Sentencia 2001-00149 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200100149 01 y 110010324000200300134 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales.

Actora: The Hearst Corporation.

Bogotá, D.C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

Antes de entrar a resolver el fondo del asunto debe la Sala advertir que examinará los cargos de las demandas a la luz de lo dispuesto en los artículos 69 y 70 de la Decisión 85, 5º del Decreto 753 de 1972 y 73 del Código Contencioso Administrativo y no respecto las normas de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena invocadas en los cargos, por ser esas las vigentes al momento en que fue solicitada la renovación del signo Mecánica Popular. En efecto, sobre la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial 65-IP-2009:

“Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, esta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos(4).

(...).

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

(...).

Del contenido de la interpretación prejudicial remitida por el juez consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de renovación de registro de la marca “Mecánica Popular” (denominativa) se realizó en plena vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que deberá ser ésta la Decisión aplicable al presente caso”.

En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar en el caso sub examine i) si la solicitud de renovación del signo Mecánica Popular, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, se presentó de manera extemporánea; y ii) si la Superintendencia de Industria y Comercio podía revocar el artículo 2º de la Resolución 6573 de 1982 (oct. 7) sin el consentimiento previo, expreso y escrito de la actora.

1. Renovación del signo Mecánica Popular, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 6 de junio de 1991 la actora solicitó ante la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la renovación de la marca Mecánica Popular, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; y mediante Resolución 4558 de 1995 (feb. 28), confirmada por las resoluciones 5407 de 2000 (mar. 21) y 26924 de 2000 (oct. 26), dicha entidad negó la solicitud, pues consideró que se había presentado de forma extemporánea.

1.1. Renovación de registros marcarios.

El artículo 69 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que el registro de una marca tiene una duración de cinco (5) años, contados desde la fecha de su otorgamiento, y que puede renovarse indefinidamente por periodos de igual duración.

Empero, no cualquiera pueda acceder a la renovación de un registro marcario, pues de conformidad con el artículo 70 ibídem para acceder a este derecho el interesado debe demostrar ante la oficina nacional competente el uso de la marca en uno de los Países miembros de la CAN.

En Colombia la renovación del registro marcario debe solicitarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha del vencimiento del mismo, pues según lo prevé el artículo 5º del Decreto 753 de 1972(5) “la renovación del registro de una marca o la prórroga de una patente de invención deberá solicitarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha del vencimiento del registro de la marca o de la patente según el caso”.

La aplicación de este último precepto no desconoce el principio de primacía, en virtud del cual se establece el desplazamiento de la normativa interna frente a la andina, pues para realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina es necesaria su aplicación, en atención al vacío que presenta la Decisión 85 en materia de renovación de registros marcarios.

Precisamente el artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que “los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países miembros”.

1.2. Naturaleza de los actos que versan sobre la renovación de registros marcarios.

De manera reiterada la jurisprudencia de esta sección ha manifestado que los actos mediante los cuales se concede la renovación de un registro marcario no son demandables, habida cuenta de que son la prolongación en el tiempo del acto inicial de registro. Sin embargo, es esta la oportunidad de distinguir estos actos respecto de aquellos en los que se niega la renovación de un registro marcario, pues la naturaleza de unos y otros es sustancialmente diferente, como se pasa a explicar.

1.2.1. Actos que conceden la renovación de registros marcarios.

En repetidas oportunidades esta Sala ha dicho que los actos mediante los cuales se concede la renovación de registros marcarios no son demandables, por considerarlos una extensión del acto original de registro, tal y como se señaló en sentencia de 9 de diciembre de 2004 (M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta) cuando se dijo: “... la doctrina y la jurisprudencia, como atrás se advierte, tiene precisado que la renovación no es un acto administrativo distinto al del registro, sino la prolongación de este en su vigencia después del término con que éste fue concedido...”(6).

Dicha tesis fue prohijada en sentencia de 2 de diciembre de 2010 (M.P. María Elizabeth García González) cuando la Sala tuvo nuevamente la oportunidad de manifestar que “... el criterio de la Sala ha sido el de considerar que los actos de renovación no son demandables, toda vez que no son más que la prolongación del acto inicial de registro, ese si impugnable...”(7).

Lo anterior cobra sentido, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre el acto que concede el registro marcario originario y aquel que accede a su renovación. De hecho, mientras que el primero es un acto administrativo, debido a que crea una situación jurídica, permitiendo el nacimiento de un derecho marcario en favor del solicitante; el segundo no lo es, habida cuenta de que no crea, modifica ni extingue una situación de dicho carácter, ratificando simplemente la prolongación en el tiempo de un derecho adquirido por el propietario original.

