Sentencia 2001-00184/41256 de mayo 18 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Radicación: 05001-23-31-000-2001-00184-01 (41.256)

Actor: Héctor Iván Posada Betancur y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ministerio del Interior y de Justicia - Fiscalía General de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura

Proceso: Acción de Reparación Directa

Asunto: Recurso de apelación

Contenido: Descriptor: Se revoca la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Restrictor: Cosa juzgada derivada del auto de aprobación de la conciliación parcial - Legitimación en la causa por pasiva - Imputación de la condena.

Bogotá D.C., dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

Extractos: «V. Consideraciones.

1. Aspectos procesales previos.

La Sala previo a abordar el estudio y análisis de fondo advierte las siguientes cuestiones procesales respecto de las cuales procede pronunciarse: 1) la cosa juzgada derivada del auto de aprobación de la conciliación parcial; 2) legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional.

1.1. La cosa juzgada derivada del auto de aprobación de la conciliación parcial.

La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos, mediante el cual las partes que integran un conflicto procesal solucionan sus diferencias(21), con la intervención de un tercero calificado y neutral, el cual llevará y dirigirá la celebración de la audiencia de conciliación. Son conciliables(22) todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y todos aquellos que de manera expresa determine la ley de conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley 446 de 1998.

Así mismo, se advierte que la conciliación tiene cabida, entre otros asuntos, en los de naturaleza cognoscitiva, cuyo objeto radica en terminar el proceso, total o parcialmente, antes de que se profiera sentencia, tal como lo dispuso el legislador en el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998. Así:

“ART. 59.—Modificado ley 446 de 1998, artículo 70. Asuntos Susceptibles de Conciliación. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo”.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional son varios los elementos característicos de la conciliación como mecanismo de solución de conflictos: (1) la autocomposición de acuerdo con la cual “las partes pueden abordar la solución del conflicto, ya sea comunicándose e intercambiando propuestas directamente —y en este caso estamos ante una negociación—, o bien con la intervención de un tercero neutral e imparcial que facilita y promueve el diálogo y la negociación entre ellas —y en ese evento nos encontramos ante la mediación, en cualquiera de sus modalidades”(23); (2) que se vierta en “un documento que por imperio de la ley hace tránsito a cosa juzgada y, por ende, obligatorio para éstas”(24); y, (3) tiene dos acepciones: “una jurídico procesal, que lo identifica o clasifica como un mecanismo extrajudicial o trámite procedimental judicial que persigue un fin específico; y otra jurídico sustancial que hace relación al acuerdo en sí mismo considerado. Bajo estar dos acepciones son las partes las que en ejercicio de su libertad dispositiva deciden voluntariamente si llegan o no a un acuerdo, conservando siempre la posibilidad de acudir a la jurisdicción, es decir, a los órganos del Estado que constitucional y permanentemente tienen la función de administrar justicia para que en dicha sede se resuelva el conflicto planteado”(25).

En tanto que la jurisprudencia de la Sección Tercera la “decisión frente a la aprobación de la conciliación está íntimamente relacionada con la terminación del proceso; si se trata de una conciliación judicial y ésta es aprobada, el auto que así lo decide pondrá fin al proceso; si en el auto no se aprueba la conciliación esa providencia decide sobre la no terminación del proceso, dado que la no aprobación impide la finalización del mismo”(26). A dicha posición se agrega por la jurisprudencia que de la “misma manera que la transacción, la conciliación es un negocio jurídico en el que las partes terminan extrajudicial o judicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. La validez y eficacia de ese negocio jurídico en asuntos administrativos, está condicionada a la homologación por parte del juez quien debe ejercer un control previo de la conciliación con miras a verificar que se hayan presentado las pruebas que justifiquen la misma, que no sea violatoria de la ley o que no resulte lesiva para el patrimonio público en la medida en que la ley establece como requisito de validez y eficacia de la conciliación en asuntos administrativos la previa aprobación u homologación por parte del juez, hasta tanto no se produzca esa aprobación la conciliación no produce ningún efecto y por consiguiente las partes pueden desistir o retractarse del acuerdo logrado, no pudiendo por tanto el juez que la controla impartirle aprobación u homologarla cuando media manifestación expresa o tácita de las partes o una ellas en sentido contrario”(27).

