Sentencia 2001-00196/19014 de noviembre 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2001-00196-01(19014)

Consejera ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Archie’s Colombia S.A.

Demandado: Distrito Capital – Secretaría de Hacienda.

Bogotá, D.C., noviembre seis de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

En los términos del recurso de apelación, decide la Sala si se ajustan a derecho los actos administrativos por medio de los cuales la demandada sancionó a Archie’s S. A., por irregularidades en la contabilidad.

Previo al análisis de fondo del presente asunto, es del caso advertir que en el recurso de apelación, la parte demandada formuló como uno de los cargos de la alzada la facultad fiscalizadora de la administración, cargo sobre el que el Tribunal negó las pretensiones de la demandante, pues consideró que la administración sí estaba facultada y tenía competencia para pedir la exhibición de los libros de contabilidad sin atención al periodo gravable que se estaba fiscalizando.

Por ende, y atendiendo al artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este proceso por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, que prescribe que el recurso de apelación se puede interponer por la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia, la apelación que sobre este aspecto formuló la demandada resulta improcedente, por lo que este cargo no se estudiará.

De acuerdo con lo anterior, debe analizarse si en este caso se configuran las irregularidades contempladas en los literales c) y f) del artículo 654 del estatuto tributario, esto es, “No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tributarias lo exigieren” y “Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros, y el último día del mes anterior a aquel en el cual se solicita su exhibición existan más de cuatro (4) meses de atraso”.

La sanción por irregularidades en la contabilidad fue impuesta en atención a la remisión que al estatuto tributario hizo el artículo 78 del Decreto Distrital 807 de 1993, cuyo tenor literal es el siguiente:

“SANCIÓN POR IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD. Cuando los obligados a llevar libros de contabilidad, incurran en las irregularidades contempladas en el artículo 654 del estatuto tributario nacional, se aplicarán las sanciones previstas en los artículos 655 y 656 del mismo estatuto”. 

El artículo 654 del estatuto tributario, norma a la que remite la disposición distrital, dispone:

ART. 654.—Hechos irregulares en la contabilidad. 

Habrá lugar a aplicar sanción por libros de contabilidad, en los siguientes casos: 

a) No llevar libros de contabilidad si hubiere obligación de llevarlos. 

b) No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere obligación de registrarlos. 

c) No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tributarias lo exigieren. 

d) Llevar doble contabilidad. 

e) No llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones. 

f) Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros, y el último día del mes anterior a aquél en el cual se solicita su exhibición, existan más de cuatro (4) meses de atraso. 

En el caso que se analiza, la administración impuso la sanción al considerar que se configuraban los supuestos sancionables descritos en los literales c) y f) transcritos.

Ahora bien, el artículo 779 del estatuto tributario, vigente para la época, establece la inspección tributaria como un medio probatorio que sirve para hacer una constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la administración tributaria.

En ejercicio de las amplias facultades de fiscalización de las que goza la dirección distrital de impuestos, que son las establecidas en los artículos 684, 684-1 y 684-2 del estatuto tributario (aplicables a este caso por remisión del artículo 80 del Decreto 807 de 1993), Esta puede ordenar a los contribuyentes la exhibición de los libros de contabilidad, para lo cual tienen un plazo de cinco días hábiles, si la notificación del auto que la ordena se hace personalmente, u ocho días, si se realiza por correo (D. 1354/1987, art. 2º).

La contabilidad también se constituye en una prueba que puede aducirse a favor del contribuyente, como lo establece el artículo 772 del estatuto tributario y es para la administración la fuente de información idónea para la correcta determinación de los tributos (artículos 15 de la Constitución Política, 684 y 775 del Estatuto tributario). Por lo anterior, llevar libros de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad y auditoría generalmente aceptadas, conservarla y ponerla a disposición de la administración, cuando Esta lo solicite, son deberes formales que debe cumplir el contribuyente.