Desde luego, no podría erradamente pensarse que el acto mediante el cual se renueva un registro marcario es un acto administrativo, pues a más de que no produce efectos jurídicos, una interpretación en tal sentido permitiría a terceros que no demandaron oportunamente el acto de registro originario valerse del acto de renovación para interponer una nueva demanda y revivir términos habiendo caducado su acción.

En efecto, esta línea de pensamiento ha sido acogida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como se advierte en la interpretación prejudicial 43-IP-2004:

“Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica: el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular. El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo. En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y se controvierten derechos. La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca o denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo (novedad, distintividad o visibilidad) o afectan a derechos de terceros (marcas similares), pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro” (sentencia dictada en el Expediente 13-IP-95, de 19 de marzo de 1996, publicada en la GOAC Nº 207, del 29 de abril del mismo año)”(8).

En suma, queda claro que el acto mediante el cual se concede la renovación de un registro marcario no es demandable, pues su naturaleza no es la de un acto administrativo, habida cuenta de que constituye simplemente la prolongación en el tiempo del acto original.

1.2.2. Actos que niegan la renovación de registros marcarios.

Por otro lado, los actos mediante los cuales se niega la renovación de registros marcarios sí son verdaderos actos administrativos, pues ellos extinguen el derecho del que goza el propietario de la marca, produciendo efectos evidentes en el mundo jurídico.

Precisamente, respecto del concepto de acto administrativo, esta corporación ha señalado de manera reiterada y uniforme que los actos administrativos son manifestaciones de voluntad de la administración, que tienen la virtualidad de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de distinto orden, y que ordinariamente están revestidas por formas tradicionales como decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, etc.(9).

En este orden de ideas, no es dable equiparar el acto mediante el cual se concede la renovación del registro marcario con aquel que la niega, pues mientras que el primero no produce efectos jurídicos, debido a que se limita a extender en el tiempo la vigencia del registro marcario originario; el segundo sí lo hace, pues extingue un derecho marcario radicado en favor de su titular.

La anterior distinción servirá, entonces, para establecer la procedibilidad de las demandas que pretendan controvertir este tipo de actos, ya que aquellas que busquen controvertir los actos que conceden la renovación de registros marcarios serán ineptas, mientras que las que estén encaminadas a cuestionar los actos que niegan la renovación del registro marcario deberán estudiarse de fondo a fin de determinar la legalidad de la actuación de la administración.

1.3. Caso concreto.

Como se advirtió anteriormente, el 6 de junio de 1991 la actora solicitó ante la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la renovación de la marca Mecánica Popular, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; y mediante Resolución 4558 de 1995 (feb. 28), confirmada por las resoluciones 5407 de 2000 (mar. 21) y 26924 de 2000 (oct. 26), dicha entidad negó la solicitud, pues consideró que se había presentado de forma extemporánea.

Ahora bien, se tiene que el 2 de abril de 1986 la actora había solicitado la renovación del signo Mecánica Popular, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y posteriormente, mediante Resolución 5859 de 1988 (jul. 1º)(10), la Superintendencia de Industria y Comercio había accedido a su solicitud, renovando el registro marcario para el período 3 de junio de 1986 — 3 de junio de 1991.

En este orden de ideas y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 753 de 1972, se advierte que la actora contaba con un periodo de 6 meses, desde el 3 de diciembre de 1990 hasta el 3 de junio de 1991, para solicitar oportunamente la renovación del registro de la marca Mecánica Popular.

En efecto, como se expuso en el acápite anterior, el artículo 5º del Decreto 753 de 1972 establece:

la renovación del registro de una marca o la prórroga de una patente de invención deberá solicitarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha del vencimiento del registro de la marca o de la patente según el caso” (se resalta).

Empero, a folio 86 del cuaderno 1, se observa que The Hearst Corporation solicitó la renovación del registro marcario el 6 de junio de 1991, es decir, tres (3) días después de que el término de renovación del registro marcario había vencido y por tal razón fue que precisamente, mediante Resolución 4558 de 1995 (feb. 28), confirmada por las resoluciones 5407 de 2000 (mar. 21) y 26924 de 2000 (oct. 26), la división de signos distintivos de la superintendencia negó la solicitud de renovación del registro marcario, al considerar que se había presentado en forma extemporánea.

