Sentencia 2001-00149 de marzo 3 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000232600020010014901 (27684)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Óscar Amaury Ardila Guevara y otros

Demandado: rama judicial y otros

Ref.: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., tres de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia en materia de privación injusta de la libertad.

La Ley estatutaria de administración de justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, y sostiene que “únicamente el Consejo de Estado y los tribunales administrativos” son competentes para ello, lo cual significa que el conocimiento de los citados procesos en primera instancia se radica en los tribunales administrativos y en segunda instancia en esta corporación, sin importar la cuantía del proceso.

Así lo tiene sentado la jurisprudencia de la Sala, en especial en el auto del nueve (9) de septiembre de 2008, pronunciado dentro del Radicado 11001032600020080000900, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (M.P. Mauricio Fajardo Gómez), mediante la cual se resolvió la antinomia que se presentaba entre lo dispuesto por el artículo 134B del Código Contencioso Administrativo y lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 - estatutaria de la administración de justicia.

2.2. La responsabilidad del Estado en materia de privación injusta.

En la jurisprudencia de esta corporación, no existe discusión acerca del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano, por privación de la libertad del procesado, cuando la sentencia o su equivalente resulta absolutoria, ya porque: (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) la conducta es atípica, o, iv) cuando resulta absuelto por aplicación del in dubio pro reo.

Para llegar a este punto, la corporación ha adoptado tres posiciones: la primera(1), “la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial, que se produciría como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso. Por manera que, para su deducción —se dijo—, es irrelevante el estudio de la conducta del juez o magistrado, es decir que no interesaba averiguar si aquel actuó o no con culpa o dolo”.

La segunda(2), “la carga procesal para el actor de demostrar el carácter injusto de la detención para obtener indemnización de perjuicios, consistente en probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad, fue reducida tan solo a los casos de detención diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal porque, en relación con estos últimos, se estimó que en los tres eventos allí señalados la ley calificó que se estaba en presencia de una detención injusta y que, por lo tanto, surgía para el Estado la obligación de reparar los perjuicios con ella causados”.

La tercera(3), “... el carácter de injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y que, por consiguiente, frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resulta indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado —se dijo— no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo”.

Respecto de la responsabilidad del Estado por los daños derivados de la detención preventiva ordenada con el lleno de los requisitos legales, cuando posteriormente se exime de responsabilidad al sindicado, la sentencia comentada dijo:

“No se entiende entonces con apoyo en qué tipo de argumento no habría de ser catalogado como igualmente antijurídico el daño que sufre quien se ve privado de la libertad —como en el presente caso— durante cerca de dos años y acaba siendo absuelto mediante sentencia judicial. Ciertamente resulta difícil aceptar que, con el fin de satisfacer las necesidades del sistema penal, deba una persona inocente soportar dos años en prisión y que sea posible deducirle, válidamente, que lo ocurrido es una cuestión “normal”, inherente al hecho de ser un buen ciudadano y que su padecimiento no va más allá de lo que es habitualmente exigible a todo individuo, como carga pública derivada del hecho de vivir en sociedad. Admitirlo supondría asumir, con visos de normalidad, la abominación que ello conlleva y dar por convalidado el yerro en el que ha incurrido el sistema de administración de justicia del Estado”.

A renglón seguido se dijo también: “considera la Sala, de todas formas y como líneas atrás se ha apuntado, que no es posible generalizar y que, en cada caso concreto, corresponderá al juez determinar si la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para contribuir a la recta administración de justicia. Lo que no se estima jurídicamente viable, sin embargo, es trasladar al administrado el costo de todas las deficiencias o incorrecciones en las que, en ocasiones, pueda incurrir el Estado en ejercicio de su ius puniendi. En relación con la inconveniencia —si no imposibilidad— de verter juicios generales y abstractos en relación con asuntos como el que atrae la atención del presente proveído, ya había expresado esta corporación lo siguiente:

“Al respecto, debe reiterarse lo expresado en otras oportunidades, en el sentido de que no cualquier perjuicio causado como consecuencia de una providencia judicial tiene carácter indemnizable. Así, en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley.

No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado”.

La sentencia comentada, citando a su vez la sentencia del 18 de septiembre de 1997, consejero ponente Daniel Suárez Hernández, Expediente 11.754, actor Jairo Hernán Martínez Nieves, en su consideración “5. De la distinción entre los supuestos en que se absuelve al imputado por inexistencia de pruebas y aquellos casos en que la exoneración de responsabilidad penal se deriva de la aplicación, en su favor, del beneficio de la duda.

(...).

“En lo que hace a la aplicación en el proceso penal que originó el presente asunto del principio in dubio pro reo y la posibilidad de responsabilizar al Estado cuando la absolución es consecuencia de dicha aplicación, cree la Sala que, tal como se manifestó anteriormente, no se trató de duda sino más bien de falta de prueba incriminatorias. Sin embargo aunque se tratase de dicha hipótesis no debe olvidarse que el presupuesto de la aplicación de tal principio, supone una duda para el juzgador penal, lo cual evidencia, precisamente, la deficiencia de la actuación estatal en la labor probatoria, circunstancia que no puede servir de base, ni por asomo, para la exoneración del Estado por la privación injusta de la libertad, pues ha de tenerse presente que, como principio fundamental informador de toda la normatividad penal, están los de buena fe y de inocencia, los cuales no pueden desvanecerse y mucho menos inobservarse, por una circunstancia meramente probatoria.

