Sentencia 2001-00162 de mayo 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 17001233100020010016201 (26006)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: acción de reparación directa

Actor: José Duván Arias Soto y otro

Demandado: municipio de Aguadas (Caldas)

Bogotá, D.C., treintaiuno de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia que denegó las pretensiones, dado que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que esta Sala conozca de la segunda instancia, en el asunto de la referencia.

2.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala analizar los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia 28 de agosto de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en aras de establecer si los daños sufridos por los actores resultan imputables a la entidad demandada, evento en el cual habrían de prosperar las pretensiones o si, contrario censu, se confirma la sentencia de primera pues como lo sostiene el ente territorial demandado y lo encontró demostrado el a quo el accidente ocurrió por el hecho de la víctima, exclusivamente.

2.2.1. Daño.

Los actores concretan el daño en razón del accidente de tránsito sufrido por el señor José Duván Arias Soto, quien conducía una motocicleta, contra un vehículo oficial de propiedad del municipio de Aguadas (Caldas), consistente en severas lesiones corporales, concretamente “la fractura múltiple de la tibia, el fémur y el peroné, lo que ha ocasionado serias limitaciones en su vida personal y laboral; por lo cual estuvo interno en el Hospital de Caldas, y las que le produjeron limitaciones en la locomoción, incapacidad para hacer esfuerzos que una persona normal puede hacer, además de que ha perdido en buena medida la capacidad de goce y disfrute de su vida (...) (fls. 29-30, cdno. 4; 160-161, cdno. ppal.).

De acuerdo con lo anterior, solicitan el reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales. Respecto del señor Arias Soto el daño emergente y el lucro cesante, con base en el salario devengado como vendedor y mensajero, fijado en la suma de $ 287.000; el equivalente a 1.000 gramos oro por daño moral y 2.000 por perjuicio fisiológico.

La señora Diana María Buitrago Valencia cónyuge del lesionado, reclama por su parte el reconocimiento de 1000 gramos oro por perjuicios morales sufridos.

En virtud de lo expuesto, pasa la Sala a determinar si el daño objeto de reproche es imputable al municipio de Aguadas (Caldas), así mismo, resolver si es menester revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.

2.2.3. Imputación. Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los documentos aportados por las partes en las oportunidades legales, las respuestas de diversas autoridades a los requerimientos del tribunal —pruebas decretadas en tiempo y allegadas al plenario por disposición del a quo—.

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en la actuación, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.2.3.1. El día 4 de noviembre de 2000, el vehículo de placa OUE 538 de propiedad del municipio de Aguadas (Caldas), colisionó con la motocicleta de placa AKM-87 conducida por el señor José Duván Arias Soto, en el sitio denominado “La Balastrera” en la vereda Alto Bonito sobre la vía Manizales-Neira. De ello da cuenta el informe de accidente (fl. 3, cdno. 2), las pruebas testimoniales (fls. 22-28, cdno. 2; fls. 7-75, cdno. 3) y el interrogatorio rendido por el señor Arias Soto (fl. 3, cdno. 2).

2.2.3.2. Como consecuencia del accidente de tránsito, el señor José Duván Arias Soto conductor de la motocicleta, resultó lesionado por lo que fue conducido en el vehículo oficial (fl.3, cdno. 2), al Hospital de Caldas donde recibió atención médica (fls. 22-71, cdno. 3).

2.2.3.3. De acuerdo con el dictamen 1481 (fl. 29, cdno. 4) del Instituto Nacional de Medicina Legal el señor José Duván Arias Soto “presentó fractura de fémur, tibia y peroné izquierdos, obstrucción de la arteria tibial anterior, síndrome compartimental que requirió fasciotomías amplias y colocación de injertos. Se fijó una incapacidad médico legal definitiva de 90 días y como secuelas: 1. Deformidad física. 2. Perturbación funcional de miembro inferior izquierdo y 3. Perturbación funcional del órgano de la marcha, todas de carácter permanente”.

2.2.3.4. Del accidente no se elaboró el croquis toda vez que según lo refiere el comandante de la subestación de Policía Altobonito “los vehículos involucrados en el hecho no estaban en el lugar del accidente” (fls. 1-3, cdno. 2) y según el informe de accidente “la camioneta se traslada inmediatamente para el hospital de caldas del lugar donde ocurrieron los hechos, con el fin de que el lesionado reciba la atención médica necesaria” (fl. 3, cdno. 2).

2.2.4. Análisis del caso.

Como lo relatan los antecedentes, los actores solicitan declarar responsable al municipio de Aguadas (Caldas) por los perjuicios sufridos por el señor José Duván Arias Soto y la señora Diana María Buitrago Valencia (cónyuge), como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el día 4 de noviembre de 2000 entre el vehículo de placa OUE 538 de propiedad de la entidad demandada y la motocicleta de placa AKM-87 de propiedad del previamente nombrado. Responsabilidad que el tribunal no encontró acreditada comoquiera que el hecho ocurrió por “Culpa exclusiva de la víctima, causal eximente que lo releva de la misma”. Así mismo precisó que “las excepciones formuladas no requieren análisis (...) tampoco es procedente hacer referencia alguna al llamamiento en garantía, dado que se encontró acreditada una causal eximente de responsabilidad”.

De conformidad con la regla onnus probandi incumbit actori, le correspondía a los demandantes, en los términos señalados en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, probar los supuestos de hecho que soportan la declaración solicitada pues quien pretende derivar de los hechos que alega consecuencias patrimoniales a cargo del demandado municipio de Aguadas (Caldas), deberá probar lo que afirma.