Si bien la demandante alega que los actos acusados desconocen la vigencia del registro originario del signo Mecánica Popular, que se concedió mediante la Resolución 886 de 1971 (jun. 3) y se publicó en la gaceta de la propiedad industrial 156 de 1971 con fecha 21 de junio, lo cierto es que es a partir del 3 de junio que debe entenderse que fue concedido el registro marcario, pues dicha resolución expresamente estipuló “inscríbase en los libros de propiedad industrial, la marca “Mecánica Popular”, sin distintivos especiales, para distinguir productos comprendidos en la clase 16ª del Decreto 2379 de 1970, de conformidad con la presente solicitud a favor de la Sociedad The Hearst Corporation, domiciliada en Ney(sic) York, Estado de New York, Estados Unidos de América, a quien se le reconoce el derecho exclusivo de usarla en el territorio de la República, por el término de diez (10) años, contados a partir de la fecha de la presente resolución”.

Precisamente, debe destacarse que el artículo 593 del Código de Comercio, que regulaba la concesión de registros marcarios para la fecha en que se expidió la Resolución 886 de 1971, dado que la Decisión 85 (primera normativa comunitaria) entró en vigencia en 1974, disponía que “El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su otorgamiento, y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años”.

Aunado a lo anterior, resulta pertinente recordar que ha sido el sentir reiterado de la Sala considerar que el acto que concede la renovación de un registro marcario constituye tan solo la prolongación en el tiempo del acto inicial de registro, por lo que debe entenderse que se extiende en el tiempo la fecha del otorgamiento del registro marcario cada vez que éste se renueva.

Así, al encontrar que la actora presentó extemporáneamente la solicitud de renovación del signo Mecánica Popular para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, se advierte que las resoluciones 4558 de 1995 (feb. 28), 5407 de 2000 (mar. 21) y 26924 de 2000 (oct. 26), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó la renovación de la marca Mecánica Popular, se encuentran ajustadas a derecho y, por ende, no es dable accederá a la solicitud de nulidad invocada en el presente cargo.

2. Revocatoria del artículo 2º de la Resolución 6573 de 1982 (oct. 7).

Por otro lado, se advierte que el 15 de febrero de 2002 la demandante solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio revocar parcialmente la Resolución 5859 de 1988 (jul. 1º), pues en esta se había renovado el registro marcario del signo Mecánica Popular para el periodo 3 de junio de 1986 — 3 de junio de 1991 y ella consideró que debía haberse hecho para el periodo 21 de junio de 1986 — 21 de junio de 1991.

Sin embargo, mediante Resolución 35855 de 2002 (nov. 8) la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no accedió a su solicitud y adicionalmente dispuso revocar el artículo 2º de la Resolución 6573 de 1982 (oct. 7)(11), que había concedido la renovación del registro marcario Mecánica Popular para el periodo 21 de junio de 1981 — 21 de junio de 1986, fijando en su lugar el comprendido entre el 3 de junio de 1981 y el 3 de junio de 1986.

2.1. Revocatoria directa de actos administrativos.

Según lo dispone el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos deben ser revocados por los mismos funcionarios que los expidieron o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte cuando i) sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, o ii) no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él, o iii) con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Sin embargo, al tenor de lo dicho en el artículo 70 de la misma normativa, es importante señalar que no puede pedirse la revocación directa de actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercido los recursos en la vía gubernativa.

El artículo 71 ibídem preceptúa que la revocatoria directa puede cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.

Es del caso destacar, a voces del artículo 72, que ni la petición de revocatoria de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirá términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.

Ahora bien, cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto, o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, a menos que i) el acto sea resultado de la aplicación del silencio administrativo positivo, ii) si se dan las causales previstas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, iii) si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales o iv) en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión (CCA, art. 73).

2.2. Caso concreto.

El 15 de febrero de 2002 la demandante solicitó la revocatoria parcial de la Resolución 5859 de 1988 (jul. 1º) en los siguientes términos:

“Yo, Emilio Ferrero, obrando como apoderado de la Sociedad The Hearst Corporation, por el presente escrito atentamente solicito a usted modificar en cuanto a las fechas de vigencia, la Resolución 5859 del 1º de julio de 1988, por medio de la cual se concede la renovación del registro 74688 de la marca Mecánica Popular en la clase 16 a nombre de The Hearst Corporation. En este caso la revocación es procedente ya que no se interpusieron los recursos de ley en contra de dicha resolución.

(...).

Por lo anterior, solicito atentamente a su despacho que en cumplimiento de la disposición contenida en el artículo 69, numerales 1º y 3º del Código Contencioso Administrativo, revoque parcialmente la Resolución 5859 del 1º de julio de 1988, concediendo la renovación del registro 74688 de la marca Mecánica Popular a nombre de The Hearste Corporation, para el período del 21 de junio de 1986 al 21 de junio de 1991(12) (se resalta).

