SENTENCIA 2001-00220/46534 DE MARZO 23 DE 2017

 

Sentencia 2001-00200/46534 de marzo 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 18001-23-31-000-2001-00220-01 (46.534)

Actor: Bertilda Tovar Gutiérrez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ejército Nacional

Asunto: Acción de reparación directa.

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá D.C., veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional contra la Sentencia del 15 de mayo de 2012, proferida el Tribunal Administrativo del Caquetá, no sin antes advertir que, de conformidad con lo acordado por la Sala plena de la sección tercera del 26 de enero de 2017, el presente asunto tiene prelación de fallo.

Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por la sumatoria de las pretensiones formuladas en la demanda, esto es, $ 263.573.792(9) supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de la interposición del recurso (Ley 446 de 1998), para que el asunto sea conocido en segunda instancia(10).

Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, el daño cuya indemnización se reclama ocurrió el 9 de diciembre de 1999, de manera que el cómputo de la caducidad de la acción iniciaba a partir del día siguiente a esa fecha; así, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 10 de agosto de 2001 (folio 25 —reverso— del cuaderno 1), puede concluirse que ésta se interpuso dentro del término previsto por la ley.

Consideración previa.

La Sala negará las pretensiones reconocidas a favor de Yeferson Rojas Muñoz, por cuanto carece de legitimación en la causa por activa para concurrir al proceso(11), ya que no probó su parentesco con Jesús Antonio Abella Tovar, pues no acreditó debidamente su calidad de hijo del citado señor(12) y tampoco demostró que pudiera tener la condición de hijo de crianza o de tercero damnificado.

Pruebas.

Obran en el plenario las siguientes:

1. Copia del registro civil de defunción de Jesús Antonio Abella Tovar, expedido por el Registrador Municipal del Estado Civil de Curillo (Caquetá), en el que se indica que aquél falleció el 9 de diciembre de 1999, en ese municipio (folio 10 del cuaderno 1).

2. Certificación expedida por el alcalde municipal (E) de Curillo - Caquetá, en la que indicó que “el día nueve (09) de diciembre de 1999 a eso de las 2:30 p.m. fueron atacadas las instalaciones del cuartel de policía de Curillo por parte de fuerzas insurgentes, donde lamentablemente falleció el señor Jesús Antonio Abella Tovar ...” (folio 5 del cuaderno 1).

3. Copia del informe administrativo por muerte 046 del 20 de diciembre de 1999, suscrito por el comandante del Departamento de Policía de Caquetá, en el que se manifestó (se transcribe como obra en el expediente):

“Hechos

“Conocidos mediante informe de inteligencia de fecha 141299 y declaraciones recepcionadas por la oficina de asuntos disciplinarios del departamento, referente a los hechos ocurridos para la fecha 091299 en el municipio de Curillo Caquetá, cuando miembros de los frentes 13, 32, 49 y compañía ... de bloque sur de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incursionaron a dicha localidad, centrando su ataque a las instalaciones policiales, con artillería pesada y cilindros de gas de cuarenta (40) libras, siendo repelido el ataque desde las 14:30 a las 22:30 horas aproximadamente ... Así mismo se conoce los fascinerosos destruyeron totalmente las instalaciones policiales, como la cuadra aledaña a la edificación, hurtaron armamento de dotación oficial, equipos de comunicaciones, material de intendencia, como también enseres y prendas de propiedad de los uniformados adscritos a esa unidad policial.

“Calificación

DECLARAR que la muerte de los señores patrulleros ... ocurrió en actos especiales del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, toda vez que de acuerdo al material probatorio allegado al presente informe administrativo se pudo establecer que la muerte de los extintos policiales se sucedió en cumplimiento de su deber, cuando repelían el feroz ataque de los subversivos, el día 091299 en el municipio de Curillo Caquetá”(13).

4. Sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte de Jesús Antonio Abella Tovar, John Fredy González Cuéllar dijo ante el Tribunal Administrativo del Caquetá (se transcribe como obra en el expediente):

“CONTESTO. Cuando fue la toma guerrillera en Curillo, fue en todo el pueblo y sus afueras, el señor Jesús Abella se encontraba trabajando en la carretera, siendo las tres de la tarde aproximadamente, el hombre iba para el pueblo cuando se encontró con un retén y le tocó quedarse allí. Hacia las siete de la noche estábamos todos dentro de la casa cuando pasó el helicóptero y comenzó a darle fuego a la casa, Jesús Antonio Abella se encontraba en la cocina cuando una bala le dio en la tetilla izquierda. Luego de allí nosotros nos fuimos para una escuela al otro día, fuimos a pasar parte al inspector de policía de la muerte de Antonio Abella ...

“Retomando quiero aclarar que cuando estábamos dentro de la casa el señor Abella y mi persona, no podíamos salir porque estaban dando mucho fuego la gente clamaba de que por Dios no nos fueran a disparar que éramos puros civiles. Abella corrió a esconderse debajo de una ducha dentro de la casa, cuando pasó el helicóptero del Ejército, cuando iba a aterrizar lo encendieron a plomo, ellos supuestamente pensaron que los que habíamos allí eran insurgentes y nos agarraron a disparos dentro de la casa, la gente gritando dijeron ‘hay un muerto’ corrimos a ver y era Jesús Antonio Ebella ... PREGUNTADO. Por qué razón su respuesta anterior afirma usted que el helicóptero que disparó contra la casa en que se encontraba usted y el fallecido era del Ejército. CONTESTADO. Me atrevo a decir que era del Ejército porque alcanzó a estar a unos 30 metros de donde estábamos, es decir, desde la casa vimos el helicóptero que iba a aterrizar cuando la guerrilla le disparaba y ahí fue cuando el helicóptero le dio fuego a la casa, al levantarse del terreno pensando que los que estábamos dentro de la casa éramos subversivos. El helicóptero se abrió por lejos de la casa y nosotros corrimos a la escuela. Lo único que vimos era a un soldado del Ejército disparando. Yo puedo decir que el helicóptero era del Ejército que era pintado o camuflado, en cambio el de la Policía era verde simplemente, hago esta afirmación porque yo viví en Tres Esquinas del Caguán y conozco los colores de los helicópteros del Ejército y de la Policía ... informe al despacho si en los hechos citados tuvo participación alguna miembros de la institución policial. CONTESTO. Ahí no había sino puro Ejército”(14).

Además, se encuentra que Gener Gómez, ante el Tribunal Administrativo del Caquetá, manifestó (se transcribe textualmente):

“... Lo que si escuché es que en horas de la tarde había un helicóptero que rondaba el casco urbano y rural del municipio de Curillo yo escuché y vi el helicóptero. Entonces yo tengo un hermano en el municipio por lo que fui a averiguar dónde estaban ellos y ya estaba la noticia que estaba el cadáver de Jesús Antonio Abello, pues sabimos que; él estaba trabajando en la vía principal que comunica al municipio de Albania con el municipio de Curillo ... entonces los familiares entre ellos Helena Abello nos comentó que el señor Jesús Antonio se había refugiado en una vivienda ubicada en el kilómetro treinta y cuatro, en ese entonces propiedad del señor Dídimo Dorado, el señor Jesús Antonio se refugió en una batería sanitaria que hay en esa vivienda y ahí fue alcanzado por una bala del helicóptero ... PREGUNTADO. Ya que manifiesta en anterior respuesta ser testigo de oídas de los hechos materia de este proceso, sírvase manifestar si le consta de acuerdo con lo que le contaron si le manifestaron a quién o qué entidad pertenecía el helicóptero a que hizo referencia y que supuestamente cegó la vida de Jesús Antonio Abello. CONTESTO. En el sector donde yo vivo normalmente pasan helicópteros y aviones y lo que uno tiene entendido es que son de la Nación del Ejército o de la Policía y ... pienso que este día los helicópteros que habían sobrevolando el área eran del gobierno: en la zona terrestre había miembros de grupos al margen de la ley ... PREGUNTADO. Al ser testigo de oídas en los hechos objeto del presente proceso, manifieste al despacho claramente y si así le consta a que institución Ilámese Ejército o Policía, pertenecían los helicópteros que apoyaron la defensa del ataque subversivo al municipio de Curillo para la fecha 9 de diciembre de 1999. CONTESTO. Pertenecían al Ejército, ya que ocurridos esos hechos la zona fue militarizada por el Ejército y a mí me consta que yo ví el helicóptero en esa zona, porque yo iba de una finca llamada La Cabaña ubicada en la vereda La Libertad a una vivienda de la vereda El Danubio ... más o menos a las 6:30 de la tarde y el helicóptero del Ejército disparaba parejo ...”(15).

