Sentencia 2001-00205/30463 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 630012331000200100205 01

Exp.: 30463

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón (E)

Ref.: Apelación sentencia. Reparación directa.

Actor: Luis Fernando Uribe Marín y otros.

Demandado: Departamento del Quindío.

Bogotá D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que dictó la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, el 7 de octubre de 2004, mediante la cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que profirió la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, el día 7 de octubre de 2004, mediante la cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada.

1. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

En relación con esa figura jurídico procesal, esta Sección del Consejo de Estado, en forma reiterada, ha sostenido que la misma ha sido instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales frente a aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así pues, corresponde a las partes asumir la carga procesal de impulsar el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no lo hacen en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho(10).

Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado:

“La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya (sic) en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso.

Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.

La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general”(11). (Se deja destacado en negrillas).

La referida figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

En ese sentido, el Código Contencioso Administrativo, en su artículo 136, numeral 8º, dispone frente al término para intentar la acción de reparación directa lo siguiente:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa” (Negrillas adicionales).

Como se ve, la ley consagra un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción.

En forma pacífica y reiterada, la jurisprudencia de la Corporación ha considerado que en aquellos casos en los cuales no resulte clara la observancia del término de caducidad, debe computarse desde el conocimiento del hecho dañoso y no a partir de su ocurrencia(12); así lo ha señalado la Sala, al sostener que:

“Si bien es cierto que el inciso 4º del artículo 136 del C.C.A. establece que el término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por causa de trabajos públicos, dicha norma entendida de manera racional debe interpretarse en el sentido de que no basta con la realización pura y simple del hecho causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el afectado, lo cual en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo. Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que solo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción.(13)(14)(Negrillas adicionales).

En el caso sub lite, a través de la acción de reparación directa ejercida por los señores demandantes se pretende obtener la indemnización de por concepto de perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante causados por las lesiones que sufrió el señor Luis Fernando Uribe Marín en un accidente de tránsito acaecido el día 1º de agosto de 1996 “y cuyas secuelas resultaron el día 26 de junio de 1999 y se prolongan hasta el día de hoy”.

Ahora bien, en los casos en los cuales el conocimiento o concreción del daño se produce con posterioridad a la ocurrencia misma del hecho dañoso, la Sala ha definido que, en virtud de los principios pro actione y pro damnato, la contabilización del término de caducidad se debe realizar a partir del momento en que alguno de aquéllos —conocimiento o concreción del daño— tenga ocurrencia.

En efecto, en providencia del 12 de mayo de 2010(15), la Sala, ante un caso en el cual existía la discusión acerca de si el término de caducidad debía contarse a partir de la ocurrencia del hecho dañoso —en ese caso se trató de los perjuicios alegados con ocasión del estallido de una mina por parte de grupos armados ilegales, cuya víctima se encontraba prestando el servicio militar obligatorio— o desde el momento en el cual a la víctima le fue dictaminada incapacidad relativa y permanente por parte de la respectiva junta médico laboral, definió lo siguiente:

“En línea con los anteriores pronunciamientos, la Sala estima necesario reafirmar la posición jurisprudencial que se ha adoptado acerca del tema en estudio, en el sentido de que la regla general para contabilizar el término de caducidad de la acción de reparación directa de dos años se tomará como punto de partida contados desde el acaecimiento del hecho que originó el daño, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A.

No obstante lo anterior, la Sala destaca que, en algunas ocasiones, pueden presentarse eventos en los cuales el conocimiento o concreción del daño se produce solo hasta después del acaecimiento de los hechos, motivo por el cual, en virtud de los principios pro actione y pro damato, la contabilización del término de caducidad se realiza a partir del momento en que alguno de aquéllos tenga ocurrencia.

Ahora bien, en el asunto sub examine si bien se tiene certeza del momento de la ocurrencia de los hechos generadores de las lesiones sufridas por el señor Jairo Albarracín Ferrer, lo cierto es que el demandante solo tuvo conocimiento de la magnitud del daño que había soportado a partir de la calificación realizada por la junta médica laboral de la dirección de sanidad del Ejército, razón por la cual la Sala contabilizará la caducidad de la acción respectiva desde el momento en el cual la Junta Médica determinó que la víctima presentaba una incapacidad de carácter relativa y permanente, la cual le impedía ejercer la actividad militar.

En este orden de ideas, puede concluirse entonces que si bien el actor sufrió el daño en una fecha determinada, lo cierto es que solo pudo conocer con certeza acerca del mismo y de su magnitud el día 24 de septiembre de 1998, por lo cual se tiene que la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 19 de octubre de 1999, resulta oportuna”. (Subrayas de la Subsección).

De conformidad con el anterior criterio jurisprudencial, para la Sala, la regla general, consiste en que el término de caducidad, según el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A., debe iniciarse a contabilizar a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que originó el daño y, única y exclusivamente, en aquellos casos en los cuales el conocimiento, concreción o magnitud del daño padecido ocurre con posterioridad, será desde este último instante —y no más allá— en que se computará el término de caducidad.

En el presente asunto, obran lo siguientes medios de acreditación para efectos de determinar la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño:

Sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío el 10 de marzo de 1999, a través de la cual se resolvió lo siguiente:

“(…).