Finalmente, la Sección Tercera considera en su jurisprudencia que “el sólo acuerdo de voluntades de las partes o el reconocimiento libre y espontáneo que alguna de ellas manifieste en torno de las razones de hecho y de derecho que contra ella se presenten, si bien es necesario no resulta suficiente para que la conciliación sea aprobada en materia Contencioso Administrativa, puesto exige el legislador que, al estar de por medio los intereses y el patrimonio público, el acuerdo conciliatorio deba estar soportado de tal forma que en el momento en el cual se aborde su estudio, al juez no le quepan dudas acerca de la procedencia, la legalidad y el beneficio —respecto del patrimonio público— del mencionado acuerdo conciliatorio. Así las cosas, cualquier afirmación —por más estructurada y detallada que este sea— por medio de la cual se reconozca un derecho como parte del objeto del acuerdo conciliatorio y que genere la afectación del patrimonio público, debe estar debidamente acreditada mediante el material probatorio idóneo que produzca en el juez la convicción de que hay lugar a tal reconocimiento”(28).

Siguiendo el lineamiento teórico antes expuesto, se tiene que el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto de 26 de abril de 2011(29) aprobó acuerdo conciliatorio parcial entre los demandantes y la Fiscalía General de la Nación, consistente en reconocer y pagar las siguientes sumas de dinero:

• Perjuicios Morales

A. Héctor Iván Posada Betancur, el equivalente al 80% de la tercera parte (1/3) de 80 smlmv, es decir 21.33 smlmv.

B. Nidia Yaneth Uribe Taborda, el equivalente al 80% de la tercera parte (1/3) de 30 SMLMV, es decir 8 smlmv.

C. Estefanía Posada Uribe, el equivalente al 80% de la tercera parte (1/3) de 30 smlmv, es decir 8 smlmv.

D. Mariela Betancur, el equivalente al 80% de la tercera parte (1/3) de 30 smlmv, es decir 8 smlmv.

• Perjuicios materiales

Modalidad de lucro cesante al señor Héctor Iván Posada Betancur la suma equivalente al 80% de la tercera parte (1/3) de $19.419.791, es decir $5.178.610,93.

En la misma providencia se ordenó la renuncia de solidaridad, además de dar por terminado el proceso en relación con la parte demandada Fiscalía General de la Nación y continuar el proceso respecto a las demás entidades condenadas Nación - Policía Nacional - Consejo Superior de la Judicatura.

El referido auto de aprobación no fue objeto de impugnación por ninguna de las partes en el proceso, ni por el Ministerio Público que lo encontró ajustado a las exigencias legales.

De acuerdo con lo anterior, la Sala no puede hacer pronunciamiento alguno respecto a la decisión judicial ejecutoriada y contenida en el auto de aprobación, ya que ha operado en cuanto a dicho extremo de la Litis, en este caso en concreto frente a la Fiscalía General de la Nación, la cosa juzgada [conforme lo consagra el artículo 66 de la Ley 446 de 1998].

1.2. Legitimación en la causa por pasiva.

La Sala procede analizar, como presupuesto procesal previo, la legitimación en la causa en cabeza de la Policía Nacional dentro del plenario.

Para el efecto, seguirá los lineamientos trazados por la Sección tercera en Sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013(30) en torno a la legitimación por pasiva y a la representación judicial de la Nación.

