Sentencia 2001-00179 de junio 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 630012331000200100179 01

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón (E)

Interno: 29556

Demandante: Joaquín Emilio Arcila Mejía y otros

Demandado: municipio de Armenia

Asunto: apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D. C., once de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que profirió la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos del Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Nariño, el 30 de septiembre de 2004.

1. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

En relación con este aspecto conviene precisar que la demolición de los locales comerciales de propiedad de los actores se efectuó el día 12 de marzo de 1999 y la demanda de reparación directa se interpuso el 6 de febrero de 2000, lo que permite concluir que se presentó de manera oportuna, esto es dentro de los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 de Código Contencioso Administrativo.

2. El caudal probatorio obrante en el asunto de la referencia.

— Escritura Pública Nº 371 de 2 de febrero de 1988 otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor del señor Joaquín Emilio Arcila Mejía el local 101 del edificio La Montaña; se dejó constancia que la referida edificación se encuentra distinguida con los números 16-12, 16-18, 16-20, 16-22 y 16-24(9).

— Escritura Pública Nº 5.643 de 26 de octubre de 1995 otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor del señor Joaquín Emilio Arcila Mejía la otra mitad del local 101 del Edificio La Montaña(10).

— Escritura Pública Nº 700 de 23 de febrero de 1988 otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo de Armenia, a través de la cual se transfirió a título de venta a favor del señor Juan Bautista Giraldo Martínez el local S 101 del Edificio La Montaña; se dejó constancia que la referida edificación se encuentra distinguida con los números 16-12, 16-18, 16-20, 16-22 y 16-24(11).

— Certificados de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria Nos. 280-63184 y 280-63185, de los locales S101 y 101, en los cuales figuran como propietarios de tales inmuebles los señores Juan Bautista Giraldo Martínez y Joaquín Emilio Arcila Mejía, respectivamente(12).

— Contrato de arrendamiento del local comercial S 101, celebrado entre los señores Juan Bautista Giraldo Martínez y Alfredo Giraldo Garcés, cuyo canon equivalía a la suma de un millón de pesos ($1’000.000)(13).

— Decreto 016 de enero 26 de 1999, emitido por el alcalde de Armenia; en el mencionado acto administrativo se dispuso:

“CONSIDERANDO:

Con ocasión de los movimientos telúricos ocurridos el 25 de enero de 1999, innumerables edificaciones sufrieron graves deterioros en su estructura y paredes, que amenazan ruina y ponen en peligro la seguridad de sus habitantes y los transeúntes.

El Decreto 919 de 1989 “Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres y se dictan otras disposiciones”; faculta al alcalde municipal en caso de circunstancias de especial urgencia, para prescindir del régimen de notificaciones y recursos en la vía gubernativa para proceder a la demolición de inmuebles en forma inmediata.

Que el mismo Decreto 919 autoriza para delegar las competencias sobre esta materia, en autoridad pública municipal que se estime eficaz para el logro de ese cometido,

RESUELVE:

Artículo primero. Ordenar y ejecutar la demolición inmediata de toda edificación o construcción que amenace ruina o que por su estado de deterioro ponga en peligro la seguridad y la tranquilidad pública, de acuerdo al inventario y concepto técnico rendido por la comisión que se crea por el artículo segundo de este decreto.

“Artículo segundo: Créase la comisión técnica que evaluará y determinará la demolición en cada caso concreto según informe escrito, integrada así: El secretario de infraestructura y valorización municipal y la Sociedad de Ingenieros de Quindío.

“Artículo tercero: Deléguese en los inspectores municipales de policía la facultad de ordenar las demoliciones de que trata este decreto y en el secretario de infraestructura y valorización municipal la ejecución de las mismas.

“Parágrafo: Los inspectores municipales de policía procederán mediante resolución motivada previo el concepto técnico, el cual hará parte integral de la respectiva resolución.

“Artículo cuarto: Copia de la resolución que ordene la demolición será fijada en la sede provisional de la alcaldía municipal, ubicada en las instalaciones de la Defensa Civil, carrera 19 calle 36 norte, por el término de 10 días hábiles”(14) (se destaca).

— Acta Nº 017 de 23 de febrero de 1999, elaborada por la comisión técnica, conformada por la secretaría de infraestructuras básica y valorización, la Sociedad de Ingenieros del Quindío, el departamento de planeación y evaluación del municipio y la Sociedad Colombiana de Arquitectos Seccional Quindío, en la cual se dejó constancia que:

“… por medio del Decreto 016 del 26 de enero de 1999 y el Decreto 022 de 4 de febrero de 1999 y de acuerdo al inventario y concepto técnico rendido por un grupo de ingenieros especialistas en estructuras se determinó la demolición total o parcial de las edificaciones relacionadas en el documento anexo que hace parte integral de esta acta.