2. Declárase al Departamento del Quindío administrativamente responsable de la falla de la administración consistente en la falta de mantenimiento o señalización de la vía que de Armenia conduce a Río Verde y por consiguiente de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes Luis Fernando; Sandra Milena y María Piedad Vallejo Barrera; y, la menor Tatiana Marcela Uribe Vallejo por las lesiones sufridas por el primero en accidente de tránsito ocurrido el 01/08/96.

3. Consecuencialmente se condena al departamento del Quindío a pagarle una indemnización por los perjuicios morales sufridos por el lesionado equivalente al valor en pesos de doscientos (200) gramos-oro; ciento (100) para Ruth Marín de Uribe; ciento (100) para María Piedad Vallejo Barrera; ciento (100) para la menor Tatiana Marcela Uribe Vallejo; sesenta (60) para María Elena Uribe Marín, según el valor del metal certificado por el Banco de la República para la fecha de ejecutoria de esta providencia.

4. Condénase al departamento del Quindío a pagarle a Luis Fernando Uribe Marín como indemnización por los perjuicios materiales sufridos, en su modalidad de lucro cesante período vencido o consolidado y futuro o anticipado, las sumas que resulten según se explicó en la parte motiva de esta providencia”.

La anterior decisión tuvo como fundamento los siguientes considerandos:

“(…).

1.2. Hechos.

Como hechos que sirven de fundamento a la acción incoada, manifiestan los demandantes que:

1.2.1. El 1/08/96 en la carretera que de Armenia conduce a Río Verde, pasando por el corregimiento de Barcelona colisionaron los vehículos de placas MAI 340, volquete particular de propiedad de Ovidio de Jesús Sánchez, conducido por Alberto de Jesús Londoño, con seguro privado de la Agrícola de Seguros y el Jeep Williz (sic) de placas HGJ 309, conducido por Hugo Hernán Díaz Correa, en el cual viajaba Luis Fernando Uribe Marín, quien resultó lesionado.

1.2.2. La causa del accidente fue un enorme hueco que existía en la vía a la altura del corregimiento de Barcelona, el cual al tratar de ser evitado por el conductor del WILLIZ (sic), lo obligó a sacar el vehículo del carril, siendo golpeado en la parte de atrás por el volquete que en ese momento había aumentado su velocidad para adelantar al campero.

1.2.3. El hueco que se encuentra sobre la vía y que originó el siniestro no tiene señalización alguna y se presenta en una curva plana, toda vez que no se puede ver hasta ya estar sobre él, razón por la cual es indispensable evitar el hueco, so pena de voltearse, de ahí la maniobra del conductor al esquivar el hueco.

(…).

1.2.5. El Instituto Nacional de Vías —Invías— era el encargado del mantenimiento de todas las carreteras nacionales, pero que se transfirió a los departamentos mediante Ley 188 de 1995, luego el departamento del Quindío es el encargado del mantenimiento de dicha vía.

1.2.6. A raíz del accidente, Luis Fernando Uribe Marín sufrió una incapacidad permanente parcial, equivalente a un 25.25% de pérdida laboral por limitación del movimiento de la muñeca.

(…).

En la demanda se afirma que los perjuicios sufridos por los demandantes provienen de las lesiones sufridas por Luis Fernando Uribe Marín a causa de la falla de la administración departamental consistente en la falta de mantenimiento y señalización de la vía que de Armenia conduce a río verde y en la cual el vehículo en el cual se desplazaba el actor al aminorar la velocidad para esquivar un “gran hueco”, fue “chocado” por un volquete particular que se desplazaba a mayor velocidad.

(…).

Así las cosas, es evidente que se configuró una falla del servicio por parte del Departamento del Quindío, que compromete su responsabilidad en los perjuicios de tipo moral y material de los demandantes, al no tomar las previsiones adecuadas y necesarias haciendo el relleno pertinente o señalizando lo que constituía indudablemente una trampa para los vehículos que debían transitar por dicha vía, apareciendo así probado el primer elemento de la responsabilidad extracontractual de la Administración.

2.1.2. Daño o lesión.

El daño que configure lesión a un bien jurídico tutelado lo constituye la lesión de Luis Fernando Uribe Marín, que aparece probada con la documentación visible a folios 11 a 14 del cuaderno 1 que afirma que el actor sufrió fractura de muñeca derecha, con limitación del movimiento de la muñeca, lesión de los nervios cubital y permanente parcial igual al 25.25%, apareciendo así probado el segundo elemento de la responsabilidad extracontractual de la administración.

2.1.3. Relación de causalidad entre la falla y el daño o lesión.

Hay casos en los cuales el nexo o relación de causalidad entre la falla y el daño es evidente y se observa a simple vista, como en el que ocupa la atención de la Sala, en el cual no es necesario hacer un estudio muy profundo, porque de las pruebas aportadas, principalmente el informe de las autoridades de tránsito ya citado, surge claro el hecho de que la causa de las lesiones de Luis Fernando Uribe Marín fue, en parte, la falta de mantenimiento o señalización de la vía, mantenimiento o señalización que de acuerdo con lo arriba citado le corresponde al departamento del Quindío. Se encuentra demostrado también el tercer elemento.

