Sentencia 2001-00176 de julio 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Rad.: 25000-23-27-000-2001-00176-01

Actor: Empresa de acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.

Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Ref.: Apelación sentencia

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

6.1. Los actos acusados.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, pretende la nulidad de la Resolución 474 de 23 de marzo de 2000, proferida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, apartes de la cual se transcriben enseguida:

“Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

RESOLUCIÓN 474 DE 2000

(Marzo 23)

“Por la cual se liquida la cuantía de una tasa por utilización de aguas y se ordena un pago”.

El Director General (E) de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, CAR,

en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el literal d) del artículo 4º de la Ley 3 de 1961, el numeral 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el numeral 30 del artículo 47 de los estatutos, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 159 del Decreto-Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente) la utilización de aguas con fines lucrativos por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas dará lugar al cobro de tasa... disposición reiterada en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, con una modificación consistente en la eliminación de la exigencia de fines lucrativos.

Que de conformidad con... el artículo 1º del Acuerdo 21 expedido el 23 de diciembre de 1992 por la Junta Directiva de la... CAR... todas las empresas de servicios públicos que operen en el área de su jurisdicción que hayan sido o sean autorizadas conforme a la ley para captar y utilizar aguas... pagarán... una tasa de $ 28 por cada metro cúbico...que se liquidará y recaudará mensualmente.

(...) Que la jurisdicción de lo contencioso administrativo declaró la legalidad del Acuerdo 21 de 1992 (...).

Que de acuerdo a lo estatuido en el artículo 31 numeral 13 de la Ley 99 de 1991 corresponde a las corporaciones autónomas regionales recaudar, conforma a la ley las... tasas... por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

(...) Que mediante Resolución 4663 expedida el 3 de septiembre de 1990 por la CAR se otorgó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá una concesión de aguas de la fuente de uso público denominada Río Teusacá (...).

Que según los datos verificados...durante las vigencias de 1997 y 1999 captó un volumen de agua (...)

RESUELVE:

ART. 1º—Liquidar la cuantía de la tasa...en la siguiente forma:

Año 1997

MesesVolumen m3Tarifa $ m3Cuantía $
(...)(...)(...)(...)
Total137.776.896(...)(...)
Límite concedido28.382.40061.131.735.016.112

 

Año 1999

MesesVolumen m3Tarifa $ m3Cuantía $
(...)(...)(...)(...)
Total22.91215783.951923.475.580

 

Total tasa3.658.491.692

 

ART. 2º—Ordenar a la empresa mencionada en el artículo anterior, el pago de la cuantía liquidada de la tasa, al producirse la ejecutoria de la presente resolución a la tesorería de la CAR.

ART. 3º—Contra la presente resolución solo procede el recurso de reposición, el cual interponerse personalmente y por escrito... dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación personal o por edicto de la misma.

Notifíquese y cúmplase.

Director General (E)”.

En la demanda también se impetró la nulidad de la Resolución 344 de 23 de agosto de 2000, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior, confirmándola; y que a título de restable cimiento del derecho se ordene la devolución de las sumas pagadas en cumplimiento de los actos demandados; más los intereses, actualización y gastos procesales correspondientes.

6.2. Estudio de fondo del recurso.

6.2.1. Primer motivo de inconformidad.

El apelante cuestionó la sentencia porque accedió a las pretensiones de la demanda apoyada en el argumento de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca no podía liquidar y cobrar la tasa por el uso de agua a la empresa demandante, como en efecto lo hizo mediante los actos demandados, por las razones expuestas en la sentencia C-1063 de 2003 de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad de los artículos 159 y 160 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente —Decreto 2811 de 1974—(2), normas que instituyeron los elementos de la tasa comentada y facultaron al Gobierno Nacional para establecer y fijar la tarifa de las tasas en los siguientes términos:

“DECRETO 2811 DE 1974(3)

(Enero 27)

“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.

El Presidente de la República de Colombia

en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la ley 23 de 1973 y previa consulta con las comisiones designadas por las Cámaras Legislativas y el Consejo de Estado, respectivamente,

DECRETA:

(...)