La Sala estimará la versión del mencionado testigo de oídas, ya que aporta información importante para el caso y, además, identificó a la persona que le transmitió la información de los hechos objeto de su declaración.

En relación con el mérito probatorio del testimonio de oídas, esta corporación ha sostenido(16):

“(...) el testimonio de oídas constituye un medio de prueba cuya valoración no puede desecharse o desestimarse, sin más, por el sólo hecho de que la versión que rinda el declarante haya llegado a su conocimiento por la transmisión que de la misma le hubiere realizado otra persona y no por la percepción directa de los hechos respectivos.

“Ahora bien, como ocurre con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley, la valoración del testimonio de oídas deberá realizarla el juez de manera conjunta con los demás elementos probatorios que hubieren sido oportuna y regularmente acopiados en el proceso, con el agregado de que en estos casos debe tenerse especial cuidado para efectos de someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso con el fin de evitar que los hechos a los cuales se les otorgue credibilidad resulten finalmente distorsionados por el proceso de comunicación a que se encuentra sometida una declaración de tal naturaleza, puesto que es evidente que el relato de los hechos que realizará el testigo de oídas no dirá relación con aquellos que él hubiere percibido de manera directa sino que se referirá a hechos respecto de los cuales tuvo conocimiento de manera indirecta, por la referencia o transmisión que sobre los mismos le hubiere efectuado otra persona.

“Precisamente para evitar que los hechos lleguen alterados al conocimiento del juez, como resultado de la transmisión que ha de ocurrir acerca de la versión de su acaecimiento cuando el conocimiento sobre los mismos se obtiene a través de testimonios indirectos o de referencia, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos de importancia, i) las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii) las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii) la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv) la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado que aquel que corresponda al grado sucesivo por ser el resultado de haber escuchado a otro relatar unos hechos de los cuales dicho tercero tuvo conocimiento por el relato que, a su turno, recibió de otra persona y así sucesivamente.

“En ese sentido resultará particularmente importante que el juez relacione y, si fuere posible, coteje la declaración del testigo de oídas con el resto del conjunto probatorio para efectos de verificar la coincidencia y la consistencia de tal declaración con los aspectos fácticos que reflejen o evidencien los demás medios de prueba legalmente recaudados.

“Si ab initio el juez advierte la existencia de diversos medios probatorios para acreditar la ocurrencia de unos mismos hechos y la posibilidad de recaudar uno o varios de ellos, naturalmente ha de preferirse el acopio de las pruebas originales, esto es aquellas que den cuenta de los hechos respectivos en forma directa y sin intermediación alguna, sin embargo ante la ausencia o la imposibilidad de disponer de otras pruebas, resulta claro que el testimonio de oídas constituirá una herramienta importante para que el juez pueda cumplir su ardua y compleja tarea de buscar la verdad con el propósito fundamental de llevar a cabo su muy noble y delicada misión de administrar justicia.

“Téngase presente que la legalidad del testimonio de oídas no deriva de simples inferencias y ni siquiera de creaciones jurisprudenciales —las cuales de resultar razonables y fundadas en los principios que informan el ordenamiento vigente resultarían suficientes para que dicho medio de prueba pudiere ser válidamente recaudado y valorado en los procesos judiciales que cursan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo—, sino que encuentra apoyo inmediato en la expresa consagración que del mismo realiza el régimen procesal en Colombia, comoquiera que el numeral 3 del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, le ordena al juez que le solicite al declarante ‘... que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance’, cuando ‘... la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído, ...’.

“De esa manera, pues, queda claro, de una parte, que la recepción de los testimonios de oídas se encuentra contemplada explícitamente en el régimen legal colombiano y, de otra parte, que la valoración o apreciación de tales versiones exige, por mandato de la propia ley, mayor rigor de parte del juez en cuanto se requiere una información más detallada acerca de las circunstancias en que el propio testigo hubiere tenido acceso a los relatos correspondientes, cuestión que se revela obvia y explicable dado que —como ya se ha puesto de presente—, en esta modalidad existen mayores riesgos o peligros de que los hechos respectivos puedan llegar distorsionados al conocimiento del juez”.