Acreditados como se encuentra en el proceso la falla de la Administración, el hecho dañoso y relación de causal entre la falla y el perjuicio, elementos procesales necesarios para predicar la responsabilidad administrativa del departamento del Quindío, es necesario tener en cuenta que la falla de la administración fue una de las causas del accidente, toda vez que la actuación del señor Albeiro de Jesús Londoño Rodas también contribuyó a la producción del daño, circunstancia que señala participación de un tercero ajeno a la administración y por ende la disminución en un 50% de la responsabilidad de la administración, (…).

No hay duda, pues, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, de que los perjuicios que la lesión (sic) sufrida por Luis Fernando Uribe Marín les produjeron a él y a los demás demandantes, constituyeron un daño antijurídico que debe ser indemnizado, como se solicita en la demanda”(16) (Negrillas adicionales fuera del texto original).

- Resumen de la historia clínica del señor Uribe Marín, elaborada por el Hospital departamental del Quindío San Juan de Dios Armenia(17), de 13 de octubre de 2000, en la cual se dejó constancia de lo siguiente:

Ingreso: 1º agosto 1996

Egreso: 3 agosto 1996

Ingresa paciente al servicio de urgencias de esta Institución por sufrir accidente de tránsito siendo expulsado del carro en el que viajaba como pasajero, sin pérdida de la conciencia; recibiendo trauma contundente en antebrazo derecho con posterior edema, dolor y limitación funcional en articulación de muñeca derecha.

(…).

Se lleva paciente a cirugía donde se realiza lavado, reducción más osteosíntesis, procedimiento sin complicaciones, buena evolución, se da salida con control.

Dx: fractura de muñeca - reducción osteosíntesis.

Hospitalización: 26 de junio 1999 al 4 de julio 1999

Ingresa paciente al servicio de urgencia de esta institución por presentar episodios tónico-clónicos generalizados con desviación de la mirada hacia la derecha sin relajación de esfínteres, con pérdida del conocimiento. Paciente quien siguió convulsionando a pesar de manejo con rivotril por lo que se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos; se asistió ventilatoriamente sin volver a convulsionar.

TAC cerebral: Lesión hipodensa frontal izquierdo que puede corresponder a malacia por trauma antiguo.

Resonancia magnética: lesión frontobasal izquierda.

El paciente evoluciona satisfactoriamente por el cual se da salida con control por consulta externa,

Dx: Síndrome convulsivo tardío. Status convulsivos yugulado. Bronco-neumonía” (Se destaca).

- Resultado de la calificación de invalidez del señor Luis Fernando Uribe Marín, elaborada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, de septiembre 19 de 2001, la cual arrojó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 62.55%(18); en dicho examen se dejó constancia de lo siguiente:

Diagnóstico: 1. Síndrome neuropsiaquiátrico (depresión, síndrome frontal y convulsivo de difícil manejo); 2. Cambios degenerativos de columna lumbar con discopatía múltiple, leucoma córnea ojo izquierdo) (…)” (Se destaca).

- Dictamen médico legal practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al señor Luis Fernando Uribe Marín, en el cual se lee lo siguiente:

“(…).

3. Resumen del caso. Se trata de hechos de tránsito sucedidos el 01-08-96 a Luis Fernando Uribe Marín al ser expulsado de su carro.

Ingresa por urgencias el 01-08-96 al Hospital San Juan de Dios de Armenia, con diagnóstico principal de fractura de muñeca que requirió de reducción y osteosíntesis. En dictámenes con de oficio 396 del 09-08-96 consigna: “sufre fractura de muñeca derecha y múltiples escoriaciones. Lesiones producidas por elemento contundente e incapacidad médico legal de 35 días definitiva”.

No aparece ninguna anotación clínica en el expediente que comprometa el sistema nervioso central, ni columna lumbosacra, para establecer relación causa efecto entre la encefalomalacia y Radiculopatía lumbosacra y las lesiones del dictamen médico legal.

(…).

5. Conclusión: teniendo en cuenta lo anterior, evaluado el caso del paciente Luis Fernando Uribe Marín, sin la presencia de él, al momento de este dictamen, puede Concluirse: que NO puede establecerse relación causa – efecto entre las lesiones de los hechos de tránsito del 01-08-96 y las patologías encefalomalacia y radiculopatía lumbosacra que al parecer el paciente tiene(19) (Negrillas adicionales fuera del texto original).

- Resultado de la calificación de invalidez del señor Luis Fernando Uribe Marín, elaborada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, de marzo 3 de 2003, cuyo resultado fue un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 72.77%; en el citado examen se lee lo siguiente:

“(…)-

5.2. Diagnóstico y motivo de la calificación.

1. Síndrome neuropsiquiátrico (frontal y convulsivo) de difícil manejo.

2. Cambios degenerativos de columna lumbar con discopatía múltiple.

3. Leucoma corneal ojo izquierdo.

5.3. Exámenes o diagnósticos e interconsultas pertinentes para calificar.

1. Julio 17, 2000, junta de ortopedia Se programa para cirugía de columna, disectomía y fijación transpedicular.

2. Agosto 31, 2000, psiquiatría Cambios en la personalidad, conductas pueriles, depresión severa como secuelas de trauma craneoencefálico, en 1996 pronóstico malo.