ART. 159.—La utilización de aguas con fines lucrativos por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el gobierno nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos acuíferos, entre ellos:

a. Investigar e inventariar los recursos hídricos nacionales;

b. Planear su utilización;

c. Proyectar aprovechamientos de beneficio común;

d. Proteger y desarrollar las cuencas hidrográficas, y

e. Cubrir todos los costos directos de cada aprovechamiento.

ART. 160.—El gobierno nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas en actividades lucrativas”.

(...)”.

En la Sentencia C-1063 de 2003, la Corte Constitucional precisó que los artículos 159 y 160 del Decreto 2811 de 1974 violan el principio de legalidad del tributo instituido en el artículo 388 superior, el cual impone al legislador señalar sus elementos esenciales, porque no precisó la base gravable, esto es, la cuantía del hecho generador.

Discurrió así la Corte en la sentencia comentada:

“...6. El principio de legalidad tributaria es expresión del principio democrático (C.P., arts. 1º y 3º) y tiene como características principales la representación popular, en virtud de la cual no puede haber imposición de tributos sin ella, y la predeterminación de los elementos esenciales de los mismos, de suerte que los contribuyentes tengan certeza o seguridad sobre las obligaciones a su cargo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 150, numeral 12, y 338 superiores.

(...) En virtud de dicho principio, el artículo 338 de la Constitución establece que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Agrega que “La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”.

(...) 7. El demandante acusa los artículos 159 y 160 del Decreto-Ley 2811 de 1974 porque a su juicio vulneran el principio de legalidad tributaria, al crear una tasa por la utilización de aguas con fines lucrativos sin determinar sus elementos constitutivos y al delegar la fijación de su tarifa en el Gobierno Nacional sin determinar el sistema y el método para definir los costos del servicio prestado por la autoridad ambiental y la forma de hacer su reparto entre los usuarios.

Conforme a lo previsto en el artículo 338 superior y lo expuesto por la doctrina sobre Hacienda Pública, los elementos esenciales de los tributos son el hecho generador, los sujetos activo y pasivo, la base gravable y la tarifa.

El artículo 159 demandado crea o establece la tasa materia de examen y contempla el hecho generador de la misma, que consiste en la utilización de aguas con fines lucrativos, por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y el sujeto pasivo, que son dichas personas, o sea, los usuarios, pero no señala la base gravable, esto es, la cuantía del hecho generador.

En cuanto al sujeto activo, es decir, el acreedor de la relación obligacional tributaria, titular del derecho patrimonial correspondiente y por tanto con la carga de recaudar el monto de la tasa y darle la destinación legal, no está contemplado en las normas acusadas pero está señalado en los artículos 31, numeral 13, de la Ley 99 de 1993, en virtud del cual las corporaciones autónomas regionales ejercerán la función de “recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente”, y 66 de la misma ley, conforme al cual “los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano (...)”.

Respecto de la tarifa, que consiste en la magnitud o cuantía que se aplica a la base gravable y en virtud de la cual se determina el monto del tributo, ambas disposiciones impugnadas contemplan la delegación al Gobierno Nacional para que la fije, pero no cumplen el requisito constitucional de determinar el sistema y el método para definir los costos del servicio prestado por la autoridad ambiental y la forma de hacer su reparto entre los usuarios, lo cual se explica por la circunstancia de ser normas anteriores a la iniciación de la vigencia de la actual Constitución Política y no estar contenida dicha exigencia en la Constitución de 1886(15).

Por estas razones, el cargo por violación del principio de legalidad tributaria está llamado a prosperar.

(...) Por lo anterior, esta corporación declarará la inexequibilidad de las disposiciones impugnadas.

A juicio del apelante el tribunal desconoció que la sentencia comentada sólo producía efectos hacia el futuro y le hizo producir efectos retroactivos, pues decidió con fundamento en ella una situación jurídica consolidada.

Sea lo primero precisar que el tribunal descontextualizó el pronunciamiento de la Corte Constitucional, al omitir tener en cuenta la principal consideración que la condujo a declarar inexequibles los artículos 159 y 160 del Decreto 211 de 1974 que consignó en los términos siguientes:

Respecto de la tarifa, que consiste en la magnitud o cuantía que se aplica a la base gravable y en virtud de la cual se determina el monto del tributo, ambas disposiciones impugnadas contemplan la delegación al Gobierno Nacional para que la fije, pero no cumplen el requisito constitucional de determinar el sistema y el método para definir los costos del servicio prestado por la autoridad ambiental y la forma de hacer su reparto entre los usuarios, lo cual se explica por la circunstancia de ser normas anteriores a la iniciación de la vigencia de la actual Constitución Política y no estar contenida dicha exigencia en la Constitución de 1886(4).