5. Oficio del 9 de julio de 2003, elaborado por el asesor jurídico de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, en el cual se dijo que no se encontró orden de operación emitida el día 9 de diciembre de 1999, con el fin de que su tropa hiciera presencia militar en el municipio de Curillo - Caquetá (folio 5 del cuaderno 3).

6. Copia del acta de levantamiento del cadáver de Jesús Antonio Abella Tovar del 10 de diciembre de 1999 (folios 140 y 141 del cuaderno 1)(17).

Valoración probatoria y conclusiones.

Según la demanda, dado que la muerte de Jesús Antonio Abella Tovar ocurrió durante el ataque a la Estación de Policía de Curillo (Caquetá), la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ejército Nacional están obligadas a indemnizar a los actores los daños y perjuicios causados, bajo el título de imputación de daño especial, toda vez que se produjo un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas.

En casos en que se discute la responsabilidad del Estado por los daños que sufren los civiles durante un enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y grupos al margen de la ley, la jurisprudencia de esta corporación ha declarado la responsabilidad del Estado, bajo el entendido de que dicha situación “excede en lo normal la afectación que están obligados a soportar los miembros de la sociedad civil”(18) y, entonces, si bien la actuación de los agentes del Estado en un enfrentamiento con grupos al margen de la ley puede resultar legítima, las víctimas no están obligadas a soportar los perjuicios sufridos, independientemente de quién los haya causado; al respecto, ha manifestado:

“(...) la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quien (sic) disparó el arma que lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado, (sic) no permite saber si fue la Policía o la guerrilla la que lesionó a la menor, sin que exista la posibilidad de practicar una prueba técnica sobre el proyectil (sic) por cuanto éste salió del cuerpo de la menor. Pero lo que sí no ofrece ninguna duda es que la menor sufrió un daño antijurídico que no tenía por qué soportar, en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y subversivos (sic) y si bien es cierto aquellas (sic) actuaron en cumplimiento de su deber legal, la menor debe ser resarcida de los perjuicios sufridos (sic) por esa carga excepcional que debió soportar”(19).

También la jurisprudencia de esta sección ha sostenido que, dada la necesidad de privilegiar los principios de solidaridad y equidad frente a las víctimas del conflicto armado interno que, durante décadas, ha soportado el país, surge para el Estado el deber de reparar los daños y perjuicios causados cuando Ios derechos e intereses de los particulares ajenos al conflicto resultan afectados, pues es a las autoridades públicas a las que se ha confiado la protección de la población(20).

En conclusión, conforme a reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado —concretamente de su sección tercera— son imputables al Estado los daños sufridos por las víctimas cuando éstos excedan los sacrificios que se imponen a todas las personas y en su causación intervenga la autoridad pública, al margen de quién sea el autor de aquéllos; así, si durante un enfrentamiento armado entre las fuerzas del Estado y personas al margen de la ley se causa un daño a la salud o al patrimonio de un particular ajeno a esa confrontación, “para efectos de establecer la responsabilidad del Estado, (sic) no es necesario que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes”(21).

En el caso sub examine, las pruebas allegadas al proceso muestran que Jesús Antonio Abella Tovar falleció el 9 de diciembre de 1999, cuando ocurrió el ataque guerrillero que se centró en la Estación de Policía del municipio de Curillo (Caquetá), realizado por el grupo subversivo —FARC—, el cual fue repelido por miembros de esta institución durante varias horas. Se evidenció que, además, quedó destruida la mencionada instalación policial y la cuadra aledaña a ésta.

Según los testigos, Jesús Antonio Abella Tovar tuvo que albergarse en una casa camino al pueblo de Curillo —de propiedad de Dídimo Dorado—, en compañía de varias personas, debido al cruce de disparos que había en todo el municipio, por el ataque guerrillero que estaba dirigido contra la Estación de Policía.