3. Mayo 15, 2000 Hernias discales L2 L3; L4 L5; L5 S1

4. Julio 2,1999, RNM Encefalomalacia (por antecedente de trauma). Síndrome convulsivo secundario.

5. Mayo 26, 2000, RNM columna lumbar hernias discales L2 L3, L4 L5 y L5 S1, con estrechamiento de forámenes neurales especialmente en los dos últimos segmentos lumbares.

(…).

7. Porcentaje pérdida capacidad laboral.

Descripción porcentaje

I. Deficiencia 42.52%

II. Discapacidad 7.5%

III. Minusvalía 22.75%

Total 72.77%

(…)” (Negritas adicionales fuera del texto original)(20).

- Declaración del médico siquiatra Juan de Jesús Restrepo quien manifestó:

“Mi intervención ha sido atención siquiátrica, porque era un paciente que se presentó a consulta muy deprimido, siempre iba con la señora, ellos son antioqueños, porque había tenido un accidente que fue atropellado no sé si por un camión o una volqueta, no recuerdo bien, en todo caso me dijo que él iba en un jeep y lo atropelló me parece que es en la vía de aquí a Armenia – Sevilla, antes de llegar a Caicedonia, él quedó atrapado debajo, no lo mató de milagro, tuvo múltiples traumatismos en la columna, en la cabeza que lo imposibilitaron a trabajar, paciente muy quejoso por la situación angustiosa en que estaba, angustiado, no dormía, insomnio severo, muchos dolores corporales, presentaba convulsiones, yo lo vi muchas veces (…). Preguntado: Qué conocimiento tiene sobre las secuelas que el demandante alega que le han quedado como consecuencia del accidente de tránsito que padeció en el año 1996, para lo cual se le pone de presente un resumen de historia clínica que obra a folios 8 a 58 del cuaderno principal. Contesto: En lo que compete a mi rama le ha quedado una profunda depresión que durante el tratamiento no tuvo prácticamente ninguna variación hacia un curso positivo, no tuvo casi mejoría siempre estuvo estacionario, si más bien digamos el curso de su mundo sicológico se fue oscureciendo, el paciente soñaba, tenía pesadillas severas, (…)”(21).

- Declaración del médico general Julián de Jesús Marín Martínez quien narró:

“Preguntado: Manifiesta al Despacho si tiene conocimiento de la razón por la cual se encuentra hoy aquí, siendo así por favor exprésela. Contesto: Fui citado para dar un concepto sobre la historia clínica del señor Luis Fernando Uribe Marín. (…). Básicamente el señor Luis Fernando Uribe Marín presenta en la actualidad o no se, en el momento de la historia clínica dos diagnósticos relevantes que son primero un síndrome convulsivo secundario a una lesión focal de predominio frontal izquierdo y hernias discales L2, L3, L4, L5, L5S1, con radiculopatía por compresión, se advierte que el testigo consulta documento manuscrito, esos son los dos diagnósticos de relevancia que presenta el paciente. Estos diagnósticos fueron obtenidos por exámenes de tomografía axial computarizada y resonancia nuclear magnética del cerebro y de columna lumbosacra; los diagnósticos están apoyados en la presencia de una lesión en la región frontal del cerebro compatible con encefalomalacia y la resonancia de la columna lumbosacra que muestra las lesiones ya descritas. (…). No puedo determinar la incapacidad del paciente ya que no lo conozco, pero basado en la historia clínica asumo debe tener limitaciones importantes para su vida normal. (…). Preguntado: Los diagnósticos a los que ha referido en la segunda instancia, de acuerdo a su conocimiento, traen como consecuencia secuelas respecto a quien se han diagnosticado, o por el contrario quien haya sufrido tal diagnóstico no le trae consecuencia alguna. Contesto: Las lesiones cerebrales tipo encefalomalacia, literalmente es reblandecimiento del cerebro, pueden ocasionar diferentes tipos de alteraciones al individuo dependiendo del tamaño de la lesión y su ubicación, las principales son los síndromes convulsivos y los trastornos de la conducta y las lesiones a nivel de columna lumbar inicialmente ocasionan limitaciones funcionales por dolor y en la medida de su progresión limitaciones por afectación directamente a nivel motor. (…). Preguntado: Dígale al Despacho si puede indicar cuáles son las causas que originaron la enfermedad del señor Luis Fernando Uribe Marín y que usted diagnosticó según su respuesta 2. Contesto: Con respecto al primer diagnóstico de la lesión cerebral este tipo de alteración tiene dos orígenes importantes la primera ocasionada por hemorragias intracerebrales y la segunda como consecuencia tardía de un trauma, en cuanto a las lesiones de la columna lumbosacra pueden ser ocasionadas por lesiones crónicas de sobrecargas o por trauma. Es importante anotar que al revisar la historia clínica el paciente desde el mismo momento del trauma refirió dolor lumbosacro tanto en la historia del Hospital de Barcelona como en la historia del Hospital San Juan de Dios sin que en ese momento se le hubieran realizado los estudios radiológicos y es importante también al revisar las notas del servicio de neurocirugía de la Fundación Valle del Lilí donde según concepto de los especialistas descartaron alguna alteración de tipo vascular que hubiera podido ocasionar la lesión cerebral y la atribuyeron directamente a un trauma previo. (…)”(22) (Se destaca).