Empero, ello no significa en modo alguno que la Corte hubiese afirmado que no existía un desarrollo legal del artículo 338 constitucional que hubiese definido el sistema y método con fundamento en el cual pudieran las corporaciones autónomas regionales efectuar válidamente la fijación de las tarifas para el cobro de la tasa por utilización de aguas, como equivocadamente entendió el tribunal.

Repárese en que el mismo pronunciamiento examinó la conexidad material de los artículos 159 y 160 del Decreto 2811 de 1974 con los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993(5).

Del mismo pronunciamiento de la Corte surge de manifiesto que el artículo 338 constitucional sobre imposición de tasas y contribuciones tiene desarrollo legal, porque los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993 disponen el sistema y método a seguir para definir los costos sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y compensatorias por la utilización del agua. De ello surge de manifiesto que nada tiene que ver el pronunciamiento de la Corte respecto de los artículos 159 y 160 del Decreto 2811 de 1974 con los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993 en que se fundamenta el acto acusado.

La Sala no avala los planteamientos del a quo puesto que el acto demandado es del año 2000 mientras que la sentencia de la Corte que declaró la inexequibilidad de los artículos 159 y 160 del Decreto 2811 de 1974 es del año 2003 lo que la hace inaplicable con efecto retroactivo al no haberse determinado de modo expreso esa circunstancia en dicho fallo.

Sobre el desconocimiento de los efectos ex nunc que corresponden a las sentencias de inexequibilidad a las que la Corte no les ha dado efecto distinto, se ha pronunciado esta sección en varias oportunidades. Así, en la sentencia de 21 de mayo de 2009, Radicación: 25000-23-27-000-2003-00119-01. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, se expresó lo siguiente:

“3. En ese orden y en relación con el tema central de los cargos, la Sala, en sentencias donde se han decidido casos similares al del sub lite(6), ha tenido en cuenta y ahora lo reitera que debido a que la Corte Constitucional no le señaló efecto retroactivo o ex tunc a la sentencia de inexequibilidad en comento, se ha de considerar que sus efectos son hacia el futuro, atendiendo el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en su único aparte declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de cuyo tenor “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.

Lo anterior significa que la vigencia de la norma se preserva hasta la ejecutoriedad(7) de la sentencia que la declara inexequible, toda vez que sólo desaparece o deja de ser aplicable o ejecutable a partir de esa fecha, luego las situaciones jurídicas ocurridas antes de la sentencia y que se encuadren en dicha norma son susceptibles de su aplicación, y están llamadas a generar las consecuencias o efectos jurídicos correspondientes, independientemente de que se trate de situaciones jurídicas consolidadas o no, puesto que cuando los efectos de la desaparición de una norma son ex nunc, se presenta el fenómeno de la prospectividad de la misma, es decir, que sigue produciendo efectos en el tiempo respecto de las hechos ocurridos bajo su vigencia, con excepción de las materias o asuntos que por mandato constitucional están cobijados por el principio de favorabilidad, esto es, de la aplicación de la norma más favorable.

De no ser así, no se estaría entonces ante efectos ex nunc de la inexequibilidad, sino de efectos ex tunc, quiere decir, la inejecutabilidad de la norma se daría desde su nacimiento y por ende se habría de tener como si no hubiera existido, evento en el cual sí contaría la circunstancia de que estén o no consolidadas las situaciones jurídicas surgidas bajo su amparo.

Por lo tanto, cuando los efectos jurídicos son ex tunc, es menester distinguir dos momentos de la norma, el anterior a la sentencia ejecutoriada, durante el cual se le debe tener como vigente y por ende ejecutable o aplicable a los hechos ocurridos durante su vigencia; y el posterior, en el cual no se puede seguir ejecutando o aplicando a los nuevos hechos que eran subsumibles en ella, atendiendo la noción gramatical de la palabra inexequible, por consiguiente queda excluida del mundo jurídico.