Se recomienda que la administración municipal tome las medidas pertinentes para evitar el ingreso de las personas a los inmuebles que van a ser demolidos(15) (negrillas adicionales fuera del texto original).

A la citada acta se adjuntó un cuadro denominado “Predios que se deben demoler totalmente en forma inmediata”, entre los cuales, aparece el inmueble objeto de la presente acción así “Edificación de 2 pisos - carrera 18 Nº 16-18”.

— Resolución 102 de febrero 5 de 1999, proferida por la Inspectora Quinta Municipal de Policía y Tránsito de Armenia, a través de la cual se ordenó la demolición total de “las construcciones ubicadas en las manzana entre carreras 18 y 19, y entre calles 16 y 17”(16).

— Resolución 968 de marzo 2 de 1999, proferida por la Inspectora Quinta Municipal de Policía y Tránsito de Armenia, a través de la cual se ordenó demoler la construcción ubicada en la carrera 18 Nº 16-18, adicionalmente se dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO SEGUNDO: La demolición de la obra deberá realizarse en forma inmediata, por la secretaría de infraestructura y valorización del municipio, por lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Copia de la presente resolución se fijará en lugar visible de la sede provisional de la alcaldía municipal y de este despacho ubicada en las instalaciones del Museo Quimbaya, Avenida Bolívar Calle 40 N, por el término de diez días hábiles”(17).

La citada decisión fue adoptada con fundamento en los siguientes considerandos:

“a. Que debido al movimiento telúrico presentado en esta ciudad el día 25 de enero de 1999, el señor alcalde municipal dispuso mediante el Decreto 016 del 26 de enero del presente año y con base en el Decreto 919 de 1989, la demolición inmediata de toda edificación o construcción que amenace ruina o que por su estado de deterioro ponga en peligro la seguridad y tranquilidad pública.

b. Que el mismo decreto creó la comisión técnica, encargada de evaluar y determinar los casos concretos en que se debe proceder a la demolición e igualmente delegó en los inspectores municipales de policía la facultad de ordenar las demoliciones en aquellos casos que así los ameriten, y en el secretario de infraestructura y valorización la ejecución de la misma.

c. Que la comisión técnica presentó un informe ante esta inspección, donde se da cuenta de la existencia de una construcción ubicada en la carrera 18 Nº 16-18, la cual se encuentra en avanzado estado de deterioro y amenazando ruina.

d. Que de dicha situación se desprende la necesidad de ordenar la demolición de obra de la construcción indicada anteriormente, ya que al amenazar con ruina pone en peligro la seguridad y tranquilidad pública de todos los habitantes del municipio” (se destaca).

— Acta suscrita por la Inspección Municipal de Policía de Armenia, el 12 de marzo de 1999, en la cual se dejó constancia que a las 2:00 p. m. Procedieron a demoler el predio ubicado en la carrera 18 Nº 16-18.

La citada acta sólo fue suscrita por el ingeniero supervisor, comoquiera que los espacios de la firma del inspector a cargo, el sustanciador y el ingeniero asistente aparecen en blanco.

— Oficio de 4 de diciembre de 2000 elaborado por la Sociedad de Ingenieros del Quindío y dirigido al Tribunal Administrativo del Quindío, a través del cual se informó que la edificación con la nomenclatura Carrera 18 Nº 16-18, fue evaluada en dos oportunidades por diferentes comisiones de ingenieros, las cuales coincidieron en emitir concepto técnico de demolición total de dicho bien inmueble(18) (se destaca).

— Contrato interadministrativo Nº 002 suscrito entre el municipio de Armenia e Invías, a través del cual se celebró un convenio interadministrativo cuya finalidad consistía en desarrollar las labores relacionadas con la demolición de las edificaciones que amenazaren ruina; en dicho acuerdo se dejaron indicadas las siguientes obligaciones:

“SEGUNDA: Obligaciones por parte del municipio: La alcaldía se obliga para con el instituto a expedir los correspondientes actos administrativos, que previo concepto técnico emanado de la secretaría de infraestructura y valorización del municipio y la Sociedad de Ingenieros del Quindío, sustente técnica y jurídicamente los procedimientos de demolición y remoción de escombros. Así mismo, facilitará a través de las autoridades de policía el respaldo necesario para cumplir con el objeto del presente convenio. TERCERA: Obligaciones del instituto. El instituto se obliga para con la alcaldía a llevar a cabo técnicamente las demoliciones ordenadas por la Secretaría de Infraestructura y Valorización de Armenia, de acuerdo con la disponibilidad de recursos económicos que sean facilitados por el Fondo Nacional de Calamidades, a través de la Fiduciaria La Previsora S. A. Del mismo modo, una vez efectuadas las demoliciones y adelantadas las correspondientes operaciones de remoción de escombros, informará a la mencionada secretaría sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas por ésta. (…)”(19).