En efecto, el artículo 632 del Estatuto tributario establece como uno de los deberes formales del contribuyente obligado a llevar los libros de contabilidad, el conservarlos por un periodo mínimo de cinco años(4), así como los comprobantes internos y externos que dieron origen a los registros contables. Esta misma norma determina que si la contabilidad se lleva en computador, se deben conservar los medios magnéticos que contengan la información, así como los programas respectivos.

De otra parte, esta Sala ha señalado(5) que las irregularidades contempladas en los literales d), e) y f) del artículo 654, a saber: llevar doble contabilidad, no llevar los libros de contabilidad en la forma que permita verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones y el atraso en el registro de las operaciones, inciden en forma directa en la determinación de los tributos y, por tanto, están vinculadas a un determinado periodo gravable.

Asimismo, ha indicado(6) que la inspección contable y la tributaria persiguen el mismo fin pero se diferencian en cuanto al objeto de la prueba, pues la primera se contrae a la contabilidad del contribuyente y, la última, versa sobre cualquier elemento que conduzca a la certeza de los hechos que se investigan.

De esta manera, con ocasión de la inspección tributaria, la administración puede pedir, entre otros elementos de juicio, la exhibición de los libros de contabilidad y de ello se puede generar la actuación administrativa que corresponda, con el fin de imponer las sanciones a que haya lugar por las irregularidades que encuentre, las que quedan registradas en el acta de la respectiva visita, la cual puede ser controvertida por el contribuyente.

En este caso, la exhibición de los libros de contabilidad se ordenó por auto del 12 de marzo de 2008(7), que fue notificado por correo el 26 de marzo del mismo año. La administración realizó la primera visita al contribuyente el 29 de abril de 2008 y en el acta que se levantó en esa oportunidad se consignó, entre otras cosas, lo siguiente: “La visita para revisión de libros oficiales de contabilidad se realizará el día 12 de mayo de 2008”(8) .

En efecto, la inspección a los libros de contabilidad, que fue atendida por la señora María Isabel Hernández, en calidad de contadora de la empresa, se realizó en esa fecha y como resultado de la misma se consignó en las respectivas actas(9) levantadas ese mismo día:

“Se revisaron libros oficiales de contabilidad mayor y balances y diario levantandose (sic) el acta correspondiente. Es de anotar que están a junio de 2007; el contribuyente manifiesta que demora 40 minutos imprimiendo cada mes. Se solicito (sic) revisarlos (sic) en el sistema los meses faltantes de 2007 así como el cierre 2007 lo cual no se permitió. El contribuyente manifesto (sic) que (sic) estados financieros 2007 fueron presentados a Supersociedades y Cámara de Comercio. 

En visita de fecha 29/04/07 los libros no se presentaron argumentando que (sic) meses de julio a diciembre de 2007 estaban en revisión de la revisoría fiscal.” 

“Los libros oficiales están a junio de 2007 impresos; en el sistema al momento de la visita no se pudo ver el cierre de 2007 ni el movimiento de los demás meses 2007.” 

Como el auto del 12 de marzo de 2008 fue notificado por correo el 26 de marzo del mismo año; en principio, la actora contaba con ocho días hábiles contados desde la notificación, para tener los libros a disposición de la autoridad tributaria. No obstante, la administración realizó la primera visita varios días después, el 29 de abril de 2008, fecha en que se le dijo al funcionario que no podían presentarlos porque estaban en la revisoría fiscal, por lo que se le anunció que la revisión de libros oficiales de contabilidad se realizaría el 12 de mayo de 2008.

Según lo consignado en el acta de esa visita, la del 12 de mayo de 2008, los libros de contabilidad estaban impresos hasta junio de 2007.

De los apartes del acta antes transcritos, se evidencia que la funcionaria de la Administración, ante la respuesta de que en el sistema se encontraban los registros posteriores a junio de 2007 y que la impresión correspondiente a cada uno de los meses demoraba cuarenta minutos, solicitó verlos, lo cual no se le permitió.