La duda, en materia penal, se traduce en absolución y es esta precisamente a la luz del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal la base para el derecho a la reparación. Ya tiene mucho el sindicado con que los jueces que lo investigaron lo califiquen de “sospechoso” y además se diga que fue la duda lo que permitió su absolución, como para que esta sea la razón, que justifique la exoneración del derecho que asiste a quien es privado de la libertad de manera injusta.

Entiéndase que lo injusto se opone al valor justicia, por lo cual perfectamente puede sostenerse que en punto del derecho fundamental de la libertad de las personas, la necesaria protección que ha de brindarse al sindicado, no puede caer en el vacío mediante un mal entendimiento y utilización de las medidas de aseguramiento.

Ante todo la garantía constitucional del derecho a la libertad y por supuesto, la aplicación cabal del principio de inocencia. La duda es un aspecto eminentemente técnico que atañe a la aplicación, por defecto de prueba, del principio, del in dubio pro reo. Pero lo que sí debe quedar claro en el presente asunto es que ni la sospecha ni la duda justifican en un Estado social de derecho la privación de las personas, pues se reitera, por encima de estos aspectos aparece la filosofía garantística del proceso penal que ha de prevalecer. Aquí, como se ha observado, sobre la base de una duda o de una mal llamada sospecha que encontrarían soporte en un testimonio desacreditado, se mantuvo privado de la libertad por espacio de más de tres años al demandante, para final pero justicieramente otorgársele la libertad previa absolución”.

La Sala reitera, en el presente caso, los razonamientos que se efectuaran en el pronunciamiento en cita. Exonerar al Estado de responsabilidad por no realizar o culminar las averiguaciones que habrían —probablemente— conducido a la estructuración de la causal de detención preventiva injusta consistente en que el sindicado no cometió el hecho, habiéndose previamente dispuesto su encarcelamiento, constituiría una manifiesta inequidad. Y esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub judice no provee de justo título —expost— a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación de (sic) demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente.

Adicionalmente, resultaría desde todo punto de vista desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a tipo alguno de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociacios debieran asumir en condiciones de igualdad—, el verse privado de la libertad durante aproximadamente dos años, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de administración de justicia si, una vez desplegada su actividad, esta rama del poder público no consiguió desvirtuar la presunción de inocencia del particular al que inculpaba. La “ley de la ponderación”, o postulado rector del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, enseña que el detrimento del derecho o interés jurídico que se hace retroceder, se sacrifica o se afecta en un caso concreto, debe ser correlativo a o ha de corresponderse con el beneficio, derecho o interés jurídico que se hace prevalecer, a través de la “regla de precedencia condicionada” que soporta la alternativa de decisión elegida para resolver el supuesto específico. En otros términos, “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”.

(...).

No corresponde al actor, en casos como el presente, acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuraban la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y estos: los tres aludidos extremos se encuentra suficientemente acreditados en el expediente, de lo cual se dará cuenta a continuación. En cambio, es al accionado a quien corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pueda entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima. Y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario”.

2.3. Normatividad relevante para la solución del caso.

Ha de precisarse que en el caso de autos, la privación de la libertad se inició el 30 de septiembre de 1996, fecha para la cual ya estaba vigente la Ley 270 de 1996, la cual fue promulgada el 7 de marzo de 1996, por lo que el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, había perdido su vigencia, luego, por haber sido derogado, no está llamado a seleccionarse para resolver este concreto caso, pues, vigente la Ley estatutaria de la administración de justicia, que regula íntegramente lo referente a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, es esta la normatividad a cuyo amparo han de solucionarse tales casos y no una norma derogada.

En efecto, la Ley estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 65 establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, y en el artículo 68 determina que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

Por su parte, el artículo 70 de la misma ley estatutaria, establece como causas de exoneración de responsabilidad del Estado (administración de justicia), los eventos de culpa exclusiva de la víctima, cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley, excepción hecha de los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial. —Se resalta—.

Normatividad esta que si bien no contempla expresamente los casos consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, ya señalados, en el evento de configurarse cualquiera de ellos, la responsabilidad sigue siendo de carácter objetivo, en atención a que resulta totalmente injusta la privación de la libertad del penalmente absuelto.

En efecto, de conformidad con los artículos 388 y 389 de dicho decreto-ley, para la procedencia de la medida de aseguramiento —detención preventiva entre otras—, menester es que se encuentre acreditado i) la existencia del hecho, ii) que este se pueda calificar como delito —tipicidad— y iii) que exista al menos un indicio grave de responsabilidad del sindicado como autor o partícipe.

Luego, al proferirse sentencia absolutoria con fundamento en que el hecho no existió, o que es atípico, o que el procesado no lo cometió, lo que realmente se está diciendo es que al momento de proferirse la medida de aseguramiento ella era improcedente por no cumplirse los requisitos exigidos por las normas citadas, resultando absolutamente injusta la privación de libertad de quien o i) se le privó de la libertad por un hecho punible que no existió; ii) se le privó de la libertad por un hecho que no era punible (atipicidad), o iii) que no existía al menos un indicio grave de responsabilidad en su contra, por cuanto el procesado no lo cometió.