Posteriormente, mediante Resolución 35855 de 2002 (nov. 8), la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución 5859 de 1988 (jul. 1º) y revocó parcialmente el artículo 2º de la Resolución 6573 de 1982 (oct. 7)(13), como se advierte del tenor literal de dicho acto, que se transcribe a continuación:

“Resolución 35855 de 2002

(Noviembre 8)

Por la cual se resuelve una revocatoria directa

La Jefe de la División de Signos Distintivos,

en ejercicio de sus facultades legales contenidas en los artículos 69 y 73 del Código Contencioso Administrativo, y en especial de las funciones que le confiere el artículo 15, numeral 1º del Decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

1. Por escrito radicado ante esta superintendencia, con el lleno de los requisitos de ley, el doctor Emilio Ferrero, obrando como apoderado de la Sociedad The Hearst Corporation, solicita la revocatoria directa de la Resolución 5859 del 1º de julio de 1988, mediante la cual la división de signos distintivos inscribió la renovación del registro 74688 correspondiente a la marca Mecánica Popular, para la vigencia comprendida entre el 3 de junio de 1986 y el 3 de junio de 1991.

En el mencionado escrito se solicita modificar la fecha de vigencia aplicada, por cuanto la correcta, según lo apreciado por el apoderado de la sociedad titular del derecho, es la comprendida entre el 21 de junio de 1981 y el 21 de junio de 1986.

2. De acuerdo con el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, los actos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, cuando:

“1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se causa agravio injustificado a una persona”.

Así mismo, prevé el último inciso del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo que, “siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión”.

(...).

Bajo los anteriores presupuestos, observando que la marca registrada tuvo una vigencia de diez (10) años contados desde el 3 de junio de 1971, tal y como se infiere del contenido mismo de la resolución que concedió el derecho, es claro, que las renovaciones debían concederse con vigencia desde el 3 de junio de 1981 y hasta el 3 de junio de 1986, para la primera, desde el 3 de junio de 1986 y hasta el 3 de junio de 1991, para la segunda y así sucesivamente.

No obstante, por un error de la misma administración, la primera renovación fue concedida para una vigencia del 21 de junio de 1981 y hasta el 21 de junio de 1986, lo cual resultaba improcedente. Tal error, en todo caso, no legitimaba al titular para prolongar el término de la vigencia de la marca, máxime si se tiene en cuenta que en la siguiente renovación se indicó de nuevo que el término de vigencia de la marca, se extendía desde el 3 de junio de 1981 y hasta el 3 de junio de 1986, demostrando con ello que para el titular de la marca no era ajeno el hecho de su vigencia real.

Así las cosas, no procede la revocatoria de la Resolución 5859 del 1º de julio de 1988, la cual debe ser confirmada en todas sus partes. No ocurre lo mismo con la Resolución 6573 del 7 de octubre de 1982, la cual según los antecedentes expuestos, determinó una vigencia errónea y contraria a la resolución mediante la cual se concedió el registro de la marca Mecánica Popular, dado lo cual es preciso ordenar su revocatoria parcial y las correcciones pertinentes.

En razón de lo expuesto, esta división,

RESUELVE:

ART. 1º—Confirmar en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución 5859 del 1º de julio de 1988, emanada por la jefe de la división de signos distintivos.

ART. 2º—Revocar parcialmente el artículo segundo de la Resolución 6573 del 7 de octubre de 1982, emanada (sic) por la jefe de la división de signos distintivos, por las consideraciones antes expuestas, en lo que concierne al periodo de vigencia de la renovación del registro de la marca Mecánica Popular.

ART. 3º—El artículo segundo de la parte resolutiva de la resolución anotada en el rubro anterior quedará con las correcciones anotadas de la siguiente manera:

ART. 2º—Por el término de cinco (5) años más contados a partir del 3 de junio de 1981, con vigencia hasta el 3 de junio de 1986, a favor de la Sociedad The Hearst Corporation, domiciliada en Nueva York, Edo. de Nueva York, EUA inscríbase la renovación de la marca “Mecánica Popular” Certificado 74688, que distingue productos de la clase 16 Decreto 755 de 1972.

ART. 4º—Confirmar la Resolución 6573 del 7 de octubre de 1982 en sus demás partes.

ART. 5º—Notifíquese personalmente al doctor Emilio Ferrero apoderado de la sociedad solicitante, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno”(14) (se resalta).

En el caso sub examine la actora considera que debe declararse la nulidad de la Resolución 35855 de 2002 (nov. 8), pues mediante ella la Superintendencia de Industria y Comercio revocó el artículo 2º de la Resolución 6573 de 1982 (oct. 7), sin que hubiera mediado su consentimiento previo, expreso y escrito para proceder en tal sentido.