De conformidad con el anterior material probatorio, se observa que el día 1 de agosto de 1996 se produjo un accidente de tránsito en el cual resultó lesionado el señor Luis Fernando Uribe Marín con un “trauma contundente en el antebrazo derecho con edema posterior, dolor y limitación funcional en la articulación de la muñeca derecha”.

Con ocasión de las lesiones aludidas se tramitó ante el Tribunal Administrativo del Quindío una demanda de reparación directa, la cual fue resuelta favorablemente a través de providencia dictada el 10 de marzo de 1999, puesto que se acreditó que la Administración incurrió en una falla del servicio consistente en la falta de mantenimiento o señalización de una vía departamental, circunstancia que aunada a la actuación del conductor del vehículo en el cual se desplazaba el señor Uribe Marín fueron las causas determinantes del mencionado accidente.

No obstante lo anterior, los demandantes formularon nuevamente acción de reparación directa puesto que el día 26 de junio de 1999 el lesionado ingresó al servicio de urgencias del Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios Armenia, debido a unas supuestas secuelas dejadas con la lesión sufrida en el accidente de tránsito mencionado, tales como “encefalomalacia y radiculopatía lumbosacra”.

En este orden de ideas, se tiene que la causa petendi de la demanda está encaminada a obtener la indemnización de perjuicios por la aparición de unas supuestas nuevas secuelas (encefalomalacia y radiculopatía lumbosacra) con ocasión del accidente sufrido por el señor Luis Fernando Uribe Marín.

Pues bien, en este punto resulta imperioso establecer brevemente la naturaleza de dichas patologías, a efectos de determinar si de las lesiones padecidas en el accidente de tránsito acaecido el día 1º de agosto de 1996 constituyen secuelas o, si por el contrario, son nuevos diagnósticos que no guardan relación alguna con el referido accidente.

En relación con la “encefalomalacia”, la literatura médica de manera pacífica y generalizada la ha definido como:

“Inflamación del encéfalo y de la médula espinal que causa cefalea, trastornos motores, visuales y psíquicos, rigidez de nuca, sopor, coma y muerte en los casos más graves. Se trata de una complicación neurológica tras haber padecido algunas enfermedades como el sarampión, la varicela o el tifus(23) (Negrillas adicionales fuera del texto original).

De otro lado, la “radiculopatía” ha sido definida así:

“El término radiculopatía se refiere a la pérdida o disminución de la función sensitiva y/o motora de una raíz nerviosa, misma que se encuentra distribuida en un dermatoma específico. De esta manera, la radiculopatía o la lesión de una raíz nerviosa es una causa común de dolor o debilidad en cuello, brazos, espalda baja y extremidades inferiores”(24).

Respecto del diagnóstico de “radiculopatía lumbar”, la doctrina médica la ha descrito en los siguientes términos:

“La radiculopatía lumbar es una enfermedad dolorosa que sucede cuando un nervio de su espina lumbar (parte baja de la espalda) se pincha o irrita. Los nervios controlan las sensaciones y movimientos de su cuerpo”(25).

A su turno, se ha indicado que:

“La causa más común de radiculopatía lumbosacra es la hernia discal en menores de 50 años, y los cambios degenerativos espondilóticos en mayores de 50. Existen otras causas mucho menos frecuentes de radiculopatía: tumores, infecciones (absceso epidural, enfermedad de Lyme), hematoma epidural, etc.)”(26).

De lo transcrito se infiere que la encefalomalacia es una enfermedad neurológica que afecta el encéfalo y la médula espinal, como consecuencia del padecimiento anterior de enfermedades tales como el sarampión, la varicela y el tifus.

Por su parte, la radiculopatía lumbosacra es una afección originada por la irritación de un nervio de la espina lumbar, cuya principal causa es la hernia discal en personas menores de 50 años y los cambios degenerativos espondilóticos en mayores de 50, así como tumores e infecciones.

Así las cosas, esta Subsección debe advertir que si bien la declaración del médico general da cuenta de que tanto la encefalomalacia como radiculopatía lumbosacra que padece el actor pueden ser consecuencias de un trauma anterior, lo cierto es que de conformidad con lo descrito en la literatura médica las causas de dichas enfermedades podrían obedecer a diversas causas, razón por la cual, la Sala NO puede concluir que tales patologías constituyen secuelas de las lesiones padecidas en el accidente de tránsito del 1º de agosto de 1996.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el daño reclamado en la demanda de la referencia resulta diferente al reclamado en la primera demanda, debido a que —se insiste— se trata de unas patologías detectadas con posterioridad a la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, el día 10 de marzo de 1999, esta Sala contabilizará el término de caducidad de la presente acción a partir del 26 de junio de 1999, fecha en la cual la parte actora tuvo certeza de la magnitud y de la concreción de dichas secuelas, comoquiera que en la citada fecha ingresó nuevamente al servicio de urgencias con los siguientes síntomas “episodios tónico-clónicos generalizados con desviación de la mirada hacia la derecha sin relajación de esfínteres, con pérdida del conocimiento. TAC cerebral: lesión hipodensa frontal izquierdo que puede corresponder a malacia por trauma antiguo”.