En estos casos, ante la injusticia de la privación de la libertad, no tiene objeto que la jurisdicción de lo contencioso administrativo vuelva a estudiar el caso a efectos de pronunciarse sobre si la privación de la libertad resultó o no injusta, sino, simplemente ha de pronunciarse sobre la tasación de los perjuicios, previo estudio de la causal de exoneración de que trata el artículo 70 de la Ley estatutaria de la administración de justicia. (Se resalta).

Ahora bien, de todas maneras, en tales circunstancias se está ante una injusticia, puesto que la persona a quien no se le ha quebrado el principio de presunción de inocencia, no está obligada a soportar la privación de su libertad, pues lo que en verdad justifica la privación de la misma y con ello la obligación de soportarla, es una sentencia penal condenatoria en firme.

Luego, qué mayor injusticia que ser privado de la libertad en una investigación penal, y que al proferirse sentencia, quede verificada a través de esa decisión judicial, que el hecho punible por el cual se le investigó y privó de la libertad, no existió, o que la conducta que se investigó y por la cual se le privó de la libertad no está descrita en la ley penal como punible —es atípica—, es decir, ni siquiera es delito y por tanto no interesa al derecho penal, igual sucede cuando la propia justicia penal reconoce que el procesado no cometió el delito por el cual se le privó de la libertad, de tal suerte que, en esos casos, la privación de la libertad resulta injusta y por contera se vulnera el sacro derecho no solo de la libertad, sino también del debido proceso, la dignidad humana, y por lo tanto, la injusticia salta a la vista.

Lo anterior por cuanto la libertad es un derecho fundamental del individuo, que solo excepcionalmente puede ser restringido, resultando justa su interdicción cuando viene ordenada en una sentencia penal condenatoria en firme, pero en manera alguna resulta justa la privación de la libertad de una persona a quien no se le enerva la presunción de inocencia que lo acompañó desde antes, durante la investigación y el juicio, es decir, la privación de la libertad dentro de un proceso penal de una persona inocente, es absolutamente injusta, pues lo justo es que se prive de la libertad a quienes resulten condenados penalmente en virtud de una sentencia debidamente ejecutoria, luego de haber sido vencido en juicio con la observancia de todas las garantías legales y constitucionales.

Lo propio sucede cuando la absolución se produce ya por aplicación del principio “in dubio pro reo” o, por falencia o ausencia probatoria, en cuyos casos, también constituye una injusticia para quien se le asegura con medida privativa de su libertad y así permanece durante la investigación y en ocasiones en la etapa de juzgamiento, para que al decidirse de fondo, se le diga que no existe prueba en su contra para condenarlo, esto es que no hay prueba que conlleve a la certeza del hecho punible o sobre la responsabilidad del sindicado, según la exigencia del artículo 247 del Decreto 2700 de 1991, vigente para la fecha de la privación de la libertad.

Ello en razón a que duda es lo opuesto a certeza, y esta se exige para poder proferir sentencia condenatoria en materia penal, según las voces de la norma citada, luego, ante la ausencia o falta de pruebas que conduzcan al funcionario judicial al estado de certeza sobre la ocurrencia del hecho punible o la responsabilidad del sindicado, la presunción de inocencia se mantiene incólume y por ende se torna injusta la privación de la libertad de quien culminado el proceso penal sigue siendo inocente, al no demostrársele lo contrario, por no existir pruebas que ofrezcan certeza acerca del hecho punible y de la responsabilidad del sindicado, cual es la exigencia de la norma comentada.

Así las cosas, in dubio pro reo o falta de prueba incriminatoria para condenar, las dos convergen ante los presupuestos del 247 al mismo vértice, la falta de certeza aludida, cuya consecuencia obligada es la subsistencia de la presunción de inocencia. Por manera que, la privación de la libertad como garantía de comparecencia al proceso penal, de quien es inocente por no habérsele demostrado lo contrario, constituye un daño antijurídico, fundamentado en la injusticia que comporta privar de la libertad a una persona inocente, que debe ser resarcido, sin que para ello se requieran consideraciones subjetivas acerca de si la orden de detención se produjo con arreglo a las normas o no, o de si la prueba existente lleva al funcionario a un estado de duda insuperable por no existir modo de eliminarla, o a la falta de prueba incriminatoria en contra del sindicado.

2.4. Los hechos probados y la solución del caso.

1. Registros civiles de nacimiento de los demandantes (fls. 1-19, cdno. 2).

2. Oficio remitido por la Electrificadora del Tolima, donde se consigna lo siguiente (fl. 193, cdno. 2):

“(...) le informo que al (sic) señor Óscar Amaury Ardila Guevara, identificado con la cédula de ciudadanía 14.235.765 de Ibagué; es trabajador de esta empresa desde el 2 de mayo de 1983, y que ha tenido para los años 1996, 1997, 1998 las siguientes asignaciones básicas mensuales: $ 489.448, $ 607.267 y $ 729.303; respectivamente.

Que le fue suspendido el contrato de trabajo a partir del 29 de noviembre de 1996, en virtud de la Comunicación 2969 del 27 de noviembre de 1996 generada por la Fiscalía General de la Nación, de la delegada ante la Sijín Detol; que manifestaba que se encontraba en detención preventiva.

