Sentencia 2001-00160 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 630012331000200100160 01

Interno: 30379

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón (E)

Demandante: Blanca Omaira Mahecha Tobón y otros.

Demandado: Municipio de Armenia e Instituto Nacional de Vías, Invías.

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.

Bogotá, D.C., nueve de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que profirió la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos del Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Nariño, el 14 de octubre de 2004.

1. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

En relación con este aspecto conviene precisar que la demolición total del Edificio La Pola se efectuó el día 19 de abril de 1999 y las demandas de reparación directa se formularon los días 30 de enero y 2 de febrero de 2001, lo que permite concluir que se presentó de manera oportuna, esto es dentro de los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 de Código Contencioso Administrativo.

2. El caudal probatorio obrante en el asunto de la referencia.

— Escritura Pública 624 de marzo 10 de 1978 otorgada ante la Notaría Segunda del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor de la señora Blanca Omaira Mahecha Tobón el apartamento 102 del Edificio La Pola(9); con su correspondiente certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 280-2707(10).

— Escritura Pública 2.732 de junio 1º de 1998 otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor de la señora Gloria Escobar Giraldo el apartamento 403 del Edificio La Pola(11); con su correspondiente certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 280-3944(12).

— Escritura Pública 3.579 de diciembre 22 de 1993 otorgada ante la Notaría Primera del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor de la señora Olga Patricia Salazar Puerta el apartamento 203 del Edificio La Pola(13); con su correspondiente certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 280-632(14).

— Escritura Pública 3.946 de diciembre 11 de 1991 otorgada ante la Notaría Segunda del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor de la señora Marlenny Sossa Mazo el apartamento 303 del Edificio La Pola(15); con su correspondiente certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 280-3858(16).

— Escritura Pública 7.989 de diciembre 29 de 1994 otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor de la señora Miriam Gómez López el apartamento 202 del Edificio La Pola(17); con su correspondiente certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 280-3636(18).

— Escritura Pública 2.415 de junio 30 de 1993 otorgada ante la Notaría Segunda del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor de la señora Amparo López Muñoz el apartamento 304 del Edificio La Pola(19); con su correspondiente certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 280-631(20).

— Escritura Pública 2.065 de agosto 11 de 1993 otorgada ante la Notaría Primera del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor de la señora Annabel Maya Correa el apartamento 204 del Edificio La Pola(21); con su correspondiente certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 280-246(22).

— Escritura Pública 3.167 de junio 30 de 1998 otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor de la señora Elizabeth Lehder Rivas el apartamento 301 del Edificio La Pola(23); con su correspondiente certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 280-2861(24).

— Escritura Pública 193 de enero 22 de 1999 otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor del señor Óscar Cruz Roldán Sánchez el apartamento 201 del Edificio La Pola(25); con su correspondiente certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 280-97899(26).

— Escritura Pública 2.483 de mayo 30 de 1991 otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor del señor Gonzalo Posada Ramírez el apartamento 404 del Edificio La Pola(27); con su correspondiente certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 280-3945(28).

— Escritura Pública 280 de febrero 21 de 1996 otorgada ante la Notaría Cuarta del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor de FACEQUÍN LTDA. el apartamento 101 del Edificio La Pola(29); con su correspondiente certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 280-73126(30).

— Escritura Pública 2.402 de mayo 27 de 1991 otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor de la señora Ligia Suárez Ramírez el apartamento 103 del Edificio La Pola(31); con su correspondiente certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 280-1676(32).

— Escritura Pública 1.976 de junio 30 de 1992 otorgada ante la Notaría Segunda del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor del señor Fabio Hoyos Ospina el apartamento 401 del Edificio La Pola(33); con su correspondiente certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 280-3637(34).

— Decreto 16 de enero 26 de 1999, emitido por el Alcalde de Armenia; en el mencionado acto administrativo se dispuso:

“CONSIDERANDO:

Con ocasión de los movimientos telúricos ocurridos el 25 de enero de 1999, innumerables edificaciones sufrieron graves deterioros en su estructura y paredes, que amenazan ruina y ponen en peligro la seguridad de sus habitantes y los transeúntes.