“En lo que se refiere al proceso contencioso administrativo, se pueden constituir como partes, las personas jurídicas de derecho público, pues su capacidad para ser parte del proceso proviene de su personería jurídica, a contrario sensu, las entidades u órganos que carecen de tal atributo no pueden ser parte procesal, salvo que exista una ley que autorice de manera expresa su habilitación procesal. Por ende, cuando se está en presencia de hechos que se dirigen a uno de los órganos del Estado, carentes de personería, el daño debe ser imputado a la persona jurídica de la que aquél hace parte, que en muchos casos es la Nación, que es la persona jurídica de derecho público por antonomasia.

Por otro lado, la capacidad para comparecer al proceso es el equivalente procesal de la capacidad de ejercicio del derecho sustancial. En lo que concierne a las personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, siempre deberán acudir al proceso por medio de su representante legal, no obstante, esto no significa que carezcan de legitimación para actuar por sí mismas, y que su capacidad procesal deba ser suplida por su representante.

La legitimación en la causa por pasiva, en el proceso contencioso administrativo, necesariamente debe entenderse a la luz del concepto de capacidad para ser parte. En otros términos, la falta de legitimación por pasiva sólo puede predicarse de las personas que tienen capacidad para ser parte en el proceso, y no de los órganos o de los representantes de éstos que acuden al proceso en nombre de la persona jurídica de derecho público. Así, es claro que en los casos en los que se demanda a la Nación, pero ésta no estuvo representada por el órgano que profirió el acto o produjo el hecho, sino por otra entidad carente de personería jurídica, no se está en presencia de falta de legitimación en la causa, sino de un problema de representación judicial.

Mutatis mutandi, cuando se demanda a la Nación por un perjuicio causado por la Fiscalía General de la Nación, y aquélla acude al proceso representada por la Rama Judicial, esto es, el Director Ejecutivo de la Administración Judicial, no estamos ante un problema de falta de legitimación por pasiva, que conllevaría a una sentencia que no resuelve sobre el fondo del asunto, sino ante uno de representación judicial de la Nación, que es la persona que hace parte de la relación jurídico-procesal, debido a el actuar de uno de su órganos”.

Pues bien, para en caso que atañe a la Subsección, la demanda se ha dirigido contra La Nación con fundamento en actuaciones de órganos, todos pertenecientes a la estructura de esta persona jurídica (la Nación), si bien dos de ellos (la Fiscalía y el Juzgado Regional de Medellín) forman parte de la rama judicial, y otro, el Grupo GAULA de la Policía, forma parte de la rama ejecutiva.

Por tanto, la legitimación por pasiva recae en La Nación, y las excepciones que han sido propuestas por algunos de estos órganos con base en la atribución recíproca de responsabilidad en los hechos, han de resolverse como problemas atinentes a la debida representación de esta persona moral, todo con apoyo en el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, fuente de derecho positivo que regula el tema de la representación judicial de la Nación.

Ahora bien, el caso sub iudice se ha estructurado a partir de una fundamentación fáctica que endilga actuaciones reprochables a órganos de la Fiscalía, a órganos de la Policía, y a miembros de la organización judicial, por manera que la representación judicial de la Nación concierne a la persona de mayor jerarquía en relación con cada uno de estos órganos. Para el caso, en cuanto hace relación a los actos que se reprochan a la Policía, la representación está en cabeza del Ministro de Defensa; y en cuanto respecta a los reproches que se hacen a la labor del Juzgado Regional de Medellín, la representación de la Nación estará en cabeza de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Estas autoridades acuden al proceso para dar respuesta a los hechos que se endilgan a los órganos que dirigen, pero en estricto sentido procesal, las dos acuden al proceso a representar a la persona jurídica de la que forman parte los respectivos órgano, esto es, a la Nación, ente que tiene la capacidad para ser parte y para comparecer al proceso.

Luego, en cuanto al proceso ha sido vinculada como demandada la persona jurídica Nación, no encuentra la Sala fundamento en la excepción de falta de legitimación por Pasiva propuesta por la representación de la Nación - Ministerio de Defensa Policía Nacional.