— Dictamen pericial rendido dentro del trámite de primera instancia, en el cual se dejó constancia de lo siguiente:

“Dando cumplimiento al Oficio 2679 del 14 de noviembre del 2000 y 3680 del 14 de noviembre del 2000 respectivamente, donde fuimos designados como peritos en el mencionado proceso, nos permitimos rendir el siguiente informe judicial:

Nos trasladamos a la carrera 18 con calle 16 de la nomenclatura de Armenia, y allí nos ubicamos frente donde antes del 25 de enero de 1999, se encontraba un edificio de dos (2) plantas y sótano denominado La Montaña y en cuya segunda planta funcionaba un negocio de billares Club de Billares Olímpico, cuyo número de entrada era 16-12. Esto de acuerdo a las indagaciones con los comerciantes del sector, porque únicamente se encuentra el cercado donde se puede observar que existía una construcción.

Se pudo constatar de acuerdo a las informaciones de los comerciantes del sector, que efectivamente funcionaba hasta el 25 de enero de 1999 el mencionado negocio y en cuanto al canon de arrendamiento, también se pudo comprobar que sí es el precio norma ya que incluía en el alquiler de 18 mesas de billar, todas en buen estado de funcionamiento lo mismo que muebles y enseres para su funcionamiento lo mismo que muebles y enseres para su funcionamiento normal.

En cuanto al lucro cesante se puede concluir que son hasta la fecha 23 meses a razón de $1’500.000 cada mes, lo cual daría una suma total de $34’500.000 hasta la fecha del presente informe.

En esta forma dejamos rendido el peritazgo respectivo para los fines de su competencia y al mismo tiempo solicitarle respetuosamente asigne nuestros honorarios de ley”(20).

El citado dictamen fue complementado por los auxiliares de la justicia respectivos, quienes indicaron que algunos comerciantes de reconocida solvencia moral en la ciudad de Armenia, coincidieron en afirmar que “conocieron el local donde funcionaba el negocio y que en realidad sí funcionaban allí 18 mesas de billar, ya que algunos de ellos eran clientes ocasionales del establecimiento”(21).

— Dictamen pericial de 27 de marzo de 2001, en el cual se dejó constancia de lo siguiente:

“Revisada la prueba documental fotográfica anexa al proceso encontramos que no se alcanzan a apreciar daños severos en la estructura de la edificación.

La percepción de éstos y su cuantificación y calificación debe de encontrarse en el formulario que se tenía que elaborar al concluir la visita reglamentaria de la comisión encargada de revisar esta propiedad.

Coincidimos con el ingeniero Arturo Naranjo Vélez cuando afirma que el formulario con la dirección carrera 18 Nº 16-18, folio 104, no refleja el estado del edificio del que hacía parte el inmueble con la nomenclatura anterior.

Este formulario habla de un colapso total: las fotografías desvirtúan esta observación de manera clara y contundente (colapso total es derrumbamiento absoluto).

Consideramos pertinente aclarar que el sólo análisis fotográfico no es suficiente para deducir las características particulares de los elementos estructurales pero sí para inducir que se ameritaba una revisión del inmueble (entiéndase acá por características particulares de los elementos estructurales, sus dimensiones, diseños y capacidades).

Para conceptuar la vulnerabilidad o el alcance del daño de una edificación, es decir, su estado, cuando este no es evidente, debe llevarse a cabo un análisis estricto de sus peculiaridades. Esto supone, por lo general, contar con un especialista el cual para el efecto requiere de una detallada información de los planos estructurales y arquitectónicos de la edificación y de diferentes estudios de orden técnico.

En la práctica no se cuenta con esta información. Por eso debe considerarse que si no se tienen los recursos, o el tiempo, para llevar a cabo un estudio riguroso debe realizarse, al menos, una evaluación cualitativa que contemple los siguientes aspectos:

• Calidad y estado de la construcción.

• Configuración y forma de la edificación.

• Tipo de estructura.

• Característica del suelo y la fundación.

• Estabilidad de los componentes no estructurales.

El resultado de esa inspección, en términos generales, es lo que se consignaba en los formularios de evaluación rápida, de los que dice el ingeniero Arturo Naranjo Vélez, era obligación diligenciar en la culminación de cada visita a cada inmueble específico.

La lectura de un formulario de estos nos da una idea muy aproximada del estado de la construcción y sirve como base para tomar decisiones al respecto.

En el proceso no se encontró fotocopia del formulario para inspección postsísmica - evaluación rápida de la Sociedad de Ingenieros del Quindío del inmueble cuya nomenclatura es carrera 18 Nº 16-12 y del que debemos conceptuar sobre su estado antes de la demolición de que fue objeto”(22).