El Decreto 919 de 1989 “Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres y se dictan otras disposiciones”; faculta al Alcalde Municipal en caso de circunstancias de especial urgencia, para prescindir del régimen de notificaciones y recursos en la vía gubernativa para proceder a la demolición de inmuebles en forma inmediata.

Que el mismo Decreto 919 autoriza para delegar las competencias sobre esta materia, en autoridad pública municipal que se estime eficaz para el logro de ese cometido,

RESUELVE:

ART. 1º—Ordenar y ejecutar la demolición inmediata de toda edificación o construcción que amenace ruina o que por su estado de deterioro ponga en peligro la seguridad y la tranquilidad pública, de acuerdo al inventario y concepto técnico rendido por la comisión que se crea por el artículo segundo de este Decreto.

“ART. 2º—Créase la Comisión Técnica que evaluará y determinará la demolición en cada caso concreto según informe escrito, integrada así: El secretario de infraestructura y valorización municipal y la Sociedad de Ingenieros de Quindío.

“ART. 3º—Deléguese en los Inspectores Municipales de Policía la facultad de ordenar las demoliciones de que trata este Decreto y en el Secretario de Infraestructura y Valorización Municipal la ejecución de las mismas.

“PAR.—Los Inspectores Municipales de Policía procederán mediante Resolución motivada previo el concepto técnico, el cual hará parte integral de la respectiva resolución.

“ART. 4º—Copia de la Resolución que ordene la demolición será fijada en la sede provisional de la Alcaldía Municipal, ubicada en las instalaciones de la Defensa Civil, carrera 19 calle 36 Norte, por el término de 10 días hábiles”(35) (se resalta).

Adicionalmente, obra copia de la constancia de fijación del referido acto administrativo(36).

— Acta 007 de 31 de enero de 1999, elaborada por la Comisión Técnica, conformada por la Secretaría de Infraestructuras Básica y Valorización, la Sociedad de Ingenieros del Quindío, el Departamento de Planeación y Evaluación del Municipio y la Sociedad Colombiana de Arquitectos Seccional Quindío, en la cual se dejó constancia que:

“… por medio del Decreto 16 del 26 de enero de 1999 y de acuerdo al inventario y concepto técnico rendido por un grupo de ingenieros especialistas en estructuras se determinó la demolición total o parcial de las edificaciones relacionadas en el documento anexo que hace parte integral de esta acta.

Se recomienda que la Administración Municipal tome las medidas pertinentes para evitar el ingreso de las personas a los inmuebles que van a ser demolidos(37) (resaltados adicionales fuera del texto original).

— Resolución 161 de febrero 6 de 1999, proferida por la Inspectora Quinta Municipal de Policía y Tránsito de Armenia, a través de la cual se ordenó la demolición parcial “de la construcción [ubicada] en la carrera 15 Nº 22-41 antepechos y fachaleta”(38).

La citada decisión fue adoptada con fundamento en los siguientes considerandos:

“a. Que debido al movimiento telúrico presentado en esta ciudad el día 25 de enero de 1999, el señor Alcalde Municipal dispuso mediante el Decreto 16 del 26 de enero del presente año y con base en el Decreto 919 de 1989, la demolición inmediata de toda edificación o construcción que amenace ruina o que por su estado de deterioro ponga en peligro la seguridad y tranquilidad pública.

b. Que el mismo decreto creó la Comisión Técnica, encargada de evaluar y determinar los casos concretos en que se debe proceder a la demolición e igualmente delegó en los Inspectores Municipales de Policía la facultad de ordenar las demoliciones en aquellos casos que así los ameriten, y en el Secretario de Infraestructura y Valorización la ejecución de la misma.

c. Que la Comisión Técnica presentó un informe ante esta Inspección, donde se da cuenta de la existencia de una construcción ubicada en la carrera 18 Nº 16-18, la cual se encuentra en avanzado estado de deterioro y amenazando ruina.

d. Que de dicha situación se desprende la necesidad de ordenar la demolición de obra de la construcción indicada anteriormente, ya que al amenazar con ruina pone en peligro la seguridad y tranquilidad pública de todos los habitantes del municipio” (se resalta).

