Sentencia 2001-00227 de julio 26 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Rad.: 25000-23-24-000-2001-00227-01

Actor: Corporación Fondo de Empleados del Incora - Corfincora

Demandado: Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación

Ref.: Nulidad y restablecimiento del derecho - Fallo de Segunda instancia

Bogotá D.C., veintiséis de julio de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia

De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y con el numeral 1º del Acuerdo número 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo dentro de los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los Despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del citado acuerdo, el Despacho del Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia

En el caso concreto, la Sala precisa que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso(26), de conformidad con el cual “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.”

2. Los actos demandados.

La demanda recae sobre las Resoluciones 2º de 8º de agosto de 2000 “Por la cual se decide sobre las reclamaciones presentadas oportunamente, los bienes que integran la masa de liquidación y los que están excluidos de ella; las reclamaciones aceptadas y rechazadas con relación a las sumas y bienes excluidos de la masa de liquidación. Y su orden de restitución; y los créditos aceptados y rechazados contra la masa de liquidación, su cuantía y prelación de pago” y 1831 de 7 de noviembre de 2000 “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el liquidador de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero S.A., en liquidación.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar o revocar la sentencia apelada, para lo cual examinará los argumentos del recurso de apelación y concretamente los siguientes problemas jurídicos:

3.1. ¿Existió pago anticipado de las primas correspondientes a las pólizas expedidas en virtud del convenio celebrado entre la Cooperativa de Trabajadores Incora. (Himat) y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros?

3.2. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, se resolverá sobre si: ¿debía el liquidador reconocer sumas de dinero a favor de la demandante en virtud del pago anticipado de las primas correspondientes a las pólizas expedidas?

4. Razones jurídicas de la decisión

Bajo el panorama expuesto, la Sala resuelve los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto, para lo cual, por razones de orden metodológico, abordará los siguientes ejes temáticos: (i) el pago de las primas correspondientes a las pólizas expedidas en virtud del convenio celebrado entre la Cooperativa de Trabajadores Incora (Himat) y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros y (ii) la existencia de sumas de dinero que debían reconocerse en virtud del pago anticipado de las primas correspondientes a las pólizas expedidas.

4.1. El pago de las primas correspondientes a las pólizas expedidas en virtud del convenio celebrado entre la Cooperativa de Trabajadores Incora (Himat) y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros

4.1.1. El apelante argumenta que la sentencia de primera instancia incurrió en un error al no tener en cuenta que la reclamación presentada al liquidador, tenía por sustento el convenio de seguros celebrado entre la Cooperativa de Trabajadores Incora (Himat) y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros, en el cual se pactó un pago anticipado de primas, el cual tenía por consecuencia una serie de descuentos a favor de la ahora demandante.

4.1.2. Para resolver el anterior argumento, la Sala considera pertinente analizar el contenido del convenio celebrado entre la Cooperativa de Trabajadores Incora (Himat) y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros, el cual es del siguiente tenor:

“Materias convenidas.

1. Seguros Caja Agraria emitirá contratos de seguro a 24 meses y/o hasta concurrencia de la suma de dinero pagada por la Cooperativa de Trabajadores Incora- Himat a través de la negociación celebrada con Sintracreditario sobre el Centro Recreacional Resacas (Melgar) y que ascendió a la suma de mil trescientos cincuenta millones de pesos m/cte ($1.350.000.000)

2. Seguros Caja Agraria mantendrá condiciones y coberturas competitivas para todos los contratos y por todo el período otorgando a la Cooperativa y sus asociados las ventajas comerciales convenidas.

3. La Cooperativa paga en dinero en efectivo el valor correspondiente al IVA de las pólizas facturadas que corresponde a los meses de agosto a noviembre de 1997.

4. El Soat se continuará expidiendo con Seguros Caja Agraria y las primas que genere se pagarán mensualmente por la Cooperativa, previa deducción de la comisión pactada.

