Sentencia 2001-00161 de mayo 13 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 73319-31-03-002-2001-00161-01

Magistrado Ponente

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., trece de mayo de dos mil diez.

(Discutido y aprobado en sesión de primero de marzo de dos mil diez).

EXTRACTOS: «Tercer cargo

El recurrente denuncia la violación indirecta de los artículos 2341, 2357, 1614 y 1615 del Código Civil, este último en armonía con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a consecuencia de errores de hecho derivados de la apreciación de las pruebas.

Para sustentar el cargo, señala que el tribunal ordenó la indexación de las sumas reconocidas a los demandados, desde el 10 de julio de 1989, bajo el entendido de que desde ese día se comenzaron a padecer los perjuicios.

Sin embargo, pasó por alto ese juzgador que la demanda se presentó el 25 de julio de 2002 y su admisión fue notificada el 3 de septiembre de 2002 a la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. ESP, esto es, que pasaron más de 13 años desde el acaecimiento de los hechos hasta la reclamación de los perjuicios, sin que exista prueba alguna que justifique la tardanza de los demandantes; por eso, “fue suya y de nadie más la decisión de esperar trece años largos para entablar el litigio, lo que acarrea que a nadie distinto a ellos mismos, menos a la demandada, le pueden adscribir el reconocimiento y pago de la indexación por ese lapso de tiempo”.

Según afirma el censor, la indexación, “como componente del perjuicio”, no le es imputable a la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. ESP, quien por lo mismo no se encontraría en mora de pagarla sino desde el 3 de septiembre de 2002, de acuerdo con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

Consideraciones

1. Pasando por alto la nominación que al cargo se dio, la Corte encuentra que los planteamientos del recurrente no son de recibo, pues la expresión de una cantidad en términos reales, es decir, la actualización del valor del dinero, no puede asimilarse a la mora, por lo que para su reconocimiento nada tiene que ver la notificación al demandado del auto que admite la demanda, conforme regula el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

2. En verdad, uno y otro concepto —indexación y mora— obedecen a causas jurídicas diferentes, que hacen que su naturaleza no resulte asimilable.

2.1. En efecto, la mora es la situación en que se coloca el deudor tras su incumplimiento y siempre que, además, se dé alguno de los supuestos del artículo 1608 del Código Civil, evento a partir del cual se autoriza al acreedor para reclamar el pago de los perjuicios que haya podido sufrir (arts. 1610 y 1615 ibídem). Desde luego que la mora supone la existencia de una obligación preexistente que en su momento no se satisface por el deudor, o dicho de otro modo, “la mora del deudor... consiste en “el retraso, contrario a derecho, de la prestación por una causa imputable a aquel” (Casación, jul. 19/36, G.J. T. XLIV, pág. 65)...” y “... supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la obligación, y para constituir en ella al deudor, se requiere que sea reconvenido por el acreedor, esto es, que se le intime o reclame conforme a la ley la cancelación de la prestación debida. De tal suerte que, solo a partir de surtida la interpelatio puede afirmarse que el deudor incumplido, además ostenta la calidad de deudor moroso, momento este a partir del cual puede exigirse el pago de perjuicios conforme a lo dispuesto por los artículos 1610 y 1615 del Código Civil, o reclamarse el pago de la cláusula penal, que entonces se torna exigible de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 1594 y 1595 del Código Civil” (Sent. Cas. Civ., jul. 10/95, Exp. 4540).

2.2. Mientras tanto, la actualización monetaria, cuya aplicación deja por fuera aspectos subjetivos, pretende mantener en el tiempo el valor adquisitivo de la moneda oficial, que se envilece periódicamente en las economías caracterizadas por la inflación, todo bajo la idea de que el pago, sea cual fuere el origen de la prestación, debe ser íntegro, conforme a decantada jurisprudencia en materia de obligaciones indemnizatorias, que a la postre fue recogida por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

2.3. Pero además de lo anterior, ha de destacarse que la mora surte sus efectos desde que hay reconvención judicial —salvo que la ley disponga otra cosa— con arreglo a las previsiones del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, mientras que la indexación se remonta, según cada caso, al tiempo desde el cual se debe medir un valor determinado que, por efectos de justicia y equidad, ha de permanecer constante a pesar del irresistible paso del tiempo.