Precisamente, allí radica la diferencia de la inexequibilidad de la ley con la nulidad de los actos administrativos, pues esta, por regla general, sí tiene efectos ex tunc, es decir, retrotrae la situación jurídica a la anterior a la expedición del acto anulado, debiéndose tener como si éste no hubiera existido, pero dejando a salvo de ese efecto retroactivo las situaciones consolidadas.

Si se hace el mismo predicamento del efecto ex nunc propio de la inexequibilidad, este no sería tal, sino que resultaría siendo ex tunc, y desaparecería toda diferencia entre la inexequibilidad y la nulidad. Por eso el efecto retroactivo de la inexequibilidad es excepcional y, por lo mismo, requiere pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional que así lo señale.

4. De lo anterior, al igual que lo hizo en las sentencias referenciadas, deduce la Sala que la inexequibilidad del artículo 56 de la Ley 633 de 2000 no afecta la liquidación y pago por las importaciones realizadas antes de la ejecutoriedad de la sentencia respectiva, de la tasa especial que en él se establecía, entre las cuales se encuentran las importaciones de las actoras que sirven de fundamento a sus solicitudes de devolución objeto del sub lite, pues en esa época la norma se encontraba vigente y preserva su presunción de constitucional para esa época.

Al aplicar los criterios expuestos al caso en estudio se concluye que las normas que sirvieron de fundamento a los actos acusados estaban amparadas por la presunción de validez y que no procede aplicar al sub lite la sentencia que las declaró inconstitucionales, proferidas con posterioridad a dichos actos.

En los términos expuestos quedan desvirtuados los argumentos utilizados por el a quo para sustentar la sentencia anulatoria.

En el acápite señalado la Corte Constitucional dejó sentado que los artículos 159 y 160 del Decreto-Ley 2811 de 1974, fueron reproducidos por los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993, cuyo texto es el siguiente:

“ART. 43.—La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas.

“El sistema y método establecidos por el artículo precedente para la definición de los costos sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y compensatorias, se aplicarán al procedimiento de fijación de la tasa de que trata el presente artículo.

Advirtió la Corte que el artículo transcrito “reproduce el texto de los artículos 159 y 160 del Decreto-Ley 2811 de 1974, pero tiene un contenido más amplio y señala el sistema y el método para que el Gobierno Nacional fije la tarifa de la tasa por la utilización de aguas, por remisión expresa al artículo 42 de la misma ley. No obstante, su texto es incompatible con el de las disposiciones reproducidas, ya que éstas consagran la tasa por la utilización de aguas “con fines lucrativos” (art. 159) y “en actividades lucrativas” (art. 160) y el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 no contempla dicha exigencia, lo que significa que el mismo se aplica a todas las actividades, tanto lucrativas como no lucrativas”.

Concluye la Sala que los artículos 159 y 160 del Decreto-Ley 2811 de 1974 fueron complementados por los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993.

En el mismo fallo, aseguró la Corte que como el Gobierno Nacional no había fijado las tarifas de las tasas por la utilización de aguas contempladas en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y las corporaciones autónomas regionales venían aplicando los artículos 159 y 160 del Decreto-Ley 2811 de 1974, estos seguían produciendo efectos, circunstancia que conforme a su jurisprudencia hacen procedente el examen de su constitucionalidad y advirtió seguidamente: “Así mismo, debe señalarse que aunque mediante la Sentencia C-495 de 1996(4) esta corporación declaró exequible el artículo 43 de la Ley 99 de 1993(5), dicha declaración no configura cosa juzgada respecto de las normas demandadas, ya que, como se indicó, el contenido de aquel es contrario al de estas, y además, más amplio”.

Las consideraciones previas permiten inferir que cuando la Sentencia C-1063 de 2003 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 159 y 160 del Decreto-Ley 2811 de 1974 por faltarle el elemento de base gravable a la tasa por utilización de aguas, los actos acusados no quedaron privados de sustento constitucional pues en la fecha en que fueron proferidos estaba vigente el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, con base en el cual se podía válidamente cobrar dicha tasa.

