Sentencia 2001-00243 de julio 24 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUB SECCIÓN “A”

Expediente: 760012331000200100243-01 (R-29416)

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Ana Delia Caicedo de Escalante y otros.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional.

Referencia: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones:

Pretenden los demandantes que la entidad demandada sea declarada patrimonialmente responsable por los perjuicios morales y materiales causados como consecuencia de la muerte del subteniente de infantería de marina Víctor Fredy Escalante Quintero, ocurrida el 16 de marzo de 1999 cuando se desplazaba a cumplir labores propias del servicio en un vehículo oficial de la Armada Nacional que era conducido por un infante de marina.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en virtud del grado jurisdiccional de consulta, teniendo en cuenta que, por una parte, el recurso apelación propuesto se declaró desierto y, por otra, la condena proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca superó el equivalente a trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes, materializándose, de esa manera, las exigencias previstas por el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, para que se surta la consulta respecto de la referida sentencia.

Caducidad de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En el presente asunto, los hechos ocurrieron el 16 de marzo de 1999 y la demanda fue instaurada el 15 de enero de 2001, es decir, dentro del término concebido para el efecto.

Régimen jurídico aplicable - actividades peligrosas -

Según la demanda, la entidad enjuiciada debe responder por la muerte trágica del subteniente Víctor Fredy Escalante Caicedo, quien perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se movilizaba en un vehículo de propiedad de la Armada Nacional, conducido por un miembro de la institución que debía trasladarlo al lugar donde el occiso cumpliría con labores propias del servicio, circunstancia que, por tratarse de una actividad peligrosa, hace presumir la falla del servicio.

Si bien inicialmente los eventos caracterizados por el ejercicio de actividades peligrosas fueron manejados por la jurisprudencia del Consejo de Estado bajo el régimen de la falla presunta, circunstancia frente a la cual el actor quedaba relevado de acreditar la falla del servicio, siendo necesario que este demostrara únicamente el hecho dañoso para que surgiera, en su favor y en contra del Estado, la presunción de falla y, por consiguiente, para que se invirtiera la carga de la prueba, lo cierto es que la jurisprudencia de esta corporación adoptó un nuevo criterio en torno a dicho régimen, para concluir que, en estos eventos, no es necesario que se pruebe la existencia de una falla del servicio y resulta irrelevante que se presuma la misma, puesto que opera un régimen de responsabilidad objetivo, que implica que el demandante solo tiene que probar la existencia del daño y el nexo de este con el servicio, es decir, que el daño sufrido se originó en el ejercicio de la actividad peligrosa a cargo de la entidad demandada, de tal suerte que no basta que esta última demuestre que obró con diligencia y cuidado, puesto que ello resulta insuficiente, y solo se puede exonerar de responsabilidad, en tales casos, probando la existencia de una causa extraña, como la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de la víctima o de un tercero.

Teniendo en cuenta que el régimen de falla presunta del servicio, cuya aplicación pretende la parte demandante para juzgar la responsabilidad de la entidad demandada, con ocasión de la muerte del señor Víctor Fredy Escalante Caicedo, no resulta aplicable en el sub júdice, la Sala examinará, de conformidad con el principio iura novit curia(1), con las pruebas obrantes en el expediente y con el régimen objetivo de riesgo excepcional, si la entidad demandada debe responder por el deceso del señor Escalante Quintero, sin perjuicio de que, de llegar a establecerse en el proceso que los hechos acaecidos el 16 de marzo de 2004 obedecieren a una falla en la prestación del servicio imputable a la entidad demandada, así lo declare, pues dicho régimen es el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria a cargo del Estado, ante el incumplimiento de una obligación a su cargo(2).

Al proceso fueron allegados los siguientes medios de prueba, con el propósito de respaldar las afirmaciones de la demanda relativas a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la muerte del subteniente Escalante Caicedo:

1. Oficio de 21 de abril de 1999, suscrito por el pagador de la segunda brigada de infantería de marina, donde certifica que: “en la nómina... del batallón de fusileros de infantería de marina 6 figura el señor subteniente de I.M. Escalante Caicedo Victor Fredy (QEPD) identificado con la cedula de ciudadanía 7.167.480 quien en el mes de marzo/99 devengo los siguientes haberes...” (fl. 42 cdno.1).

2. Oficio CBRIM2 – B1 – 109, suscrito por el comandante de la segunda brigada de infantería de marina, por medio del cual informó que (fl. 43 cdno.1):

“1. El nombre del conductor del vehículo automotor causante de accidente es Helbert Granados Villa infante de marina voluntario, perteneciente al batallón de contraguerrilla 30 con sede Buenaventura (Valle).

“2. Anexo (01) Fotocopia (sic) póliza de seguro 531-3693542 6 (Seguros Caja Agraria). ...

“3. Anexo (01) fotocopia señal 162015R-CBAFIM8 – marzo de 1.999, donde se nombra al señor STCIM Escalante Caicedo Víctor, para que reemplace al señor STCIM Álvarez Mercado Leandro en la patrulla caldas”.

3. Fotocopia auténtica del protocolo de necropsia practicado al cadáver del subteniente Escalante Caicedo, donde se informó, por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que la víctima era el pasajero de una camioneta verde que perdió el control y que, una vez trasladado a la Clínica de Occidente, falleció. Allí se lee, igualmente, que se trataba de un hombre adulto, identificado como Víctor Fredy Escalante Caicedo, quien falleció por shock hipovolémico secundario a politraumatismos severos en accidente de tránsito (fl. 18 a 20 cdno.1).