A folio 212 del cuaderno 1 obra constancia de fijación del citado acto administrativo.

— Acta suscrita por la Inspección Primera Municipal de Policía de Armenia, el 4 de febrero de 1999, en la cual se dejó constancia de que a las 10:00 a.m. de la mencionada fecha se procedió a demoler el predio ubicado en la carrera 15 Nº 22-41.

En el mencionado documento se indicó que:

“Hoy, 4 de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999), siendo las 10:00 de la mañana el Despacho en uso de sus atribuciones legales y para dar cumplimiento a la Resolución #161 del 6 del mes de febrero, nos hicimos presentes en el predio ubicado en la Cra. 15 # 22-41 donde funcionan (espacio en blanco) en compañía del ingeniero Humberto Botero tarjeta profesional 128 de Quindío; fecha y hora en las cuales procedimos a iniciar la demolición de dicho inmueble, previamente haber verificado que el mismo estuviese totalmente evacuado”(39).

Se advierte que la citada acta fue suscrita por el Ingeniero Supervisor, el Inspector a cargo y la sustanciadora, no obstante, el espacio de la firma del ingeniero asistente aparece en blanco.

— Informe de la Comisión de Evaluación Estructural, del 29 de marzo de 1999, en el cual se indicaron los bienes que debían ser objeto de demolición total inmediata, entre los cuales aparece el inmueble objeto de la presente acción así “Carrera 15 #22-41. Cambia RDP Nº 161 de parcial a total. Acabar de demoler”(40).

— Resolución 26 de abril 15 de 1999, proferida por la Inspectora Quinta Municipal de Policía y Tránsito de Armenia, a través de la cual se modificó el artículo 1º de la Resolución 161 y, en su lugar, se ordenó la demolición total de la edificación ubicada en la carrera 15 Nº 22-41”(41).

La citada decisión tuvo como fundamento las siguientes consideraciones:

“(…).

c) Que la Comisión Técnica presentó un informe ante esta Inspección, donde se da cuenta de la existencia de una construcción ubicada en la CARRERA 15 Nº 22-41, la cual se encuentra en avanzado estado de deterioro y amenazando ruina. Pero sólo respecto de los antepechos y fachaleta.

d) Que de dicha situación se desprendió la necesidad de ordenar la demolición parcial inmediata de la construcción indicada anteriormente, ya que al amenazar ruina pone en peligro la seguridad y tranquilidad pública de todos los habitantes del municipio.

e) Que la misma Comisión Técnica ha reevaluado dicha edificación y ha determinado que esta amerita, por su avanzado estado de deterioro de demolición total.

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar el artículo primero de la Resolución 161 en el sentido de que la (sic) se trata de una demolición total de la edificación ubicada en la carrera 15 Nº 22-41.

PAR.—El concepto emitido por la Comisión Técnica el día 29 de marzo de 1999 hace parte de la presente Resolución.

ART. 2º—Confirmar en todas sus partes el artículo segundo y tercero de la mencionada dirección (sic)”(42).

— Acta suscrita por la Inspección Primera Municipal de Policía de Armenia, el 19de abril de 1999, en la cual se dejó constancia de que a las 7:00 am. se procedió a demoler el predio ubicado en la carrera 15 Nº 22-41, a efectos de darle cumplimiento a la Resolución 26 de abril 25 de 1999(43); dicho documento fue suscrito sólo por el Ingeniero Supervisor, puesto que el espacio de la firma del ingeniero asistente aparece en blanco.

— Oficio 1051 elaborado por el Invías de fecha agosto 27 de 1999, en la cual se dejó constancia de lo siguiente:

“De conformidad con su oficio sin fecha y radicado en esta oficina el día 11 de agosto/99, me permito informarle que de acuerdo a los artículos primero y segundo de la Resolución 161 del 6 de febrero/99 expedida por la Inspección Quinta Municipal de Policía y Tránsito, dicho inmueble debía ser demolido parcialmente y de forma inmediata por la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio, como puede ver no era de nuestra competencia.