Respecto de la excepción por falta de debida representación que habría de entenderse subyacente en la argumentación entregada como soporte de la referida excepción, tampoco encuentra motivo de prosperidad habida cuenta que la parte demandante ha señalado al GAULA, tanto como al Juzgado Regional de Medellín, como autores de conductas que califica como reprochables, y respecto de las cuales, concierne a los respectivos representantes judiciales de la Nación, el ejercicio del derecho de defensa en el juicio de imputación.

2. Sobre la prueba de los hechos.

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño.

El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en el hecho de la privación injusta de la libertad que padeció el señor Héctor Iván Posada Betancur en su libertad física, en su honra, lo que le produjo un daño antijurídico que ni Héctor Posada Betancur, su señora madre, esposa e hija ni sus parientes más cercanos estaban obligados a soportar.

La afrenta a la libertad física de Héctor Iván Posada Betancur, está demostrada con los siguientes documentos —copias simples— que se allegaron al proceso:

• Ante la Unidad Investigativa de Policía Judicial GAULA 2. De Medellín, la señora Ana Gloria López Baena formuló denuncia penal contra desconocidos por el presunto delito de extorsión en donde aparecía como víctima la señora María Libia Baena de López.

• En desarrollo de la denuncia formulada, la Fiscalía Regional Delegada 76 dio apertura a investigación previa, ordenando el rastreo de llamadas telefónicas.

• Como resultado de las pesquisas adelantadas por esos hechos por la Dirección Anti —Secuestro y Extorsión— Grupo de Acción Unificada por la Liberación Personal GAULA 2 - Medellín, el 28 de julio de 1997, fue aprehendido en flagrancia junto con otro sujeto, al señor Héctor Iván Posada Betancur “en momentos que realizaban una llamada extorsiva”.

• El 13 de agosto del mismo año la Fiscalía Regional Delegada de Medellín, le definió su situación jurídica, imponiéndole medida de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, sindicado como coautor del delito de extorsión en su modalidad de tentativa.

• El 13 de marzo de 1998 la misma Fiscalía profiere resolución de acusación a Posada Betancur por el hecho punible antes mencionado.

• El 27 de octubre de 1998, el Juzgado Regional de Medellín dictó sentencia absolutoria a su favor en aplicación del principio in dubio pro reo.

• El 27 de enero de 1999, el Tribunal Nacional - Sala de Decisión dispuso confirmar la sentencia absolutoria y ordenó su libertad inmediata.

2.2. Sobre la imputación.

Se encuentra debidamente probado, a través de prueba documental antes relacionada y no controvertida, consistente en copia de documentos públicos, que con base en estudios de inteligencia adelantados por personal del GAULA, Héctor Iván Posada Betancur fue vinculado a un proceso penal por el punible de Extorsión, en modalidad de TENTATIVA. Que en el referido proceso se dictó medida de aseguramiento en su contra, y consecuentemente, fue privado de su libertad, desde el 28 de julio de 1997 hasta el 27 de enero de 1999 por órdenes de la Fiscalía General de la Nación. Se encuentra también probado que en su contra se profirió resolución acusatoria el 13 de marzo de 1998, resolución que tiene su fuente orgánica en la misma Fiscalía, y que finalmente fue absuelto por un Juzgado Regional de Medellín, decisión que fue confirmada por el Tribunal Nacional Sala de Decisión en aplicación del principio de in dubio pro reo.

Compete a la Sala verificar si el daño que injustamente soportó Héctor Iván Posada es imputable a la Nación a consecuencia de los hechos endilgados al personal adscrito al grupo GAULA, y al Juzgado Regional de Medellín, o si por el contrario, este daño debe imputarse a la Nación por razón de los hechos autoría de los órganos de la Fiscalía General de la Nación.