5. Teniendo en cuenta el pago anticipado de primas por la Cooperativa se acordó que para la vigencia 97/98 otorga a la Cooperativa un descuento del 8% sobre las primas anualizadas y para la vigencia 98/99 un descuento del 17%.

6. Semestralmente Coraza presentará informes consolidados de siniestralidad por pólizas y por períodos, sugiriendo los ajustes y recomendaciones que sean aconsejables en cada caso.

7. Partiendo de los términos del convenio con Sintracreditario, para los efectos de este acuerdo se asume que el centro recreacional Resacas se pagó de contado (...)”. (27)

4.1.2. De la lectura del texto del convenio se desprende que el mismo tenía por objeto la expedición de pólizas por valor de hasta mil trescientos cincuenta millones de pesos ($1.350.000.000), los cuales serían asumidos con el dinero que Sintracreditario cancelaría por la adquisición del Centro Recreacional Resacas (Melgar).

4.1.3. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario establecer la manera como se concretaba el pago de los mil trescientos cincuenta millones de pesos ($1.350.000.000), que serían destinados al pago de las primas correspondientes a las pólizas de seguro que se expidieran en desarrollo del convenio al que se viene haciendo referencia.

Dicho pago de conformidad con la cláusula tercera de la promesa de compraventa(28) firmada, se garantizaría con un pagaré que se haría efectivo el 17 de febrero de 1998, el cual fue emitido el 26 de diciembre de 1997 y endosado a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero el 29 de diciembre de 1997.

4.1.4. Vistas los anteriores antecedentes fácticos, es necesario entrar a analizar si la forma como se pactó y ejecutó el convenio entre la Cooperativa de Trabajadores Incora (Himat) y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros, generó que existiera un pago anticipado de las primas correspondientes a las pólizas que se expidieron durante su vigencia.

4.1.5. El artículo 1045(29) del Código de Comercio establece en su numeral 3º que la prima o precio del seguro es uno de los elementos esenciales del contrato de seguro, razón por la cual el artículo 1066(30) ibídem prevé que la misma debe ser pagada a más tardar dentro del mes siguiente a la entrega de la póliza.

En consonancia con las reglas descritas en el párrafo precedente, el artículo 1068 de la codificación comercial, establece que la mora en el pago de la prima tiene como consecuencia la terminación automática del contrato de seguro, consecuencia que de conformidad con el inciso final de la norma en cita no puede ser modificada por las partes.

4.1.6. Corolario de lo anterior se colige que para la vigencia del contrato de seguros es necesario el pago efectivo de la prima, sin que pueda validarse ningún tipo de acuerdo en contrario sobre dicha regla, lo que resulta relevante en el caso que ocupa la atención de la Sala, pues el demandante pretende que se anteponga a dicha regla el convenio celebrado entre la Cooperativa de Trabajadores Incora (Himat) y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros, en tanto estipula que el programa de seguros fue pagado por anticipado.

Al respecto para considerar la existencia de un pago anticipado, no basta con la estipulación contractual de las partes, sino que se requiere verificar el pago efectivo, como lo disponen los previamente mencionados artículos 1066 y 1068 del Código de Comercio, por lo cual se procede a analizar si en el sub examine se cumplió con el pago anticipado de las primas.

4.1.7. En el expediente obra prueba de que el pagaré que fue otorgado por Sintracreditario para garantizar el pago de los hasta mil trescientos cincuenta millones de pesos ($1.350.000.000), correspondientes a la adquisición del Centro Recreacional Resacas (Melgar), fue endosado a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros, por lo que es necesario estudiar la normativa comercial a fin de establecer sí dicho endoso es suficiente para entender que se dio el pago anticipado que alega el apelante.

4.1.8. El artículo 882 del Código de Comercio establece lo siguiente sobre el pago con títulos valores:

“ART. 882.—‘Pago Con Títulos Valores’. La entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos-valores de contenido crediticio, por una obligación anterior, valdrá como pago de ésta si no se estipula otra cosa; pero llevará implícita la condición resolutoria del pago, en caso de que el instrumento sea rechazado o no sea descargado de cualquier manera.