La citada prueba fue objeto de complementación en los siguientes términos:

“1. En el caso de que los formularios de la comisión técnica de la sociedad de ingenieros y el de inspección postsísmica “Evaluación rápida” de la comisión se refieran de verdad al inmueble de propiedad de la demandante, ¿los daños allí descritos (sólo en escaleras y en enchape y fachada) conducían obligatoriamente a tomar determinación de demoler?

La sola descripción de daños en escaleras y enchapes y fachada, teniendo en cuenta que había espacio y lugar para registrar otros tipos de daños más importantes para la estabilidad de la edificación, no conduce obligatoriamente a tomar la determinación de demoler, esto descartando la ocurrencia del colapso total.

2. Esos mismos y únicos daños, en el mismo caso hipotético de se (sic) refiriera al inmueble de la demandante eran elementos científicamente aptos para afirmar que existió “colapso total”?

Dado que en el formato del formulario para inspección postsísmica - evaluación rápida, se contemplaba específicamente en el aparte daños en estructura la opción para registrar si hubo o no afectación en columnas, vigas, placas, unión viga columna, fundaciones muros de contención y en escaleras, la sola mención de daños en escaleras, fachada y enchapes está en contradicción con la anotación de que ocurrió colapso total: Se describen estos, considerados menores desde el punto de vista de la estabilidad de la edificación como un todo, y se omite el registro de los más severos.

3. ¿Existe en los diferentes documentos del proceso sustento o señalamiento de las causas que sirvieron de soporte o fundamentales para demoler el edificio, como necesidad pública por el peligro que representaba para la comunidad el inmueble de la demandante situado en la carrera 18 Nº 16-12?

De ese inmueble específico no se encontró documentación al respecto, fuera de la comunicación de agosto 30 del 2000 que la directora ejecutiva de la Sociedad de Ingenieros del Quindío le dirige al doctor Ramón Lozano Osorio, de Invías, folio 127.

4. Existe documento en el proceso de que al inmueble de la carrera 18 Nº 16-12 se le hizo una evaluación en cuanto a la calidad y estado de la construcción, su configuración y forma, tipo de estructura, estabilidad de los componentes no estructurales, etc?

Existe el estudio, al que no calificamos, presentado por el ingeniero Raúl Javier Anaya Palacio y fechado marzo del 2000 y documentación fotográfica”(23).

Por último, debe advertirse que en la demanda se solicitó que se decretara como prueba trasladada una serie de documentos que hacían parte del proceso adelantado por María Estella Giraldo de Martínez contra “los aquí demandados, Radicado 398-00”, entre los cuales pidió el “Estudio de investigación técnica y evaluación post-sísmica”.

A su turno, el municipio de Armenia en la contestación de la demanda, solicitó lo siguiente:

“Solicito se trasladen del proceso que se sigue en este honorable tribunal, según Radicación 0398/2.000, Demandante: María Estella Giraldo de Martínez, demandado: municipio de Armenia y otro, (…), las pruebas documentales que se relacionan:

— Decreto 016/99.

— Contrato Interadministrativo Nº 002.

— Acta 017/99 y anexos.

— Resolución 968 de marzo 2/99.

— Constancia de demolición”.

En consecuencia, las pruebas citadas fueron decretadas por el juzgador de primera instancia a través de auto calendado el 25 de junio de 2002(24).

Respecto de la citada prueba trasladada, esta Subsección estima conveniente efectuar las siguientes precisiones:

El Código Contencioso Administrativo dispone, en materia de pruebas, que en los procesos seguidos ante esta jurisdicción se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con sus normas, las del Estatuto de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración (art. 168). Por su parte, el artículo 185 de ese último Estatuto prevé que las pruebas trasladadas son apreciables, sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

La Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de indicar que aquellas pruebas trasladadas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquella, no podrán ser valoradas en el primer proceso(25).

También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, hay lugar a tener en cuenta dichas pruebas en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hubieren sido practicadas sin citación o intervención de alguna de las partes en el proceso original y no hubieren sido ratificadas en el nuevo proceso contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(26).

Sobre este mismo tema, la Sección Tercera de la corporación ha sostenido que(27):

“De no cumplirse alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de estas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(28):

‘… el artículo 229 del mismo código dispone:

‘Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior” (se resalta).

Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquellos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso”.

Aplicando estos criterios al caso presente, se tiene que las pruebas en el proceso primitivo (penal) no fueron solicitadas ni practicadas a petición de la parte contra quien se aducen ni con su audiencia; su traslado tampoco fue solicitado a este proceso de manera conjunta por las partes, ni la entidad demanda se allanó a la petición probatoria elevada por la parte demandante en el sentido de que se allegare a este proceso la respectiva investigación penal por la muerte del soldado Ardila Lozano.