De conformidad con el artículo 312, 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal - Decreto 2700 de 1991, vigente para la época de los hechos, en los casos de flagrancia, los servidores públicos en ejercicio de funciones de policía Judicial podían ordenar y practicar pruebas sin que se requiriera providencia previa. Con base en la misma normativa, iniciada la investigación por quienes ejercieran funciones de policía judicial, éstos debían dar aviso a la unidad de fiscalías para que asumiera el control y dirección de la investigación previa, de modo que una vez iniciada la instrucción, la Policía judicial sólo actuaría por orden del Fiscal, en los términos del artículo 313 de la normatividad en comento. Finalmente, a términos de lo dispuesto por el artículo 317 ibidem, cuando en atención a las actuaciones de los órganos de policía judicial existiera mérito para vincular a una persona, estos debían hacer entrega de las diligencias a la Unidad de Fiscalías.

En el sub examine está probado que el Grupo de Dirección Anti Secuestro y Extorsión Grupo de acción Unificada GAULA, que realizó la captura del señor Héctor Iván Posada Betancur, no actuó por su propia cuenta, sino que lo hizo bajo el mando de la Fiscalía General de la Nación quien adelantaba la investigación, y a cuyo cargo estuvo la orden de interceptación de las llamadas telefónicas que a la postre condujeron a la aprehensión del citado señor por el Grupo GAULA.

Por tanto, los policiales obraron como un instrumento auxiliar de la Fiscalía General de la Nación, organismo que adelantó toda la investigación penal, recibió las actuaciones adelantadas por estos órganos auxiliares, analizó y halló mérito en la prueba, profirió la medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, e igualmente dictó la resolución de acusación en contra del encartado.

En lo que atañe a la actuación del Juzgado Regional de Medellín, la Sala observa que ésta se llevó a efecto con sujeción a lo dispuesto por los artículos 444 y siguientes del código de procedimiento penal vigente. El Juzgado adquirió competencia con la ejecutoria de la resolución de acusación, corrió traslado a los sujetos procesales para la preparación de la audiencia pública, y una vez vencido aquel, fijó fecha y hora para la realización de la audiencia de juzgamiento. Finalmente, y como consecuencia de las resultas del juzgamiento, fue el Juez quien protegió el derecho fundamental a la libertad de Héctor Iván Posada Betancur, al absolverlo de los cargos que se le imputaban por parte de la Fiscalía General de la Nación., decisión confirmada posteriormente por el Tribunal Nacional Sala de Decisión, en aplicación del principio de in dubio pro reo.

En consecuencia, en el caso de autos, la Sala considera que es en razón de los actos imputables a la Fiscalía General de la Nación que hay lugar a derivar responsabilidad a cargo de la Nación por causa de la privación de la libertad de Héctor Iván Posada Betancur, por cuanto fue en cabeza de sus órganos y no en la Policía Nacional, ni en el Juzgado regional de Medellín, en quienes recayó la facultad de definir la situación jurídica del procesado, tanto como la competencia para calificar el mérito de la investigación con formulación de acusación en su contra, y para ordenar que se le mantuviera privado de libertad hasta tanto se resolviera en forma definitiva el asunto de su responsabilidad penal, como lo hizo el Juzgado, con la absolución del enjuiciado.

No obstante lo anterior, se tiene que en el presente proceso tal y como se estableció en el punto 1.1 de la presente providencia, la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación llegaron a un acuerdo conciliatorio el cual se encuentra ejecutoriado y debe ser respetado y acatado; por lo tanto esta Sala no entrara a valorar la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación en el caso de autos, pues respecto a dicha entidad el proceso se encuentra finalizado.

3. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. REVOCAR la Sentencia proferida el 23 de agosto de 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, y en su lugar se dispone:

NEGAR las pretensiones de la demanda formulada respecto de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, por las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia.