4. Fotocopia auténtica del registro civil de defunción, donde consta que el señor Víctor Fredy Escalante Caicedo murió el 17 de marzo de 1999 (fl. 4 cdno.1).

Las pruebas relacionadas en precedencia acreditan el daño, esto es, la muerte del subteniente Escalante Caicedo, pero no son suficientes para acreditar los hechos de la demanda que sirven de fundamento a las pretensiones.

En efecto, varios de los hechos relatados en el libelo inicial carecen de prueba y la precariedad en este aspecto determina indefectiblemente el fracaso de las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, resulta carente de prueba el hecho según el cual el automotor en el que se produjo el accidente fuera de propiedad de la Armada Nacional y, aunque se probó que quien lo conducía era un miembro de la institución, al igual que el fallecido, ello nada indica respecto de las razones por las que se encontraban juntos viajando, tampoco se estableció si se trasladaban en el vehículo con el fin de cumplir funciones relacionadas con el servicio, ni existe prueba idónea de que el accidente haya ocurrido en el lugar donde se anunció en la demanda y tampoco se conocen las circunstancias que antecedieron el insuceso, porque no aparece un informe de policía de tránsito, ni de levantamiento de cadáver.

Se sabe, simplemente, que un oficial de la Armada Nacional murió cuando viajaba en un automotor (no se probó en qué carro, ni porqué motivo, ni en qué lugar) que era conducido por un infante de marina, respecto del cual tampoco se sabe si cumplía o tenía oficialmente asignada la misión de conductor, o si ello ocurrió en circunstancias ajenas al servicio, precariedad que afecta gravemente la necesaria acreditación del nexo causal con el daño antijurídico sufrido por los demandantes, de modo que la muerte del señor Víctor Fredy Escalante Caicedo no resulta imputable a la administración con los elementos aportados al proceso.

En el asunto se hace evidente una gravísima falta probatoria, tanto del apoderado de los demandantes como del tribunal de primera instancia, que afirma en el fallo consultado que está probado “que el vehículo conducido por el citado infante de marina y con el cual se causó el accidente pertenecía a la Armada Nacional” (fl. 95 cdno. Ppal.), aun cuando por ninguna parte en el proceso aparece acreditada la identidad, ni la propiedad del automotor, ni que estuviera al servicio de la Armada Nacional, de manera que resulta bien gravoso que, sin siquiera identificar el vehículo, se afirme que pertenece a alguien específicamente, máxime cuando, con fundamento en esa afirmación sin respaldo, se estructura todo un juicio de responsabilidad que trae consigo consecuencias económicamente relevantes para la Nación, como la que en este caso se profirió en primera instancia.

La Sala en múltiples ocasiones se ha referido a la manera como debe probarse la propiedad de un vehículo automotor; al respeto, la reiterada jurisprudencia de esta corporación ha dicho que, para acreditar la propiedad de un vehículo (de servicio público o privado), es imprescindible no solo probar la existencia del título traslaticio del dominio —para lo cual no es necesario aportar prueba formal o ad substanciam actus, ya que el contrato de compraventa de bienes muebles es consensual—, sino también la inscripción del mismo en el registro automotor, de conformidad con la normativa que regula la materia, inscripción que solo se puede demostrar con la inserción o anotación del respectivo acto jurídico en el registro nacional automotor(3).

Aunado a lo anterior, se dijo también en el fallo consultado que, “Por lo tanto, como el vehículo era conducido por un servidor público que se encontraba en ejercicio de las funciones que le habían sido asignadas, podía comprometer la responsabilidad de la entidad para la cual prestaba sus servicios...”, pretendiendo darle al asunto una connotación de índole funcional comprometedora de la responsabilidad de la entidad, cuando, en realidad, no existe ningún elemento que permita siquiera sospechar o deducir tal asignación de funciones.

Por supuesto, tampoco obra en el proceso prueba alguna que resulte indicativa de una falla en el servicio que degenerara en la muerte del señor Víctor Fredy Escalante Caicedo.

De esta manera y a pesar de haberse recurrido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad bajo la teoría del riesgo por actividades peligrosas, no es posible imputar responsabilidad a la Nación, por la muerte del militar, dada la precariedad probatoria que salta a la vista en el expediente.

Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y negará la totalidad de las pretensiones de la demanda

Costas:

No habrá lugar a condena en costas, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, de conformidad con las previsiones relativas al artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida el 6 de agosto de 2004, proferida por el tribunal administrativo del Valle del Cauca.

2. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

3. Ejecutoriado el presente fallo, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

4. Sin costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En virtud del principio iura novit curia, corresponde al juez definir la norma o el régimen jurídico aplicable al caso frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión. Por ello, es posible que, frente a unos mismos hechos, resulten aplicables distintos regímenes de responsabilidad, como ocurre en el sub lite, teniendo en cuenta, por supuesto, las circunstancias particulares de cada caso y el material probatorio obrante en el plenario.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de julio de 1993, Expediente 8163.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, expediente 19.491, actor Trasnlibertad Ltda., M.P. Mauricio Fajardo Gómez.