Cumplida la condición resolutoria, el acreedor podrá hacer efectivo el pago de la obligación originaria o fundamental, devolviendo el instrumento o dando caución, a satisfacción del juez, de indemnizar al deudor los perjuicios que pueda causarle la no devolución del mismo.

Si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá así mismo; no obstante, tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en un año.

Conforme lo determina la norma transcrita se entiende como válido el pago mediante la entrega de títulos valores, sin embargo, el mismo se encuentra sujeto a una condición resolutoria, que se hace presente cuando el instrumento negocial sea rechazado o no se descargue, caso en el cual se entenderá que el pago no fue efectivo, por lo cual habrá de examinarse en cada caso concreto la manera como obra la condición inserta en el título, para definir si la misma se cumple en debida forma y puede considerarse como pagado el valor adeudado.

4.1.9. En el caso del pagaré endosado a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros, como pago del programa de seguros convenido con la demandante por valor de mil trescientos cincuenta millones de pesos ($1.350.000.000), el mismo se otorgó con la condición de ser pagado el 20 de marzo de 1998, por lo cual habrá de verificarse sí en dicha fecha se dio cumplimiento a la obligación condicionada, para poder definir si existió o no el pago anticipado alegado.

Obra a folio 24 del cuaderno anexo 3 del expediente oficio de 26 de marzo de 1998, firmado por Alejandro Devis Morales, Gerente de la Unidad de Negocio de Seguros de la Caja Agraria, dirigido al gerente general de la Cooperativa Incora - Himat, en el cual expresamente se dice lo siguiente: “Por medio del presente quiero manifestarle que la obligación cedida por ustedes a Seguros Caja Agraria consistente en un pagaré por la suma de $1.350.000.000 que a su favor había girado Sintracreditario ha sido debidamente satisfecha”.

La anterior comunicación da cuenta de que la condición contenida en el título valor entregado como pago anticipado de las primas correspondientes al programa de seguros pactado entre la Cooperativa de Trabajadores Incora (Himat) y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, fue cumplida.

4.1.10. Así las cosas, se puede concluir que se encuentra probado que en el convenio celebrado entre la Cooperativa de Trabajadores Incora (Himat) y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, para la expedición de pólizas de seguros, se dio un pago anticipado de primas por un valor de mil trescientos cincuenta millones de pesos ($1.350.000.000), por lo cual se habrá de tomar en cuenta dicho pago a fin de definir si los actos demandados rechazaron indebidamente la reclamación presentada por la ahora demandante, en la que solicitó la devolución de primas por parte de la aseguradora.

4.2. La existencia de sumas de dinero que debían reconocerse en virtud del pago anticipado de las primas correspondientes a las pólizas expedidas.

4.2.1. El apelante sostiene que el liquidador debió aplicar los descuentos convenidos en el programa de seguros firmado entre la Cooperativa de Trabajadores Incora (Himat) y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros, el cual daba lugar al reconocimiento de un valor de cuatrocientos cincuenta y ocho millones veintiséis mil doscientos treinta y siete pesos ($458.026.237).

Para el a quo, la reclamación presentada por la parte actora en sede de liquidación fue rechazada apropiadamente, ya que las primas fueron debidamente devengadas por el vencimiento del plazo del programa de seguros, ello de conformidad con el artículo 1070 del Código de Comercio.

4.2.2. En relación con las anteriores argumentaciones, es necesario entrar a definir sí en virtud del pago anticipado de las pólizas de seguro, existía una obligación clara, expresa y exigible a favor de la demandante, que debía ser reconocida por el liquidador.