La Corte ha puntualizado, precisamente, que “... en rigor, la corrección monetaria no hace parte del concepto intrínseco de daño, según jurisprudencia reiterada de esta Sala.

... téngase en cuenta que quien “ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización” (C.C., art. 2341), sin que para ello sea necesario interpelarlo en los términos del artículo 1608 del Código Civil, pues, en tales casos, el inexorable deber de reparar el daño surge desde el día en que se causó el agravio, mejor aún, desde el instante mismo en que se produjo el hecho ilícito, y no a partir de la fecha de constitución en mora, como acontece —es la regla— en la responsabilidad contractual.

Un entendimiento contrario implicaría afirmar que la persona agraviada, directamente, debe asumir el perjuicio ocasionado en el entretanto, lo cual no estaría en estricta consonancia con el arraigado y justiciero principio de reparación integral que informa la materia y, de paso, con la equidad, en sí misma considerada, institutos que, al unísono, reclaman que la víctima debe ser cabal y suficientemente indemnizada, propósito que se vería eclipsado, en efecto, si fuera menester constituir en mora al victimario, quien es responsable de antemano, esto es, desde el momento de la generación del daño, con total independencia de circunstancias ulteriores, ajenas, como tales, al régimen de responsabilidad que ocupa la atención de la Corte. Interpretación disímil, además, se erigiría en claro favorecimiento al agente responsable del perjuicio, en inequívoco desmedro de los intereses del perjudicado, quien no tiene porque asumir el compromiso de requerir a su victimario, para obtener la reparación integral del daño. De allí que la Corte hubiere señalado que “la mora en la responsabilidad extracontractual es un fenómeno inútil para el establecimiento de la indemnización” (se resalta; Sent. 042. Feb. 15/91), lo que evidencia la inaplicabilidad, en estos casos, de los artículos 1608 y 1615 del Código Civil, al igual que del inciso 2º del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

… en lo tocante con la corrección monetaria, cumple señalar, en adición a lo anterior, que, ciertamente, la Corte sostuvo en años anteriores que la desvalorización de la moneda constituía un perjuicio que debía ser resarcido al acreedor por concepto de daño emergente.

Sin embargo, desde hace más de un lustro esta Sala precisó que, en estricto sentido, la pérdida del poder adquisitivo del dinero no calificaba como un arquetípico daño, comoquiera que, de un lado, se trataba de un fenómeno que obedecía más a las circunstancias económicas —específicamente monetarias— que se presentaban en una sociedad en un determinado tiempo, que a una consecuencia vinculada a la infracción del deber de prestación por parte del deudor; y de la otra, porque su reconocimiento incidía en la determinación real de la cuantía de los perjuicios a indemnizar, pero no en el aspecto cualitativo de los mismos, dado que no había allí, en puridad, ningún bien jurídico del patrimonio del acreedor que hubiere sufrido lesión por causa de la conducto dañina del deudor.

En este sentido, puntualizó la Corte que el pago de obligaciones dinerarias con el correspondiente ajuste, “... ‘lo único que busca, en reconocimiento a los principios universales de equidad e igualdad de la justicia a los que de manera reiterada alude la jurisprudencia al tratar el tema de la llamada ‘corrección monetaria’ (G.J, Ts. CLXXXIV, pág. 25, y C.C., pág. 20), es atenuar las secuelas nocivas del impacto inflacionario sobre una deuda pecuniaria sin agregarle por lo tanto, a esta última, nada equiparable a una sanción o un resarcimiento (Cas. Civ. jun. 8/99; Exp. 5127)”, lo que quiere significar que “el fundamento de la corrección monetaria no puede ubicarse en la urgencia de reparar un daño emergente, sino en obedecimiento, insístese, a principios más elevados como el de la equidad, el de la plenitud del pago, o el de la preservación de la reciprocidad en los contratos bilaterales”, ya que “la pérdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intrínseca del daño, sino su cuantía” (se subraya; Cas. Civ., sep. 9/99; Exp. 5005; Vid: Cas. Civ., jun. 28/2000; Exp: 5348). Al fin y al cabo, como bien se ha corroborado por la doctrina especializada, “no estamos aquí frente a un problema de responsabilidad civil sino que, por el contrario, nos hallamos en la órbita del derecho monetario, en donde la indexación se produce en razón de haber perdido la moneda poder adquisitivo. ¡Solo eso, y nada más que eso!” (Cas. Civ., nov. 19/2001; Exp. 6094).