Extraña a la Sala que si se aseguró que la información estaba al día en el sistema, no se le permitiera verla a la funcionaria. Además, al firmar las actas, la contadora de la actora no dejó constancia de inconformidad alguna frente a lo consignado en esos documentos sobre la imposibilidad de ver los registros en el sistema.

Aunado a lo anterior, es innegable que la sociedad tuvo un tiempo más que suficiente para preparar la documentación que debía presentar a la administración en la fecha indicada, pues además del anuncio de la visita con ocasión del auto que le fue notificado con ese propósito, en la primera de las visitas realizadas le fue informada la fecha en que se llevaría a cabo la revisión de los libros de contabilidad, por lo que pudo prever las eventualidades que podían presentarse y la manera de solucionarlas prontamente.

Ante la irregularidad observada, la administración profirió el pliego de cargos del 12 de diciembre de 2008, en el que expuso el atraso en el diligenciamiento de los libros de contabilidad que se comprobó en la visita practicada, planteó la imposición de la sanción y le dio a conocer al contribuyente las opciones que tenía para reducirla.

Para desvirtuar las afirmaciones consignadas en las actas de visita, la demandante presentó las siguientes pruebas:

i) Acta de testimonio especial 16/10 suscrita por la Notaria Sexta del Círculo de Bogotá, D.C., de fecha 19 de julio de 2010, según la cual una vez verificados los dos software contables en los que se soporta la contabilidad de la demandante (SIIGO y SAP) se pudo establecer lo siguiente(10):

En cuanto a la verificación de la contabilidad en el software SIIGO dijo:

“…Con la base de datos verifiqué la siguiente información: 

1. MOVIMIENTO_JULIO_2007: última fecha de actualización de los registros contables 20071023. 

2. MOVIMIENTO_AGOSTO_2007: última fecha de actualización de los registros contables 20071108. 

3. MOVIMIENTO_SEPTIEMBRE_2007: última fecha de actualización de los registros contables 20071108. 

… Una vez imprimí el Libro Diario Resumido, procedí a comparar la información contable plasmada allí con la que aparece en los libros oficiales impresos de los periodos julio, agosto y septiembre del año 2007, y evidencié que la información es la misma y no ha sufrido modificación alguna en cuanto a su contenido y valores, desde que se registró contablemente la información”. 

En cuanto a la verificación de la contabilidad en el software SAP afirmó:

“… Con la base de datos, verifiqué la siguiente información: 

1. MOVIMIENTO_ENERO_2008: última fecha de actualización de los registros contables 20080415. 

2. MOVIMIENTO_FEBRERO_2008: última fecha de actualización de los registros contables 20080418. 

… Una vez imprimí el Libro Mayor y Balance para los meses enero y febrero de 2008, procedí a comparar la información contable plasmada allí con la que aparece en los Libros Oficiales impresos de los periodos enero y febrero de 2008, y evidencié que la información es la misma y no ha sufrido modificación alguna en cuanto a su contenido y valores, desde que se registró contablemente la información” 

ii) Certificado del revisor fiscal de la demandante según el cual:

“Al 12 de mayo de 2008 toda la información de la compañía estaba digitada y registrada en la aplicación contable y soportada hasta el mismo 12 de mayo de 2008. 

El 12 de mayo de 2008 los libros Diario y Mayor y Balances de la Sociedad Archíes (sic) Colombia S.A. se encontraba con mes cerrado a abril de 2008 en el software contable de la Compañía, y su acceso era posible de acuerdo con las características del sistema” 

En el caso que se analiza, la administración impuso la sanción al considerar que se configuraban los supuestos sancionables descritos en los literales c) y f) del artículo 654 del estatuto tributario, esto es, la no exhibición de los libros de contabilidad y el hecho de que estos presentaban un atraso superior a cuatro meses entre la fecha del último registro y el último día del mes anterior a la solicitud de exhibición de los mismos.