Afirma el testigo presencial de los hechos que, cuando se encontraban en la casa, vieron pasar un helicóptero del Ejército Nacional y que, cuando éste iba a aterrizar, miembros de la guerrilla empezaron a dispararle. Los ocupantes del helicóptero pensaron —dijo el testigo— que las personas que estaban dentro de la vivienda eran subversivos y, por ello, comenzaron a disparar, momento en el cual una de las balas impactó al señor Abella Tovar, provocando su muerte.

De lo anterior, puede concluirse que, a pesar de que el ataque iba dirigido principalmente contra la Estación de Policía, en varias zonas del municipio de Curillo se presentaron enfrentamientos entre la Fuerza Pública y miembros del grupo guerrillero.

Ahora, si bien la recurrente manifestó que la muerte de Jesús Antonio Abella Tovar no se produjo por el ataque guerrillero, por cuanto ello ocurrió lejos de la Estación de Policía, puede establecerse que aquél falleció durante un enfrentamiento que, conforme a lo manifestado por los testigos, sostuvieron ese mismo día el Ejército Nacional y el grupo subversivo a las afueras del pueblo, cuando aquéllos acudieron al lugar a apoyar a los miembros de la Policía, ante la agresión de que eran víctimas.

Aunque obra un documento que indica que para el 9 de diciembre de 1999 no se emitió una orden de operación para que la tropa del Ejército Nacional hiciera presencia en el municipio de Curillo, los testigos John Fredy González Cuéllar y Gener Gómez son contundentes en señalar que miembros de dicha institución sí estuvieron en el lugar de los hechos, prestando seguridad a los ciudadanos y contrarrestando la ofensiva del grupo guerrillero.

Pues bien, acreditado como está que la muerte de Jesús Antonio Abella Tovar se produjo durante el enfrentamiento sostenido entre el Ejército Nacional y un grupo de personas alzadas en armas a las afueras del municipio de Curillo Caquetá), cuando miembros de aquella institución apoyaban a la Policía frente al ataque guerrillero ocurrido el 9 de diciembre de 1999, en este caso resulta irrelevante para la Sala, atendiendo los criterios jurisprudenciales expuestos, determinar el autor del daño, a fin de imputar responsabilidad al Estado, en consideración a que su declaratoria exige únicamente que aquél se produzca en el marco de un enfrentamiento armado en el que estén involucradas fuerzas estatales, lo cual, como se vio, se encuentra demostrado en el plenario.

Es importante destacar que, si bien fue un tercero el que incursionó violentamente en la población de Curillo (Caquetá) y dio lugar al enfrentamiento armado con los miembros del Ejército Nacional que ayudaron a repeler el ataque dirigido contra la Estación de Policía, civiles ajenos al conflicto resultaron afectados.

Así, dado que los daños irrogados entrañaron un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas, surge para el Estado la obligación de reparar los perjuicios causados; en consecuencia, se modificará la sentencia apelada, para declarar únicamente la responsabilidad del Ejército Nacional por los hechos acá debatidos, teniendo en cuenta que, el señor Abella Tovar resultó muerto durante un enfrentamiento sostenido entre miembros de dicha institución y un grupo al margen de la ley.

Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales.

Teniendo en cuenta que la parte actora no apeló la sentencia de primera instancia y que el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Defensa nada dijo en torno a los perjuicios morales reconocidos por el tribunal, la Sala confirmará la condena impuesta, sin siquiera actualizarla, por cuanto ésta se hizo en términos de salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales se liquidarán a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

Perjuicios materiales - lucro cesante.

El Ministerio de Defensa y la parte actora nada expresaron sobre la liquidación de los perjuicios materiales reconocidos en primera instancia; por tanto, se procederá a su actualización, de conformidad con la siguiente fórmula:

Ra1
 

Donde (Ra) es igual a la renta histórica, esto es, la suma reconocida por el tribunal de primera instancia, multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta providencia, por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se profirió la sentencia de primera instancia.

Sin título
 

Perjuicios por daño a la vida de relación.

La Sala revocará la indemnización reconocida por daño a la vida de relación, toda vez que estos perjuicios no fueron pedidos en la demanda(22) y, por ende, el tribunal falló extra petita(23) y quebrantó el principio de congruencia, acerca de lo cual la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido:

“Puede decirse, entonces, que el punto primero de la sentencia de instancia, en cuanto se pronuncia sobre un asunto ajeno a la litis, quebranta el principio de congruencia (...) y por ello habrá de revocarse.