Que la Electrificadora reactivo (sic) el contrato de trabajo a partir del 9 de diciembre de 1997, al haber tenido conocimiento de esa fecha de la providencia de la unidad delegada ante el Tribunal Nacional de la Fiscalía General de la Nación del 28 de noviembre de 1996, donde le concedieron al señor Ardila Guevara, el beneficio de la libertad provisional”.

3. Registro de ingreso a la Penitenciaría Nacional de Ibagué —Picaleña—, de los señores Esneyder Zuluaga Montes, Óscar Amaury Ardila Guevara y Benjamín Rincón Bahamón, el día 1º de octubre de 1996 (fls. 196-201, cdno. 2).

4. Resolución expedida el 30 de septiembre de 1996, por la fiscalía regional delegada ante la Sijín Detol, mediante la cual se informa que el comandante de la sexta brigada de la ciudad de Ibagué, deja a disposición de la fiscalía regional, a los señores Óscar Amaury Ardila Guevara, Esneyder Zuluaga Montes y Benjamín Rincón Bahamón, quienes habían sido capturados por pesar en su contra una orden de captura vigente, y se ordena la encarcelación de los mismos, en la Cárcel Nacional Picaleña (fls. 25-27, cdno. 3).

5. Constancia expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, del 29 de noviembre de 2001, mediante la cual se informa que el señor Óscar Amaury Ardila Guevara ingresó a la penitenciaría el 28 de octubre de 1997, remitido de la penitenciaría “El Barne” de Tunja, y recibió la libertad el 5 de diciembre del mismo año.

Por su parte, el señor Benjamín Rincón Bahamón, ingresó el 24 de junio de 1997 y recuperó su libertad el 5 de diciembre de 1997 (fl. 269, cdno. 3).

6. Resolución proferida por la Fiscalía General de la Nación regional Santafé de Bogotá. El día 23 de octubre de 1996, mediante la cual se resuelve la situación jurídica de los sindicados, y se decreta la detención preventiva de los mismos. (fls. 160-184, cdno. 4).

7. Contrato de prestación de servicios suscrito entre el señor Benjamín Rincón Bahamón y la Universidad del Tolima, por un valor de $ 531.000 pesos, cuyo objeto era el de desempeñarse como docente capacitador de las asignaturas desarrollo del pensamiento y métodos numéricos, durante el período A de 1996 (fl. 284, cdno. 4).

8. Constancia expedida por el Liceo Nacional de Bachillerato de Ibagué, en la que se registra que el señor Benjamín Rincón Bahamón, se encontraba vinculado a dicha institución, en calidad de profesor interino, desde el día 4 de marzo de 1996, con una asignación salarial de $ 315.469 pesos (fl. 291, cdno. 4).

9. Certificación expedida por el Instituto Nacional de Servicios Educativos, donde se establece que el señor Benjamín Rincón Bahamón, se desempeñará como catedrático en el área de matemáticas y física de dicha institución, desde el 6 de febrero de 1996, en la jornada de la tarde (fl. 288, cdno. 4).

10. Oficio remitido por la secretaría de educación del municipio de Ibagué, en el que se informa que (fl. 114, cdno. 7):

“Mediante oficio sin número del 14 de marzo de 1996 se nombró al señor Benjamín Rincón Bahamón, profesor de tiempo completo del Liceo Nacional de Bachillerato por término de tres (3) meses contados a partir del 28 de febrero de 1996 en reemplazo de María Teresa Vera Llanos quien renuncio (sic).

Mediante orden de prestación de servicios 0154 de julio 18 de 1996 se le ordenó prestar sus servicios al señor Benjamín Rincón Bahamón en el Colegio Carlos Lleras Restrepo del 19 de julio al 30 de noviembre de 1996.

Que por oficio enviado por el rector del Colegio Carlos Lleras Restrepo, esta secretaría retiró del servicio al señor Rincón Bahamón, por motivo de haber sido privado de su libertad pagándole sus honorarios hasta el 30 de septiembre de 1996.

Actualmente esta secretaría no tiene contrato vigente con el mencionado señor; en cuanto al procedimiento que se cumplio (sic) para seleccionar al señor Rincón Bahamón, como uno de los docentes a contratar, fue el estudio de su hoja de vida y experiencia como docente”.

11. Oficio remitido por la oficina de contratación de la secretaría de servicios administrativos, en la que se informa que según información suministrada por diferentes dependencias, se encontró que el señor Esneyder Zuluaga Montes, tenía para 1996 una orden de trabajo con la secretaría de obras, cuyo objeto era la construcción de un muro de contención en el barrio Córdoba, por un valor de $ 3.494.320,40 pesos (fl. 122, cdno. 7).

12. Resolución expedida el 23 de septiembre de 1997, por la Fiscalía General de la Nación regional Santafé de Bogotá, en la que se decide proferir resolución de acusación contra los señores Óscar Amaury Ardila Guevara, Benjamín Rincón Bahamón y Esneyder Zuluaga Montes, como presuntos responsables del delito de rebelión (fls. 136-162, cdno. 8).