Al amparo de estas reflexiones, se colige que el tribunal no se equivocó al disponer que se indexara el importe de la indemnización desde el momento en que se produjo el daño... pues, se reitera, la desvalorización de la moneda, en sí, no constituye un daño, para cuyo resarcimiento, además, no es necesaria la constitución en mora del deudor, menos aún tratándose de responsabilidad civil extracontractual, según se acotó en líneas precedentes” (Sent., Cas. Civ., dic. 12/2005, Exp. 47001-3103-003-1993-0248-02, resaltado fuera de texto).

2.4. Por eso, mora e indexación no pueden tomarse, sin más como continente y contenido. Claro, hay que aclarar, eso sí, que hay eventos especiales en los cuales el pago de los perjuicios lleva implícita la actualización monetaria, como cuando los primeros se traducen en intereses comerciales de mora, porque ese tipo de réditos, precisamente, tiene un componente de actualización que torna innecesario un ajuste adicional. Entonces, “al lado de esas formas o mecanismos de ajuste de las obligaciones pecuniarias —conocidos como directos, se itera—, también corre pareja la apellidada indexación indirecta, modalidad que presupone que ‘la deuda dineraria —por regla— sigue aferrada al principio nominalístico, y los índices de corrección se aplican por vía refleja, en situaciones particulares’(1), una de cuyas principales expresiones es la tasa de interés que incluye la inflación (componente inflacionario) y que, por ende, ‘conlleva al reajuste indirecto de la prestación dineraria’(2), evento en el cual resulta innegable que ella, además de retribuir —y, en el caso de la moratoria, resarcir— al acreedor, cumple con la función de compensarlo por la erosión que, ex ante, haya experimentado la moneda (función típicamente dual)” (Sent., Cas. Civ., ene. 15/2009, Exp. 47001-31-03-003-2001-00433-01).

No obstante, esa hipótesis no es de recibo en los casos de responsabilidad civil extracontractual, en los cuales la actualización del perjuicio material debe operar desde el momento de su ocurrencia, porque en ese instante es cuando se afecta el patrimonio. Justo ahí, el daño tiene una magnitud que —se insiste— por el principio de integralidad en el pago, ha de mantenerse inalterable en términos reales.

2.5. Es de agregar, además, que en dicha tipología de eventos, la obligación de reparar consistente en la satisfacción de una suma de dinero, solo se hace exigible con la ejecutoria de la sentencia, de manera que es con posterioridad a ella que podrían computarse los réditos de mora, conforme al artículo 1617 del Código Civil. En cambio, la indexación, como quedara visto, se calcula desde cuando se experimentó el agravio patrimonial.

3. Por lo demás, la demora en ejercer las acciones para lograr el resarcimiento del daño, no es cuestión que a primera vista traiga beneficios al demandante, porque con la indexación —si es que esta procede— no obtendría algo más de lo que jurídicamente le corresponde, sino la magnitud exacta del daño recibido en el momento en que ocurrió, pero en su equivalencia actual. Por el contrario, si se indexara desde la formulación de la demanda o desde su notificación al demandado, ahí sí se causaría un agravio al demandante, quien por efectos de la inflación y de la depreciación del dinero, recogería una indemnización inferior al daño efectivamente padecido.

De la mano de lo anterior, cabe concluir que no hizo mal el tribunal cuando ordenó actualizar la indemnización de los daños, desde el 10 de julio de 1989, conforme se pidió en la demanda.

4. El cargo, entonces, carece de eficacia para derrumbar las disposiciones del juzgador de segunda instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 11 de abril de 2008, dictada por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso ordinario adelantado por Álvaro Cardozo Trujillo, Alfonso Bahamón Tovar y José Félix Calceto Ortiz frente a la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. ESP, hoy Emgesa S.A., actuación dentro de la cual fue llamada en garantía la Electrificadora del Huila S.A. ESP.

Costas del recurso a cargo de la parte recurrente. Liquídense.

Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) Roberto M. López Cabana. La indexación de las deudas dinerarias; en Indexación en el derecho argentino y comparado. Buenos Aires. Depalma. 1979. Página 76.

(2) Jorge Bustamante Alsina. Indexación de deudas de dinero. En Responsabilidad civil y otros estudios. Buenos Aires. Abeledo Perrot. 1984. Página 166.