4.2.3. Previo al estudio concreto de la reclamación presentada por el demandante en sede de liquidación, es pertinente indicar que el análisis de validez debe circunscribirse a los motivos de inconformidad expuestos por el demandante, comoquiera que al mismo le asiste la carga de desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que ampara los actos administrativos, y por consiguiente a él le corresponde ofrecer de manera clara, precisa, oportuna y suficiente, las razones de hecho y derecho por las que estima que las decisiones impugnadas deben retirarse total o parcialmente del ordenamiento jurídico, razones que junto con las excepciones propuestas delimitan el ámbito de estudio respecto del cual el juez debe resolver de manera congruente e imparcial la controversia planteada.

Tratándose de decisiones dictadas al interior de un proceso liquidatorio de entidades públicas como ocurre en esta oportunidad, también resulta pertinente destacar que “la carga de la prueba corresponde de forma exclusiva al acreedor”(31), como recientemente esta Sala decisión lo recordó a partir pronunciamientos como los siguientes:

—Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E), del 21 de noviembre de 2013, Rad. 13001-23-31-000-2004-01051-01 (0441-13):

“En el marco del proceso de liquidación obligatoria, como el que tuvo lugar en el asunto en cuestión, se aplican normas especiales que determinan el procedimiento a seguir para el reconocimiento de las acreencias de los reclamantes, en razón a que se trata de la terminación de la persona jurídica y el saneamiento de las obligaciones monetarias contraídas durante su existencia, por ello en ese trámite, la carga de la prueba de la acreencia recae en el peticionario, de tal forma que con base en ella tendrá o no éxito la pretensión del acreedor…”(32)

—Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Claudia Rojas Lasso, del 29 de septiembre de 2016, Rad. 25000-23-24-000-2007-00351-01:

“[L]e correspondía al acreedor, en este caso a la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. IPS, haber acreditado mediante las respectivas facturas y demás documentos soportes de contabilidad, entre otros medios probatorios, la prestación del servicio de salud por parte de la demandante a los afiliados a la entidad demandada. (...) [P]ierde solidez el argumento de discrepancia del apelante según el cual, la demandante no estaba obligada a aportar documentos adicionales a las facturas con las que dice resultaba suficiente la acreditación de las reclamaciones presentadas ante Cajanal S.A. EPS en Liquidación, dada la relación contractual entre las partes, por cuanto dicha afirmación desconoce que si bien es cierto el contrato es ley para las partes, igualmente lo es que no se puede desconocer la prevalencia de las exigencias legales en torno al tema, que está dada por el marco normativo en precedencia analizado. Dado lo expuesto, la actora tenía que aportar además de las 27 facturas del total de 221 frente a las cuales recayó la solicitud de restablecimiento del derecho y que sirvieron de fundamento para la elaboración del dictamen pericial, otros documentos como los soportes de contabilidad que acreditaran la prestación del servicio, en vista de que no lo hizo, no es posible acoger este planteamiento de disenso”(33).

4.2.4. Visto lo anterior, se tiene que en el formulario de reclamación presentado ante el liquidador(34) la parte actora solicitó la devolución de primas correspondientes a las pagadas en virtud del programa de seguros firmado entre la Cooperativa de Trabajadores Incora (Himat) y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros.

4.2.5. Respecto de la anterior reclamación, en primera medida es necesario estudiar el numeral 5º artículo 5º del Decreto 2418 de 1999, que establece la forma como debe proceder el liquidador al momento de decidir sobre una reclamación, norma que es del siguiente tenor:

“ART. 5º.—Procedimiento liquidatorio. El procedimiento liquidatorio se desarrollará en las siguientes etapas:

5. Decisión sobre las reclamaciones. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del término para presentar objeciones, el liquidador decidirá sobre las reclamaciones presentadas oportunamente y las objeciones que se hayan formulado, mediante resolución motivada en la que se señalará:

a) Los bienes que integran la masa de la liquidación y los que están excluidos de ella;

b) Las reclamaciones aceptadas y rechazadas en relación con sumas y bienes excluidos de la masa de la liquidación y el orden de restitución de conformidad con el numeral 2º del artículo 299 y el numeral 6º del artículo 300 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;

c) Los créditos aceptados y rechazados contra la masa de la liquidación, señalando la naturaleza de los mismos, su cuantía y la prelación para el pago y los privilegios o preferencias que la ley establece, de conformidad con los numerales 1º y 6º del artículo 300 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Cuando se trate de obligaciones en moneda extranjera, las mismas se reconocerán a la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, del día en que se haya ordenado la liquidación de la entidad, certificada por la Superintendencia Bancaria.