No sobra agregar que los actos demandados invocaron como fundamento tanto el artículo 159 del Decreto-Ley 2811 de 1974 como el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, e incluso dieron cuenta de sus diferencias. Para constatarlo basta con examinar la parte considerativa de la Resolución 474 de 2000 demandada donde se expresó:

“...en virtud de lo dispuesto en el artículo 159 del Decreto-Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente) la utilización de aguas con fines lucrativos por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas dará lugar al cobro de tasa...disposición reiterada en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, con una modificación consistente en la eliminación de la exigencia de fines lucrativos”.

En conclusión, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 159 y 160 del Decreto-Ley 2811 de 1974 no priva de fundamento legal ni constitucional los actos acusados, porque se fundaron igualmente en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 que estableció todos los elementos de la tasa por utilización de aguas y que fue declarado exequible mediante sentencia C-495 de 1996.

6.2.2. Procede entonces estudiar de fondo el carácter de sujeto pasivo de la EAAB respecto de la tasa por utilización de aguas, planteado igualmente por el apelante.

Conviene anotar que en la demanda el actor afirmó que no era sujeto pasivo de la tasa por utilización de aguas liquidada mediante los actos acusados.

Para decidir la acusación conviene anotar que la condición de sujeto pasivo de la tasa por utilización de aguas fue atribuida por el artículo 159 del Decreto 2811 de 1974— Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente—(8) vigente en esa época, a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilizaran aguas con fines lucrativos”. Y el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, complementario de la norma anterior, amplió la condición de sujeto pasivo a todas las personas que utilizaran aguas, fueran o no lucrativos los fines que persiguieran con su uso.

Para apoyar su acusación, el actor no cuestionó las normas legales que crearon y establecieron los elementos de la tasa referida, limitándose a afirmar que no estaba obligada a pagarla porque el artículo 1º del Decreto 431 de 1906, norma vigente, dictada en desarrollo del artículo 13 de la Ley 17 de 1905, dispuso: “Cédese al Distrito Capital el aprovechamiento de todas las aguas de uso público nacionales de los ríos San Cristóbal, San Francisco, el Arzobispo y demás ríos, arroyos, vertientes públicas y de uso público que corran dentro del territorio del Distrito Capital, o en sus cercanías, y que sean necesarias para satisfacer las necesidades de agua, luz, higiene y locomoción de los habitantes de la ciudad”.

Aseguró que la EAAB-ESP, es titular de los derechos cedidos al Distrito Capital porque la empresa es de propiedad del distrito tiene por objeto el satisfacer necesidades de acueducto, alcantarillado e higiene de sus habitantes y el Río Teusacá se encuentra en sus cercanías; razón por la cual no se le puede aplicar la tasa comentada.

Este cargo no tiene vocación de prosperidad porque se funda en una norma que estableció una cesión a favor del distrito capital para aprovechar, entre otras, la fuente de agua del Río Teusacá, pero no estableció cesión alguna a favor de la EAAB ni dispuso que la cesión efectuada a favor del Distrito Capital se hacía extensible a las empresas que éste constituyera para la prestación de servicios públicos domiciliarios.

El Distrito Capital y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, ESP, son dos personas jurídicas distintas y ninguna norma jurídica ha dispuesto que los derechos del Distrito Capital se deben transferir a esta empresa, o a otra empresa del orden distrital.

Además, para la época en que se cedió al Distrito Capital el aprovechamiento de las aguas de uso público nacionales de los ríos San Cristóbal, San Francisco, El Arzobispo y demás que corran dentro del Distrito Capital, no se había expedido la Ley 99 de 1993 que dispuso, en todos los casos, el pago de tasas por la utilización y aprovechamiento de las aguas.

Insinuó el actor en la demanda que falta a su actividad el ánimo de lucro que el Decreto-Ley 2811 de 1974 exigió originariamente para configurar los sujetos pasivos de la tasa; argumento que no es de recibo porque, la norma de la Ley 99 de 1993 que consagró la tasa por aprovechamiento de las aguas no distinguió entre actividades con o sin ánimo de lucro, siendo sujetos pasivos quienes se aprovechen de ellas.

Por lo expuesto, el cargo no prospera.

