Sentencia 2001-00195 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 63001-23-31-000-2001-00195-01(25086)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Obdulio Trujillo Alzate y otro

Demandado: Instituto Nacional de Vías, Invías

Referencia: Acción de reparación directa (apelación sentencia).

Bogotá, D.C., treinta de enero de mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Presupuestos procesales previos.

1.1. Competencia.

En atención a lo previsto en los artículos 120 del Código Contencioso Administrativo y 1 del Acuerdo 55 de 2003, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia de 2 de abril de 2003 proferida en el presente asunto por el Tribunal Contencioso Administrativo de Quindío.

Adicionalmente, como quiera que la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación tuvieron lugar para el año 2003, la norma aplicable, a efectos de determinar la segunda instancia, es el Decreto 597 de 1988, el cual señalaba que para el año 2001, fecha de presentación de la demanda, la cuantía mínima para que un proceso en acción de reparación directa fuere susceptible del recurso de apelación era de $ 26.390.000, la cual se determina por el valor de las pretensiones sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad al libelo introductorio. En el caso concreto la pretensión mayor fue por concepto del valor de uno de los inmuebles destruidos equivalente $200.000.000, cuantía ésta que supera la exigida para el recurso de apelación.

2. Objeto de la apelación.

En primer lugar, la Sala observa que las pretensiones de la demanda están dirigidas a que se declare al Invías administrativa y patrimonialmente responsable de la irregular y total demolición de los inmuebles identificados con las matriculas 280-0029720 y 280-0029729, correspondientes al local 101 y apartamento 401 que estaban ubicados en la calle 22 Nº 14-33 y 14-39, Edificio Las Vegas, de propiedad de Marcela Botero Londoño, y el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 280-0031851, correspondiente al consultorio 401, ubicado en la calle 22 Nº 14-33, Edificio Las Vegas, propiedad de Obdulio Trujillo Alzate.

Asimismo, la parte demandante pretende demostrar que los citados inmuebles fueron demolidos irregularmente por el Invías y como consecuencia de ello, se le causó un daño que no está en el deber de soportar.

Ahora bien, como se especificó anteriormente el a quo negó las pretensiones de la demanda por considerar que no se acreditó la propiedad de los inmuebles sobre los cuales recayeron los daños invocados, pues consideró que los certificados de libertad y tradición allegados por la parte actora no son suficientes para acreditar el derecho real de dominio, de conformidad con los presupuestos fijados para este efecto por la legislación civil, es decir, no se acreditaron el título y el modo.

Al respecto, la parte actora argumentó mediante recurso de apelación que tales certificados si son idóneos para demostrar el dominio sobre los bienes demolidos, de forma que será este el primer aspecto a resolver en el presente proveído.

3. Legitimación en la causa por activa - Reiteración jurisprudencial.

En sentido amplio, la jurisprudencia constitucional ha definido la legitimación en la causa como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(18), de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, el juez no puede adoptar una decisión favorable a las pretensiones o a las excepciones de la demanda, según se trate del demandante o del demandado(19).

Lo anterior se ratifica en el precedente de la Sala, según el cual:

“La legitimación en la causa —legitimatio ad causam— se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista”(20).

La Sala(21) ha explicado en múltiples oportunidades que en los juicios ordinarios existe legitimación en la causa de hecho y legitimación en la causa material, de modo que, la legitimación de hecho se entabla con la relación procesal entre el demandante y el demandado a través de las pretensiones, es decir, tal relación tiene origen en la demanda y en su notificación personal al demandado; y por su parte, la legitimación material se refiere a la participación real en el hecho que origina la presentación de la demanda, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio(22).

De lo anterior se colige claramente que “todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda”(23). En pronunciamiento reciente, se reiteró la anterior posición en los siguientes términos:

“Con lo anterior, puede suceder que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores”(24).

Por tanto, “Puede ocurrir entonces que la afirmación de hecho en la demanda y a términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, de que la parte demandante se crea “interesada” (legitimación de hecho en la causa) no resulte cierta en el proceso, y por lo tanto no demuestre su legitimación material en la causa”(25).

En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa material, entendida como la relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, la Sala encuentra que constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una u otra parte.

En este orden, es presupuesto sustancial(26) de la sentencia favorable a las pretensiones o excepciones de la demanda que exista “identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada”(27).