En tal orden ideas, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el día 14 de febrero de 2001, se impone concluir que fue formulada dentro de los dos años siguientes al conocimiento de la magnitud del daño.

2. Lo que se debate.

Los señores demandantes formularon acción de reparación directa contra el Departamento del Quindío, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable “por los hechos ocurridos el día primero de agosto de 1996, cuando por un hueco en la vía colisionaron los vehículos de placas MAI 340 y HGI 309, resultando gravemente herido el señor Luis Fernando Uribe Marín, y cuyas secuelas resultaron el día 26 de junio de 1999, y se prolongan hasta el día de hoy”.

Así las cosas, le corresponde a esta Subsección determinar, con fundamento en el caudal probatorio, si el diagnóstico de “encefalomalacia y radiculopatía lumbosacra” son producto de las lesiones sufridas por el actor en el accidente de tránsito acaecido el 1º de agosto de 1996.

Pues bien, dentro del presente asunto se encuentra debidamente acreditado lo siguiente: i) que el día 1º de agosto de 1996 el señor Luis Fernando Uribe Marín resultó lesionado en un accidente de tránsito, razón por la cual, presentó demanda de reparación directa en contra del departamento del Quindío, a efectos de obtener indemnización de los perjuicios causados con ocasión del referido hecho dañoso; ii) que el día 10 de marzo de 1999, el Tribunal Administrativo del Quindío declaró administrativamente responsable al Departamento del Quindío por la falta de mantenimiento o señalización de la vía que de Armenia conduce a Río Verde y, en consecuencia, condenó a dicha entidad pública al pago de indemnización de perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante (consolidado y futuro) a favor del señor Uribe Marín y su núcleo familiar; iii) que el día 26 de junio de 1999 el lesionado ingresó al servicio de urgencias del Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios Armenia con el siguiente diagnóstico: <<episodios tónico-clónicos generalizados con desviación de la mirada hacia la derecha sin relajación de esfínteres, con pérdida del conocimiento. TAC cerebral: lesión hipodensa frontal izquierdo que puede corresponder a malacia por trauma antiguo”; iv) que el día 19 de septiembre de 2001, la Junta Regional de Calificación de invalidez practicó examen de calificación de invalidez al señor demandante cuyo resultado arrojó una pérdida de capacidad laboral del 62.55%; v) que el día 12 de agosto de 2002, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rindió dictamen pericial acerca de las supuestas nuevas secuelas sufridas por el señor Uribe Marín, en el cual se concluyó lo siguiente: “evaluado el caso del paciente Luis Fernando Uribe Marín, sin la presencia de él, al momento de este dictamen, puede CONCLUIRSE: que NO puede establecerse relación causa – efecto entre las lesiones de los hechos de tránsito del 01-08-96 y las patologías encefalomalacia y radiculopatía lumbosacra que al parecer el paciente tiene”; vi) que el 3 de marzo de 2003, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío practicó nuevamente el examen de calificación al señor Uribe Marín, cuyo resultado arrojó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral equivalente al 72.77%.

Así las cosas, ante tal panorama probatorio, esta Subsección observa que si bien el señor Luis Fernando Uribe Marín fue diagnosticado con las patologías denominadas Encefalomalacia y Radiculopatía Lumbosacra, lo cierto es que tales afecciones en la salud del demandante NO guardan relación directa con el accidente de tránsito sufrido por dicho ciudadano el día 1 de agosto de 1996.

En efecto, el dictamen pericial rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de manera clara y precisa, concluyó —se reitera— que “NO puede establecerse relación causa – efecto entre las lesiones de los hechos de tránsito del 01-08-96 y las patologías encefalomalacia y radiculopatía lumbosacra que al parecer el paciente tiene”.

Ahora bien, esta Sala considera necesario advertir que si bien dentro del encuadernamiento obran dos dictámenes de calificación de la pérdida de capacidad laboral del señor Luis Fernando Uribe Marín, de fechas 19 de septiembre de 2001 y el 3 de marzo de 2003, cuyos resultados arrojaron una pérdida de capacidad laboral equivalentes al 62.55% y 72.77%, respectivamente, lo cierto es que para la práctica de tales calificaciones fueron tenidas en cuenta las distintas lesiones y secuelas físicas padecidas por el actor con ocasión del accidente de tránsito producido el 1 de agosto de 1996, aspecto que ya fue objeto de pronunciamiento judicial por parte del Tribunal Administrativo del Quindío, a través de sentencia calendada el día 10 de marzo de 1999.

En efecto, se destaca que el examen de calificación del día 19 de septiembre de 2001 se realizó con fundamento en el siguiente diagnóstico: “1. Síndrome neuropsiaquiátrico (depresión, síndrome frontal y convulsivo de difícil manejo); 2. Cambios degenerativos de columna lumbar con discopatía múltiple, leucoma córnea ojo izquierdo”.

A su turno, la calificación pérdida de capacidad laboral practicada al señor Uribe Marín, el 3 de marzo de 2003, se llevó a cabo con fundamento en el siguiente diagnóstico: “1. Síndrome neuropsiaquiátrico (frontal y convulsivo) de difícil manejo, 2. Cambios degenerativos de columna lumbar con discopatía múltiple, 3. Leucoma corneal ojo izquierdo”.

