cuyo pago puede ser ordenado siempre que los mismos se encuentren debidamente probados. No basta con demostrar algún tipo de dolor o de afectación, es preciso probar que la afectación fue intensa. Así, demostrar detrimentos patrimoniales, incluso deterioro en la casa de habitación, no implica comprobar la existencia de perjuicios morales. Tampoco es suficiente demostrar situaciones con textuales que evidencien los problemas vividos, pero sin contar con prueba alguna de los perjuicios morales en sí mismos considerados.

La discrecionalidad judicial en materia de perjuicios morales no es arbitrariedad o mero pálpito o intuición judicial. El ejercicio de la discrecionalidad debe tener en cuanta(sic) (a) “las condiciones particulares de la víctima” y (b) “la gravedad objetiva de la lesión”. En cualquier caso, la decisión de definición de los perjuicios morales deben tener en cuenta los principios de equidad, razonabilidad y reparación integral”.

Vistas las sentencias tanto de la Sección Tercera como de la Corte Constitucional, y tomando en consideración que el apoderado de los demandantes expone como otro de los motivos de inconformidad con el fallo del a quo, el no reconocimiento de los perjuicios morales reclamados por Miryam Patricia Cabrera de Rincón, Luis Humberto Ramírez García, Ana Cecilia Reyes Sanabria, Miguel Alfonso Isaza Rueda y Nohora Caicedo Rico, en sus condiciones de padres de María Cristina Ramírez Cabrera, Eliana Reyes Sanabria y Carlos Miguel Isaza Caicedo, respectivamente.

Una vez, revisado el material probatorio obrante en el expediente, se observan los registros civiles de nacimiento de María Cristina Ramírez Cabrera, Eliana Reyes Sanabria y Carlos Miguel Isaza Caicedo, donde se demuestra que los señores Miryam Patricia Cabrera de Rincón, Luis Humberto Ramírez García, Ana Cecilia Reyes Sanabria, Miguel Alfonso Isaza Rueda y Nohora Caicedo Rico, son sus padres, no obstante, no se encuentran otros medios de convicción que permitan comprobar el perjuicio moral alegado por los padres de los demandantes, y tomando en consideración el criterio jurisprudencial anteriormente expuesto, no basta con demostrar únicamente el parentesco para derivar perjuicios morales en casos como el sub examine donde se reclaman perjuicios morales por la imposibilidad de culminar los estudios universitarios de sus hijos pues debe probarse que dicha situación generó en ellos una grave e intensa afectación y no limitarse a hacer una manifestación genérica sin el debido sustento probatorio, en tal sentido, no será reconocido ante la falta de acreditación.

En igual sentido, la Sala considera que los perjuicios morales reconocidos por el a quo a los demandantes María Cristina Ramírez Cabrera, Eliana Reyes Sanabria y Carlos Miguel Isaza Caicedo, en su calidad de víctimas directas del daño sufrido en cuantía de 30 salarios mínimos mensuales vigentes a cada uno de ellos, no se ajustan a los criterios jurisprudenciales anteriormente expuestos, en la medida que si bien fueron ellos quienes vieron frustradas sus aspiraciones de culminar los estudios universitarios y posteriormente poder ejercer la profesión escogida —administración comercial— no obra en el expediente prueba que demuestre que dicho daño generó en ellos sentimientos de tristeza y frustración, pues como se ha dejado expuesto en casos como el sub lite la causación del perjuicio moral no se presume sino que su ocurrencia debe estar plenamente demostrada en el proceso y ante una ausencia de prueba que los acredite serán revocados.

2.4. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia (CGP, art. 280).y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión el 5 de agosto de 2004, la cual quedará así:

“PRIMERO: Téngase al doctor William Alberto Caballero Restrepo, como apoderado del Icfes.

SEGUNDO: DECLÁRASE no probadas las excepciones propuestas.