Adicionalmente me permito informarle que mediante Resolución 26 de abril 15/99 se revocó la Resolución 161 y dicha demolición pasó de parcial a total. Siendo ejecutada la misma entre los días 18 y 24 de abril/99, bajo la supervisión del Ingeniero Humberto Botero, según reporte diario”(44).

— Contrato interadministrativo 002 suscrito entre el Municipio de Armenia e Invías, a través del cual se celebró un convenio interadministrativo cuya finalidad consistía en desarrollar las labores relacionadas con la demolición de las edificaciones que amenazaren ruina; en el citado acuerdo se dejaron indicadas las siguientes obligaciones:

“SEGUNDA: OBLIGACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO: La Alcaldía se obliga para con el INSTITUTO a expedir los correspondientes actos administrativos, que previo concepto técnico emanado de la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio y la Sociedad de Ingenieros del Quindío, sustente técnica y jurídicamente los procedimientos de demolición y remoción de escombros. Así mismo, facilitará a través de las autoridades de policía el respaldo necesario para cumplir con el objeto del presente convenio. TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. EL INSTITUTO se obliga para con la Alcaldía a llevar a cabo técnicamente las demoliciones ordenadas por la Secretaría de Infraestructura y Valorización de Armenia, de acuerdo con la disponibilidad de recursos económicos que sean facilitados por el Fondo Nacional de Calamidades, a través de la Fiduciaria La Previsora S.A. Del mismo modo, una vez efectuadas las demoliciones y adelantadas las correspondientes operaciones de remoción de escombros, informará a la mencionada Secretaría sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas por ésta. (…)”(45).

— Declaraciones de los señores Fernando y Juan Diego Gil Valencia, Gloria Inés Velásquez, María Esperanza Salgado de Gómez y Rosemberg Valencia, quienes coincidieron en afirmar que el Edificio La Pola fue demolido totalmente a comienzos del mes de febrero de 1999(46).

— Registro fotográfico (5 fotografías), de lo que en apariencia correspondería al lugar en el cual se llevó a cabo la demolición, sin que se haya allegado constancia alguna respecto de la persona que tomó dichas fotografías, razón por la cual dichos medios de acreditación no serán valorados en esta instancia(47).

3. Lo que se debate.

Los señores Blanca Omaira Mahecha Tobón, Gloria Escobar Giraldo, Olga Patricia Salazar, Marleny Sossa Mazo, Miriam Gómez López, Amparo López Muñoz, Anabel Maya Correa, Elizabeth Ledher Rivas, Óscar Cruz Roldán Sánchez, Gonzalo Posada, Arnulfo Salgado, Luz Dary Agudelo Coronado, Ligia Suárez Ramírez, María Ofelia Posada de Palomino, José Fernando, María Eugenia Palomino Posada y Fabio Hoyos Ospina, en su calidad de propietarios de apartamentos del Edificio La Pola ubicado en la ciudad de Armenia, formularon demanda de reparación directa contra el Municipio de Armenia y el INVÍAS, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por la orden de demolición parcial del referido inmueble y, posteriormente, la demolición total del mismo, cuyo fundamento lo constituyó el supuesto estado de ruina en que se encontraba como consecuencia del movimiento telúrico que afectó a la ciudad de Armenia el 25 de enero de 1999.

4. Procedencia de la acción de reparación directa ejercida.

Esta misma Subsección, en sentencia del 12 de septiembre de 2012, expediente 25877(48), con ponencia del señor Consejero de Estado Carlos Alberto Zambrano Barrera, se ocupó de un caso similar —guardadas proporciones— al que ahora se decide en segunda instancia, en el cual la parte actora la constituía una persona que había subarrendado un local comercial en la Plaza de Mercado Central de Armenia y cuyas pretensiones giraban en torno a la responsabilidad del municipio de Armenia y de las Empresas Públicas de Armenia por la demolición de la mencionada Plaza y la terminación del contrato de arrendamiento suscrito con COOPLAZA Ltda. En aquella ocasión se afirmó:

“… el conjunto de disposiciones que entraron a regular la situación generada por el desastre natural que afectó al Departamento del Quindío, más concretamente a la ciudad de Armenia, y los conceptos en los que varias de aquéllas se fundaron indicaban, con toda claridad, que la única medida procedente era la demolición inmediata del inmueble, pues el estado de ruina en el que quedó ponía en riesgo la seguridad y la vida de todas las personas y, como tal, en ese sentido estuvieron encaminadas las decisiones que ordenaron su demolición, de modo que éstas no sólo resultaban procedentes, sino que, además, fueron justas y necesarias.

“Para la Sala es claro que los actos administrativos que ordenaron la demolición del inmueble afectado con el terremoto se profirieron con estricto apego a la ley y, por lo mismo, no se configuró una operación administrativa ilegal, por el hecho de que se hubiera prescindido del régimen de notificaciones, como lo asegura infundadamente el demandante, pues, como se vio, el ordenamiento legal no solo autorizaba sino que, además, exigía que en casos de “especial urgencia”, esto es, cuando el inmueble afectado amenazara ruina o, por su estado de deterioro, pusiera en peligro la seguridad de los habitantes —D. 919, mayo 1º/89, art. 32—, se ordenara su demolición, señalando expresamente que dicha medida se adoptaría en forma inmediata, caso en el cual no resultaba procedente notificación alguna y bastaba con que la resolución permaneciera fijada durante 10 días hábiles en el despacho de la alcaldía respectiva, como en efecto ocurrió con las resoluciones que ordenaron la demolición del inmueble, tal como se observa a folios 113 y 122, cuaderno 2.

“Así las cosas, ninguna irregularidad se observa en este caso a cargo de la Alcaldía de Armenia, pues, como quedó demostrado, la demolición del inmueble, donde funcionaba la plaza de mercado municipal, era una medida necesaria, a fin de salvaguardar y proteger la vida de las personas; además, debe quedar claro que no se violó el debido proceso de las personas que resultaron afectadas con la medida, teniendo en cuenta que las resoluciones que la ordenaron no requerían de notificación alguna, sólo que fueran fijadas en el respectivo despacho durante el término indicado (10 días hábiles), lo cual está acreditado en el proceso.

“Según la demanda, como consecuencia de la demolición del edificio donde funcionaba la plaza de mercado municipal, la propietaria del inmueble afectado revocó el contrato de arrendamiento celebrado con la Cooperativa de Comerciantes de la Plaza de Mercado, “Cooplazas Ltda.”, la cual, a su vez, había subarrendado a la actora el local comercial identificado con el número 12016.

“Al respecto, cabe señalar que los documentos que obran a folios 53 a 62 y 67 a 70, cuaderno 1, aportados con la demanda, a través de los cuales la parte actora pretende acreditar los citados contratos de arrendamiento, obran en copia simple y, por lo mismo, conforme al artículo 254 del Código de Procedimiento Civil carecen de valor probatorio, máxime cuando no fueron allegados con la prueba trasladada.

“En todo caso, es dable señalar que la demolición justificada del inmueble mencionado implicó no sólo la desaparición de la “Plaza de Mercado Central de Armenia”, sino la del local 12016 que la actora habría arrendado a “Cooplazas Ltda.”, en el que ella desarrollaba su actividad comercial y, por lo mismo, ninguna responsabilidad cabe en este caso a las Empresas Públicas de Armenia, E.P.A.”.

Ahora bien, en el caso sub examine, la Sala observa lo siguiente:

Que con fundamento en el Decreto 16 enero 26 de 1999 dictada por el Municipio de Armenia, se profirió la Resolución 161 de febrero 6 de 1999 a través de la cual se ordenó la demolición parcial del inmueble ubicado en la carrera 15 Nº 22-41 de la ciudad de Armenia, comoquiera que el citado bien inmueble se encontraba en estado de deterioro y, adicionalmente, amenazaba ruina.