En este sentido, correspondía a los señores José Duván Arias Soto y Diana María Buitrago, demostrar no solo los daños sufridos, estos si debidamente acreditados sino que los mismos resultan imputables a la administración, para lo cual era menester evidenciar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el accidente ocurrió, para así mismo establecer la acción u omisión atribuible al municipio de Aguadas (Caldas).

Sin embargo, en el presente caso los demandantes se esforzaron por demostrar las lesiones que sufrió el señor Arias Soto, encontrándose pendiente de acreditar las circunstancias, que permitan identificar la acción u omisión atribuible al municipio de Aguadas (Caldas). Porque aunque si bien es cierto existe prueba testimonial y documental que refiere el tiempo y el lugar de los hechos, no se logro acreditar el modo del accidente, pues ninguno (distinto de los implicados) lo presenció (fls. 22-28, cdno. 2; fls. 7-75, cdno. 3).

Respecto de la causalidad como elemento de responsabilidad del Estado, la Sala ha sostenido(2):

(...).

Más allá de la compleja cuestión relacionada con la identificación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado a partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, incluso frente a supuestos que han dado lugar a comprensiones —al menos en apariencia— dispares en relación con dicho extremo, la Sala ha reconocido que con el propósito de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en cualquier supuesto concreto, resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada.

En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor, en el plano jurídico del derecho de daños, el concepto filosófico de causa, toda vez que en esta parte del universo del derecho dicha noción “no se trata para nada de causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación de fundamento a consecuencia” (negrillas del texto original).

Así las cosas, no basta con la demostración de la existencia del daño, tema sobre el cual existen suficientes pruebas en el sub examine, pues en todo caso es indispensable acreditar la imputación del mismo a la entidad pública demandada.

Obra en el plenario diligencia de inspección judicial, en la que se registra la presencia de los señores Jorge Eduardo y Luis Carlos Castaño García, Carlos Alberto Botero y Cesar Eugenio Botero, quienes al hacer exposición espontánea de los hechos manifiestan que “no vio el accidente, pero que si sintió un golpe y salió” (fl. 8, cdno. 4), “sentí un golpe muy duro, inmediatamente volteé la mirada y vi al demandante que iba rastrillado por el suelo” (fl. 9, cdno. 4), “sentí un golpe y lo primero que hice fue salir” (fl. 9, cdno. 4), “yo estaba adentro cuando sentí el golpe, salí a mirar” (fl. 10, cdno. 4), al punto que en los croquis elaborados por el señor César Eugenio Botero y por la parte demandada, incorporados a la diligencia, cada uno traza su percepción de la ubicación de los vehículos, con posterioridad a la colisión.

También se encuentran los testimonios de los señores Germán Alonso Osorio Valencia y Germán Antonio Duque Arias (fls. 22-28, cdno. 2), quienes viajaban en la camioneta oficial y coinciden en manifestar que detrás de un vehículo salió de repente una motocicleta que colisionó contra el guardafango trasero izquierdo de la camioneta. Aspecto este que se acompasa con las fotografías allegadas al expediente relativas al estado en que quedó el automotor (fls. 46-47, cdno. ppal.).

De otra parte, el actor afirmó en su demanda que “el accidente se debió exclusivamente a la impericia y falta de diligencia del conductor del vehículo de la alcaldía de Aguadas”, para ello argumenta la invasión del carril en el que debía transitar la camioneta, el exceso de velocidad, la vulneración de las normas de tránsito y la conducción negligente y peligrosa por parte del conductor del vehículo oficial, manifestaciones estas que no se lograron acreditar y que constituían elementos necesarios para la estructuración del juicio de responsabilidad en contra de la entidad.

Ahora bien, la Sala observa que si bien el actor no portaba licencia deconducción al momento del accidente y contabacon varioscomparendos por infracciones de tránsito, ello no permite confirmar ni negar la presencia de la causal eximente consistente en el hecho exclusivo de la víctima, ya que ello no constituye causa eficiente del daño.

No obstante, el informe de tránsito registra como causa probable del accidente para el vehículo 2 (motocicleta) el código 105, esto es, adelantar en zona prohibida.

Conforme lo expuesto la Sala procederá a confirmar el fallo impugnado, en la medida en que si bien los actores demostraron el daño no así las circunstancias de su ocurrencia elementos indispensables para realizar el juicio de imputación necesario y así estructurar la responsabilidad patrimonial deprecada.

Esto es porque el acervo probatorio que reposa en el plenario permite los daños sufridos pero no que los mismos sean consecuencia de una acción u omisión de la administración. Por el contrario existen soportes indicativos acorde con los cuales el accidente obedeció a un hecho de la víctima, que por ser exclusivo, le obliga a soportar las consecuencias negativas de su actuar imprudente.

De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad atribuida a la demandada, no se configura comoquiera que no se probaron los elementos necesarios establecidos en el artículo 90 superior, por lo que no se puede endilgar antijuridicidad a los daños sufridos por los actores, cuando todo parecía indicar que fue el propio señor Arias Soto quien con su hecho determinó el resultado final.

De ahí que en este caso se mantendrá la sentencia impugnada, en cuanto negó las pretensiones.

Sin condena en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia absolutoria del 28 de agosto de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

2. NO CONDENAR en costas.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) El 16 de febrero de 2001, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido en segunda instancia por esta Corporación era de $ 26.390.000 —CCA, arts. 129 y 132, subrogados por el D. 597/88— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $ 36.950.920 (equivalente a 2000 gramos oro), por concepto de perjuicios fisiológicos a favor del señor José Duván Arias Soto.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero del 2009. Expediente 17.145 y del 20 de mayo del mismo año, Expediente 17.405.