Aun cuando ésta prueba fue decretada por el tribunal y para cuyo efecto se libró el Oficio 0206-00 de marzo 18 de 1999 solicitando el traslado en copia auténtica del correspondiente proceso penal, lo cierto es que no se agotaron las formalidades del traslado que cada medio de prueba exige y en cuanto se refiere específicamente a las pruebas documentales antes descritas(29) no se surtió el traslado de los mismos para garantizar el derecho de contradicción de la contraparte contra la cual se aducen.

No obstante lo anterior, para el específico caso de las pruebas documentales advierte la Sala que si bien se incurrió en una irregularidad al haberse omitido dicho traslado, la misma no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal ‘se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece’, solución claramente aplicable en este caso. Ciertamente, se advierte que durante la etapa probatoria ninguna de las partes se pronunció al respecto y que dentro del traslado para alegar de conclusión el apoderado de la entidad pública demandada no hizo señalamiento alguno en relación con dicho asunto(30) (subrayas del original, negrillas de la Sala en esta oportunidad).

En el caso que ahora se examina ocurre que la prueba trasladada antes mencionada no cumple con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, referente al traslado de pruebas, toda vez que si bien ambas partes solicitaron el traslado de unos medios de acreditación que obraban en otro proceso que cursaba en el tribunal administrativo de primera instancia, lo cierto es que la parte demandada especificó, de manera clara y concreta, los elementos probatorios que debían trasladarse al asunto de la referencia, no obstante nada señaló en relación con el “Estudio de investigación técnica y evaluación post-sísmica”, circunstancia que impide su valoración.

Por lo tanto, de los medios de acreditación que reposan en el proceso trasladado solo podrán valorarse en este juicio las pruebas documentales, puesto que si bien frente a estas no se surtió el traslado respectivo para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, tal omisión fue convalidada, según lo normado en el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, tema que fue explicado dentro de la sentencia antes transcrita.

En tal sentido, teniendo en cuenta que la naturaleza del “Estudio de investigación técnica y evaluación post-sísmica” es propia de la de un dictamen pericial, toda vez que para su práctica se requirió la intervención de personas con conocimientos técnicos y/o específicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil(31), esta Subsección considera que no se podrá valorar dentro del presente proceso, comoquiera que el referido medio de acreditación no tiene el carácter de prueba documental.

2.2. Lo que se debate.

Los señores Joaquín Emilio Arcila Mejía y Juan Bautista Giraldo Martínez, en su calidad de propietarios de dos locales comerciales del edificio “La Montaña” ubicado en la ciudad de Armenia, formularon demanda de reparación directa contra el municipio de Armenia y el Invías, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por la orden de demolición del referido inmueble, cuyo fundamento lo constituyó el supuesto estado de ruina en que se encontraba como consecuencia del movimiento telúrico que afectó a la ciudad de Armenia el 25 de enero de 1999.

2.3. Procedencia de la acción de reparación directa ejercida.

Esta misma Subsección, en sentencia del 12 de septiembre de 2012, Expediente 25877(32), con ponencia del señor consejero de Estado Carlos Alberto Zambrano Barrera, se ocupó de un caso similar —guardadas proporciones— al que ahora se decide en segunda instancia, en el cual la parte actora la constituía una persona que había subarrendado un local comercial en la plaza de mercado central de Armenia y cuyas pretensiones giraban en torno a la responsabilidad del municipio de Armenia y de las Empresas Públicas de Armenia por la demolición de la mencionada plaza y la terminación del contrato de arrendamiento suscrito con Cooplaza Ltda. En aquella ocasión se afirmó:

“… el conjunto de disposiciones que entraron a regular la situación generada por el desastre natural que afectó al departamento del Quindío, más concretamente a la ciudad de Armenia, y los conceptos en los que varias de aquéllas se fundaron indicaban, con toda claridad, que la única medida procedente era la demolición inmediata del inmueble, pues el estado de ruina en el que quedó ponía en riesgo la seguridad y la vida de todas las personas y, como tal, en ese sentido estuvieron encaminadas las decisiones que ordenaron su demolición, de modo que éstas no sólo resultaban procedentes, sino que, además, fueron justas y necesarias.