13. Despacho comisorio remitido el 4 de diciembre de 1997, por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional de Santafé de Bogotá, con destino a la Fiscalía Regional delegada en Tunja, solicitando (fls. 336-337, cdno. 8):

“Se sirva comunicar a Esneider (sic) Zuluaga Montes, que esta delegada en resolución de fecha noviembre veintiocho (28) del cursante año, proferida dentro del Proceso 36.215 (Reg. Bogotá 29.729), al resolver recurso de apelación interpuesto contra la providencia de septiembre veintitrés del cursante año, por medio de la cual un fiscal regional de esta ciudad, profirió resolución de acusación en su contra y apelación contra providencia de abril 9 de 1997 que no decretó nulidad, dispuso:

“1º. ANULAR LO ACTUADO a partir del cierre de investigación, inclusive, en cuanto concierne a la investigación impulsada en contra de Óscar Amaury Ardila Guevara, Benjamin (sic) Rincon (sic) Bahamon (sic), y Esneider (sic) Zuluaga Montes, sindicados del delito de rebelión, según calificación sumarial emitida por uno de los fiscales delegados ante jueces regionales de Santafé de Bogotá el 23 de septiembre del presente año,

(...).

CONCEDESE (sic) la libertad provisional a los ciudadanos Ardila, Rincón y Zuluaga, con base en el artículo 415-4 del Código de Procedimiento Penal siempre y cuando otorguen caución prendaria por suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales, cada uno de ellos. Una vez efectuado el diligenciamiento correspondiente, serán libradas las órdenes de libertad. (...)”.

14. Resolución expedida por la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá, el 28 de agosto de 1998, mediante la cual se ordena precluir la investigación a favor de los señores Óscar Amaury Ardila Guevara, Benjamín Rincón Bahamón y Esneyder Zuluaga Montes, por el delito de rebelión (fls. 586-604, cdno. 8).

15. Certificación expedida por la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barnel”, donde se informa que el señor Esneyder Zuluaga Montes quedó en libertad desde el 9 de diciembre de 1997 (fl. 162, cdno. 10).

Los anteriores medios de prueba, fueron aportados y solicitados tener como prueba con la demanda, decretados en el auto respectivo de primera instancia y allegados en el período probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, por lo que serán valorados conforme a los principios que informan la sana crítica.

De los medios de prueba valorados por la Sala, se infiere que los señores Óscar Amaury Ardila Guevara, Esneyder Zuluaga Montes y Benjamín Rincón Bahamón, fueron vinculados a un proceso penal, por el delito de rebelión, capturados por el Ejército Nacional el 30 de septiembre de 1996, y la investigación fue adelantada por la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá.

Que el 23 de octubre de 1996, se resuelve la situación jurídica de los sindicados, y se decreta medida de detención preventiva contra los mismos.

Posteriormente, se dictó resolución de acusación, el 23 de septiembre de 1997.

Seguidamente, el 28 de noviembre de 1997, se declara la nulidad de la resolución de acusación, y en su lugar se concede la libertad provisional a los sindicados.

Finalmente, el 28 de agosto de 1998, se decide precluir la investigación a favor de los señores Ardila, Rincón y Zuluaga.

De acuerdo con las certificaciones obrantes en el expediente, es posible afirmar, que la reclusión del señor Esneyder Zuluaga Montes se extendió por un lapso de 14 meses, 9 días, y las reclusiones de los señores Benjamín Rincón Bahamón y Óscar Amaury Ardila Guevara, duraron 13 meses, 29 días.

De la motivación de la providencia por la cual se precluyó la investigación de los procesados, se infiere claramente que la absolución de los aquí demandantes, obedeció a la aplicación del principio de in dubio pro reo stricto sensu, lo que se evidenció cuando se dijo:

“(...) Pues bien, ¿qué pruebas se aportaron?

Decíamos en párrafo anterior que fueron muy pocas pese a la diligencia demostrada por los funcionarios instructores. Como que se reducen a dos o tres pruebas fundamentales. Veamos:

(...) Luego si ello es así, mal podemos darle hoy credibilidad cuando no se avizoran elementos de convicción que hagan variar la poca confianza que tuvo en su momento el señor fiscal delegado ante el tribunal nacional.

Y como quiera que no son mas (sic) las pruebas abducidas (sic) en este nuevo período que hemos llamado nuevo ciclo investigativo, y las que acabamos de examinar, como se vio, no constituyen prueba para proferir resolución de acusación, obligatoriamente la fiscalia (sic) decretará la preclusión de la investigación a favor de los señores Óscar Amaury Ardila Guevara, Benjamín Rincon (sic) Bahamon (sic) y Esneider (sic) Zuluaga Montes”.

Ahora bien, previo hacer el análisis del caso concreto, considera la Sala hacer precisión en un aspecto, y es que en virtud del principio iura novit curia y por suceder los hechos materia de estudio en el año 1998, se estudiará y analizará la presente acción bajo el título de imputación de responsabilidad objetiva por daño especial, por mandato del artículo 68 de la Ley estatutaria de la administración de justicia, el cual dispone que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.

Luego, para la Sala, preciso es determinar i) si efectivamente se causó un daño antijurídico en contra de los demandantes, ii) de encontrarse acreditado, si le es imputable tanto fáctica como jurídicamente a los demandados.