Asimismo, la Sala ha manifestado que la falta de legitimación en la causa material no es una excepción de fondo que se oponga a la prosperidad de las pretensiones, no obstante, la falta de prueba del derecho para formular determinadas pretensiones faculta al juez a absolver a la parte demandada, así:

“La legitimación en la causa puede ser de hecho o material, siendo la primera aquella relación que se establece entre las partes por razón de la pretensión procesal, es decir de la atribución de una conducta que el demandante hace al demandado en su demanda, mientras que la segunda, corresponde a la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas o hayan demandado o que hayan sido demandadas, por lo cual la ausencia de esta última clase de legitimación, por activa o por pasiva, no constituye una excepción de fondo porque no enerva la pretensión procesal en su contenido. La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado; el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se los atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”(28).

Esta corporación ha sostenido que la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones.

Entendido así el concepto de legitimación en la causa, es evidente que cuando ella falte, bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada(29).

En consecuencia, como la legitimación en la causa es un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable en relación con las pretensiones de la parte actora, por ende, es menester determinar si los demandantes allegaron la prueba conducente sobre la calidad con que se presentaron al proceso, que, para el caso concreto, es la de copropietarios de los inmuebles afectados con la demolición; pues de lo contrario, no estarían legitimados para reclamar perjuicios por los daños que adujeron(30).

4. Prueba de la propiedad sobre bienes inmuebles - Reiteración jurisprudencial.

En el caso de los bienes inmuebles, se entiende que tienen interés jurídico y, en consecuencia, están legitimados en la causa por activa para reclamar la indemnización del presunto daño antijurídico alegado, el legítimo tenedor, el poseedor o el propietario, e usufructuario, entre otros, siempre que su derecho se vea perjudicado, calidad que deberán invocar en el escrito introductorio y acreditar plenamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en el cual, incumbe a las partes probar los presupuestos de hecho o la calidad en que fundamentan sus pretensiones.

En el sub lite, la parte demandante alegó la copropiedad de los bienes inmuebles que presuntamente fueron demolidos, por consiguiente, corresponde a ésta demostrar la existencia del derecho real alegado en cabeza suya.

En tratándose del derecho real de dominio, el sistema civil colombiano requiere para su perfeccionamiento que converjan el título y el modo, es decir, que para radicar la propiedad en cabeza de alguien, es necesario, en primer lugar, que exista un título(31) otorgado con la finalidad de transferir el dominio de una persona a otra, y, posteriormente, que esa transferencia se perfeccione mediante la efectiva entrega o tradición de la cosa. Recogiendo las definiciones ofrecidas por el profesor José J. Gómez, la honorable Corte Suprema de Justicia ha precisado:

“como se sabe, en el derecho civil se distinguen claramente las nociones de título y modo. Así, el primero es el hecho del hombre o la sola ley que establece obligaciones o lo faculta para la adquisición de los derechos reales, conforme lo ha establecido desde antiguo la doctrina universal, al paso que el segundo es la manera como se ejecuta o realiza el título. Y en virtud de estos dos fenómenos los particulares pueden adquirir el derecho de dominio sobre las cosas”(32).

De acuerdo con lo anterior, el derecho real nace de la suma de dos momentos, el primero de ellos, la formación del título que en tratándose de bienes inmuebles, la Sala ha considerado en múltiples oportunidades que el derecho real de dominio sobre este tipo de bienes es de los pocos derechos subjetivos que el legislador somete a tarifa legal, esto es, al cumplimiento de unas solemnidades ad substantiam actus que exigen a su titular ciertas formas documentales para el perfeccionamiento y prueba de los actos jurídicos que involucren la adquisición y transmisión de los mismos.

Al respecto debe observarse que dicho título, el cual puede estar contenido en un contrato, necesariamente celebrado mediante escritura pública(33), según lo dispone el artículo 12 del Decreto 960 de 1970(34), o en un acto administrativo o judicial, sólo constituyen fuente de obligaciones, y por lo tanto no tienen la virtud, per se, de transferir el derecho real de dominio, como sí la tradición(35), que es, precisamente, donde se presenta un segundo momento, correspondiente a la verificación del modo(36).

La tradición(37), como modo de adquirir el dominio de un bien inmueble se efectúa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 756 del Código Civil, por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que corresponda de acuerdo con el lugar de ubicación del bien raíz, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto-Ley 1250 de 1970 - Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, que en su artículo 2º sujetó a registro todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario(38); previendo, entonces, que la inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos, si bien entre sus funciones contempla la relativa a los efectos de publicidad y oponibilidad frente a terceros(39) de los negocios jurídicos cuyo objeto recae sobre un bien inmueble, su función esencial es la constitutiva de derechos reales, cuando de ellos se trata.