Si el liquidador dudare de la procedencia o validez de cualquier reclamación, la rechazará.

La resolución que decida sobre las reclamaciones se notificará por edicto en la forma prevista en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. Adicionalmente, dentro de los primeros tres (3) días de fijación del edicto se publicará un aviso en un periódico de amplia circulación informando: La expedición de dicha resolución, la fijación del edicto, la fecha en que será desfijado, el término para presentar recursos y el lugar o lugares en los cuales podrá consultarse el texto completo de la resolución.

El liquidador podrá optar porque la decisión sobre las reclamaciones se adopte en actos administrativos independientes.

“(...)

De la lectura de la norma se colige, que para que sea procedente la aceptación de una reclamación no puede existir duda sobre la procedencia o validez de la obligación objeto de la misma, lo que implica que el liquidador reconoce acreencias claras, expresas y exigibles, sin que le sea dable aceptar aquellas sobre las cuales existan controversias de carácter declarativo.

4.2.6. Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a analizar las pruebas existentes en el proceso sobre la ejecución del convenio firmado entre la Cooperativa de Trabajadores Incora (Himat) y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros, a fin de establecer si existían valores claros y exigibles que debieran ser reconocidos por el liquidador, en especial el dictamen pericial que tuvo por objeto “establecer la cuantía de las primas causadas y el saldo del pago anticipado de las mismas que no fue ejecutado conforme al convenio suscrito con la entidad demandante y Coraza, y por lo tanto, el valor del saldo a devolverse a la Cooperativa y se determine el ajuste al valor y los intereses según lo solicitado en la demanda”.

4.2.6.1. En relación con la valoración de la experticia, es necesario indicar con fundamento en el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, que el juez debe tener en cuenta no solo su firmeza, sino además la precisión y calidad de sus fundamentos, así como la competencia del perito y los demás elementos probatorios que obren en el proceso, elementos que se proceden a analizar en el caso de la rendida en el presente proceso.

4.2.6.2. Respecto del primer elemento, esto es la firmeza del dictamen, se tiene que en el presente proceso el rendido quedó en firme al no tramitarse las objeciones contra el presentadas, por ser extemporáneas, por lo que se apreciará el dictamen y sus soportes a fin de establecer si del mismo se puede considerar que existe evidencia de que los actos demandados erraron al no reconocer las sumas de dinero reclamadas ante el liquidador.

4.2.6.3. En su experticia los peritos definieron que existía un saldo a pagar a favor del demandante por valor de cuatrocientos sesenta millones veintidós mil novecientos setenta y nueve pesos ($460.022.979), los cuales tenían por origen los siguientes ítems:

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4.2.6.4. Para justificar las sumas de dinero discriminadas, la experticia presenta una serie de anexos, que deben ser analizados a fin de determinar si los mismos en efecto demuestran la existencia de una obligación clara, expresa y exigible que debía ser reconocido por parte del liquidador.

4.2.6.5. El valor del pago anticipado se encuentra soportado en el pagaré y en la nota enviada por parte del gerente de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros en el que manifiesta que fue satisfecho el valor de mil trescientos cincuenta millones de pesos ($1.350.000.000) garantizado en el título valor.

4.2.6.6. El total facturado del programa de seguros se encuentra sustentado en los documentos provenientes tanto de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros, como de la demandante, obrantes a folios 347 a 349 del cuaderno anexo 4 del expediente, así como en el reconocimiento expreso realizado por la apoderada de la parte accionada, que en la respuesta al hecho segundo(35) de la demanda relacionó que en el programa de seguros se emitieron pólizas por total de dos mil doscientos diecinueve millones ochocientos veintiocho mil doscientos diecisiete pesos ($1.219.828.217).