El derecho a la libertad es un derecho fundamental connatural al ser humano, que posibilita el goce o ejercicio de otros derechos, por lo tanto, no cabe duda que, cuando se limita o priva de ese derecho a una persona inocente, se genera un daño, el cual resulta ser antijurídico pues, no existe norma en el ordenamiento jurídico colombiano que obligue a un ciudadano inocente a tolerar o soportar el daño que emana de la privación de la libertad dentro de un proceso penal en el cual no se le desvirtuó la presunción de inocencia.

En este concreto caso, tal daño antijurídico le es imputable tanto fáctica como jurídicamente a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto fue la encargada de adelantar la investigación penal y de adoptar, las decisiones que dieron al traste con el derecho a la libertad del procesado, al privarlo de la libertad al resolverle la situación jurídica y posteriormente precluir la investigación, y en atención a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, le es atribuible normativamente al ente investigador.

Así las cosas, se puede establecer responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad del ciudadano cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria, pese a que, en la detención se haya cumplido las exigencias legales, debido a que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y resulta absolutamente injusto que una persona inocente en un Estado social de derecho como el nuestro, sea privada de la libertad, comprometiéndose el ejercicio del derecho fundamental a la libertad.

Establecido lo anterior, entra la Sala a determinar si la detención preventiva en este caso fue causada por el actuar doloso o gravemente culposo del procesado —aquí demandante—, al tenor del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, norma esta que es del siguiente tenor:

“ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

De encontrarse que la detención preventiva no fue causada por el dolo o culpa grave del sindicado, tendrá derecho a la indemnización a que haya lugar.

Sobre el dolo o la culpa grave del procesado en la producción de la medida de aseguramiento, como causal de exoneración de responsabilidad del Estado, esta corporación ha sostenido en recientes pronunciamientos(4):

“De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso de la referencia, se encuentra demostrado que la señora Diana Patricia Pérez Tobón estuvo vinculada en un proceso penal por el secuestro de un ciudadano. De igual forma, quedó demostrado que ella conocía de la retención arbitraria del plagiado, así como que dialogó con aquel.

En esa línea de pensamiento, el daño es imputable única y exclusivamente al comportamiento gravemente culposo o doloso de encubrir a los secuestradores del señor Guerrero Suárez, pues el haber omitido denunciar un hecho tan grave como la retención ilegal e ilícita de una persona fue el comportamiento determinante que originó que se hubiera adelantado un proceso en su contra.

Y si bien, existió una nulidad que invalidó el proceso y, por consiguiente, generó que se tuviera que reiniciar la investigación criminal, lo cierto es que esa circunstancia no fue la que generó o produjo el daño consistente en la privación de la libertad de la señora Diana Patricia Pérez Tobón. En efecto, fue ella con su comportamiento la que incidió de manera definitiva y directa en la investigación que se adelantó en su contra, pues resulta incuestionable que concurrió en varias ocasiones al sitio donde se encontraba secuestrado el señor Guerrero Suárez, y tuvo pleno conocimiento del delito que se estaba cometiendo.

En ese orden de ideas; la falta de solidaridad y el desconocimiento del principio de confianza —esto es, el cumplimiento de los roles asignados por el hecho de vivir en sociedad— es lo que genera la atribución del daño a la actuación exclusiva y directa realizada por Diana Patricia Pérez Tobón.

Una posición contraria supondría desconocer la participación que tuvo la víctima en la generación del daño antijurídico y compelería a que el Estado se convirtiera en un asegurador universal puesto que se desencadenaría su responsabilidad con independencia de la imputación fáctica y jurídica de la lesión.

En el caso concreto, la lectura de la providencia de preclusión de la investigación a favor de Diana Patricia Pérez Tobón, proferida por la Fiscalía Especializada de Medellín, es suficiente para arribar a la conclusión de que el daño en el caso concreto no es imputable a la administración de justicia, puesto que fue el comportamiento inadecuado y reprochable de la víctima lo que desencadenó que se iniciara una investigación penal en su contra, máxime si el propio secuestrado dijo haber visto y dialogado con la señora Pérez Tobón en varias ocasiones durante su cautiverio, lo cual quedó demostrado en las diligencias penales”.

En otra decisión más reciente, también se ha dicho por esta corporación sobre este tópico(5)

“Establecido lo anterior, entra la Sala a estudiar la conducta desarrollada por el señor Gerardo Enrique Rojas Neira, de cara a establecer si puede considerarse como el hecho determinante que contribuyó a la producción del daño, esto es, que se le haya proferido medida restrictiva de su libertad.

Debe precisar la Sala que lo anterior no comporta en manera alguna una revaloración probatoria del proceso penal, ni mucho menos ello tiene la posibilidad siquiera de menoscabar el efecto de cosa juzgada penal tanto formal como material, que de suyo tiene la decisión de preclusión de la investigación penal a favor del aquí demandante.

Solo que desde el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia de privación injusta de la libertad y concretamente desde la preceptiva del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, exige el estudio previo de la conducta del procesado frente a la medida de aseguramiento impuesta a efectos de dilucidar de una parte si ha de considerarse gravemente culposa o dolosa y de otra, si fue la causa de la medida de aseguramiento de detención preventiva, y dependiendo de la afirmación o negación de estas dos exigencias procederá la exoneración o responsabilidad del Estado.