Así pues, se destaca que aunque el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del señor Uribe Marín se incrementó respecto del tenido en cuenta en el primer proceso surtido ante el Tribunal Administrativo del Quindío, lo cierto es que tal circunstancia ha obedecido a las distintas secuelas físicas o prolongación del daño que —se insiste— fue objeto de indemnización en la sentencia de 10 de marzo de 1999.

Por último, la Sala no puede dejar pasar desapercibida la declaración del médico general Julián de Jesús Marín Martínez, quien al analizar la historia clínica del demandante, afirmó que: “con respecto al primer diagnóstico de la lesión cerebral “encefalomalacia” este tipo de alteración tiene dos orígenes importantes la primera ocasionada por hemorragias intracerebrales y la segunda como consecuencia tardía de un trauma, en cuanto a las lesiones de la columna lumbosacra “radiculopatía lumbosacra” pueden ser ocasionadas por lesiones crónicas de sobrecargas o por trauma”.

Al respecto, debe anotarse que si bien el declarante afirmó que la causa de las referidas patologías obedecían a un trauma anterior, lo cierto es que, como ya se indicó, tales afecciones pueden tener diversas causas, entre ellas un trauma, sin embargo, dentro del presente asunto no se acreditó que tal situación, puesto que, tal como se precisó en el dictamen médico-legal practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no existe relación alguna entre “las lesiones de los hechos de tránsito del 01-08-96 y las patologías encefalomalacia y radiculopatía lumbosacra”.

A su turno, resulta imperioso destacar que en la referida prueba testimonial se señaló que desde “el mismo momento del trauma [el señor Uribe Marín] refirió dolor lumbosacro tanto en la historia del Hospital de Barcelona como en la historia del Hospital San Juan de Dios sin que en ese momento se le hubieran realizado los estudios radiológicos”; en relación con tal declaración debe advertirse que aun cuando el declarante hace referencia a una posible negligencia médica por parte de dos instituciones hospitalarias, lo cierto es que el problema jurídico del presente asunto —se insiste— está encaminado a debatir acerca de la responsabilidad de la Administración por la aparición de unas supuestas nuevas secuelas al señor Uribe Marín, derivadas del accidente de tránsito acaecido el día 1º de agosto de 1996.

De conformidad con las anteriores consideraciones esta Subsección denegará las pretensiones de la demanda, puesto que no se logró acreditar que el diagnóstico de encefalomalacia y radiculopatía lumbosacra padecido por el señor Uribe Marín tuviere alguna relación de causalidad con las lesiones físicas sufridas por este en el accidente de tránsito mencionado.

En virtud de lo anterior, resulta menester destacar que en casos como el presente, es a la parte demandante a quien corresponde la carga de acreditar los conocidos elementos que configuran la responsabilidad patrimonial de la Administración: actuación u omisión del Estado, daño antijurídico y nexo causal entre aquella y estos, elementos respecto de los cuales observa la Sala que no se encuentra demostrado el nexo causal entre el hecho y el daño reclamado, omisión que imposibilita a la Sala abordar el estudio respecto de si constituye deber jurídico de la demandada resarcir los perjuicios que del daño se hubieren derivado y, en consecuencia, si la sentencia apelada debía ser revocada.

A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone esta norma, toda vez que —bueno es insistir en ello—, no allegó al proceso prueba idónea y eficaz para acreditar que el diagnóstico de Encefalomalacia y Radiculopatía Lumbosacra padecido por el señor Luis Fernando Uribe Marín hubieren sido originados por los golpes que sufrió el actor, como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el 1º de agosto de 1996.

Respecto de la causalidad como elemento de responsabilidad del Estado, en casos similares al que hoy se analiza, la Sala ha sostenido(27):

“Más allá de la compleja cuestión relacionada con la identificación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado a partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991(28), incluso frente a supuestos que han dado lugar a comprensiones —al menos en apariencia— dispares en relación con dicho extremo(29), la Sala ha reconocido que con el propósito de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en cualquier supuesto concreto, resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada.

En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor, en el plano jurídico del Derecho de Daños(30), el concepto filosófico de causa(31), toda vez que en esta parte del universo del Derecho dicha noción “no se trata para nada de causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación de fundamento a consecuencia(32)”. (Negrillas del texto original).

Así las cosas, en el caso concreto que ahora se examina, se torna en consecuencia estéril cualquier examen de los fundamentos o sistemas de responsabilidad, objetivos o tradicionales, porque se está en presencia de una falta absoluta de causalidad del hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado y aquéllos tienen su fundamento y razón de ser solo cuando el daño antijurídico le es imputable a la Administración Pública, lo cual no se configuró en el evento sub-examine y, por ello, se releva al juzgador de ese tipo de consideraciones(33).

3. Condena en costas.

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia dictada por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, 7 de octubre de 2004 y, en su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. Ejecutoriada esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

3. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

10 Auto de 6 de agosto de 2009, exp. 36.834, entre muchas otras decisiones.

11 Sentencia C-832 de agosto 8 de 2001; M.P. Rodrigo Escobar Gil.

12 Al respecto, ver por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de mayo de 2000, exp. 12.200 y autos de 12 de diciembre de 2007, exp. 33.532 y de 6 de agosto de 2009, exp. 36.834, entre otras decisiones.