2. Ejecutoriada esta sentencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

21. Corte Constitucional, Sentencia C-165 de 29 de abril de 1993. “La conciliación es no solo congruente con la Constitución del 91, sino que puede evaluarse como una proyección, en el nivel jurisdiccional, del espíritu pacifista que informa a la Carta en su integridad. Porque, siendo la jurisdicción una forma civilizada y pacífica de solucionar conflictos, lo es más aún el entendimiento directo con el presunto contrincante, pues esta modalidad puede llevar a la convicción de que de la confrontación de puntos de vista opuestos se puede seguir una solución de compromiso, sin necesidad de que un tercero decida lo que las partes mismas pueden convenir”. Corte Constitucional, Sentencia C-598 de 2011. “La conciliación como mecanismo de resolución extrajudicial de resolución de conflictos se ha definido como ‘un procedimiento por el cual un número determinado de individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para componerla con la intervención de un tercero neutral –conciliador- quién, además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo y [sic] imparte su aprobación. El convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que concilian’. La nota característica de este mecanismo de resolución de conflictos es la voluntariedad de las partes para llegar a la solución de su controversia, pues son ellas, ayudadas por el conciliador que no tiene una facultad decisoria, quienes presentan las fórmulas de acuerdo con las que se espera poner fin a sus divergencias. Es, entonces, un mecanismo de autocomposición porque son las partes en conflicto y no un tercero, llámese juez o árbitro, quienes acuerdan o componen sus diferencias”.

22. “(…) En relación con las materias propias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la ley igualmente precisa los supuestos a los cuales les es aplicable, en lo previsto en sus artículos 59 a 65, regulando igualmente la conciliación prejudicial y judicial. En efecto, se podrá conciliar, en las etapas prejudicial o judicial sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción contencioso-administrativa se ventilarían mediante las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa, y sobre controversias contractuales (art. 59). A diferencia de las previsiones de la ley en asuntos laborales, en los contencioso-administrativos la conciliación prejudicial no es obligatoria, como requisito de procedibilidad (art. 60).
En el artículo 65 de la Ley 23, se dispone que cuando no se haya intentado conciliación prejudicial, sólo autorizada a partir de esa ley, "en el auto en que la admita" (la demanda), el Magistrado o Consejero ordenará al fiscal adelantar la conciliación. Luego se trata de los procesos contencioso-administrativos en ejercicio de las acciones contenidas en los artículos 85, 86 y 87 del C.C.A., y, que se inicien con posterioridad al 21 de marzo de 1991, en los que se surtirá, según el caso, en la etapa denominada judicial, la conciliación en este tipo de acciones”; Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 9 de junio de 1993.

23. Corte Constitucional, Sentencia C-1195 de 2001. “[…] Si bien el término conciliación se emplea en varias legislaciones como sinónimo de mediación, en sentido estricto la conciliación es una forma particular de mediación en la que el tercero neutral e imparcial, además de facilitar la comunicación y la negociación entre las partes, puede proponer fórmulas de solución que las partes pueden o no aceptar según sea su voluntad”.

24. Corte Constitucional, Sentencia C-598 de 2011.

25. Corte Constitucional, Sentencia C-598 de 2011. “[…] Entendida así, la conciliación debe ser asumida como un mecanismo que también hace efectivo el derecho a la administración de justicia, aunque sea ésta menos formal ni un dispositivo que tenga como fin principal la descongestión judicial, pues si bien ésta se convierte en una excelente alternativa para enviarla, no se le puede tener ni tratar como si ésta fuera su única razón de ser”.

26. Sección Tercera, Auto de 24 de agosto de 1995, expediente 10971.

27. Sección Tercera, Auto de 1 de julio de 1999, expediente 15721; de 3 de marzo de 2010, expediente 26675.

28. Sección Tercera, Auto de 3 de marzo de 2010, expediente 37644.

29. Fl.337- 346 Cdno. Ppal.

30. Consejo de Estado, Sección tercera, Radicación número: 2500023260001997503301, Sentencia de fecha: 25 de septiembre de 2013, actor: Gabriel Barrios Castelar y Otros, Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.