Adicionalmente, en el encuadernamiento obra acta de demolición parcial de la Edificación La Pola, no obstante, la Sala observa que si bien la citada diligencia fue llevada a cabo el día 4 de febrero de 1999, lo cierto es que el acto administrativo (Res. 161) que ordenó la demolición fue expedido el día 6 de febrero de 1999, cuestión, que a todas luces, evidencia una irregularidad por parte de la Administración puesto que se ejecutó un procedimiento de demolición con fundamento en un acto administrativo inexistente.

Pero es más, debe advertirse que en la citada acta no puede hablarse de algún error de tipo escritural respecto de la fecha de la demolición del Edificio La Pola, toda vez que en tal documento se dejó constancia de que el día 4 de febrero de 1999 se efectuó la referida diligencia con fundamento en la Resolución 161 del 6 de febrero de 1999.

Así las cosas, dicha circunstancia configura una falla de la Administración, razón por la cual, resulta procedente la acción de reparación directa, motivo por el cual, esta Subsección revocará la sentencia apelada y entrará a estudiar el fondo del presente asunto.

Por último, se advierte que si bien el Juzgador de primera instancia en la sentencia apelada afirmó que lo que la parte actora realmente alega en la demanda es una falsa motivación, lo cierto es que una vez revisado en su integridad el libelo demandatorio no se observó que el accionante hiciere referencia alguna a una supuesta falsa motivación de los actos administrativos en los cuales se fundamentó la demolición del Edificio La Montaña.

5. Responsabilidad de las entidades demandadas.

En el presente litigio se tiene que, debido al desastre natural que azotó al denominado Eje Cafetero de Colombia, la Administración Municipal de Armenia se vio en la necesidad de expedir el Decreto 16 de 1999 a fin de ordenar y ejecutar la demolición inmediata de toda edificación o construcción que amenazara ruina o que por su estado de deterioro pusiera en peligro la seguridad y tranquilidad públicas.

A su turno, la Inspectora Quinta Municipal de Policía y Tránsito de Armenia, expidió la Resolución 161 de febrero 9 de 1999, en cuya virtud se ordenó la demolición parcial del Edificio La Pola ubicado en la carrera 15 Nº 22-41, comoquiera que según informe presentado por la Comisión Técnica respectiva se había dictaminado que dicha edificación amenazaba ruina y, aunado a ello, se encontraba en avanzado estado de deterioro.

De igual forma, obra dentro del caudal probatorio la Resolución 26 de abril 15 de 1999, a través de la cual el Municipio de Armenia modificó la Resolución 161 y, en su lugar, ordenó la demolición total del Edificio La Pola, puesto que la Comisión Técnica había reevaluado dicha edificación y, por ende, en aquella oportunidad, determinó la demolición total del bien inmueble aludido.

Así las cosas, esta Subsección observa que si bien la demolición parcial del Edificio La Pola fue ejecutada antes de la expedición del acto administrativo que ordenó dicha diligencia, lo cierto es que la mencionada manifestación unilateral de la Administración fue necesaria, comoquiera que la única medida procedente para contrarrestar un eventual accidente era la demolición parcial del predio referido, para así, garantizar la protección y/o seguridad de las personas que lo habitaban, y de terceros que transitaran por su alrededor.

En efecto, en la citada Resolución se dejó constancia de que el bien ubicado en la carrera 15 Nº 22-41 se encontraba en estado de deterioro y, que, además, amenazaba ruina, razón por la cual dada la situación de urgencia manifiesta que afectaba a la región del denominado Eje Cafetero de Colombia tornaba imperiosa su demolición.

Pero es más, dos meses después a la expedición de tal acto administrativo, la Administración Municipal se vio en la necesidad de expedir la Resolución 26 de abril 15 de 1999, en cuya virtud se ordenó la demolición total del Edificio La Pola, previo concepto de la Comisión Técnica respectiva, puesto que el avanzado estado de deterioro de la mencionada edificación así lo exigía.