4.2.6.7. En relación con estos dos primeros ítems dados por el peritaje se encuentra que existe una diferencia de ciento treinta millones ciento ochenta y un mil doscientos noventa pesos ($130.181.290), que resulta de restar al valor pagado por anticipado y el monto de las primas efectivamente causadas por la expedición de pólizas.

4.2.6.8. En este punto es necesario indicar que la apreciación del a quo relacionada con que de conformidad con el artículo 1070(36) del Código de Comercio el vencimiento del término del contrato de seguro tiene por efecto que el asegurador haya devengado totalmente la prima resulta acertada, sin embargo, dicha prima solo puede corresponder a la que se canceló por pólizas expedidas, de lo que se sigue, que en caso de que el asegurado haya cancelado el valor de un seguro que no fuese efectivamente librado, no puede considerarse que el asegurador ha percibido la misma.

4.2.6.9. Vistas las anteriores consideraciones, se tiene que en el sub examine se encuentra acreditado que entre el valor pagado por primas y las pólizas efectivamente expedidas existe una diferencia de ciento treinta millones ciento ochenta y un mil doscientos noventa pesos ($130.181.290), monto que corresponde a una obligación clara, expresa y exigible, que debió ser reconocida por el liquidador, ya que el pago anticipado debía ser imputado a pólizas efectivamente expedidas, por lo cual al no cubrirse el valor total, era procedente la devolución de las primas que no fueron devengadas, por no haberse emitido póliza alguna sobre las mismas.

4.2.6.10. En cuanto a las notas crédito a que refiere el peritaje, las mismas obran a folios 230 a 314 del cuaderno anexo 4 del expediente, realizas su revisión no se encuentra que las mismas indiquen expresamente que corresponden a devoluciones que deban deducirse del valor total de las primas de las pólizas expedidas en el programa de seguros por valor de mil doscientos diecinueve millones ochocientos veintiocho mil doscientos diecisiete pesos ($ 1.219.828.217), por lo que no es dable tener dichos soportes como base de una devolución de primas, pues no se encuentra que sea claro que las mismas no hayan sido imputadas dentro del desarrollo del programa de seguros ejecutado entre la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero unidad de negocios de seguros y la demandante, razón por la cual no constituyen una obligación clara, expresa y exigible que el liquidador debiera reconocer.

4.2.6.11. El ítem por pronto pago, que el liquidador fijó en ciento treinta y cinco millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos pesos ($135.352.540), se sustenta en el documento obrante a folio 350 del anexo 4 del expediente, el cual provienen únicamente de la parte actora, lo cual hace que se trate de cálculos que no pueden ser tenidos en cuenta para considerar la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, pues en el mismo no tuvo ni intervención, ni aceptación la demandada, por lo cual no puede ser tenida como base de una suma a reconocer por el liquidador.

4.2.6.12. Al igual que con los valores tenidos en cuenta para calcular el retorno por pronto pago, la experticia usa como fundamentó de los valores que presenta por conceptos de (i) tiempo no causado; (ii) retorno del 10% e (iii) IVA pagado a diciembre de 1997, el documento expedido por la propia demandante que obra a folio 350 del anexo nro. 4 del expediente, el cual como se concluyó en precedencia no puede ser tenido como prueba de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la entidad en liquidación, razón por la cual no era dable al liquidador proceder a su reconocimiento.

4.2.6.13. En relación con las sumas dadas por el peritaje que no se encuentran soportadas, la Sala considera necesario precisar, que en el presente asunto se revisa la actuación del liquidador al rechazar una reclamación, momento en el cual, solo puede reconocer aquellas sobre las que no exista duda sobre su procedencia o validez, por lo cual, aquellos aspectos que serían susceptibles de un debate contractual, como en el sub examine sucede con los correspondientes a los descuentos por pronto pago, el tiempo no causado, las notas crédito, el IVA pagado y el retorno del 10%, no es dable su reconocimiento en sede de liquidación, sino que debe resolverse declarativamente por el juez del contrato.