La primera de las irregularidades, por cuanto en la visita realizada el 29 de abril de 2008 los libros no se presentaron argumentando que los registros correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2007 estaban en revisión de la revisoría fiscal y, la segunda, porque, como antes se advirtió, los últimos registros que pudieron observarse en la visita del 12 de mayo de 2008, fueron los del mes de junio de 2007.

En relación con el atraso en los registros contables, irregularidad contemplada en el literal f) del artículo 654 del estatuto tributario, la Sala reitera el criterio formulado en oportunidad anterior(11):

La demandante aportó como prueba de que la contabilidad tenía todos los registros al día, la declaración del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2007(12) y las declaraciones de industria y comercio presentadas en Bogotá por los bimestres 4º al 6º del año 2007(13) y del 1º y 2º bimestres del año e 2008(14), con el sello de pago de una entidad financiera autorizada para recaudar dichos impuestos, con los respectivos anexos de los libros auxiliares que les sirvieron de soporte.

Estas declaraciones fueron presentadas antes de la fecha en la que se realizó la visita por parte de la administración(15). También obran en el expediente copia de los libros diario y, mayor y balances con los registros contables correspondientes al periodo comprendido entre julio de 2007 y noviembre de 2008(16).

Pues bien, tanto la administración como el contribuyente coinciden en afirmar que al momento de la visita los libros estaban impresos hasta el mes de junio de 2007; por lo tanto, la discusión se centra en establecer si el 12 de mayo de 2008 la contabilidad tenía un atraso, en sus registros, superior a cuatro meses.

La parte demandante afirma que en la fecha antes referida la contabilidad no tenía ningún atraso, esto es, que los registros en el software contable estaban al día y que se podía acceder al sistema de conformidad con las características del sistema.

Para demostrar esta afirmación la parte demandante aportó las pruebas arriba reseñadas, esto es, el testimonio especial de la Notaria Sexta del Círculo de Bogotá, el certificado del revisor fiscal, las copias de las declaraciones antes mencionadas y las de los libros auxiliares de contabilidad que les sirvieron de soporte.

En cuanto al “testimonio especial” de la Notaria Sexta del Círculo de Bogotá, es del caso precisar que en materia contencioso administrativa los distintos medios de prueba y su decreto se rigen por lo previsto en los artículos 174 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, según el cual todas las decisiones judiciales deben fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

En lo que tiene que ver con los medios de prueba, el mismo estatuto procesal establece como tales la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y, cualquier otro que sea útil para la formación del convencimiento del juez.

Los medios de prueba deben ser pertinentes, conducentes y eficaces. La pertinencia tiene que ver con la relación (directa o indirecta) que tienen los hechos planteados con el objeto del proceso judicial, es decir, la relación con los hechos jurídicamente relevantes de los que depende la decisión judicial. La conducencia se refiere a la idoneidad jurídica de un medio probatorio para establecer un hecho en el curso del proceso judicial y la eficacia implica que la prueba resulte útil para llevar a la convicción del juez, derivada de criterios de valoración racionales(17).

Ahora bien, el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil consagra el testimonio como un medio de prueba que consiste en la declaración que hace un tercero, ante un juez, con fines procesales, sobre lo que sabe respecto de un hecho(18).

En cuanto al decreto y práctica de esta prueba, el citado estatuto procesal establece que cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio y residencia de los testigos, y enunciarse sucintamente el objeto de la prueba. Los requisitos que se deben observar al momento de practicar el testimonio son los consagrados en los artículos 226 a 228 del Código de Procedimiento Civil.

Una vez practicada la diligencia de testimonios, con el cumplimiento de los requisitos legales, el juez asume la tarea de valorarla en conjunto con los demás elementos probatorios, sin que quede atado a lo afirmado por el testigo.