“Sobre el particular, los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicables a los asuntos de competencia de esta jurisdicción por expresa remisión del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, (sic) la sentencia que ponga fin al proceso deberá estar acorde con los hechos y las pretensiones de la demanda, toda vez que en relación con ellos, el demandado ejerció su derecho (sic) de defensa y contradicción (...) pues son las partes quienes determinan de manera expresa los límites dentro de los cuales los jueces pueden actuar en forma congruente, puesto que si hacen extensivo su poder jurisdiccional transitorio a temas exógenos a los queridos por las partes o no atienden, ni resuelven todo lo que se les ha pedido, violan este principio”(24).

Costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la Sentencia del 15 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá y, en su lugar, se dispone:

a) DECLÁRASE responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por la muerte de Jesús Antonio Abella Tovar, ocurrida el 9 de diciembre de 1999, en el municipio de Curillo (Caquetá).

b) CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas, por concepto de perjuicios morales:

• Para Jesús Antonio Abella Sánchez, 100 SMLMV.

• Para Bertilda Tovar Gutiérrez, 100 SMLMV.

• Para Gladis Rojas Muñoz, 100 SMLMV.

• Para Yubeli Marcela Rojas Muñoz, 100 SMLMV.

• Para Wilfredo Rojas Muñoz, 100 SMLMV.

• Para Rosendo Abella Tovar, 50 SMLMV.

• Para Elena Abella Tovar, 50 SMLMV.

c) CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante:

• Para Gladis Rojas Muñoz, la suma de $ 129.011.335,42.

• Para Yubeli Marcela Rojas Muñoz, la suma de $ 27.036.498,42.

• Para Wilfredo Rojas Muñoz, la suma de $ 30.052.638.

d) NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(9) Cifra que resulta de sumar la pretensión de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante —$ 98.437.026— y la de perjuicios morales —$ 165.136.766, que equivalen a 8.200 gramos (para el 10 de agosto de 2001, fecha de presentación de la demanda, el valor del gramo oro era de $ 20.138,63)—. Lo anterior, por cuanto el recurso de apelación se interpuso en vigencia de la Ley 1395 de 2010, la cual establece, en su artículo 3º, que la cuantía se determinará por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda.

(10) Para cuando se interpuso el recurso de apelación (30 de julio de 2012), la ley vigente en materia de determinación de competencias era la Ley 446 de 1998, conforme a la cual:
“ART. 40.—Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
“(...)
“6. De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.
En este caso, como la demanda se presentó en el 2001, la cuantía ascendía a $ 143.000.000, si se tiene en cuenta que, para ese año, el salario mínimo legal mensual vigente se fijó en $ 286.000.

(11) “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por si (sic) solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto (sic) pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; (sic) si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones (sic) no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho (sic) sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante” (Sent. del 28 de abril de 2010, Exp. 18.456).

(12) Si bien se allegó al plenario el registro civil de nacimiento de Yeferson Rojas Muñoz, el señor Abella Tovar no figura como padre.

(13) Folios 39 y 40 del cuaderno 1.

(14) Folios 12 y 13 del cuaderno 2.

(15) Folios 14 y 15 del cuaderno 2.

(16) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 7 de octubre de 2009, Exp. 17.629.

(17) Debe advertirse que a dicho documento no se le dará valor probatorio, por cuanto fue allegado en el término para presentar alegatos de conclusión en primera instancia.

(18) Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, Sentencia del 28 de enero de 2015 (Exp. 32.912).

(19) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 7 de abril de 1994 (Exp. 9261).

(20) Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, Sentencia del 29 de julio de 2013 (Exp. 28.134).

(21) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 8 de agosto de 2002 (Exp. 10.952).

(22) Se advierte que en los alegatos de conclusión de primera instancia, el apoderado de la parte demandante adujo que, en la demanda, no solicitó de manera expresa dichos perjuicios y, por ende, en esta oportunidad pidió su reconocimiento.

(23) Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil señala que: “No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ...”.

(24) Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, Sentencia del 14 de febrero de 2011 (Exp. 16.651).