4.2.7. Del anterior análisis probatorio se concluye que el liquidador dejó de reconocer la diferencia existente entre el pago anticipado de primas y las pólizas efectivamente expedidas, entretanto sobre los descuentos por pronto pago, el tiempo no causado, las notas crédito, el IVA pagado y el retorno del 10%, no existen soportes que permitan considerarlos obligaciones claras, expresas y exigibles que debieran ser reconocidas por la liquidación.

4.2.8. En consecuencia se impone la revocatoria del fallo de primera instancia en tanto no se realizó un análisis conjunto del material probatorio, para en su lugar acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual resulta necesario precisar los términos en que es procedente el restablecimiento del derecho teniendo lo probado en el presente trámite y las particularidades del caso en concreto.

4.2.9. Añádase a lo expuesto, que el valor susceptible de reconocimiento lo será en el quinto orden de prelación (art. 2509 del C.C.)(37), esto al tratarse de un crédito que no goza de preferencia.

5. Del restablecimiento del derecho

5.1. Definido que debe decretarse la nulidad parcial de los actos demandados y reconocer el valor de ciento treinta millones ciento ochenta y un mil doscientos noventa pesos ($130.181.290) correspondiente a la diferencia existente entre el pago anticipado de primas y las pólizas efectivamente expedidas, debe procederse a la actualización de las sumas reconocidas para mantener su poder adquisitivo, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:

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En que

R= Valor presente

Rh = Valor que se actualizará.

IPC Inicial = Índice de precios al consumidor.

IPC Final = Índice de precios al consumidor que corresponde al vigente para el mes en que se profiere la sentencia.

Respecto de la aplicación de la anterior fórmula, se resalta que el IPC inicial a tener en cuenta, corresponde al de la fecha en que se rechazó la reclamación de la parte demandante, esto es, agosto de 2008, equivalente a 61,15.

En cuanto al IPC Final, como a la fecha no se cuenta con el IPC del mes en el que se dicta la presente providencia, se tomará el último reportado por el DANE, esto es, el correspondiente a junio de 2018, equivalente a 142,28.

Por supuesto, el valor que se actualizará (Rh) corresponde al susceptible de reconocimiento frente a la diferencia entre el pago anticipado de primas y las pólizas efectivamente expedidas

En ese orden de ideas, respecto del valor a reconocer con base en la fórmula aplicada es la siguiente:

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5.2. Se destaca que el efectivo reconocimiento de la acreencia antes señalada debe someterse a los procedimientos, reglas y condiciones previstas para su pago en el proceso liquidatario de la Caja de Crédito Agrarario, Industrial y Minero, en atención que no se encuentra probado en el presente proceso, cuáles fueron las determinaciones adoptadas en relación con la finalización de la liquidación, verbigracia, la entidad responsable del pago, el trámite que debe seguirse y las condiciones correspondientes, por lo que mal haría la Sala en emitir una orden que pueda desconocer las decisiones dictadas sobre el particular.

5.3. Ahora bien, en atención a que existen acreencias que deben reconocerse, resulta pertinente precisar si hay o no lugar a reconocer intereses moratorios como lo solicitó la parte accionante.

Sobre el punto, resulta importante resaltar que, ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación(38) en señalar que, la liquidación de una entidad genera una situación irresistible configurando una fuerza mayor, por lo que se desvirtúa la mora y su consecuente reconocimiento.

Por otra parte se destaca, que como las acreencias cuyo reconocimiento es procedente se indexarán en la forma señalada en el anterior apartado, no es viable que adicionalmente se reconozcan intereses moratorios, como también lo ha destacado en reiterados pronunciamientos el Consejo de Estado(39).