13 Ricardo de Ángel Yagüez. Tratado de responsabilidad Civil. Madrid, edit. Civitas, 1993. 3ª ed., pág. 154.

14 Consejo de Estado. Sentencia del 2 de marzo de 2006. Exp. 15785. MP: María Elena Giraldo.

15 Consejo de Estado. Sección Tercera. Providencia del 12 de mayo de 2010. Exp.ediente: 31582.

16 (16) Fls. 89-102 cdno. 1.

17 (17) Fl. 8 cdno. 1.

18 (18) Fls. 329-331 cdno. 2.

19 (19) Fls. 93-94 cdno. 1.

20 Fls. 343-345 cdno. 2.

21 (21) Fls. 12-13 cdno. 2.

22 (22) Fls. 13-14 cuad. 2.

23 Consulta realizada en http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/encefalomalacia.html

24 (24) Consulta realizada en http://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/598/art2.pdf

25 (25) Consulta realizada en http://www.drugs.com/cg_esp/radiculopat%C3%ADa-lumbar.html

26 (26) Consulta realizada en http://www.neurowikia.es/content/radiculopat%C3%AD-lumbosacra

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero del 2009. Exp. 17.145 y del 20 de mayo del mismo año, Exp. 17.405.

28 (28) La complejidad del asunto traído a colación quedó puesta de presente, por vía de ejemplo, con ocasión de la aprobación del siguiente pronunciamiento por parte de esta Sala: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de mayo de dos mil siete (2007); Consejero ponente: Enrique Gil Botero; Radicación 76001-23-25-000-1996-02792-01(16898). En aquella oportunidad, la posición mayoritaria de la Sala se inclinó por señalar que lo procedente de cara a llevar a cabo “(…) el análisis de los elementos que constituyen la responsabilidad extracontractual del Estado”, es acometer dicha tarea “(…) a través de la siguiente estructura conceptual: 1º) daño antijurídico, 2º) hecho dañoso, 3º) causalidad, y 4º) imputación”. Empero, frente a la anotada postura, el Magistrado Enrique Gil Botero optó por aclarar su voto por entender que la comprensión que se viene de referir “…desconoce los postulados sobre los cuales se fundamenta la responsabilidad del Estado a partir de la Carta Política de 1991, en tanto el artículo 90 del estatuto superior estableció solo dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación del mismo a una autoridad en sentido lato o genérico”.

29 De hecho, en el pronunciamiento que acaba de referenciarse —nota a pie de página anterior—, a pesar de la claridad en torno al título jurídico de imputación aplicable al asunto de marras —riesgo excepcional derivado del funcionamiento de redes eléctricas y de alto voltaje—, las súplicas de la demanda fueron desestimadas porque desde el punto de vista de la causalidad, esto es, desde una perspectiva eminentemente naturalística, fenomenológica, el actor no consiguió demostrar el acaecimiento del suceso que atribuía a la entidad demandada ─una sobrecarga eléctrica─ y con fundamento en el cual pretendía que se atribuyese responsabilidad indemnizatoria a esta última como consecuencia del advenimiento de los daños que ─esos sí─ fueron cabalmente acreditados dentro del plenario. Y adviértase que en relación con el sentido de la decisión ─y, por tanto, en relación con esta manera de razonar─ no hizo explícito, en la también referida aclaración de voto, su desacuerdo el H. Consejero de Estado que la rubricó.

30 Se hace la delimitación acerca del campo jurídico (derecho de Daños) en el cual se examinará el concepto de causa para que el análisis correspondiente no se extienda, de manera equivocada, a otros terrenos como el derecho de las Obligaciones o el de los Contratos, en los cuales su sentido y alcance resultan diferentes por completo, tal como lo refleja, entre otros, el artículo 1524 del Código Civil según cuyo inciso segundo “Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público”.

31 Tarea que acomete, con singular fortuna, Isidoro Goldengerg, en su obra La relación de causalidad en la responsabilidad civil, 2ª edición ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2.000, especialmente en págs. 8-12.

32 El énfasis ha sido efectuado en el texto original. Cfr. Enneccerus, Ludwig-Lehmann, Heinrich, Derecho de las obligaciones, 11ª edición, traducción de B., Pérez González y J., Alguer, Barcelona, Bosch, 1948, citado por GOLDENGERG, Isidoro, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, cit., pág. 10. Por la misma senda marchan los planteamientos de Adriano de Cupis, quien no obstante considerar operativo el tema de la relación de causalidad al interior del análisis jurídico, estima existente la que denomina “causalidad jurídica” misma, que a su entender “no es más que un corolario del principio enunciado por nosotros, según el cual, el contenido del daño se determina con criterios autónomos [en el ámbito jurídico]. Debemos preocuparnos de averiguar no ya cuándo el daño pueda decirse producido por un hecho humano según las leyes de la naturaleza, sino más bien cuándo ese daño pueda decirse jurídicamente producido por un hecho humano” (énfasis en el texto original). Cfr. de Cupis, Adriano, El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, traducción de la 2ª edición italiana por A. Martínez Sarrión, Bosch, Barcelona, 1975, págs. 248.

33 En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 165.16 y del 4 de junio del 2008, Exp. 16.643. MP. Enrique Gil Botero.