“Para la Sala es claro que los actos administrativos que ordenaron la demolición del inmueble afectado con el terremoto se profirieron con estricto apego a la ley y, por lo mismo, no se configuró una operación administrativa ilegal, por el hecho de que se hubiera prescindido del régimen de notificaciones, como lo asegura infundadamente el demandante, pues, como se vio, el ordenamiento legal no solo autorizaba sino que, además, exigía que en casos de “especial urgencia”, esto es, cuando el inmueble afectado amenazara ruina o, por su estado de deterioro, pusiera en peligro la seguridad de los habitantes —artículo 32 del Decreto 919 del 1º de mayo de 1989—, se ordenara su demolición, señalando expresamente que dicha medida se adoptaría en forma inmediata, caso en el cual no resultaba procedente notificación alguna y bastaba con que la resolución permaneciera fijada durante 10 días hábiles en el despacho de la alcaldía respectiva, como en efecto ocurrió con las resoluciones que ordenaron la demolición del inmueble, tal como se observa a folios 113 y 122 del cuaderno 2.

“Así las cosas, ninguna irregularidad se observa en este caso a cargo de la alcaldía de Armenia, pues, como quedó demostrado, la demolición del inmueble, donde funcionaba la plaza de mercado municipal, era una medida necesaria, a fin de salvaguardar y proteger la vida de las personas; además, debe quedar claro que no se violó el debido proceso de las personas que resultaron afectadas con la medida, teniendo en cuenta que las resoluciones que la ordenaron no requerían de notificación alguna, sólo que fueran fijadas en el respectivo despacho durante el término indicado (10 días hábiles), lo cual está acreditado en el proceso.

“Según la demanda, como consecuencia de la demolición del edificio donde funcionaba la plaza de mercado municipal, la propietaria del inmueble afectado revocó el contrato de arrendamiento celebrado con la Cooperativa de Comerciantes de la Plaza de Mercado, “Cooplazas Ltda.”, la cual, a su vez, había subarrendado a la actora el local comercial identificado con el número 12016.

“Al respecto, cabe señalar que los documentos que obran a folios 53 a 62 y 67 a 70 del cuaderno 1, aportados con la demanda, a través de los cuales la parte actora pretende acreditar los citados contratos de arrendamiento, obran en copia simple y, por lo mismo, conforme al artículo 254 del Código de Procedimiento Civil carecen de valor probatorio, máxime cuando no fueron allegados con la prueba trasladada.

“En todo caso, es dable señalar que la demolición justificada del inmueble mencionado implicó no sólo la desaparición de la “plaza de mercado central de Armenia”, sino la del local 12016 que la actora habría arrendado a “Cooplazas Ltda.”, en el que ella desarrollaba su actividad comercial y, por lo mismo, ninguna responsabilidad cabe en este caso a las Empresas Públicas de Armenia, EPA”.

Ahora bien, en el caso sub examine, la Sala observa lo siguiente:

Que con fundamento en el Decreto 016 enero 26 de 1999 y la Resolución 102 de febrero 5 de 1999 dictadas por el municipio de Armenia, se profirió la Resolución 968 de marzo 2 de 1999 a través de la cual se ordenó la demolición del inmueble ubicado en la carrera 18 Nº 16-18 de la ciudad de Armenia, comoquiera que el citado bien inmueble se encontraba en avanzado estado de deterioro y, adicionalmente, amenazaba ruina.

En el artículo 3º de la parte resolutiva del mencionado acto administrativo se ordenó la fijación de la decisión aludida en un lugar visible de la sede provisional de la alcaldía municipal de Armenia por el término de 10 días hábiles.

Pues bien, una vez examinado el expediente de la referencia NO se encontró constancia alguna de la fijación de dicho acto administrativo en la sede de la entidad que lo profirió y, además, esta Subsección observó que la citada decisión de la administración pública fue ejecutada antes de que se completara el término de publicidad de los 10 días hábiles, puesto que la Resolución 968 se dictó el 2 de marzo de 1999 y la diligencia de demolición se llevó a cabo el 12 de marzo de 1999, esto es, cuando aún no habían transcurrido 10 días hábiles contados a partir de la expedición de dicho acto.

La anterior circunstancia constituye, a todas luces, una irregularidad por parte de la administración comoquiera que si bien el inciso final del artículo 32 del Decreto 919 de 1989 —derogado por la Ley 1523 de 2012— disponía que en aquellos eventos de especial urgencia, se prescindiría de los actos de notificación, respecto de la resolución que ordenare alguna demolición, puesto que bastaría con la fijación de un aviso en el despacho de la alcaldía respectiva, lo cierto es que en el asunto sub lite no se dejó constancia de que se le haya dado publicidad a la citada decisión, en los términos de la disposición antes mencionada. Pero es más, del análisis de los medios de acreditación obrantes en el encuadernamiento se desprende que el citado acto administrativo fue ejecutado antes del vencimiento del término de la fijación del aviso correspondiente.