Al respecto, vale la pena referirse a los principios que rigen el valor jurídico de las anotaciones o inscripción en el registro de la propiedad, a saber “declarativo(40) o constitutivo” entendiendo por inscripción declarativa

“aquella que no tiene más efecto que publicar una alteración jurídica (…) que se ha producido en la vida real antes de la inscripción; ella se limita a recoger los elementos jurídicos que dan vida al derecho real, sin añadir un valor especial por sí misma. El derecho real nace y existe fuera del registro, y las inscripciones que en él se practican se refieren a derechos reales ya existentes, razón por la que carece de toda eficacia para el nacimiento, existencia y validez del mismo. La inscripción asume el valor de simple medio exteriorizador o de publicidad de una transferencia o gravamen ya operado en la realidad jurídica, no hace más que declarar un cambio jurídico patrimonial que ha ocurrido fuera del registro”(41).

Por el contrario, la inscripción es constitutiva cuando conlleva el nacimiento del derecho real, es decir, que ella origina la propiedad en cabeza del adquirente, en este sentido el citado autor la define:

“la inscripción es constitutiva cuando produce el nacimiento, transmisión, modificación o extinción de los derechos reales (…). El registro es la institución que de la vida a los derechos reales mediante formas esenciales para el nacimiento de los mismos. La inscripción asume el valor de factor, elemento o requisito indispensable para que el titulo traslaticio de dominio o constitutivo produzca ese efecto. El asiento no sirve únicamente para exteriorizar la existencia de una transmisión o gravamen, sino que también concurre como un elemento esencial para que el fenómeno traslaticio o constitutivo tenga lugar en la vida jurídica. Es decir, es requisito sine qua non para que se produzca el cambio en el derecho real”(42).

Hechas las anteriores precisiones, la Sala itera que respecto al título, en atención a la solemnidad de los contratos cuyo objeto es un bien inmueble, los medios para demostrar su existencia están supeditados a una tarifa legal, de modo que el juez no puede admitir todos los medios de prueba y valorarlas según su ciencia y conocimiento hasta obtener la acreditación de la existencia del contrato, pues, como se vio, el ordenamiento legal ha establecido para su formación y perfeccionamiento el otorgamiento de escritura pública que contenga la voluntad de las partes y los elementos esenciales del negocio, de manera que sólo mediante éste instrumento podrá probarse la existencia de un contrato cuyo objeto es un bien raíz, así lo estipula el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, que limita la eficacia del testimonio al establecer que este medio probatorio no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato, en concordancia con el 265 ibídem que estatuye que el instrumento público ad substantiam actus no puede suplirse por otra prueba, y el 1760 ibídem que establece que la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad, por lo cual, se equivoca el apelante al afirmar que el certificado de libertad y tradición que expide la oficina de registro de instrumentos públicos suple la prueba del instrumento público, pues éste si bien prueba la tradición no prueba el título.

Así las cosas, resulta indispensable aportar la escritura pública contentiva del contrato por medio del cual nació la obligación de dar (tradir el bien) y el certificado de registro o de tradición y libertad del inmueble que dé cuenta de la inscripción de la respectiva escritura, constitutiva de tradición(43). Es decir, la propiedad de un bien de esa naturaleza se acredita con la escritura pública (título) y con la inscripción de esta en la oficina de instrumentos públicos del lugar donde se ubica el inmueble (modo) y en el evento de omitirse alguno de estos dos elementos, se dará por entendido que la propiedad no se encuentra acreditada.

5. Caso concreto.

Reitera la Sala que en el sub lite, los demandantes concurrieron al proceso alegando su condición de copropietarios de los inmuebles, presuntamente, demolidos irregularmente, pero entre los documentos que aportaron para acreditar tal condición no se allegaron las copias auténticas de los títulos traslaticios de dominio, por lo cual, siguiendo los postulados legales antes señalados y la jurisprudencia de la corporación, debe afirmarse que el derecho real invocado sobre los bienes objeto de debate judicial no fue plenamente acreditado, corolario de lo cual debe confirmarse la sentencia de primera instancia, por cuanto, las declaraciones allí contenidas se ajustan a los mandatos legales, considerando esta instancia enteramente acertados los argumentos del a quo.

En consecuencia, la Sala considera que los demandantes no probaron la calidad con la que actuaron y la falta de dicho presupuesto material conduce obligatoriamente a una sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demanda, dado que no se acreditó el título por medio del cual los inmuebles ingresaron a su patrimonio(44), circunstancia que a su vez impide la verificación del modo.

Adicionalmente, la Sala no puede adjudicarle a la parte demandante una condición diferente a la que ella misma alegó en la demanda, pues ello implicaría sustituir la causa petendi de la acción, es decir, modificar los hechos en que se sustenta la demanda, desconociendo el principio del debido proceso, sacrificando el derecho de defensa de la parte contraria y atentando contra la congruencia que debe existir en sus sentencias(45).