TERCERO: DECLÁRASE solidaria y administrativamente responsables al Ministerio de Educación Nacional e Instituto para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDÉNASE en forma solidaria al Ministerio de Educación Nacional e Instituto para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, al pago de los perjuicios que se mencionan a continuación:

1. A favor de la señorita María Cristina Ramírez Cabrera: Cuatro millones novecientos treinta y dos mil doscientos veintiún pesos con cincuenta y ocho m/cte. ($ 4.932.221,58), por perjuicios materiales (daño emergente).

2. A favor de Carlos Miguel Isaza Caicedo: Cuatro millones doscientos seis mil quinientos setenta y nueve pesos con sesenta y nueve ($ 4.206.579,69), por perjuicios materiales (daño emergente).

3. A favor de Eliana Paola Reyes Sanabria, tres millones seiscientos treinta mil ochenta y un pesos con noventa y seis ($ 3.630.081,96) por perjuicios materiales (daño emergente).

QUINTO: NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

SEXTO: Sin condena en costas”.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(2) De conformidad con el hecho 10 de la demanda “...los demandantes y hoy perjudicados, se enteraron de la ilegalidad, tanto de la universidad, como del programa que estaban cursando finalizando el primer semestre de 1999, ya que los comentarios o rumores que se escuchaban en los pasillos del edificio donde funcionaba la universidad fueron constatados y verificados en el Icfes, allí —a los que fueron a preguntar— les informaron de la inexistencia como institución de educación superior de Fenalco...” y la demanda se presentó el 11 de enero de 2001, razón por la cual no hay caducidad de la acción.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de abril de 2012, radicación 22708, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

(4) Ver sentencias de 18 de septiembre de 1997, expediente 9.666; de 8 de febrero de 2001, expediente 13.254; de 17 de mayo de 2001, expediente 12.370; de 21 de febrero de 2002, expediente 05001-23-31-000-1993-0621-01 (12.789).

(5) Sentencia C-836 que dictó la Corte Constitucional el 9 de agosto de 2001, expediente D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(6) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012, radicación 1999-01250, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(7) Ver entre otras, Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C, radicación 1996-0142 y 1994-0845, C.P. Enrique Gil Botero.

(8) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 29 de agosto de 2012, C.P. Enrique Gil Botero.

(9) Consejo de Estado. Sala Plena. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 25.022.

(10) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de agosto de 2008; expediente 17042, C.P. Enrique Gil Botero.

(11) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; expediente 10922, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(12) Folios 34-60, cuaderno 2.

(13) ART. 7º—Sin perjuicio del ejercicio responsable de la autonomía de que son titulares las instituciones de educación superior, el Ministro de Educación Nacional con la inmediata colaboración del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, en cumplimiento de la función de suprema inspección y vigilancia delegada, verificará, cuando así lo estime necesario, la información suministrada por las instituciones de educación superior, con el objeto de velar por la prestación del servicio público educativo y por la función social de la educación. La comprobación de inexactitudes o deficiencias en la información suministrada por las instituciones o la inobservancia de las condiciones en ella previstas para la creación y funcionamiento de programas académicos de pregrado y especialización, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el capítulo IV del título II de la Ley 30 de 1992.

(14) ART. 9º—El procedimiento y demás disposiciones establecidas sobre inspección y vigilancia serán aplicadas a las personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que anuncien, ofrezcan o realicen actividades propias de las instituciones de educación superior sin poseer ese carácter.

(15) Folios 25-26, cuaderno 2.

(16) Folios 151-156, cuaderno 2.

(17) Morales Molina Hernando, Curso de derecho procesal civil. Editorial ABC, undécima edición, pág. 258. Bogotá, 1991.

(18) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 8 de junio de 2011, radicación 18.901, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(19) Folios 74-79, cuaderno 3.

(20) Folio 73, cuaderno 3.

(21) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 6 de febrero de 1992, expediente 6030.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de agosto 23 de 2012, radicación 24.392, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(23) Corte Constitucional, Sentencia T-212 de 2012 de marzo 12 de 2012, radicación T-3199440, M.P. María Victoria Calle Correa.