En este caso, la demandante aportó un “acta de testimonio especial” rendido por la Notaria Sexta del Círculo de Bogotá en la que se hace constar que luego de revisado el software contable de la demandante resulta claro que los registros contables estaban al día el 12 de mayo de 2008.

Al respecto se debe aclarar que “los notarios podrán dar testimonio escrito de hechos ocurridos en su presencia, de los que no queden datos en el archivo, pero que tengan relación con el ejercicio de sus funciones; lo anterior, para producir un efecto jurídico, es decir, en procura de constituir una prueba en relación con la situación percibida. Sin embargo, el notario no puede servir de testigo de un hecho extraño a la actividad notarial”(19).

Ahora bien, advierte la sala que si bien es cierto las notarías pueden tener la calidad de entidades certificadoras de conformidad con el artículo 1º de la Ley 588 de 2000 y el literal d) del artículo 2º de la Ley 527 de 1999(20), la demandante no aportó prueba de que la Notaria 6ª tuviera esa calidad o hubiera actuado como tal en este caso.

Además, es necesario aclarar que las entidades certificadoras no están autorizadas para dar fe pública respecto de la veracidad, integridad o legalidad de la contabilidad de los comerciantes o del software que usen para llevar sus registros contables, pues esta función corresponde a los contadores públicos cuando desempeñan las funciones propias de su profesión tal como lo establece la Ley 43 de 1990.

De otra parte, según lo afirma la parte demandante, la prueba que aportó no es una certificación emitida por una entidad certificadora, sino un acta de testimonio especial rendido por la Notaria 6ª de Bogotá, que en este caso, se desplazó a su domicilio social para evaluar, analizar o verificar la ocurrencia de un hecho pasado, acontecido fuera de su ámbito de percepción y en circunstancias ajenas a su ejercicio como notaria, esto es, la fecha en la que fueron realizados o modificados unos asientos contables en la contabilidad de la demandante.

De esta forma, resulta claro que la mencionada acta suscrita por la Notaria Sexta, no puede tenerse ni como certificado emitido por una entidad certificadora en los términos de la Ley 527 de 1999, ni como prueba testimonial, pues no reúne los requisitos legales antes comentados. Y, si en gracia de discusión, se apreciara como prueba documental, no conduce a la convicción de que la contabilidad de la demandante estaba al día en la fecha en que la administración tributaria distrital realizó la visita de inspección.

Tampoco conducen a esa convicción las copias de las declaraciones del impuesto de renta y complementarios y las de industria y comercio, con la copia de los libros auxiliares que según la demandante sirvieron de fundamento para elaborarlas, pues de tales copias no puede deducirse la fecha en la que fueron realizados los registros contables que los constituyen y, tampoco desvirtúa el hecho consignado en el acta de inspección tributaria, según el cual, el 12 de mayo de 2008 no fue posible acceder al software contable para verificar hasta que fecha estaban registradas las operaciones contables de la sociedad demandante.

Es necesario tener en cuenta que tanto la administración como el contribuyente coinciden en afirmar que al momento de la visita los libros estaban impresos hasta el mes de junio de 2007, por lo tanto, frente a este hecho no hay discusión. Pero, a partir de las pruebas que obran en el expediente, no se puede concluir que en el software contable del contribuyente los libros de contabilidad no tenían un atraso en sus registros mayor a cuatro meses y, por tanto, el cargo formulado por la demandante, por esta razón, no está llamado a prosperar.

En este punto cabe reiterar(21) que, una de las finalidades de la contabilidad es conocer en cualquier momento la situación real de un persona natural o jurídica, desde el punto de vista económico y financiero, además de ser la base para determinar en forma correcta los tributos que debe pagar el contribuyente.

Por esta última razón, dentro de los deberes formales que se imponen en materia tributaria, y que son objeto de sanción, está el de llevar contabilidad, exhibir los libros cuando la administración lo exige, o tenerlos al día, pues de ello depende la confiabilidad, idoneidad y eficacia de la contabilidad como fuente de información para una correcta determinación de los tributos.