Ahora bien, conviene destacar que si bien el artículo 58 de la Carta Política de 1991 dispuso que el Estado debía garantizar el derecho a la propiedad privada, lo cierto es que en el asunto de la referencia se estaba en presencia de una edificación que NO se encontraba en condiciones físicas y/o estructurales adecuadas, debido a su avanzado estado deterioro.

Adicionalmente, para esta Subsección resulta claro que si bien es cierto en el presente caso, los demandantes pudieron haber sufrido perjuicios materiales y/o inmateriales con ocasión de la demolición del Edificio “La Pola”, también lo es que, en razón de las irregularidades físicas de que adolecía el citado predio, el Municipio de Armenia se vio compelido, en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, a ordenar la demolición total de la mencionada edificación.

En tal orden de ideas, se tiene que aún cuando los apartamentos que integraban el Edificio La Pola de propiedad de los ahora demandantes fueron demolidos por orden de la Administración Municipal, dicha circunstancia NO vulneró derecho alguno del que se desprenda un daño antijurídico, de aquellos que el Estado está en la obligación de reparar, comoquiera que —se insiste— el referido ente territorial actuó en cumplimiento de un postulado de la norma fundamental como lo es el de asegurar y proteger la vida e integridad personal de los asociados.

Por último, resulta menester traer a colación un reciente pronunciamiento de esta Subsección en el cual se analizó un caso similar al que ahora nos ocupa, en el cual se efectuaron las siguientes consideraciones:

“En el presente litigio se tiene que, debido al desastre natural que azotó al denominado Eje Cafetero de Colombia, la Administración Municipal de Armenia se vio en la necesidad de expedir el Decreto 16 de 1999 a fin de ordenar y ejecutar la demolición inmediata de toda edificación o construcción que amenazara ruina o que por su estado de deterioro pusiera en peligro la seguridad y tranquilidad públicas.

A su turno, la Inspectora Quinta Municipal de Policía y Tránsito de Armenia, expidió la Resolución 102 de febrero 5 de 1999, en cuya virtud se ordenó la demolición total de las construcciones ubicadas entre carreras 18 y 19 y entre calles 16 y 17 —el Edificio La Montaña se encontraba ubicado en dicho sector—, comoquiera que según informe presentado por la Comisión Técnica respectiva se dejó constancia del avanzado estado de deterioro y amenaza de ruina de los bienes inmuebles ubicados en dicho sector.

Adicionalmente, se acreditó que con fundamento en la Resolución 968 de 2 de marzo de 1999, la Inspección Quinta Municipal de Armenia ordenó la demolición de la construcción ubicada en la carrera 18 Nº 16-18 <<Edificio La Montaña>>, puesto que, una vez más, la Comisión Técnica había dictaminado que dicha edificación amenazaba ruina y, aunado a ello, se encontraba en avanzado estado de deterioro.

De igual forma, obra dentro del caudal probatorio un cuadro elaborado por la Comisión de Evaluación Estructural en el cual se indican los predios que debían demolerse totalmente y, de manera inmediata, entre los cuales, aparece la edificación de dos pisos ubicada en la Carrera 18 Nº 16-18.

Por fuerza de las circunstancias antes indicadas, el bien inmueble aludido se procedió a demoler el día 12 de marzo de 1999, según se dejó constancia en el acta suscrita ese mismo día.

Pues bien, esta Subsección observa que si bien el acto administrativo que ordenó la demolición del Edificio “La Montaña” fue ejecutado —se insiste— antes de que dicha decisión adquiriera firmeza, lo cierto es que la mencionada manifestación unilateral de la Administración fue necesaria, comoquiera que la única medida procedente para contrarrestar un eventual accidente era la demolición inmediata del predio referido, para así, garantizar la protección y/o seguridad de las personas que lo habitaban, y de terceros que transitaran por su alrededor.

En efecto, en la citada Resolución se dejó constancia de que el bien ubicado en la carrera 18 Nº 16-18 se encontraba en avanzado estado de deterioro y, que, además, amenazaba ruina, razón por la cual dada la situación de urgencia manifiesta que afectaba a la región del denominado Eje Cafetero de Colombia tornaba imperiosa su demolición inmediata.