Por lo tanto, no hay lugar acceder al reconocimiento de intereses moratorios.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVOCAR la Sentencia del 15 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en Descongestión, para en su lugar disponer lo siguiente:

i) DECLARAR parcialmente la nulidad de las Resoluciones 2º de 8º de agosto de 2000 y 1831 de 7 de noviembre de 2000, en cuanto rechazó reconocer la devolución correspondiente a la diferencia existente entre el pago anticipado de primas y las pólizas efectivamente expedidas.

ii) A título de restablecimiento del derecho, RECONOCER de conformidad con las razones expuestas en esta providencia, en favor de la demandante la suma de trescientos dos millones ochocientos noventa y siete mil seiscientos noventa y tres pesos ($302.897.693), graduada en el quinto orden de prelación, con cargo a la masa de liquidación de la entidad que corresponda o haga sus veces, a fin de que sea sometida a los procedimientos, reglas y condiciones previstas para su pago en el proceso liquidatario.

iii) NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

2. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

cópiese, notifíquese y cúmplase».

26. Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 627 del Código General del Proceso y teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar fue concedido mediante Auto del 28 de enero de 2014, el presente asunto se encuentra para fallo en vigencia del Código General del Proceso (1 de enero de 2014, como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en Auto de 25 de junio de 2014, expediente 49.299, Consejero Ponente Enrique Gil Botero).

27. Folio 98 cuaderno 1

28. Folios 20 a 22 cuaderno 1

29. “ART. 1045.—‘Elementos Esenciales’. Son elementos esenciales del contrato de seguro:
1) El interés asegurable;
2) El riesgo asegurable;
3) La prima o precio del seguro, y
4) La obligación condicional del asegurador.
En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno.

30. “ART. 1066.—‘Pago de la Prima’. ‘Artículo subrogado por el artículo 81 de la Ley 45 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:’ El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

31. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 31 de mayo de 2018, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 25000-2324-000-2006-00768-01.

32. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez (E), del 21 de noviembre de 2013, Rad. 13001-23-31-000-2004-01051-01 (0441-13).

33. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Claudia Rojas Lasso, del 29 de septiembre de 2016, Rad. 25000-23-24-000-2007-00351-01.

34. Folio 2 anexo 2.

35. Folio 44 cuaderno 1

36. “ART. 1070.—‘Prima Devengada’. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1119, el asegurador devengará definitivamente la parte de la prima proporcional al tiempo corrido del riesgo. Sin embargo, en caso de siniestro total, indemnizable a la luz del contrato, la prima se entenderá totalmente devengada por el asegurador. Si el siniestro fuere parcial, se tendrá por devengada la correspondiente al valor de la indemnización, sin consideración al tiempo corrido del seguro.
En los seguros colectivos, esta norma se aplicará sólo al seguro sobre el interés o persona afectados por el siniestro.
En los seguros múltiples, contratados a través de una misma póliza, y con primas independientes, se aplicará al seguro o conjunto de seguros de que sean objeto el interés o la persona afectados por el siniestro, con independencia de los demás.
Este artículo tan solo puede ser modificado por la convención con el objeto de favorecer los intereses del asegurado.

37. “ART. 2509.—‘Creditos de Quinta Clase’. La quinta y última clase comprende los bienes que no gozan de preferencia.
Los créditos de la quinta clase se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su fecha.

38. Ver al respecto las sentencias del Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Primera, del 21 de noviembre de 2003, Rad 8358, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero y del 10 de Julio de 2014, Rad 2004-01258-01 C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y de la Sección Cuarta del 26 de julio de 2007, Rad 2003-00369-01 (15002), C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

39. 1) Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Auto del 22 de marzo de 2018, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 25000-23-42-000-2017-01978-01 (0444-18). 2) Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 1º de febrero de 2018, C.P. María Adriana Marín, Rad. 25000-23-26-000-2005-02537-01(40327). 3) Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, fallo del 30 de marzo 2017, Rad. 25000-23-42-000-2012-00958-01(3088-13), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.