En tal cometido, observa la Sala que el señor Gerardo Enrique Rojas Neira, tiene a más de una formación militar en el campo de la aviación, la de piloto comercial y aún la de instructor en esta materia, así como la experiencia en dicho campo, todo lo cual le imponía el deber de verificar que quien lo contratara en su profesión de piloto de aviación comercial, fuese el “explotador” de la aeronave a pilotear o la persona que según las normas encargadas de su regulación pudiese realizar tal labor, como también debía transportar solo elementos permitidos según las normas aeronáuticas.

En este concreto caso, se encuentra acreditado que el señor Gerardo Enrique Rojas Neira, de un lado contrató como piloto el encargo de transportar desde la ciudad de Medellín hasta Bogotá una aeronave con persona distinta de el “explotador”, o de la persona que según este, administraba todo lo relacionado con la susodicha aeronave, y de otra parte, transportó o llevó consigo un tanque en fibra de vidrio que sirve como tanque auxiliar de combustible, que se utiliza para aumentar la autonomía de vuelo de una aeronave, ignorando a quien lo entregaría en la ciudad de Bogotá, y sin establecer con certeza la persona de la cual recibió tal encargo.

Dada la formación profesional y la experiencia específica del señor Gerardo Enrique Rojas Neira, permite inferir que era conocedor de la irregularidad de la propia conducta, que aunada a los hallazgos realizados al interior de la aeronave dio lugar o fue la causa determinante de la imposición de la medida de aseguramiento que restringió su libertad, al ser indicativos de encontrarse ante una presunta conducta punible, de tal suerte que el daño a él irrogado con la privación de su libertad, y puesto de manifiesto en la ulterior resolución de preclusión de la investigación, no le es imputable jurídicamente al Estado, por colmarse la causal de exoneración consagrada en la parte final del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991”.

Al momento de la captura de los mencionados señores, estos se encontraban en su lugar de trabajo y sus lugares de residencia, sin encontrárseles en su poder, elementos incautables, o realizando cualquier actividad delictiva, que permitiera afirmar que las capturas se dieron en flagrancia.

Establecido lo anterior, encuentra la Sala que la conducta desarrollada por los señores Benjamín Rincón Bahamón, Óscar Amaury Ardila Guevara y Esneyder Zuluaga Montes, no puede considerarse dolosa o gravemente culposa y por ende no fue determinante en la producción del daño, esto es, que se les haya proferido medida restrictiva de su libertad.

Debe precisar la Sala que lo anterior no comporta en manera alguna una revaloración probatoria del proceso penal, ni mucho menos ello tiene la posibilidad siquiera de menoscabar el efecto de cosa juzgada penal tanto formal como material, que de suyo tiene la decisión de absolución de la investigación penal a favor del aquí demandante(6).

Solo que desde el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia de privación injusta de la libertad y concretamente desde la preceptiva del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, exige el estudio previo de la conducta del procesado frente a la medida de aseguramiento impuesta a efectos de dilucidar de una parte si ha de considerarse gravemente culposa o dolosa y de otra, si fue la causa de la medida de aseguramiento de detención preventiva, y dependiendo de la afirmación o negación de estas dos exigencias procederá la exoneración o la responsabilidad del Estado.

En este caso, la Sala es del criterio que los demandantes no actuaron con culpa grave o dolo y que su comportamiento no fue determinante para que se produjera su captura y posterior judicialización, como tampoco para que se les profiriera medida de aseguramiento de detención preventiva.

La culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

En el caso bajo estudio, observa la Sala que los señores Rincón, Ardila y Zuluaga, no transgredieron las reglas básicas para la convivencia en sociedad.

Luego, no existe la menor duda que el daño es imputable única y exclusivamente a las decisiones de la Fiscalía General de la Nación al adelantar la investigación penal y ordenar la captura de los aquí demandantes, quienes fueron absueltos al proferirse resolución de preclusión de la instrucción, tornando injusta la detención de unas personas inocentes.

Entonces, fuerza concluir que no fueron los señores Benjamín Rincón, Óscar Amaury Ardila y Esneyder Zuluaga, quienes con su comportamiento inadecuado, descuidado en extremo, incidieron de manera directa y determinante en que se le adelantara una investigación penal y que dentro de ella se ordenara su captura.

En todo caso, al no encontrarse acreditada causal alguna que exima de responsabilidad patrimonial a la demandada —Fiscalía General de la Nación—, al tenor del artículo 70 de la Ley estatutaria de la administración de justicia, y habiendo quedado demostrado que los daños antijurídicos padecidos por los demandantes son imputables tanto fáctica como jurídicamente a la Fiscalía General de la Nación, quien ordenó la captura de los señores Benjamín Rincón Bahamón, Óscar Amaury Ardila Guevara y Esneyder Zuluaga Montes, es esta la llamada a responder patrimonialmente por el daño antijurídico irrogado a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad de su padres, hijos y hermanos.

En conclusión, teniéndose por establecido, como anteriormente se dijo, que el título de imputación bajo el cual se debe solucionar este caso es el de responsabilidad objetiva por daño especial, claro resulta, que ha de confirmarse la sentencia de primera instancia.