Así las cosas, dicha circunstancia configura una operación administrativa, razón por la cual, resulta procedente la acción de reparación directa. Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación, en un caso similar al que ahora se debate, señaló que:

“… se configura una operación administrativa cuando, por ejemplo, se ejecuta de manera anticipada de un acto administrativo, que se presenta cuando éste no es notificado debidamente, o por falta de notificación, o cuando la ejecución del acto se produce antes de quedar en firme la decisión que desata el recurso interpuesto en su contra, es decir, cuando la administración ejecuta materialmente un acto administrativo que no ha cumplido con las exigencias previstas en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, lo cual puede dar lugar a la configuración de un daño antijurídico cuyos perjuicios pueden perseguirse a través del ejercicio de la acción de reparación directa, no es menos cierto que lo que busca la referida posición jurisprudencial es evitar que un acto que no se encuentra ejecutoriado pueda ser ejecutado por la administración pública; en otras palabras, si el acto existe pero no ha sido notificado, carece de eficacia frente a los administrados, razón por la cual su ejecución en esas condiciones bien puede generar o incluso constituir un daño antijurídico que debe ser reparado, empero ello no sucede en aquellos casos en que el acto administrativo se encuentre ejecutoriado. En el presente caso concreto los actos administrativos mediante los cuales se ordenó la demolición del inmueble —demolición parcial mediante la Resolución 2227 del 13 de abril de 1999 y total mediante la Resolución 3737 del 17 de junio del mismo año— se encontraban ejecutoriados, pero no bajo el régimen establecido para tal efecto por el Código Contencioso Administrativo sino por el que se consagró específicamente para situaciones de desastre en el Decreto 919 de 1989”(33).

Así pues, se tiene que en el presente asunto el acto administrativo que ordenó la demolición inmediata del Edificio La Montaña se ejecutó de manera anticipada, comoquiera que la citada decisión de la administración no se encontraba ejecutoriada de conformidad con lo establecido en el Decreto 919 de 1989, circunstancia que determina que la acción procedente sea la de reparación directa, motivo por el cual, esta Subsección revocará la sentencia apelada y entrará a estudiar el fondo del presente asunto.

Por último, se advierte que si bien el juzgador de primera instancia en la sentencia apelada afirmó que lo que el actor realmente alega en la demanda es una falsa motivación, lo cierto es que una vez revisado en su integridad el libelo demandatorio no se observó que el accionante hiciere referencia alguna a una supuesta falsa motivación de los actos administrativos en los cuales se fundamentó la demolición del Edificio La Montaña.

2.4. Responsabilidad de las entidades demandadas.

En el presente litigio se tiene que, debido al desastre natural que azotó al denominado Eje Cafetero de Colombia, la administración municipal de Armenia se vio en la necesidad de expedir el Decreto 016 de 1999 a fin de ordenar y ejecutar la demolición inmediata de toda edificación o construcción que amenazara ruina o que por su estado de deterioro pusiera en peligro la seguridad y tranquilidad públicas.

A su turno, la Inspectora Quinta Municipal de Policía y Tránsito de Armenia, expidió la Resolución 102 de febrero 5 de 1999, en cuya virtud se ordenó la demolición total de las construcciones ubicadas entre carreras 18 y 19 y entre calles 16 y 17 —el Edificio La Montaña se encontraba ubicado en dicho sector—, comoquiera que según informe presentado por la comisión técnica respectiva se dejó constancia del avanzado estado de deterioro y amenaza de ruina de los bienes inmuebles ubicados en dicho sector.

Adicionalmente, se acreditó que con fundamento en la Resolución 968 de 2 de marzo de 1999, la Inspección Quinta Municipal de Armenia ordenó la demolición de la construcción ubicada en la carrera 18 Nº 16-18 “Edificio La Montaña”, puesto que, una vez más, la comisión técnica había dictaminado que dicha edificación amenazaba ruina y, aunado a ello, se encontraba en avanzado estado de deterioro.

De igual forma, obra dentro del caudal probatorio un cuadro elaborado por la comisión de evaluación estructural en el cual se indican los predios que debían demolerse totalmente y, de manera inmediata, entre los cuales, aparece la edificación de dos pisos ubicada en la carrera 18 Nº 16-18.

Por fuerza de las circunstancias antes indicadas, el bien inmueble aludido se procedió a demoler el día 12 de marzo de 1999, según se dejó constancia en el acta suscrita ese mismo día.

Pues bien, esta Subsección observa que si bien el acto administrativo que ordenó la demolición del Edificio “La Montaña” fue ejecutado —se insiste— antes de que dicha decisión adquiriera firmeza, lo cierto es que la mencionada manifestación unilateral de la administración fue necesaria, comoquiera que la única medida procedente para contrarrestar un eventual accidente era la demolición inmediata del predio referido, para así, garantizar la protección y/o seguridad de las personas que lo habitaban, y de terceros que transitaran por su alrededor.