Finalmente, el certificado del revisor fiscal expedido el 26 de julio de 2010, afirma que a 12 de mayo de 2008 toda la información de la compañía estaba digitada, registrada y soportada, que los libros diario, mayor y balances estaban con mes cerrado a abril de 2008 y, que se podían consultar de acuerdo a las características del sistema.

Es del caso resaltar que este certificado no es conducente para demostrar la ocurrencia de los hechos en la forma en la que los relató la demandante, pues fue expedido con posterioridad a las visitas realizadas el 29 de abril y el 12 de mayo de 2008.

A partir de lo discurrido hasta este punto, de las circunstancias descritas, y del acervo probatorio que obra en el expediente, se puede concluir que no se ha desvirtuado el atraso endilgado por la administración distrital a la parte demandante y, por tanto, le asistían suficientes razones fácticas y jurídicas para imponer la sanción por irregularidades en los libros de contabilidad.

Conforme a lo explicado, los cargos formulados por la parte demandada en el recurso de apelación están llamados a prosperar, motivo por el cual se revocará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCASE la sentencia de 3 de mayo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de Archie’s S.A., contra el Distrito Capital.

En su lugar, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase».

4 Respecto al término de conservación de los libros de contabilidad la Sala se pronunció en sentencia del 30 de abril de 2014 proferida dentro del expediente 18971, así: “(…) una interpretación armónica de los artículos 632 del estatuto tributario y 46 de la Ley 962 de 2005 impone afirmar que el plazo de conservación de documentos para declarantes y no declarantes debe ser equivalente al término de firmeza de la declaración de renta, que es la regla general, pero contabilizado a partir de momentos diferentes, a saber:
3.4.1. Para los contribuyentes el deber de conservación de los documentos, informaciones y pruebas es de dos años, hasta que quede en firme la declaración de renta.
3.4.2. Para los no contribuyentes el deber de conservación de los documentos, informaciones y pruebas es de dos años, contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo”.

5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias del 11 de diciembre de 2007. Expediente: 15053 y del 8 de julio de 1999. Expediente: 9223.

6 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 9 de julio de 1999, expediente 9223.

7 Folio 2, cuaderno 1 de antecedentes.

8 Folio 5, cuaderno 1 de antecedentes administrativos.

9 Folios 9 a 11, cuaderno 1 de antecedentes administrativos.

10 Folios 49, 50 y 57, cuaderno principal.

11 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 30 de agosto de 2007, expediente 14648.

12 Presentada el 23 de abril de 2008 8 (fl. 45 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos).

13 Presentadas entre el 17 de septiembre de 2007 y el 17 de enero de 2008 (fls. 46 del cuaderno de antecedentes administrativos).

14 Presentadas entre el 17 de marzo de 2008 y el 19 de mayo del mismo año (fls. 60 a 67 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos).

15 Folios. 45 a 67 cuaderno 1 de antecedentes administrativos.

16 Folios 83 a 210 cuaderno 1 de antecedentes administrativos.

17 Peña Ayazo, Jairo Iván. Prueba Judicial. Análisis y valoración. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Bogotá, D.C., 2008. págs. 31 a 35.

18 Ibíd, pág. 153.

19 http://www.notariadocolombiano.com.co/?q=content/testimonios-especiales

20 Ley 588 de 2000. ART. 1º—Notariado y competencias adicionales. El notariado es un servicio público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe pública o notarial.
PAR. 1º—Las notarías y consulados podrán ser autorizados por la Superintendencia de Industria y Comercio como entidades de certificación, de conformidad con la Ley 527 de 1999.
Ley 527 de 1999. ART. 2º—Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
d) Entidad de certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente ley, está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales.

21 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 30 de agosto de 2007, expediente 14648.