Sin embargo, la Sala advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio sí se encontraba facultada para revocar el artículo 2º de la Resolución 6573 de 1982 (oct. 7) sin contar con el consentimiento previo, expreso y escrito de la actora; pues estaba enmendando un error, debido a que en dicha resolución había renovado el registro marcario del signo Mecánica Popular para el período 21 de junio de 1981 — 21 de junio de 1986, cuando debía haberlo hecho para el periodo 3 de junio de 1981 — 3 de junio de 1986, debido a que la Resolución 886 de 1971 (jun. 3), que lo había concedido por primera vez, lo había otorgado por el término de 10 años “contados a partir de la fecha de la presente resolución”.

En efecto, debe recordarse que los actos de renovación de registros marcarios no son más que la prolongación en el tiempo del acto original, por lo que no podía objetarse una manifestación de la administración encaminada enmendar un yerro para que la fecha de renovación del registro marcario expuesta en el artículo 2º de la Resolución 6573 de 1982 (oct. 7) fuera acorde con aquella dispuesta en la Resolución 886 de 1971 (jun. 3), que había concedido el registro marcario por primera vez.

Aunado a lo anterior, debe recordarse que los actos de renovación de registros marcarios no son demandables y, por ende, tampoco pueden serlo aquellos que les son accesorios, como es el que se controvierte en el presente cargo.

De hecho, esta tesis fue acogida por esta Sala en sentencia de 2 de diciembre de 2010 (M.P. María Elizabeth García González), cuando se analizó un caso análogo en el que se controvirtió un acto que resolvía una solicitud de revocatoria directa respecto de otro que había concedido previamente la renovación de un registro marcario. Precisamente en el fallo en comento la Sala manifestó:

“Del texto de dicha Resolución se advierte que los productos para los cuales la Sociedad Matsushita Seiko Co. Ltd. solicitó el registro de la marca “KDK”, realmente correspondían a la clase 11, no obstante lo cual el acto de renovación, refiriéndose a los mismos productos, los enunció como pertenecientes a la clase 9ª.

Es decir, que lo que hace la administración no es más que corregir un error aritmético, pero lo cierto es que este acto acusado es accesorio al de renovación (Res. 2396, mayo 17/84).

De tal manera que si el acto de renovación no es demandable, tampoco lo es el accesorio al mismo, que debe correr igual suerte, máxime si a través de éste no se está concediendo ningún registro sino, como ya se dijo, corrigiendo un error irrelevante frente al derecho que se adquiere con la concesión inicial del registro”(15).

En este orden de ideas y de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá tampoco al presente cargo y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(4) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2007. Marca: “Mar Bravo”. 15 de agosto de 2007.

(5) Por el cual se reglamentan algunas normas del Código de Comercio sobre propiedad industrial. Diario Oficial 33610 de 1972 (jun. 7).

(6) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 9 de diciembre de 2004, actor: Emilio Ferrero Williamson, Rad.: 11001032400020020010201, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(7) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 2 de diciembre de 2010, actor: Bassim Noureddine Yazdeh, Rad.: 11001032400020040001401, M.P. María Elizabeth García González.

(8) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 43-IP-2004.

(9) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de marzo de 2011, actor: Cesar Camilo Cermeño Cristancho, Rad.: 11001032700020030007101, M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(10) Folio 90, cdno. 1.

(11) Resolución 6573 de 1982 (oct. 7). “ART. 2º—Por el término de cinco (5) años más, contados a partir del 21 de junio de 1981, con vigencia hasta junio 21 de 1986, a favor de la Sociedad The Hearst Corporation, domiciliada en Nueva York, Edo (sic) de Nueva York, EUA, inscríbese la renovación de la marca Mecánica Popular, certificado 74688, que distingue productos de la clase 16...” (se resalta).

(12) Anexo 1

(13) Resolución 6573 de 1982 (oct. 7). “Artículo 2º. Por el término de cinco (5) años más, contados a partir del 21 de junio de 1981, con vigencia hasta junio 21 de 1986, a favor de la Sociedad The Hearst Corporation, domiciliada en Nueva York, Edo (sic) de Nueva York, EUA, inscríbese la renovación de la marca Mecánica Popular, certificado 74688, que distingue productos de la clase 16...” (se resalta).

(14) Anexo 1.

(15) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 2 de diciembre de 2010, actor: Bassim Noureddine Yazdeh, Rad.: 11001032400020040001401, M.P. María Elizabeth García González.