En efecto, en la citada resolución se dejó constancia de que el bien ubicado en la carrera 18 Nº 16-18 se encontraba en avanzado estado de deterioro y, que, además, amenazaba ruina, razón por la cual dada la situación de urgencia manifiesta que afectaba a la región del denominado Eje Cafetero de Colombia tornaba imperiosa su demolición inmediata.

Vale la pena advertir que si bien el artículo 58 de la Carta Política de 1991 dispuso que el Estado debía garantizar el derecho a la propiedad privada, lo cierto es que en el asunto de la referencia se estaba en presencia de una edificación que NO se encontraba en condiciones físicas y/o estructurales adecuadas, debido a su avanzado estado deterioro.

Adicionalmente, para esta Subsección resulta claro que si bien es cierto en el presente caso, los señores Joaquín Emilio Arcila Mejía y Juan Bautista pudieron haber sufrido perjuicios materiales y/o inmateriales con ocasión de la demolición del edificio “La Montaña”, también lo es que, en razón de las irregularidades físicas de que adolecía el citado predio, el municipio de Armenia se vio compelido, en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, a ordenar la demolición inmediata de tal edificación.

En tal orden de ideas, se tiene que aun cuando los locales comerciales de los ahora demandantes fueron demolidos por orden de la administración municipal, dicha circunstancia NO vulneró derecho alguno del que se desprenda un daño antijurídico, de aquellos que el Estado está en la obligación de reparar, comoquiera que —se insiste— el referido ente territorial actuó en cumplimiento de un postulado de la norma fundamental como lo es el de asegurar y proteger la vida e integridad personal de los asociados.

Por último, resulta menester advertir que si bien en el libelo demandatorio se hizo referencia a la existencia dentro del caudal probatorio de un estudio científico en el cual se habría dictaminado que “La edificación sufrió daños menores… no ameritaba demolición”, lo cierto es que dicho medio de acreditación, tal como se dejó indicado la parte considerativa de esta providencia, no es susceptible de valoración debido a que no cumplía con los requisitos de la prueba trasladada.

De conformidad con las anteriores consideraciones, esta Subsección denegará las pretensiones esgrimidas en el libelo demandatorio.

3. Condena en costas.

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia dictada por la Sala de Descongestión de los tribunales administrativos de Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, el día 30 de septiembre de 2004 y, en su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(9) Folios 11-12 cuaderno 1.

(10) Folios 16-17 cuaderno 1.

(11) Folios 13-14 cuaderno 1.

(12) Folios 18-19, 22-23 cuaderno 1.

(13) Folios 25-26 cuaderno 1.

(14) Folio 8 cuaderno 2.

(15) Folio 12 cuaderno 2.

(16) Folios 197-199 cuaderno 2.

(17) Folios 16-18 cuaderno 2.

(18) Folio 57 cuaderno 2.

(19) Folios 9-100 cuaderno 1.

(20) Folios 64-65 cuaderno 2.

(21) Folios 83-84 cuaderno 2.

(22) Folios 93-95 cuaderno 2.

(23) Folios 105-107 cuaderno 2.

(24) Folios 65-66 cuaderno 2.

(25) Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300, entre muchas otras providencias.

(26) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789, entre otras.

(27) Sentencia de febrero 4 de 2010, Expediente 18.320.

(28) Sentencia de 13 de abril de 2000, Expediente 11.898.

(29) Diligencia de inspección al cadáver de la víctima Nº 1582-0657; Informe emitido por el cabo primero Carlos Muñoz Sierra - suboficial de administración del Ejército Nacional; Informe emitido por el soldado Oscar Vidales Benítez; Decisión proferida el 1º de octubre de 1997 por la oficina de instrucción penal militar de la Décima Sexta Brigada del Ejército, mediante la cual se ordenó la cesación del procedimiento adelantado en contra del soldado Oscar Vidales Benítez por el homicidio del señor Luis Fernando Lozano Ardila; Providencia dictada el 12 de noviembre de 1997 por el Tribunal Superior Militar, a través de la cual se confirmó la anterior decisión.

(30) En ese sentido se pronunció la Sala en sentencia de junio 5 de 2008, Expediente 16.589.

(31) “Artículo 237 del Código de Procedimiento Civil: (…).

2. Los peritos examinarán conjuntamente las personas o cosas objeto del dictamen y realizarán personalmente los experimentos e investigaciones que consideren necesarios, sin perjuicio de que puedan utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; en todo caso expondrán su concepto sobre los puntos materia del dictamen.

(…)”.

(32) Posición que fue reiterada recientemente por la Subsección en sentencia del 3 de abril de 2013, Expediente 26198.

(33) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 3 de abril de 2013. Expediente 26.198. M. P. Mauricio Fajardo Gómez.