Vale la pena advertir que si bien el artículo 58 de la Carta Política de 1991 dispuso que el Estado debía garantizar el derecho a la propiedad privada, lo cierto es que en el asunto de la referencia se estaba en presencia de una edificación que NO se encontraba en condiciones físicas y/o estructurales adecuadas, debido a su avanzado estado deterioro.

Adicionalmente, para esta Subsección resulta claro que si bien es cierto en el presente caso, los señores Joaquín Emilio Arcila Mejía y Juan Bautista pudieron haber sufrido perjuicios materiales y/o inmateriales con ocasión de la demolición del Edificio “La Montaña”, también lo es que, en razón de las irregularidades físicas de que adolecía el citado predio, el Municipio de Armenia se vio compelido, en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, a ordenar la demolición inmediata de tal edificación.

En tal orden de ideas, se tiene que aún cuando los locales comerciales de los ahora demandantes fueron demolidos por orden de la Administración Municipal, dicha circunstancia NO vulneró derecho alguno del que se desprenda un daño antijurídico, de aquellos que el Estado está en la obligación de reparar, comoquiera que —se insiste— el referido ente territorial actuó en cumplimiento de un postulado de la norma fundamental como lo es el de asegurar y proteger la vida e integridad personal de los asociados(49) (resaltados adicionales fuera del texto original).

Pues bien, en el caso antes referido se tiene que la demolición de una edificación fue ejecutada de manera anticipada, comoquiera que la decisión administrativa no había adquirido firmeza, no obstante, en aquella oportunidad, se resolvió denegar las pretensiones de la demanda puesto que el bien inmueble respectivo se encontraba en avanzado estado deterioro y, aunado a ello, amenazaba ruina, circunstancia que obligó a la Administración a ordenar la demolición inmediata del aludido predio, a efectos de garantizar los derechos fundamentales a la vida e integridad personal de los asociados.

De conformidad con las anteriores consideraciones, esta Subsección denegará las pretensiones esgrimidas en el libelo demandatorio.

6. Condena en costas.

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia dictada por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, el día 14 de octubre de 2004 y, en su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

9 Folios 60-61, cuaderno 1.

10 Folios 90-91, cuaderno 1.

11 Folios 65-66, cuaderno 1.

12 Folios 92-93, cuaderno 1.

13 Folios 68-69, cuaderno 1.

14 Folios 94-95, cuaderno 1.

15 Folios 70-71, cuaderno 1.

16 Folios 96-98, cuaderno 1.

17 Folios 82-88, cuaderno 1.

18 Folios 99-100, cuaderno 1.

19 Folios 112-118, cuaderno 1.

20 Folios 101-102, cuaderno 1.

21 Folios 120-121, cuaderno 1.

22 Folios 103-104, cuaderno 1.

23 Folios 123-124, cuaderno 1.

24 Folios 105-107, cuaderno 1.

25 Folios 126-127, cuaderno 1.

26 Folio 108, cuaderno 1.

27 Folios 129-136, cuaderno 1.

28 Folios 110-111, cuaderno 1.

29 Folios 138-146, cuaderno 1.

30 Folio 109, cuaderno 1.

31 Folios 149-157, cuaderno 1.

32 Folios 184-186, cuaderno 1.

33 Folios 52-54, cuaderno 3.

34 Folios 56-57, cuaderno 3.

35 Folio 189, cuaderno 1.

36 Folio 190, cuaderno 1.

37 Folio 207, cuaderno 1.

38 Folios 204-206, cuaderno 1.

39 Folio 153, cuaderno 5.

40 Folios 217-218, cuaderno 1.

41 Folios 214-216, cuaderno 1.

42 Folios 214-216, cuaderno 1.

43 Folio 50, cuaderno 5.

44 Folio 228, cuaderno 1.

45 Folios 196-198, cuaderno 1.

46 Folios 152, 154-157, cuaderno 5.

47 Folios 231-232, cuaderno 1.

48 Posición que fue reiterada recientemente por la Subsección en sentencia del 3 de abril de 2013, expediente 26198.

49 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 11 de junio de 2014, expediente 29.556.