2.5. Reconocimiento de perjuicios.

En virtud del principio de la non reformatio in pejus, y teniendo en cuenta que se trata de apelante único, procede esta Subsección a confirmar los montos otorgados en primera instancia por concepto de perjuicios morales, y a actualizar las cifras correspondientes al lucro cesante, con base en la fórmula empleada por la corporación para estos efectos, salvo el caso del señor Óscar Amaury Ardila Guevara, por cuanto la liquidación efectuada por el fallador de primera instancia, no solo resulta más gravosa para la entidad apelante, sino que esta no es acertada, en cuanto a la apreciación de las certificaciones aportadas, y la liquidación de los valores respecto del tiempo que el demandante estuvo desvinculado de su trabajo.

2.5.1. Lucro cesante.

Se allegó al proceso, certificación de la Electrificadora del Tolima, en la que constaba que el señor Óscar Amaury Ardila Guevara, se encontraba vinculado a dicha empresa al momento de su captura, devengando para el año 1996 un salario de $ 489.448 pesos, hasta el 29 de noviembre de 1996, cuando fue separado de su cargo, y se reintegró al mismo el día 9 de diciembre de 1997.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que es procedente conceder al señor Ardila Guevara, el valor equivalente al dinero dejado de percibir desde el 29 de noviembre, hasta el 9 de diciembre de 1997; esto es, un período de 12 meses, 10 días.

Para lo anterior, es importante actualizar el valor del salario devengado para el año 1996, y determinar si es viable realizar el cálculo con esos valores, o si resulta necesario realizarlo con el valor del salario mínimo actual, de acuerdo con la tesis de la corporación.

489.448 x114.53 (ene./2014)= 1.486.120
 37.72 (nov./96) 

Ahora, procede la Sala a calcular, el total de la indemnización, por el periodo que el señor Ardila estuvo desvinculado de la empresa.

Dado que el salario mensual correspondía a $ 1.486.120 pesos, y el tiempo a indemnizar corresponde a 12 meses, 10 días, el valor a conceder es de dieciocho millones trescientos veintiocho mil ochocientos trece pesos ($ 18.328.813).

Ahora bien, respecto de la indemnización por lucro cesante impuesta en favor del señor Esneyder Zuluaga Montes, por valor de siete millones trescientos cincuenta y nueve mil treinta y un pesos ($ 7.359.031), se actualizará dicha suma, con la fórmula empleada por la corporación.

7.359.031 xíndice final (ene./2014)
 índice inicial (abr./2004)
  
7.359.031 x114.53
 78.74

Diez millones setecientos tres mil novecientos sesenta pesos ($ 10.703.960).

2.6. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

Finalmente, es necesario precisar que obra en el expediente un contrato de cesión de derechos litigiosos celebrado entre los señores Benjamín Rincón Bahamón a favor de la señora Claudia Rocío Rincón Bahamón, el cual fue aceptado por el despacho el 5 de septiembre de 2012 declarando a la señora Claudia Rocío Rincón, como litisconsorte del cedente, en este orden de ideas, la condena proferida en esta providencia se realizará en cabeza de la litisconsorte.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modificar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 22 de abril de 2004, la cual quedará así:

“PRIMERO. Declárase administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Ejército Nacional, por la privación injusta de la libertad de que fueron objeto los señores Óscar Amaury Ardila Guevara, Esneyder Zuluaga Montes, Benjamín Rincón Bahamón.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase solidariamente a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Ejército Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes cantidades:

— El equivalente a la cantidad de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia a:

Claudia Rocío Rincón Bahamón, como litisconsorte del cedente Benjamín Rincón Bahamón, Óscar Amaury Ardila Guevara, Esneyder Zuluaga Montes, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

— El equivalente a la cantidad de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a Benjamín Rincón, Cecilia Bahamón, Olga Guevara de Ardila, Juana Isabel Montes Rincón, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

— El equivalente a la calidad de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a Zaira Juliana Ardila Ospina, Angela Vianey Zuluaga Durán y Katherin Julieth Zuluaga Durán, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada una de ellas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Ejército Nacional, a pagar por concepto de perjuicios materiales las siguientes cantidades:

— Para el señor Óscar Amaury Ardila Guevara por concepto de lucro cesante la cantidad de dieciocho millones trescientos veintiocho mil ochocientos trece pesos ($ 18.328.813).

— Para el señor Esneyder Zuluaga Montes por concepto de lucro cesante la cantidad de diez millones setecientos tres mil novecientos sesenta pesos ($ 10.703.960).

CUARTO. Para el cumplimiento de esta sentencia se deberá dar aplicación a lo ordenado en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

QUINTO. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO. Sin condena en costas”.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de 30 de junio de 1994, Exp. 9734. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168.

(2) Sentencia del 17 de noviembre de 1995, Exp. 8666 cit. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168.

(3) Sentencia del Consejo de Estado, Exp. 13.606, sentencia del 14 de marzo de 2002, Exp. 12.076 citadas en la sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168.

(4) Sentencia de agosto 29 de 2012, M.P. Enrique Gil Botero, Rad. 25.276.

(5) Sentencia de fecha 30 de enero de 2012, Exp. 23514, actor Gerardo Enrique Rojas Neira, demandada Fiscalía General de la Nación, acción de reparación directa, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

(6) Sentencia de fecha 30 de enero de 2012, Exp. 23514, actor Gerardo Enrique Rojas Neira, demandada Fiscalía General de la Nación, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.