6.2.3. Tercer motivo de inconformidad.

En los alegatos de conclusión que el apelante presentó en la segunda instancia manifestó que esta corporación ha señalado en varias sentencias, entre otras en la de 27 de febrero de 2003, expediente 7689, que la corporación autónoma demandada si tiene competencia para fijar las tarifas de las tasas por el uso de agua con fundamento en la Ley 3 de 1961(9) y en el Decreto 2811 de 1974.

Este tercer motivo de inconformidad no debe estudiarse, en principio, porque no se formuló en la oportunidad legal para sustentar el recurso sino extemporáneamente en la oportunidad para alegar de concusión en segunda instancia; circunstancia que le impidió a la parte contraria y al agente del Ministerio Público referirse a ellos.

Pese a lo anterior, la Sala hará la siguiente precisión: es cierto que esta sección profirió la sentencia comentada, mediante la cual negó la nulidad del Acuerdo 8 de 2000, “por medio del cual se aprueban las tarifas de la tasa por utilización de agua”, acuerdo que sirvió de fundamento a los actos demandados en este proceso.

En dicha sentencia se estudió el cargo de falta de competencia de la CAR para establecer las tarifas de la tasa por uso de aguas y se llegó a la conclusión de que el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 asignó esa competencia al Gobierno Nacional, pero dispuso que hasta tanto las nuevas entidades no asumieran sus competencias continuarían ejerciendo tales funciones las entidades que lo venían haciendo.

Como en la fecha de expedición del acuerdo las nuevas entidades no habían ejercido esa competencia, le correspondía entonces a la CAR fijarlas en atención a que el Decreto 1541 de 1978 había establecido que la función de fijar las tasas por el uso de aguas se ejercerá “igualmente por las entidades públicas a quienes por ley corresponda la administración y manejo de las aguas” y dicha administración le había sido encomendada a la CAR por los artículos 4º y 7º de la Ley 3ª de 1961; criterio que esta sección reiteró en sentencia de 29 de abril de 2010, expediente 2004-00108-01.

Como el apelante desvirtuó el fundamento de la sentencia apelada, la Sala habrá de revocarla.

Por último, cabe advertir que la Sala no aceptó el impedimento manifestado por la Consejera de Estado, doctora María Elizabeth García González, por considerarlo infundado como consta en el Acta 21 de 30 de junio de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE infundado el impedimento manifestado por la Consejera de Estado, doctora María Elizabeth García González.

2. REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se deniegan las pretensiones de la demanda.

3. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(2) Diario Oficial 34243 de 27 de enero de 1975.

(3) Diario Oficial 34243 de 27 de enero de 1975.

(15) El artículo 43 de la Constitución de 1886 solo disponía: “En tiempo de paz solamente el congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales podrán imponer contribuciones”.

(4) El artículo 43 de la Constitución de la Constitución de 1886 sólo disponía: En tiempos de paz el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales podrán imponer contribuciones.

(5) Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector encargado de la gestión y conservación del medio Ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el sistema nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones.

(6) Tales sentencias son las de 4 de diciembre de 2008, radicación 25000 2327 000 2002 01646 01; 13 de noviembre de 2008, radicación 25000 2327 000 2003 00004 01; 4 de diciembre de 2008, radicación núm.: 25000 2327 000 2003 00332 01; 30 de octubre de 2008, radicación: 25000 2327 000 2004 00671 01; 13 de noviembre de dos mil ocho (2008), radicación 25000 2327 000 2004 01639 01; y 8 de septiembre del 2005, radicación 660012331000200290116 01.

(7) En la sentencia C-113 de 1993, la Corte Constitucional dejó precisado que “... los efectos de un fallo, en general, y en particular de los de la Corte Constitucional en asuntos de constitucionalidad, se producen sólo cuando se ha terminado el proceso, es decir cuando se han cumplido todos los actos procesales. En otras palabras, cuando la providencia está ejecutoriada” (resaltado de la Sala).

(4) M.P. Fabio Morón Díaz. Aclaración de voto de José Gregorio Hernández Galindo.

(5) Dicho fallo declaró exequible también el artículo 42 de la misma ley, al cual remite el artículo 43 citado.

(8) Diario Oficial 34243 de 27 de enero de 1975.

(9) Esta ley creó la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá, denominación que fue modificada por el artículo 33 de la Ley 99 de 1993.