En definitiva, en el sub lite se encuentra probada la ausencia de legitimación material-sustantiva en la parte activa, ya que quienes impetran la demanda no probaron la calidad con la que concurrieron al proceso, pues para la Sala resulta evidente que los demandantes no probaron ser los titulares del derecho de dominio sobre los bienes inmuebles de que trata la demanda(46).

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Confírmese la sentencia de 2 de abril de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío(47), mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas

3. Devuélvase el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(18) Corte Constitucional, Sentencia C-965 del 21 de octubre de 2003.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 2011, expediente 20146.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, expediente 16271.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de junio de 2000, expediente 10.171; sentencia del 20 de septiembre de 2001, expediente 10.973; sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 13.356; sentencia del 17 de junio de 2004, expediente 14.452; sentencia del 28 de abril de 2005, expediente 4178; sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 15.352; sentencia del 31 de octubre de 2007, expediente 13.503; sentencia del 30 de marzo de 2011, expediente 33.238; sentencia del 8 de junio de 2011, expediente 19.573; sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 16.703.

(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 21 de septiembre de 2011, expediente 20705.

(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, expediente 14452, C.P. María Elena Giraldo.

(24) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “… si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Sentencia del 20 de septiembre de 2001, expediente 10973. En este sentido véase también la sentencia del 19 de agosto de 2011, expediente 19237.

(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, expediente 13444.

(26) “(…) una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada” en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 1º de marzo de 2006, expediente 13764, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de octubre de 1990, expediente 6054.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, expediente 18163, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Puede verse también: sentencia del 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez y sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 13356, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(29) Sentencia del 23 de octubre de 1990, expediente 6054.

(30) En este sentido véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, expediente 19.611, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(31) En los términos del profesor José J. Gómez, el título “es el hecho del hombre generador de obligaciones o la sola ley que lo faculta para adquirir el derecho real de manera directa. (Bienes, Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 1981, pág. 159.

(32) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 9 de junio de 1999, radicación 5265, M.P. Pedro Lafont Pianetta.

(33) De acuerdo con la definición dada por el artículo 13 del Estatuto de Notariado y Registro, la escritura pública es el instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos, emitidas ante el notario, con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo. El proceso de su perfeccionamiento consta de la recepción, la extensión, el otorgamiento y la autorización

(34) Actos que requieren solemnidad. Deberán celebrarse por escritura pública todos los actos y contratos de disposición o gravamen de bienes inmuebles, y en general aquellos para los cuales la ley exija esta solemnidad.

(35) Providencia de 10 de marzo de 2005, M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar.

(36) También el profesor José J. Gómez ofrece como definición de modo “es la forma jurídica mediante la cual se ejecuta o realiza el título, cuando este genera la adquisición de los derechos reales” (obra ibíd.).

(37) De conformidad con el artículo 740 del Código Civil, La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo.

Otra definición que ofrece suficiente claridad sobre el tema, es la presentada por el citado tratadista, quien la define como “la forma de cumplir las obligaciones de dar y consiste en la entrega que de la cosa sobre la cual recae el derecho debido, hace el deudor al acreedor”.

(38) “Así las cosas la tradición de los derechos reales constituidos cobre inmuebles se realiza mediante la inscripción del título correspondiente en la oficina de registro de instrumentos públicos”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 63001-23-31-000-1998-00622-00 (16980).

(39) En este sentido, el artículo 44 del Decreto 12550 de 1970, dispuso que, por regla general, ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtiera efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de dicha inscripción.

(40) No debe confundirse los efectos declarativos de las sentencias judiciales, con los de la institución del registro de la propiedad, pues las sentencias o fallos declarativos, constituyen un título declarativo que igualmente tendrá que cumplir con el modo-tradición para trasladar el derecho real.

(41) Eduardo Caicedo Escobar, Derecho Inmobiliario Registral, Bogotá, D.C., Editorial Temis S.A. 1997, págs. 40-41.

(42) Ibídem, ibídem, págs. 39-40.

(43) Al respecto, el artículo 43 del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos previó que ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tuviera mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro.

(44) Consejo de Estado, sentencia del 8 de julio de 2009, C.P. Miriam Guerrero de Escobar, expediente 17.002,

(45) Consejo de Estado, sentencia de 14 de mayo de 2009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 25.901; sentencia de 19 de agosto de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 20.651.

(46) Consejo de Estado, sentencia del 5 de julio de 2012, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 22873.

(47) Folios 89-96, cdno. 4.